Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01351-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 25000-23-42-000-2013-01351-01 (6457-2018)
Demandante : Jair Antonio Vargas Camargo
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Disciplinario – Irregularidades en el procedimiento
disciplinario y desconocimiento de principios
constitucionales y convencionales.
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de la
Sección Tercera, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata, el veinticuatro (24)
de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado:
11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00,
11001-03-15-000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00 y en el que se
indicó lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales
Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique
Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el
radicado No. 11001-03-15-000-2024-04285-00, específicamente, frente a las
Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-23-33-000-
2015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no cumplir con el requisito de
inmediatez.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría
General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1)
3 de mayo de 2024, Rad. 85001-23-33-000-2013-00249- 02; (2) 9 de mayo de 2024,
Rad. 25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-000-
2014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26
de junio de 2024, Rad. 08001-23- 33-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad.
73001-23-33-000-2019- 00042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-
2020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24
de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio de 2024,
Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001-23-33-
000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2014- 00563-01;
(13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo de
2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-23-
3-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00604-
01; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001-23-33- 000-2015-00905-01; (18) 5 de junio
de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016- 00173-00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2017-
05284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de
febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024,
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Rad. 20001- 23-33-003-2017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-
25-000- 2010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001-23-33-000-2014-00058-
01; (26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de
2024, Rad. 52001-23-33-000-2015-00285-01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 44001-
23-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024, 73001- 23-33-000-2019-00344-
01; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001-23-33-000- 2019-00289-01; (31) 9 de mayo
de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-01351- 01; (32) 25 de julio de 2024, Rad. 52001-
23-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-
00530-01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25
de julio de 2024, Rad. 41001-23- 33-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024,
Rad. 27001-23-33-000- 2018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33-
000-2018-00136- 01; (38) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-000-2018-90017-
01; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre
de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024, Rad.
54001-23-33-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001- 23-33-000-
2019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001-23-33-000- 2019-00229-01,
proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por las razones indicadas en esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, dentro de los 30 días contados a partir de la notificación de esta
providencia, profieran las sentencias de remplazo, según su competencia, en los
procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido.
Por consiguiente, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 8 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que accedió a
las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Jair Antonio Vargas en
contra de la Procuraduría General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
El señor Jair Antonio Vargas Camargo, actuando en su propio nombre, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones.
Declarar la nulidad de los fallos disciplinarios de 18 de octubre de 2011 proferido
por la Procuraduría Provincial de Fusagasugá y de 31 de mayo de 2012 por la
Procuraduría Regional de Cundinamarca, por medio de los cuales fue sancionado
con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: Dejar sin efectos las decisiones
sancionatorias y se oficie a la procuraduría para que haga las anotaciones
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
correspondientes”.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El demandante fue elegido alcalde de Pandi, Cundinamarca, para el período atípico
del 28 de octubre de 2005 al 31 de diciembre de 2007.
Durante su mandato, el 15 de mayo de 2007, suscribió el convenio
interadministrativo 0305 de 2007 con el INVIAS para el mejoramiento de vías, por
un valor inicial de $155.000.000 y el ente territorial aportó el valor de $ 5.000.000.
El convenio fue modificado el 6 de noviembre de 2007, ampliando el plazo hasta el
31 de diciembre de 2007, y adicionado el 20 de diciembre de 2007 en $30.000.000
para obras en el sector Trapiche Buenavista.
Por la ejecución del convenio la señora Nelly María Cajamarca Ballesteros,
coordinadora del comité de obras de la junta de acción comunal La Loma del
municipio de Pandi, presentó queja en la procuraduría el 11 de marzo de 2008, por
la no ejecución total de la partida asignada por valor de $ 40.000.000 destinados
para la vía La Palma Vereda - La Loma de esa jurisdicción.
La Personería municipal de Pandi, en auto de 13 de marzo de 2008, inició
investigación preliminar por los hechos denunciados, la quejosa amplió su denuncia
y solicito que se investigara al ingeniero de planeación Raúl Rojas y finalmente,
pidió remitir la queja a la Procuraduría Provincial de Fusagasugá porque
responsabilizó de los hechos al alcalde municipal de Pandi.
La Procuraduría Provincial de Fusagasugá, avocó conocimiento e inició indagación
preliminar vinculando al actor en calidad de alcalde municipal de Pandi y el 11 de
noviembre de 2008, dio apertura de investigación, por las supuestas «irregularidades
en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 305 de 2007 suscrito entre INVIAS y la alcaldía
de Pandi, ya que los trabajos contratados para la Vereda la Loma no se hicieron a cabalidad ni se
ejecutaron en su totalidad los recursos destinados a tal localidad» y el ente de control
disciplinario en las consideraciones determinó: «Revisado las piezas procesales
antecedentes se observa que se encuentra comprometida la responsabilidad del señor JAIR
ANTONIO VARGAS CAMACHO». Por ello, considera un prejuzgamiento desde la etapa
preliminar.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Considera que la autoridad disciplinaria lo estaba condenando en esa etapa
procesal y no respeto el principio de presunción de inocencia, siendo esto violatorio
del debido proceso, el derecho de defensa y a un juicio justo e imparcial, por cuanto,
el investigador precisó que « […] de acuerdo a las pruebas, teniendo conocimiento de que no
hubo una adecuada ejecución del convenio antedicho y que hubo una contratación sin cumplimiento
de los requisitos […]»Por ello, considera un prejuzgamiento desde la etapa preliminar,
además, ordenó la práctica de pruebas de cada uno de los documentos constitutivos
de la contratación a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales
de la Procuraduría.
Mediante proveído de 3 de noviembre de 2009, la Procuraduría Provincial de
Fusagasugá, estudio tres líneas de investigación respecto del convenio
interadministrativo, mediante el cual, primero archivo la investigación por no
encontrar irregularidades en la ejecución del convenio y segundo respecto los
hechos expuestos por la quejosa, sin embargo, en el tercer punto profiere pliego de
cargos en contra del actor por la posible existencia de división artificial del contrato
de suministro 102-2007 y 103-2007 suscritos con G & R Tractor Diesel E.U/ Gloria
Roció Zambrano Rojas, por posible infracción del numeral 31 artículo 48 de la Ley
734 de 2002 « Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y
la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley »
Aunque los argumentos del fallo de primera instancia no fueron señalados en los
hechos de la demanda y menos en el recurso de apelación, para mayor compresión
se tomará la transcripción de los antecedentes administrativos.
El 10 de octubre de 2011, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, profirió el fallo
de primera instancia en contra del actor declarándolo responsable con sanción de
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por estar « […]
demostrado que en forma injustificada, se celebraron dos contratos con el objeto de adquirir
suministros para la maquinaria pesada del municipio, con desconocimiento de los principios de
transparencia y selección objetiva en razón a que los dos tienden a ejecutar el mismo convenio,
fueron celebrados en el mismo ciclo de tiempo, con el mismo contratista, el mismo día y con base
en la misma imputación presupuestal, razón por la cual el proceso de selección del contratista no
podía llevarse a cabo a través del procedimiento de mínima cuantía»
Inconforme con la decisión el actor presentó recurso de alzada en el cual invocó
que el fallo no cumplió con los requisitos sustanciales del artículo 142 del CDU, pues
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
en su criterio estimó que la autoridad disciplinaria se limitó a señalar una posible
división artificial sin estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
celebración de las dos órdenes de suministro y que no se presentó dicho
fraccionamiento de contratos porque eran dos objetos diferentes.
La Procuraduría Regional de Cundinamarca, el 12 de mayo de 2012, desata el
recurso de alzada, en el cual confirma el fallo disciplinario de primera instancia que
sanciona al actor con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10)
años
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículo 29; Ley 734 de 2002 artículos 11; 142; 150; 152; 156;
161 y 162.
Como concepto de violación, el actor señaló que, «las actuaciones de la Procuraduría
General de la Nación presentan violación al debido proceso»
Expone que, las actuaciones adelantadas por el Procurador Provincial de
Fusagasugá, le vulneraron el debido proceso, por cuanto, el inicio de la
investigación fue por la queja presentada por la señora Nelly María Cajamarca
Ballesteros y practicadas las pruebas y evaluadas las mismas se procedió al archivo
de los hechos que dieron lugar al « diligenciamiento preliminar y su posterior apertura de
investigación disciplinaria, incluyendo dentro de ellos las supuestas irregularidades en la ejecución
del convenio 305 de 2007 y la presunta indebida contratación sin cumplimiento de los requisitos
legales entre este último el estudio que se efectuó a todas las órdenes de prestación de servicios
(OPS) y ordenes de suministro»
Asegura que, la autoridad disciplinaria ordenó el archivo de las conductas objeto de
la queja con el estudio dogmático y determinó que, no se presenta el tipo
disciplinario ni la afectación al deber funcional, «sin embargo, bajo lo que denominó
NUMERAL TRES del pliego de cargos decide oficiosamente formular un juicio de reproche en mi
contra, por hechos surgidos al parecer en la práctica de las pruebas realizadas en la etapa de
investigación; si bien la Procuraduría Provincial estaba en la obligación de informar los hechos e
irregulares que pudiesen ser considerados como falta disciplinaria y que en razón de su cargo
hubiese conocido, por ser de sus deberes constitucionales y legales debió compulsar copias para
dar inicio a una nueva investigación con la indicación precisa de los hechos de la misma y la clara
indicación de los soportes documentales en que se pudiera basarse la decisión para que con este
fundamento se procediera a dar inicio a la nueva investigación (sic)».
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Destaca que, la Procuraduría al archivar los hechos de la investigación de la queja,
debió precisar los motivos por los cuales decidía continuar en la misma cuerda
procesal , por cuanto, estos no fueron objeto de la denuncia y no eran relevantes
para el proceso disciplinario al haberse pronunciado sobre los mismos cuando se
adelantaba la investigación «de tal forma cabe resaltar que tal como se realizó la actuación y
al formular cargos dentro de la investigación disciplinaria no existe claridad respecto de a los hechos
que dieron lugar a ella, presentando confusión sobre los hechos objeto de archivo, los que
presuntamente se confunden con los que fueron objeto de reproche circunstancia que a la vez
genera violación al debido proceso que me asiste por que (sic) no hubo claridad respecto a las
conductas que se me investigó, lo que es fundamental que se determine en el auto que ordene la
apertura de investigación disciplinaria en aras de garantizar el derecho de defensa que me asistía»
Enfatiza que, al revisar el fallo disciplinario hacen referencia a la queja presentada
por la señora Nelly María Cajamarca Ballesteros, sin embargo con la decisión de 3
de noviembre de 2009 estos hechos fueron objeto de archivo , «[…] situación que
demuestra plenamente que los hechos objeto de de cargos y posterior sanción fueron objeto de
archivo y no se encuentran vigentes, lo que en consecuencia daría lugar a la vulneración al principio
de ejecutoridad (sic) contemplado en el artículo 11 de la ley 734 de 2002».
«Los hechos por los cuales se me formuló cargos y sancionó en nada tiene
que ver con los hechos por los cuales se investigó».
Afirma que, las pruebas practicadas en la etapa de investigación no eran pertinentes
y conducentes «a la suscripción de la ordenes de suministro No. 102-2007 y No. 103 de 2007,
ellos fueron determinados por el ente investigador en aras de verificar la correcta ejecución del
convenio 305 de 2007 suscrito entre el INVIAS y la Alcaldía Municipal para el mejoramiento de la
malla vial dentro de la jurisdicción del Municipio de Pandi y en concreto por que (sic) no se había
dado cumplimiento al mejoramiento del tramo descrito como RIO NEGRO – LA LOMA, denunciado
por la quejosa […] tan así fue que la misma Procuraduría Provincial ordeno el apoyo a la división
especial de la procuraduría general de la nación para la realización de un estudio técnico en aras de
verificar el cumplimiento del convenio, los testimonios, registros fotográficos y visitas a la zona fueron
encaminadas a la verificación de dicho fin, pero nunca se enunción (sic) la deficiencia que existiera
en la suscripción de las órdenes de suministro No. 102 y 103 de 2007, ni mucho menos a los hechos
que rodearon su origen, la necesidad o cumplimiento».
Asegura que, el fallo de primera instancia hace mención en el acápite de hechos y
consideraciones del despacho como hallazgo que originó la formulación de cargos,
«así mismo al leerse el acápite de pruebas vuelve y toma como tales las que ya habían sido
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
estudiadas y analizadas bajo el criterio de la sana crítica y que dieron origen al archivo de la
investigación dentro del pliego de cargos en lo que denomino NUMERAL UNO Y DOS»
Finalmente, la Procuraduría Provincial a la apertura la investigación « toman dos
hechos como objeto de la investigación, los cuales resuelve su archivo, pero decide esta última
adicionar un hecho nuevo al momento de resolver y formular cargos, por ello, sin siquiera dar la
oportunidad procesal de realizar una investigación, sino tan solo infiriéndolo como consecuente de
los inicialmente inv3estigados que ya habían sido archivados, lo que a la postre genero una flagrante
violación al derecho defensa y al debido proceso, pues cada uno del extensísimo material probatoria
fue recaudado bajo un objeto y utilizado bajo otro »
2. Contestación de la demanda.
Concedido el término del traslado de la demanda a la Procuraduría General de la
Nación de conformidad con lo ordenado por auto del 1 de octubre de 20141,
mediante notificación por correo realizada el 9 de abril de 20152, se opuso a las
pretensiones de la demanda3, con los siguientes argumentos:
Señala que, lo manifestado por el demandante se sale de la lógica, pues existe una
conducta realizada por el señor Vargas Camargo, lo que significó que se le indilgara
en un cargo que se soportó en las pruebas de la existencia de unos hechos que
rayaron con el marco normativo existente para la contratación estatal, por lo que
creer que la Procuraduría solo debía investigar parte de la ejecución del contrato
conforme a la queja, es una equivocación, asegurando que el numeral 3 de la
decisión que formuló el pliego de cargos no tiene nada que ver con el archivo de la
investigación.
Que del estudio integral de los fallos disciplinarios se concluye que no existe
ninguna duda razonable a favor del disciplinado, por el contrario, del material
probatorio obrante en el proceso se determina que el sancionado obró por fuera del
marco Constitucional y legal en la correcta ejecución del convenio.
3. La sentencia de primera instancia4.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2018, accedió a las pretensiones y
1
Folio 125 del expediente físico.
2
Folio 130 del expediente físico.
3
Folios 134 a 148 del expediente físico.
4
Folios 234 a 250 del expediente físico.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
ordenó a la Procuraduría General de la Nación cancelar las anotaciones que realizó
y dejar las constancias pertinentes, sin condena en costas, por considerar:
Que realizado el estudio del marco normativo interno de la legislación colombiana y
la Convención Interamericana en el artículo 23.2, además, de la interpretación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Leopoldo López contra
Venezuela, el cual determinó las causas que permiten restringir los derechos
políticos es por la condena impuesta por el juez penal y no por autoridad
administrativa.
Consideró que, se vulneró los derechos de participar en la conformación, ejercicio
y control político, puntualmente a elegir y ser elegido conforme lo dispone el artículo
40 de la Constitución, si bien la sanción fue cuando ya había terminado el periodo,
resultó inhabilitado por diez (10) años, lo que término con su carrera política e
impidió seguir participando en el ejercicio político, para ello, menciona el caso de
Gustavo Petro y el control de convencionalidad
Aseguró que, la parte demandante sólo trajo el argumento de nulidad del acto por
la supuesta irregularidad de haberse iniciado la investigación por un tema y luego
seguirse por otro, pero atendiendo que se está en presencia de una violación al
debido proceso, así como a los derechos políticos del demandante, anuló los actos
administrativos que decretaron la destitución al existir incompatibilidad entre una
norma y la Constitución Política.
El 10 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, corrige el numeral 1 de la sentencia, referente al nombre
e identificación completa del demandante.
4. El recurso de apelación5.
La parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar que existió: (i)
desconocimiento de la supremacía de la Constitución; (ii) la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a funcionarios de
elección popular; (iii) interpretación sistemática del artículo 23 de la convención
americana de derechos humanos y la plena competencia de la Procuraduría
5
Folios 421 a 443 del expediente.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias contra servidores
públicos y (iv) la aplicación al caso concreto de la sentencia de fecha 15 de
noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sala Contencioso
Administrativo, dentro del proceso radicado 11001032500020140036000.
Referente al desconocimiento de la supremacía de la Constitución. Señala que, el
Constituyente de 1991, consignó en la Carta Política que la función de la
Procuraduría de la Nación corresponde investigar y sancionar a los funcionarios de
elección popular y que, de acogerse la interpretación del Tribunal, se estaría
desconociendo la función asignada al órgano de control disciplinario las cuales se
profieren en los términos establecidos en la Ley 734 de 2002.
En cuanto a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar
y sancionar a funcionarios de elección popular. Destaca que, la actuación
disciplinaria adelantada en contra del señor Jair Antonio Vargas, en su condición de
alcalde municipal de Pandi, Cundinamarca se llevó de conformidad con las
facultades legales, relacionadas con la investigación de las conductas irregulares
en que puedan incurrir quienes desempeñan funciones públicas, en la medida que
la finalidad de la acción disciplinaria es velar por el cumplimiento y la efectividad de
los fines esenciales del Estado.
Respecto a la interpretación sistemática del artículo 23 de la convención americana
de derechos humanos y la plena competencia de la Procuraduría General de la
Nación para imponer sanciones disciplinarias contra servidores públicos. Precisa
que, la potestad disciplinaria a la luz del bloque de constitucionalidad tiene plena
validez y no vulnera el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, puesto que tiene como base el interés general que refiere el artículo 30
de la convención, en ese marco la Constitución faculta a la Procuraduría General
de la Nación que de manera alguna no se opone a los tratados internacionales.
Por último, hace referencia a la aplicación al caso concreto de la sentencia de fecha
15 de noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sala Contencioso
Administrativo, dentro del proceso radicado 11001032500020140036000. Expone
que, el Consejo de Estado al resolver la solicitud de aclaración presentada por la
Procuraduría, si bien no negó los efectos inter partes de la sentencia, reafirmó que
el órgano de control disciplinario conserva la facultad para destituir e inhabilitar a los
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
funcionarios de elección popular, por lo anterior, considera que los actos
administrativos al momento de su expedición gozan de la facultad constitucional y
legal para sancionar al demandante.
Finalmente, solicita revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, deniegue las
pretensiones de la demanda.
5. Alegatos de conclusión6.
Mediante auto del 9 de octubre de 2019, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la demandada7, y en auto del 24 de noviembre
de 2020, corres traslado para alegar de conclusión en virtud del numeral 4 del
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)8 la parte demandante9 y demandada10 presentaron los
alegatos de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa.
Antes de estudiar el fondo del asunto, estima la Sala que es del caso precisar las
razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.
Debe decirse que mediante sentencia de 9 de mayo de dos mil veinticuatro (2024),
esta Subsección revocó «la sentencia del 26 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Elba
Carvajal Valencia en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, por las razones
esbozadas en la parte motiva de esta providencia y como consecuencia de la decisión anterior,
declarar la nulidad de los fallos disciplinarios del 19 de diciembre de 2019 y 30 de abril de 2020,
proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que destituyeron e inhabilitaron a la señora Elba
Carvajal Valencia por el término de 10 años.»
6
Folio 297 del expediente físico.
7
Folios 260 a 267 del expediente físico.
8
“(…) ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas
en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…)
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los
sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.
(…)”.
9
Índice 15 del expediente digital Samai.
10
Índice 14 del expediente digital Samai.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
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Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efecto el veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-
000-2024-04153-00 (acumulado), 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-
000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00.
El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la Sección
Tercera fue:
«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas
convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de
la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación
no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de
quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la
autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido
en el artículo 23.2 de la CADH26.
57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la
parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la
tesis adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
para los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la
potestad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados
públicos de elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado
al artículo 23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.
58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de
los artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó
que la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para
sancionar a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma
temporal o definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la
Constitución Política y 23 de la CADH, (se trascribe)
…
62. Finalmente, b la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la
exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que
la aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional
(artículos 118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser
interpretada de forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía
respetar el principio de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos.
Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la
intervención del juez de lo contencioso administrativo.
63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de
la Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la
Nación para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección
popular, respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional
que el tema tenía a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas.
…».
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En ese contexto, la Subsección debe acatar la orden dada en el amparo judicial
mencionado.
Sin embargo, debe expresarse que las razones expresadas en el fallo no son de
recibo porque se traducen en un incumplimiento de las obligaciones del CADH, lo
cual puede acarrearle responsabilidad internacional al Estado Colombiano.
Con relación al artículo 23 de la Convención Americana que consagra los derechos
políticos11, los Estados Parte se comprometen a garantizar y proteger conforme a
los demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado,
entre muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar de
derechos, sino también de «oportunidades»; que ello implica la obligación de
garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de
derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos, por cuanto estos
derechos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo
político; que el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos
derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de
igualdad y no discriminación12.
No obstante lo anterior, la Corte IDH reconoce que los derechos políticos no son
absolutos, que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones, pero
la facultad de regular o restringirlos no es discrecional, sino que está limitada por el
derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias
que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la
Convención Americana.
Al respecto la Corte IDH ha dicho que el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención
establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los
11
Artículo 23 Derechos Políticos
1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal.
12
Sentencia del 8 de julio de 2020.
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derechos reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, «exclusivamente» en razón de
la «edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal»13. También que, como lo establece el artículo 2914 de la
Convención, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de
limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella.
En cuanto a las condiciones en que las restricciones a los derechos políticos podrían
ser válidas conforme al artículo 23-2, en la sentencia del 8 de julio de 2020 la Corte
refirió que en la sentencia del 1º de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza
Vs. Venezuela, esa mismo Tribunal señaló:
«107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten
restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los
requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso,
que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una
“condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha
cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no
hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”,
en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el
artículo 8 de la Convención Americana.»
En la sentencia del 8 de julio de 2020 caso Petro Vr Colombia15 la CIDH determinó
que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos
democráticamente electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria,
en tanto restricciones a los derechos políticos no contempladas dentro de aquellas
permitidas por la Convención Americana, son incompatibles no solo con la literalidad
del artículo 23.2 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo
instrumento.
Teniendo como precedente la sentencia del 1º de septiembre de 2011 del caso
López Mendoza Vs. Venezuela, la Corte asumió una interpretación literal del artículo
23.2 de la CADH para afirmar que es claro en el sentido que no permite que órgano
administrativo alguno pueda aplicar una sanción de inhabilitación o destitución para
13
ibidem
14
Artículo 29 Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido
de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier
derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo
con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
15
Específicamente en cuanto a los alcances de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana la sentencia del 8 de
julio de 2020 de la CIDH desarrolla el tema en los párrafos 90 a 98.
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el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, ya que solo puede serlo
por sentencia de juez competente en proceso penal:
«96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el
sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda
aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de
inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la
función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser
elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el
correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la interpretación literal de este
precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la
inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios
públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores.»
Además de la interpretación literal la CIDH acudió a la interpretación teleológica
para sustentar su posición, al relacionar el alcance dado al artículo 23.2 con el
objeto y fin de la Convención en punto a la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos y a la consolidación y protección de un
ordenamiento democrático:
«97. Esta interpretación literal resulta corroborada si se acude al objeto y fin de la
Convención para comprender los alcances del artículo 23.2 del mismo instrumento. La
Corte ha afirmado que el objeto y fin de la Convención es “la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos”126, así como la consolidación y protección de un
ordenamiento democrático127[l]os derechos de cada persona están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común, en una sociedad democrática”. El artículo 23.2 de la Convención corrobora esa
finalidad, pues autoriza la posibilidad de establecer regulaciones que permitan la
existencia de condiciones para el goce y ejercicio de los derechos políticos. De igual
forma lo hace la Declaración Americana en su artículo XXVIII, en el sentido de que
reconoce la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio de los derechos políticos
cuando estos son “necesarios en una sociedad democrática.
“98. La interpretación teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos
reconocidos por la Convención, debe existir un estricto respeto de las debidas garantías
convencionales. La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al establecer
un listado de posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos
políticos, tiene como objeto determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los
cuales dichos derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los
derechos políticos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de
proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas.
De esta forma, el Tribunal considera que las sanciones de destitución e
inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una
autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos
políticos no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención
Americana, son incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la
Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento.» (negrillas
propias)
Quiere decir que la interpretación que le dio la Subsección B al caso analizado, en
su fallo del veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) dejado sin
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efectos, es nada menos que materializar el mandato no solo de la convención
americana de derechos humanos sino la interpretación que ha hecho la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de ella.
En esa dirección, y actuando como máximo Juez de lo Contencioso Administrativo
en Colombia, la Sección Segunda de esta corporación, aplicó el control de
convencionalidad en aquellos casos en los que se le estaba restringiendo los
derechos políticos a aquellos a servidores de elección popular por parte de una
autoridad de naturaleza administrativa como es la Procuraduría General de la
Nación.
Y plasmó ese control de convencionalidad a partir de la lectura del corpus
interamericano (La Convención Americana de Derechos Humanos, los instrumentos
adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana), pues, en él se establece
que los jueces internos de los estados partes son jueces de convencionalidad.
Precisamente, el fallo de la Sección Tercera, desconoce la Ley 32 de 1985, por
medio de la cual se aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, en especial los artículos 26 (Pacta sunt servanda) y 27 (El derecho interno
y la observancia de los tratados), ello, desde que, se le está dando prevalencia a
una competencia de la Procuraduría de sancionar a servidores elegidos por voto
popular, cuando aquella resulta contraria al ordenamiento internacional del que
hace parte Colombia de tiempo atrás.
Por consiguiente, el no acatamiento del artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos apareja el no reconocimiento de una obligación internacional
con plena vigencia en el Estado colombiano.
Lo cual de contera se traduce en eventual responsabilidad internacional a la luz de
la sentencia Caso «La Última Tentación de Cristo» (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile:
«Esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse
por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su
jerarquía, que violen la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable
al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado.»
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Bien lo dijo el Magistrado Vladimir Fernández Andrade en su salvamento de voto
dentro de la sentencia SU-381 de 2024:
«Encuentro necesario, además, recordar el principio pacta sunt servanda, establecido
en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y por
virtud del cual “las partes de un tratado no podrán invocar las disposiciones de derecho
interno como justificación del incumplimiento de aquel” . Pues bien, considero que
reducir el análisis de aplicación de la normativa interamericana a uno meramente
cronológico da lugar a una inaplicación de dicho principio, pues supedita el vigor del
tratado internacional a la reiteración interpretativa más reciente que haya proferido la
Corte IDH, aspecto que, además, podría llegar a comprometer nuevamente la
responsabilidad de Estado a nivel internacional. Es por esto que, considerando que lo
que hizo la autoridad judicial accionada fue una aplicación de la CADH, como
compendio normativo que evoluciona y cuya interpretación está en cabeza de la Corte
IDH, más no únicamente de la jurisprudencia que a ella se refiere, sería erróneo concluir
que la decisión puesta en tela de juicio va en contra de los principios de seguridad
jurídica, igualdad, confianza legítima y coherencia del orden jurídico.
Con fundamento en todo lo anterior, considero que la realización efectiva de los
derechos humanos no debe pasar por una defensa irreflexiva de las competencias
orgánicas del poder público, cuando se ha advertido que ellas son lesivas de un
instrumento internacional de derechos humanos, en la forma como internamente se
viene aplicando, sino que debe estar mediada por la búsqueda necesaria de una
respuesta que permita, bajo el principio de unidad constitucional, la realización del
contenido prevalente de la parte dogmática de la Carta y de los fines esenciales del
Estado.»
De donde se concluye, que, aunque la decisión que se adopta, se reitera, es fruto
del cumplimiento de la sentencia de tutela emitida el 24 de febrero de 2025 por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, al desobedecerse la
posición pacífica de la Corte Interamericana de Derechos de Humanos sobre la
interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos
el Estado Colombiano puede estar incurso en una eventual responsabilidad
internacional.
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)16, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
16
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. ¿Existe falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar a los servidores de elección popular?
2. ¿La entidad demandada vulneró al señor Jair Antonio Vargas Camargo el debido
proceso, el derecho de defensa y si fue sancionado por otros hechos diferentes a
los investigados?
2.1. Marco normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002.
De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder
disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, las Personerías
Distritales, Municipales o las Oficinas de Control Interno Disciplinario.
Fase previa.
En relación con el conocimiento de la noticia criminal los artículos 69 y 70 de la Ley
734 de 2002, se inicia por (i) informe, (ii) compulsa, (iii) queja, (iv) anónimo
cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y artículo 27 de la
Ley 24 de 1992, y (v) de oficio.
En cuanto al pronunciamiento de la noticia disciplinaria, pueden presentarse los
siguientes escenarios conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley 734 de 2002:
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Auto inhibitorio parágrafo 1° del artículo 150 Ley 734 de 2002. Procede cuando
se advierta de la actuación: (i) la manifestación temeraria- con tramite sancionatorio;
(ii) hechos irrelevantes, (iii) hechos de imposible ocurrencia y (iv) hechos
manifiestamente incorrectos y difusos, los tres últimos escenarios ponen fin al
proceso.
Indagación preliminar e investigación. Tiene como fin verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado
bajo el amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
La procedencia de la investigación disciplinaria. Se adelanta cuando de la
información recibida se identifique el autor o los autores de la falta disciplinaria, el
operador iniciará la investigación con la finalidad de: (i) verificar la ocurrencia de la
conducta, (ii) determinar si es constitutiva de falta, (iii) esclarecer los motivos
determinantes, (iv) establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, (v)
identificar los perjuicios causados a la administración, y (vi) establecer la
responsabilidad del disciplinado.
El auto de cierre de la investigación. Se presentan las siguientes causales: (i)
vencimiento de términos y (ii) decreto de pruebas para formular cargos.
Evaluación de la investigación. En esta etapa se pueden presentar los siguientes
escenarios: (i) terminación del proceso -artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002-, (ii)
formulación de cargos -artículo 162 CDU-, (iii) migrar al procedimiento verbal -
artículo 175 ídem-, (iv) cambio de competencia, y (iv) incorporación de la unidad
procesal artículo 74 Ley 734 de 2002.
Inicio del juicio disciplinario.
Formulación de cargos disciplinarios. «Comprende como primer elemento de la
descripción, caracterización y determinación detallada de la conducta que se le atribuye al servidor,
con la indicación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 17», el cual debe cumplir
unos requisitos de procedencia sustanciales y formales, en consideración a lo
siguiente:
17
Gaitán Jorge Eliecer. Pliego de Cargos, Ediciones Nueva Jurídica, 2019, pág. 197 y 198.
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
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Requisitos sustanciales: (i) que se halle objetivamente demostrada la falta y (ii) la
existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado (artículo
162 Ley 734 de 2002).
Requisitos formales (artículo 163 Ley 734 de 2002), en consideración a lo
siguiente:
(i) Descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar y modalidad específica de la conducta: (i)
omisión, (ii) acción, (iii) extralimitación y (iv) abuso.
(ii) Normas violadas y concepto de violación.
(iii) Identificación del autor o autores de la falta.
(iv) Análisis de las pruebas por cada uno de los cargos formulados.
(v) Exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar gravedad
o levedad de la falta clasificadas en gravísimas, graves y leves.
(vi) Forma de culpabilidad: (i) dolo, (ii) culpa gravísima o grave.
Fase de descargos: Tiene como justificación garantizar el debido proceso del
imputado, la materialización del derecho de defensa y contradicción, en el cual el
sujeto procesal si lo considera presenta o no los descargos, etapa en la cual puede
proponer nulidades, controvertir pruebas, solicitar y aportar pruebas.
Posteriormente, sigue la fase probatoria (artículo 168 Ley 734 de 2002) y traslado
de alegatos de conclusión por el término de 10 días, donde la ley permite la variación
de cargos de acuerdo con lo establecido en el inciso 5 del artículo 165 del CDU.
Fallo. Pone fin a la actuación donde se puede presentar una decisión sancionatoria
o absolutoria, en el cual se debe observar el siguiente contenido: (i) identificación
del investigado, (ii) resumen de los hechos, (iii) análisis de las pruebas, (iv) análisis
de la valoración jurídica, (vi) fundamentación de la calificación de la falta, (vii)
análisis de la culpabilidad, (viii) razones de la sanción o absolución (ix) exposición
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
fundamentada de los criterios de la graduación para la sanción y definición de la
sanción (artículo 170 de la Ley 734 de 2002). Contra la decisión procede recurso de
apelación.
2.2. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios.
Esta Corporación judicial en sentencia SU-00316 de 2016, estudió la legalidad de
las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación en
contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso que fijó postura de unificación
respecto a los actos proferidos por el ente de control disciplinario, en el sentido que
corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativo efectuar un
control integral de los actos sancionatorios, respecto a lo cual se precisó:
«[…]
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en
sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución
y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo
caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»
Con estos fundamentos, la Sala Plena de lo Contencioso de este órgano colegiado,
estableció las siguientes reglas:
«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos
proferidos por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en
los siguientes términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral [79] de
los actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria regulada en la ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.»
Conforme lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral de los
actos administrativos disciplinarios para garantizar la tutela judicial de la persona
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sancionada, siendo un postulado de la Constitución Política el respeto de la dignidad
humana, el trabajo, asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo.
2.3. Hechos probados.
2.3.1. La señora Nelly María Cajamarca Ballesteros, presentó queja en la
Personería Municipal de Pandi (Cundinamarca), por presuntas irregularidades en el
convenio interadministrativo para el arreglo de la vía de la vereda la Loma 18, en el
cual manifestó lo siguiente:
«1.- Tengo conocimiento que se firmó un Convenio para el arreglo de la vía de la Vereda
La Loma, de la cual según el comentario de la comunidad es que estaban destinados
inicialmente Cuarenta Millones de Pesos ($40.000.000).
2.- La suma destinada para este mantenimiento, no se vio reflejada ya que al parecer solo
fueron distribuidos diez (10) viajes de recebo por toda la vía y no más.
3.- Las personas que le pueden dar información sobre el interventor ingeniero Luna, es el
señor MILTON ROLDAN, RAMON DIAZ y ALEXANDER CUBILLOS, quienes estuvieron
realizando trabajos en este convenio.
Por lo anteriormente expuesto le solicito que en ejercicio de sus funciones se investigue la
destinación e inversión de estos recursos».
2.3.2. Mediante escrito la quejosa le solicita al Personero municipal de Pandi
(Cundinamarca) que remita la investigación a la Procuraduría Provincial de
Fusagasugá19. «Teniendo en cuenta que al parecer el responsable de la ejecución y supervisión
de estas obras es el Alcalde Municipal» y en auto del 16 de junio de 2008, dicho funcionario
remite la indagación preliminar a la Procuraduría Provincial de Fusagasugá 20.
2.3.4. La Procuraduría Provincial de Fusagasugá inicia investigación en contra del
señor Jair Antonio Vargas Camargo y ordena la práctica de pruebas de visita a la
alcaldía municipal de Pandi.
2.3.5. La Procuraduría Provincial de Fusagasugá el 3 de noviembre de 2009,
formuló cargos en contra del demandante en condición de exalcalde del municipio
de Pandi (C) «como presunto autor responsable de quebrantar la Ley 734 de 2002, hecho
constitutivo de falta disciplinaria al tenor del artículo 23 ibidem». Se indicó en la parte motiva:
18
Folio 1 cuaderno anexo No. 1 del expediente físico.
19
Folio 2 cuaderno anexo No. 1 del expediente físico.
20
Folio 3 cuaderno anexo No. 1 del expediente físico.
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«INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR DE LA FALTA DISCIPLINARIA
De las diligencias disciplinarias surge como posible autor de la falta disciplinaria el señor
JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 79.712.416,
en condición de Alcalde Municipal de Pandi electo para el periodo 2005-2007, según se
acredita en declaración de elección que reposa a folio 787 de co, y posesionado el 28 de
octubre de 2005 ante el Juzgado Promiscuo de Pandi con efectos fiscales a partir del 29 de
octubre de 2005, como consta en el acta que reposa a folio 788-790 co y quien presto sus
servicios desde el 28 de octubre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007, según certificado
de servicios […]»
DETERMINACIÓN DE LAS CONDUCTAS MATERIA DE REPROCHE
Descripción y determinación de las conductas presuntamente irregulares del señor
Jair Antonio Vargas Camargo.
ÚNICO CARGO
Usted, en condición de Alcalde Municipal de Pandi electo y posesionado para el periodo
2005 -2007, con la celebración de los contratos que a continuación se relacionan al parecer
omitió el cumplimiento entre otros, de los principios de transparencia y responsabilidad como
el deber de selección objetiva consagrados en el estatuto contractual, obviando el proceso
de selección o convocatoria pública, generando una posible División artificial del contrato,
valiéndose para ello de la división artificial en dos tramos del objeto contratado; son ellos
Orden de suministro No. 102-2007 del 09 de octubre de 2007 suscrita con G & R TRACTOR
DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, que tiene por objeto el suministro de
repuestos para la maquinaria pesada del Municipio de Pandi, por valor de $ 5.277.200, plazo
de ejecución de 20 días.
Orden de suministro No. 103-2007 del 09 de septiembre suscrita con G & R TRACTOR
DIESEL E-U/ GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, que tiene por objeto el suministro de
repuestos para la maquinaria pesada del Municipio de Pandi, por valor de $3.480.000, plazo
de ejecución 20 días.
Determinación de la gravedad o levedad de la falta
Por expresa determinación del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el
artículo 48 numeral 31 de la misma ley, se califica de manera provisional la falta imputada
como GRAVÍSIMA, por cuanto la ley establece que quien interviene en la etapa
precontractual o en la actividad contractual, con desconocimiento de los principios de la
contratación estatal y de la función administrativa, como se detalló en líneas anteriores,
principios estos de tan alto talante en un Estado Social de Derecho, que demanda a las
personas al servicio del Estado una especial relación de sujeción y el respeto al imperio de
la ley, incurre en falta gravísima. Siendo así, cuando quien debía ser el director y garante
de la legalidad en contratación, es decir el Alcalde y representante legal, escoge el
contratista y suscribe con ligereza la orden sin parar en los requisitos, incurre en
incumplimiento de sus deberes funcionales y por tanto en posible falta disciplinaria
gravísima.
Por tratarse de una falta calificada previa y expresamente por el legislador como gravísima
no se requiere mayor estudio para gravar la misma.
Forma y grado de culpabilidad
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Estando acreditado a la foliatura que el señor Alcalde aquí cuestionado al momento de su
posesión juró cumplir con los deberes del cargo de Alcalde Municipal de Pandi , que el
encartado ostentó al momento de los hechos la mayor jerarquía del Municipio, que tiene
formación en derecho y especialización, lo que permite comprender y determinar su actuar,
junto a que es su deber ordenar los gastos y celebrar los contratos observando las normas
jurídicas aplicables, de manera provisional se califica el grado de culpabilidad a título de
CULPA GRAVÍSIMA, tal como lo desarrolla el parágrafo del artículo 44 del C.D.U., por
considerarse que fueron desatendidas normas expresas de obligatorio cumplimiento.
Se vulneraron importantes normas de carácter superior, que en todo momento debieron
inspirar la conducta del investigado. Tal desatención a normas tan básica se tradujo en un
menosprecio al sustrato de sus deberes funcionales mas elementales y/o primarios, pues
cualquier gerente, director y/o representante legal debe estar atento a administra (sic)
debidamente los recursos de la misma y así proteger sus intereses en los procedimientos
de contratación, más cuando estos vinculan el concepto de interés general, por lo que es
lógico esperara que un administrador de lo público despliegue las acciones necesarias para
garantizar que la prestación del servicio se haga de manera técnica, eficiencia, eficaz,
diligente y responsable y así evitar incumplir las normas superiores, es por ello que se insiste
en que se trata de culpa gravísima.
[…]
RESUELVE:
PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el ARCHIVO
DEFINITIVO a favor del señor JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.712.416, en condición de Alcalde Municipal de Pandi para el
2007, de los hechos distinguidos con el numeral uno del acápite relativo a las
consideraciones del despacho, con fundamento en la parte motiva de este proveído.
PARAGRAFO: Contra esta decisión no procede recurso alguno por tratarse de hechos
perseguidos de oficio.
SEGUNDO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el
ARCHIVO DEFINITIVO a favor del señor JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.712.416, en condición de Alcalde Municipal de Pandi para
el 2007, de los hechos distinguidos con el numeral dos del acápite relativo a las
consideraciones del despacho, con fundamento en la parte motiva de este proveído.
[…]
TERCERO: Formular AUTO DE CARGOS contra el señor JAIR ANTONIO VARGAS
CAMARGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.712.416, en condición de
Alcalde Municipal de Pandi para el 2007, como presunto autor responsable de quebrantar
la Ley 734 de 2002, hecho constitutivo de falta disciplinaria al tener del artículo 23 ibidem,
por las razones y los cargos puntualizados en la motivación de este pronunciamiento.
[…]
QUINTO: Investigar por separado al señor VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ, frente a
las presupuestas irregularidades en que incurrió porque como supervisor de la OPS No. 140
de 2007 y la OS No. 097 A de 2007, no estuvo atento a que se cumpliera el objeto de estas,
para lo cual se remitirá a la Personería Municipal de Pandi copia […]»
Se precisa que el artículo 3 no ordena el archivo, por el contrario, formuló los cargos.
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Se tiene que, en la decisión se archivó la investigación en el numeral primero que
correspondió a la investigación de: «de si las sumas canceladas corresponde a las obras
ejecutadas […] al contestar la pregunta SI SE CUMPLIO EL OBJETO DEL CONVENIO, dice en el
informe que en términos generales se cumplió pero no se puede certificar si la cantidad de recebo
aplicado corresponde en el acta final y que hubo actas de modificación de obra, pero en todo caso
si hubo mejoramiento de las vías con la ejecución del convenio no. 305 de 2007 por parte del
municipio, aunque factores externos han provocado deterioro […] Se colige de lo anterior que, no se
tiene certeza que no se haya suministrado todo el material comprado, por lo que la duda debe
resolverse a favor del investigado».
Ahora bien, el numeral segundo consistió en los hechos señalados en la queja
presentada por la señora Nelly María Cajamarca Ballesteros, por las presuntas
irregularidades en la ejecución del Convenio Interadministrativo 305 de 2007,
porque no hicieron a cabalidad los trabajos contratados en la vereda la Loma del
municipio de Pandi, sin embargo, la autoridad disciplinaria determinó que « el objeto
del convenio que era el mejoramiento de vías solo comprendía la conformación de la calzada y
afirmado, resulta lógico que se haya aplazado la intervención de esta vía, ya que para su
mejoramiento se requerían trabajos y arreglos distintos a los que pretendía el convenio […] y como
quiera que la decisión de no intervenir el tramo Rio Negro – La Loma no fue una decisión caprichosa
del Alcalde ni obedeció a su interés de apropiarse los recursos en forma indebida».
2.3.6. Fallo Disciplinario de Primera Instancia21, la Procuraduría Provincial de
Fusagasugá, el 8 de febrero de 2011, declaró no probado y desvirtuado el cargo
único indilgado al señor Jair Antonio Vargas Camargo, en condición de alcalde
municipal de Pandi para el año 2007, como responsable de quebrantar la Ley, en
consecuencia, le impone la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general
por el término de diez (10) años, lo anterior por considerar:
«Con todo quedo demostrado que en forma injustificada, se celebraron dos contratos con el
objeto de adquirir suministros para la maquinaria pesada del municipio, con
desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva en razón a que los
dos tienden a ejecutar el mismo convenio, fueron celebrados en el mismo ciclo de tiempo,
con el mismo contratista, el mismo día y con base en la misma imputación presupuestal,
razón por la cual el proceso de selección del contratista no podía llevarse a cabo a través
del procedimiento de mínima cuantía.
La conducta omisiva probada, atentó contra el normal, ordenado y legal desenvolvimiento
de las funciones de la entidad territorial, en cuanto a la eficacia, eficiencia y legalidad que
debe acompañar el ejercicio de las facultades de contratación en orden de satisfacer los
procesos de selección de contratistas que exige la ley allí se realicen.
Si el operador administrativo se aparta de los prescrito en la regla general, acudiendo a la
excepción, sin que se estructure ninguna de esas modalidades, incurre en lo que, de antaño,
se denomina fraccionamiento del contrato y, recientemente división artificial del objeto
contractual, erosionando los preceptos citados y descritos ampliamente en los cargos, lo
que equivale a decir también, como lo es el principio de transparencia.
21
Folios 15 a 74 del cuaderno principal expediente físico.
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Es de recordar al investigado que siendo el proceso licitatorio o de selección por
convocatoria las reglas generales establecidas en el actual Estatuto de Contratación, si un
funcionario procede a celebrar varios contratos con la intención de satisfacer la misma
necesidad, en un mismo periodo y por valores que sumandos (sic) harían imperativa una
convocatoria pública por razón de su cuantía o naturaleza, se estaría infringiendo los
principios de transparencia, previstos en los numerales 1 y 8 del artículo 24; de economía,
previsto en el numeral 3 del artículo 25; responsabilidad, previsto en los numerales 1, 2 y 4
del artículo 26; y selección objetiva, contemplado en el artículo 29, todos ellos de la Ley 80
de 1993. »
[…]
VII. CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y ANÁLISIS DE CULPABILIDAD
[…]
El artículo 43 de la Ley 734 de 2002 establece que para determinar la levedad o gravedad
de una falta se consultarán los criterios que se insertan en dicho precepto normativo, para
lo cual se destaca que las faltas gravísimas son de expresa consagración legal, y estamos
en este caso frente a una falta gravísima según el concepto de violación que ampliamente
se desarrollo en el pliego de cargos, por lo que es pertinente recordar que como el cargo se
refiere a la división artificial de contratos, o sea la figura del fraccionamiento, y por ende al
desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal y principalmente el deber
de selección objetiva, de conformidad con los artículos 42, 43 y 50 inciso 2 de la Ley 734 de
2002, se confirma que la califica como GRAVÍSIMA, por cuanto la misma ley la establece
que incurre en falta gravísima quien interviene en la etapa precontractual y contractual con
desconocimiento de los principios de la contratación como se ha venido demostrado desde
el pliego de cargos- artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002. […]
VIII. CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA GRADUCIACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LA
SANCIÓN
[…]
A su vez el artículo 47 de la ley disciplinaria dispone los criterios para graduar las sanciones,
de lo cual encontramos que el aquí investigado, pero no tiene la sanción disciplinaria que el
aquí pero no tiene sanción disciplinaria vigente dentro de los cinco años anteriores, por lo que
se hace merecedor a la sanción de DESTITUCIÓN con INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ
AÑOS, partiendo del artículo 45 de la Ley 734 de 2002, según el cual esta clase de sanciones
va de 10 a 20 años, por lo tanto no se incrementa el mínimo en otro tanto, porque si bien el
investigado era directivo no se dan las demás circunstancias de agravación que trae la norma
[…]
2.3.7. El 31 de mayo de 2012, la Procuraduría Regional de Cundinamarca,22
confirmó en su integridad la decisión tomada mediante fallo de primera instancia de
fecha 18 de octubre de 2011 proferido por la Procuraduría Provincial de
Fusagasugá.
2.4. Caso concreto.
22
Folios 75 a 91 del cuaderno principal expediente físico.
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El señor Jair Antonio Vargas, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pretende la nulidad de los fallos disciplinarios
proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales le impuso
la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, al
hallarlo responsable de la falta disciplinaria gravísima establecida en el parágrafo
del artículo 44 de la ley 734 de 2002.
En la actuación administrativa de la Procuraduría, evidenció en la calificación de la
falta y el análisis de culpabilidad por desatender el actor la gestión contractual con
la celebración de dos contratos en la misma fecha y los bienes adquiridos que exigía
adelantar un proceso de selección mediante convocatoria pública, conducta
calificada a título de culpa gravísima.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos acusados
por cuanto vulneran los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control
político y puntualmente a elegir y ser elegido conforme lo establece el artículo 40 de
la Constitución, realizando el estudio de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, artículo 23.2, el caso Leopoldo López contra Venezuela y la
jurisprudencia de esta Corporación sobre el caso Petro Urrego.
La entidad demandada, en el recurso de apelación, discute que el fallo de primera
instancia, desconoce la supremacía de la Constitución, la competencia dada a la
Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a los funcionarios de
elección popular, función que no vulnera el artículo 23 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, señalando que en el caso Petro Urrego el
Consejo de Estado, reafirmo que el órgano de control disciplinario conserva la
facultad para destituir e inhabilitar a los funcionarios de elección popular y por lo
tanto, los actos administrativos demandados gozan de plena facultad constitucional
y legal para sancionar.
¿Existe falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar a los servidores de elección popular?
Asegura que la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y
sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos de elección popular, pero solo
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en los actos de corrupción, que no se encuentran en los hechos investigados.
Además, a la luz del artículo 23 convencional, solo los jueces de la República
resultan competentes para imponer las sanciones que impliquen la destitución y la
inhabilidad general de derechos políticos cuando quiera que estas provengan de
acciones u omisiones que, no obstante ser contrarias a derecho, no constituyan
casos de corrupción.
Respecto al argumento del recurso de alzada, se precisa que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 15 de
noviembre de 2017, caso Gustavo Francisco Petro Urrego Vs. Procuraduría General
de la Nación, se estableció que «bajo la interpretación preferente de los artículos 277.6 de la
Constitución Política y 44.1 del CDU, que la Procuraduría General de la Nación no tenía competencia
para afectar o limitar los derechos políticos de Gustavo Francisco Petro Urrego para elegir y ser
elegido a la luz del ordenamiento jurídico interno, como tampoco frente al Derecho Convencional 23».
Siguiendo esa misma línea de interpretación, esta Subsección en sentencia de 29
de junio de 202324, reiteró que el «control de convencionalidad entre el artículo 44.1 de la Ley
734 de 2002 y el artículo 23.2 de la Convención Americana, permite hallar una incompatibilidad y
llegar a la conclusión sobre la falta de competencia de la PGN para imponer una sanción que
restringiera los derechos políticos del actor», en ese mismo sentido, la Sección Segunda
de esta Corporación resolvió diversos casos de destitución e inhabilidad de los
servidores públicos de elección popular con la aplicación de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
No obstante, esa línea pacífica cambio a partir de la sentencia de unificación SU-
381 de 2024 de fecha 11 de septiembre de ese mismo año por la Corte
Constitucional25 «sobre la competencia constitucional y legal atribuida a la Procuraduría debía
atender a las varias decisiones que en control concreto y abstracto, bajo la idea del precedente» y
en la sentencia SU-382 de 2024, se especificó que aplicar el control de
convencionalidad difuso desconoce las normas de la CADH que no tiene carácter
23
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Magistrado Ponente: César Palomino Cortés Bogotá, D.
C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) Radicado: 110010325000201400360 00 No. Interno: 1131-2014
Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación Medio de Control:
Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Sanción de destitución a servidor elegido popularmente.
24
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B Consejero Ponente: Juan
Enrique Bedoya Escobar Bogotá, D. C., Veintinueve (29) De Junio De Dos Mil Veintitrés (2023) Referencia: Nulidad Y
Restablecimiento Del Derecho Radicación: 11001-03-25-000-2013-00561-00 (1093-2013).
25
Sentencia SU-381/24 acción de tutela de la Procuraduría General de la Nación contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Magistrada ponente Diana Fajardo Rivera.
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
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superior a las de la Constitución Política26. Por lo que dejó sin efectos la sentencia
de segunda instancia proferida por la Subsección B de esta Corporación en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-
2017-00351-01 (5471-2019).
Con ese panorama la Sección Tercera Subsección “B” del Consejo de Estado27,
conoció de la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación,
en contra de la decisión proferida por esta sección el 9 de mayo de 2024, la cual
dejó sin efectos mediante sentencia de 24 de febrero de 2025, por cuanto para la
época en que fueron proferidas las decisiones administrativas de carácter
sancionatorio estaba consolidada la posición de la Corte Constitucional la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar, con
destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular.
En esas consideraciones, la Sala reitera la tesis expuesta en el acápite de cuestión
previa debe expresarse que las razones expresadas en el fallo no son de recibo
porque se traducen en un incumplimiento de las obligaciones del CADH, lo cual
puede acarrearle responsabilidad internacional al Estado Colombiano, sin embargo,
se debe acatar dicha decisión y en ese sentido, el cargo formulado de falta de
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar y destituir e
inhabilitar a los servidores públicos de elección popular no tiene vocación de
prosperidad conforme la orden proferida en sede de tutela.
¿La entidad demandada vulneró al señor Jair Antonio Vargas Camargo el
derecho defensa y la congruencia entre los hechos investigados y
sancionados?
El demandante considera que la entidad demandada le vulneró el debido proceso y
el derecho de derecho de defensa.
26
Sentencia Su- 382/24 «[…] por lo que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el contrario,
es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica. En esta labor, no se puede desconocer la interpretación
autorizada por parte de la Corte Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se produce en este caso por
no aplicar las normas superiores que otorgaban una competencia que había sido reconocida pacíficamente por esta
Corporación. La configuración de este defecto trae por consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso de la PGN,
pues dicha garantía fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de acatar, en todo momento del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que le correspondió conocer, los postulados del texto superior.»
27
Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Magistrado ponente: Alberto
Montaña Plata Bogotá DC, 24 de febrero de 2025 Radicación: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado) 11001-03-15-
000-2024-03980-00 11001-03-15-000-2024-04285-00 11001-03-15-000-2024-05727-00 Accionante: Procuraduría General
de la Nación Accionando: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsecciones A y B Referencia: Acción de tutela.
Sentencia de primera instancia
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Respecto al debido proceso28 esta Corporación se ha referido que es una «de las
garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a hacer parte de
una actuación judicial o administrativa 29». Por medio del cual todo sujeto disciplinable
inmerso en un proceso disciplinario debe ser juzgado por funcionario competente,
con la observancia formal y material de normas preexistentes, garantizando el
principio de publicidad, el derecho de defensa y contradicción.
El proceso disciplinario es de naturaleza administrativa y el papel preponderante de
la garantía al debido proceso « [t]iene por objeto garantizar la correcta producción de los actos
administrativos, y extiende su cobertura al ejercicio de la administración pública, en la realización
de sus objetivos y fines estatales 30 […]» esto con el fin evitar un abuso de autoridad dirigido
en contra del sujeto disciplinable que defiende intereses contrapuesto al Estado
durante la investigación por presunta infracción de deberes, principio y prohibiciones
que afectan el servicio público.
En ese orden de ideas, el disciplinado cuenta con la garantía del derecho de
defensa31 como parte esencial del debido proceso en materia disciplinaria durante
todas las etapas de este procedimiento sancionatorio, tal y como lo ha señalado
esta Corporación32, así:
«…Ahora bien, respecto al derecho de defensa en materia disciplinaria, el artículo 17 de
la ley 734 de 2002, consagra que «durante la actuación disciplinaria el investigado tiene
derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita
la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona
ausente deberá ser representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se
designará uno de oficio, que podrá ser estudiante del consultorio jurídico de las
universidades reconocidas legalmente».
28
Ley 734 de 2002, artículo 6 El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia
formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que
establezca la estructura y organización del Ministerio Público.
29
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Consejero ponente: William
Hernández Gómez. Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-42-000-2016-
03623-01(2838-19)
30
Sentencia C-341 de 2014 la Corte Constitucional.
31
Ley 734 de 2002. ARTÍCULO 17. DERECHO A LA DEFENSA. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho
a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá
procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo
hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas
legalmente.
32
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Consejero ponente: RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D. C, once (11) de julio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-
03-25-000-2011-00619-00(2372-11)
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En tal sentido, la doctrina ha manifestado que «es incuestionable que un principio esencial
que debe observarse dentro del proceso disciplinario tiene que ver con el derecho de
defensa. Este derecho es muy amplio, comprende una serie de principios y garantías y
debe entenderse siempre como una prerrogativa para el funcionario investigado de que
será enterado oportunamente de la actuación que se sigue en su contra, para que pueda
rebatir los hechos irregulares que se le endilgan, pedir y aportar las pruebas que quiere
hacer valer en su salvaguardia e intervenir en todas las actuaciones que surtan, para
oponerse a los que se le atribuye. Este derecho ya acompañado de la posibilidad que tiene
de estar asistido por un abogado, de que se le notifiquen todas las decisiones que se
tomen y de interponer los recursos que operen contra las medidas que profiera el
funcionario instructor. Conlleva además el derecho que tiene a examinar el expediente, a
conocer oportunamente las pruebas que van a hacerse obrar en su contra y a controvertir
las que se alleguen al proceso»
Así las cosas, es indispensable examinar si dentro del proceso disciplinario que se
adelantó en contra el señor Jair Antonio Vargas Camargo, si le fue vulnerado el
debido proceso y el derecho de defensa y fue sancionado por otros hechos
diferentes a los investigados.
Establece la Sala, que la investigación disciplinaria se inició por una queja
presentada por la señora Nelly María Cajamarca Ballesteros, por las presuntas
irregularidades en el convenio interadministrativo celebrado entre la alcaldía de
Pandi e INVIAS para el arreglo de la vía de la vereda la Loma33 que «[s]egún el
comentario de la comunidad es que estaban destinados inicialmente Cuarenta Millones de Pesos
($40.000.000) y […] no se vio reflejada ya que al parecer solo fueron distribuidos diez (10) viajes de
recebo por toda la vía y no más». Posteriormente, la quejosa solicita la remisión de la
investigación a la Procuraduría Provincial de Fusagasugá34. «Teniendo en cuenta que
al parecer el responsable de la ejecución y supervisión de estas obras es el Alcalde Municipal».
Mediante auto del 16 de junio de 2008, el Personero municipal de Pandi remitió la
indagación preliminar a la Procuraduría Provincial de Fusagasugá35, quien inició la
investigación en contra del señor Jair Antonio Vargas Camargo y ordenó la práctica
de pruebas de visita a la alcaldía municipal de Pandi y en el curso de esa diligencia
se obtuvieran las siguientes pruebas documentales:
✓ «Certificación de los topes o sumas vigentes de acuerdo al presupuesto del año 2007, para
determinar el proceso de selección de los contratistas (licitación, contratación directa,
mínima cuantía, el 1% de la menor cuantía […]
✓ Copia de orden de iniciación o acta de inicio del convenio interadministrativo No. 305 de
2007, suscrito entre el INVIAS y el Municipio de Pandi.
33
Folio 1 cuaderno anexo No. 1 del expediente físico.
34
Folio 2 cuaderno anexo No. 1 del expediente físico.
35
Folio 3 cuaderno anexo No. 1 del expediente físico.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
✓ Copia de las actas de interventoría del convenio 305 de 2007.
[…]
✓ Copia de la orden de trabajo 040 A o 040 de 2007 a nombre de SAUL ORLANDO GALEANO
ACOSTA, por valor de $ 3.230.00, así como las copias de todos los documentos que den
cuenta de la fase precontractual para la selección del contratista de tal orden, así como la
certificación de cumplimiento de la misma suscrita por el interventor o supervisor.
✓ Con relación a la orden de prestación de servicios No. 097 A del 10 de septiembre de 2007
suscrita con ALBA ROCIO AREVALO, por valor de $ 1.000.000, allegar copia de la
certificación de cumplimiento suscrita por el interventor o supervisor y del acta de liquidación
de la misma.
✓ Con relación a la orden de suministro No. 102- 2007 del 09 de octubre de 2007 suscrita con
G & R TRACTOR DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, por valor de $
5.277.200, allegar copia de la certificación de cumplimiento suscrita por el interventor o
supervisor, acta de liquidación y comprobante de egreso de la misma.
✓ Con relación a la orden de suministro No. 103-2007 del 09 de septiembre de 2007 suscrita
con G & R TRACTOR DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, por valor de $
3.480.000, allegar copia de la certificación de cumplimiento suscrita por el interventor o
supervisor, acta de liquidación y comprobante de egreso de la misma.
✓ Con relación a la orden de suministro No. 104 del 09 de octubre de 2007, suscrita con
MORENO IDELFRAN, por valor de $ 5.400.000, allegar copias de la certificación de
cumplimiento suscrita por el supervisor, acta de liquidación y comprobante de egreso de la
misma.
✓ Con relación a la orden se suministro No. 114-2016, sin fecha suscrita G & R TRACTOR
DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, por valor de $ 5.332.520, allegar copia
de la certificación de cumplimiento suscrita por el interventor o supervisor, acta de liquidación
y comprobante de egreso de la misma.
[…]
✓ TERCERO: Solicitar apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de
la Procuraduría General de la Nación, para que se asigne un experto que verifique la calidad
y cantidades de obra ejecutadas en el marco del convenio interadministrativo No. 305 de
2007 suscrito entre INVIAS y el Municipio de Pandi, y emita concepto según cuestionario
que se remitirá en su oportunidad una vez reunidas las piezas procesales respectivas».
[…]
El ingeniero Civil Miguel Ángel Soto, en condición de comisionario de la
Procuraduría emitió informe de apoyo y asesoría técnica, en el cual señaló sobre
los puntos requeridos por el operador disciplinario:
«6.5. Si las sumas canceladas correspondieron a las obras ejecutadas.
Respuesta.
La respuesta a esta pregunta, se puede equiparar con la respuesta a la pregunta del numeral
6.3.; ya que las actas parciales y acta de entrega y recibo definitivo de obra, registran las
sumas canceladas.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Cabe destacar que, en este caso la Alcaldía Municipal no contrato a una persona natural o
jurídico para la ejecución de los mejoramientos; y lo que hizo fue desglosar, desmenuzar los
componentes de la obra y subcontratar 24 obligaciones contractuales, en menores valores,
así:
En este caso, por parte de la Alcaldía Municipal de Pandi, falta por legalizar la suma de $
11.540.280, para completar los $ 185.000.000, que corresponden al convenio principal más
adicional.
Es evidente que se fraccionó completamente el desarrollo de este proyecto, en las siete (7)
actividades descritas en el cuadro, sobre las cuales se suscribieron en veinticuatro (24)
subcontratos».
El actor interpuso nulidad de la notificación del traslado del informe técnico rendido
por violación al debido proceso y la entidad demandada mediante auto de 14 de
julio de 2009, decidió: «No declarar la NULIDAD solicitada por el señor JAIR ANTONIO VARGAS
[…]»
La Procuraduría Provincial de Fusagasugá, primero ordenó la terminación y archivo
definitivo por los hechos distinguidos en el numeral primero por duda razonable y el
segundo, por cuanto no existió una decisión caprichosa en la decisión de no
intervenir el tramo Río Negro- la Loma y, finalmente, formuló pliego de cargos en
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
contra del «señor JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.712.416, en condición de Alcalde Municipal de Pandi para el 2007, como presunto autor
responsable de quebrantar la Ley 734 de 2002, hecho constitutivo de falta disciplinaria al tenor del
artículo 23 ibidem, por las razones y los cargos puntualizados en la motivación de este
pronunciamiento».
El operador disciplinario para fundamentar esta decisión, del archivo a favor del
actor en los numerales uno y dos, consideró:
«NUMERAL UNO. Como los hechos tiene que ver con la ejecución de un convenio como
primera medida se revisaran las condiciones y características de este (…)
En cuanto a que SI LAS SUMAS CANCELADAS CORRESPONDEN A LAS OBRAS
EJECUTADAS, informa el técnico que el municipio hizo 24 contratos para ejecutar el
convenio por lo que hubo fraccionamiento, pero sobre en esta actuación solo se demostró
que se suscribieron 22 contratos. En este informe técnico de la oficina de investigaciones
especiales en el cuadro anexo 02 se evidencian imprecisiones ya que el cuadro titula
Alcaldía Municipal de Milan-Caquetá y de hecho relaciona los contratos suscritos por tal
Municipio, y no por la Alcaldía de Pandi, lo cual resta credibilidad al informe en este punto.
Entre tanto adviértase otra imprecisión en el informe técnico, en la medida que en el cuadro
del informe técnico que obra a folio 1542 se habla de dos contratos para el suministro de
vallas y dos contratos para laboratorios, pero las pruebas solo arrojaron uno por cada
concepto.
Al contestar la pregunta SI SE CUMPLIO EL OBJETO DEL CONVENIO, dice en el informe
que en términos generales se cumplió, pero no se puede certificar si la cantidad de recebo
aplicado corresponde con lo pagado en el acta final y que hubo actas de modificación de
obra, pero que en todo caso si hubo mejoramiento de las vías con la ejecución del convenio
no. 305 de 2007 por parte del municipio, aunque factores externos han provocado
deterioro.
Se colige de lo anterior que, no se tiene certeza que no se haya suministrado y extendido
todo el material comprado, por lo que la duda debe resolverse a favor del investigado.
(…)
Siendo así, estos hechos están llamados a archivarse por falta de mérito, pues no basta
como tal infracción a un deber, ni a cualquier deber, sino que se requiere, para no convertir
la ley disciplinaria en instrumento ciego de obediencia, que ello lo sea en términos
sustanciales. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber
funcional que por si misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución
de sus fines, esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión el
deber funcional cuestionado, pero si bien formalmente pudo haber fallas según lo expreso
en líneas anteriores, estas se muestran disciplinariamente irrelevantes.
(…)
El análisis procedente lleva al Despacho a decretar el archivo de los hechos expuestos en
este numeral a favor del encartado toda vez que la prueba existente es suficiente para
decidir el asunto en litis y, especialmente, con fundamento en los artículos 73,156 y 164
de la Ley 734 de 2002.
NUMERAL DOS. Ahora, volviendo sobre los hechos objeto de queja (FI. 3 c.o.), resulta
que la señora NELLY MARIA CAJAMARCA BALLESTEROS, en su escrito inicial y en
ampliación de queja (Fl. 127 c.o.), como Coordinadora del Comité de Obra de la Junta de
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
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Acción Comunal de la Vereda La Loma del Municipio de Pandi, acusa la existencia de
presunta irregularidades en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 0305 de
2007 suscito entre INVIAS y la Alcaldía de Pandi, ya que los trabajos contratados para la
Vereda La Loma no se hicieron a cabalidad ni se ejecutaron en su totalidad los recursos
destinados a tal localidad por valor de $40.000.000, siendo así se procede a revisar el acta
de priorización (ANEXO 01 folios 1 y ss) en la cual se observa que estaba previsto
intervenir el tramo Il Rio negro - la Loma en longitud de 3 km por $45.143.490, entonces
se procede a revisar el acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita el 28 de
diciembre de 2007 (FI. 819-824 co), pero en esta se dejo constancia que se recibieron las
obras, salvo el tramo Il en el que no se invirtieron recursos y en efecto el acta de liquidación
del 17 de junio de 2008 (FI. 826 co) no se modifica esta información, quedando pues
constancia que este tramo no fue intervenido.
(…)
Entonces si el objeto del convenio que era el mejoramiento de vías solo comprendía la
conformación de la calzada y afirmado, resulta lógico que se haya aplazado la intervención
de esta vía, ya que para su mejoramiento se requerían trabajos y arreglos distintos a los
que pretendía el convenio y no puede colegirse fácilmente que ello se dio por falta de
planeación, ya que según las declaraciones recibidas fueron las condiciones del ambiente
las que ocasionaron un derrumbe que perjudico la conformación de la vía, causas estas
naturales, imprevisibles e irresistibles que no se pueden imputar al investigado; por lo
demás, obra en su favor que no se haya desistido solamente de intervenir esta vía, sino
que en su lugar se hava decidido meiorar otra y ampliar las obras en las demás, lo cual
redunda en beneficio para la comunidad.
(…)
Ante tales consideraciones y como quiera que la decisión de no intervenir el tramo Rio
Negro - La Loma no fue una decisión caprichosa del Alcalde ni obedeció a su interés de
apropiarse los recursos en forma indebida, habrá de ordenarse el archivo de este item con
fundamento en los artículos 73, 156 y 164 de la ley 734 de 2002».
Por otra parte, la entidad disciplinaria determinó la existencia de la falta
disciplinaria por fraccionamiento de contratos y por este motivo profirió pliego de
cargos en contra del demandante:
«NUMERAL TRES: En cuanto a los contratos para la reparación de maquinaria se
suscribió una orden de servicio (OPS No. 161 del 04 de diciembre de 2007 suscrita con
GUSTAVO MORALES MARIN, para la reparación de la motoniveladora del Municipio por
medio de la soldadura, en cumplimiento al convenio No. 305 2 Etapa). la cual se distingue
de los tres contratos de suministro (OS No. 102 - 2007 del 09 de octubre de 2007 suscrita
con G & R TRACTOR DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, que tiene por
objeto el suministro de repuestos para la maquinaria pesada del Municipio / OS No. 103 -
2007 del 09 de octubre de 2007 suscrita con G & R TRACTOR DIESEL E.U/ GLORIA
ROCIO ZAMBRANO ROJAS, que tiene por objeto el suministro de repuestos para la
maquinaria/ OS No. 114 2007, según soportes suscrita con G & R TRACTOR DIESEL E.U/
GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, suministro de repuestos para la maquinaria pesada
del Municipio).
En cuanto a la OS No. 114 - 2006, sin fecha suscrita con G & R TRACTOR DIESEL E.U/
GLORIA ROCIO ZAMBRANO ROJAS, que tiene por objeto el suministro de repuestos
para la maquinaria pesada del Municipio de Pandi, por valor de $5.332.520, plazo de
ejecución tres días (FI. 446-447 c.o.), vemos que a folio 454 obra acta de inicio respectiva
fechada 19 de noviembre de 2007, a folio 438 obra la certificación de cumplimiento, a folio
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453 obra la factura de venta respectiva con fecha 21 de noviembre de 2007 la cual fue
objeto de pago mediante orden y comprobante de pago del 4 de diciembre de 2007 (Fl.
441-442 co). Siendo así, se concluye que la orden fue suscrita no en el 2006, sino
aproximadamente el 19 de noviembre de 2007, por lo tanto no coincide en el tiempo con
las órdenes del 9 de octubre de 2007, órdenes estas que tenían un plazo de ejecución de
20 días, es decir no coincidieron en el tiempo y además, según los estudios previos de
esta contratación (Fl. 464-466 co), la misma obedecía a necesidades sobrevinientes por
desgaste o fricción de la maquinaria.
En lo que si no encuentra justificación este despacho es en la celebración por parte del
Aquí investigado en calidad de Alcalde de la Orden de suministro No. 102 - 2007 del 09
de octubre de 2007 suscrita con G & R TRACTOR DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO
ZAMBRANO ROJAS, que tiene por objeto el suministro de repuestos para la maquinaria
pesada del Municipio de Pandi, por valor de $5.277.200, plazo de ejecución 20 días, CDP
del 3 de septiembre de 2007 (Fl. 95-96 c.o.), y la Orden de suministro No. 103 - 2007 del
09 de octubre de 2007 suscrita también con G & R TRACTOR DIESEL E.U/ GLORIA
ROCIO ZAMBRANO ROJAS, que tiene por objeto el suministro de repuestos para la
maquinaria pesada del Municipio de Pandi, por valor de $3.480.000, plazo de ejecución
20 días, CDP del 03 de septiembre de 2007 (FI. 416-418 c.o.).
De estas dos órdenes de suministro este despacho resalta que se suscribieron con la
misma persona, con el mismo objeto, para el desarrollo del mismo convenio, afectaron el
mismo rubro y CDP, y comportaban el mismo plazo, por lo que puede haber división
artificial de contrato, que amerita la formulación de cargos.
Aunque en declaración rendida por MILTON ALBERTO VEGA (FI.c1012-1015, 1087-1089
co) y que existen dos contratos con el mismo objeto con IDELFRAN MORENO porque se
acordó ello con INVIAS para dar inicio al proceso mientras se adelantaba el proceso de
selección, tal exculpación no es de recibo ya que en el instructivo o cartilla impartida por
INVIAS titulada PLAN DE INVERSION RURALc210 CONTRATACION Y DUDAS
COMUNES (FI. 971-co), se plasmó que si bien la contratación sería por tres módulos, esta
debía cumplir con ley de garantías y ley 80.
En mérito de todo lo expuesto en este acápite de consideraciones surge mérito para
formular reproche al Alcalde Municipal de Pandi Cundinamarca para el 2007, señor JAIR
ANTONIO VARGAS CAMARGO, pues al ejercer tal dignidad era este el responsable de
la actuación contractual del Municipio, tanto en su parte preparatoria como de suscripción,
ya que como representante legal era quien contrataba en representación del municipio y
como tal debía allanarse al principio de legalidad y velar por los intereses de la entidad
bajo su administración, garantizando que la contratación se hiciera de acuerdo a los
parámetros legales y reglamentarios vigentes».
El disciplinado fue debidamente notificado del auto que formuló pliego de cargos en
su contra y mediante apoderado ejerció su derecho de defensa y solicito el decreto
de pruebas.
Con fallo de primera instancia la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, el 8 de
febrero de 2011, declaró no probado y desvirtuado el cargo único indilgado al señor
Jair Antonio Vargas Camargo, en condición de alcalde municipal de Pandi para el
año 2007, como responsable de quebrantar la Ley, en consecuencia, le impuso la
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sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de diez (10)
años.
Contra esa decisión el actor presentó recurso de apelación, en el cual invocó que el
fallo disciplinario no cumplió los requisitos del artículo 142 de la Ley 734 de 2002 y
la autoridad disciplinaria se limitó a establecer una posible división artificial de las
ordenes de suministro sin advertir que eran dos objetos diferentes.
La Procuraduría Regional de Cundinamarca en fallo de segunda instancia de 31 de
mayo de 2012, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad en contra del señor
Jair Antonio Vargas Camargo.
De lo expuesto, determina la Sala que el ente disciplinario garantizó el debido
proceso36 al demandante al notificarle todas las decisiones proferidas en la
actuación sancionatoria, con ello, garantizó el principio de publicidad, el derecho de
contradicción37 y defensa, el cual se materializó con las solicitudes presentadas en
su momento por el investigado, con la formulación de la nulidad procesal presentada
en contra de la notificación del traslado de la prueba de informe, la interposición de
recursos, alegaciones finales en el procedimiento disciplinario, sin que se advierta
nulidad alguna de violación del derecho al debido proceso y el derecho de defensa.
Por otra parte, considera el actor que fue sancionado por otros hechos diferentes a
los investigados. Sin embargo, vale aclarar por la Sala que, los hechos que
originaron la investigación iniciaron por la queja presentada por la señora Nelly
María Cajamarca Ballesteros, por las presuntas irregularidades en la ejecución del
Convenio 035 de 2007, desde el auto de apertura de indagación preliminar de 11
de noviembre de 2008, la autoridad disciplinaria advirtió inconsistencias por un
aparente incumplimiento de normas contractuales.
En ese orden de ideas, la Sala no encuentra falencia alguna en la investigación por
el estudio integral que realizó la entidad demandada en a la carpeta administrativa
del convenio interadministrativo 0305 de 2007, por cuanto, la Procuraduría es la
36
Ley 734 de 2002. Artículo 6o. Debido Proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y
con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y
de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.
37
Ley 734 de 2002. Artículo 94. Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme
a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el artículo 3o. del Código Contencioso Administrativo. Así mismo,
se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.
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Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
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titular del poder disciplinario e incluso la Ley la autoriza iniciar la investigación a
petición de parte o de oficio.
Así las cosas, al establecer que los hechos por los cuales fue sancionado el actor
si tienen que ver con la investigación que adelantó la entidad demandada con el
Convenio Interadministrativo y los bienes y servicios que se adquirieron para su
ejecución.
Además, del pliego de cargos no se advierte que la entidad haya vulnerado el
principio de congruencia, como se puede establecer a continuación:
Pliego de cargos Fallo de primera instancia Fallo de segunda instancia
Hechos. No encuentra Hechos. Al detenerse el Hechos. En el caso bajo
justificación este despacho es operador disciplinario en la estudio se advierte que el
en la celebración por parte del revisión de estos contratos, Municipio de Pandi,
Aquí investigado en calidad de encontró que al parecer se representado por su alcalde,
Alcalde de la Orden de presentaron irregularidades en JAIR ANTONIO VARGAS
suministro No. 102 - 2007 del la contratación de estos CAMARGO, suscribió el 09 de
09 de octubre de 2007 suscrita suministros, pues el aquí Octubre de 2007 la Orden de
con G & R TRACTOR DIESEL investigado en calidad de suministro N° 102 de 2007 con
E.U/ GLORIA ROCIO alcalde suscribe la orden de el contratista G&R Tactor
ZAMBRANO ROJAS, que suministro No. 102-2007 del 09 Diesel E.U/ Gloria Zambrano
tiene por objeto el suministro de octubre de 2007 con G & R Rojas por valor de Cinco
de repuestos para la TRACTOR DIESEL E.U/ Millones Doscientos Setenta y
maquinaria pesada del GLORIA ROCIO ZAMBRANO Siete Mil Doscientos pesos
Municipio de Pandi, por valor ROJAS, que tiene por objeto ($5.277.200.oo) con un plazo
de $5.277.200, plazo de el suministro de repuestos de ejecución de 20 días, bajo
ejecución 20 días, CDP del 3 para maquinaria pesada del el siguiente objeto: “Suministro
de septiembre de 2007 (Fl. 95- Municipio de Pandi, por valor de repuestos para la
96 c.o.), y la Orden de de 5.277.200, plazo de maquinaria pesada del
suministro No. 103 - 2007 del ejecución 20 días, CDP del 3 municipio de Pandi, que se
09 de octubre de 2007 suscrita de septiembre de 2007 (Fl. 95- describe a continuación…” y,
también con G & R TRACTOR 96 c.o.) y el mismo día posteriormente en la misma
DIESEL E.U/ GLORIA ROCIO suscribe la Orden de fecha suscribió la Orden N°
ZAMBRANO ROJAS, que suministro No. 103-2007, con 103 de 2007, con el mismo
tiene por objeto el suministro la misma contratista, es decir, contratista G&R Tactor Diesel
de repuestos para la con G & R TRACTOR DIESEL E.U/ Gloria Zambrano Rojas
maquinaria pesada del E.U/ GLORIA ROCIO por valor de Tres Millones
Municipio de Pandi, por valor ZAMBRANO ROJAS, que Cuatrocientos Ochenta Mil
de $3.480.000, plazo de tiene por objeto el suministro pesos ($3.480.000.oo)
ejecución 20 días, CDP del 03 de repuestos para la también con un plazo de
de septiembre de 2007 (FI. maquinaria pesada del ejecución de 20 días y bajo el
416-418 c.o.). Municipio de Pandi, por valor mismo objeto: “Suministro de
de $ 3.480.000, plazo de repuestos para la maquinaria
ejecución 20 dias, CDP del 03 pesada del municipio de
de septiembre de 2007 (Fl. Pandi” (Folios 81-82 y 416 -
416-418 co) 418)
Determinación de la falta. Falta imputada. Falta imputada.
Por expresa determinación del Se confirma que la falta califica Por expresa determinación del
artículo 43 de la Ley 734 de como GRAVÍSIMA, por cuanto artículo 43 de la Ley 734 de
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2002, en consonancia con el la misma ley establece que 2002, en consonancia con el
artículo 48 numeral 31 de la incurre en falta gravísima artículo 48 numeral 31 de la
misma ley, se clasifica de quien interviene en la etapa misma ley, se califica de
manera provisional la falta precontractual y contractual manera provisional la falta
imputada como GRAVÍSIMA. con desconocimiento de los imputada como GRAVÍSIMA.
principios de contratación
estatal, como se ha venido
demostrando desde el pliego
de cargos – artículo 48.31 de
la Ley 734 de 2002.
Culpabilidad Culpabilidad Culpabilidad
Culpa Gravísima Culpa Gravísima Culpa Gravísima
Teniendo en cuenta lo anterior, el pliego de cargos y los fallos disciplinarios son
congruentes con la delimitación de los hechos, la falta gravísima contenida en el
artículo 48 numeral 31 y la culpabilidad, como consecuencia de la adquisición de
dos órdenes de servicio en la ejecución del convenio 0305 de 2017, realizadas bajo
la modalidad de mínima cuantía en el cual evadió los procesos de selección
establecidos en la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta la cuantía que superó el tope
máximo autorizado para seleccionar el contratista, por lo cual el objeto del contrato
que no admitía fraccionamiento para la adquisición de los repuestos de la
maquinaria pesada requeridos por el municipio de Pandi.
En consideración a lo anteriormente expuesto, la Sala precisa que los cargos
alegados por el actor con referencia a que fue sancionado por hechos no
investigados, no tienen vocación de prosperidad.
Finalmente, la Sala advierte del estudio integral de los actos demandados, que las
decisiones cumplieron con el estudio de tipicidad de la conducta38, conforme al
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que establece la falta gravísima
« Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley» al establecer que se superó los
topes para desarrollar la contratación por órdenes de prestación de servicios y por
el cual debía realizar una convocatoria mediante el proceso de selección.
38
«[…] en el ámbito disciplinario la tipicidad se caracteriza porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están
consignadas en tipos abiertos y en blanco. Es así como, las normas disciplinarias se complementan a partir de otras
disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer
las sanciones correspondientes». Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001-03-25-000-2013-00065-00 (0146-2013)
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Respecto a la ilicitud sustancial39 la investigación identificó la afectación del deber
funcional y de los principios de la contratación estatal de transparencia, el deber de
selección objetiva y la culpabilidad40 a título de falta gravísima por la desatención
de las normas de la contratación estatal. Además, los operadores disciplinarios
realizaron un análisis integral de todos los medios de prueba aportados al proceso
conforme a las reglas de la sana critica, sin que se pueda advertir vulneración alguna
del debido proceso y falta de valoración probatoria integral.
Estas razones son suficientes para revocar el fallo apelado.
2.5. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada
adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del
proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en el
proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
de modo que no se condenará en costas en ambas instancias.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia del 8 de febrero
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, por medio del cual accedió a las pretensiones de la
demanda promovida por el señor Jair Antonio Vargas Camargo y en su lugar se
negarán las pretensiones de la demandada, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
39
ARTÍCULO 5o. ILICITUD SUSTANCIAL. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.
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«[…] es el conjunto de condiciones necesarias que permiten justificar la imposición de una sanción disciplinaria, aspecto
derivado del concepto de la dignidad humana y por lo que se entiende que el sujeto disciplinable pudo actuar
libremente y con el cual el Estado tiene legitimidad para imponerle un correctivo disciplinario, reprochándole al
infractor el no cumplimiento de sus deberes». Jhon Harvey Pinzón Navarrete. La culpabilidad en el Derecho
Disciplinario. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Pág. 229.
Número Interno: 6457-2018
Demandante: Jair Antonio Vargas Camargo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que
accedió a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas. Y en su lugar:
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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