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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00136-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, NEGAR las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2018-00136-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024)
Demandantes: Juan Manuel Llano Uribe, Josefina Uribe de Llano, Julia Leonor
Valencia Botero, Marcelo Llano Valencia, Mariana Llano
Valencia, Clara Inés Llano Uribe, María Carolina Llano Uribe,
María Teresa Llano Uribe, Carlos Eduardo Llano Uribe, José
Ignacio Llano Uribe, María del Pilar Llano Uribe, Jimena Restrepo
Llano, Juanita Herrera Llano, Valentina Uribe Llano, Camilo
Gallego Llano, Simona Gallego Llano, Santiago Herrera Llano,
Manuela Uribe Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto
popular. Competencia de la Procuraduría General de la Nación.
Nulidad del acto administrativo. Violación al debido proceso.
Alcance. REVOCA DECISIÓN. Sentencia de segunda
instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta
Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la
Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001-
03-15-000-2024-04153-00 y acumulados1, procede la Sala a dictar sentencia de
reemplazo.

ANTECEDENTES

Los señores Juan Manuel, Clara Inés, María Carolina, María Teresa, Carlos
Eduardo, José Ignacio, y María del Pilar Llano Uribe, Marcelo y Mariana Llano
Valencia, Camilo y Simona Gallego Llano, Josefina Uribe de Llano, Julia Leonor
Valencia Botero, Jimena Restrepo Llano, Juanita Herrera Llano, Valentina Uribe
Llano, Santiago Herrera Llano, Manuela Uribe Llano, instauraron demanda contra
la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.

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restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, proferidas el 31 de mayo de 2016 por la Procuraduría Delegada para la
Economía y la Hacienda Pública y el 5 de septiembre de 2017 por la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales el señor
Juan Manuel Llano Uribe fue sancionado con destitución e inhabilidad general por
el término de quince (15) años.

Que se condene al pago del daño emergente y lucro cesante; perjuicios morales
para el grupo familiar del demandante y perjuicios por concepto de daño a la salud
física y mental del señor Juan Manuel Llano Uribe.

Que las sumas a pagar sean indexadas, que se condene en costas a la demandada
y que se dé cumplimiento al fallo de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Juan Manuel Llano Uribe fue elegido alcalde de Manizales (Caldas)
para el periodo constitucional 2008-2011.

Que, a su llegada, se había conformado una empresa industrial y comercial para
prestar el servicio de transporte masivo en el municipio, denominada Transporte
Integrado de Manizales S.A. (TIM S.A.), constituida como sociedad anónima con
participación exclusiva de entidades públicas, cuyos socios fueron
INFIMANIZALES2, municipio de Manizales, Municipio de Villamaría, INVAMA y Caja
de Vivienda Popular.

Que la conformación de dicha empresa tuvo como fundamento el Plan de
Ordenamiento Territorial (Acuerdo 508 de 2001) y en el Plan de Desarrollo de la
saliente administración (Acuerdo 617 de 2005), como parte de la política pública de
transporte municipal, por lo que durante su administración se decidió continuar con
el proyecto.

Que el 10 de octubre de 2011, los integrantes de la junta directiva de
INFIMANIZALES decidieron capitalizar el TIM, previa asesoría en relación con la
viabilidad e importancia de dicha operación, por lo que, el 30 de octubre de 2012, la
Contraloría General de Manizales trasladó un hallazgo con incidencia disciplinaria
a la Procuraduría Provincial del municipio, quien a su vez lo remitió a la Personería
de Manizales.

2 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales.

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Que mediante auto del 27 de noviembre de 2012 se abrió una indagación preliminar,
que fue remitida el 14 de marzo de 2014 a la Procuraduría General de la Nación –
Regional Caldas. Esta entidad, en auto del 1 de abril de 2014 remitió la actuación
por competencia a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, quien
en auto del 23 de mayo de 2014 la remitió a la Procuraduría Delegada para la
Economía y la Hacienda Pública.

Que el 24 de junio de 2014 se abrió una investigación disciplinaria en contra de
varios funcionarios, entre ellos el señor Llano Uribe y, posteriormente, en auto del
12 de noviembre de 2014 se le formuló cargo único, indicando que «[e]n su calidad
de Alcalde del Municipio de Manizales y en tal virtud desempeñándose como
miembro de la Junta directiva de INFIMANIZALES autorizó la inversión de recursos
de dicha empresa en la Empresa de Transporte Integrado de Manizales el 10 de
octubre de 2011», calificando su conducta como gravísima, con fundamento en el
numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y determinando su ejecución a
título de culpa gravísima.

Que no fue notificado de las actuaciones adelantadas, inclusive, se le nombró un
defensor de oficio, quien presentó descargos el 6 de marzo de 2015, luego de lo
cual el 31 de mayo de 2016 se decidió en primera instancia sancionarlo con
destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años y que,
presentado el recurso de apelación, el 5 de septiembre de 2017 se confirmó la
sanción impuesta.

Que no fue investigado por conductas relacionadas con temas de corrupción y aun
así la Procuraduría General de la Nación lo sancionó disciplinariamente,
desconociendo su derecho fundamental al debido proceso y que, además, la
entidad no tenía competencia para sancionar a un servidor público de elección
popular.

Que el principal argumento para imponerle una sanción se relacionó con la posterior
liquidación de TIM S.A., pero este hecho no se probó en el procedimiento y que, de
manera forzada, se concluyó en los actos acusados que autorizar la capitalización
de la empresa era igual a efectuar la inversión del capital y que era aplicable el
numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cuando aquel se refiere a
inversiones en carteras colectivas y no a capitalización de una empresa ya en
marcha.

Que como consecuencia de la sanción disciplinaria se afectó su carrera política,
pues no pudo presentarse como candidato a la Cámara de Representantes en las
siguientes elecciones.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 15, 29, 40 y 315; Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: artículos 138, 155, 161, 162 y
163; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 43, 48, 94, 128,
129, 141 y 142; Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante
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Ley 16 de 1972: artículo 23; Ley 412 de 1997: artículo VI; Acuerdo 292 de 1997 del
Concejo de Manizales: artículos 15 y 16; Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva
de INFIMANIZALES: artículos 1, 2 y 3.

Que los actos demandados se expidieron sin que la autoridad disciplinaria tuviera
competencia para ello, pues se trató simplemente de un tema administrativo –la
capitalización de TIM S.A.– y no de un comportamiento relacionado con hechos de
corrupción y que, en consecuencia, se limitó de forma injustificada el ejercicio de los
derechos políticos de un servidor público elegido por voto popular, en la medida en
que la decisión disciplinaria truncó sus participación en las elecciones para el
Congreso en marzo de 2018.

Que se expidieron violando el debido proceso, pues, además de la mencionada falta
de competencia, se aplicaron de manera errónea las disposiciones contenidas en el
numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el Acuerdo 292 de 1997 y el
Acuerdo 08 de 2010.

Que la autoridad disciplinaria desconoció el principio de favorabilidad, pues no
aplicó el precedente de sentencias de tutela y de pronunciamientos del Consejo de
Estado en relación con la prescripción en fallos disciplinarios; asimismo, que se
vulneró el derecho de defensa, pues no fue citado en debida forma al iniciar el
proceso y tampoco se apreciaron de manera integral las pruebas, porque no se
analizó el contenido del oficio que el gerente de TIM S.A. envió a la administración
municipal en enero de 2012, anunciando que el sistema estaba listo para iniciar sus
actividades.

Que los actos sancionatorios se expidieron pese a que la falta disciplinaria del
numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se refiere a inversiones de
excedentes de tesorería y no para el aumento de capital de empresas ya
conformadas, que no se analizó la ilicitud sustancial del comportamiento reprochado
y se sancionó sin que existiera plena prueba del dolo o culpa, lo que significa que
se le atribuyó responsabilidad objetiva.

Que la autoridad disciplinaria interpretó equivocadamente la falta disciplinaria,
porque «autorizar» la inversión no es lo mismo que «efectuarla» y que no investigó
a quienes continuaron pagando lo que faltaba de la capitalización autorizada,
vulnerando el principio de igualdad ante la ley disciplinaria; que, por lo mismo, la
sanción resultó desproporcionada y se impuso sin que se realizara una debida
adecuación típica.

Que la demandada no desplegó mayor actividad probatoria y que, por el contrario,
aceleró el procedimiento disciplinario a espaldas de los investigados y, con escaso
material probatorio, expidió los actos demandados.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 16 de octubre de 20193 y notificada a la demandada,
quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que actuó de
conformidad con la Constitución y la ley, garantizando el derecho de defensa
durante las etapas del procedimiento.

3 Véase archivo 014 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas

(opción “gestión en otros despachos”).
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Que como resultado de la investigación disciplinaria se acreditó que el señor Llano
Uribe promovió la inversión de recursos del Estado sin tener en cuenta su
optimización y que estos se emplearon para el pago de acreencias laborales, sin
corresponder a una política de inversión, lo que originó la formulación del hallazgo
con presunta incidencia disciplinaria por parte de la Contraloría General de
Manizales.

Que las pruebas se estudiaron bajo las reglas de la sana crítica, determinando que
el entonces alcalde de Manizales desconoció su deber funcional, pues afectó los
rubros de INFIMANIZALES porque no se retornaron los rubros trasladados como
inversión y que esto correspondió a una conducta ejecutada con culpa gravísima,
pues tenía a su cargo la dirección administrativa del municipio y la gestión de los
intereses de INFIMANIZALES.

Que las diferentes actuaciones se notificaron según las reglas del procedimiento
disciplinario y que, en ausencia del señor Llano Uribe, se nombró un defensor de
oficio como garantía del derecho de defensa y que los actos acusados se
encuentran debidamente motivados fáctica y jurídicamente.

Que la Procuraduría General de la Nación actuó con fundamento en sus
competencias constitucionales y legales, teniendo en cuenta que el artículo 23 de
la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos debe interpretarse de
manera sistemática con las disposiciones internas, pues el mismo instrumento
internacional, en el artículo 30, permite que las leyes nacionales restrinjan el
ejercicio de derechos y libertadas atendiendo a razones de interés general, como
ocurre en el caso del derecho disciplinario y que, en consecuencia, la potestad
disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no se opone a los tratados
internacionales.

Que la anterior conclusión se apoya en la consolidada jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la materia, según la cual la Procuraduría puede investigar y
sancionar inclusive a quienes fueron elegidos por voto popular, por lo que acoger la
tesis del demandante no solo contravendría tales pronunciamientos, sino que
derivaría en un régimen de irresponsabilidad disciplinaria, en la medida en que
ningún otro órgano del estado tiene la competencia constitucional o legal para
asumir los procesos que deban adelantarse por infracciones a los deberes
funcionales de los servidores públicos4.

Se celebró audiencia inicial el 3 de marzo de 20215, en la que se fijó el litigio y se
resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas documentales y testimoniales. Tras
agotar el período probatorio en diligencia del 9 de agosto de 20216, se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión7 y al Ministerio Público para que

4 Véase archivo 018 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas

(opción «gestión en otros despachos»).
5 Véanse archivo 040 del expediente digital (acta de audiencia) y archivo 041 (grabación) disponibles en el

trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
6 Véanse archivo 052 del expediente digital (acta de audiencia) y archivos 053 a 056 (grabación), disponibles

en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
7 Véanse archivos 048 (alegatos parte demandante) y 049 (alegatos parte demandada), disponibles en el trámite

ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
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presentara su concepto8, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno
por ambas partes.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del veintiséis (26) de abril
de dos mil veinticuatro (2024), declaró infundada la excepción innominada
propuesta por la demandada, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó a la Procuraduría General de la Nación que registrara el fallo
y eliminara de sus bases de datos y sistemas de información los antecedentes
disciplinarios registrados al señor Juan Manuel Llano Uribe como consecuencia de
la sanción impuesta.

Se refirió al marco normativo aplicable a la actuación disciplinaria y a las etapas del
procedimiento que se adelantó en contra del señor Llano Uribe. Luego, abordó el
alcance de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente y
expuso los lineamientos en relación con el control jurisdiccional de los actos
administrativos que se expiden en el procedimiento disciplinario.

Que en el caso concreto era necesario verificar de manera preliminar si los actos
demandados se sujetaban a la normativa que rige en materia de restricción de los
derechos políticos y las garantías judiciales, a la luz de lo dispuesto en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en la jurisprudencia
reciente del Consejo de Estado se había aplicado el control de convencionalidad,
concluyendo que la Procuraduría General de la Nación no es competente para
imponer la sanción de destitución e inhabilidad general a los servidores públicos
elegidos popularmente.

Que el artículo 3 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos
investigados y que dieron lugar a la sanción disciplinaria discutida, otorgó a la
Procuraduría General de la Nación el ejercicio del poder preferente en materia
disciplinaria; no obstante, al examinar el numeral 1 del artículo 44 de la misma ley,
se advierte que las sanciones de destitución e inhabilidad general constituyen claras
restricciones a los derechos políticos, lo cual riñe con la garantía contemplada en el
artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por
Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

Que en la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha señalado que la limitación o
restricción de los derechos políticos a quienes se eligen por voto popular solo puede
provenir de un juez competente, como el juez penal, o como consecuencia de la
pérdida de investidura.

Que, en esos términos, la sanción impuesta al señor Juan Manuel Llano Uribe es
incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, lo que implica que la Procuraduría General de la Nación no era
competente para imponerla y, en consecuencia, los actos acusados incurrieron en

8 Véase archivo 057 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas

(opción «gestión en otros despachos»).
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la causal de nulidad por falta de competencia.

Finalmente, negó las demás pretensiones y decidió no condenar en costas.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El demandante9 interpuso recurso, refiriéndose a la negativa de las condenas por
concepto de daño emergente y lucro cesante, advirtiendo que su cuantificación en
la demanda se realizó conforme a los gastos por concepto de honorarios de
abogados, desplazamientos, asesorías y por el salario que hubiera devengado
como congresista, pues mediante prueba testimonial se acreditó en el proceso que
tenía el aval de su partido político para las elecciones del periodo constitucional
2018-2022.

Que, en relación con los perjuicios morales, contrario a lo afirmado en la sentencia,
no se acreditó que contara con sanciones o condenas en otros procesos y que los
testigos fueron enfáticos en relación con el decaimiento de la salud, daño al buen
nombre y demás afectaciones citadas en la demanda; sumado a que los declarantes
indicaron que se le cerraron muchas oportunidades de negocio en razón de la
sanción disciplinaria.

Que en la decisión de primera instancia no se emitió pronunciamiento en relación
con un punto de los alegatos de conclusión, que llamaba la atención sobre las
diferencias entre las copias del procedimiento disciplinario que le entregaron y las
que aportó la Procuraduría General de la Nación.

La demandada10 interpuso el recurso de apelación destacando que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el alcance del artículo 23.2
de la CADH a la luz de las normas constitucionales sobre el régimen disciplinario de
los servidores públicos, asunto que adquirió especial relevancia a partir de la
sentencia proferida por la CIDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia.

Que en la Sentencia C-551 de 2003 se afirmó que la CADH no tiene carácter
supraconstitucional y, a partir de allí, en sentencias como la C-028 de 2006, se
sostuvo que el artículo 277.6 constitucional no resultaba contrario al artículo 23.2 de
la CADH, en la medida en que este último no podía interpretarse de manera aislada,
sino de manera armónica con los demás instrumentos internacionales y con el orden
interno, lo que se reiteró en las sentencias SU-712 de 2013, C-500 de 2014 y SU-
355 de 2015.

Que en las sentencias C-101 y C-106 de 2018 se indicó que la determinación de los
límites a los derechos políticos corresponde a la cultura política, a la historia y a las
necesidades concretas de cada país, lo que llevó a que en las sentencias C-086 de
2019, al abordar concretamente la facultad de la Procuraduría de suspender
provisionalmente a los servidores públicos, y C-111 de 2019, al estudiar la

9 Véase archivo 077 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas

(opción «gestión en otros despachos»).
10 Véase archivo 074 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas

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competencia de la entidad para sancionar a los servidores públicos de elección
popular se reiterara la necesidad de interpretar las normas aplicables de manera
sistemática.

Que, finalmente, en las sentencias C-146 de 2021 -posterior al caso Petro Urrego
vs Colombia-, C-325 de 2021 y C-030 de 2023 se concluyó que en el sistema
interamericano los estados pueden limitar los derechos políticos por ministerio de la
ley con fundamento en criterios razonables y objetivos y que las competencias de
la Procuraduría General de la Nación solo podrían tener efecto sobre los derechos
de participación cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo hiciese la
determinación final de la sanción.

Que el precedente judicial resulta de obligatoria observancia y su desconocimiento,
abre la posibilidad de acudir, primero, a la acción de tutela contra providencia judicial
por incurrirse en una vía de hecho y que, respecto de las competencias disciplinarias
de la Procuraduría General de la Nación, existe cosa juzgada constitucional, lo que
implica que el Tribunal desconoció la existencia del precedente en la materia, que,
para la fecha de los hechos, era uniforme y pacífico.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de junio de 202411, fue admitido el recurso de apelación y en dicha providencia
se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho para sentencia.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 2 de octubre de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia 12, confirmando
la providencia del Tribunal Administrativo de Caldas, al considerar que la
Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar
disciplinariamente al demandante.

En contra de esta decisión se interpuso una acción de tutela por la demandada, en
la que se ordenó que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su
competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en
consideración a lo aquí decidido»13. Esto, luego de considerar que las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda de esta Corporación, al declarar la nulidad de los actos
administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante los

11 Véase índice 00004 de SAMAI.
12 Véase índice 00010 de SAMAI.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24

de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.
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cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios elegios por voto
popular, se apartaron indebidamente de la tesis consolidada de la Corte
Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional, que avalaba la
competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro
Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos
los actos demandados, como se indica en los considerandos de la sentencia de
tutela14; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de la
excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de jurisdiccionalidad; iii)
porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció a parámetros
constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Colombiano
mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la jurisprudencia
vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la importancia de
proteger el principio democrático, pues resulta claro que la imposición de sanciones
como la cuestionada a servidores públicos elegidos popularmente resulta todavía
más gravosa si se considera que por la vía de decisiones lesivas de la presunción
de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del ejercicio de derechos políticos a
quienes la ciudadanía ha elegido para representar sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, se analizará la competencia de
la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se configura la nulidad
de los actos demandados, luego de lo cual se examinará la violación al debido
proceso y se abordará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus
consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué
manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia
de tutela del 24 de febrero de 202515:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas
convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de
la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación
no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de
quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la

14 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas
de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la
Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos
políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio
aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el
principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en
el artículo 23.2 de la CADH16.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la
parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis
adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de
elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo
23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los
artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que
la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar
a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o
definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución
Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores
internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno
de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado
la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas
sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que
dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la
comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias
temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos
públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto
de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU-712 de 2013, en la que estudió,
vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En
esa oportunidad, señaló (se trascribe):

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los
instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte
concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador General
de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(…)
En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa constitucional
en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y prerrogativas parlamentarias),
de los preceptos legales que regulan la materia, así como de los precedentes
decantados por esta Corporación, demuestra que el Procurador General de la Nación
sí es competente para investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las
sanciones a que haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos
propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole.

16 «Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.».
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Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio Público
en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de una autoridad judicial,
en tanto son actos administrativos susceptibles de ser sometidos a control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para adelantar esta clase de juicios disciplinarios, concretamente, la
suspensión provisional de servidores públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley
734 de 2002) y sostuvo (se trascribe):

“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del
proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la
Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma
parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder
público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En
tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la
Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado,
de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al
momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo
23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de control judicial, por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a un
servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador
disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos,
conforme al antedicho precedente, debe concluirse que la norma demandada es
compatible con las normas previstas en el artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de
la Constitución.”

61. Mediante Sentencia C-111 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo
45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la expresión “elección”, cuando se hace
referencia a la terminación de la relación del servidor público sin importar la naturaleza de
esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al
respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo
93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el
artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a)
la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales ; (ii) la
restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a
un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso;
(iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es
una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones
asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son
judicialmente controlables de una manera efectiva. Por lo tanto (iv) no se justifica que
la Corte Constitucional cambie su precedente.
(…)
27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad
distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido
proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus
ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que
limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que
dicha autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales
establecidas en su artículo 8.

28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los demandantes
según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las garantías mínimas de los
derechos políticos. Los Estados tienen un margen de apreciación en virtud del cual
pueden atribuir a los organismos de control del Estado competencias disciplinarias que
puedan conducir a la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad general de
los servidores públicos. Por ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a
cualquier autoridad siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos
29 de la Constitución y 8 de la CADH. Así, se concluye que el límite que encuentra el
margen de apreciación son los derechos al debido proceso de los servidores públicos
de elección popular. De allí que, no obstante no ser un “juez penal”, la PGN debe
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respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución y 8 de la CADH.
En consecuencia, puede válidamente limitar los derechos políticos de los funcionarios
públicos de elección popular.

29. La PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos. En el caso sub examine, la
disposición acusada se encuentra dentro de los límites del margen de apreciación del
Estado colombiano porque garantiza los derechos establecidos en el artículo 29 de la
Constitución y el 8 de la CADH. Esto es así por tres razones: (i) la PGN es una autoridad
independiente e imparcial, (ii) el proceso de imposición de sanciones a funcionarios de
elección popular asegura las garantías judiciales previstas por la Constitución y la
CADH, (iii) sus actos pueden ser controlados judicialmente de una manera efectiva.”

62. Finalmente, en la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la
exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la
aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos
118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de
forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio
de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de
lo contencioso administrativo.

63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la
Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular,
respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema
tenia a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas y, en consecuencia, incurrieron
en los defectos invocados.

64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencias SU-381 de 2024, resolvió
un pleito con identidad fáctica y jurídica al del asunto de la referencia. En dicha providencia,
la Corte advirtió la configuración de los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y sustantivo, por las siguientes razones (se trascribe):

“184. En conclusión, las condiciones normativas y jurisprudenciales del año 2012 en las
que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia, aunado a que la
interpretación realizada por el Consejo de Estado a partir del trasplante de una regla de
decisión de la sentencia López Mendoza vs. Venezuela 17 desconoció principios
constitucionales, conducen a afirmar que se configuró una violación directa de la
Constitución. Lo que correspondía en este caso a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado era pronunciarse sobre la legalidad de la sanción, a
partir de los cargos invocados por el señor Merlano Morales, sin reprochar un asunto
de competencia que, se insiste, estaba claro en el año 2012 respecto a su titularidad en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y sigue claro bajo el estándar
constitucional vigente, sin perjuicio, por supuesto, del exhorto realizado al legislador.
(…)
200. Por lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que para el
momento en el que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia
disciplinaria –año 2012–, el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 18 había sido objeto de
decisión de exequibilidad por este Tribunal a través de la Sentencia C-028 de 2006 al
amparo del artículo 23.2 de la CADH, en aplicación de la cláusula de remisión prevista
en el artículo 93.1 de la Constitución. Adicionalmente, la Subsección B mencionada
pasó por alto que, al momento de emitir su decisión, también existía la Sentencia C-500
de 2014 que había reafirmado esa constitucionalidad, pese a la expedición de la
Sentencia de la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela. En la medida en

17 Se tiene en cuenta que esta fue la providencia de la Corte IDH que estimó el Consejo de Estado estaba

«vigente» al año 2012 y, por lo tanto, era aplicable en este caso.
18 La Sentencia SU-355 de 2015, reconoció que sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar

servidores públicos de elección popular recaía el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ver la reseña
realizada en el apartado 5.3. de esta providencia.
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que estas sentencias determinaron la exequibilidad del artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002, hacer caso omiso a su vinculatoriedad, implica la configuración del defecto
sustantivo examinado.”

65. Asimismo, en Sentencia SU-382 de 2024, la Corte señaló (se trascribe):

“(…) Sin embargo, dentro del marco normativo que evaluó, la subsección accionada
pasó por alto el precedente constitucional que había avalado la facultad de la PGN de
expedir tales decisiones.

83. La sentencia objeto de la acción de tutela, igualmente, desconoció el precedente
constitucional sobre el valor de las normas convencionales y de la jurisprudencia de la
Corte IDH en el ordenamiento interno colombiano. Estas, como lo ha insistido la Corte
Constitucional, no deben aplicarse en forma aislada y en perjuicio de las normas
constitucionales, sino que su aplicación debe ser sistemática y armónica. En el caso
concreto, con ocasión de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, el Estado
colombiano inició un proceso de armonización normativa que, en todo caso, no podía
ser “automático”. Ese proceso se empezó a realizar a partir de las sentencias C- 146 de
2021 y C-030 de 2023, así como de la Ley 2094 de 2021, pero sus consecuencias no
podían aplicarse a decisiones administrativas anteriores, cuando el ordenamiento
jurídico nacional reconocía la competencia de la PGN en casos como el que es objeto
de estudio.

84. Finalmente, la sentencia tampoco consideró que, al estudiar la legalidad de actos
administrativos, debían privilegiarse las circunstancias de hecho y de derecho vigentes
al momento en que fueron proferidos, en línea con la jurisprudencia del propio Consejo
de Estado. La postura de la subsección accionada ponía a la PGN en una situación
imposible: desconocer el precedente vigente de la Corte Constitucional y comprometer
la validez de sus actuaciones por cuenta de la “aplicación” de un precedente
interamericano que todavía no había sido adoptado. En efecto, la vinculatoriedad del
precedente está relacionada con la protección de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, confianza legítima y coherencia del orden jurídico. Su aplicación rigurosa
permite orientar el comportamiento de las personas e instituciones hacia las normas y
principios constitucionales.
(…)
92. Es cierto que, al declarar la nulidad de los actos de destitución e inhabilidad por falta
de competencia, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado no dio el
alcance a los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución como habían sido entendidos
por la jurisprudencia constitucional en su momento. Además, con el argumento de
aplicar un control de convencionalidad difuso, el Consejo de Estado desconoció que las
normas de la CADH no tienen un carácter superior a las de la Constitución Política, por
lo que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el
contrario, es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica. En esta
labor, no se puede desconocer la interpretación autorizada por parte de la Corte
Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se produce en este caso
por no aplicar las normas superiores que otorgaban una competencia que había sido
reconocida pacíficamente por esta Corporación. La configuración de este defecto trae
por consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso de la PGN, pues dicha
garantía fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de acatar, en
todo momento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le
correspondió conocer, los postulados del texto superior.”

66. En aquellos pronunciamientos, la Corte revocó las decisiones de instancia que negaron
y declararon improcedentes las solicitudes de amparo y, en su lugar, amparó el derecho al
debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, pues estimó que las providencias
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho no superaron el juicio de validez
constitucional de tutela.

67. Finalmente, no puede pasarse por alto que la postura adoptada por esta Sala se alinea
con las consideraciones del Auto de 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-0019, según las cuales (se trascribe):

19 No puede pasarse por alto que los consejeros de Estado William Barrera Muñoz y Alberto Montaña Plata

aclararon su voto frente a dicha providencia de unificación.
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“Por lo tanto, en el presente caso, el juicio efectuado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-030 de 2023, en cuanto declaró ajustado a la Constitución las expresiones
contenidas en el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que modificó el art. 2º de la Ley
1952 de 2019, y el artículo 54 de la Ley 2094, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, dado que en el fallo no se hicieron salvedades, limitaciones ni distinciones
sobre el juicio desarrollado. Así entonces. en relación con las prescripciones anteriores,
no es dable discutir su compatibilidad con la Carta ni con las disposiciones de la CADH
ni los fallos de la Corte IDH”20, pues, este asunto fue resuelto por el juez que tiene la
atribución constitucional de velar por la integridad y supremacía de la Constitución
Política.”».

Por ello, como se concluyó en la providencia de la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación, y contrario a lo decidido en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, el cargo de nulidad por falta de competencia, en
el marco del derecho al debido proceso, no está llamado a prosperar.

Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional.

Su respeto tiene que ver con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que
la actuación se adelante por la autoridad competente, (ii) permitiendo la
participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean escuchados
durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que los
interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (iv) que las decisiones
que se profieran se notifiquen en debida forma y (vi) que se dé el trámite oportuno
cuando las decisiones sean impugnadas21.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201822 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«‘Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

20 Sentencia C-310 de 2002 y Sentencia C-098 de 2007.
21 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
22 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’23»24.

Caso concreto

Del análisis del expediente disciplinario, la Sala destaca:

• Que el 7 de noviembre de 2012 la Contraloría General de Manizales trasladó un
hallazgo presuntamente disciplinario a la Procuraduría General de la Nación –
entidad que posteriormente lo remitió por competencia a la Personería de
Manizales–, relatando que mediante acta nro. 186 de 2011 el Consejo Directivo
de INFIMANIZALES autorizó la capitalización de la Empresa de Transporte
Integrado de Manizales S.A.–TIM por valor de ochocientos millones de pesos,
pese a que esta se encontraba en una crisis financiera según la cual las
inversiones realizadas no cumplían con los criterios de seguridad y rentabilidad
y, por el contrario, existía alto riesgo de no generar la tasa de retorno esperada25.

• Que mediante auto del 27 de noviembre de 2012 la Personería de Manizales
abrió una indagación preliminar en contra del señor Álvaro Vélez Gómez, en su
condición de Gerente de INFIMANIZALES para la fecha de los hechos26.

23 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 Véanse páginas 7 a 10 del archivo 019 del expediente digital,disponible en el trámite ante el Tribunal
Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
26 Véanse páginas 11-12 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
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• Que recaudadas las pruebas ordenadas en la anterior actuación, por auto del 14
de marzo de 2014 la Personería de Manizales remitió el procedimiento por
competencia a la Procuraduría Regional de Caldas27, quien a su vez la envió a
la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa28 y esta, finalmente,
la trasladó a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública29,
la cual, por auto del 24 de junio de 2014 ordenó la apertura de una investigación
disciplinaria en contra de:

• Álvaro Vélez Gómez, gerente de INFIMANIZALES.
• Juan Manuel Llano Uribe, alcalde de Manizales.
• María Elena Gómez Ramírez, Secretaria de Hacienda de Manizales.
• Roberto Arias Aristizábal, Secretario de Planeación de Manizales30.

• Que el 23 de julio de 2014 la Unidad de Gestión Humana de la alcaldía de
Manizales remitió la información de contacto del señor Juan Manuel Llano
Uribe31, luego de lo cual, el 4 de agosto del mismo año se remitió citación para
notificación personal, advirtiendo que, transcurridos 8 días desde su remisión sin
comparecer, se notificaría por edicto32.

• Que el señor Llano Uribe no compareció a notificarse personalmente, por lo cual
se fijó edicto desde el 28 de agosto de 2014 hasta el 1 de septiembre del mismo
año33.

• Que el 12 de noviembre de 2014 se evaluó la investigación disciplinaria y se
formuló al demandante el siguiente cargo:

«En su calidad de Alcalde (sic) del Municipio (sic) de Manizales y en tal virtud
desempeñándose como miembro de la junta directiva de INFIMANIZALES
autorizó la inversión de recursos de dicha empresa en la Empresa de Transporte
de Manizales el 10 de octubre de 2011.-

Se incurre en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 27 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 “Efectuar inversión de recursos públicos en
condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de precedencia,
liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado”

El Acuerdo 008 de 2010 expedido por el Consejo Directivo del Instituto de
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales INFIMANIZALES, por el
cual se establece la política de inversión exigía que dicha determinación de
inversión se realice en todo caso considerando criterios de rentabilidad y
proyección del negocio, fundado en estudios de viabilidad financiera, de
acuerdo con los numerales 1, 2 y 3 del citado Acuerdo. Su deber como Alcalde

27 Véanse páginas 156-157 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
28 Véase página 161 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). Actuación del 1 de abril de 2014.
29 Véase página 163 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). Actuación del 23 de mayo de 2014.
30 Véanse páginas 166 a 170 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
31 Véase página 352 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
32 Véase página 384 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
33 Véase página 390 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
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del Municipio era representar los intereses del Municipio tal como lo demanda
el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política».

El operador disciplinario determinó provisionalmente que esta falta gravísima se
ejecutó a título de culpa gravísima, por manifiesta violación de reglas de
obligatorio cumplimiento34.

• Que el 28 de noviembre de 2014 se remitió una citación para notificación
personal al demandante35 y que, ante su no comparecencia, se fijó edicto desde
el 10 de diciembre de 2014 hasta el 16 del mismo mes y año36, luego de lo cual
se ofició al consultorio jurídico de la Universidad Externado de Colombia el 13
de enero de 2015, para que se designara un defensor de oficio37, a quien le fue
reconocida personería el 19 de febrero de 201538 y presentó escrito de
descargos el 15 de marzo del mismo año39.

• Que de manera posterior, el demandante otorgó poder al señor José Fernando
Calle Trujillo, a quien se le reconoció personería el 17 de marzo de 201540.

• Que en auto del 4 de noviembre de 2015 se corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión41. Decisión que se notificó por estados del 30 de
noviembre del mismo año42.

• Que el 14 de diciembre de 201543 el apoderado del demandante formuló una
solicitud de nulidad respecto del derecho de defensa de otro investigado, la cual
se resolvió el 13 de enero de 201644 y que fue comunicada al señor Llano Uribe
y a su defensor el 14 del mismo mes y año45, notificándose personalmente el
demandante el 19 de enero de 201646.

• Que el 31 de mayo de 2016 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia, declarando probado el cargo formulado, ratificando la calificación de

34 Véanse páginas 469 a 490 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). El análisis respecto del señor Juan Manuel
Llano Uribe en páginas 484-485.
35 Véase página 493 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
36 Véanse páginas 456 a 464 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
37 Véase página 466 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
38 Véase página 611 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
39 Véanse páginas 616 a 626 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
40 Véanse páginas 628 a 631 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
41 Véase página 456 del archivo 067 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
42 Véase página 712 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
43 Véanse páginas 738 a 740 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
44 Véanse páginas 753 a 755 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
45 Véanse páginas 756-757 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
46 Véase página 766 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

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la forma de culpabilidad e imponiendo la sanción consistente en destitución e
inhabilidad general por el término de quince (15) años47, decisión notificada por
edicto fijado entre el 21 y el 23 de junio de 201648 y, presentado el recurso de
apelación49, fue confirmada por auto del 5 de septiembre de 201750, notificado
por edicto fijado entre el 27 y el 29 de septiembre de 201751.

El anterior recuento permite concluir que el cargo de nulidad por violación al debido
proceso, en lo que corresponde a la notificación de las diferentes actuaciones y el
ejercicio del derecho de defensa no está llamado a prosperar, pues la Sala
encuentra que desde la apertura de la investigación disciplinaria la demandada
atendió las ritualidades para poner en conocimiento de los interesados la existencia
del procedimiento, acudiendo a la notificación por edicto ante la imposibilidad de
notificar personalmente al demandante.

También se advierte que la designación del defensor de oficio cumplió con el
presupuesto del derecho a la defensa consagrado en el artículo 17 de la Ley 734 de
2002, pues luego de formulado el cargo disciplinario, se agotó el procedimiento para
que el señor Llano Uribe se notificara personalmente y, ante su ausencia, se libró el
oficio con destino al consultorio jurídico, en los términos ya expuestos. Además, una
vez que le fue reconocida personería al abogado por él designado, este intervino en
las etapas procedimentales subsiguientes y la autoridad disciplinaria analizó sus
argumentos en los actos demandados.

Si el demandante no fue notificado del auto que ordenó la apertura de la indagación
preliminar fue porque dicha actuación no se inició en contra suya, lo que no puede
traducirse en una lesión al derecho de defensa ni en un límite para el ejercicio de la
contradicción.

Tampoco se encuentra que en la actuación se desconociera la normativa en materia
de prescripción de la acción disciplinaria, pues de conformidad con el artículo 30 de
la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 201152,
aplicable al demandante en la medida en que los hechos investigados ocurrieron el

47 Véanse páginas 790 a 838 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
48 Véanse páginas 985-986 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
49 Véanse páginas 949 a 964, 967 a 983, 987 a 1019 y 1030 a 1062 del archivo 019 del expediente digital,

disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
50 Véanse páginas 1085 a 1112 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
51 Véanse páginas 1142-1143 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). Lo anterior, previa citación para notificación
personal del 11 de septiembre de 2017 (véanse páginas 1127-1128 y 1129-1130 del archivo 019 del expediente
digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
52 Ley 734 de 2002. «Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. [se cita la disposición con

la modificación introducida por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011]. a acción disciplinaria caducará si
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación,
para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas
cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción
disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados
internacionales que Colombia ratifique» (corchetes de la Sala).
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10 de octubre de 201153, ante la ejecución de una conducta de tipo instantáneo, la
demandada tenía hasta el 10 de octubre de 2016 para abrir la investigación
disciplinaria, actuación que en el caso concreto se llevó a cabo el 24 de junio de
201454.

Abierta la investigación disciplinaria, se debía notificar la decisión de primera
instancia a más tardar el 24 de junio de 2019 y, como quedó acreditado, el edicto
respectivo se desfijó el 23 de junio de 201655.

No se acreditó en el proceso que la autoridad disciplinaria interpretara de manera
errónea las disposiciones contenidas en el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, el Acuerdo 292 de 1997 y el Acuerdo 08 de 2010 ni que se omitiera la
adecuación típica o la aplicación de los principios rectores de la actividad
sancionatoria, como la favorabilidad, la igualdad ante la ley o la ilicitud sustancial y,
en ese orden, no se evidencia la configuración de defectos procedimentales,
fácticos o sustantivos, que den lugar a declarar la nulidad de los actos por violación
al debido proceso.

Recuérdese que en la actuación sancionatoria se señaló que el comportamiento
que dio origen al cargo formulado se encuadraba en la falta disciplinaria gravísima
del artículo 48, numeral 27, de la Ley 734 de 2002: «[e]fectuar inversión de recursos
públicos en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de
precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado». Para llegar a tal
conclusión, en los actos demandados se analizaron los elementos estructurales del
tipo disciplinario, separando su verbo rector y su complemento, porque para
reprochar el comportamiento se requería que, verificada una inversión de recursos
públicos, esta hubiese tenido lugar en condiciones no garantes de liquidez,
seguridad y rentabilidad en el mercado.

Advertido lo anterior, la demandada analizó lo ocurrido en la reunión del consejo
directivo de INFIMANIZALES el 10 de octubre de 2011, en especial, las
intervenciones del señor Llano Uribe en relación con la capitalización del TIM, el
estado financiero de dicha empresa, que impedía que INFIMANIZALES otorgara un
crédito, de lo cual se derivó que la única salida viable era la capitalización y así se
concluyó al término de la junta: «[s]iendo las 8:00 am los miembros del Consejo
Directivo dan por aprobada la posibilidad de capitalización del TIM, autorizando que
Infi-Manizales gire a la mayor brevedad posible el porcentaje requerido por la
Entidad para cubrir sus obligaciones laborales»56.

Esa situación llevó a la Procuraduría General de la Nación a concluir que tal
operación correspondía a las que el artículo tercero del Acuerdo 008 de 2010,

53 Cfr. la Directiva 016 del 30 de noviembre de 2011 de la Procuraduría General de la Nación.
54 Cómputo al que se refiere el primer inciso del artículo 30 citado previamente.
55 Término regulado por el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Sobre el acto que interrumpe

el término de prescripción, Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del
29 de septiembre de 2009. Exp. 11001031500020030044201. C.P. Susana Buitrago Valencia.
56 Véanse páginas 38 a 48 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

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expedido por el Consejo Directivo de INFIMANIZALES57, clasificaba como
inversiones permanentes, pues en tal estatuto se definieron como aquellas que se
realizaran en las empresas existentes y en las nuevas formas asociativas y el TIM
pertenecía a las primeras.

Siendo así, el análisis posterior arrojó que la inversión autorizada no cumplía con
los criterios de liquidez, pues se especificó que la capitalización autorizada tenía por
objeto cubrir el pago de obligaciones laborales por parte del TIM; seguridad, porque
la posibilidad de pérdida del valor de la inversión era alta y rentabilidad del mercado,
porque con el panorama financiero del TIM era claro que no habría retorno de los
recursos58.

Por su parte, en la decisión de segunda instancia se resolvieron los reparos del
demandante en relación con la diferencia entre «autorizar» y «efectuar inversión»,
la ilicitud sustancial y la forma de culpabilidad.

En dicha oportunidad se precisó que el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002 correspondía a un tipo disciplinario en blanco, cuya integración implicaba la
conjunción de la norma que establecía la función, orden, obligación o deber y la que
consagraba la falta, lo que en el caso concreto se desprendía de la lectura de: (i) el
artículo 15 del Acuerdo 292 de 1997 (estatutos de INFIMANIZALES)59; (ii) el artículo
tercero, numerales 1 y 2 del Acuerdo 008 de 2010 (políticas de inversiones
permanentes de INFIMANIZALES); y (iii) el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002.

De lo que se sigue que la adecuación típica respondió a las exigencias de la
normativa disciplinaria, pues lo cierto es que el presupuesto de la falta gravísima del
numeral 27 podía configurarse respecto de varios supuestos: las inversiones de
excedentes de tesorería, las inversiones en carteras colectivas o, como en el caso
concreto, la capitalización de una empresa ya conformada, que, según los estatutos
de INFIMANIZALES correspondía a una inversión permanente. Por esto, la
atribución de responsabilidad disciplinaria requería de la precisión sobre el tipo de
inversión y ello fue debidamente acreditado y motivado en los actos demandados.

En cuanto a la ilicitud sustancial, se encontraron lesionados los principios de
eficiencia y economía, propios de la función pública, pues el demandante, en su
condición de alcalde y en tal calidad miembro de la junta directiva de
INFIMANIZALES, aprobó la capitalización del TIM sin contar con los estudios que
permitieran evaluar la inversión y determinar su viabilidad; desconociendo con ello
los mandatos de los acuerdos 292 de 1997 y 008 de 2010, ya referidos60.

57 Véanse páginas 27 a 37 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
58 Véanse páginas 804 a 808 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). Corresponde a la valoración de los
argumentos de la defensa del señor Juan Manuel Llano Uribe.
59 Véanse páginas 309 a 320 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). El artículo en cuestión corresponde a las
funciones de la junta directiva de INFIMANIZALES.
60 Véase página 1115 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal

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Sobre el reproche dirigido a la forma de culpabilidad, se ratificó que lo probado en
la actuación daba cuenta del desconocimiento de normas de obligatorio
cumplimiento, presupuesto de la culpa gravísima61.

La Sala tampoco encuentra lesionado el debido proceso en lo que corresponde a la
valoración probatoria desplegada por la autoridad disciplinaria, pues la motivación
de los actos demandados da cuenta del análisis documental de la decisión de la
junta de INFIMANIZALES, de la participación del demandante en la misma, del
estado financiero del TIM, de la normativa reglamentaria de ambas empresas, luego
de lo cual, más allá de toda duda razonable, se encontró acreditada la
responsabilidad del señor Llano Uribe.

Si no se valoró el oficio que el gerente del TIM remitió a la administración municipal
en enero de 2012, como lo afirma el demandante, fue justamente por la misma razón
por la que no podía tenerse en cuenta la posterior liquidación del TIM en la
estructuración de la responsabilidad disciplinaria: porque ambos hechos son
sobrevinientes al objeto de la actuación sancionatoria.

Como se señaló previamente, se investigó una conducta de ejecución instantánea,
cuya ocurrencia se agotó con lo decidido en la junta directiva del 10 de octubre de
2011, en el marco de la cual la infracción de los deberes funcionales no dependía
de la obtención de un resultado sino de la configuración de los presupuestos
estructurales de la falta disciplinaria y, en esos términos, se motivaron los actos
demandados.

En síntesis, no encuentra la Sala que las decisiones disciplinarias se hubiesen
expedido vulnerando el debido proceso y, por tanto, lo procedente es revocar la
sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202162 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del Código General del
Proceso63, y observando los argumentos esbozados por la parte demandante en
sus distintas intervenciones, no se presenta tal supuesto en ninguna de las
instancias; por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica
de sus intereses.

61 Véase página 1116 del archivo 019 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal
Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).
62 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
63 «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será

condenada a pagar las costas de ambas instancias».
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024)

En consecuencia, no hay lugar en condena en costas en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas. En su lugar, NEGAR
las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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