Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2015-00784-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandantes: Rafael Enrique Pretel Martínez
Demandado: Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: Sanción de destitución e inhabilidad general a servidor público
de elección popular por parte de la Procuraduría General de la
Nación
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 28 de mayo del 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de decisión 1, que negó las pretensiones de la demanda.
I.- Antecedentes
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, Rafael
Enrique Pretel Martínez, demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos
sancionatorios:
→ Acto administrativo del 27 de mayo del 2015 emitido por la Procuraduría
Provincial de Cartagena, a través del cual se dispuso sancionarlo con destitución
e inhabilidad por el término de 15 años, en su condición de concejal de Turbaco
Bolívar 2012-2015 y presidente de esa corporación para el período 2012, por
haber extendido el Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2012 «por medio del cual
se aprobó el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de
Turbaco para la vigencia 2013», consignando en él modificaciones sustanciales
contrarias a la realidad, que se tradujeron en la creación, eliminación, reducción
y adición de partidas presupuestales, que no fueron aprobadas por el Concejo
municipal de Turbaco.
1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
→ Acto administrativo del 24 de julio del 2015 emitido por la Procuraduría Regional
de Bolívar, en el que al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión
administrativa sancionatoria.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la PGN: (i)
restituirlo en el cargo de concejal para el cual fue elegido, (ii) pagarle los honorarios
dejados de percibir como consecuencia de la destitución, así como, las sumas
correspondientes a seguridad social, (iii) eliminar la sanción de los registros y
antecedentes disciplinarios que obren en los sistemas de información del órgano de
control y (iv) el pago de costas.
1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se destacan los siguientes:
El 16 de noviembre de 2012, a través de la Secretaría General de la Alcaldía de
Turbaco, Myron Martínez Ramos, alcalde municipal para ese momento, presentó
ante el concejo el «proyecto de presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del
municipio de Turbaco para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2013»
documento recibido el 20 de noviembre de 2012 en dicha corporación2.
Para el estudio y aprobación del proyecto fue designada la Comisión Tercera de
Presupuesto integrada por los concejales Oscar Carrillo Carrillo, Rayzza Ahumada
Ochoa, Leonardo Cabarcas Marrugo, Juan Cantillo Acuña y Rafael Pretelt Martínez,
siendo este último el ponente del mismo, según consta en el acta 943 de sesión del
concejo del 20 de noviembre de 2012, en la que también consta que el presupuesto
enviado a través del proyecto estaba incompleto y que hacían falta las asignaciones
civiles.
Según el informe del 25 de noviembre de 20124 que rindió la citada Comisión
respecto del primer debate al proyecto, éste fue aprobado casi en su integridad
como lo había presentado el alcalde municipal, salvo por los artículos 51 y 59 que
no fueron aprobados y el artículo 44 al que se le sugirieron algunas modificaciones;
2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios
191 al 224
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1
folios 111 al 129
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios
130 al 142
2
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
junto con el informe se relacionaron como anexos el presupuesto de ingreso,
financiación gastos de financiamiento y financiación gastos de inversión.
El segundo debate al proyecto de acuerdo contentivo del presupuesto se surtió en
la plenaria del Concejo el 30 de noviembre de 2012 en el que fue aprobado el
Acuerdo 021 «por medio del cual se aprueba el presupuesto general del municipio de
Turbaco Bolívar para la vigencia fiscal 2013», en las mismas condiciones que en el
primer debate, según consta en el acta No 1025.
El 31 de enero de 20136, Alonso Ignacio Torres Espinosa, presentó queja ante la
Procuraduría Provincial de Cartagena en contra de Rafael Pretelt Martínez, en su
condición de presidente del Concejo en el período 2012, en la que señaló que este
«adulteró o falseó una gran cantidad de los ítems o rubros de manera dolosa en el Acuerdo
No. 021 del 30 de noviembre de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO BOLÍVAR PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2013", (…); cabe resaltar que todas las adulteraciones o falsedades
están ubicadas dentro de los numerales 1) y 2) del artículo 2° del citado acto administrativo»
y relacionó dichas adulteraciones en los siguientes rubros:
«1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO: Gastos de funcionamiento y transferencias municipales; transferencias
organización de control; funcionamiento del concejo municipal; gastos de
funcionamiento, servicios personales indirectos, honorarios profesionales; remuneración
servicios técnicos; gastos generales del sector central; adquisición de servicios;
mantenimiento de activos fijos; seguros; servicios públicos; arrendamiento de bienes
inmuebles; gastos de transporte concejales zona rural; gastos de seguridad industrial;
transferencias de ley; transferencias corrientes; pago de vigencias anteriores personería
y concejo municipal; sentencias y conciliaciones; pago vigencia anterior déficit
funcionamiento; consejo Municipal de paz; transferencias de funcionamiento IMDERT.
2. GASTOS DE INVERSION
SECTOR/PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTO: EDUCACIÓN: calidad
educativa; construcción infraestructura educativa; mantenimiento infraestructura
educativa; dotación material didáctico; capacitación estudiantes (pre-icfes);transporte
escolar; programa seguro estudiantil; transporte escolar; bilingüismo-recurso regalías;
cátedra local-recursos de regalías; pagos déficit vigencias anteriores educación. SALUD:
REGIMEN SUBDIDIADO: auditoria interventoría régimen subsidiado; SALUD PÚBLICA:
riesgos profesionales, salud infantil convenio ESE Hospital; PAl programa ampliado de
inmunización; otros gastos de funcionamiento en salud; Pagos de vigencias anteriores
salud; OTROS SECTORES: Planes estratégicos para la ciudad vial, plan de tránsito y
apoyo logístico; sector defensa y seguridad; sector vivienda: programa y proyectos de
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1
folios 111 al 129
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios
1 al 9
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
vivienda popular; programa de adquisición, legalización y titularización de predios:
desarrollo institucional: revisión y ajuste POT; escuela de formación ciudadana;
concesión amoblamiento urbano.»
El 28 de febrero de 2013, con fundamento en la queja y sus añexos, la autoridad
disciplinaria decidió dar apertura a la indagación preliminar7 contra Rafael Pretelt
Martínez por las presuntas irregularidades consistentes en las modificaciones al
presupuesto contenido en el Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2012, en razón a
que, el acuerdo enviado a la Alcaldía para su sanción fue diferente al aprobado por
el Concejo en la sesión del 30 de noviembre del 2012.
Vencida la etapa de indagación preliminar, el 15 de octubre de 2013, se abrió
investigación disciplinaria8 en contra del citado y de Oscar Carrillo Carrillo, Rayzza
Ahumada Ochoa, Leonardo Cabarcas Marrugo, Juan Catillo Acuña, Juan González
Muñoz, Luis Lambis Gutiérrez, Andrés Marsiglia Cantillo, Donaldo Montes Marriaga,
Olivia Santoya Arnedo, Alfredo Arnedo Carrasquilla, Beatriz Buelvas Galván, Paola
Rossi Gonzalez e Ivan González Burgos, concejales del Municipio de Turbaco,
porque de las pruebas recaudadas al parecer se adulteraron varios ítems o rubros
en el proyecto de acuerdo presupuestal por parte del Concejo municipal, sin que se
siguiera el conducto establecido legalmente para modificar, reducir, eliminar o
aumentar algún rubro o cuantía de dicho proyecto. Lo anterior, como resultado de
la comparación entre el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde, el aprobado
en primer y segundo debate en el Concejo y el suscrito por Rafael Pretelt Martínez
y Yazmina Arrellano Torres, presidente y secretaria del concejo respectivamente, y
enviado para sanción del alcalde.
El 16 de julio de 2014 se adicionó la decisión anterior9, en el sentido de vincular a
la investigación disciplinaria a Myron Martínez Ramos en su condición de alcalde de
Turbaco, por cuanto su responsabilidad podría verse comprometida en los hechos
materia de investigación.
El 21 de enero de 2015, se evaluó el mérito de la investigación10, formulándose un
cargo único a Rafael Pretelt Martínez, en su condición de concejal del municipio de
Turbaco y presidente de esa Corporación para el período 2012, por haber incurrido
7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios
108 al 110
8 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«25_130012333000201500784012EXPEDIENTEDIGI20220223102933», Cuaderno 2, Cdno 2 folios
270 al 273
9 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«25_130012333000201500784012EXPEDIENTEDIGI20220223102933», Cuaderno 3, Fol. 585 -856
10 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «
26_130012333000201500784013EXPEDIENTEDIGI20220223102935», Cuaderno 4, Fl 812-835
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
a titulo de dolo en la falta gravísima del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002 que
alude a «Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia
de la función o cargo, o abusando del mismo» en este caso la prevista en el artículo 286
del Código Penal11, como, falsedad ideológica en documento público que sanciona
con prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de 80 a 180 meses al «servidor público que en ejercicio de sus
funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una
falsedad o calle total o parcialmente la verdad» lo anterior, porque:
«extendió el Acuerdo No. 021 del 30 de noviembre de 2012, por medio del cual se
aprueba el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Turbaco
para la vigencia 2013, consignando en ese documento modificaciones sustanciales
contrarias a la realidad, que se traducen en la creación, eliminación, reducción y adición
de partidas presupuestales, que no fueron aprobadas por el concejo municipal de
Turbaco.»
En relación con el resto de investigados se resolvió archivar la investigación, porque
se encontró acreditado que, respecto a los demás concejales estos solo participaron
y aprobaron la modificación efectuada en el artículo 44 y no aprobaron los artículos
51 y 59 del citado acuerdo como consta en los informes y actas de sesión y en
cuanto al alcalde si bien dentro de sus funciones le correspondía sancionar u objetar
el proyecto de acuerdo, la función de objetar es discrecional y las modificaciones
realizadas al proyecto que se convirtió en Acuerdo No. 021 del 30 de noviembre de
2012 ocurrieron en el trámite al interior del Concejo Municipal una vez aprobado por
la plenaria en segundo debate, es decir, en el momento en que se suscribió dicho
acuerdo por el presidente y la secretaria del cuerpo colegiado y se remitió para su
sanción a través del oficio HCM-133A-2012 del 4 de diciembre de 2012, etapa en la
que no intervino el alcalde.
El 27 de mayo de 2015, luego de resolverse negativamente12 una solicitud de
nulidad presentada por Rafael Pretelt Martínez en el escrito de descargos13, en acto
administrativo sancionatorio emitido por el procurador provisional de Cartagena se
dispuso sancionar al demandante con destitución e inhabilidad por el término de 15
11 En adelante CP
12 En auto del 13 de febrero de 2015, que obra en Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo
denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5,
Parte 1 cuaderno 5, Cdno5 folios 870 al 872, decisión contra la que se interpuso el recurso de
reposición y resuelto 26 de febrero de ese año en el sentido de no reponer la decisión, visible a Índice
2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 1
cuaderno 5, Cdno5 folios 889 al 892
13 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «
26_130012333000201500784013EXPEDIENTEDIGI20220223102935», Cuaderno 4, Fl 836-869
5
Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
años, decisión que fue apelada14 y confirmada por la Procuraduría Regional de
Bolívar en decisión el 24 de julio de 201515.
Por último, en auto del 20 de agosto de 201516 se negó la solicitud de aclaración de
la decisión administrativa sancionatoria, porque estaba dirigida a controvertir
aspectos sustanciales del debate jurídico resuelto por el órgano de control.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 29, 40 inciso 5, 121,123 inciso 2,
124,313 numerales 1,2, 4, 5, 315 numerales 3,5 y 6 de la Constitución Política; 4, 5,
6, 9, 13, 19,20, 21, 128, 129, 141, y 142 de la Ley 734 de 2002; 3 numerales 5, 23
literal C, 30, y 32 numerales 7 y 10, de la Ley 136 de 1994; 59, 60,63, 64 y demás
que regulan el proceso presupuestal del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Organico
del Presupuesto y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Turbaco
constituido por el Acuerdo 018 de 1999.
En el concepto de violación el demandante argumentó, en esencia, que los actos
administrativos sancionatorios se expidieron mediante falsa motivación, porque, la
Procuraduría desconoció que el alcalde Myron Martínez Ramos, delegó su
representación en el asesor Edwin Murillo Valdelamar, luego su actuación estuvo
respaldada por el mandato que le había sido encomendado al asesor, de ahí que,
al afirmar la autoridad disciplinaria que los ajustes realizados en el informe de la
comisión de presupuesto no tenían fundamento legal por no haber sido aprobados
por el secretario de Hacienda, quien para la Procuraduría era el único que podía
autorizar los ajustes dados en los anexos, se desconoció el mandato constitucional
en cabeza del alcalde con relación al presupuesto según el cual es el quien tiene el
deber funcional de elaborar y presentar al concejo municipal, el proyecto de
presupuesto, para su aprobación y que los montos de ingresos y rentas del proyecto
de presupuesto por el presentado, no pueden ser modificados sin su concepto
previo y favorable y que en este sentido delegó al asesor quien participó en la
elaboración del citado informe, de manera que sí se presentó alguna modificación
ésta fue avalada por la administración municipal.
14 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 3
cuaderno 5, Cdno 5 folios 1038 al 1044
15 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 4
cuaderno 5, Cdno 5, folios 1069 al 1108
16 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado
«24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 4
cuaderno 5, Cdno 5 folios 1115 al 1120
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
Se violó el artículo 9 de la Ley 734 de 2002 referente a que la duda razonable se
debe resolver a favor del investigado, porque, en las pruebas recaudadas se
presentaron dudas a su favor, a tal punto que todos los concejales a quienes se le
recibió declaración bajo juramento manifestaron no recordar muchos de los
aspectos investigados, no saber sobre hechos y situaciones que se dieron en los
debates.
Por último, la autoridad disciplinaria al manifestar que la discrecionalidad
administrativa de que goza el alcalde, lo exime de responsabilidad en el evento de
que sin su autorización se hubiere cambiado el presupuesto, consignado partidas y
rubros no autorizados ni sugeridos por él como jefe de la administración, a pesar de
saber que no fue lo asignado en el proyecto de presupuesto que remitió al Concejo
para su aprobación, desconoce que de haberse ajustado el presupuesto sin su
autorización a este le asistía el deber legal de objetarlo y no lo hizo, contrario a ello
lo sancionó.
2. Contestación de la demanda
La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:
La conducta del concejal objeto de investigación es independiente al hecho de el
alcalde no hubiese objetado el acuerdo, pues pese a que éste no encontró
inconvenientes o contrariedades frente a la constitución y a la ley respecto de las
modificaciones introducidas en los rubros de presupuesto de inversión y
funcionamiento por lo que lo sancionó, se probó que el disciplinado como presidente
del Concejo municipal falto a la verdad al expedir el acuerdo incluyendo aspectos
que no fueron aprobados por los miembros de ese cuerpo colegiado, además, la
sanción del acuerdo en cabeza del alcalde no lleva consigo la legalidad de la
actuación del concejal.
Aunque el demandante manifestó que el informe de la comisión fue elaborado de
manera conjunta con Edwin Murillo, asesor del alcalde, por lo que se entendía que
las modificaciones habían sido avaladas por la administración municipal, lo cierto es
que el asesor no tenía facultades para modificar los rubros y partidas
presupuestales, pues la competencia para tales efectos recae exclusivamente en el
secretario de Hacienda.
Ahora, de aceptarse que las modificaciones en los rubros de funcionamiento e
inversión se hubiesen hecho de manera concertada con el referido asesor, en el
informe de la comisión no se señalaron, ni se pusieron en conocimiento de los
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
demás concejales, conducta reprochada por el operador disciplinario, pues allí solo
se relacionaron las objeciones referentes a los artículos 44, 51 y 59 del proyecto
presentado por el alcalde.
Finalmente, la valoración de los testimonios fue integral y de ellos se evidenció que
Rafael Pretelt Martínez como integrante de la comisión tercera de presupuesto y
como ponente del proyecto de acuerdo, no puso en conocimiento de la comisión las
modificaciones efectuadas a los rubros y/o apropiaciones del proyecto a fin de
someterse a discusión en primer debate, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87 del reglamento interno del Concejo Municipal en el que se señala que en
la discusión de la ponencia, «el ponente intervendrá para dar explicaciones, aclara los
temas debatidos, se consideraran las modificaciones propuestas por el ponente, y las que
puedan ser presentadas por el concejal o autoridades municipales con derecho a voz»,
contrario a ello, los concejales coincidieron en afirmar que las únicas modificaciones
realizadas fueron las acordadas en las respectivas actas.
Por lo que, del material probatorio allegado al expediente se probó que el
disciplinado en su condición de presidente de la Corporación, al atender el Acuerdo
021 del 30 de noviembre de 2012, discrecionalmente incorporó las modificaciones
presupuestales incurriendo en la descripción típica de falsificación ideológica en
documento público, conclusión a la que se llegó no solo del análisis de los testigos
sino también de las actas de plenaria del Concejo y en el informe de la comisión de
presupuesto.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demandada con
fundamento en que:
De las pruebas recaudadas en el proceso administrativo sancionatorio y de su
valoración se observó que la conclusión a la que llego la autoridad disciplinaria
resultó coherente, congruente y clara, pues quedo demostrado que quien suscribió
la remisión del proyecto aprobado para su sanción fue el demandante en su
condición de presidente de la Corporación, quien sin razón lógica o justificación
introdujo modificaciones al documento diferentes a las aprobadas por el consejo,
asimismo, se superó toda duda razonable a favor del demandante, pues, la
valoración de las mismas fue más allá de simples inferencias y conjeturas que
permitieron obtener el grado de certeza exigido por la ley para decretar
responsabilidad disciplinaria.
En el expediente obran pruebas suficientes para sustentar la conclusión a la que
llego el ente de control, como el oficio de remisión del acuerdo, el proyecto de
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
acuerdo, las actas de debate y los testimonios, últimos que guardaron estrecha
relación en sus dichos, pues todos fueron coincidentes en afirmar que aprobaron el
proyecto tal como fue presentado por iniciativa del alcalde en su momento, es decir,
sin modificaciones; de manera que no se advirtieron dudas o inconsistencias en sus
declaraciones ni en sus perfiles que restaran mérito a estos elementos de juicio, por
lo que se les dio el valor probatorio pertinente.
Revisado el reglamento interno del Concejo Municipal de Turbaco se extrajo como
presunción de hecho que el demandante como ponente, tenía la obligación legal de
revisar el acuerdo aprobado y como presidente de redactarlo y enviarlo al
representante legal del ente territorial para su sanción, por lo que no es de recibo el
argumento de la existencia de una duda razonable que indique que este último no
fue el que realizó las modificaciones, siendo su deber redactar y enviar el acuerdo
aprobado, como en efecto se probó.
En lo que tiene que ver con la argumentación de que el alcalde debió objetar el
acuerdo por no ser el éste el que presentó, se tiene que el artículo 78 de la ley 136
de 1996 establece que este puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por
el concejo, es decir, se trata de una facultad discrecional de dicho funcionario; razón
por la que la consideración realizada por el demandante carece de sustento por ser
potestad del alcalde y no su obligación. Contrario a ello, se tiene que el fue el
ponente del proyecto de acuerdo, al igual que la persona que suscribió el acuerdo
para su respectiva aprobación, por lo que le correspondía la custodia como
presidente del Concejo del acuerdo aprobado, y era su deber verificar que tanto el
proyecto como el acuerdo fueran acordes en lo estudiado y aprobado en los
diferentes debates, máxime que de conformidad con los estatutos de
funcionamiento del Concejo era su deber redactar el acuerdo aprobado.
En conclusión, las consideraciones de la Procuraduría fueron ciertas, en el
entendido de que al proyecto de acuerdo aprobado se le realizaron modificaciones,
sin las competencias y procedimientos establecidos en la ley y no se desvirtuó la
responsabilidad disciplinaria del demandante.
4. Recurso de apelación
Rafael Enrique Pretel Martínez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, en el que reiteró que los actos administrativos sancionatorios
se expidieron mediante falsa motivación y que la valoración probatoria fue
inadecuada, porque:
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
En el acta No. 094 del día 20 de noviembre del 2012 quedo evidenciado que el
proyecto de presupuesto enviado por el alcalde estaba incompleto. En ese sentido,
la entidad demandada omitió la valoración integral del acta en la que consta que el
Concejal Iván González Burgos indicó la falta de las asignaciones civiles, por lo que
fue necesario que la comisión se reuniera con el alcalde para que resolviera el
asunto, y que por ello la concejal Raiza Ahumada, el concejal Oscar Carrillo y el
como miembro de la comisión, acompañados de los concejales Donaldo Montes y
Juan Pico Saavedra acudieron al despacho del alcalde y le pusieron en
conocimiento las falencias del proyecto presentado.
Que como consecuencia de lo anterior el alcalde delegó y autorizó a Edwin Murillo
Valdelamar en calidad de asesor en materia presupuestal del Municipio, para que
se reuniera con la comisión y presentara los ajustes para el estudio del proyecto,
como quedo consignado en su declaración.
Que Edwin Murillo Valderrama remitió por correos electrónicos los ajustes a el
presupuesto y los hizo llegar a todos los concejales, al Secretario de hacienda y el
como ponente imprimió la información y la presentó en el informe de comisión para
primer debate, por lo que los restantes miembros de la comisión estuvieron
enterados de todos los ajustes del proyecto y conocieron sus anexos, de acuerdo
con lo cual firmaron la aprobación del proyecto, como se evidencia de varios de los
testimonios.
Su conducta no estuvo dirigida, con pleno conocimiento, a incluir clausulas no
previstas en el proyecto del alcalde o no aprobadas por el Concejo.
No es cierto que lo aprobado en comisión fue el proyecto original enviado por el
alcalde y que su actuación como ponente estuvo revestida de una actuación dolosa
con el ánimo de cambiar, modificar, trasladar e imponer de manera individual su
decisión en la aprobación del proyecto, puesto que actuó convencido que la
administración en cabeza del alcalde, estaba haciendo lo correcto al delegar al
asesor Edwin Murillo especialista en el tema presupuestal para realizar los ajustes
requeridos al proyecto.
Adicionalmente, no se valoraron objetivamente todas las pruebas, en tanto, en los
interrogatorios practicados por la Procuraduría, esta, solo se ciñó a indagar en los
hechos en su contra y no sobre el trámite que se dio al interior del concejo para la
aprobación del acuerdo de presupuesto, puesto que de haber sido así, se hubiera
llegado a una conclusión diferente, en tanto, de varios testimonios se da cuenta del
suministro de copias del proyecto a cada concejal con los anexos, como lo aclaró
Yasmina Arrellano Torres, secretaria del concejo en ese entonces, en la declaración
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
rendida ante el Magistrado Chavarro y en la cual anotó que en su declaración inicial
ante la procuraduría no le preguntaron nada de ese asunto, con lo que queda
desvirtuado la declaración de aquellos concejales que se limitaron a contestar «no
recuerdo», «no se leyó» o que no conocían los anexos y como lo ratificaron los
concejales Raiza Ahumada, Donaldo Montes y el al afirmar que si se leyó el informe
de comisión con todos sus anexos y si se dio a conocer a los concejales.
Asimismo, de la prueba técnica referente a la elaboración y conformación del
presupuesto oportunamente solicitada y practicada en primera instancia en la que
se nombró al Contador Público perito especialista en Presupuesto Público Eduardo
Padilla Ramos, quien, estableció que el proyecto de presupuesto presentado por el
alcalde se encontraba incompleto por no incorporar las asignaciones civiles y otros
rubros -acorde con lo dicho por el Concejal Iván Gonzáles-, que junto con las
declaraciones rendidas por Yasmina Arellano, la Concejal Raiza Ahumada, Donaldo
Montes y Mayron Martínez, así como del informe rendido por la Fiscalía General de
la Nación ante el Tribunal en el que se indicó que no adelanta investigación en su
contra por el delito de falsedad ideológica, se denota que no se le debió sancionar
por la falta descrita en el artículo 48.1 de la ley 734 y menos que cometió la conducta
con dolo, pues en todo caso dichas irregularidades se debieron imputar a todos los
miembros de la Comisión Tercera, pues fue allí donde se debieron atender la
omisiones contenidas en el proyecto de presupuesto.
5. Concepto del Ministerio Público
El procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó se confirmara la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar el 28 de mayo de 2021, que negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que:
El único cargo imputado al accionante se encuentra debidamente probado y
ajustados a las disposiciones que determinan su tipicidad.
Los actos administrativos demandados se encuentran debidamente motivados en
cuanto a la valoración de las pruebas allegadas al expediente disciplinario, pues se
concluyó que si bien el informe de la Comisión Tercera radicado para su debate en
sesiones plenarias señala la necesidad a las modificaciones de los artículo 51, 59 y
aclaración al artículo 44, en estas sesiones no quedó aprobado el texto de las
modificaciones introducidas en el Acuerdo 21 de 30 de noviembre, remitido para la
firma del alcalde, incluso con las variaciones a las cifras contenidas en los rubros
del proyecto de presupuesto o a la exclusión de ítems esenciales del proyecto que
fueron omitidos.
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
La imputación de la conducta a título de dolo fue correcta, porque la pruebas
testimoniales dan cuenta del conocimiento que tenía el disciplinado del trámite que
surtió a la ponencia del proyecto de acuerdo allegado por la alcaldía, las
observaciones consignadas en el informe de ponencia presentado para su
aprobación en las plenarias, así como del hecho de introducir variaciones al texto
del proyecto aprobado por ellos, para remitirlo al despacho del alcalde para su firma,
de manera que el argumento de señalar que la secretaria de esa corporación fue la
responsable de transcribir el texto del acuerdo que el firmó, o de las facultades de
los concejales para proponer ajuste al proyecto, cuando así no fue aprobado en la
sesión plenaria, dan cuenta de la intención de endilgar la responsabilidad en los
demás miembros de la corporación e incluso del alcalde de quien reclama que con
su firma de aprobación o la ausencia del objeciones son prueba de que el acuerdo
correspondía en todos sus apartes al texto del proyecto que presentó ante la
corporación el 13 de noviembre de 2012.
II.- Consideraciones
6. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a los siguientes:
¿La PGN es competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad
general a Rafael Enrique Pretel Martínez, servidor público elegido popularmente
como concejal de Turbaco Bolívar para el período 2012-2015, a la luz del
ordenamiento jurídico interno y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos?
¿El demandante, en su condición de concejal de Turbaco, Bolívar, y presidente de
la corporación para el período 2012, tramitó el Acuerdo 021 del 30 de noviembre de
2012 «por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos
del municipio de Turbaco para la vigencia 2013», consignando en él modificaciones
sustanciales contrarias a la realidad, que se tradujeron en la creación, eliminación,
reducción y adición de partidas presupuestales, que no fueron aprobadas por el
concejo, incurriendo a título de dolo en la falta en la falta gravísima del artículo 48.1
de la Ley 734 de 2002 que alude a «realizar objetivamente una descripción típica
consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón,
con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo», en este
caso la prevista en el artículo 286 del Código Penal17, como, falsedad ideológica en
documento público?
17 En adelante CP
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
Lo anterior porque a juicio del órgano de control, se probó que: (i) el Acuerdo No.
021 del 30 de noviembre de 2012 suscrito por el demandante, es totalmente
diferente al proyecto de acuerdo de presupuesto presentado por el alcalde municipal
y al que aprobó el concejo municipal, en sesión de segundo debate, y (ii) el Acuerdo
No. 021 del 30 de noviembre de 2012 suscrito por el investigado, corresponde al
mismo documento que se remitió a la alcaldía municipal de Turbaco para su
sanción, y que efectivamente fue el sancionado con las modificaciones introducidas
7. Estudio y resolución del primer problema jurídico
Para resolver el primer problema jurídico propuesto, la Sala aludirá a la reciente
jurisprudencia contenciosa sobre la inconvencionalidad de la facultad de la PGN
para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular.
7.1.- Sobre la inconvencionalidad de la facultad de la PGN para investigar,
sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular
Pese a las dudas planteadas en la Asamblea Nacional Constituyente 18, los artículos
277.6 y 278.1 de la Constitución atribuyen al procurador general de la Nación, por
sí o por medio de sus delegados y agentes, entre otras, las funciones de ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular, para efectos de adelantar las
investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a
la ley.
Así las cosas, con fundamento en lo previsto en los referidos artículos 277.619 y
278.120 de la Constitución Política de 1991, y con base en la doctrina constitucional
18 De acuerdo con lo discutido en la sesión del 24 de abril de 1991 en el seno de la Comisión Cuarta
de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la competencia disciplinaria de la PGN respecto de
los funcionarios públicos de elección popular, la verdadera intención del constituyente primario no
era la de atribuir a la PGN la prerrogativa para desvincular a funcionarios de elección popular, o por
lo menos, se presentaron muchas dudas y reparos al respecto.
19 Según el cual, el procurador general de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes,
tendrá entre otras, la función de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones
conforme a la ley.
20 Según el cual, el procurador general de la Nación ejercerá directamente, entre otras, la función de
desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que
incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley;
derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones;
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad
administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
sobre la materia, el Consejo de Estado había reconocido validez constitucional a la
potestad de la PGN para imponer sanciones disciplinarias de suspensión y
destitución a servidores públicos de elección popular.
Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado21, la Sección Segunda de la
corporación22 y esta Subsección23 en particular, han considerado en
pronunciamientos recientes, luego de efectuar un ejercicio de control de
convencionalidad, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, especialmente la emitida en los casos López Mendoza contra Venezuela
en 2011 y, Petro Urrego contra Colombia en 2020, evidencia un nuevo contexto
normativo, que en razón del postulado del derecho viviente, obliga a las autoridades
judiciales y administrativas a realizar una interpretación del sistema jurídico interno
conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para concluir
que: (i) de conformidad con el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
derechos políticos sólo pueden ser limitados por autoridades jurisdiccionales, no
necesariamente de naturaleza penal, siempre que sean autónomas e
independientes, a través de procesos judiciales respetuosos del debido proceso, (ii)
en consecuencia, la facultad de la PGN para sancionar a los servidores elegidos
democráticamente es inconvencional, porque (a) ello limita el derecho político al
sufragio pasivo, es decir, a ser elegido, y (b) la PGN es una autoridad de naturaleza
administrativa y no jurisdiccional.
Incluso así lo consideró la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
resolución del 25 de noviembre de 2021, al efectuar la «supervisión de cumplimiento
de [la] sentencia» del 8 de julio de 2020, proferida en el caso Petro Urrego contra
Colombia, en la que concluyó que el Estado colombiano sigue incumpliendo la
Convención Americana sobre Derechos Humanos porque la PGN aún conserva la
facultad de limitar los derechos políticos de los servidores públicos elegidos
democráticamente, vía suspensión o destitución.
faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles
de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
21 Sentencia de 5 de noviembre de 2017, expedida en el expediente 2014-360 (1131-2014).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, expediente 2014-
00564-01 (5828-2018), con ponencia del consejero César Palomino Cortés.
23 La Sala se refiere a las sentencias de 29 de junio de 2023 proferida en el expediente 2013-00561-
00 (1093-2013); de 27 de julio de 2023 expedida en el expediente 2017-351-01 (5471-2019); 3 de
agosto de 2023 expedida en el expediente 2015-00321-02 (2849-2019); 10 de agosto de 2023
proferida en el expediente 2014-00564-01 (5828-2018); 10 de agosto de 2023 expedida en el
expediente 2014-00564-01 (5828-2018); 10 de agosto de 2023 proferida en el expediente 2014-340-
02 (0816-2015); 24 de agosto de 2023, emitida en el expediente 2017-665-01 (4130-2019); 24 de
agosto de 2023, emitida en el expediente 2014-891 (2447-2022); 31 de agosto de 2023, emitida en
el expediente 2016-231 (1286-2019).
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
Es importante señalar que para efectuar los ajustes al ordenamiento interno a fin de
armonizarlo con las normas convencionales, por iniciativa de la PGN el Congreso
de la República expidió la Ley 2094 de 2021, que introdujo unos cambios en el
Código General Disciplinario -Ley 1952 de 2019-, especialmente en lo relacionado
con el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la PGN, la separación de las
etapas de instrucción y juzgamiento, la doble conformidad y la creación de un
novedoso recurso extraordinario de revisión ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, para garantizar que las sanciones disciplinarias impuestas a
funcionarios de elección popular sean revisadas por la jurisdicción antes de su
ejecutoria. No obstante, mediante sentencia C-030 de 2023 la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de las disposiciones que atribuían tareas jurisdiccionales
al órgano de control, en el entendido de que la determinación de las sanciones de
destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular,
corresponderá al juez contencioso administrativo, en virtud del trámite del recurso
extraordinario de revisión cuando se impongan sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad, conforme lo establece el artículo 54 de la referida Ley
2094 de 2021.
8. El caso concreto
El presente control de nulidad y restablecimiento del derecho está dirigido contra los
actos administrativos sancionatorios del 27 de mayo y 24 de julio del 2015
expedidos por la Procuraduría Provincial de Cartagena y la Procuraduría Regional
de Bolívar, en primera y segunda instancia, respectivamente, a través de los cuales
el demandante fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término
de 15 años, sanción que corresponde a la prevista en el artículo 44.1 de la Ley 734
de 2002 para las faltas gravísimas dolosas, como lo es la descrita en el artículo 48.1
ejusdem atribuida al demandante.
Lo que implicó, por un lado, la terminación de la relación laboral de Rafael Enrique
Pretel Martínez con la administración, quien había sido elegido por voto popular y,
por el otro, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función
por el término de 15 años señalado, derivándose en una clara restricción de
derechos políticos, concretamente, el contendido en el artículo 23.1.b de la
Convención Americana de Derechos Humanos que alude a «de votar y ser elegidos
en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores».
En ese sentido y de conformidad con la jurisprudencia contenciosa sobre la
inconvencionalidad de la facultad de la PGN para suspender, destituir e inhabilitar
a servidores públicos de elección popular mencionada, la Sala encuentra que la
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
limitación a los derechos políticos del actor fue impuesta mediante actos
administrativos en un proceso administrativo sancionatorio llevado a cabo en todas
sus etapas desde la investigación, juzgamiento y consecuente imposición de la
sanción de destitución e inhabilidad por una autoridad administrativa, esto es, por la
Procuraduría Provincial de Cartagena y confirmada por la Procuraduría Regional de
Bolívar, por lo tanto, en el presente caso no se cumplen con los requisitos para que
proceda la restricción de los derechos reconocidos en el artículo 23.1 de la CADH,
específicamente, la causal correspondiente a «condena, por juez competente, en
proceso penal», comoquiera que la entidad que interpuso la sanción no es una
autoridad judicial, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como
consecuencia de un proceso que en relación con el artículo 8 ejusdem respete las
garantías judiciales, lo que conllevó a la transgresión del principio de
jurisdiccionalidad.
Ahora bien, la imposición a Rafael Enrique Pretel Martínez de la sanción de
destitución e inhabilidad general descrita en el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2022
por parte de la Procuraduría Provincial de Cartagena y confirmada por la
Procuraduría Regional de Bolívar es incompatible con el artículo 23.2 de la CADH,
que indica como causal permitida de restricción de derechos políticos aquella
impuesta por condena y por juez competente en proceso penal o como lo consideró
esta Subsección por un juez de la República dentro de un proceso judicial no
necesariamente de naturaleza penal, pero en todo caso no por una autoridad
administrativa.
Por consiguiente, se ordenará revocar la sentencia proferida el 28 de mayo del 2021
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de decisión 1, que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, se declarará la nulidad de los actos
administrativos administrativos sancionatorios del 27 de mayo y 24 de julio del 2015
proferidos por la Procuraduría Provincial de Cartagena y la Procuraduría Regional
de Bolívar, en primera y segunda instancia, respectivamente, en los que se impuso
al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general por 15 años, toda vez
que dicho ente de control no tenía competencia para imponer una sanción que
restringiera el ejercicio de los derechos políticos del actor, quien fue elegido
popularmente para desempeñar el cargo de concejal y que valga resaltar también
conlleva a la restricción del ejercicio de derechos políticos de sus electores.
Al disponerse que los actos administrativos sancionatorios están viciados de nulidad
por falta de competencia de la autoridad disciplinaria, la Sala se sustrae de resolver
los demás problemas jurídicos planteados.
9. Las decisiones que se adoptarán
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Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
Con fundamento en lo expuesto, la Sala ordenará (i) declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados, (ii) ordenar a la PGN eliminar de sus bases de datos,
los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión
sancionatoria que se anula, (iii) dado que el cargo de concejal del que fue retirado
el actor tiene un periodo constitucional de 4 años y él fue elegido para el
correspondiente entre los años 2012-2015 no es posible ordenar el reintegro,
porque es evidente que el periodo ya venció, (iv) condenar a la PGN a pagar los
honorarios dejados de percibir como consecuencia de la destitución y los demas
emolumentos a que hubiere lugar.
Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se describe
a continuación:
R= Rh X Índice final
---------------------------
Índice inicial
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
por cuenta de los emolumnentos reconocidos, por el guarismo que resulta de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha
de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada
en el artículo 192 del CPACA.
10. Costas
Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que prevé
su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo 188 del
CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de mayo del 2021 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de decisión 1, que negó las pretensiones de la
demanda.
Segundo: Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios proferidos
el 27 de mayo y 24 de julio del 2015 por la Procuraduría Provincial de Cartagena y
la Procuraduría Regional de Bolívar, respectivamente, mediante los que sancionó a
Rafael Enrique Pretel Martínez con destitución en el cargo de concejal, para el
período constitucional 2012-2015, e inhabilidad general por el término de 15 años.
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la procuraduría general
de la Nación, eliminar de sus bases de datos, los antecedentes disciplinarios
anotados como consecuencia de la sanción disciplinaria que en esta providencia se
anula.
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Procuraduría
General de la Nación a pagar al demandante de manera indexada, de acuerdo con
la formula señalada en la parte motiva, los honorarios dejados de percibir desde la
fecha de su retiro hasta que finalizó el período constitucional para el cual fue elegido
y los demas emolumentos a que hubiere lugar.
Quinto: Reconocer personería a Jorge Humberto Serna Botero identificado con la
cédula de ciudadanía No. 71.685.322 de Medellín y tarjeta profesional 72555 del
Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la Procuraduría
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Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)
Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez
General de la Nación, con las facultades y para los fines establecidos en el poder
que se encuentra en SAMAI24.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
24 Índice 12
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