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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00905-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00905-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (y acumulados). SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila. TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2015-00905-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00905-01 (2204-2022)
Demandante: Luis Felipe Conde Lasso
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Disciplinario – análisis del elemento de culpabilidad –
confirma decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo de 23 de mayo de 2024, procede a proferir la providencia de
reemplazo en el proceso de la referencia.

En consecuencia, se decide el recurso de apelación interpuesto por el agente del
ministerio público contra la providencia del 28 de septiembre de 2021, dictada por
el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Luis Felipe Conde Lasso interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la entidad accionada, con el objeto de
que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias sancionatorias del 31
de marzo de 2013 y 27 de febrero de 2015, emitidas por la Procuraduría
Provincial de Neiva (Huila) y la Procuraduría Regional del Tolima,
respectivamente, a través de las cuales se le impuso la sanción de suspensión
del cargo por el término de dos (2) meses, ya que en su condición de alcalde
municipal de Aipe (Huila), vulneró los numerales 1 de los artículos 34 y 35 de la
Ley 734 de 2002, por lo que se consideró que incurrió en la falta prevista en el
numeral 30 del artículo 48 ibidem, con culpa grave.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó la indemnización de los
«perjuicios» materiales y morales que le han causado las decisiones
disciplinarias.

3. Argumentó que i) su conducta es atípica porque, para el momento de los
hechos, los artículos 87 del Decreto 1333 de 1986 y 19 de la Ley 53 de 1990

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00905-01 (2204-2022)
Demandante: Luis Felipe Conde Lasso

habían sido derogados, y el inciso 3.° del artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 no
incluyó a los parientes de los concejales entre los sujetos que no podían contratar
con el respectivo municipio, quienes en todo caso, no son los contratistas sino la
empresa Aipe Express Ltda.; y ii) la culpabilidad se calificó de manera
equivocada, toda vez que la contratista manifestó que no estaba incursa en
causal de inhabilidad o incompatibilidad, y de los documentos que aportó en el
proceso contractual no se podía establecer lo contrario ni que algunos de sus
socios fueran familiares de concejales en ejercicio; además, no es posible
justificar este elemento de la responsabilidad sobre la base de que la mayoría de
los pobladores del municipio se conocen.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones del actor porque las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar tienen el propósito de
salvaguardar el interés general y asegurar la imparcialidad, eficacia, eficiencia,
moralidad y transparencia, y, en este caso, el demandante, en su condición de
alcalde municipal no podía contratar con personas que tuvieran hasta segundo
grado de consanguinidad con concejales, conforme al parágrafo 3 del artículo 1
de la Ley 1148 de 2007 y el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, norma que no ha
perdido vigencia. Así las cosas, el accionante actuó con culpa grave al momento
de evaluar el proceso contractual, adjudicar y suscribir el contrato de transporte
escolar 520 de 2008 con la empresa Aipe Express Ltda., de la cual dos (2) socios
capitalistas eran padres de concejales de Aipe, municipio donde la mayoría de
sus pobladores se conocen.

Sentencia apelada

5. El Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de las decisiones
disciplinarias enjuiciadas mediante la sentencia del 28 de septiembre de 2021,
porque, si bien el demandante violó el régimen de inhabilidades al contratar con
parientes de concejales en primer grado de consanguinidad, con lo cual
transgredió la prohibición prevista en el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 vigente
para la época de los hechos, lo cierto es que en la actuación disciplinaria no se
acreditó la culpa, dado que el certificado de existencia y representación legal de
la contratista solo mostraba la condición de socios de aquellos, mas no su
parentesco con los citados servidores públicos.

6. En esas condiciones, la presunción de buena fe y la manifestación que
hizo la contratista en el sentido de que no estaba inhabilitada le permitían al actor
entender que esta última podía postularse y contratar. A ello agregó que a pesar
de que en las poblaciones pequeñas sus pobladores tienden a conocerse, esa
circunstancia no constituye una presunción ni demuestra que el accionante
conocía el parentesco entre algunos socios de Aipe Express Ltda., y ciertos
concejales.

7. Por otro lado, el Tribunal negó la pretensión encaminada a lograr la
indemnización de «perjuicios» porque no se demostró su causación.

Recurso de apelación

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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Luis Felipe Conde Lasso

8. Inconforme con la decisión, la agente del Ministerio Público interpuso
recurso de apelación1, exclusivamente para reprochar el análisis sobre la
culpabilidad, porque i) al demandante se le imputó culpa grave en tanto no fue
diligente y cuidadoso en adelantar actuaciones que le permitieran advertir la
existencia de ese vínculo familiar y, por ende, la configuración de la inhabilidad;
ii) existe similitud en los nombres del concejal Luis Ernesto Tovar y de su padre,
Ernesto Tovar (socio de la contratista), por lo cual, sabiendo por experiencia que
un alcalde conoce los nombres de quienes integran el concejo municipal, el actor
pudo adelantar actuaciones para verificar la consanguinidad, como solicitar
registros civiles; iii) el demandante no tenía justificación para incumplir el deber
de saber si estaba contratando con personas inhabilitadas; y iv) aunque se
presume la buena fe en las actuaciones que adelanten los ciudadanos ante la
Administración, esto no les impide a los servidores públicos verificar las
situaciones que generen duda.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

9. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto por el agente del ministerio público.

Problema jurídico

10. El problema jurídico se contrae a establecer si la culpabilidad, como
elemento de la responsabilidad disciplinaria, estuvo bien abordada en las
decisiones sancionatorias.

Aclaración previa

11. La presente providencia se profiere en cumplimiento de la sentencia de
tutela del 24 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que la Procuraduría General de la Nación era
competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general para el
momento en que se expidieron los actos objeto de control, con fundamento en
los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C
– 028 de 2006, SU 712 de 2013, C – 086 de 2019, C – 111 de 2019, C – 030 de
2023, SU 381 de 2024 y SU 382 de 2024.

12. En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
objeto de control con base en la falta de competencia de la Procuraduría General
de la Nación.

Caso concreto

1 Manifestó que actuaba en defensa del orden jurídico, por lo cual invocó los artículos 277 de la

Constitución Política y 303 de la Ley 1437 de 2011, y citó la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente 2007-00005-01 (36853).

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00905-01 (2204-2022)
Demandante: Luis Felipe Conde Lasso

13. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en los asuntos
disciplinarios está proscrita la responsabilidad objetiva, y las faltas solo son
sancionables a título de dolo o culpa, norma de la cual se desprende el elemento
de culpabilidad, el cual, según la jurisprudencia de esta corporación,2 hace
referencia a que la responsabilidad disciplinaria debe fundarse en el aspecto
subjetivo de la conducta, es decir, su realización deseada y consciente (dolo) o
culposa, atendiendo la intencionalidad del sujeto disciplinado o la exigibilidad del
comportamiento omitido. En esa línea, el parágrafo del artículo 44 ibidem
establece que la culpa es grave cuando la falta se comete por no observar el
cuidado con que las personas del común adelantan sus actuaciones.

14. Por otro lado, de los artículos 9, 128, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002 se
extraen las siguientes pautas, aplicables a los asuntos disciplinarios: i) la duda
razonable favorece al disciplinado; ii) la carga de la prueba recae en el Estado;
iii) los fallos deben fundarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas
al proceso, las cuales tienen que valorarse de manera conjunta, siguiendo las
reglas de la sana crítica; y iv) las decisiones sancionatorios deben construirse
sobre pruebas que permitan establecer la certeza acerca de la existencia de la
falta y la responsabilidad del disciplinado.

15. En el presente asunto, las autoridades disciplinarias de primera y
segunda instancia determinaron que el demandante actuó con culpa grave
porque no fue cuidadoso y diligente en el proceso que llevó a la suscripción del
contrato de transporte escolar 520 del 7 de julio de 2008 con la empresa Aipe
Express, ya que, de haberlo sido, habría observado en el certificado de existencia
y representación que los señores Ramiro Moreno Villarreal y Ernesto Tovar eran
socios capitalistas de la contratista; y, como en la comunidad de Aipe (Huila) la
mayoría de las personas se conocen, tenía que haberse percatado del
parentesco (padres) de dichas personas con los concejales Wilmer Moreno
Gutiérrez y Luis Ernesto Tovar González.

16. Para la Sala, la valoración probatoria que realizó la entidad demandada
y su conclusión, en punto de la culpabilidad, carece de fortaleza persuasiva, pues
la mera suposición de que los habitantes de la comunidad de Aipe suelen
conocerse entre ellos no es razón suficiente para exigir del actor un determinado
comportamiento encaminado a la verificación del parentesco con algunos
concejales en ejercicio. Tal argumentación, esbozada en los actos
administrativos acusados, realmente demuestra que la culpabilidad y, por ende,
la responsabilidad disciplinaria del actor, no se dedujeron a partir de las pruebas
recaudadas en el proceso ni de su análisis racional conforme a las reglas de la
sana crítica, sino de una suposición que carece de sustento normativo y respaldo
probatorio.

17. La Sala comparte la apreciación del Tribunal Administrativo del Huila en
el sentido de que el demandante podía detectar que los señores Ramiro Moreno
Villarreal y Ernesto Tovar eran socios capitalistas de la empresa contratista, a
partir de la revisión del certificado de existencia y representación que se aportó
en el proceso contractual, pero de ese documento no podía, per se, sospechar ni

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13 de mayo

de 2021, expediente 5745-2019, magistrada ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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establecer el parentesco con algunos concejales en ejercicio. Le correspondía a
la autoridad disciplinaria, conforme con la carga de la prueba, demostrar que el
actor sí tenía forma de conocer el vínculo de consanguinidad entre unos y otros,
con base en un ejercicio probatorio serio y suficiente, lo cual no ocurrió, razón por
la cual no puede predicarse la culpa grave del actor, pues no es claro cuál
comportamiento le era exigible y no adelantó por falta de diligencia y cuidado, ya
que no se demostró que este sabía del parentesco que daba lugar a la inhabilidad
de la empresa contratista o cuáles eran los motivos fundados que le permitían
sospechar su existencia.

18. En el recurso de apelación, el agente del ministerio público adujo que el
Tribunal no podía requerir la demostración de que el actor conocía del parentesco
entre algunos socios de la empresa contratista y ciertos concejales, porque
entonces se estaría en el escenario del dolo; sin embargo, tratándose de la culpa
grave, no era razonable exigirle al demandante un determinado cuidado si no
tenía elementos (pues no se probó) que lo incitaran a imaginar o visualizar la
situación que daba lugar a la inhabilidad (el parentesco), pues la sola información
consignada en el certificado de existencia y representación no resultaba
suficiente para generarle una duda o inquietud que hiciera necesario adoptar
medidas de esclarecimiento. Dar por sentado que el actor no fue cuidadoso, sin
un soporte persuasivo más allá de la mera afirmación, solo demuestra el
incumplimiento de la carga probatoria en cabeza del Estado.

19. La invocación de las reglas de la experiencia para destacar las dinámicas
que surgen de las relaciones sociales en las pequeñas poblaciones no resulta
irrazonable por sí misma; no obstante, su alusión sin un respaldo probatorio
deviene injustificada para establecer la culpabilidad en este caso, con mayor
razón si se trata del único supuesto en torno al cual la entidad demandada
desarrolló el análisis de dicho elemento (culpabilidad).

20. No cabe duda de que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
en el proceso contractual persigue la transparencia y moralidad de este, pero su
transgresión no puede alegarse de cualquier manera en la actuación disciplinaria,
sino respetando las reglas de juego definidas por el legislador, entre ellas la carga
de la prueba, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y contradicción,
y la garantía de que los fallos sancionatorios se funden en pruebas que
demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del sujeto
disciplinado.

21. Así las cosas, comoquiera que los reparos planteados en el recurso de
apelación no están llamados a prosperar, la Sala confirmará la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo del Huila.

Condena en costas

22. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

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23. En este caso, el recurso de apelación no fue interpuesto por las partes
demandante o demandada, sino por el agente del ministerio público, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, y no se observan elementos que
permitan considerar que la demanda se presentó con manifiesta carencia de
fundamento legal; de hecho, las pretensiones del actor prosperaron parcialmente,
razones que llevan a no imponer condena en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de
2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-04153-00 (y acumulados).

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia del 28 de septiembre de 2021, dictada
por el Tribunal Administrativo del Huila.

TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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