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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00430-02

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2019-00430-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia al demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena. Tercero. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79.399.935 y portador de la tarjeta profesional nro. 72.169 del C.S.J., para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00081 de SAMAI- Tribunales. Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2019-00430-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2019-00430-02 (2029-2025)
Demandante: Bolman Gregorio Macías Sierra
Demandados: Procuraduría General de la Nación

Tema: Competencia de la Procuraduría General de la Nación para
imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos
por voto popular. Nulidad de los actos administrativos por
violación al debido proceso. Prescripción de la acción
disciplinaria. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Bolman Gregorio Macías Sierra instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 30 de noviembre de 2016 y el 29 de marzo de 2019 por la
Procuraduría Regional del Magdalena y por la Procuraduría Primera Delegada para
la Contratación Estatal, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se retrotraiga el procedimiento
hasta el momento en que debió surtirse la notificación del auto de cierre y se
continúe con el trámite hasta su culminación y que se «restablezcan los derechos
Civiles (sic) y Políticos (sic) y se levante la inhabilidad decretada para ejercer cargos
públicos por el término de 10 años».

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HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que el 12 de marzo de 2014 la demandada abrió una investigación disciplinaria
en su contra, en su condición de presidente del Concejo Distrital de Santa Marta
para la vigencia 2013, con fundamento en la queja formulada por dos ciudadanos,
según la cual habría incurrido presuntamente en varias irregularidades: (i) la
celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales; (ii) los contratistas no
habrían pagado la seguridad social; y (iii) despidió a la jefe de la oficina de Control
Interno y nombró a su reemplazo, sin tener en cuenta el periodo de vinculación de
4 años de dicha servidora conforme a la Ley 1474 de 2011 y sin tramitar de manera
previa la autorización para su desvinculación ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

6. Que el 14 de julio de 2014 se formuló pliego de cargos y el 30 de noviembre de
2016 fue declarado disciplinariamente responsable por la incursión en una falta
gravísima, pues según la demandada «(…) el día 27 de diciembre de 2013, suscribió
los contratos Nos (sic) 050, 052 y 056 con los señores (…) sin tener en cuenta una
adecuada elaboración y evaluación de estudios previos (…) lo cual produjo la
fijación y cancelación de honorarios y/o monto por encima del valor correspondiente,
con evidente sobrecosto en detrimento del patrimonio distrital (…)».

7. Agregó que esa decisión fue confirmada el 29 de marzo de 2019, notificada el
3 de mayo del mismo año, cuando ya habría operado el fenómeno de la
prescripción, pues entre esta determinación y la apertura de la investigación
disciplinaria transcurrieron más de 5 años. Además, durante el trámite sancionatorio
elevó solicitudes de nulidad y de recusación en contra del procurador regional de la
época, que se resolvieron de manera desfavorable.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Constitución Política: artículos 4, 25, 29, 53 y 299; Ley 734 de 2002 y Ley 1474
de 2011.

9. Considera que en la actuación disciplinaria se incurrió en una vía de hecho,
porque existió un vicio de procedimiento en la formación de los actos, pues el auto
de cierre de la investigación disciplinaria se notificó por estado, cuando debía
hacerse de manera personal, diligencia que la demandada ni siquiera intentó
adelantar; asunto que resulta fundamental ya que esa providencia es recurrible, lo
que significa una oportunidad adicional de defensa para el investigado.

10. Agregó que en su caso se configuró la prescripción de la acción y, en esa
medida, la decisión de la Procuraduría Delegada se adoptó por fuera de los términos
previstos en la Ley 1474 de 2011, pues bastaba con confrontar la fecha de presunta
ejecución de la falta, esto es, el año 2013, con la expedición de la decisión de
segunda instancia, ocurrida el 29 de marzo de 2019, para concluir sin mayor
elucubración que había transcurrido un lapso superior a 5 años.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida por auto del 1 de agosto de 20191. La Procuraduría
General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar
que la actuación de la entidad se ajustó a lo previsto en el ordenamiento jurídico.

12. Que si bien el Consejo de Estado ha precisado que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo realiza un control de legalidad amplio sobre los actos
sancionatorios, lo cierto es que no pueden desconocerse las reglas procedimentales
propias del trámite disciplinario, de tal forma que el juicio sobre los actos
administrativos no puede implicar una tercera instancia en la materia, pues se trata
de un análisis de validez y no de corrección.

13. Agregó que los actos demandados se expidieron con estricto apego al debido
proceso y por la autoridad competente para investigar y juzgar a servidores públicos
de elección popular, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, sin que se pueda afirmar que «la imposibilidad de ejercicio de
funciones públicas como consecuencia de una sanción disciplinaria, vulnere los
derechos políticos de quien resulte electo, pues, como se vio, este derecho, al igual
que otros fundamentales, pueden ser limitados con el fin de garantizar la eficacia de
otros del mismo rango».

14. Propuso como excepciones la inexistencia del derecho pretendido y la
innominada o genérica2.

15. Por auto del 10 de mayo de 2021 se adoptaron medidas para dictar sentencia
anticipada3. En consecuencia, se fijó el litigio, se indicó que se tendría por no
contestada la demanda y se resolvió sobre el decreto de pruebas. En providencia
del 3 de septiembre de 2021 se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto4.

16. Recibidos los alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público, el 7 de
marzo de 2022 se difirió el término para decidir, tras considerar que la Sala Plena
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto del 22 de abril de 2021 (Exp.
76001-23-33-000-2013-00305-01 (3554-2018)) avocó conocimiento con el fin de
dictar sentencia de unificación sobre la competencia de la Procuraduría General de
la Nación para imponer sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad a

1 Véanse páginas 163 a 165 del archivo «001ExpedienteDigitalFolio1a181» de la carpeta
«01CuadernoPrincipal», disponible en el enlace a OneDrive visible en
«5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en «3ED_Correo(.pdf)», del índice 00002 de SAMAI. La demanda
se inadmitió por auto del 25 de julio de 2019, a fin de que el interesado aportara copia de la decisión
sancionatoria de primera instancia, con la constancia de su notificación (véanse páginas 119-120 del mismo
archivo).
2 Véanse páginas 202 a 213 del archivo «001ExpedienteDigitalFolio1a181» de la carpeta
«01CuadernoPrincipal», disponible en el enlace a OneDrive visible en
«5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en «3ED_Correo(.pdf)», del índice 00002 de SAMAI.
3 Véanse páginas 221 a 224 del archivo «001ExpedienteDigitalFolio1a181», de la carpeta
«01CuadernoPrincipal», disponible en el enlace a OneDrive visible en
«5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en «3ED_Correo(.pdf)», del índice 00002 de SAMAI.
4 Véase archivo «03AutoCorreTrasladoParaAlegarConclusion», de la carpeta «01CuadernoPrincipal»,

disponible en el enlace a OneDrive visible en «5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en
«3ED_Correo(.pdf)», del índice 00002 de SAMAI.

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servidores públicos elegidos por voto popular que no estén amparados por fuero5.
Esta decisión se confirmó el 22 de septiembre de 20226 y en auto del 25 de agosto
de 2023 se resolvió estarse a lo resuelto en la providencia del 22 de septiembre7.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

17. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del doce (12) de
febrero de dos mil veinticinco (2025)8, negó las pretensiones tras concluir que los
actos demandados no adolecían de los vicios señalados por el demandante.

18. De manera preliminar se refirió a la decisión de diferir el término para proferir
sentencia hasta que se dictara la providencia de unificación por parte del Consejo
de Estado. Indicó que la ausencia de ese pronunciamiento no era razón para
mantener suspendida la actuación ni restringía la competencia del Tribunal.

19. Respecto de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular, señaló que existían
dos tesis: (i) la Sección Segunda del Consejo de Estado, tras aplicar el control de
convencionalidad, dijo que dicha potestad resultaba incompatible con la normativa
convencional, cuando la consecuencia de su ejercicio se traducía en el retiro
temporal o definitivo del servicio; (ii) la Sección Quinta de la misma Corporación, en
sentencia del 31 de octubre de 2024 dejó sin efectos 10 sentencias de la Sección
Segunda al concluir que se incurrió en violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo al aplicar de manera irrestricta
y automática el artículo 23.2 de la CADH.

20. Que, frente a ambas posturas, se acogía la expuesta por la Sección Quinta,
pues no reconocer la competencia sancionatoria de la Procuraduría frente a
servidores de elección popular implicaría desconocer la estructura constitucional;
además de no resultar procedente efectuar un control de convencionalidad cuando
ya hay pronunciamiento previo por parte de la Corte Constitucional respecto de la
validez de la norma.

21. Luego, al referirse a los cargos concretos de nulidad, señaló, respecto de la
prescripción de la acción disciplinaria, que de conformidad con el artículo 30 de la
Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 y según lo
definido por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de septiembre de 2009
(Exp. 2003-00442-01), esta se configura cuando han transcurrido más de 5 años
entre la fecha de apertura de la investigación disciplinaria y la notificación de la
decisión disciplinaria de primera instancia.

22. Que, en ese orden, la investigación en contra del señor Macías Sierra se abrió

5 Véase archivo « 07AutoDifiereTerminoParaDecidir», de la carpeta «01CuadernoPrincipal», disponible en el

enlace a OneDrive visible en «5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en «3ED_Correo(.pdf)», del índice
00002 de SAMAI.
6 Véase archivo «10AutoDecideRecursoReposicónyConstanciaNotificación» de la carpeta
«01CuadernoPrincipal», disponible en el enlace a OneDrive visible en
«5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en «3ED_Correo(.pdf)», del índice 00002 de SAMAI.
7 Véase archivo « 14AutoResuelveSolicitudParteDemandante1», de la carpeta «01CuadernoPrincipal»,

disponible en el enlace a OneDrive visible en «5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en
«3ED_Correo(.pdf)», del índice 00002 de SAMAI.
8 Véase índice 00069 de SAMAI-Tribunales. Exp. 47001233300020190043000.

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el 12 de marzo de 2014, mientras que el 30 de noviembre de 2016 se expidió la
decisión disciplinaria de primera instancia, que se notificó el 5 de diciembre del
mismo año; de manera que no transcurrieron más de 5 años entre ambas
actuaciones, por lo que el cargo de nulidad por prescripción de la acción no estaba
llamado a prosperar.

23. En relación con la expedición irregular de los actos, que se fundó en que no fue
notificado personalmente el auto que cerró la investigación disciplinaria, destacó
que de conformidad con el artículo 105 de la Ley 734 de 2002, modificado por el
artículo 46 de la Ley 1474 de 2011, la notificación por estado procede respecto de
los autos que ordenan el cierre de la investigación y corren traslado para alegatos
de conclusión, lo que acompasa con el artículo 160-A de la normativa disciplinaria,
según el cual, «cuando se haya recaudado prueba que permita la formación de
cargos, o vencido el término de investigación, el funcionario de conocimiento,
mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo (sic) admitirá el recurso
de reposición, declara cerrada la investigación (…)».

24. Que, según lo anterior, con la modificación introducida por el artículo 53 de la
Ley 1474 de 2011, que adicionó el artículo 160-A al Código Disciplinario Único, el
auto de cierre de la investigación es notificable, lo que significa que se trata de una
actuación que debe ponerse en conocimiento de los interesados; pero no implica
que esta deba realizarse de forma personal, pues así no se regula esta ritualidad en
las referidas disposiciones y, en consecuencia, no asistía razón al demandante.

25. Resolvió no condenar en costas.

EL RECURSO DE APELACIÓN

26. El demandante interpuso recurso de apelación9, en el cual, luego de reiterar
los supuestos fácticos de su demanda, señaló que no cuestionó si la autoridad
disciplinaria era o no competente para sancionarlo con destitución del cargo y, en
esa medida, la ratio decidendi de la sentencia resultaba contraria a los argumentos
de su concepto de violación, pues lo que allí cuestionó tenía que ver con un vicio de
procedimiento, que se configuró cuando la Procuraduría General de la Nación no le
notificó de forma personal el auto que cerró la investigación disciplinaria, lo que
resultó lesivo del derecho al debido proceso.

27. Agregó que, conforme al artículo 123 del Código General Disciplinario las
decisiones interlocutorias se notifican de manera personal, para lo cual se debe
remitir una citación por el término de 3 días y solo si el investigado no acude a
notificarse personalmente se fija un estado. Que en la misma norma se indica que
esa es la manera de notificar el auto de cierre de la investigación, el traslado para
alegatos precalificatorios y el traslado del dictamen pericial en la etapa de
investigación.

28. Que la notificación permite al encartado conocer la decisión y ejercer su derecho
de defensa, por lo que es importante que se cumpla con los requisitos que la ley
establece para tal diligencia y, en su caso, la ausencia de esta implicó por parte de

9 Véase índice 00072 de SAMAI-Tribunales. Exp. 47001233300020190043000.

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la demandada el desconocimiento de las normas invocadas como violadas, pues
inclusive de conformidad con los artículos 46 y 53 de la Ley 1474 de 2011 la
providencia que cierra la investigación debía notificarse de forma personal.

29. Reiteró que la decisión sancionatoria se adoptó de manera extemporánea, pues
los hechos objeto de investigación ocurrieron en el año 2013, mientras que la
decisión de segunda instancia se expidió el 29 de marzo de 2019; situación que
amerita la prosperidad de sus pretensiones.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. El 1 de agosto de 202510 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a
Despacho.

31. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

32. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse, pues,
en los términos de la apelación, además de contener argumentos relacionados con
la competencia de la autoridad disciplinaria, que no se expusieron en el concepto
de violación, en punto a los actos demandados, en su expedición se lesionó el
debido proceso, porque la autoridad adoptó la decisión sancionatoria después de
prescrita la acción y porque no se notificó de manera personal el auto que cerró la
investigación disciplinaria.

34. Con el anterior propósito, en la sentencia se realizarán algunas consideraciones
en torno a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer
sanciones a servidores públicos elegidos por voto popular, se referirá a la violación
del debido proceso como causal de nulidad de los actos administrativos y,
finalmente, abordará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
a servidores públicos elegidos por voto popular

35. Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para
determinar la validez de un acto administrativo, pues si bien no hace parte de la
estructura y contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las
potestades de una autoridad para definir una situación jurídica, lo que
necesariamente se relaciona con el principio de legalidad, porque delimitar qué
autoridad debe resolver un asunto específico es indispensable en el modelo de
Estado Social y Democrático de derecho, en la medida en que evita el ejercicio

10 Véase índice 00004 de SAMAI.

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arbitrario del poder11.

36. A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función»12, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.

37. Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a
aquel vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión
no tenía el poder legal para tomarla13. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.

38. Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las
normas que distribuyen las competencias funcionales»14; lo que, a su vez:

«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el
demandante no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige
igualmente que el vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la
aprobación posterior de la autoridad competente, ni ésta (sic) puede
renunciar a ella en beneficio de un administrado15. Tampoco puede ser la
competencia objeto de convención entre las partes ni modificarse, en
principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su
magnitud, coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por
cualquier otro motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del
funcionario esté cuestionada, la lógica impone determinado orden en la
impugnación y hace que sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición
irregular del acto, de la falsa motivación, de la desviación de poder o de
la infracción de la norma de derecho de fondo. (…)»16

39. Visto, pues, el alcance de la causal de nulidad del acto por falta de competencia,
en este caso es necesario precisar que esta Subsección, tras aplicar el principio de
control de convencionalidad, creado y defendido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, y con fundamento en distintos pronunciamientos tanto de dicha
autoridad como de esta Corporación, consideraba que la asignación de
competencias a una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos
de los servidores elegidos por voto popular por la vía de la imposición de correctivos
disciplinarios como la suspensión o la destitución junto con la inhabilidad especial o
general, según el caso, resultaba incompatible con las disposiciones
constitucionales y convencionales.

11 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Exp. 23001-23-

33-000-2013-00163-02 (4789-2018). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
12 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado

en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
13 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.

Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
14 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
15 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
16 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.

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40. No obstante, las decisiones en ese sentido fueron objeto de la acción
constitucional de tutela y de consecuentes pronunciamientos de las distintas
secciones del Consejo de Estado17 e inclusive la Corte Constitucional18, en los que
se ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular; asunto que culminó
ante la Corte Constitucional con la sentencia C-030 de 202319 y, ante esta
Corporación, con el auto de unificación del 3 de diciembre de 202420.

41. En ese sentido, pese a que el criterio de los suscritos dista del desarrollado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, y se aparta de la línea
jurisprudencial que reiteró la competencia disciplinaria de la Procuraduría respecto
de funcionarios elegidos popularmente, en la medida en que subsisten serios
cuestionamientos en torno a la compatibilidad de dicha potestad con el bloque de
convencionalidad y con las garantías de participación democrática; la Subsección
reconoce que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional constituyen
precedente vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada, razón por la cual deben ser
acatadas por todas las autoridades judiciales.

42. De manera que los argumentos expuestos en el recurso de apelación se
analizarán a partir de considerar que la Procuraduría General de la Nación era
competente para investigar y sancionar al señor Bolman Gregorio Macías Sierra.

43. Cabe una precisión adicional: el apelante cuestiona el análisis que realizó el
Tribunal respecto de la competencia de la autoridad disciplinaria para sancionarlo,
pues, a su juicio, si no se cuestionó este punto en el concepto de violación la
sentencia no tenía por qué referirse a él, manifestación que para la Sala no es de
recibo, en la medida en que estas consideraciones partieron del deber de las
autoridades de incluir en sus valoraciones el concepto de «control de
convencionalidad», creado y defendido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; máxime que, como se advirtió en la providencia objeto de recurso, se
trata de una cuestión con posiciones encontradas en la que, como ya se relató, esta
Subsección acogía la tesis contraria a la seleccionada por el Tribunal Administrativo
del Magdalena.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,

17 Cfr.: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia

del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulados. C.P. Alberto Montaña Plata;
Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2024-03021-01. C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de enero de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2024-
07001-01. C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
18 Corte Constitucional. Sentencias SU-381 de 2024 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y SU-382 de 2024 (M.P. Natala

Ángel Cabo).
19 Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés

González.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 3 de diciembre de 2024 (recurso

extraordinario de revisión contra las sanciones disciplinarias de los servidores públicos de elección popular,
emitidas por la Procuraduría General de la Nación previsto en la Ley 2094 de 2021). Exp. 11001-03-15-000-
2023-00871-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

45. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13721 y 13822 de la Ley 1437 de 2011 regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

46. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

47. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un
límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos de
los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico23.

48. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 24; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

49. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso25 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de

21 Del medio de control de nulidad.
22 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
23 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
24 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
25 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un

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los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución26.

Caso concreto

50. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria27, la Sala destaca que:

• Por auto del 12 de marzo de 201428 la Procuraduría Regional del Magdalena ordenó la
apertura de una investigación disciplinara en contra del señor Bolman Gregorio Macías
Sierra, quien se desempeñó como presidente del concejo distrital de Santa Marta, con
fundamento en la queja formulada por dos ciudadanos que daban cuenta de distintas
presuntas irregularidades ocurridas durante la vigencia 2013, relacionadas con (i) la
celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales; (ii) no pago de la seguridad
social por parte de los contratistas; (iii) el despido de la jefe de control interno y el
nombramiento de un nuevo funcionario en el cargo, sin que culminara el periodo de la
anterior; y (iv) el nombramiento de un funcionario en un cargo provisional, sin previa
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil29.

Esta decisión se notificó de manera personal el 22 de mayo de 201430.

• El 27 de junio de 2014 se notificó por estado el auto del 26 del mismo mes y año,
mediante el cual se cerró la investigación disciplinaria31.

• El 10 de julio de 2014 se formularon al demandante los siguientes cargos:

«(…) CARGO PRIMERO

Se ha establecido que en su condición de Presidente (sic) del Concejo Distrital de
Santa Marta (…), actuando en contra de los principios de la Contratación (sic)
Estatal (sic), el día 27 de diciembre de 2013, suscribió los Contratos No. 050, 052
y 056 con los señores ARMANDO DE JESUS BACCA PEREIRA, CARLOS
GUSTAVO BUELVAS ALVARADO Y JULIO ANTONIO VALDERRAMA, cuyos

procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
27 Carpeta «Cd4» de «02ExpedienteDisciplinarioIUS-2014-77868», disponible en «01CuadernoPrincipal» del

enlace a OneDrive visible en «5ED_RV_REMISIONDEEXPEDIE(.eml)» y en «3ED_Correo(.pdf)», del índice
00002 de SAMAI. En adelante, la referencia al expediente administrativo comprenderá esta ruta de acceso.
28 Véanse páginas 130 a 133 del archivo «CARPETA No. 3».
29 La queja, junto con sus anexos, en los archivos «CARPETA No. 1», «CARPETA No. 2» y páginas 1 a 127 de

«CARPETA No. 3».
30 Véase página 327 del archivo «CARPETA No. 3».
31 Véase página 402 del archivo «CARPETA No. 4». El auto referenciado, en la página 439 del mismo archivo.

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objetos se relacionan a continuación, sin tener en cuenta una adecuada elaboración
y evaluación de estudios previos, que permitieran la fijación del valor de los citados
contratos acorde con el verdadero monto que debía pagarse en cada caso (…) lo
cual produjo la fijación y cancelación de honorarios y/o monto por encima del valor
correspondiente, con evidente sobrecosto, en detrimento del patrimonio Distrital,
conforme se especifica a continuación (…) » (negrillas y mayúsculas en el texto
origina).

El comportamiento se adecuó provisionalmente a la falta disciplinaria gravísima del
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 y se fijó la culpa gravísima como elemento subjetivo
de la responsabilidad.

«SEGUNDO CARGO

(…) sin tener en cuenta una adecuada elaboración y evaluación de los estudios
previos, suscribió el contrato N°050 con CARLOS GUSTAVO BUELVAS
ALVARADO, quien de acuerdo con la propuesta presentada es “Profesional en
Salud ocupacional, Especializado en formación profesional con base en
competencias Laborales Magister en Educación” y según el ESTUDIO DE
MERCADO previo a la contratación, el “perfil referenciado es de un profesional
del derecho con experiencia profesional superior a 5 años”. Aun así, a pesar
de haberse establecido un valor de entre $11.000.000. Y $20.000.000» (negrillas y
mayúsculas en el texto original).

Se determinó provisionalmente que el investigado habría incurrido en la falta
disciplinaria gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 y se calificó como dolosa
la forma subjetiva del comportamiento.

«TERCER CARGO

(…) nombró al señor OMAR PERDOMO FONSECA, mediante Resolución No. (sic)
152 el día 30 de Diciembre de 2013, como Jefe de Control Interno del Concejo
Distrital de esta ciudad, a pesar de que no cumplía con el requisito exigido de tres
(03) años de experiencia en asuntos de control interno y habida cuenta que por
estar en vigencia el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, este nombramiento solo
podía efectuarlo quien ostentara el cargo de Presidente del Concejo Distrital de
Santa Marta a partir del 1° de enero de 2014».

Se determinó que con este comportamiento se habría incurrido en una falta disciplinaria
grave, por desconocimiento del deber contemplado en el artículo 34.1 de la Ley 734 de
2002 y por incursión en las prohibiciones de los numerales 1 y 18 del artículo 135 del
mismo estatuto, pues se habría desatendido lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 1474
de 2011. En cuanto al elemento subjetivo, se calificó provisionalmente como doloso32.

• El 30 de noviembre de 2016 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En
esta se declararon desvirtuados los cargos dos y tres y se determinó de forma definitiva
la existencia de responsabilidad en relación con el primero, que se refirió a la
celebración de los contratos 050 y 056, sin tener en cuenta la adecuada elaboración y
evaluación de los estudios previos, lo que se tradujo en pagos por encima del valor
correspondiente, con un evidente sobrecosto, lo que se definió con apoyo en el informe
elaborado por la Dirección de Investigaciones Especiales.

En el contrato 050 de 2013, celebrado para la prestación de servicios jurídicos, se pactó
a título de honorarios la suma de $12.000.000, aun cuando se ejecutaría el objeto en
un lapso de 3 días, pese a que por la misma actividad, en un término de un mes, es
decir, a un profesional con igual experiencia, se le pagarían entre $5.000.000 y
$8.000.000 según el resultado del citado informe y según el contenido de los estudios
de mercado, «(…) advirtiéndose que el incremento del cincuenta por ciento (50% ), que
supuestamente entre otros factores se justificaba por el “tiempo de dedicación” era
inferior a esos 27 días, lo que en últimas se traduce en un evidente SOBRECOSTO, en

32 Véanse páginas 406 a 434 del archivo «CARPETA No. 4».

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detrimento del patrimonio público, a cargo del Concejo Distrital de Santa Marta»
(mayúsculas en el original).

En similar sentido, al analizar el valor del contrato 056 de 2013, celebrado para la
adquisición de papelería membretada, se encontró en el comparativo realizado por la
Dirección de Investigaciones Especiales que, mientras el valor aproximado de la
necesidad era de $6.000.000, el precio fijado por el contratante ascendió a $12.000.000,
lo que también implicó un evidente sobrecosto.

Se ratificó la calificación gravísima de la falta y la culpa gravísima como elemento
subjetivo, por la manifiesta violación de reglas de obligatorio cumplimiento33.

• Esta decisión fue confirmada el 29 de marzo de 2019 por la Procuraduría Primera
Delegada para la Contratación Estatal. En esta oportunidad rechazó por extemporánea
una solicitud de nulidad que formuló el investigado, pues se presentó 5 meses después
de expedida la decisión disciplinaria de primera instancia, no sin antes advertir que los
argumentos de este incidente ya se habían resuelto al pronunciarse sobre otras
solicitudes de nulidad que se formularon a lo largo del trámite sancionatorio.

También se resolvió la solicitud de declarar la prescripción de la acción disciplinaria,
tras señalar que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, es la expedición
y notificación de la decisión de primera instancia la que impide la concreción del término
que inicia con la apertura de la investigación. En este caso, transcurrieron 2 años, 8
meses y 18 días entre ambas actuaciones.

En cuanto al cargo que se ratificó en la decisión apelada, señaló que este se fundó en
el análisis integral de las pruebas recaudadas y que, inclusive, la falta disciplinaria se
desestimó respecto del contrato 052 de 2013, porque no se encontró acreditado el
sobrecosto. En relación con los contratos 050 y 056 del mismo año, precisó que el marco
normativo de su celebración estaba conformado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011 y por el Decreto 1510 de 2013, lo que implicaba la necesidad de
elaborar estudios y documentos previos con la descripción de la necesidad y el valor
estimado del contrato con su debida justificación.

Que las debilidades en la determinación del valor de ambos contratos se advertían al
contrastarlas con el promedio del precio fijado en otras entidades y en las cotizaciones
solicitadas por la Dirección de Investigaciones Especiales, que fueron empleadas en la
elaboración del informe de sobrecostos y que, inclusive, si se partiera, como lo sostuvo
el investigado, de que las tarifas a emplear en el caso del contrato 050 de 2013
(prestación de servicios jurídicos) eran las fijadas por el Colegio Nacional de Abogados,
lo cierto es que, por la ejecución del contrato en un lapso de 3 días, el valor de los
honorarios debió ascender a $589.050.

Que, en cuanto al contrato 056 de 2013 (adquisición de papelería membretada), quedó
acreditado que no existió en el proceso contractual un genuino estudio de mercado que
permitiera establecer con certeza el valor de los bienes o servicios a partir del cual se
seleccionaría a la oferta más favorable; sino que se sustentó este punto a partir de dos
cotizaciones que se presentaron por quien finalmente fungió como contratista. De
manera que las conclusiones del informe elaborado por la Dirección de Investigaciones
Especiales resultaron acertadas, sin que pudiera decirse que sus soportes eran
documentos «apócrifos», como los llamó el investigado en su recurso, pues en la
oportunidad procesal correspondiente no fueron tachados por este o su defensa34.

51. El apelante, luego de cuestionar el pronunciamiento del Tribunal respecto de la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a servidores
públicos elegidos por voto popular, insistió en que en la expedición de los actos
demandados se lesionó el debido proceso porque (i) la decisión se adoptó luego de
ocurrida la prescripción de la acción disciplinaria y (ii) se incurrió en una irregularidad

33 Véanse páginas 68 a 104 del archivo «CARPETA No. 11».
34 Véanse páginas 146 a 188 del archivo «CARPETA No. 11».

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procedimental en el trámite de notificación del auto que cerró la investigación, que
debía ponerse en conocimiento de manera personal.

52. Sobre la primera cuestión, la Sala, en un apartado previo, señaló que no se
incurrió en incongruencia en la sentencia apelada; antes bien, se resolvió un punto
sobre el cual existía una tesis consolidada, por lo menos en la Sección Segunda de
esta Corporación, acerca de la inconvencionalidad de la imposición de sanciones
que apartaran de manera temporal o definitiva a estos servidores de su cargo,
cuando dicha decisión provenía de una autoridad administrativa.

53. En ese orden, al decantarse el Tribunal por la posición asumida en sede de la
acción constitucional de tutela por parte de la Sección Quinta de esta Corporación,
se habilitó el estudio de los cargos concretos de nulidad; de otro modo, esto es, de
haberse acogido la tesis de la Sección Segunda, se habría concluido que el vicio en
la competencia de la autoridad que expidió los actos bastaba para declarar su
nulidad. De manera que, metodológicamente, la providencia apelada abordó de
manera adecuada este asunto.

54. Ahora, en lo que tiene que ver con los argumentos del recurso dirigidos al trámite
sancionatorio, la Sala encuentra que no existen reproches relacionados con los
elementos estructurales de la responsabilidad disciplinaria. De las manifestaciones
del señor Macías Sierra no se advierten inconformidades dirigidas a cuestionar la
adecuación típica de su comportamiento, la afectación o no del deber sustancial ni
la forma de culpabilidad; aspectos que, en perspectiva de control sustancial de la
actuación, la Sala encuentra que se desarrollaron conforme a los parámetros de la
normativa disciplinaria, de tal forma que las conclusiones en cada punto se fundaron
en la valoración conjunta de las pruebas legal y oportunamente practicadas.

55. El recurso de apelación se centra en dos cuestiones relacionadas con el
derecho al debido proceso: la competencia temporal de la demandada para imponer
la sanción y lo ocurrido con el trámite de notificación del auto que declaró cerrada
la investigación disciplinaria.

56. La Sala no encuentra que la Procuraduría General de la Nación hubiese perdido
la competencia por el paso del tiempo para definir la situación del demandante, de
tal modo que, como también lo señaló el Tribunal, no operó la prescripción de la
acción disciplinaria.

57. En el caso del régimen disciplinario aplicable al señor Macías Sierra, la Ley 734
de 2002 previó como causa de extinción de la acción disciplinaria la configuración
de la prescripción de la acción, un instituto jurídico liberador, en virtud del cual, por
el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en ejercicio de su
potestad disciplinaria, a imponer una sanción35 y que, conforme al texto original del

35 Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se

examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.

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artículo 3036 del mismo estatuto y en los términos de la jurisprudencia de esta
Corporación, tenía lugar si al cabo de 5 años, contados a partir de la ocurrencia de
la conducta o de su cesación en el caso de aquellas de ejecución continuada, la
autoridad disciplinaria no había expedido y notificado la decisión disciplinaria de
primera instancia37.

58. Cabe destacar que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 fue modificado por el
artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que introdujo una institución adicional: la
caducidad de la acción disciplinaria, de tal forma que el texto de la norma quedó en
el siguiente sentido:

«La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya
cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
(…)» (subrayas de la Sala).

59. La introducción de estas modificaciones supuso la separación de dos momentos
que despojan a la autoridad disciplinaria de su competencia temporal: el primero,
contado entre la ocurrencia de la falta y la apertura de la investigación disciplinaria;
el segundo, entre el inicio de la actuación y, según la consolidada jurisprudencia de
esta Corporación, la notificación de la decisión disciplinaria de primera instancia.

60. Sobre el alcance de ambas instituciones –caducidad y prescripción–, la
Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 016 del 30 de noviembre de
2011, en la cual dispuso que el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 debía aplicarse,
en materia de prescripción, solamente respecto de los hechos ocurridos a partir del
12 de julio de 2011; y que, para su aplicación, «(…) se deberá entender que la
acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura
de la investigación disciplinaria o del auto de citación a audiencia, según fuere el
procedimiento».

61. Lo anterior, luego de advertir que la expresión «auto de apertura de la acción»,
contenida en el inciso segundo del referido artículo 132, se venía interpretando sin
tener en cuenta la totalidad de la disposición y que su lectura armónica permitía
concluir que «(…) la apertura de la acción disciplinaria se da con el auto de apertura
de investigación, o con el de citación a audiencia en el procedimiento verbal. Que
con dichas providencias se formaliza la existencia de la investigación, dándole al
investigado la calidad de tal».

36 Ley 734 de 2002. «Artículo 30. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas

instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto. (…)».
37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01. C.P. Susana Buitrago Valencia. En esta providencia se adoptó la tesis
según la cual, al tratarse del régimen sancionatorio disciplinario, «(…) la sanción se impone de manera oportuna
si dentro del término asignado para ejercer esa potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa».

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62. En ese marco, se tiene que al demandante, entonces investigado, le era
aplicable, en materia de prescripción, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, con la
modificación introducida por el artículo 132 del Estatuto Anticorrupción, lo que
significa analizar tanto este fenómeno extintivo como el relacionado con la
caducidad, mismo que no tuvo lugar, pues los hechos por los que se imputó
responsabilidad al señor Macías Sierra ocurrieron el 27 de diciembre de 2013,
cuando celebró los contratos 05038 y 05639 y la investigación disciplinaria se abrió
por auto del 12 de marzo de 2014.

63. Y, como lo concluyó el Tribunal, tampoco se configuró la prescripción de la
acción, pues para ello era necesario que transcurriera un lapso superior a 5 años
entre la apertura de la investigación disciplinaria y la fecha en que el demandante
fue notificado de la decisión de primera instancia. Como se indicó previamente, lo
primero ocurrió el 12 de marzo de 2014; lo segundo tuvo lugar el 5 de diciembre de
201640 y, en ese orden, la situación del investigado se definió dentro del término
previsto en la normativa disciplinaria.

64. El segundo reproche, relacionado con el trámite para la notificación del auto que
cerró la investigación disciplinaria, tampoco está llamado a prosperar, pues lo cierto
es que, como se indicó en la sentencia apelada, esta diligencia se llevó a cabo con
estricto apego a la normativa aplicable.

65. La Ley 734 de 2002, a partir del artículo 100, dispone las distintas formas en
que se dan a conocer a los sujetos disciplinables las decisiones que se expiden en
el marco de una actuación disciplinaria, previendo para ello la notificación personal,
por estado, en estrados por edicto, por conducta concluyente y la remisión de
comunicaciones:

• De conformidad con el artículo 101 al sujeto disciplinable se le deben notificar
personalmente: el auto que abre la indagación preliminar, el que abre la
investigación disciplinaria, el que formula pliego de cargos y el fallo.

• Las decisiones interlocutorias, salvo el pliego de cargos, se deben notificar
personalmente, previa citación y, si el interesado no concurre, se puede acudir
al estado o al edicto, según el artículo 103.

• La notificación por estado se encuentra reservada, en el artículo 105, modificado
por el artículo 46 de la Ley 1474 de 2011, para el auto que cierra la investigación
disciplinaria y para el que corre traslado para presentar alegatos de conclusión.

• En estrado se notifican las decisiones que se profieran en audiencia pública o
en cualquier diligencia de carácter verbal, según el artículo 106.

• La fijación de edictos se prevé para los autos que abren la indagación, la

38 Visible en las páginas 27 a 32 del archivo «CARPETA No. 1». Objeto: «prestación de servicios profesionales

para apoyar jurídicamente los procesos contractuales que se llegaren a realizar en la vigencia 2.013 del Concejo
Distrital de Santa Marta».
39 Visible en las páginas 1 a 4 del archivo «CARPETA No. 3». Objeto: «prestación de servicios de apoyo a la

gestión para entregar la papelería membreteada (sic) para el Concejo Distrital de Santa Marta».
40 Véase página 106 del archivo «CARPETA No. 11».

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investigación y los fallos, cuando estos no pueden notificarse personalmente, en
los términos del artículo 107.

• También se consagra la notificación por conducta concluyente, para aquellos
eventos en los que pese a no haberse adelantado la notificación personal o esta
se realice de forma irregular, el investigado o su defensor no reclaman y actúan
en diligencias posteriores o interponen recursos en contra de la decisión o se
refieren a ella o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores,
según el artículo 108.

• Por su parte, el artículo 109 señala que las comunicaciones proceden respecto
de las decisiones no susceptibles de recurso y que a ellas se acude, además,
para poner en conocimiento del quejoso la decisión de archivo y el fallo
absolutorio.

66. En ese orden, bajo la normativa de la Ley 734 de 2002, al auto de cierre de la
investigación disciplinaria le correspondía la notificación por estado como forma de
poner en conocimiento del interesado la actuación. El artículo 105 de dicho estatuto
dispone, además, que esta se realiza de conformidad con lo señalado en el Código
de Procedimiento Civil, ritualidad que a partir de la vigencia 2012 pasó a ejecutarse
en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso, aplicable al
procedimiento adelantando en contra del demandante, según el cual:

«Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera
se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario.
La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y
en él deberá constar:
1. La determinación de cada proceso por su clase.
2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las
personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran
una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión
"y otros".
3. La fecha de la providencia.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario.
El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera
hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del
mismo.
De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará constancia con su
firma al pie de la providencia notificada.
De los estados se dejará un duplicado autorizado por el Secretario. Ambos
ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su
conservación en el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes
o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel.
Parágrafo. Cuando se cuente con los recursos técnicos los estados se
publicarán por mensaje de datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni
firmarse por el Secretario.
Cuando se habiliten sistemas de información de la gestión judicial, la
notificación por estado solo podrá hacerse con posterioridad a la incorporación
de la información en dicho sistema».

67. En este punto la Sala comparte lo señalado en la sentencia apelada: el
demandante confunde la obligación de poner en conocimiento del interesado el
cierre de la investigación, con la modalidad de notificación que debe emplearse para
el efecto. Y más: en su recurso identificó como disposición quebrantada una que no
pertenece a la normativa de la Ley 734 de 2002, pues en su escrito se refirió al

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artículo 123 del Código General Disciplinario, es decir, a la Ley 1952 de 2019, la
cual entró a regir el 29 de marzo de 2022, salvo los artículos 69 y 74, vigentes desde
el 30 de junio de 2021, normativa que no resultaba aplicable a la actuación seguida
en su contra, pues su situación disciplinaria se definió, en dos instancias, mucho
antes de que este nuevo estatuto rigiera el trámite sancionatorio de los servidores
públicos.

68. Esta precisión es importante, porque mientras que el artículo 123 de la Ley 1952
de 2019, que regula la notificación de las decisiones interlocutorias, dispone, en el
inciso segundo que de esa forma se debe notificar el auto de cierre de la
investigación, el artículo 105 de la Ley 734 de 2002, estatuto disciplinario aplicable
al demandante en sus partes sustantiva y procedimental, reservó para dicha
providencia la notificación por estados.

69. Como se indicó al analizar el expediente de la actuación disciplinaria, el auto
del 26 de junio de 2014, mediante el cual se cerró la investigación del radicado IUS-
2014-77868-IUC-2014-63-678628, se notificó por estado del 27 del mismo mes y
año, esto es, en los términos del referido artículo 105, lo cual resulta suficiente para
desvirtuar el reproche formulado respecto de esta cuestión.

70. En síntesis, la Sala no encuentra que en el trámite disciplinario adelantado en
contra del demandante se hubiesen lesionado las garantías del derecho
fundamental al debido proceso, por lo cual lo procedente es confirmar la sentencia
apelada.

De la condena en costas en esta instancia

71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

74. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al señor Bolman
Gregorio Macías Sierra, por cuanto no se accede a las pretensiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias

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en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Magdalena

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia doce (12) de febrero de dos mil veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia al demandante. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 79.399.935 y portador de la tarjeta
profesional nro. 72.169 del C.S.J., para representar los intereses de la Procuraduría
General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00081 de SAMAI-
Tribunales.

Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

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