Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04153-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04153-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Núm. único de rad: 11001-03-15-000-2024-04153-011 (acumulado)
11001-03-15-000-2024-03980-012
11001-03-15-000-2024-04285-013
11001-03-15-000-2024-05727-014
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE AMPARÓ EL
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO. LA SECCIÓN SEGUNDA SE
APARTÓ DE LA JURISPRUDENCIA REITERADA Y UNIFORME DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN PARA SANCIONAR CON DESTITUCIÓN E
INHABILIDAD A SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR.
1
Acción de tutela promovida contra las sentencias de 3 de mayo de 2024, radicación 8500123-33-000-
2013-00249-02, 9 de mayo de 2024, radicación 25000-23-42-000-2015-03436-01, 4 de julio de 2024,
radicación 05001-23-33-000-2014-01307-01, 10 de julio de 2024 con radicación 15001-23-33-000-
2017-00478-01, 26 de junio de 2024 con radicación 08001-23-33-000-2020-00392-02, 26 de junio de
2024 con radicación 73001-23-33-000-2019-00042-01, 30 de mayo de 2024 con radicación 08001-23-
33-000-2020-00388-01, 3 de mayo de 2024 con radicación 54001-23-33-000-2016-00221-01, 24 de
mayo de 2024 con radicación 54001-23-33-000-2016-00224-01, 18 de julio de 2024 radicado 73001-
23-33-000-2014-00294-01.
2
Acción de tutela acumulada mediante auto de 5 de septiembre de 2024, C.P. Martín Bermúdez Muñoz,
promovida contra las sentencias de 9 de mayo de 2024 con radicación 52001-23-33-000-2014-00563-
01, 6 de junio de 2024 con radicación 11001-03-25-000-2016-00563-01, 6 de junio de 2024 con
radicación 11001-03-25-000-2016-00592-00, 9 de mayo de 2024 con radicación 27001-23-33-000-
2014-00010-01, 9 de mayo de 2024 con radicación 68001-23-33-000-2021-00070-01, 15 de mayo de
2024 con radicación 15001-23-33-000-2017-00604-01, 23 de mayo de 2024 con radicación 41001-23-
33-000-2015-00905-01, 5 de junio de 2024 con radicación 11001-03-25-000-2016-00173-00, 3 de
mayo de 2024 con radicación 05001-23-33-000-2015-01775-01, 15 de mayo de 2024 con radicación
25000-23-42-000-2017-05284-03, 25 de abril de 2024 radicado 17001-23-33-000-2019-00613-01.
3
Acción de tutela acumulada mediante auto de 6 de septiembre de 2024, C.P. Martín Bermúdez Muñoz,
promovida contra las sentencias de 12 de diciembre de 2023 con radicación 18001-23-33-000-2016-
00231-01, 12 de diciembre de 2023 con radicación 76001-23-33-000-2015-01017-01, 12 de diciembre
de 2023 con radicación 13001-23-33-000-2015-00784-01, sentencia de 8 de febrero de 2024 con
radicación 05001-23-33-000-2016-01396-00, 22 de febrero de 2024 con radicación 20001-23-33-003-
2017-00007-01, 15 de febrero de 2024 con radicación 11001-03-25-000-2010-00052-00, 4 de abril de
2024 con radicación 70001-23-33-000-2014-00058-01, 11 de abril de 2024 con radicación 11001-03-
25-000-2019-00359-00, 18 de abril de 2024 con radicación 52001-23-33-000-2015-00285-01, 23 de
mayo de 2024 con radicación 44001-23-40-000-2016-00156-01, 9 de mayo de 2024 con radicación
73001-23-33-000-2019-00344-01, 9 de mayo de 2024 con radicación 73001-23-33-000-2019-00289-
01 y 9 de mayo de 2024 con radicación 25000-23-42-000-2013-01351-01.
4
Acción de tutela acumulada mediante auto de 5 de noviembre de 2024, C.P. Alberto Montaña Plata
promovida contra las sentencias de 25 de julio de 2024 con radicación 52001-23-33-000-2018-00394-
01, 18 de julio de 2024 con radicación 15001-23-33-000-2019-00530-01, 1o. de agosto de 2024 con
radicación 15001-23-33-000-2019-00639-01, 25 de julio de 2024 con radicación 41001-23-33-000-
2017-00175-01, 2 de octubre de 2024 con radicación 27001-23-33-000-2018-00099-01, 2 de octubre
de 2024 con radicación 17001-23-33-000-2018-00136-01, 2 de octubre de 2024 con radicación 27001-
23-33-000-2018-90017-1, 2 de octubre de 2024 con radicación 44001-23-40-000-2016-00192-01, 2
de octubre de 2024 con radicación 54001-23-33-000-2109-00356-01, 2 de octubre de 2024 con
radicación 54001-23-33-000-2019-00252-01, 2 de octubre de 2024 con radicación 73001-23-33-000-
2019-00301-01 y 2 de octubre de 2024 con radicación 73001-23-33-000-2019-00229-01.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala5 decide la impugnación interpuesta por los señores JORGE
BOLÍVAR TORRES, JESÚS ANDRADE MEJÍA, CARLOS ARTURO
TRIANA VEGA, ROBÍN BASILIO CASTRO FALLACE, JAIME
ENRIQUE MOSQUERA MORILLO, JHON JAMES MOSQUERA
MATURANA, PEDRO PALACIOS RENTERÍA, LINDA ESPERANZA
PERDOMO RAMÍREZ, la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO y la parte actora contra la sentencia de
24 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN “B” DEL CONSEJO DE ESTADO6 declaró
IMPROCEDENTE la acción de tutela frente a las sentencias de 12 de
diciembre de 2023, proferidas dentro de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 2015-01017-01,
2015-00784-01 y 2016-00231-01, por no cumplir con el requisito de
la inmediatez y AMPARÓ el derecho fundamental al debido proceso
y, en consecuencia, dejó sin efecto las demás providencias
cuestionadas.
I. ANTECEDENTES
5
Con exclusión del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes a quien inicialmente le fue repartido el
proceso acumulado de la referencia y que por virtud del impedimento manifestado por auto del 17 de
julio de 2025 se le aceptó y se le separó del conocimiento y participación en este asunto, motivo por el
cual pasó a cargo de la magistrada ponente de esta decisión.
6
En adelante la Sección Tercera.
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
I.1.- La Solicitud
La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN7, por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección del
derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por
la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIONES “A” y “B” DEL CONSEJO
DE ESTADO8 con ocasión de las providencias que DECLARARON la
nulidad de las sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad
impuestas por la PGN contra unos servidores públicos de elección
popular, sustentada en la incompetencia de la entidad para imponer
tales sanciones. Las sentencias cuestionadas se dictaron en los
siguientes procesos tramitados bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así:
• FALLOS CUESTIONADOS EN LA ACCIÓN DE TUTELA CON NÚMERO
ÚNICO DE RADICACIÓN 2024-04153-01
Fecha de la providencia Radicado núm.
3 de mayo de 2024 85001-23-33-000-2013-00249-02
9 de mayo de 2024 25000-23-42-000-2015-03436-01
4 de julio de 2024 05001-23-33-000-2014-01307-01
10 de julio de 2024 15001-23-33-000-2017-00478-01
26 de junio de 2024 08001-23-33-000-2020-00392-02
26 de junio de 2024 73001-23-33-000-2019-00042-01
30 de mayo de 2024 08001-23-33-000-2020-00388-01
3 de mayo de 2024 54001-23-33-000-2016-00221-01
24 de mayo de 2024 54001-23-33-000-2016-00224-01
18 de julio de 2024 73001-23-33-000-2015-00589-01
18 de julio de 2024 13001-23-33-000-2014-00294-01
7
En adelante la PGN.
8
En adelante la Sección Segunda.
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
• FALLOS CUESTIONADOS EN LA ACCIÓN DE TUTELA CON NÚMERO
ÚNICO DE RADICACIÓN 2024-03980-019
Fecha de la providencia Radicado núm.
9 de mayo de 2024 52001-23-33-000-2014-00563-01
6 de junio de 2024 11001-03-25-000-2016-00592-00
9 de mayo de 2024 27001-23-33-000-2014-00010-01
9 de mayo de 2024 68001-23-33-000-2021-00070-01
15 de mayo de 2024 15001-23-33-000-2017-00604-01
23 de mayo de 2024 41001-23-33-000-2015-00905-01
5 de junio de 2024 11001-03-25-000-2016-00173-00
3 de mayo de 2024 05001-23-33-000-2015-01775-01
15 de mayo de 2024 25000-23-42-000-2017-05284-03
25 de abril de 2024 17001-23-33-000-2019-00613-01
• FALLOS CUESTIONADOS EN LA ACCIÓN DE TUTELA CON NÚMERO
ÚNICO DE RADICACIÓN 2024-04285-0110
Fecha de la providencia Radicado núm.
12 de diciembre de 2023 18001-23-33-000-2016-00231-01
12 de diciembre de 2023 76001-23-33-000-2015-01017-01
12 de diciembre de 2023 13001-23-33-000-2015-00784-01
8 de febrero de 2024 05001-23-33-000-2016-01396-00
22 de febrero de 2024 20001-23-33-003-2017-00007-01
15 de febrero de 2024 11001-03-25-000-2010-00052-00
4 de abril de 2024 70001-23-33-000-2014-00058-01
11 de abril de 2024 11001-03-25-000-2019-00359-00
18 de abril de 2024 52001-23-33-000-2015-00285-01
23 de mayo de 2024 44001-23-40-000-2016-00156-01
9 de mayo de 2024 73001-23-33-000-2019-00344-01
9 de mayo de 2024 73001-23-33-000-2019-00289-01
9 de mayo de 2024 25000-23-42-000-2013-01351-01
• FALLOS CUESTIONADOS EN LA ACCIÓN DE TUTELA CON NÚMERO
ÚNICO DE RADICACIÓN 2024-05727-0111
Fecha de la providencia Radicado núm.
25 de julio de 2024 52001-23-33-000-2018-00394-01
18 de julio de 2024 15001-23-33-000-2019-00530-01
1o. de agosto de 2024 15001-23-33-000-2019-00639-01
25 de julio de 2024 41001-23-33-000-2017-00175-01
2 de octubre de 2024 27001-23-33-000-2018-00099-01
2 de octubre de 2024 17001-23-33-000-2018-00136-01
2 de octubre de 2024 17001-23-33-000-2018-00136-01
9
Acumulado en cumplimiento de la providencia del 5 de septiembre de 2024.
10
Acumulado según providencia de 6 de septiembre de 2024.
11
Acumulado en cumplimiento de la providencia del 5 de noviembre de 2024.
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
2 de octubre de 2024 27001-23-33-000-2018-90017-01
2 de octubre de 2024 44001-23-40-000-2016-00192-01
2 de octubre de 2024 54001-23-33-000-2019-00356-01
2 de octubre de 2024 54001-23-33-000-2019-00252-01
2 de octubre de 2024 73001-23-33-000-2019-00301-01
2 de octubre de 2024 73001-23-33-000-2019-00229-01
I.2.- Hechos
Indicó la parte actora que el señor GERMÁN OROZCO BARRERA y
otras personas, en su condición de servidores públicos de elección
popular, fueron sancionados disciplinariamente con destitución e
inhabilidad mediante actos administrativos emitidos por la
Procuraduría General de la Nación.
Afirmó que tales sancionados disciplinariamente, promovieron
demandas en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de que se
dejaran sin efectos los actos administrativos emitidos en virtud de
los procesos disciplinarios seguidos contra cada uno de estos y, en
su lugar, se revocaran las sanciones impuestas.
Los servidores públicos sancionados se identifican a continuación:
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Servidor público Radicación del proceso y Calidad del Sanción
sentencia cuestionada funcionario disciplinaria
elegido por voto impuesta por la
popular Procuraduría
General de la
Nación
GERMÁN OROZCO 85001233300020130024902 Concejales de Destitución e
BARRERAL, Sentencia de 3 de mayo de Yopal inhabilidad
OROMAIRO AVELLA 2024. (Casanare) para general por 18
BALLESTEROS Y el período 2008- años
JOSÉ REINALDO 2011
PÉREZ PORAGAUTA
JUAN CARLOS 25000234200020150343601 Alcalde de Destitución e
GIRALDO ROMERO Hispania inhabilidad
Sentencia de 9 de mayo de (Antioquia) general por 12
2024 período 2012- años
2015
JUAN DAVID 05001233300020140130701 Alcalde de Destitución e
BENJUMEA Sentencia de 4 de julio de Hispania inhabilidad
2024 (Antioquia) general por 10
período 2008- años
2011
CARLOS ARTURO 15001233300020170047801 Alcalde de Destitución e
TRIANA VEGA Sentencia de 29 de junio de Tibasosa inhabilidad
2024 (Boyacá) general por 10
período 2012- años. Por
2015 Irregularidades
en la
suscripción del
contrato de
prestación de
servicios de
apoyo a la
gestión CPS G-
017
ROBÍN BASILIO 08001233300020200039202 Concejal de Destitución e
CASTRO FALLECE Sentencia de 26 de junio de Soledad inhabilidad
2024 (Atlántico) general por 10
período 2016- años
2019
JORGE LUCIANO 73001233300020190004201 Concejal de Suspensión en
BOLÍVAR TORRES Ibagué (Tolima) el ejercicio del
Sentencia de 26 de junio de período 2016- cargo por 9
2024 2019 meses
JUAN CARLOS 08001233300020200038801 Concejal de Destitución e
OROZCO LLERENA Soledad inhabilidad
Sentencia de 30 de mayo de (Atlántico) general por 10
2024 período 2016- años
2019
VÍCTOR JESÚS 54001233300020160022101 Concejal de Destitución e
DAZA RODRÍGUEZ Cúcuta (Norte inhabilidad
Sentencia de 3 de mayo de de Santander) general por 10
2024 período 2012- años
2015
JOSÉ ERIBERTO 54001233300020160022401 Alcalde de Destitución e
MUÑOZ RUÍZ Sentencia de 24 de mayo de Puerto inhabilidad
2024 Santander general por 10
(Norte de años
Santander)
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Servidor público Radicación del proceso y Calidad del Sanción
sentencia cuestionada funcionario disciplinaria
elegido por voto impuesta por la
popular Procuraduría
General de la
Nación
período 2012-
2015
JOSÉ HUMBERTO 73001233300420150058901 Concejal de Destitución e
CRUZ CARRILLO Sentencia de 18 de julio de Venadillo inhabilidad
2024 (Tolima) general por 13
años
JAIME DOMINGO DE 13001233300020140029401 Concejal de Destitución e
ÁVILA FERNÁNDEZ Sentencia de 18 de julio de Cartagena inhabilidad
2024 (Bolívar) general por 10
período 2012- años
2015
JESÚS ALBERTO 52001233300020140056301 Alcalde Tangua Destitución e
ANDRADE MEJÍA Sentencia de 9 de mayo de (Nariño) inhabilidad
2024 período 2008- general por 11
2011 años
JUAN CARLOS 11001032500020160059200 Senador de la Destitución e
MARTÍNEZ Sentencia de 6 de junio de República para inhabilidad
SINISTERRA 2024 los períodos general por 20
2002-2006 y años
2006-2009
FRANKLIN FIDEL 27001233300020140001001 Alcalde y Inhabilidad
HINESTROZA y Sentencia de 9 de mayo de tesorero de general por 18
WINSTON MORENO 2024 Cantón (Chocó) años
MOSQUERA período 2004-
2007
ELBA CARVAJAL 68001233300020210007001 Alcaldesa de Destitución e
VALENCIA Sentencia de 9 de mayo de Guaca inhabilidad
2024 (Santander) general por 10
período 2012- años
2015
JAIRO LÓPEZ 15001233300020170060401 Alcalde de Destitución e
RODRÍGUEZ Sentencia de 15 de mayo de Sotaquirá inhabilidad
2024 (Boyacá) general por 10
período 2008- años
2011
LUIS FELIPE CONDE 41001233300020150090501 Alcalde de Aipe Suspensión en
LASSO Sentencia de 23 de mayo de (Huila) período el ejercicio del
2024 2008-2011 cargo por 2
meses
JORGE IVÁN 11001032500020160017300 Alcalde de Cali Suspensión en
OSPINA GÓMEZ Sentencia de 5 de junio de (Valle del el ejercicio del
2024 Cauca) período cargo por 2
2008-2011 meses
JHON FREDY ORTIZ 05001233300020150177501 Alcalde de Suspensión en
TABARES Sentencia de 3 de mayo de Heliconia el ejercicio del
2024 (Antioquia) cargo por 1 mes
período 2012-
2015
NELSON CASTRO 25000234200020170528403 Concejal de Destitución e
RODRÍGUEZ Sentencia de 15 de mayo de Bogotá inhabilidad por
2024 (Cundinamarca) 11 años
período 2016-
2019
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Servidor público Radicación del proceso y Calidad del Sanción
sentencia cuestionada funcionario disciplinaria
elegido por voto impuesta por la
popular Procuraduría
General de la
Nación
RONAL FABIÁN 17001233300020190061301 Concejal de Destitución e
BONILLA RICARDO Sentencia de 25 de abril de Manizales inhabilidad
2024 (Caldas) general por 10
años
VÍCTOR ISIDRO 18001233300020160023101 Gobernador del Destitución e
MARTÍNEZ LOAIZA Sentencia de 12 de diciembre Caquetá período inhabilidad
de 2023 2012-2015 general por 11
años
ADOLFO LEÓN 76001233300020150101701 Alcalde de Suspensión en
ESCOBAR PINEDA Y Sentencia de 12 de diciembre Pradera (Valle el ejercicio del
OTROS de 2023 del Cauca) cargo por 3
período 2012- meses
2015
RAFAEL ENRIQUE 13001233300020150078401 Concejal de Destitución e
PRETEL MARTÍNEZ Sentencia de 12 de diciembre Turbaco inhabilidad por
de 2023 (Bolívar) 15 años
período 2012-
2015
ÓSCAR DE JESÚS 05001233300020160139600 Alcalde de San Destitución e
SEPÚLVEDA Sentencia de 8 de febrero de Andrés de inhabilidad por
LONDOÑO 2024 Cuerquia 10 años
(Antioquia)
período 2012-
2015
JULIO CÉSAR 20001233300320170000701 Diputado de la Destitución e
CASADIEGOS Sentencia de 22 de febrero Asamblea del inhabilidad por
NAVARRO de 2024 Cesar período 10 años
2016-2019
CARLOS ELÍAS 11001032500020100005200 Alcalde y Destitución e
SÁNCHEZ CORTES Y Sentencia de 15 de febrero Concejales de inhabilidad por
OTROS de 2024 Fusagasugá 15 años y
(Cundinamarca) suspensión por
período 2004- 3 meses del
2007 cargo.
JAIRO JOSÉ OLMOS 70001233300020140005801 Concejal de San Destitución e
GARCÍA Sentencia de 4 de abril de Juan de Betulia inhabilidad por
2024 (Sucre) período 10 años
2012-2014
GONZALO 11001032500020190035900 Alcalde de Destitución e
RODRÍGUEZ Sentencia de 11 de abril de Nunchía inhabilidad por
BOHORQUEZ 2024 (Casanare) 10 años
período 2005-
2008
JORGE ARMANDO 52001233300020150028501 Alcalde de Suspensión en
NARVÁEZ Sentencia de 18 de abril de Ospina (Nariño) el ejercicio del
2024 período 2012- cargo por 1 mes
2015
JUAN FRANCISCO 44001234000020160015601 Gobernador de Destitución e
GÓMEZ CERCHAR Sentencia de 23 de mayo de la Guajira inhabilidad por
2024 período 2012- 17 años
2015
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Servidor público Radicación del proceso y Calidad del Sanción
sentencia cuestionada funcionario disciplinaria
elegido por voto impuesta por la
popular Procuraduría
General de la
Nación
CARLOS ANDRÉS 73001233300020190034401 Concejal de Suspensión en
PORTELA Sentencia de 9 de mayo de Ibagué (Tolima) el ejercicio del
CALDERÓN 2024 período 2016- cargo por 9
2019 meses
HASBLEIDY 73001233300020190028901 Concejal de Suspensión en
MORALES LOZANO Sentencia de 9 de mayo de Ibagué (Tolima) el ejercicio del
2024 período 2016- cargo por 9
2019 meses
JAIR ANTONIO 25000234200020130135101 Alcalde de Pandi Destitución e
VARGAS ROMERO Sentencia de 9 de mayo de (Cundinamarca) inhabilidad por
2024 período atípico 10 años
2005-2007
HÉCTOR FAVIO 52001233300020180039401 Alcalde de Destitución e
CASTILLO ARMERO Sentencia de 25 de julio de Arboleda inhabilidad por
2024 (Nariño) 10 años
período 2012-
2015
CARLOS ARTURO 15001233300020190053001 Alcalde de Destitución e
TRIANA VEGA Sentencia de 18 de julio de Tibasosa inhabilidad por
2024 (Boyacá) 10 años.
período 2012- Irregularidades
2015 en celebración
de convenido de
cooperación.
DORA BELKIS 15001233300020190063901 Alcalde de Chita Destitución e
GÓMEZ CETINA Sentencia de 1o. de agosto (Boyacá) inhabilidad por
de 2024 período 2012- 15 años
2015
Delio González 41001233300020170017501 Alcalde de Suspensión en
Carvajal Sentencia de 25 de julio de Garzón (Huila) el ejercicio del
2024 período 2012- cargo por 6
2015 meses
JAIME ENRIQUE 27001233300020180009901 Concejal de Destitución e
MOSQUERA Sentencia de 2 de octubre de Quibdó (Chocó) inhabilidad por
MURILLO, JHON 2024 período 2016- 15 y 18 años
JAMES MOSQUERA 2019
MATURANA y
PEDRO PALACIOS
RENTERÍA
JUAN MANUEL 17001233300020180013601 Alcalde de Destitución e
LLANO URIBE Sentencia de 2 de octubre de Manizales inhabilidad por
2024 (Caldas) 15 años
período 2008-
2011
OTONIEL CUESTA 27001233300020189001701 Concejales de Suspensión en
PALACIOS, MARINO Sentencia de 2 de octubre de Lloró (Chocó) el ejercicio del
GUERRERO ROA y 2024 período 2012- cargo por 6
JOSÉ DANECY 2015 meses
PALOQUEME LEMUS
ILLER ENRIQUE 44001234000020160019201 Concejales de Suspensión en
ACOSTA MEJÍA, Sentencia de 2 de octubre de Riohacha (La el ejercicio del
ALOIMA RAFAEL 2024 Guajira) período cargo por 9
MIRANDA 2012-2015 meses
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Servidor público Radicación del proceso y Calidad del Sanción
sentencia cuestionada funcionario disciplinaria
elegido por voto impuesta por la
popular Procuraduría
General de la
Nación
ARREGOCÉS,
NELVIS JOSEFINA
OJEDA LÓPEZ,
RAFAEL HIDALDO
PÉREZ NIEVES,
JOSÉ RAMIRO
BERMÚDEZ COTES,
CIRO ANDRÉS
DELUQUE
VERGARA, LUIS
ANTONIO OJEDA
GIL, BRIAN
RODRÍGUEZ LEÓN,
GHANDI EDER
ROMERO EPINAYÚ,
JUAN CARLOS
SUAZA MÓVIL,
JORHE
MARIOURECHE
MOSCOTE,
AMÍLCAR
HERNANDO GÓMEZ
TORO, REINALDO
DELIQUE DÍAZ Y
OLIMPO GABRIEL
NÚÑEZ DE ARMAS
MIRIAM PRADO 54001233300020190035601 Alcalde de Destitución e
CARRASCAL Sentencia de 2 de octubre de Ocaña (Norte de inhabilidad por
2024 Santander) 10 años
período 2016-
2019
HENRY MANUEL 54001233300020190025201 Alcalde de Destitución e
VALERO PEINADO Sentencia de 2 de octubre de Puerto inhabilidad por
2024 Santander 10 años
(Norte de
Santander)
período 2012-
2015
LINDA ESPERANZA 73001233300020190030101 Concejal de Suspensión en
PERDOMO RAMÍREZ Sentencia de 2 de octubre de Ibagué (Tolima) el ejercicio del
2024 período 2016- cargo por 9
2019 meses
HUMBERTO 73001233300020190022901 Concejal de Suspensión en
QUINTERO GARCÍA Sentencia de 2 de octubre de Ibagué (Tolima) el ejercicio del
2024 período 2016- cargo por 9
2019 meses
Refirió que los enlistados procesos fueron decididos en única o
segunda instancia, respectivamente, por las Subsecciones “A” y “B”
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en todas, se accedió
a las pretensiones formuladas y se declaró la nulidad de las
sanciones disciplinarias, con fundamento en que la PGN carecía de
competencia para ejercer control disciplinario sobre los servidores
públicos de elección popular.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la entidad actora, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en
violación directa de la Constitución, toda vez que, de
conformidad con los artículos 209 y 277.6 de la Carta Política, los
servidores públicos que se aparten de su objetivo serán responsables
de las sanciones disciplinarias dispuestas por la Ley, cuya vigilancia
le corresponde a la PGN por estar a su cargo examinar la conducta
oficial de quienes desempeñen funciones públicas, incluso de
aquellos funcionarios de elección popular.
Afirmó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en desconocimiento
del precedente dispuesto por la Corte Constitucional en materia de
su competencia para disciplinar y sancionar funcionarios de elección
popular.
Destacó que el Estado reconoce competencias y establece
procedimientos para que diferentes autoridades judiciales y no
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
judiciales adelanten las investigaciones que correspondan y adopten
e impongan las sanciones necesarias, cuando el actuar de los
servidores públicos sea contrario a la ley.
En esa medida, advirtió que en sentencia C-086 de 2019, la Corte
Constitucional se pronunció sobre la facultad de esa entidad para
suspender provisionalmente a los servidores públicos durante la
investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas
como graves o gravísimas.
Agregó que la Corte Constitucional en la mencionada providencia
destacó que, en relación con el texto del artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos – CADH, no puede
considerarse que: i) exista una doctrina pacífica de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos – CIDH sobre la interpretación
de las expresiones “exclusivamente”, “condena” y “proceso penal”;
ii) existen casos anteriores y posteriores al caso López Mendoza, en
los cuales la decisión de la CIDH sobre la vulneración o no del artículo
23 de la CADH no se funda en el tipo de órgano que toma la decisión
o en su competencia, sino en la justificación de dicha decisión, lo que
lleva a asumir que tal competencia no amerita reparos y; iii) la
CADH, como lo ha puesto de presente la CIDH y como, además, lo
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
impone el artículo 29 de la CADH, debe interpretarse de manera
armónica con otras normas, tanto nacionales como supranacionales.
Resaltó que en la sentencia C-111 de 2019, la Corte Constitucional
reiteró la línea jurisprudencial en torno a la validez constitucional
sobre la competencia de la que goza la entidad para sancionar a
funcionarios públicos de elección popular.
También afirmó que en la sentencia C-030 de 2023, el Tribunal
Constitucional, ante el nuevo diseño normativo que introdujo la Ley
2094 de 29 de junio de 202112, reiteró su postura conforme a la cual
las competencias de la Procuraduría General de la Nación para
investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular
devienen de la Constitución Política.
Que dicho fallo en un ejercicio de armonización con la CADH y las
órdenes impartidas en la sentencia Petro vs Colombia, determinó que
las sanciones de inhabilidad, destitución y suspensión impuestas a
los funcionarios elegidos democráticamente, en ejercicio de su cargo,
debían tener intervención judicial, para lo cual dispuso que el
recurso extraordinario de revisión dispuesto en la Ley 2094 de 2021
12
“Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
fungía como el mecanismo para garantizar la conformidad de estos
actos administrativos sancionatorios al estándar de la Convención.
Destacó que la autoridad judicial accionada desconoció el auto de 22
de abril de 202113 proferido por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en pleno, por medio del cual dispuso que, en criterio de la
Corporación, existen diferentes interpretaciones y decisiones
respecto de la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para imponer sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad a
servidores públicos elegidos por voto popular que no estén en el
ejercicio del cargo.
Sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo al desconocer lo
dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política, en lo que
respecta a la competencia que se le asignó para disciplinar
funcionarios de elección popular e imponer sanciones que fueron
anteriores a la sentencia del caso Petro Urrego vs Colombia, incluso,
previo a la expedición de las leyes 1952 de 28 de enero de 201914 y
2094 de 2021.
13
Número único de radicación 2013-00305-01 (3554-2018).
14
“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Por último, puso de presente que la solicitud de amparo de la
referencia cumple con los requisitos generales para su procedencia,
especialmente porque el asunto litigioso por su naturaleza rebosa los
linderos del recurso extraordinario de revisión.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo del derecho fundamental al debido
proceso y, en consecuencia, pidió:
“[…] Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado - Sección Segunda, relacionadas en la tabla 1.
2. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado - Sección
Segunda que, en un término razonable, profiera sentencias
sustitutivas en donde el factor competencia se analice de
conformidad con las normas constitucionales y el precedente de
la Corte Constitucional en lo que hace al control disciplinario
sobre los servidores públicos de elección popular que no se
encontraban en ejercicio de funciones del cargo para el cual
fueron elegidos al momento de la imposición de la sanción. En
ese orden, se analicen las causales de nulidad alegadas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que no
fueron objeto de estudio en las sentencias cuestionadas […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada en debida
forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
I.6.- Intervinientes
En esta solicitud de tutela se vincularon a cada uno de los
expedientes acumulados a los accionante de los procesos ordinarios
en los que se dictaron los fallos objeto de este amparo e intervinieron
los siguientes:
I.6.1.- El señor CARLOS ARTURO TRIANA VEGA sostuvo que la
SECCIÓN SEGUNDA no ha vulnerado de ninguna forma los
derechos fundamentales de la actora y, menos ha desconocido la
Constitución Política y los precedentes de la Corte Constitucional,
comoquiera que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la CIDH es
de obligatorio cumplimiento.
Resaltó que la CIDH ha considerado que la imposición de sanciones
de destitución e inhabilidad de funcionarios públicos elegidos por voto
popular por parte de una autoridad administrativa disciplinaria es
incompatible con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Indicó que, en su caso, la sanción no fue impuesta por el juez
competente, y las sanciones aplicadas no fueron resultado de un
proceso penal, en el que tendrían que haberse respetado las
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
garantías judiciales, razón por la cual la autoridad judicial accionada
dejó sin efectos los actos administrativos que demandó.
Solicitó resolver de manera desfavorable las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.
I.6.2.- El señor OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS indicó que la
autoridad judicial accionada siguió la interpretación del artículo 23.2
de la CADH, frente a la falta de competencia de la Procuraduría
General de la Nación para inhabilitar y destituir a los servidores
públicos de elección popular.
Resaltó que la accionante no agotó oportunamente los mecanismos
que tuvo a su alcance, como lo era el recurso extraordinario de
revisión, el incidente de nulidad, el recurso de súplica y la solicitud
de aclaración de la sentencia; y que, además, existieron otras
providencias anteriores sobre el mismo asunto y contra las cuales
pudo reclamar la supuesta vulneración del derecho fundamental
alegado, lo cual no hizo.
Adujo que las sentencias proferidas antes del 3 de mayo de 2024
no fueron objeto de censura por parte de la actora, lo que desconoce
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
el derecho a la igualdad, pues únicamente se está debatiendo la
postura en un grupo determinado de procesos, que los ubica en una
situación de desventaja frente a aquellos que no promovieron la
acción de tutela.
Por lo anterior, estima que debe declararse improcedente la solicitud
de amparo de la referencia.
I.6.3.- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL
ESTADO15 solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, denegar el amparo deprecado debido a que las providencias
cuestionadas no incurrieron en defecto alguno.
Pidió valorar las implicaciones que tendría el Estado en materia de
responsabilidad internacional al acceder a las pretensiones de
amparo y también, el complejo escenario que representa para la
defensa jurídica internacional del Estado.
Afirmó que la tutela no satisface los requisitos generales de la
relevancia constitucional y la subsidiariedad, toda vez que no se
demuestra que las sentencias cuestionadas hayan afectado de
manera irrazonable y desproporcionada un derecho fundamental; y
15
En adelante ANDJE.
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
que, además, la actora cuenta con el recurso extraordinario de
revisión para controvertirlas.
Sostuvo que la SECCIÓN SEGUNDA no incurrió en los defectos
alegados, comoquiera que las decisiones cuestionadas fueron
proferidas con fundamento en los artículos 277.6 de la Constitución
Política; y 8° y 23 de la CADH, a través de la excepción de
convencionalidad.
Sumado a ello, destacó que no es de tal acierto que la autoridad
judicial accionada hubiese incurrido en desconocimiento del
precedente, comoquiera que la Corte Constitucional no ha variado su
postura sobre la vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH y su
pertenencia al bloque de constitucionalidad.
I.6.4.- El señor ROBÍN BASILIO CASTRO FALLACE refirió que la
Sala Plena del Consejo de Estado y la CIDH, han precisado que la
Procuraduría General de la Nación no puede ejercer de forma directa
la competencia de imponer destituciones e inhabilidades de
funcionarios elegidos por voto popular, tal como quedó registrado en
las reformas legislativas al Código Único Disciplinario.
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Manifestó que la solicitud de amparo solo se dedicó a generalizar la
inconstitucionalidad de todas las decisiones en las que se declaró la
nulidad de los actos disciplinarios, exponiendo que en algunas
decisiones acusadas se aplicó la excepción de inconvencionalidad
respecto de las normas que ya habían sido declaradas exequibles por
la Corte Constitucional, lo cual no se presenta en su caso, pues una
de las principales razones de la nulidad tuvo relación con una mala
adecuación típica de la conducta desplegada a título de dolo por parte
de la actora, lo cual nada tiene que ver con el tema de
convencionalidad y la competencia de la actora para destituir e
inhabilitar servidores de elección popular.
Por lo anterior, solicitó revocar la medida provisional decretada y dar
cumplimiento a lo dispuesto por la CIDH en el caso Petro Urrego vs.
Colombia.
I.6.5.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE advirtió
que se opone a la prosperidad de las pretensiones, pues sustentó su
decisión en razones fácticas y jurídicas, así como en las normas y la
jurisprudencia que para la época regulaba la materia, por lo que no
se cumple con ninguno de los presupuestos especiales dispuestos
para la acción de tutela contra providencia judicial.
21
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
I.6.6.- El señor VÍCTOR JESÚS DAZA RODRÍGUEZ destacó que,
frente a su situación fáctica, la justicia ya se pronunció. Indicó que
se resolvió el problema jurídico relacionado con la convencionalidad
de la facultad de la Procuraduría General de la Nación para investigar,
sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular,
dando aplicación a la sentencia de la CIDH en el caso Petro Urrego
vs. Colombia.
Adujo que la solicitud de amparo es improcedente, de ahí que deba
garantizarse la seguridad jurídica y la cosa juzgada en el asunto.
I.6.7.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA indicó
que conoció de la decisión en primera instancia y en ella reconoció el
poder preferente a la Procuraduría General de la Nación. De este
modo, las razones expuestas por la actora en cuanto a la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso no le son
aplicables, por lo que debe ser desvinculada del presente trámite.
I.6.8.- El señor NELSON CASTRO RODRÍGUEZ solicitó declarar
improcedente la solicitud por carecer del requisito de la relevancia
constitucional y por no configurarse los defectos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
22
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Finalmente, expuso que se realizó una indebida acumulación de los
procesos, pues a pesar de existir tres despachos que avocaron el
conocimiento con anterioridad, la acción de tutela se acumuló a otra.
I.6.9.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA se opuso a
la prosperidad de las pretensiones de amparo, comoquiera que la
tutela resulta improcedente por carecer del requisito de la relevancia
constitucional y porque no se evidencia vulneración alguna.
I.6.10.- El señor FRANKLIN FIDEL HINESTROZA refirió que la
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión, siendo este
el mecanismo idóneo y eficaz para discutir este asunto.
Aseveró que la solicitud de amparo no se acumuló como
correspondía, toda vez que existían dos acciones de tutela que
versaban sobre los mismos hechos, derechos y pretensiones, por lo
que se debió remitir a esos expedientes.
Por último, destacó que la acción de tutela de la referencia carece del
requisito de la relevancia constitucional, pues no se advierte la
ocurrencia de los yerros endilgados, por lo que solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo o, en su defecto, denegarla.
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-01(ACU)
ACTORA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
I.6.11.- El señor JESÚS ALBERTO ANDRADE MEJÍA solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que no se ha
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, y tampoco se
cumple con los requisitos generales y específicos, pues las
providencias cuestionadas están ajustadas a derecho, de
conformidad con lo dispuesto en el caso Petro Urrego vs. Colombia,
a través del cual se realizó el control de convencionalidad.
I.6.12.- El señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ SINISTERRA afirmó
que la acción de tutela carece del requisito general de la relevancia
constitucional y no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable.
I.6.13.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO sostuvo
que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las
inconformidades expuestas están encaminadas a debatir la sentencia
proferida en segunda instancia por la SECCIÓN SEGUNDA.
I.6.14.- El señor VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA alegó que la
acción de tutela resulta improcedente y pidió ser desvinculado.
I.6.15.- El señor RAFAEL ENRIQUE PRETEL MARTÍNEZ solicitó su
24
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
desvinculación de la acción de tutela de la referencia y que se
denieguen las pretensiones.
I.6.16.- Los señores CARLOS ELÍAS SÁNCHEZ CORTÉS, JULIÁN
DUARTE CASTELLANOS, MARIO EFRÉN SARMIENTO RIVERO,
ELSA JARA DE AYERBE, JONATHAN RICKY BENÍTEZ REYES,
JILSON ORTEGÓN RODRÍGUEZ, ÁLVARO SÁNCHEZ MORALES,
ENRIQUE VÁSQUEZ DÍAZ y JAIRO OVIEDO RIVEROS solicitaron
no acceder a las pretensiones de la tutela; y que frente al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
11001-03-15-000-2010-00052-00 se declare improcedente ante el
incumplimiento del requisito de inmediatez.
I.6.17.- La señora HASBLEIDY MORALES LOZANO refirió que la
acción de tutela deviene improcedente ante el incumplimiento del
requisito de inmediatez; y que, además, la Procuraduría General de
la Nación carece de competencia para sancionar a servidores de
elección popular.
Por último, sostuvo que no era procedente la acumulación de los
procesos, por lo que debió analizarse el asunto de forma individual.
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I.6.18.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA manifestó
que no se vulneró derecho fundamental alguno a la actora, toda vez
que la decisión estuvo fundada en lo dispuesto por la CIDH.
Puso de presente que la solicitud de amparo no cumple con los
requisitos generales ni específicos para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 24 de febrero de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir
con el requisito general de la inmediatez frente a las sentencias de
12 de diciembre de 2023, proferidas dentro de los procesos
760012333000201501017-01, 130012333000201500784-01 y
180012333000201600231-01, comoquiera que tales providencias
fueron notificadas el 31 de enero, 1o. y 2 de febrero de 2024,
respectivamente, y la solicitud de amparo se presentó hasta el 14 de
agosto de 2024, superando así el término dispuesto por la
jurisprudencia constitucional.
En lo que refiere a las demás providencias cuestionadas (43), advirtió
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que se cumplía con todos los requisitos generales para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, lo que motivó su
estudio de fondo.
Refirió que en la sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional al
analizar la exequibilidad de los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 734 de
2002, concluyó que la facultad otorgada por el legislador a la
Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores
públicos de elección popular, mediante la limitación de forma
temporal o definitiva de los derechos políticos, no contrariaba los
artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH, tesis
reiterada en la sentencia SU-712 de 2013.
Agregó que en la sentencia C-086 de 2019, la Corte Constitucional
ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
adelantar esta clase de juicios disciplinarios contra servidores electos
popularmente; y que mediante sentencia C-111 de 2019, estudió la
constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 734 de 2002,
concretamente la expresión “elección”, cuando se hace referencia a
la terminación de la relación del servidor público sin importar su
naturaleza, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como
sanción disciplinaria.
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Indicó que en la sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional al
revisar la exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y
funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación, en
el marco de la Ley 2094 de 2021, reafirmó la potestad
administrativa que le fue otorgada a la actora por expreso mandato
de los artículos 118 y 277 de la Constitución Política.
Que esta atribución debía interpretarse de forma sistemática y
armónica con la CADH; y que cuando las sanciones que limiten
derechos políticos, era procedente el recurso extraordinario de
revisión como una solución que garantizaba la intervención del juez
de lo contencioso administrativo.
En esa medida, destacó que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una
tesis consolidada de la Corte Constitucional que avalaba la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar,
con destitución e inhabilidad a servidores públicos de elección
popular, respecto de la cual la SECCIÓN SEGUNDA se apartó
indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que
el tema tenía a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas,
por lo que incurrió en los defectos endilgados.
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Adujo que la Corte Constitucional en las sentencias SU-381 y 382 de
2024, resolvió un asunto con identidad fáctica y jurídica a la
presente, en la que consideró la configuración de los defectos de
violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente
y defecto sustantivo; y que, igualmente, en la sentencia SU-382 de
2024, el Tribunal Constitucional señaló que debía realizarse una
interpretación sistemática y armónica de los dispuesto por la
Constitución Política y la CIDH.
Aclaró que en ambos casos la Corte Constitucional revocó las
decisiones de instancia que denegaron y declararon improcedentes
las solicitudes de tutela y, en su lugar, amparó el derecho
fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la
Nación.
Sumado a lo anterior, sostuvo que tal postura se ajusta con las
consideraciones del auto de unificación de 3 de diciembre de 2024
de la Sala Plena del Consejo de Estado (Expediente núm. 11001-03-
15-000-2023-00871-00).
Finalmente, denegó las solicitudes de desvinculación presentadas por
los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, y los señores
Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez.
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Así las cosas, en la parte resolutiva dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación
presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y
Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel
Martínez, por las razones aquí presentadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2024-04285-
00, específicamente, frente a las sentencias de 12 de diciembre
de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-
01017-01, 13001-23-33-000-2015-00784-01 y 18001-23-33-
000-2016-00231-01, por no cumplir con el requisito de
inmediatez.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido
proceso de la Procuraduría General de la Nación. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de […]
CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, profieran
las sentencias de remplazo, según su competencia, en los
procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración
a lo aquí decidido […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La SECCIÓN TERCERA mediante auto de 23 de abril de 2025,
concedió las impugnaciones presentadas oportunamente contra la
sentencia de 24 de febrero de 2025. Los escritos fueron radicados
por:
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3.1 JORGE BOLÍVAR TORRES
Indicó que la Procuraduría General de la Nación tuvo todas las
garantías procesales dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 73001-23-33-001-2019-00042-01, sin que exista
afectación de su derecho al debido proceso.
Que la decisión impugnada desconoce la seguridad jurídica de los
fallos cuestionados y pretende en realidad convertir este reclamo en
una tercera instancia, cuando lo que debe destacarse es que en su
caso las demás causales invocadas para la solicitud de nulidad de los
actos disciplinarios prosperan.
Solicitó revocar la decisión del a quo y, en su defecto, pidió que se
estudien de fondo las demás violaciones enunciadas en la demanda
inicial que no fueron discutidas de fondo en ninguna de las dos
instancias.
3.2 JESÚS ANDRADE MEJÍA
Refirió que no comparte la decisión del juez de primera instancia.
Que debe considerarse el fallo proferido dentro del proceso Petro
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Urrego vs Colombia, mediante el cual la Corte Interamericana anuló
la destitución que la PGN le impuso en aplicación del control de
convencionalidad.
Indicó que en el presente caso existe un vicio de inconvencionalidad
de los actos administrativos demandados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por lo que solicitó revocar la decisión de
primera instancia y se mantenga el fallo tutelado.
3.3 CARLOS ARTURO TRIANA VEGA
Señaló que la acción de tutela no debe usarse como medio para
desvirtuar fallos judiciales, fuera de tiempo y sin acreditar su
urgencia. Que las decisiones tuteladas se fundaron en los
argumentos que el derecho internacional consideró al resolver el caso
Petro Urrego vs. Colombia.
Que la decisión impugnada desconoce lo dispuesto por la CIDH, pues
no es posible sancionar a un servidor público que: i) no ha sido
sometido a juicio dentro de un proceso penal; ii) la sanción impuesta
es desproporcionada, y iii) se impuso de manera arbitraria sin poder
defender sus intereses ante un juez de la República.
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Agregó que durante el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no se vulneró ningún derecho fundamental, por lo que se
acredita que las decisiones fueron debidamente motivadas y en
observancia del debido proceso.
Afirmó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
revertir una decisión judicial, máxime cuando no se cumple con los
requisitos mínimos, especialmente, el de inmediatez.
En ese orden de ideas, solicitó revocar el fallo y, en su lugar,
denegar el amparo solicitado al no existir violación alguna de los
derechos fundamentales.
3.4 ROBÍN AGUSTÍN TRIANA MARTÍNEZ
Solicitó revocar la decisión del a quo o, en su defecto, se reevalúe el
caso, analizando la sanción, por no acreditarse los elementos
constitutivos del dolo en la conducta.
Resaltó que, en su caso, se omitió el examen de la nulidad frente a
la acreditación del dolo en la conducta disciplinaria establecida por la
actora, pues el fallo tutelado se limitó únicamente a la competencia
de la Procuraduría General de la Nación, sin tener en cuenta las
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demás causales de nulidad de la sanción disciplinaria que fueron
alegadas y respecto de las cuales el Tribunal Administrativo del
Atlántico ya se había pronunciado al declarar la nulidad del acto por
falta de prueba del elemento subjetivo del dolo.
Sostuvo que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta que,
independientemente del argumento de la competencia de la
Procuraduría General de la Nación, existía otra causal distinta que
dio lugar a la nulidad de la sanción, lo que evidencia que su proceso
no debió acumularse.
3.5 JAIME ENRIQUE MOSQUERA MURILLO, JHON JAMES
MOSQUERA MATURANA y PEDRO PALACIOS RENTERÍA
Adujeron que el fallo impugnado resulta contrario a la Constitución,
la ley y los principios universales del derecho, pues las providencias
cuestionadas, ya cobraron ejecutoria e hicieron tránsito a cosa
juzgada.
Así las cosas, solicitaron revocar la decisión de primera instancia y
se ordene a la actora dar cumplimiento a los fallos judiciales, en el
sentido de levantar los antecedentes disciplinarios y el pago de la
condena impuesta.
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3.6 LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ
Afirmó que tanto el Tribunal Administrativo del Tolima como la
SECCIÓN SEGUNDA, realizaron un examen riguroso de los
postulados normativos nacionales como los del CADH, para concluir
que, si bien la Procuraduría General de la Nación tiene competencia
para investigar y sancionar, esta no es absoluta.
En ese orden de ideas, solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo por cuanto no se incurrió en los defectos
alegados, toda vez que la autoridad judicial accionada ya se había
pronunciado sobre el control de convencionalidad.
Alegó que se desconoció lo dispuesto en sentencia de unificación del
Consejo de Estado en decisión de 15 de noviembre de 2017, en el
cual exhortó al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la
Procuraduría General de la Nación para que implementaran las
reformas dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos contenidos
en el artículo 23 de la CADH, plazo que venció en noviembre de 2019.
Que, en su caso, se incumplió el requisito de la inmediatez y que
de ninguna manera se incurrió en los defectos alegados, pues para
la época de las sentencias no existía la tesis consolidada de la Corte
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Constitucional sobre la competencia de la actora para sancionar
funcionarios de elección popular, de tal forma que la decisión del a
quo viola los principios de seguridad jurídica, igualdad, confianza
legítima y coherencia del orden jurídico.
3.7 La Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado
En su escrito de impugnación reiteró el potencial riesgo de daño
antijuridico que se puede causar en virtud del desconocimiento del
fallo proferido por la CADH y la posible responsabilidad internacional
del Estado, en razón a que las decisiones cuestionadas en el proceso
ordinario son una clara concreción de la obligación general de
garantía de los derechos políticos y de las garantías judiciales de las
personas indebidamente sancionadas por la PGN.
Alegó que la solicitud de amparo carece del requisito de la
relevancia constitucional, toda vez que las sentencias
cuestionadas no son irrazonables o anómalas, por lo que únicamente
la actora se limitó a exponer inconformidades con la tesis adoptada
por la autoridad judicial accionada en materia de aplicación de la
excepción de inconvencionalidad en clave de interpretación con la
jurisprudencia interamericana y constitucional.
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Advirtió que, en lo que respecta al requisito de la subsidiariedad,
la actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión para
controvertir las providencias cuestionadas, de insistir que se violenta
el principio de congruencia que constituye uno de los eventos de
nulidad originada en la sentencia, sustentada en que la anulación de
los actos administrativos sancionatorios obedeció a razones distintas
a las formuladas en los escritos de demanda, lo que derivó en
violación al derecho de defensa.
Finalmente, señaló que las providencias cuestionadas no incurrieron
en los defectos alegados, pues se sustentaron en disposiciones
aplicables al caso, con apoyo en el material probatorio aportado al
proceso y se ajustaron al procedimiento establecido para tramitar el
medio de control, con fundamento en la interpretación hermeneútica
de la Constitución Política y la CADH.
Solicitó revocar la decisión del a quo y declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia.
3.8 La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En su escrito de impugnación sostuvo que comparte la decisión del a
quo respecto del fondo de asunto, por lo que pide que se confirme.
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La oposición al fallo cuestionado se orienta a la declaratoria de
improcedencia respecto del requisito de inmediatez de los procesos
con radicado núm. 2015-01017-01, 2015-00784-01 y 2016-
00231-01.
Destacó que si bien las providencias fueron notificadas el 31 de
enero, el 1o. y 2 de febrero de 2024, también lo es que su ejecutoria
se cumplió el 15 y 16 de febrero, respectivamente, de allí que el
término de inmediatez deba contabilizarse a partir de ese momento.
Que la contabilización de dicho plazo a partir de la ejecutoria de los
fallos evidencia que la solicitud de tutela se presentó dentro de los 6
meses exigidos por la jurisprudencia; sumado a ello y comoquiera
que el término corrido a partir de la notificación los fallos no superó
los 15 días, estima que debe tenerse en cuenta la complejidad del
asunto para superar este requisito.
Aseveró que la tutela fue promovida contra 46 sentencias, lo que
implicó un ejercicio amplio y extenso de compilación y organización,
por lo que declarar la improcedencia en 3 procesos es un aspecto de
excesiva ritualidad.
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ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la decisión de primera
instancia y, en consecuencia, acceder a las pretensiones respecto de
las sentencias frente a las cuales se declaró improcedente la solicitud
de amparo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1 Competencia
La Sala es competente para conocer de las impugnaciones
formuladas, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta
la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2 Generalidades de la acción de tutela contra providencia
judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional
señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de
la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso
de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la
sala respectiva, se tornan definitivas.
[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado
la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se
requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos
que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera
del texto).
4.3 Problema jurídico
Previo a formular los aspectos jurídicos que constituyeron el motivo
de las impugnaciones formuladas es oportuno destacar que la
petición de amparo de la PGN pretende que se dejen sin efecto las
46 sentencias identificadas al inicio de esta providencia, proferidas
por las SUBSECCIONES “A” y “B” de la SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO, por medio de las cuales se declaró la nulidad
de las sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad impuestas a
unos servidores públicos de elección popular16.
16
Los funcionarios de elección popular que presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y que en única y en primera instancia obtuvieron decisión anulatoria son: Germán Orozco
Barrera, Omaira Avella Ballesteros, José Reinaldo Pérez Piragauta, Juan Carlos Giraldo Romero, Juan
David Benjumea, Carlos Arturo Triana Vega, Robin Basilio Castro Fallece, Jorge Luciano Bolívar Torres,
Juan Carlos Orozco Llerena, Víctor Jesús Daza Rodríguez, José Eriberto Muñoz Ruiz, José Humberto
Cruz Carrillo, Jaime Domingo De Ávila Fernández, Jesús Alberto Andrade Mejía, Juan Carlos Martínez
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La acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN
TERCERA que declaró improcedente la acción de tutela frente a tres
(3) sentencias de 12 de diciembre de 2023 proferidas dentro de los
procesos con radicado núm. 2015-01017-01, 2015-00784-01 y
2016-00231-01, por no cumplir con el requisito de la inmediatez; y
amparó el derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, dejó sin efecto las demás providencias cuestionadas,
al considerar que las autoridades judiciales accionadas desconocieron
la postura de la Corte Constitucional sobre el asunto, así como la
interpretación que se ha dado al artículo 23.2. de la CADH.
La anterior decisión fue objeto de impugnación por parte de los
señores JORGE BOLÍVAR TORRES, JESÚS ANDRADE MEJÍA,
CARLOS ARTURO TRIANA VEGA, ROBÍN BASILIO CASTRO
Sinisterra, Franklin Fidel Hinestroza, Winston Moreno Mosquera, Elba Carvajal Valencia, Jairo López
Rodríguez, Luis Felipe Conde Lasso, Jorge Iván Ospina Gómez, Jhon Fredy Ortiz Tabares, Nelson Castro
Rodríguez, Ángela María Morales Morales, Juan Sebastián Castro Morales, Andrés Felipe Castro Morales,
Ronal Fabián Bonilla Ricardo, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, Adolfo León Escobar Pineda, Ethelwilma
Ramírez Rojas, Isabella Escobar Ramírez, Sofía Escobar Ramírez, Lina Marcela Escobar Ramírez, Rafael
Enrique Pretel Martínez Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño, Julio César Casadiegos Navarro, César
Augusto Jiménez Rubiano, Julián Duarte Castellanos, Mario Efrén Sarmiento Riveros, Elsa Jara de
Ayerbe, Jonathan Ricky Benítez Reyes, Abel Eduardo Cubides Ramírez, Pablo Enrique Murcia Barón,
Fabio Hernández Cubillos, Jilson Ortegón Rodríguez, Carlos Elías Sánchez Cortés, Álvaro Sánchez
Morales, Hugo Darío Rincón Jiménez, Enrique Vásquez Díaz, Jairo Oviedo Riveros, Gisella Karina Orjuela
Cadena, Efraín Cruz Fiscal, Jairo José Olmos García, Gonzalo Rodríguez Bohórquez, Jorge Armando
Narváez Villacorte, Rubiela Margoth Estrada Jurado, Diego Armando Narváez Argoti, Sebastián Narváez
Estrada, Cristhian Danilo Narváez Argoti, Juan Francisco Gómez Cerchar, Carlos Andrés Portela
Calderón, Hasbleidy Morales Lozano, Jair Antonio Vargas, Héctor Favio Castillo Armero, Carlos Arturo
Triana Vega, Dora Belkis Gómez Cetina, Delio González Carvajal, Jaime Enrique Mosquera Murillo, Jhon
James Mosquera Maturana, Pedro Palacios Rentería, Juan Manuel Llano Uribe, Otoniel Cuesta Palacios,
Marino Guerrero Roa, José Danecy Palomeque Lemus, Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda
Arregocés, Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro Bermúdez Cotes, Ciro
Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian Rodríguez León, Ghandi Eder Romero Epinayú,
Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche Moscote, Amílcar Hernando Gómez Toro, Reinaldo Deluque
Díaz, Olimpo Gabriel Núñez de Armas, Miriam Prado Carrascal, Henry Manuel Valero Peinado, Linda
Esperanza Perdomo Ramírez y Humberto Quintero García.
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FALLECE, JAIME ENRIQUE MOSQUERA MORILLO, JHON JAMES
MOSQUERA MATURANA, PEDRO PALACIOS RENTERÍA, LINDA
ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ y la AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO quienes en sus escritos son
coincidentes al afirmar que las sentencias cuestionadas fueron
proferidas con fundamento en la normativa y la jurisprudencia
aplicable al asunto, por lo que no es acertado atribuirles los defectos
alegados, máxime cuando era imposible desconocer lo dispuesto por
la CIDH en el caso Petro Urrego vs Colombia; además, que la solicitud
de amparo no resultaba procedente por incumplimiento de los
requisitos generales y específicos de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Por su parte, la actora también impugnó la sentencia de primer
grado, pero únicamente en cuanto a la declaratoria de
improcedencia por falta del requisito de inmediatez frente a los
procesos con radicación 2015-01017-01, 2015-00784-01 y
2016-00231-01, por lo que solicitó aplicar sin la rigidez
procedimental el término de 6 meses dispuesto por la jurisprudencia
constitucional.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, especialmente los
presupuestos de la inmediatez, subsidiariedad y relevancia
constitucional, para luego proceder con el estudio de fondo del
asunto y establecer si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso deprecado.
4.4 Del estudio de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia constitucional:
inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional.
4.4.1 Del requisito de inmediatez
En ese orden de ideas, como se anticipó, la Sala examinará el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, como lo es el requisito de
inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
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aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”17.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que frente a los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho identificados con los números
únicos de radicación 2015-01017-01, 2015-00784-01 y 2016-
00231-01, en los cuales se profirieron las providencias de 12 de
diciembre de 2023, aquí cuestionadas, se incumplió con el requisito
de la inmediatez, conforme lo halló probado el a quo, en razón a que
los fallos fueron notificados el 31 de enero, 1º y 2 de febrero de 2024,
respectivamente.
A dicho conteo, la Sala estima necesario que se aplique el numeral
segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201118 y
el auto de unificación de 29 de noviembre de 202219, que permite
17
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
18
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
19
En dicho auto se dispuso: “PRIMERO: ADOPTAR la siguiente regla de unificación jurisprudencial:
«La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del
CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA».
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identificar que la notificación de las providencias cuestionadas se
surtió el 5, 6 y 7 de febrero de 2024, respectivamente.
De allí que se concluya que transcurrieron más de 6 meses desde la
notificación del fallo definitivo a la parte actora, comoquiera que la
solicitud de amparo20 se presentó el 14 de agosto de 202421, lo
que evidencia que se superó el término estimado por la
jurisprudencia como razonable para impugnar por vía de tutela el
contenido de una decisión judicial.
Y aunque la parte actora expuso como razón para justificar su
demora, relativa a manifestar la complejidad que implicó el organizar
y documentar la solicitud de tutela para controvertir 46 fallos
proferidos por la autoridad sancionatoria, esta aseveración no es
suficiente para justificar la inactividad o tardanza en la presentación
de la solicitud de amparo, que bien pudo realizar antes a sabiendas
de la exigencia de tal requisito en este trámite de naturaleza ágil y
preferente.
En efecto, la Sala destaca que de conformidad con lo establecido por
20
Radicada bajo el número 2024-04285-01 y acumulada a este trámite constitucional.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202404
21
285001100103
48
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la Corte Constitucional22, en tratándose de acción de tutela contra
providencia judicial, la revisión del requisito de inmediatez debe ser
más estricto cuando es promovida por autoridad pública, por lo que
únicamente se debe flexibilizar el requisito de inmediatez, de manera
excepcionalísima, cuando la entidad accionante se encuentre en unas
condiciones institucionales que hayan impedido, de manera directa,
la defensa inmediata de sus intereses en sede jurisdiccional, como
por ejemplo, un estado de cosas inconstitucional declarado por el
juez constitucional, cuestión que no es la que acaece y por lo tanto,
no es viable superar este requisito.
Además, y respecto del argumento adicional que expone para
cuestionar el examen de la inmediatez, la Sala destaca que en
tratándose de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
el término con el que cuenta el interesado para promover la solicitud
de amparo se determina por la fecha en la que se surte debidamente
la notificación de la decisión cuestionada, sin que en el presente
caso pueda considerarse válido contabilizar el término a partir de la
ejecutoria de las providencias, como lo plantea la entidad actora a
efectos de superar dicho requisito.
22
Sentencia SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
49
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Entonces, teniendo en cuenta que frente a las providencias de 12 de
diciembre de 2023 no se evidenció situación que se enmarque en
alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del
término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala
confirmará la decisión del a quo que declaró improcedente la
solicitud de amparo frente a los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificados con los números únicos
de radicación 2015-01017-01, 2015-00784-01 y 2016-00231-
01.
En relación con el reproche formulado por la señora LINDA
ESPERANZA PERDOMO se tiene que, en su caso, la acción de tutela
se promovió en oportunidad en razón a que la sentencia que cobija
el proceso ordinario se profirió el 2 de octubre de 2024, y se notificó
el 17 de octubre siguiente, lo que demuestra que su ejercicio fue
oportuno si se considera que la solicitud se radicó antes del 17 de
abril de 202523, fecha límite para su ejercicio.
Así, no le asiste razón a la impugnadora para revocar el fallo de
amparo y declarar la improcedencia respecto de este proceso.
23
La solicitud de tutela que abarcó ese fallo se presentó el 23 de octubre de 2024, es decir fue oportuna.
50
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En este orden de ideas y comoquiera que respecto de las demás
providencias no se hizo ningún otro reproche frente a las sentencias
cuestionadas, la Sala evidencia que respecto de los demás fallos (42)
este requisito se observó ya que la presentación de las solicitudes de
tutela se hizo dentro del límite temporal24 fijado como inmediatez
para este trámite constitucional.
4.4.2 Del requisito de subsidiariedad
Frente al requisito de subsidiariedad, conforme lo refirió el a quo
contra las decisiones cuestionadas no proceden recursos y tampoco
se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de
revisión y unificación de jurisprudencia, puesto que contrario a lo
afirmado por la ANDJE el reproche de la entidad tutelante no se
sustenta en una presunta incongruencia, razón que por demás
impide que se traslade esta controversia a un proceso extraordinario
en el que no es posible revisar las violaciones alegadas.
En este punto, cabe mencionar que el control inmediato e integral 25
previsto en la Ley 2094 de 2021 y tramitado como recurso
24
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
25
Según el entendimiento que le confirió la Corte Constitucional mediante sentencia C-030 de 2023.
51
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extraordinario de revisión tampoco resulta procedente para
cuestionar los fallos aquí cuestionados, pues lo que se controla a
través de este son las decisiones administrativas que imponen
sanciones disciplinarias de suspensión, destitución o inhabilidad a los
funcionarios de elección popular.
En este caso, si bien es cierto preexiste una decisión sancionatoria
de dicha clase, también lo es que tales actos administrativos se
controvirtieron a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, procesos en los que se profirieron
las sentencias cuestionadas.
De ahí que deba precisarse que su presentación se realizó bajo el
esquema normativo existente para esa época y, por ello, no es
aplicable, por cuanto aún no se había expedido la Ley 2094, que fue
la que habilitó la remisión de tales decisiones al juez de lo
contencioso administrativo para que realizara el control ordenado a
partir de su vigor.
En ese orden, examinados los posibles escenarios de otros medios
de defensa, se aprecia que ninguno de ellos tiene la capacidad de
examinar la violación alegada, lo que lleva a concluir que se cumplió
con el requisito de subsidiariedad.
52
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4.4.3 De la relevancia constitucional
Ahora, la Sala examinará el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional previsto para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, como motivo de las
impugnaciones presentadas.
La Sala observa que respecto de las providencias cuestionadas se
cumplió con este requisito, por cuanto la parte actora planteó con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos endilgados.
En efecto, la PGN atribuye la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la actora, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa
de la Constitución, desconocimiento del precedente y defecto
sustantivo, al ignorar la competencia de la entidad para ejercer
control disciplinario respectos de las faltas cometidas por los
servidores públicos de elección popular.
En lo que refiere a la violación directa de la Constitución, alegó
que se desconocieron los artículos 209 y 277.6 de la Carta Política
53
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que facultan a la Procuraduría General de la Nación para ejercer la
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, incluso los de elección popular, de tal forma que
goza de la capacidad para ejercer preferentemente el poder
disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e
imponer las respectivas sanciones.
En cuanto al desconocimiento del precedente alegó que la Corte
Constitucional ha sido pacífica al reiterar la validez constitucional
sobre la competencia de la que goza la entidad para sancionar a
funcionarios públicos de elección popular.
Aclaró que en ejercicio de armonización con la CADH y las órdenes
impartidas en la sentencia Petro Urrego vs Colombia, las sanciones
de inhabilidad, destitución y suspensión de funcionarios elegidos
democráticamente, en ejercicio de su cargo, debían tener
intervención judicial, lo que explica la reforma legislativa para
adoptar el recurso extraordinario de revisión dispuesto en la Ley
2094 de 2021 como el mecanismo idóneo, en adelante, para
garantizar la conformidad de estos actos administrativos
sancionatorios al estándar de la Convención.
54
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Finalmente, frente al defecto sustantivo advirtió que el artículo 277
de la Constitución Política faculta a la Procuraduría General de la
Nación para disciplinar funcionarios de elección popular e imponer
sanciones.
Para esta Sala, identificado el motivo constitucional que encierra el
reproche de la PGN y considerando que este examen ya se realizó en
sede de revisión constitucional, en la que se tuteló un fallo de
idénticas características a los aquí estudiados, la Sección acoge este
criterio para considerarlo satisfecho y suficiente ante la coincidencia
de la controversia suscitada en la declaratoria de incompetencia de
la Procuraduría General de la Nación en los procesos disciplinarios
seguidos contra funcionarios de elección popular que se definieran
con suspensión, destitución e inhabilidad. Al respecto la Corte
Constitucional26, precisó:
“[…] 35. Primero, la problemática que originó la
instauración del amparo no corresponde a una disputa
meramente económica o legal, sino que suscita una
discusión evidentemente constitucional, toda vez que se
refiere a las competencias que la Carta asigna a la PGN,
y al alcance de tales atribuciones a la luz de la CADH,
instrumento que por demás hace parte integral del
bloque de constitucionalidad. Asimismo, este caso implica
el estudio de una aparente colisión entre dichas competencias
constitucionales, por un lado, y el principio democrático y el
26
Corte Constitucional SU382-2024. M.P. Natalia Ángel Cabo. Fallo de 11 de septiembre de 2024.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/su382-24.htm
55
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derecho fundamental a la participación ciudadana, por el otro.
Por lo tanto, el asunto despierta una discusión sobre el
alcance y armonización de distintas disposiciones de
rango constitucional.
36. Segundo, el debate propuesto en la demanda de tutela
versa sobre el contenido del derecho al debido proceso
de la PGN en el marco de una actuación judicial que tiene
por objeto revisar la legalidad de los actos proferidos por
dicha entidad. En ella, el juez contencioso administrativo
inaplicó las normas constitucionales que le atribuían a la
PGN competencia para proferir dichas determinaciones,
con fundamento en el control de convencionalidad. La materia,
por tanto, supone examinar si el derecho al debido proceso
reclamado por la accionante obligaba a que sus resoluciones
sancionatorias fueran juzgadas bajo los parámetros
constitucionales vigentes para el momento en que fueron
expedidas, o a la luz del precedente interamericano invocado
por la accionada en la providencia objeto de tutela […]”
Finalmente, se aprecia que la solicitud identificó los hechos y
derechos que se estiman lesionados, que permiten entra a examinar
las causales específicas de procedibilidad a fin de determinar si hay
lugar a mantener el amparo deprecado o revocar y/o modificar la
decisión.
Por todo lo expuesto, se confirmará el fallo respecto de la
improcedencia declarada en los expedientes ya identificados y al
haber superado los requisitos generales de la tutela en los demás
asuntos, se procederá al estudio de los motivos de la impugnación
en contra de la decisión de fondo.
56
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4.5 Del estudio de fondo: causales específicas de
procedibilidad
Verificado lo anterior, corresponde determinar si como lo consideró
el a quo, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en violación al debido
proceso al proferir las providencias cuestionadas.
4.5.1 Posturas de las partes y decisión de primera instancia
La afectación que alega la Procuraduría General de la Nación se limitó
por el a quo al examen de la violación al debido proceso por las
decisiones proferidas por las SUBSECCIONES “A” y “B” de la
SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, por medio de las
cuales se declaró la nulidad de las sanciones disciplinarias de
destitución e inhabilidad impuestas a unos servidores públicos de
elección popular, bajo la consideración que la PGN carecía de
competencia para imponerlas.
Por su parte, la inconformidad de los impugnadores del fallo de tutela
radica en cuestionar la decisión del fallador de primera instancia, bajo
el argumento que no se incurrió en la violación al debido proceso,
pues las decisiones judiciales controvertidas encontraron probada la
incompetencia de la PGN al sancionar disciplinariamente a
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funcionarios de elección popular en razón al desconocimiento del
control de convencionalidad que realizó la CIDH en el caso Petro
Urrego vs Colombia, que obliga a que una decisión de tales
características, únicamente la pueda proferir el juez penal.
La posición jurídica que expuso la SECCIÓN SEGUNDA para declarar
la nulidad de los actos administrativos sancionatorios de inhabilidad y
suspensión impuestos a unos servidores públicos de elección popular,
se sustentó en la aplicación de la sentencia de 8 de julio de 2020 de la
CIDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia y el artículo 23.2 de la
CADH.
Refirió que las potestades de investigación y sanción de la Procuraduría
General de la Nación que tiene frente a servidores de elección popular
se mantienen incólumes, siempre que no implique la restricción de
los derechos políticos del disciplinado, esto es, la imposición de
medidas de destitución e inhabilidad general y/o suspensión e
inhabilidad especial.
Esta postura fue compartida por los impugnadores de la decisión de
amparo en razón a que insisten que esta es la interpretación que ha
de conferirse a las funciones ejercidas por la PGN, la de
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incompetencia y que deben mantenerse los fallos tutelados porque
guardan y cumplen la decisión de la CIDH, puesto que su inobservancia
puede acarrear dificultades en el ámbito del litigio internacional.
4.5.2 Del caso concreto
Verificadas las posiciones jurídicas en oposición, se tiene que en este
asunto procede CONFIRMAR la decisión impugnada que encontró que
la interpretación sobre la incompetencia de la PGN desatiende el
mandato constitucional que le atribuye la función disciplinaria a dicha
entidad, la que cobija incluso a funcionarios de elección popular.
En efecto, según las normas constitucionales le corresponde al
Procurador General de la Nación, entre otras funciones, la de vigilar
la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. De allí
que le esté asignada la titularidad de la potestad disciplinaria,
así:
“[…] ARTÍCULO 2. TITULARIDAD DE LA POTESTAD
DISCIPLINARIA, FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA
ACCIÓN. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.
Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones
para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección
popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e
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imponer las sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad y las demás establecidas en la ley.
Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación
disciplinaria y producto de las funciones que se le reconocen a
la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser
revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
en los términos establecidos en esta Ley.
Para los servidores públicos de elección popular, la
ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la
autoridad judicial.
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la
Procuraduría General de la Nación y de las personerías
distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control
disciplinario interno y a los funcionarios con potestad
disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado,
conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores
públicos de sus dependencias […]”27
En ese orden, la Procuraduría General Nación en palabras de la Corte
Constitucional “[…] conservó la potestad disciplinaria en los
términos en que le fue atribuida por mandato constitucional, esto
es, como una función originariamente administrativa […], pues
de acuerdo con los artículos 118 y 277.6 de la Constitución Política,
a este organismo autónomo e independiente le compete “[e]jercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer
27
En esta norma en su redacción original se incluía que la PGN cumplía funciones jurisdiccionales;
sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles la expresión “jurisdiccionales” y CONDICIONÓ
el entendimiento de este artículo y señaló que: “[…] la determinación de las sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, corresponderá al juez contencioso
administrativo, conforme lo establece el inciso cuarto de esta misma norma […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-030-23 de 16 de febrero de 2023, Magistrados Ponentes Drs. Juan Carlos Cortés González
y José Fernando Reyes Cuartas.
60
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preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la
ley” 28.
Esta determinación se adoptó en el examen de constitucionalidad que
se ejercitó contra los incisos 2°, 3° y 7° del artículo 1º de la Ley 2094
de 2021, a los que la Corte Constitucional consideró necesario
integrar por unidad normativa, el estudio completo de los artículos
1º , 13, 16, 17, 54, 73 y 74, a fin de examinar la constitucionalidad
de la función jurisdiccional que estas normas le otorgaron a la PGN.
Ahora bien, es del caso aclarar que la expedición de la Ley 2094 de
2021, que modificó la Ley 1952 de 2019, obedeció, entre otras
razones, a la necesidad de considerar el nuevo contexto
normativo, sustentado en la adopción y ajuste del modelo
disciplinario en orden a los precedentes nacionales e
interamericanos29 sobre el alcance de la protección al derecho político
28
Sentencia C-030-23 de 16 de febrero de 2023.
29
En este sentido la corte precisó en relación con el fallo de la Corte Interamericana y las órdenes
emitidas precisó lo siguiente: “[…] 272. Con base en lo expuesto, la Corte encuentra que la Sentencia
C-146 de 2021 ajustó la jurisprudencia sobre la interpretación constitucional del artículo 23.2
de la CADH, en el sentido de que las “autoridades administrativas” no pueden imponer
sanciones que restrinjan temporal o definitivamente los derechos políticos de los servidores
públicos de elección popular, en ejercicio de sus funciones. Dichas sanciones solo pueden ser
impuestas de manera definitiva por jueces, con independencia de su especialidad. 273. La Sala insiste
en que el artículo 23.2 de la CADH debe ser interpretado de manera armónica y sistemática
con la Constitución y con la CADH. Lo anterior significa que la prohibición antes indicada no
es absoluta, pues tiene sus límites en otras normas constitucionales que directamente
asignan a autoridades administrativas la competencia para retirar del cargo a servidores
públicos de elección popular. Por ejemplo, el artículo 304 de la Constitución le atribuye al presidente
de la República competencia para destituir a los gobernadores, “en los casos taxativamente señalados
61
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a elegir y ser elegido. Al respecto, la Corte Constitucional, destacó lo
siguiente:
“[…] 88. En dicha providencia30, luego de describir los cuerpos
legales que cambiaron el alcance y el contenido de la norma
jurídica que le daba competencia a la PGN para investigar y
sancionar a servidores electos por votación popular, la
Sala encontró que las Leyes 2080 y 2094 de 2021 no
subrogaron ni derogaron los textos legales de los cuales surgió
la línea jurisprudencial ya referida. Sin embargo, la norma
jurídica sí fue reemplazada por otros contenidos
normativos previstos en las leyes mencionadas. Así, en
palabras de la Corte “la norma objeto de control constitucional
(los artículos 38, 44, 45 y 46 (parciales) de la Ley 734 de 2002,
Código Disciplinario Único, y de los artículos 42, 48 y 49
(parciales) de la Ley 1952 de 2019, Código General
Disciplinario) tuvo una modificación directa, sustancial y
estructural, por lo que su alcance deóntico es diferente”.
89. Como principal modificación se identifica que la
anterior legislación establecía un procedimiento
administrativo en virtud del cual se podrían imponer
sanciones a los servidores de elección popular por
autoridades administrativas. Actualmente, la nueva
legislación prevé un escenario especial para el trámite de
responsabilidad disciplinaria cuando se trata de
servidores de elección popular. En particular, la reforma
incluyó una nueva regulación de los procesos que adelanta la
PGN. Además, según lo afirmó el Legislador, la nueva
normativa fue expedida en cumplimiento del fallo Petro
Urrego vs Colombia, proferido por la Corte IDH y lo dispuesto
en la Sentencia C-146 de 2021 […]”31.
por la ley”, y del artículo 314 de la carta, el cual dispone que el presidente de la República y los
gobernadores podrán destituir a los alcaldes, también “en los casos taxativamente señalados por la
ley”. El artículo 277 de la Constitución, por su parte, atribuye al procurador la función de vigilar la
conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, adelantar
las investigaciones correspondientes, en imponer las respectivas sanciones conforme a la ley […]”
30
Se trata de la sentencia C-325 de 2021
31
Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023.
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En desarrollo de tales modificaciones que implementó la Ley 2094 de
2021, se estableció un esquema de “jurisdiccionalización plena”
respecto de la función disciplinaria a cargo de la PGN y se consolidó
un control judicial especial, a través del recurso extraordinario de
revisión según lo establecido en los artículos 54 a 60 ibidem.
Bajo este cambio normativo, la Corte Constitucional al examinar la
constitucionalidad de la naturaleza de la decisión disciplinaria
determinó que tal atribución -la jurisdiccional- es violatoria de la
norma superior, porque insistió que las funciones disciplinarias que
ejerce la PGN son de naturaleza administrativa.
Así, cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad a servidores de elección popular le corresponderá al
juez de lo contencioso administrativo y por la limitación de los
derechos políticos que esta clase de sanciones pueda acarrear,
tramitar el recurso extraordinario de revisión como herramienta que
garantiza la intervención judicial después de agotarse el
procedimiento de naturaleza administrativa a cargo de la PGN.
El examen que realizó la Corte Constitucional en la sentencia C-030
de 2023 concluyó con la declaratoria de inexequibilidad de las
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expresiones: “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” contenidas en los
artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021; y “ejecutoriadas”
contenida en el artículo 54, evidenciaron la naturaleza
administrativa de las decisiones sancionatorias de la Procuraduría
General de la Nación.
También se declaró la exequibilidad condicionada de las normas
examinadas, bajo los siguientes entendimientos:
“[…] Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA del artículo 1º de la Ley 2094 de 2021 (que
modificó el art. 2º de la Ley 1952 de 2019), en el entendido
de que la determinación de las sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección
popular, corresponderá al juez contencioso
administrativo, conforme lo establece el inciso cuarto de
esta misma norma.
Tercero. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de
los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, en el
entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce
la PGN son de naturaleza administrativa y no
jurisdiccional.
Cuarto. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del
artículo 54 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que el
recurso extraordinario de revisión operará solamente
cuando se impongan sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad a servidores públicos de
elección popular, por ministerio de la ley, de manera
automática e inmediata. En todo caso el disciplinado podrá
ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes
a su defensa propias del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Las sanciones impuestas a los
funcionarios de elección popular se suspenderán en su
ejecución durante el trámite judicial de revisión, el cual
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finiquitará con una sentencia que determinará de manera
definitiva la sanción aplicable […]”
De ahí que, en los fallos tutelados, debió considerarse por el juez
natural del medio de control de nulidad y restablecimiento este
pronunciamiento en el que se reiteró que la Procuraduría General de
la Nación sí tenía competencia para adelantar los procesos
administrativos que culminaron con las decisiones de destitución,
suspensión e inhabilidad general que demandaron los allí
sancionados en su condición de funcionarios de elección popular bajo
dicho medio de control.
Además, y aunque es oportuno referir que los procesos de carácter
ordinario en los que se dictaron los fallos tutelados, como se indicó
atrás, se iniciaron antes de la expedición de la Ley 2094 de 2021,
esta circunstancia no impedía que el fallador considerara que
producto de este ajuste normativo, la Corte Constitucional reafirmó
la atribución administrativa disciplinaria de la PGN respecto de los
funcionarios de elección popular, hecho que la habilitaba para
superar el examen de competencia por el que se anularon los actos
administrativos sancionatorios.
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Precisamente, la sentencia C-030 de 2023 reiteró la competencia y
naturaleza administrativa de las decisiones de la PGN y la
determinación de que la función disciplinaria atribuida prevalece en
el diseño normativo del Estado, la cual era de obligatoria observancia
porque su expedición fue anterior a los fallos tutelados.
Además, tampoco puede desconocerse que a la sentencia C-030 de
2023 le preceden otros fallos de constitucionalidad, entre los cuales
es importante destacar la sentencia C-146 de 202132, en la cual el
Tribunal Constitucional determinó frente a las limitaciones a los
derechos políticos y el presunto desconocimiento del artículo 23.2 de
la CADH, con ocasión de la sentencia del caso Petro Urrego vs
Colombia, que aun cuando la Convención Americana de Derechos
Humanos hace parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu,
no constituye un parámetro autónomo y autosuficiente de validez de
la normativa nacional. Al respecto, precisó:
“[…] 115. El artículo 23 CADH no debe interpretarse de
forma literal, sino de forma sistemática y armónica, así
como en atención al margen de apreciación estatal. Esto, por
cuanto de la inclusión de la CADH en el bloque de
constitucionalidad stricto sensu no “se sigue que ella prevalezca
sobre la Constitución, como si fuese una norma
supraconstitucional”[142]. En efecto, la Corte ha reiterado
que, “para interpretar el artículo 23 de la CADH no es
suficiente limitarse a su texto”[143]. En su lugar, de forma
32
Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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reiterada y consistente, ha interpretado el contenido y alcance
del artículo 23 de la CADH, “como corresponde a partir del
bloque de constitucionalidad” [144], es decir “de manera
armónica [con la Constitución] y sistemática”[145]; así como en
atención “al margen de apreciación de los Estados Parte”[146].
116. Interpretación armónica. La Corte ha sostenido que “la
aplicación del bloque de constitucionalidad debe
armonizarse [con] la Constitución, a partir de una
interpretación coherente, sistemática y teleológica, con
el propósito de lograr conciliar las reglas de uno y otro
estatuto”[147]. En este sentido, ha sostenido que la
aplicación de la CADH “debe tener en cuenta la
arquitectura institucional de cada Estado, esto es, del
contexto en el que se inserta, como lo reconoce la
Convención al indicar que corresponde a la ley
reglamentar el ejercicio de los derechos políticos y el
mecanismo de sanción”[148].
117. La exigencia de interpretar las normas que integran el
bloque de constitucionalidad con el texto constitucional es una
consecuencia lógica de la ausencia de normas
supraconstitucionales en el ordenamiento jurídico
colombiano[149]. Como se explicó, las normas del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto tienen el mismo rango de
la Constitución Política, que no superior y, por tanto, unas
y otras deben interpretarse armónicamente[150].
118. En este orden de ideas, es indispensable identificar el
sustento constitucional de la norma acusada de ser contraria a
la CADH, para interpretar dicha disposición constitucional en
conjunto con la norma convencional presuntamente
desconocida. Así, por ejemplo, la Corte sostuvo que “una
lectura armónica del artículo 23 de la CADH con la
Constitución Política permite concluir que no solo el juez
penal tiene la competencia para limitar los derechos
políticos de los servidores públicos de elección popular,
sino que también lo pueden hacer autoridades
administrativas y judiciales, siempre que se respeten las
garantías al debido proceso del artículo 29 de la Constitución y
8 de la CADH”[151].
Entonces, el argumento de los impugnadores frente a que la sanción
disciplinaria en su contra ha de proferirla el juez penal, cuando se
67
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trate de sanciones de destitución e inhabilidad a servidores públicos
de elección popular, no es acertado por cuanto la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] 108. Segundo periodo33: la consolidación de una lectura
constitucional de la competencia en el marco del bloque de
constitucionalidad.
109. Antes de analizar las principales providencias emitidas en
esta fase, es importante advertir que en varias de ellas se
discutió el impacto que tuvo la sentencia emitida por la
CorteIDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela[110], en
la comprensión de la causal de restricción a los derechos
políticos prevista en el artículo 23.2 de la CADH y fundada
en la condena por juez penal.
[…]
119. En conclusión, en este periodo de consolidación de la
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional,
se (i) reiteró la necesidad de interpretar el alcance del
artículo 23 de la CADH en clave de armonización y a partir
de un criterio sistemático, que atendiera a la configuración
constitucional particular del Estado colombiano respecto de las
posibilidades de restricción de derechos políticos y de la posición
institucional de la Procuraduría General de la Nación; (ii) la
existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la
sujeción al ordenamiento superior del artículo 44.1 de la
Ley 734 de 2002, y (iii) la imposibilidad de que la sentencia
López Mendoza vs. Venezuela modificara el parámetro de
constitucionalidad para el estudio de esta competencia,
predicable de la Procuraduría General de la Nación,
además, a partir de lo establecido en los artículos 277 y
278 de la Constitución Política […]”.
33
En esta sentencia de unificación la Corte Constitucional aludió a la identificación de tres períodos que
convergen frente al examen de las competencias de la PGN de cara a la CADH “[…] el primero,
comprendido desde 1991 hasta antes de la expedición de la providencia de la CorteIDH en el caso de
López Mendoza vs. Venezuela; el segundo, delimitado por la expedición de dicha providencia y hasta
antes de la sentencia de la CorteIDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia; y, el tercero, que va desde
esta última sentencia hasta ahora”. Tales períodos pueden consultarse en la SU381 de 2024. Párrafos
101 a 143. Sentencia de 11 de septiembre de 2024. M.P. Diana Fajardo Rivera.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/su381-24.htm
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De esta manera, queda evidenciado que en el examen de los fallos
judiciales aquí tutelados se desconoció la función administrativa que
sustenta la actividad sancionatoria a cargo de la PGN, lo cual derivó
en el desconocimiento del ordenamiento jurídico y los fallos de
constitucionalidad que le dieron entendimiento a los cambios
normativos que surgieron de la integración del fallo de la CIDH.
De lo precedente, la Sala concluye que la doctrina constitucional
preexistente y la sentencia C-030 de 202 del Tribunal Constitucional,
constituyen parámetro de entendimiento obligatorio frente a la
aplicación del bloque de constitucionalidad y de interpretación
armónica, tanto de la Constitución Política como de las normas
convencionales, edificada en la prevalencia de los principios
constitucionales que rigen el estado social de derecho previsto en la
Constitución de 1991, el que no podían desconocerse por el juez
ordinario del medio de control de nulidad y restablecimiento, so pena
de incurrir en la violación endilgada.
Ahora bien, no sobra destacar, tal como lo refirió el a quo, que el
Auto de Unificación de 3 de diciembre de 202434, que fijó las reglas
para adelantar los recursos extraordinarios de revisión contra las
34
Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa. Auto de 3 de diciembre de 2024. Expediente 11001-03-
15-000-2023-00841-01, C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.
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decisiones controlables emitidas contra los funcionarios de elección
popular, reafirmó el tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta del fallo C-030 de 2023, que obligaban, por este hecho, a
no desacatar el examen de compatibilidad con la Carta, las
disposiciones de la CADH y los fallos de la Corte IDH respecto de las
funciones administrativas disciplinarias de la PGN35.
Así las cosas, se concluye que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en los
defectos alegados y vulneró el derecho fundamental al debido
proceso al apartarse de la jurisprudencia reiterada y uniforme de la
Corte Constitucional en lo que refiere a la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para sancionar con destitución e
inhabilidad a servidores públicos de elección popular.
Finalmente, debe señalarse que la orden36 de proferir las sentencias
de reemplazo implica que, superado el examen de competencia de la
PGN, el juez natural debe ocuparse de la decisión de los cargos y
apelaciones formuladas, según sea el caso, pues ninguna otra
orientación puede dársele al juez ordinario al dictar la sentencia que
35
En este punto es oportuno aclarar que para el momento en que se profirieron los fallos cuestionados,
esta decisión de unificación no había sido aprobada por el pleno de la Corporación. No obstante, los
efectos de los fallos de constitucionalidad son de obligatorio cumplimiento, lo que permite establecer
que este argumento es relevante.
36
La sentencia de primera instancia dispuso: “[…] CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días contados a partir de la notificación
de esta providencia, profieran las sentencias de remplazo, según su competencia, en los
procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido […]”
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corresponda en los 43 procesos objeto de esta solicitud. Esta
precisión para responder a las impugnaciones que pidieron que se
ordenara el estudio de las casuales invocadas en el proceso ordinario,
pues, como lo dejó establecido el a quo, corresponderá para cada
asunto estudiar los cargos distintivos de cada proceso, sin ninguna
orientación por parte del juez de tutela diferente a la aquí examinada.
Por todo lo expuesto, se CONFIRMARÁ la sentencia impugnada y
así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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