Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2017-00478-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00478-01 (0382-2022)
Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Tema: Disciplinario - servidor público de elección popular – revoca
sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo del 10 de julio de 2024, procede a proferir la providencia de
reemplazo en el proceso de la referencia.
En consecuencia, se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 10 de agosto de 2021, dictada por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El señor Carlos Arturo Triana Vega, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación, con el
objeto de que se declare la nulidad de la Resolución 004 del 21 de abril de 2016
expedida por la Procuraduría Provincial de Sogamoso, por medio de la cual fue
declarado disciplinariamente responsable de incurrir en la falta enlistada en el
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, motivo por el cual se le sancionó
con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el
término de 10 años, y de la decisión de segunda instancia de 23 de septiembre
de 2016, expedida por la Procuraduría Regional de Boyacá que confirmó la
determinación anterior.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se reconozcan y
paguen los perjuicios económicos causados por la imposibilidad de ejercer su
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Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
profesión como contador público; (ii) que se condene en costas y agencias en
derecho a la parte accionada.
3. Como pretensión accesoria, solicitó dar aplicación al numeral 2 del artículo
28 de la Ley 734 de 2002, en el que se consagra como causal de exclusión de
responsabilidad disciplinaria el actuar del servidor público «en estricto
cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el
sacrificado».
4. Como fundamentos fácticos de las pretensiones indicó que la sanción fue
impuesta en el marco del proceso disciplinario adelantado en su contra por la
Procuraduría Provincial de Sogamoso, en su condición de alcalde del municipio
Tibasosa, Boyacá (periodo 2012-2015), que inició a raíz de la queja presentada
el 6 de septiembre de 2012 por la señora Gloria Stella Wilches Franco, en la que
acusó al señor Triana Vega de incurrir en irregularidades en la suscripción del
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión CPS G-017, cuyo objeto
fue el alquiler de maquinaria pesada para el mantenimiento de la red terciaria del
municipio.
5. En la demanda puso de presente que el 15 de enero de 2013 la
Procuraduría Provincial de Sogamoso ordenó la apertura de investigación
disciplinaria, y el 22 de septiembre de 2015 formuló pliego de cargos en su contra,
por haber celebrado un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
adjudicado bajo la modalidad de contratación directa, cuando a juicio del
operador disciplinario realmente se trató de un contrato de obra, motivo por el
cual consideró que incurrió en la falta gravísima prevista en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa gravísima.
6. En su relato señaló que mediante la Resolución 004 del 21 de abril de
2016, se le declaró disciplinariamente responsable de incurrir en la conducta
reprochada, y se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para
desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.
7. Contra la referida resolución interpuso recurso de apelación, y en la
decisión disciplinaria del 23 de septiembre de 2016, la Procuraduría Regional de
Boyacá confirmó la sanción.
Normas violadas y concepto de violación
8. La parte actora enlistó como normas vulneradas los artículos 25 y 311
de la Constitución Política, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el
Decreto 4266 de 2010 y el numeral 1 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.
9. Para comenzar indicó que a comienzos del año 2012 el departamento
de Boyacá, y en especial el municipio de Tibasosa atravesó «la peor época
invernal», situación que motivó la declaratoria de alerta roja en la región debido
a las inundaciones generadas. En ese contexto, el investigado, atendiendo las
recomendaciones de sus asesores jurídicos y con base en los estudios previos
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existentes, consideró necesario celebrar de manera directa un contrato de apoyo
a la gestión cuyo objeto consistió en el alquiler de maquinaria pesada para el
transporte de material recebo a distintas carreteras de tercer nivel, debido a que
se consideró que tanto la declaratoria de la urgencia manifiesta, así como el
proceso de licitación pública habría tomado un tiempo considerable y en ese
momento era imprescindible actuar con inmediatez para mantener la continuidad
de la prestación del servicio de transporte y garantizar el desarrollo pleno de las
actividades de los habitantes del municipio.
10. Por lo anterior, señaló que no debió haber sido sancionado puesto que
existieron circunstancias de fuerza mayor que le impidieron agotar los trámites
previstos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
para la declaración de urgencia manifiesta o la realización de una licitación
pública y, por tal razón, sostuvo que obró amparado en la causal de exclusión de
la responsabilidad consistente en obrar en estricto cumplimiento de un deber
constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
11. Además, adujo que la modalidad de selección fue establecida con el
respaldo de sus asesores jurídicos quienes señalaron que debía alquilarse la
maquinaria a través de un contrato de apoyo a la gestión, pues el municipio no
contaba con los vehículos ni el personal idóneo para hacer el mantenimiento de
las vías, y que con esta forma de proceder se logró mitigar el impacto de la ola
invernal.
12. En la demanda se insistió que el objeto del contrato no era realizar una
carretera sino alquilar maquinaria pesada para ser operada por el contratista, por
lo que no era procedente celebrar un contrato de obra.
13. Así mismo, se hizo énfasis en que, de considerarse que se debía contratar
el servicio por medio de una licitación pública, se pasó por alto que el señor Triana
Vega incurrió en un error invencible de derecho, pues es indudable que obró de
buena fe, con la intención de ayudar a los habitantes del municipio a enfrentar la
ola invernal, y que obró con base en el concepto de sus asesores.
14. Por último, señaló que en el evento en el que se considere que en efecto
hay lugar a sancionar al señor Triana Vega, se modifique el término de la
inhabilidad puesto que con ello se afecta su mínimo vital.
Contestación de la demanda
15. La Nación, Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda puesto que, con el acervo
probatorio que obra en el expediente disciplinario se demostró que el contrato
suscrito por el señor Carlos Arturo Triana Vega correspondía en su naturaleza
jurídica, a un contrato de obra, pese a haber sido denominado contrato de
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, pues su objeto real
era el mantenimiento de la red vial del ente territorial, y no el simple alquiler de
maquinaria pesada.
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16. Precisó que dicho contrato fue suscrito el 9 de marzo de 2012, mientras
que la declaratoria de urgencia manifiesta se produjo con posterioridad, mediante
Decreto 037 del 21 de abril del mismo año.
17. Finalmente, afirmó que los fallos disciplinarios proferidos en primera y
segunda instancia fueron dictados con estricto apego a los principios de legalidad
y proporcionalidad, y dentro del marco del debido proceso, toda vez que el actor
rindió versión libre, presentó descargos, intervino en la práctica de pruebas,
formuló alegatos de conclusión e interpuso recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia, ejerciendo su defensa técnica a través de
apoderado.
Sentencia apelada
18. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, en
sentencia del 10 de agosto de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda por lo que declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias
sancionatorias del 21 de abril y 23 de septiembre de 2016 proferidas por la
Procuraduría Provincial de Sogamoso y la Procuraduría Regional de Boyacá,
respectivamente, a través de las cuales se destituyó e inhabilitó por el término de
10 años para ejercer cargos públicos al señor Triana Vega; condenó a la entidad
demandada al pago de 25 S.M.L.M.V. por concepto de daño a bienes o derechos
constitucional o convencionalmente amparados, y negó las demás pretensiones
de la demanda.
19. Para el efecto, argumentó que, conforme a las disposiciones
convencionales y a las órdenes impartidas en la sentencia del 8 de julio de 2020
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro
Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación carecía de
competencia para imponer sanciones disciplinarias consistentes en destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos al señor Carlos Arturo Triana Vega, en
su calidad de servidor público elegido por voto popular, por cuanto ello constituía
una restricción a sus derechos políticos. Enfatizó que dicha limitación únicamente
podía ser impuesta por una autoridad judicial en el marco de un proceso penal,
conforme con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En ese sentido, el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 734
de 2002 contravenía los derechos y garantías reconocidos en la citada
convención, por lo que la Sala consideró procedente su inaplicación por
inconvencionalidad, “con efectos inter partes”.
20. Negó el reconocimiento de los perjuicios económicos solicitados, debido a
que la parte actora no allegó elemento probatorio alguno que acreditara la
configuración del daño patrimonial, ni demostró la presunta afectación en el
ejercicio de su derecho al trabajo.
Recurso de apelación
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21. Inconforme con la decisión, la Nación, Procuraduría General de la Nación
interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia puesto que dicha
entidad sí tiene competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los
servidores públicos de elección popular, conforme con lo dispuesto en el numeral
6 del artículo 277 de la Constitución Política. Señaló que esta facultad, ejercida
con sujeción al debido proceso, no desconoce los tratados internacionales, pues
el derecho disciplinario en su función de protección de la moralidad pública
permite imponer sanciones que eventualmente impliquen restricciones a
derechos políticos o limitaciones al acceso a cargos públicos, como
consecuencia del incumplimiento de los deberes funcionales.
22. Así mismo, manifestó que los operadores disciplinarios efectuaron un
análisis ponderado e integral del acervo probatorio obrante en el expediente, el
cual permitió acreditar con grado de certeza la comisión injustificada de la falta
gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Por tal
razón, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y declarar ajustados a
derecho los actos administrativos demandados.
Concepto del agente del ministerio público
23. El agente del Ministerio Público, en concepto 064 del 11 de julio de 20221,
solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al estimar que la Procuraduría
General de la Nación actuó conforme a la Constitución, la ley y el debido proceso
al imponer las sanciones. Señaló que estas se sustentaron en las pruebas
recaudadas, las cuales evidenciaron que la conducta atribuida al investigado era
susceptible de responsabilidad disciplinaria, al encontrarse configurados los 3
elementos estructurales que la componen: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
24. En esa medida, sostuvo que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de la autoridad administrativa se ajustó a los principios que rigen esta
materia, sin que ello implicara vulneración del bloque de convencionalidad ni
afectación de los derechos políticos del servidor público de elección popular.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandada.
Problema jurídico
1 Ver índice 9 en SAMAI.
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26. Le corresponde a la Sala estudiar si hay lugar a declarar la nulidad de los
actos disciplinarios demandados, por desconocimiento de normas de superior
jerarquía, al haberse omitido en su valoración las causales de exclusión de
responsabilidad disciplinaria de: i) fuerza mayor o caso fortuito, ii) cumplimiento
de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el deber sacrificado;
iii) error de derecho invencible; y, adicionalmente (iv) que se declare que no había
lugar a imponer la sanción porque no existió la falta, dado que era posible
suscribir el contrato de prestación de servicios y adjudicarlo mediante la
modalidad de contratación directa dado que apoyo a la gestión tiene cabida para
actividades operativas; por último, que se analice la proporcionalidad de la
sanción, concretamente la duración de la inhabilidad impuesta.
Marco normativo. Competencia de la Procuraduría General de la Nación en
materia disciplinaria.
27. El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política establece
expresamente la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
«ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el
poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley». De igual forma, los numerales 1 y 2 del
artículo 278 reconocen al procurador general la potestad de desvincular a los
servidores públicos con ocasión de la comisión de determinadas faltas,
atribuciones que son esenciales dentro del Estado social de derecho, en tanto
buscan garantizar la moralidad administrativa, la transparencia institucional y el
adecuado funcionamiento de la administración.
28. El Código Disciplinario Único, vigente para la época de los hechos que
originaron la investigación y las sanciones impuestas al demandante, desarrolla
el mandato constitucional y regula el procedimiento disciplinario aplicable a los
servidores públicos. Su artículo 3 otorga a la Procuraduría General de la Nación,
en ejercicio del poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir
cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control
disciplinario interno de las entidades públicas». El ente de control ostenta la
potestad de imponer las sanciones previstas en el artículo 44, entre las cuales se
encuentran: i) la destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas
dolosas o cometidas con culpa gravísima; ii) la suspensión en el ejercicio del
cargo e inhabilidad especial, para las faltas graves dolosas y las gravísimas
culposas; iii) la suspensión, para las faltas graves culposas; iv) la multa, para las
faltas leves dolosas; y v) la amonestación escrita, para las faltas leves culposas.
29. En particular, las faltas gravísimas que dan lugar a la sanción de
destitución e inhabilidad general se encuentran expresamente señaladas en el
artículo 48 de la ley en comento, entre ellas, la contemplada en el numeral 31:
«[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
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Constitución y en la ley», que fue la atribuida al señor Carlos Arturo Triana Vega
y dio lugar a la sanción que se cuestiona en este proceso.
Aclaración previa
30. La presente providencia se profiere en cumplimiento de la sentencia de
tutela del 24 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que la Procuraduría General de la Nación era
competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general para el
momento en que se expidieron los actos objeto de control, con fundamento en
los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C
– 028 de 2006, SU 712 de 2013, C – 086 de 2019, C – 111 de 2019, C – 030 de
2023, SU 381 de 2024 y SU 382 de 2024.
31. En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
objeto de control con base en la falta de competencia de la Procuraduría General
de la Nación.
Análisis de los argumentos de nulidad
32. En el presente caso, el señor Carlos Arturo Triana Vega, en su condición
de alcalde del Municipio de Tibasosa, fue declarado disciplinariamente
responsable dentro del proceso adelantado por la Procuraduría Regional de
Boyacá, por incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, atribuida a título de culpa gravísima. Como consecuencia,
se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer
funciones públicas por el término de diez (10) años.
33. La imputación fáctica se circunscribió a que el 9 de marzo de 2012, celebró
el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión CPS G-017 con el
señor William Eduardo Rojas Africano, cuyo objeto era el alquiler de maquinaria
para el mantenimiento vial de la red terciaria del municipio, acudiendo para ello a
la modalidad de contratación directa. No obstante, al examinar el objeto
contractual y su cuantía inicial de $302.400.000, posteriormente modificada
mediante otrosí del 20 de abril de 2012 que adicionó 12 días de ejecución por el
valor de $119.280.000, para un total de $421.680.000, la autoridad disciplinaria
consideró que correspondía adelantar un proceso de licitación pública al tratarse
de un contrato que por su naturaleza debía ser tramitado como de obra, conforme
con los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
34. Contra la Resolución 004 del 21 de abril de 2016 reseñada anteriormente,
el apoderado del investigado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
de forma adversa a sus intereses el 23 de septiembre de 2016, por la
Procuraduría Regional de Boyacá.
35. La demanda contenciosa administrativa fue radicada ante el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 18 de mayo de 2017. El actor fundamentó su
pretensión en el presunto desconocimiento de las causales de exoneración de
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responsabilidad disciplinaria previstas en los numerales 1, 2 y 6 del artículo 28
de la Ley 734 de 2002.
36. Al respecto, argumentó que, ante la declaratoria de alerta roja en el
departamento de Boyacá, particularmente en el municipio de Tibasosa, derivada
de la temporada invernal, se vio en la imperiosa necesidad de celebrar el contrato
de prestación de servicios de apoyo a la gestión CPS G-017 bajo la modalidad
de contratación directa.
37. En relación con la causal 1, relativa a la existencia de una situación de
fuerza mayor, conviene precisar que esta se configura como una circunstancia
ajena al sujeto disciplinable, caracterizada por su imprevisibilidad e
irresistibilidad, que impide el cumplimiento del deber funcional. Por esta razón, el
ordenamiento jurídico la reconoce como una causal eximente de responsabilidad
disciplinaria en tanto elimina el reproche por el incumplimiento del deber, al
tratarse de circunstancias no imputables al investigado.
38. En el caso concreto, si bien el disciplinado sostuvo que no tenía otra
alternativa que suscribir el contrato, cuya naturaleza jurídica correspondía a un
contrato de obra y no de prestación de servicios de apoyo a la gestión (como se
denominó), lo cierto es que dicha actuación debía estar precedida del
cumplimiento de los requisitos legales que habilitan la contratación directa bajo
la modalidad de urgencia manifiesta puesto que este es un remedio previsto para
situaciones imprevistas que le impidan a las entidades agotar todas las etapas
que regularmente están previstas en el estatuto general de contratación de la
administración pública para llevar a cabo la respectiva contratación.
39. Debe ponerse de presente en el caso concreto se buscó remediar el
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el estatuto general de
contratación de la administración pública, de forma posterior a la suscripción del
contrato. En efecto, mediante el Decreto 037 del 21 de abril de 2012, se declaró
la urgencia manifiesta, pese a que el 9 de marzo de 2012 se suscribió el negocio
jurídico que dio origen a la investigación disciplinaria, lo que demuestra que el
demandante conocía del remedio previsto en el ordenamiento jurídico para
atender esas situaciones imprevisibles, y simplemente omitió seguir el trámite
previsto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
40. De otro lado, sostiene el actor que el Tribunal inobservó la configuración
de la causal de eximente de responsabilidad dispuesta en el numeral 2 del
artículo 28 de la Ley 734 de 2002, relativa al estricto cumplimiento de un deber
constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, en razón a que la
actuación cuestionada respondió a la necesidad de atender con premura e
inmediatez la continuidad en la prestación del servicio de transporte y garantizar
el desarrollo normal de las actividades de los habitantes del municipio, aun
cuando ello implicara el sacrificio de los principios que rigen la contratación
estatal y la función administrativa.
41. Respecto a esta causal, esta Corporación ha precisado que:
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«[…] para que opere la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria
prevista en el artículo 28-2 del Código Disciplinario Único, deben darse los
siguientes elementos: (i) tener mínimo dos deberes constitucionales o legales,
relacionados con la función o servicio que se presta por parte del servidor público
implicado, (ii) el cumplimiento del deber ha de ser estricto, (iii) no se puede
pregonar entre deberes omisivos, (iv) uno de los deberes debe cumplirse en
menoscabo del otro, por tener mayor jerarquía, (v) el cumplimiento de los (sic) de
los deberes debe estar en cabeza del mismo servidor público, y (vi) el
disciplinable debe conocer que actúa para hacer prevalecer el de mayor
jerarquía».2
42. En el presente asunto, no se advierte que se hubieran cumplido los
presupuestos exigidos por la jurisprudencia para la configuración de esta causal
eximente. Si bien el disciplinado alegó haber actuado en cumplimiento de un
deber de mayor jerarquía, esto es, la garantía de la continuidad del servicio de
transporte, lo cierto es que dicho argumento no resulta suficiente, pues no se
acreditó que el cumplimiento de este deber haya sido estrictamente incompatible
con el acatamiento de los principios que rigen la contratación estatal; por el
contrario, era posible atender la situación de emergencia sin necesidad de
desconocer la normativa que exige la declaración de urgencia manifiesta para
recurrir a la contratación directa, cuando de forma posterior a la suscripción del
contrato de todas formas se declaró que se presentó tal situación.
43. Así las cosas, no puede entenderse que el deber constitucional invocado
justificara la transgresión del principio de legalidad ni que se hubiese configurado
una verdadera colisión de deberes que hiciera inexigible una conducta distinta.
44. Ahora bien, expresamente la Resolución 004 del 21 de abril de 2016
despachó este argumento defensivo propuesto por el investigado, al encontrar
que «no puede predicarse incumplimiento entre los fines estatales vs. selección
de un determinado procedimiento contractual donde se transgredió
flagrantemente la ley».
45. De lo anterior, se advierte que la antijuridicidad de la conducta fue
debidamente valorada por la autoridad disciplinaria, al establecer que no se
configuraban los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para la aplicación
de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28
de la Ley 734 de 2002.
46. En lo atinente a la causal 6 relativa a la existencia de un error invencible
es preciso poner de presente que tampoco se logró acreditar pues esta tiene
unos contornos muy específicos. En relación con esta, la corporación ha
señalado que para que opere se requiere que además de que exista el error, que
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda sentencia del 23
de noviembre de 2023, expediente 2941-2021, magistrado ponente: Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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se tenga la plena creencia de que se actuó conforme con lo previsto en el
ordenamiento jurídico, y que el error no sea humanamente superable, lo que
implica demostrar que se obró con diligencia3.
47. En el caso concreto, pese a las gestiones acreditadas, el disciplinado
terminó infringiendo el deber objetivo de cuidado que le correspondía en su
condición de alcalde, pues no tuvo en cuenta el texto del artículo 42 de la Ley 80
de 1993 que sin mayores dificultades impone la obligación de declarar la urgencia
manifiesta para conjurar graves situaciones que puedan afectar las vías del
municipio como lo era la ola invernal, lo que a su vez supone motivar el acto
administrativo de forma que se pueda acudir a la contratación directa.
48. Resulta evidente que el demandante era consciente de la normativa, tanto
es que de forma posterior a la suscripción del contrato de apoyo a la gestión la
declaró.
49. Por lo anterior, no se puede considerar que se haya configurado la causal
de exclusión de la responsabilidad de error invencible, pues es evidente que con
la debida diligencia se habría podido contratar la prestación del servicio sin
desconocer los principios que rigen la contratación estatal.
50. En relación con la inexistencia de la falta porque el contrato de apoyo a la
gestión permite llevar a cabo actividades operativas, es preciso poner de
presente que, tal como lo señaló la Procuraduría Provincial de Sogamoso en la
Resolución 004 del 21 de abril de 2016, en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 expresamente se previó la tipología de contrato de obra para la
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, como lo son las vías
públicas.
51. Al respecto, valga poner de presente que el contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión se puede celebrar para adelantar actividades
identificables e intangibles que sean requeridas por la entidad estatal y que
impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento,
o soporte, con la finalidad de satisfacer necesidades de las entidades estatales
en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento de la misma, y
que no implican el ejercicio de funciones públicas administrativas, tal como lo
estableció la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia del 2 de
diciembre de 20134, por lo que no le era permitido al alcalde del municipio de
Tibasosa evadir el procedimiento de selección de la licitación pública, mediante
la utilización de esta tipología contractual, puesto que con ello se desconocen
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 27
de febrero de 2014, expediente 2728-2012, magistrada ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de
diciembre de 2013, expediente 41.719, magistrado ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00478-01 (0382-2022)
Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
principios cardinales de la contratación estatal como lo son la transparencia y la
selección objetiva.
52. En ese orden de ideas, la Sala coincide con el operador disciplinario en el
sentido de considerar que efectivamente se presentó la falta gravísima
consistente en «participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual,
en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley», puesto que no era posible obviar las reglas previstas
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para los
contratos de obra, o, dada la gravedad de la ola invernal, omitir las reglas relativas
a la urgencia manifiesta para conjurar la situación.
53. Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán
las pretensiones.
54. Por último, en la demanda que dio origen al presente proceso se solicitó
que en el evento en el que se considere que existió la falta disciplinaria se
modifique el término de la inhabilidad puesto que con ello se afecta su mínimo
vital.
55. Al respecto, se advierte que la demanda no contiene un verdadero
reproche respecto de la proporcionalidad de la sanción, pues no se cuestionó la
calificación hecha por la autoridad disciplinaria según la cual la conducta (falta
gravísima) se realizó con culpa gravísima. Luego, se pone de presente que al
señor Triana Vega se le impuso la sanción mínima, es decir, la inhabilidad por el
término de diez años, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 44 y 46 de la
Ley 734 de 2002. Por tal razón no es pertinente modificar este aspecto de las
decisiones disciplinarias sancionatorias.
Condena en costas
56. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la
condena al respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Al revisar el caso concreto, se considera que la demanda no carece de
fundamento legal, lo que lleva a no imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00478-01 (0382-2022)
Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
RESUELVE
PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de
2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021, por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.
TERCERO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias.
QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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