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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03021-01

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
31 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03021-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la presente acción constitucional. En su lugar, ACCEDER al amparo del derecho al debido proceso invocado por la Procuraduría General de la Nación contra la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: DEJAR sin efectos las siguientes sentencias proferidas por las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado: • Sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el expediente 15001-23-33-000-2017-00665-01 y 15001-23- 33-000- 2018-00253-00 (demandante: José Rubiel Paéz). • Sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el expediente 76001-23-33-000-2014-00891-00 (demandante: Javier Osorio Cortés). 33 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Procuraduría General de la Nación Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-01 • Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el expediente 25000-23-42-000-2018-00304-01 (demandante: Sandra Jaramillo González). • Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el expediente 41001-23-33-000-2018-00153-01 (demandante: Yamid Sterling Sánchez). • Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el expediente 52001-23-33-000-2018-00461-01 (demandante: Óscar Fernando Ortega Cerón). • Sentencia del 22 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el expediente 68001-23-33-000-2021-00340-01 (demandante: Rodolfo Hernández Suárez). • Csdcsdcdcd Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el expediente 11001-03-25-000-2012-00156-00 (demandante: Juan Alberto Ramos Coronell). • Sentencia del 4 de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03021-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

31 de octubre de 2024

Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03021-01
Demandante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución – competencia de la Procuraduría General de la
Nación para sancionar funcionarios públicos elegidos por voto
popular

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida en primera instancia el 8 de agosto de 2024 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. En este fallo se declaró improcedente el amparo solicitado por
no superar el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 12 de junio de 2024, la Procuraduría General de la
Nación, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda. Con la solicitud de amparo pretende
la protección del derecho fundamental al debido proceso.

2. La trasgresión de la citada garantía constitucional se la adjudica a 10
sentencias de las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
por medio de las cuales se declaró la nulidad de actuaciones disciplinarias en las
que el ente demandante sancionó a funcionarios públicos elegidos por voto popular.

1.2. Pretensiones

3. Los accionantes solicitaron:

1. Se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Consejo de Estado - Sección
Segunda, relacionadas en la tabla 1.

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Demandante: Procuraduría General de la Nación
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2. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado – Sección Segunda que, en
un término razonable, profiera sentencias sustitutivas en donde el factor
competencia se analice de conformidad con las normas constitucionales y el
precedente de la Corte Constitucional en lo que hace al control disciplinario sobre
los servidores públicos de elección popular que no se encontraban en ejercicio de
funciones del cargo para el cual fueron elegidos al momento de la imposición de la
sanción. En ese orden, se analicen las causales de nulidad alegadas en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que no fueron objeto de estudio en las
sentencias cuestionadas.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. Como se expuso con antelación, la presente acción constitucional se dirige
contra 10 providencias proferidas en el marco de procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, adelantados por servidores públicos que ocuparon
cargos de elección popular, contra los fallos disciplinarios por medio de los cuales
la Procuraduría General de la Nación los sancionó disciplinariamente.

5. Dado que los presupuestos fácticos de las providencias cuestionadas
mediante este mecanismo constitucional son análogos, a continuación, se procede
a relacionar la información que la sala considera relevante sobre cada trámite
disciplinario en el que se dictaron los actos sancionatorios que fueron cuestionados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

SERVIDOR CARGO OCUPADO SANCIÓN
José Rubiel Páez Alcalde del municipio de Sancionado disciplinariamente
Caldas (Boyacá), período con medida de destitución del
2008 - 2011 cargo e inhabilidad para
desempeñar cargos y funciones
públicas por 12 años, mediante
fallo disciplinario del 2 de mayo
de 2017. Esto, por comprometer
vigencias futuras sobre los
recursos del Sistema General
de Participaciones para el
sector de agua potable y
saneamiento básico.
Javier Osorio Cortés Alcalde de Dagua (Valle del Sancionado disciplinariamente
Cauca), período 2008 - con medida de destitución el
2011 cargo e inhabilidad general por
el término de 10 años, mediante
Resolución 5 del 30 de abril de
2013. Lo anterior, por
irregularidades en la
contratación en el marco del
estado de urgencia manifiesta
dictaminada mediante el
Decreto Municipal 167 del 14 de
diciembre de 2010, proferido
con fundamento en el artículo

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42 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el artículo 2°
numeral 4° literal a) de la Ley
1150 de 2007.
Sandra Jaramillo González Concejal de Bogotá D. C. Sancionada disciplinariamente
período 2012 – 2015. con medida de destitución e
inhabilidad general por 10 años,
mediante fallo disciplinario del 7
de junio de 2016. Esto, por
encontrarse inhabilitada para
ejercer el cargo al haber
suscrito un contrato de
prestación de servicios
profesionales con el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de
Bogotá, cuya vigencia fue
desde el 26 de enero de 2011 al
28 de marzo del mismo año.
Yamid Sterling Sánchez Alcalde de Oporapa (Huila), Sancionado disciplinariamente
período 2012 – 2015 con medida de destitución e
inhabilidad general por 13 años,
mediante Resolución del 1.º de
marzo de 2016. Lo anterior, por
haber suscrito, a nombre de su
hermano, título escrutinario de
un bien ejidal de propiedad del
ente territorial que
representaba.
Óscar Fernando Cerón Alcalde de Colón – Génova Sancionado disciplinariamente
Ortega (Nariño), período 2012 – con medida de suspensión del
2105. cargo por 4 meses mediante
fallo del 28 de diciembre de
2017, cuya sanción se confirmó
en decisión del 26 de abril d
2018, que convirtió la
suspensión en los salarios
mínimos devengados al
momento de los hechos, esto
es, el valor de $12’835.348.
Esto, ante la omisión de
presentar al concejo municipal
el informe general de su gestión
del 2014, durante el primer
período de sesiones del 2015.
Rodolfo Hernández Suárez Alcalde de Bucaramanga Sancionado disciplinariamente
(Santander), período 2016 – con la suspensión en el ejercicio
2019. del cargo e inhabilidad especial
por 8 meses, la cual se convirtió
en el salario devengado para la
época de los hechos, esto es,

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$124.103.040. Esto, mediante
Resolución del 20 de diciembre
de 2019, confirmada el 18 de
agosto de 2020. Lo anterior, por
incumplir el deber de tratar con
respeto y dignidad al concejal
Jhon Jairo Claro Arévalo en
hechos ocurrido el 22 de julio de
2019.
Juan Alberto Ramos Coronell Alcalde de Juan De Acosta Sancionado disciplinariamente
(Atlántico), período 2001 – con la destitución del cargo e
2003. inhabilidad general para
desempeñar cargos públicos
por 10 años, mediante las
Resoluciones del 25 de abril y
26 de julio de 2005. Esto, por
haber comprometido las rentas
del municipio por un período
superior al de su mandato como
alcalde. En virtud de tal hecho,
se encontró que incurrió en la
transgresión del artículo 76 de
la Ley 617 de 2002.
Marco Sergio Rodríguez Representante a la Cámara Sancionado disciplinariamente
Merchán de Representantes por el con destitución del cargo e
departamento de Vichada, inhabilidad general por el
período 2014 – 2018. término de 10 años, mediante la
Resolución del 19 de octubre de
2020.
Carlos Barbosa Malaver Alcalde de Anapoima Sancionado disciplinariamente
(Cundinamarca), período con medida de destitución e
2008 - 2011 inhabilidad para desempeñar
cargos públicos por 12 años,
mediante auto del 15 de enero
de 2014, confirmado en fallo del
6 de mayo de 2014. Lo anterior,
por irregularidades en materia
de contratación, lo que implicó
que incurriera en la falta
gravísima contemplada en el
artículo 48, numeral 31 de la
Ley 734 de 2002.
Sonia Serrano Prada y Alcaldesa de Lebrija Sancionados disciplinariamente
Rodolfo García Martínez (Santander) y secretario de con medida de destitución y
planeación, período 2008 – suspensión en el cargo por 4
2011. meses. La señora Serrano
Prada también fue sancionada
con inhabilidad general para
desempeñar cargos públicos
por 13 años. Lo anterior, por

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irregularidades en la
celebración de contratos, al
haber incurrido en
fraccionamiento de contratos y
sobrecostos de la maquinaria
de ejecución del objeto
contractual.

6. Inconformes con las sanciones impuestas, estos servidores públicos
promovieron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Procuraduría General de la Nación. Los medios de control fueron interpuestos, con
el fin de dejar sin efecto tales fallos disciplinarios y, como restablecimiento del
derecho, solicitaron el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con las
sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

7. Los procesos fueron conocidos por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Mediante sentencias de segunda y única instancia,
se declararon nulas las actuaciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría
General de la Nación. A continuación, se relaciona la información que se considera
relevante de cada uno de los procesos que son objeto de este mecanismo de
amparo:

Radicado Demandante Sentencia y Autoridad Decisión
fecha de judicial
notificación
15001-23-33- José Rubiel Sentencia de Consejo de Revocó fallo del Tribunal
000-2017- Páez segunda Estado, Administrativo de Boyacá
00665-01 y instancia, 23 Sección que negó las
15001-23-33- de noviembre Segunda, pretensiones de la
000- 2018- de 2023. Subsección Bdemanda. En su lugar,
00253-00 Notificada el declaró la nulidad de los
16 de enero de actos administrativos que
2024. lo habían sancionado.
76001-23-33- Javier Osorio Sentencia de Consejo de Confirmó fallo del
000-2014- Cortés segunda Estado, Tribunal Administrativo
00891-00 instancia, 30 Sección del Valle del Cauca que
de noviembre Segunda, accedió parcialmente a
de 2023. Subsección B las pretensiones de la
Notificada el 2 demanda y declaró la
de febrero de nulidad de los actos
2024. administrativos
sancionatorios.
25000-23-42- Sandra Sentencia de Consejo de Revocó providencia del
000-2018- Jaramillo segunda Estado, Tribunal Administrativo
00304-01 González instancia, 8 de Sección de Cundinamarca,
febrero de Segunda, Sección Segunda,
2024. Subsección Subsección D que negó
Notificada el A. las pretensiones de la
demanda. En su lugar,

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Demandante: Procuraduría General de la Nación
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28 de febrero declaró la nulidad de los
siguiente. actos administrativos
sancionatorios.
41001-23-33- Yamid Sterling Sentencia de Consejo de Revocó fallo del Tribunal
000-2018- Sánchez segunda Estado, Administrativo del Huila
00153-01 instancia, 8 de Sección que negó pretensiones
febrero de Segunda, de la demanda. En su
2024. Subsección lugar, declaró la nulidad
Notificada el A. de los actos.
28 de febrero
siguiente.
52001-23-33- Óscar Fernando Sentencia de Consejo de Revocó fallo del Tribunal
000-2018- Ortega Cerón segunda Estado, Administrativo de Nariño
00461-01 instancia, 8 de Sección que negó pretensiones.
febrero de Segunda, En su lugar, declaró la
2024. Subsección A nulidad de los actos
Notificada el sancionatorios.
27 de febrero
siguiente.
68001-23-33- Rodolfo Sentencia de Consejo de Revocó sentencia del
000-2021- Hernández segunda Estado, Tribunal Administrativo
00340-01 Suárez instancia, 22 Sección de Santander que negó
de febrero de Segunda, pretensiones. En su
2024. Subsección A lugar, declaró la nulidad
Notificada el de los actos que
11 de marzo de sancionaron al servidor.
2024.
11001-03-25- Juan Alberto Sentencia de Consejo de Declaró la nulidad de los
000-2012- Ramos Coronell única Estado, actos administrativos
00156-00 instancia, 8 de Sección sancionatorios.
febrero de Segunda,
2024. Subsección A
Notificada el 8
de marzo
siguiente.
11001-03-25- Marco Sergio Sentencia de Consejo de Declaró la nulidad de los
000-2022- Rodríguez única Estado, actos administrativos
00216-00 Merchán instancia, 4 de Sección sancionatorios.
abril de 2024. Segunda,
Notificada el 8 Subsección A
de abril
siguiente.
25001-23-42- Carlos Barbosa Sentencia de Consejo de Revocó sentencia del
000-2015- Malaver segunda Estado, Tribunal Administrativo
00115-01 instancia, 11 Sección de Cundinamarca,
de abril de Segunda, Sección Segunda,
2024. Subsección A Subsección D que negó
Notificada el 8 pretensiones. En su
de mayo de lugar, declaró la nulidad
2024.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Procuraduría General de la Nación
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de los actos que
sancionaron al servidor.
68001-23-33- Sonia Serrano Sentencia de Consejo de Revocó parcialmente
000-2014- Prada y otro segunda Estado, sentencia del Tribunal
00077-01 instancia, 23 Sección Administrativo de
de mayo de Segunda, Santander. En su lugar,
2024. Subsección A declaró la nulidad
Notificada el 6 únicamente de los actos
de junio del administrativos que
mismo año. sancionaron a la señora
Serrano Prada, alcaldesa
elegida por voto popular.
Confirmó la negativa en
relación con el señor
Rodolfo García Martínez,
secretario de planeación,
nombrado por la
alcaldesa.

8. En todos los asuntos judiciales relacionados con antelación, las
subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fundamentaron
su decisión en la aplicación de la figura del control difuso de convencionalidad y,
con ello, en el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos1. A
su vez, los fallos en cuestión se dictaron en consonancia con lo establecido por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020,
caso Gustavo Petro Urrego contra Colombia la cual, a juicio de las demandadas,
tiene fuerza obligatoria para todos los jueces.

9. En tal sentido, en aquellas providencias, las autoridades judiciales
accionadas consideraron que los actos administrativos que sancionaron a aquellos
servidores con medidas de suspensión, destitución e inhabilidad para el ejercicio de
funciones públicas, no se ajustaron a la normativa convencional que regula el
ejercicio de los derechos políticos y las respectivas garantías judiciales.

10. Lo anterior, puesto que la Sección Segunda de esta corporación sostuvo que
la Ley 734 de 2002 que facultaba a la Procuraduría General de la Nación para
destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, «estuvo
viciada de ilegalidad, desde sus orígenes». Esto, al considerar que a la luz de la
convención y de la jurisprudencia de la Corte IDH – principalmente del fallo referido
anteriormente – las autoridades administrativas carecen de competencia para
restringir los derechos políticos de aquellos servidores, puesto que este tipo de

1 Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores,
y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede
reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o
mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Procuraduría General de la Nación
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sanciones pueden ser impuestas exclusivamente por una autoridad judicial, de
conformidad con el artículo 23.2 de la Convención ADH.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. La Procuraduría General de la Nación sostuvo que, de conformidad con lo
dispuesto por la Corte Constitucional en sentencias como la SU-712 de 2013, las
acciones de tutela en las que la controversia esté relacionada con la competencia
de la Procuraduría General de la Nación para ejercer la potestad disciplinaria sobre
los servidores públicos de elección popular son relevantes a nivel constitucional.

12. A su vez, alegó que las subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrieron en violación directa de la Constitución, defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente. A continuación, se exponen
brevemente los argumentos desarrollados por el ente de control en cada uno de los
cargos formulados.

1.4.1. Violación directa de la Constitución

13. Afirmó que en las sentencias cuestionadas se desconoció el artículo 118
constitucional mediante el cual se le otorgó la competencia al ente de control de
ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas. Agregó que esta función fue precisada en el artículo 277 superior que
dispuso que esta potestad implicaba imponer las respectivas sanciones de
conformidad con la ley y que podía ejercerse, inclusive, contra los servidores
elegidos por voto popular.

14. En tal sentido, sostuvo que las autoridades demandadas inaplicaron tales
disposiciones de rango constitucional con fundamento en una errada interpretación
del control de convencionalidad, lo que implicó que se diera prevalencia al artículo
23 de la CADH sobre las normas de la carta política que regulan el asunto en
concreto.

1.4.2. Desconocimiento del precedente

15. Señaló que el criterio adoptado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado es contrario al precedente de la Corte Constitucional2 que, de manera
expresa y reiterada, ha manifestado que las normas convencionales no son
supraconstitucionales. Argumentó que, según el alto tribunal, en virtud del bloque
de constitucionalidad, tales normas se encuentran al mismo nivel que las
disposiciones de la carta política.

2 Frente a este punto, la entidad demandante referenció las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-

551 de 2003, c-208 de 2006, C-986 de 2006, C-293 de 2007, C-111 de 2019 y C-146 de 2021.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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16. Expuso que, según el precedente constitucional, es necesario llevar a cabo
una interpretación armónica y sistemática que permita integrar los textos de ambos
ordenamientos.

17. Aseguró que también se desatendieron los fallos 3 del tribunal constitucional
que, de manera uniforme, han reconocido la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para ejercer control disciplinario sobre los servidores públicos
de elección popular y para imponerles, cuando sea necesario, las sanciones de
suspensión, destitución o inhabilidad. Sostuvo que, con ello, se desconoció la cosa
juzgada constitucional en materia de la potestad disciplinaria de este ente de control.

18. Señaló que incluso en la sentencia C-030 de 2023, posterior al fallo de Petro
Urrego contra Colombia de la Corte IDH, la Corte Constitucional ratificó su
precedente de conformidad con el cual la procuraduría cuenta con esta facultad
sancionatoria.

19. Puso de presente que dicha providencia introdujo el recurso extraordinario
automático de revisión, el cual garantizaba la reserva judicial consagrada en el
artículo 23 de la CADH. Sobre este punto, señaló que este mecanismo solo procede
si el sancionado se encuentra en ejercicio de sus funciones como servidor electo
democráticamente. Por tanto, argumentó que los exfuncionarios sancionados no se
encontraban en ejercicio de las funciones del cargo para el cual fueron electos por
voto popular, lo que implicaba que, en atención a este criterio de la Corte
Constitucional, la reserva judicial no puede ser aplicada a estos casos en particular.

1.4.3. Defecto sustantivo

20. Alegó que las autoridades judiciales demandadas no tuvieron en cuenta que
las decisiones disciplinarias fueron proferidas entre el 18 de septiembre de 2012 y
el 30 de noviembre de 2012, momento en el que no se había proferido la sentencia
del caso Petro Urrego contra Colombia. Agregó que se desconoció que tales
actuaciones fueron adelantadas en vigencia de la Ley 734 de 2002 y con
fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de en que se dictaron las
respectivas sanciones disciplinarias.

21. Concluyó que, en las providencias cuestionadas, la Sección Segunda del
Consejo de Estado se limitó a aplicar, sin matiz alguno, lo dispuesto en la literalidad
del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A su vez,
aseguró que se acogió de plano lo establecido por la Corte IDH en la sentencia
referenciada, sin tomar en consideración el marco de interpretación integral de las
normas convencionales, constitucionales y legales que se debe adoptar en estos
casos para evitar una interpretación no sistemática de las normas aplicables al caso.

3 Al respecto, referenció las siguientes sentencias: SU-712 de 2013, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de

2019, C-111 de 2019, C-325 de 2021 y C-030 de 2023.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.5. Trámite de la acción de tutela

22. En auto del 24 junio de 2024, el magistrado ponente de la decisión de primera
instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de los magistrados que
conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, ordenó la
vinculación como terceros con interés de los señores José Rubiel Páez, Javier
Osorio Cortés, Sandra Jaramillo González, Yamid Sterling Sánchez, Óscar
Fernando Cerón Ortega, Rodolfo Hernández Suárez, Juan Alberto Ramos Coronel,
Marco Sergio Rodríguez Merchán, Carlos Barbosa Malaver, Sonia Serrano Prada y
Rodolfo García Martínez.

23. A su vez, ordenó vincular a los tribunales administrativos de Boyacá,
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D, Huila, Santander, Valle del
Cauca y Nariño.

24. De igual forma, negó la medida provisional solicitada en el escrito de tutela.

1.6. Intervenciones e informes

25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda

26. Solicitó negar las pretensiones de la acción pues, a su juicio, no se incurrió
en los cargos formulados en la demanda.

27. Manifestó que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 11 de octubre de 20234, concluyó que a pesar de que la
Constitución y la Ley confirieron facultades disciplinarias a la Procuraduría General
de la Nación, esto va en contravía de la garantía de los derechos políticos de los
servidores elegidos por voto popular en los términos establecidos en el artículo 23.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal sentido, señaló que
desde que fue proferida esta providencia, este criterio ha sido pacífico y reiterado
por dicha autoridad y, por tanto, no ha existido un desconocimiento del precedente
vinculante en este caso.

28. Indicó que en dicha providencia se realizó un estudio armónico entre las
previsiones de la Constitución Política y las de la CADH en relación con el tema en
estudio. Agregó que, al respecto, se concluyó que en estos casos debe aplicarse un
control de convencionalidad como expresión del derecho viviente y porque los
disciplinados tienen derecho a una protección judicial.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 11.10.23. Radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01

(5828-2018). M.P. César Palomino Cortés.

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Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-01

29. En tal sentido, indicó que era necesario inaplicar las normas que establecen
la competencia de la Procuraduría General de la Nación de imponer sanciones que
limiten derechos políticos de servidores elegidos democráticamente. Agregó que,
en estos asuntos, y con el fin de garantizar la reserva judicial, era necesario aplicar
el principio de favorabilidad en materia laboral y, por tanto, preferir la interpretación
más favorable para el trabador en caso de que una norma permita varias
interpretaciones.

30. Resaltó que la Corte IDH ha reiterado que la limitación de derechos políticos
de tales funcionarios únicamente puede ser impuesta por una autoridad judicial,
calidad con la que no cuenta la Procuraduría General de la Nación al ser una
autoridad administrativa.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5

31. Argumentó que no está acreditada la vulneración invocada por la autoridad
demandante, toda vez que en esta oportunidad se dio aplicación a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D6

32. Puso de presente que la tutela no va dirigida contra esta autoridad, pues en
el fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento y, en síntesis, esto es lo pretendido por el ente demandante.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Nariño7

33. Sostuvo que la solicitud de amparo va dirigida a dejar sin efecto la sentencia
proferida en segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
razón por la que considera que no existe razón para su vinculación en el presente
trámite constitucional.

1.6.5. Rodolfo Hernández Suárez

34. Se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de tutela al considerar
que, a partir de la sentencia Petro Urrego contra Colombia de la Corte IDH, tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado han ajustado su criterio para la
interpretación del artículo 23.2 de la CADH. Agregó que la Procuraduría General de
la Nación no está avalada por el bloque de constitucionalidad para ejercer facultades
jurisdiccionales y, por tanto, sus decisiones sancionatorias contra funcionaros
elegidos por voto popular solo pueden ser validadas si son objeto de revisión por
parte de un juez contencioso.

5 Autoridad que dictó sentencia de primera instancia en el caso de Javier Osorio Cortés.
6 Autoridad que dictó sentencia de primera instancia en el caso de Carlos Barbosa Malaver
7 Autoridad que dictó sentencia de primera instancia en el caso de Óscar Fernando Cerón Ortega.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
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35. Expuso que la sanción de suspensión e inhabilidad especial que le fue
impuesta en el proceso disciplinario adelantado en su contra es inconstitucional,
porque desconoció el artículo 23.2 de la Convención y, a su vez, la postura fijada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023.

1.6.6. Sandra Jaramillo

36. Afirmó que la providencia proferida, en su caso, por la Sección Segunda del
Consejo de Estado no vulneró ninguna garantía constitucional de la entidad
demandante ni tampoco desconoció las competencias de esta autoridad. Indicó
que, por el contrario, con dicha decisión fueron protegidos sus derechos
fundamentales a la igualdad y el trabajo, en armonía con el principio de favorabilidad
y los derechos políticos protegidos por la CADH.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

37. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo del 8 de agosto de
2024, declaró improcedente esta acción al considerar que no cumple con el requisito
de relevancia constitucional. A su juicio, los argumentos del escrito de tutela no
están relacionados con las razones presentadas en las decisiones objeto de la
presente acción.

38. Advirtió que la autoridad demandada fue clara en exponer que el control de
convencionalidad que aplicó en los casos estudiados fue realizado sobre las normas
del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría General de la Nación
a imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios electos por voto
popular. Agregó que, en tal sentido, en ninguna de las sentencias cuestionadas se
plantea la dualidad formulada en el escrito de tutela sobre un ordenamiento
constitucional y uno de naturaleza supraconstitucional.

39. En tal sentido, consideró que las razones expuestas en la tutela no se
relacionan con la ratio decidendi de las sentencias de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por lo que no cumplió con la carga mínima argumentativa, al no
exponer con suficiencia el yerro en el que habría incurrido la autoridad judicial en la
aplicación oficiosa del control de convencionalidad.

40. Alegó que el juez de tutela no tiene competencia para definir la prevalencia
de disposiciones constitucionales sobre algunas obligaciones adquiridas en virtud
de tratados internacionales, en un asunto en particular. Por tanto, afirmó que lo
pretendido mediante la acción constitucional desborda las facultades de esta
autoridad constitucional.

41. Por último, negó la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de
Nariño.

1.8. Impugnación

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42. Mediante memorial remitido el 16 de agosto de 2024, la parte actora solicitó
que se revocara la decisión de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones formuladas en el escrito de tutela.

43. Insistió que la Corte Constitucional ha considerado que los asuntos en los
que el litigio verse sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para ejercer la potestad disciplinaria sobre los servidores públicos de elección
popular cuentan con una notable relevancia constitucional. Como sustento de ello,
citó la sentencia SU-712 de 2013 en la que el alto tribunal planteó dicha postura.

44. Señaló que lo pretendido por la parte actora no es usar el mecanismo de
amparo como una instancia adicional a los procesos ordinarios, pues los defectos
que se invocan se configuraron en las sentencias demandadas. Agregó que los
argumentos de naturaleza constitucional formulados en tutela no fueron debatidos
en los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho ni tampoco existe algún
otro mecanismo judicial para que haya un pronunciamiento de fondo al respecto.

45. Reiteró los argumentos relacionados con el desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado
al momento de aplicar el control de convencionalidad y otorgarle un carácter
supraconstitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en
específico, a su artículo 23.2.

1.9. Sorteo de conjuez

46. Para la sala del 26 de septiembre de 2024, se registro proyecto de fallo que
definiera la segunda instancia del asunto de la referencia. Sin embargo, dado que
la postura no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación, por auto del 27 del
mismo mes y año se dispuso la realización de un sorteo de un conjuez principal y
otro suplente.

47. La diligencia referida se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024. Para el efecto,
fue designado como conjuez principal al doctor Humberto Antonio Sierra Porto y
como suplente al doctor Juan Carlos Galindo Vacha. Este último fue designado para
actuar únicamente en caso de que el principal no pudiera participar del proceso,
evento que no se presentó.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

48. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de mayo de
2024 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

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2.2. Legitimación en la causa

49. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la Procuraduría General
de la Nación se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto, porque conforma
la parte demandada en los procesos en los que se profirieron las providencias aquí
cuestionadas.

51. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado está legitimada en
la causa por pasiva al ser la autoridad judicial cuyas subsecciones profirieron las
distintas decisiones reprochadas en esta tutela.

2.3. Problemas jurídicos

52. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado, los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

53. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

● ¿Las providencias cuestionadas de las subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrieron en violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y defecto sustantivo por el control de
convencionalidad realizado en esos asuntos? En consecuencia, ¿la autoridad
accionada vulneró el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la
Nación al establecer que no podía destituir funcionarios de elección popular?

54. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y
(iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

55. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias

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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales10.

56. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

57. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

58. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

59. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo al encontrarlos superados, se
resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María

Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto

del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

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2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Tutela contra tutela

60. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues las providencias judiciales reprochadas fueron proferidas al
interior de distintos procesos de nulidad y restablecimiento en los que se
demandaron actos administrativos de naturaleza disciplinaria proferidos por la
Procuraduría General de la Nación.

2.5.2. Subsidiariedad

61. En consideración al requisito de subsidiariedad, se advierte que la parte
actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir las providencias cuestionadas. Esto, dado que las sentencias
cuestionadas corresponden a fallos de única y segunda instancia, contra las que no
procede ningún recurso. A su vez, los argumentos formulados no configuran
ninguna de las causales por las que proceden los recursos extraordinarios de
revisión y unificación de jurisprudencia.

2.5.3. Inmediatez

62. Al tratarse de 10 sentencias que se controvierten en esta acción, a
continuación, se relaciona el radicado, el demandante y la fecha en que cada
providencia cuestionada fue proferida y notificada, con el fin de estudiar el
cumplimiento de este requisito.

Radicado Demandante Sentencia y fecha de
notificación
15001-23-33-000-2017- José Rubiel Páez Sentencia de segunda
00665-01 y 15001-23-33- instancia, 23 de noviembre
000- 2018-00253-00 de 2023. Notificada el 16 de
enero de 2024.
76001-23-33-000-2014- Javier Osorio Cortés Sentencia de segunda
00891-00 instancia, 30 de noviembre
de 2023. Notificada el 2 de
febrero de 2024.
25000-23-42-000-2018- Sandra Jaramillo González Sentencia de segunda
00304-01 instancia, 8 de febrero de
2024. Notificada el 28 de
febrero siguiente.
41001-23-33-000-2018- Yamid Sterling Sánchez Sentencia de segunda
00153-01 instancia, 8 de febrero de
2024. Notificada el 28 de
febrero siguiente.

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52001-23-33-000-2018- Óscar Fernando Ortega Cerón Sentencia de segunda
00461-01 instancia, 8 de febrero de
2024. Notificada el 27 de
febrero siguiente.
68001-23-33-000-2021- Rodolfo Hernández Suárez Sentencia de segunda
00340-01 instancia, 22 de febrero de
2024. Notificada el 11 de
marzo de 2024.
11001-03-25-000-2012- Juan Alberto Ramos Coronell Sentencia de única
00156-00 instancia, 8 de febrero de
2024. Notificada el 8 de
marzo siguiente.
11001-03-25-000-2022- Marco Sergio Rodríguez Sentencia de única
00216-00 Merchán instancia, 4 de abril de 2024.
Notificada el 8 de abril
siguiente.
25001-23-42-000-2015- Carlos Barbosa Malaver Sentencia de segunda
00115-01 instancia, 11 de abril de
2024. Notificada el 8 de
mayo de 2024.
68001-23-33-000-2014- Sonia Serrano Prada y otro Sentencia de segunda
00077-01 instancia, 23 de mayo de
2024. Notificada el 6 de
junio del mismo año.

63. Con fundamento en la información brindada, se concluye que la tutela cumple
con este requisito frente a cada una de las providencias judiciales. Esto, pues la
solicitud de amparo se interpuso el 12 de junio de 2024 y tales sentencias fueron
notificadas entre el 16 de enero y el 6 de junio de 2024. Por tanto, sin que se requiera
establecer la fecha de ejecutoria de tales fallos, se advierte que la acción
constitucional se radicó dentro de un término razonable.

2.5.4. Relevancia constitucional

64. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes criterios cuyo
estudio es necesario para establecer si una tutela contra providencia judicial cumple
con el requisito de relevancia constitucional:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

65. Al respecto, la sala considera que la Procuraduría General de la Nación
cumplió con suficiencia la carga argumentativa mediante la cual justificó que el
asunto versa sobre una controversia de evidente relevancia constitucional. Esto, al
señalar que la garantía al debido proceso de la entidad, como demandada en los
distintos trámites ordinarios objeto de la presente acción constitucional, está en
tensión con las decisiones adoptadas por la Sección Segunda, en las que aplicó un
control de convencionalidad oficioso y consideró que tal autoridad carecía de
competencia para sancionar con medidas de suspensión, destitución e inhabilidad
a servidores elegidos por voto popular.

66. En efecto, la entidad formuló una controversia de raigambre constitucional, al
formular como principal argumento que, en las decisiones cuestionadas, la Sección
Segunda desconoció los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, los cuales
le otorgan la competencia a la Procuraduría de ejercer vigilancia de la conducta
oficial de los funcionarios públicos, inclusive aquellos elegidos por voto popular, y
de sancionarlos con las medidas dispuestas por la Ley.

67. Al respecto, la actora insistió en que la desatención de tales normas se
fundamentó en una errada aplicación del control de convencionalidad pues, a su
juicio, la autoridad judicial demandada le otorgó un carácter supraconstitucional al
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Agregó que ello
implicaría el desconocimiento del precedente judicial que, sobre la materia, la Corte
Constitucional ha establecido de manera reiterada.

68. En este orden de ideas, se considera que estos argumentos no comportan
una simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya zanjadas en los
procesos objeto del presente trámite constitucional. Por tanto, lo pretendido por la
entidad accionante no es simplemente manifestar su inconformidad con respecto a
las decisiones adoptadas por la autoridad judicial accionada, ni tampoco formular
un debate eminentemente legal o económico.

69. De conformidad con lo expuesto, las pretensiones y los argumentos
formulados en el escrito de tutela plantean un litigio sobre la interpretación y la
aplicación de los artículos 118 y 277 de la Constitución Política y, de tal forma, sobre
un presunto desconocimiento del diseño institucional de los órganos de control
adoptado por el constituyente en la carta política. Por tanto, esta controversia está
relacionada con el alcance de la potestad sancionatoria de la Procuraduría General
de la Nación, a la luz de las normas del texto constitucional y de la Convención
Americana de Derechos Humanos.

70. En virtud de lo anterior, la naturaleza misma de esta controversia requiere de
la intervención del juez de tutela, con el fin de que se determine si, tal como fue

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alegado por la entidad demandante, las autoridades judiciales accionadas
desconocieron tales disposiciones constitucionales y la interpretación que al
respecto ha surtido la Corte Constitucional. En este sentido, es necesario
emprender un estudio del fondo del asunto que posibilite establecer si en las
decisiones cuestionadas se desatendió tanto el marco institucional, como el
principio de vigilancia y control de la función pública que fundamenta la estructura
del Estado.

71. En este orden de ideas, la sala concluye que el asunto sometido a discusión
plantea una controversia sobre el derecho al debido proceso de la Procuraduría
General de la Nación que, en los términos desarrollados en la demanda, impuso
sanciones a funcionarios elegidos por voto popular en cumplimiento de la facultad
de vigilancia y control de la función pública que le otorgó tanto la Constitución como
la Ley. Por tanto, este juez constitucional deberá determinar si tal garantía de orden
superior fue transgredida por medio de las providencias que dejaron sin efectos
algunos actos administrativos expedidos, a juicio de la actora, en cumplimiento de
dicha competencia.

2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

72. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que consideró le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales. Esto, al individualizar cada una de las providencias en las que,
desde la perspectiva de la tutelante, se adoptaron decisiones contrarias a las
disposiciones de orden superior que rigen la materia.

73. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que las autoridades accionadas incurrieron en una
vulneración de las garantías invocadas en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la actora, se incurrió en violación
directa de la Constitución, en desconocimiento del precedente y en un defecto
sustantivo.

74. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en vulneración
del derecho fundamental al debido proceso ante la presunta configuración de los
yerros formulados en la demanda.

75. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos alegados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Violación directa de la Constitución

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76. Al respecto, la Corte Constitucional12 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

77. El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»13. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución14.

78. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»15, y se fundamenta
en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y,
por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con
aquella, es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad»16.

2.6.2. Desconocimiento del precedente

79. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas
jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el caso reciente17.

80. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos18 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

81. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se aparta
del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.6.3. Defecto sustantivo

12 SU-198 de 2013.
13 Ibidem
14 Ibidem
15 Ibidem
16 Ibidem
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de 2021.

Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 6

de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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82. La Corte Constitucional19, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»20.

83. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente 21,
inexequible22 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador23.

84. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la
configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la
norma24; la disposición aplicada es regresiva25 o contraria a la Constitución; el
ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma;
se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

85. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente.

2.7. Análisis del caso en concreto

86. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, las subsecciones A y
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrieron en violación directa de
la Constitución, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente ante una
errada aplicación del control oficioso de convencionalidad, al declarar la nulidad de
actos mediante los cuales el ente de control impuso sanciones de suspensión,
destitución e inhabilidad a funcionarios públicos elegidos por voto popular.

87. Lo anterior pues, a su juicio, dicha sección le otorgó un carácter
supraconstitucional al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos al considerar que dicho órgano de control no cuenta con la competencia
para limitar de tal forma los derechos políticos de dichos servidores. Con ello, desde
la perspectiva de la autoridad demandante, se habría desconocido los artículos 118
y 277 constitucionales y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional
mediante la cual se ha establecido que la Procuraduría tiene competencia para

19 SU-195 del 2012
20 SU-159 de 2002, T-043 de 2005. T-295 de 2005, T-657 de 2006, T-686 de 2007, T-743 de 2006, T-033 de
2010, T-792 de 2010, entre otras.
21 T-800 de 2006.
22 T-522 de 2001.
23 SU-159 de 2002.
24 T-051 de 2009.
25 T-018 de 2008.

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ejercer control disciplinario sobre estos funcionarios y para imponerles las sanciones
a las que haya lugar.

88. En criterio de la actora, esto significó, a su vez, una desatención de la Ley
734 de 2002 (Código Disciplinario Único) que regía el actuar de dicho ente al
momento en el que tales actos administrativos fueron expedidos. Al respecto,
agregó que la sentencia de caso Gustavo Petro Urrego contra Colombia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual fundamentó el control de
convencionalidad ejercido en las providencias cuestionadas, no había sido
proferida. Esto pues, mientras que este fallo es del 8 de julio de 2020, las decisiones
que fueron declaradas nulas se dictaron entre el 18 de septiembre de 2012 y el 30
de noviembre del mismo año.

89. Dada la naturaleza de esta controversia, la sala analizará conjuntamente los
cargos formulados en el escrito de tutela. Para ello, se estudiará el tratamiento que
la Corte Constitucional ha dado por medio de su jurisprudencia a la facultad de la
Procuraduría General de la Nación de sancionar a los funcionarios elegidos por voto
popular y se hará especial énfasis en la forma en como se ha interpretado dicha
competencia por parte del alto tribunal a la luz del artículo 23.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.

90. Lo anterior permitirá, finalmente, contrastar la forma en la que en el
ordenamiento jurídico se ha estructurado dicha facultad sancionatoria, frente a la
postura acogida por las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en las providencias objeto de la presente acción constitucional. Lo anterior,
con el fin de determinar si la autoridad judicial accionada ha incurrido en la
vulneración del derecho fundamental invocado y de garantías de orden superior.

2.7.1. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la facultad de la
Procuraduría General de la Nación de sancionar funcionarios elegidos
por voto popular

91. En la sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional se pronunció con
respecto a una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 44.126, 45.d27 y
4628 de la Ley 734 de 2002 que, a juicio de los actores, establecían como una de
las posibles consecuencias del proceso disciplinario allí contemplado, la inhabilidad
para el ejercicio de la función pública, lo que vulneraba los artículos 13, 40 y 93

26
ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.
27 ARTÍCULO 45. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.

1. La destitución e inhabilidad general implica:
a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre
nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución
Política, o
c) La terminación del contrato de trabajo, y
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por
el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.
28 ARTÍCULO 46. LÍMITE DE LAS SANCIONES. La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad

especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio
económico del Estado la inhabilidad será permanente.

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constitucionales y el artículo 23 de la CADH. Esto, pues dichas disposiciones
imponían una limitación a los derechos políticos distinta a la derivada de un proceso
penal, lo que implicaba una vulneración a la reserva judicial que en la materia
consagra el artículo 23 convencional y, con ello, una trasgresión al bloque de
constitucionalidad contemplado en el artículo 93 superior.

92. En este caso, la Corte Constitucional indicó que la facultad otorgada por el
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
disciplinarias temporales o permanentes que restrinjan el derecho de acceso a
cargos públicos, no se oponía al artículo 93 constitucional ni al artículo 23
convencional. Sostuvo que, en una interpretación armónica y sistemática de esta
norma integrada al ordenamiento por medio del bloque de constitucionalidad, no
existía una restricción para que el ordenamiento interno establezca sanciones
disciplinarias que implique una suspensión temporal o definitiva de tales derechos
políticos.

93. Afirmó que estas medidas tenían fundamento en la potestad disciplinaria del
Estado cuya finalidad fundamental es prevenir y sancionar aquellas conductas que
atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los
servidores públicos o que obstaculicen el adecuado funcionamiento de la
administración pública. Por tanto, el alto tribunal consideró que dicha norma
convencional, en lo que concierne a las restricciones legales de los derechos
políticos, debía ser interpretada armónicamente con el conjunto de instrumentos
internacionales de carácter universal y regional, que pretenden articular mediante
cooperación internacional, la actividad de los Estados en pro de la consecución de
fines legítimos tales como la lucha contra la corrupción y contra delitos que afecten
el patrimonio estatal.

94. Por su parte, en la sentencia SU-712 de 201329, se estableció que la tríada
normativa compuesta por los artículos 11830, 12331 y 277.632 de la Constitución
establece que la Procuraduría General de la Nación cuenta con la competencia para
ejercer la vigilancia superior de las funciones desempeñadas por servidores
públicos elegidos por voto popular, para lo cual puede adelantar las investigaciones

29 En esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió en sede de revisión una tutela interpuesta

por la exsenadora Piedad Córdoba contra la Procuraduría General de la Nación. En dicha oportunidad, la actora
consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso y desempeño de funciones públicas
y a elegir y ser elegida fueron vulnerados por el ente de control, en el marco de un proceso administrativo
adelantado en su contra que culminó con la sanción disciplinaria de destitución como congresista e inhabilidad
para ejercer cargos públicos por el término de 18 años.
30 ARTICULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor

del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades
jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio
Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
31 ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
32 ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá

las siguientes funciones:
(…)
6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de
elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes,
e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

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e imponer las sanciones que determine la Ley. En tal sentido, explicó que esta
facultad del Ministerio Público emana directamente de la Carta Política, cuya
determinación corresponde al legislador.

95. En dicha sentencia, la Corte Constitucional reiteró que esta competencia de
rango constitucional es compatible con la Convención Americana de Derechos
Humanos, pues el artículo 23.2 fija unas pautas bajo las cuales el legislador puede
regular los derechos allí estipulados, pero no impide que se establezcan
restricciones adicionales, de conformidad con la arquitectura institucional y
constitucional que defina cada Estado. De tal forma, insistió en la necesidad de
interpretar armónica y sistemáticamente dicha disposición, en conjunto con los
demás instrumentos internacionales y con la Constitución.

96. A su vez, destacó que cuando la CADH alude a la «condena, por juez
competente, en proceso penal», la propia Corte IDH ha reconocido la posibilidad de
que se adopten sanciones administrativas y disciplinarias que, como las penales,
son una expresión del poder punitivo del Estado y que, en ocasiones, tienen una
naturaleza similar, siempre y cuando se garantice el debido proceso.

97. Este criterio sobre la compatibilidad entre el artículo 23 de la CADH y la
competencia de la Procuraduría General de la Nación, otorgada por la Constitución
y la Ley 734 de 2002, fue reiterado en las sentencias C-500 de 2014, SU-355 de
2015, C-086 de 2019, entre otras.

98. En la sentencia C-106 de 201833, el alto tribunal puso de presente que la
Corte IDH ha aceptado que los Estados introduzcan límites a los derechos políticos
más allá de los establecidos por el artículo 23 convencional y, por tanto, lo allí
dispuesto no puede ser interpretado taxativa y restrictivamente. De tal forma,
sostuvo que, en virtud los parámetros convencionales, estas restricciones no
previstas en aquella norma deben ser siempre juzgadas en concreto, de
conformidad con la cultura política, la historia y las necesidades de cada Estado y
deben obedecer a exigencias de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

99. En la sentencia C-146 de 2021, el alto tribunal expuso que en la sentencia
del caso Gustavo Petro contra Colombia, la Corte IDH determinó que las sanciones
impuestas al exalcalde vulneraron sus derechos políticos y garantías procesales
porque: i) se desconoció el principio de jurisdiccionalidad, al haber sido expedidas
por autoridades administrativas y no por un juez competente; ii) no se dictaron en
un proceso en el que sen respetaran las garantías judiciales consagradas en el
artículo 8 de la Convención Americana.

33 Mediante este fallo, la Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1.º

de la Ley 1296 de 2009 que establece lo siguiente: «Los cónyuges o compañeros permanentes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad; segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni
indirectamente». En esta oportunidad, la parte actora consideró que esta norma contravenía el artículo 23 de la
CADH, al considerar que los límites establecidos en esta norma para el acceso a las funciones públicas eran
exclusivos y taxativos, lo que implicaba que no podían establecerse restricciones adicionales a estas.

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100. Sin embargo, en consonancia con su precedente, insistió en la necesidad de
interpretar el artículo 23 convencional de manera armónica y sistemática, el cual
posibilita a los Estados a regular los límites a los derechos políticos de acuerdo a
sus necesidades particulares. Por tanto, reiteró que dicha norma no dispone un
listado taxativo y restrictivo de las posibles limitaciones a tales garantías.

101. Finalmente, en la sentencia C-030 de 202334, la Corte Constitucional
dictaminó que la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación con
respecto a los funcionarios elegidos democráticamente fue atribuida por mandato
constitucional, en virtud de los artículos 118 y 277.6 de la Constitución Política. Sin
embargo, sostuvo que estas disposiciones constitucionales debían ser interpretadas
sistemática y armónicamente con los artículos 8 y 23.2 de la CADH y, por tanto,
debía comprenderse que en las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad
a dichos servidores opera una reserva judicial.

102. En tal sentido, la Corte contempló que en esta nueva normatividad en materia
disciplinaria la intervención del juez en el control contencioso administrativo sería
obligatoria y las respectivas sanciones se concretarían en sentencia judicial
mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión que opera de manera
automática e inmediata. Esto, permitiendo al disciplinado el ejercicio de todas las
garantías procesales que estime pertinentes para su defensa.

103. Sin embargo, insistió en que el contraste de la normativa interna con un
tratado internacional no daba lugar a una declaratoria automática de
inconstitucionalidad, por lo que el control de convencionalidad no puede realizarse
de forma autónoma y por fuera del control de constitucionalidad. Lo anterior, dado
que la interpretación de la CADH se realiza por medio del bloque de
constitucionalidad y atendiendo a los parámetros establecidos por el alto tribunal.

2.7.2. Análisis de los cargos formulados

104. Como fue expuesto en los antecedentes de esta providencia, las
subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fundamentaron
las decisiones cuestionadas en la aplicación de la figura del control de
convencionalidad y, con ello, en el artículo 23.2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. A su vez, tales fallos se dictaron en consonancia con lo
establecido por la Corte IDH en la sentencia del 8 de julio de 2020, caso Gustavo
Petro Urrego contra Colombia la cual, a su juicio, tiene fuerza obligatoria para todos
los jueces.

105. En tal sentido, en aquellas providencias, se consideró que los actos
administrativos que sancionaron a los servidores con medidas de suspensión,
destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, no se ajustaron a la

34 Providencia en la que la Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad del artículo 1.º de

la Ley 2094 de 2021 que reformó la Ley 1952 de 2019 (Cóel endigo general disciplinario).

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normativa convencional que regula el ejercicio de los derechos políticos y las
respectivas garantías judiciales.

106. Lo anterior, puesto que, desde la perspectiva de las autoridades
demandadas, la Ley 734 de 2002 que facultaba a la Procuraduría General de la
Nación para destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto
popular, «estuvo viciada de ilegalidad, desde sus orígenes». Esto, al considerar que
a la luz de la convención y de la jurisprudencia de la Corte IDH – principalmente del
fallo referido anteriormente – las autoridades administrativas carecen de
competencia para restringir los derechos políticos de aquellos servidores, dado que
este tipo de sanciones pueden ser impuestas exclusivamente por una autoridad
judicial, de conformidad con el artículo 23.2 de la CADH.

107. De conformidad con el marco jurídico expuesto, la sala considera que las
accionadas incurrieron en los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente que sobre la materia ha proferido la Corte
Constitucional y en defecto sustantivo, ante la inaplicación de la normativa vigente
al momento en que los actos administrativos sancionatorios fueron expedidos.

108. En consonancia con los parámetros de la jurisprudencia Constitucional, la
Sección Segunda del Consejo de Estado llevó a cabo una aplicación del control de
convencionalidad con desconocimiento del artículo 93 de la Constitución Política.
La interpretación tanto del artículo 23 convencional, como de la sentencia del caso
Petro Urrego contra Colombia, se efectuó de forma autónoma y aislada de los
parámetros constitucionales establecidos por la Corte Constitucional desde la
sentencia C-028 de 2006 y reiterados pacíficamente.

109. En efecto, las subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta corporación
desconocieron la supremacía constitucional ante una aplicación irrestricta de la
norma convencional y el referido fallo de la Corte IDH, obviando su obligación de
llevar a cabo una interpretación armónica y sistemática del tratado internacional con
las normas de la Carta Política. Con ello, se incurrió en una inaplicación del artículo
277.6 superior, el cual le otorga a la Procuraduría General de la Nación la potestad
disciplinaria y sancionatoria sobre los servidores públicos con inclusión de aquellos
elegidos por voto popular.

110. Con ello, se incurrió en un desconocimiento de la arquitectura institucional
que en materia disciplinaria previó tanto el constituyente como el legislador y, con
ello, se desatendió los principios y mandatos que estructuran el ejercicio de la
función pública en el ordenamiento. En las decisiones objeto de esta acción, la
Sección Segunda del Consejo de Estado no solo transgredió normas de naturaleza
constitucional, como los artículos 118 y 277, sino que desconoció el diseño
institucional previsto por la Ley 734 de 2002, específicamente, por sus artículos
44.1, 45.d y 46.

111. La sala insiste en que la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades
contempló que dicha normativa no se oponía al artículo 93 de la Constitución ni al

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artículo 23 de la CADH, pues en una interpretación armónica y sistemática de la
norma convencional, no existía una restricción para que el ordenamiento interno
estableciera sanciones disciplinarias que implicaran una suspensión temporal o
definitiva de los derechos políticos de tales servidores públicos.

112. De tal forma, es necesario destacar que cuando el alto tribunal se ha
pronunciado con respecto a la constitucionalidad de una disposición normativa y,
con ello, ha establecido los parámetros que rigen su interpretación a la luz de la
carta política, los operadores judiciales cuentan con el deber de actuar bajo dichos
lineamientos. En tal sentido, al desconocer el criterio reiterado en sentencias tales
como la C-028 de 2006, C-500 de 2014 y C-086 de 2019 en las que se estudió la
constitucionalidad de disposiciones de la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió también en un defecto sustantivo.

113. En este orden de ideas, no procede hacer excepción de inconvencionalidad
o inaplicación de normas y sentencias internas cuando la Corte Constitucional ya
se ha pronunciado en sentencia de inconstitucionalidad. El control difuso de
convencionalidad equivale a la excepción de inconstitucionalidad, su régimen de
procedencia es idéntico, motivo por el cual aquella no procede cuando hay un
pronunciamiento previo por parte de la corte constitucional sobre la validez de la ley.
Bajo este entendido, de igual forma que no procede la excepción de
inconstitucionalidad, no es posible hacer control difuso de convencionalidad.

114. Los jueces en general, incluyendo al Consejo de Estado, no tienen
competencia para decidir las inaplicaciones de leyes o de validez de sentencias
cuando ese mismo problema jurídico ya fue decidido por la Corte Constitucional en
sentencia de constitucionalidad. Las leyes que han sido declaradas constitucionales
no pueden ser inaplicadas mediante excepción o control de convencionalidad (que
en el ordenamiento colombiano son figuras coincidentes). Solo en caso de que no
exista un pronunciamiento de tal naturaleza, se habilita la competencia para hacer
control de convencionalidad, entendido como inaplicaciones de normas internas por
contrariar la convención-constitución.

115. Por tanto, el yerro en el que incurrió la Sección Segunda del Consejo de
Estado consiste no solo en que se desconocieron unas normas constitucionales
(dada su inaplicación), sino que también y, principalmente, porque se actuó sin
competencia para excepcionar la ley. En este sentido, se trata de una flagrante
incompetencia la consideración de que la Ley 734 es inválida.

116. En efecto, al considerar que desde su promulgación, dicha ley estuvo
«viciada de ilegalidad» al contrastarla con los parámetros del artículo 23
convencional, la autoridad demandada desconoció el precedente establecido por la
Corte tanto en sede de revisión como en control abstracto de constitucionalidad. Lo
anterior, pues obvió el criterio reiterado y pacífico establecido por el alto tribunal en
relación con la necesidad de armonizar la recepción de las normas internacionales
relacionadas con la potestad sancionatoria del Estado sobre los funcionarios

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elegidos por voto popular y los mandatos constitucionales y la arquitectura
institucional interna que rige la materia.

117. Bajo estas consideraciones, las sentencias proferidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado cuestionadas mediante esta acción constitucional
y que declararon la nulidad de decisiones de la Procuraduría contra funcionarios de
elección popular al considerar que estaban fundadas en una ley inconvencional,
desconoce los precedentes constitucionales que establecieron, con efecto de cosa
juzgada, su validez. En tal sentido, al desconocer el criterio reiterado en sentencias
tales como la C-028 de 2006, C-500 de 2014 y C-086 de 2019 en las que se estudió
la constitucionalidad de disposiciones de la Ley 734 de 2002 se incurre en una
manifiesta causal de procedencia de la acción de tutela.

118. La sala resalta que la competencia para decidir la validez de una ley le
corresponde únicamente a la Corte Constitucional, no al Consejo de Estado.
Previamente se afirmó que no se puede hacer uso de la excepción de
inconstitucionalidad, ni de su equivalente, cuando se utiliza como parámetro la
convención. Es decir, no hay competencia para hacer control difuso de
convencionalidad cuando ya la Corte se pronunció sobre el tema. Ejercer dicho
control implicaría llevar a cabo una actuación sin competencia. El control de
convencionalidad que ha elaborado la Corte IDH no conlleva, ni una habilitación a
la anomia social, ni a un desconocimiento de las competencias internas para decidir
sobre la validez de las normas generales o particulares. No es procedente acudir al
control de convencionalidad como fundamento para desconocer las competencias
de la Corte Constitucional en materia de juicio de validez.

119. De tal forma, si bien en su escrito de contestación la Sección Segunda afirmó
que con la aplicación del control de convencionalidad en estos casos se llevaba a
cabo una interpretación armónica de las normas internacionales con las del
ordenamiento interno, lo cierto es que le otorgó un carácter supraconstitucional a la
CADH. Esto, al trasplantar automáticamente el artículo 23 de la Convención al
ordenamiento interno, sin tomar consideración alguna sobre las normas
constitucionales y legales aplicables a los asuntos que conoció en su calidad de
juez de lo contencioso administrativo.

120. La sala pone de presente que no desconoce la sentencia del caso Petro
Urrego contra Colombia en la que la Corte IDH consideró que la destitución e
inhabilidad de un funcionario de elección popular no podía ser dictaminada por una
autoridad administrativa, como lo es la Procuraduría General de la Nación. Sin
embargo, dado el contexto normativo ampliamente expuesto en esta providencia,
las reglas de derecho establecidas en dicho fallo no pueden ser adoptadas de forma
directa, sin tomar en consideración la necesidad de armonización de tales
dictámenes con el ordenamiento interno. Por tanto, tampoco se puede obviar que,
previo al cumplimiento de los parámetros convencionales allí establecidos, el
Estado debe transitar por un proceso de adecuación institucional que no es
automático.

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121. En efecto, con la decisión de anular las sanciones disciplinarias de la
Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de elección popular, se
expresa una comprensión equivocada y simplista del proceso de cumplimiento de
las sentencias de la Corte IDH. No se puede perder de vista que el cumplimiento de
sentencias de la Corte IDH no tiene que ser siempre un proceso lineal y simple de
cumplimento único acotado en un momento temporal. Dicho acatamiento no es
automático ni inmediato.

122. En casos en los que se establecen dictámenes que operan como garantías
de no repetición y donde se ordenan modificaciones institucionales y/o normativas
que cambien el esquema de lucha contra la corrupción y el derecho sancionador de
un país – como es el caso del fallo Petro contra Colombia – no es posible ni realista
entender que el cumplimiento de un fallo pueda llevarse a cabo de manera simple,
mediante una ley o una sentencia puntual. Lo usual, e incluso lo conveniente, es
que se surta un proceso en el que los distintos poderes nacionales se ajusten
progresivamente – no automáticamente – a la lógica de decisión impuesta por la
Corte Interamericana.

123. De tal forma, el escenario para decidir si hay conformidad entre el derecho
interno y la Convención o, como en este caso, entre una sentencia de la Corte
interamericana y la ley que modifico el procesos sancionatorio disciplinario y la
sentencia del caso Petro le corresponde al procedimiento de supervisión de
cumplimiento en cabeza de la Corte IDH y en caso de que se entienda que
efectivamente la nueva ley y las decisiones internas son contrarias a la convención,
le corresponderá al Estado Colombiano a través de una nueva ley adecuarse a los
criterios que en resolución de cumplimiento establezca la Corte Interamericana.

124. Las sentencias de la Corte IDH no deben ser entendidas como una condena
al Estado y a sus autoridades ante una incapacidad de implementar decisiones
justas con plenas garantías. La función de una sentencia de condena en el sistema
interamericano, como fue el caso Petro, debe ser apreciada y valorada como un
catalizador positivo que permita que un Estado como el colombiano realice
transformaciones institucionales y normativas que no podrían hacerse o que serían
de difícil realización, sin la existencia de la presión ejercida por el Derecho
Internacional y, en específico, por las sentencias de un tribunal internacional de
derechos humanos como es la Corte Interamericana.

125. Ahora bien, es pertinente enfatizar en que en materia de respeto y
cumplimiento de la Convención y de las decisiones de la Corte Interamericana, el
Estado Colombiano ha sido modélico. La corrección de las autoridades y poderes
nacionales, a pesar de sus contratiempos, ha sido correcta en cuanto ha actuado
rápidamente mediante las modificaciones legislativas y las actuaciones judiciales
requeridas. Mediante la técnica de sentencias interpretativas de leyes, de
conformidad con la Constitución y la Convención, se ha implementado un sistema
de investigación que posibilita la imposición de sanciones a funcionarios elegidos
por voto popular que cumple con la esencia del fallo del caso Petro, esto es, que las

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sanciones no pueden ser instrumentalizadas con propósitos políticos. En efecto, el
control disciplinario no puede ser utilizado para perseguir a funcionarios de elección
popular. Las sanciones disciplinarias deben ser decisiones objetivas, imparciales y,
con dicho fin, deben cumplir con las garantías del debido proceso propias del control
jurídico que realizan los jueces penales.

126. Fue precisamente en este contexto de adecuación normativa en el
cumplimiento del fallo de la Corte IDH en cuestión, que la Corte Constitucional
profirió la sentencia C-030 de 2023 mediante la cual, en una interpretación armónica
del artículo 23 de la CADH con el ordenamiento interno, modificó su criterio
jurisprudencial en el sentido de considerar que las sanciones de dicha naturaleza
sobre los servidores elegidos democráticamente deben ser impuestas por una
autoridad judicial y no una administrativa. Lo anterior, sin desconocer la potestad
disciplinaria que la Constitución Política le otorgó a la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con los artículos 118, 227 y 278.

127. En este caso, se optó por un sistema de garantías de derecho sancionatorio
equivalentes a las del derecho penal pero realizadas por un juez administrativo, el
Consejo de Estado, que está familiarizado con la función pública y el principio de
legalidad administrativa. El hecho de que el Estado colombiano haya acatado la
sentencia de la Corte IDH mediante un actuar tanto del poder legislativo como del
judicial, da muestra del compromiso interno con los derechos humanos.

128. Un rechazo automático de este proceso implica el desconocimiento de la
naturaleza y la finalidad del trabajo de la Corte IDH y del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Ahora bien, ante una controversia relacionada con la vía más
adecuada para el cumplimiento de sentencias como la del caso Petro, esto debe
ser definido por las autoridades nacionales correspondientes, como ha venido
sucediendo. A su vez, en el orden internacional, la Corte IDH es la competente para
dar solución a ello en cumplimiento de sus funciones de supervisión en el
acatamiento de sus sentencias. Precisamente, el diálogo constructivo que se
genere entre las respectivas resoluciones de cumplimiento y la actuación del Estado
por medio de sus tres ramas del poder es el que brinda las condiciones para el
cumplimiento de este tipo de fallos. Lo anterior, siempre bajo el respeto por parte
del Estado a lo decidido por la Corte IDH y su consecuente obligación de propiciar
e impulsar las reformas necesarias.

129. En este orden de ideas, es necesario precisar que el respeto por la
convención, la jurisprudencia de la Corte – entendida como interpretación auténtica
de aquella normativa – y las obligaciones de cumplimiento de tales sentencias, no
pueden generar situaciones de inseguridad jurídica, ni un caos o vacío normativo
que deje al Estado inerme en la lucha contra la corrupción. Aquello tampoco puede
propiciar un choque de trenes mediante la aplicación de figuras como la excepción
de inconvencionalidad o inconstitucionalidad. En efecto, no es posible que en
cumplimiento de los dictámenes del sistema interamericano, se autorice a los jueces
o tribunales – con independencia de su nivel o jurisdicción – a que declaren la
inconstitucionalidad de leyes que han sido reconocidas previamente como validas

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por la Corte Constitucional o a que inapliquen decisiones que gozan de plena
presunción de validez.

130. Ahora bien, en el examen de legalidad de los actos administrativos
sancionatorios, la Sección Segunda del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que
aquellos fueron expedidos de conformidad con la normativa vigente al momento en
que fueron proferidos, esto es, la Ley 734 de 2002. En efecto, tales decisiones
fueron proferidas por la Procuraduría General de la Nación entre el 18 de septiembre
de 2012 y el 30 de noviembre del mismo año, momento en el que dicha normativa
regía la materia y en el que el fallo de la Corte IDH aplicado por la Sección Segunda
aún no se había proferido.

131. La sala considera que adoptar la postura de la Sección Segunda del Consejo
de Estado implicaría un quebranto al principio de seguridad jurídica, pues
conllevaría que todas las sanciones impuestas por la Procuraduría a funcionarios
elegidos por voto popular durante la vigencia de tal norma adolecen de ilegalidad,
como se expone a continuación.

132. Al respecto, es necesario advertir que el principio de favorabilidad penal, en
caso de ser procedente, no conduce inexorablemente a la anulación de todas las
sanciones previas al caso Petro.

133. El efecto en el tiempo de las decisiones objeto de este proceso no tiene por
qué ser con un efecto retroactivo o ex tunc. La otra alternativa, la de un efecto ex
nunc, es la que ha sido propia de nuestra cultura jurídica precisamente para evitar
situaciones de inseguridad jurídica. Ahora bien, aunque puede ser discutible si se
puede aplicar efecto ex nunc a un asunto regido por el principio de favorabilidad
penal o sancionatorio, este es un tema que ha sido resuelto de manera pacífica por
la jurisprudencia constitucional colombiana.

134. Se han proferido varios pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional
en donde se establecen efectos ex nunc en decisiones de inconstitucionalidad de
normas procesales o sustantivas de carácter sancionatorio y esto porque se ha
entendido que el principio de favorabilidad para determinar el efecto en el tiempo de
sentencias de inconstitucionalidad debe ser interpretado y contrastado en una
interpretación armónica con otros derechos y valores. En este caso, aquellos bienes
jurídicos con los que dicho principio debe ser contrastado serían la seguridad
jurídica y los demás relacionados con la lucha contra la corrupción.

135. En este orden de ideas, la sala considera que las sentencias de la sección
segunda incurren en un error al entender que el efecto en el tiempo de una hipotética
invalidez de la ley 734 debe ser con efecto retroactivo, esto es, ex nunc, de manera
que todas las sanciones contra funcionarios de elección popular deben ser
declaradas nulas. Esta decisión supone desconocer la jurisprudencia de la Corte
Constitucional donde se ha decidido que el principio de favorabilidad no es absoluto.
Por tanto, en estos casos, una norma inválida no tiene siempre un efecto retroactivo,
pues debe existir una armonización del principio de favorabilidad penal con otros

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principios igualmente relevantes del mismo origen constitucional, como es, en el
asunto en concreto, la seguridad jurídica, la lucha contra la corrupción, los principios
de moralidad, eficacia, eficiencia – entre otros –.

136. Por tanto, los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad proferidas por
la Corte Constitucional o, como en este caso, la decisión de invalidez de los fallos
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fundada en un equivocado
entendimiento del control de convencionalidad en el tiempo, debe establecerse:

a) Siguiendo las reglas generales de efectos de invalidez de las leyes, esto es,
con efectos ex nunc o hacia el futuro, para garantizar cierto grado de
estabilidad y certidumbre jurídica. Solo en casos excepcionales se podría
decidir un efecto ex tunc o un efecto diferido

b) La asignación de efectos en el tiempo de una norma inválida, en este caso,
de una hipotética inconstitucionalidad, debe ser el resultado de un análisis
responsable de los efectos negativos en materia de derechos e intereses que
podrían producirse.

137. En este orden de ideas, se considera que establecer que el efecto debe ser
retroactivo y ex tunc, como se hace en las sentencias objeto de tutela, propicia la
impunidad, lo cual puede generar un efecto desalentador para la sociedad y para
las instituciones encargadas de contrarrestar dicho fenómeno en un Estado como
el colombiano donde esta problemática es de alta importancia. El impacto negativo
de la corrupción en la vigencia de los derechos humanos ha sido objeto de
numerosas decisiones de la misma Corte Interamericana y en diversos fallos de la
Corte Constitucional.

138. Por último, es necesario poner de presente que, en sede de revisión, la Corte
Constitucional ya se ha pronunciado en relación con dos asuntos con presupuestos
fácticos análogos al estudiado. Mediante las sentencias SU-381 de 2024 y SU-38235
del mismo año, se amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General
de la Nación en dos acciones de tutela contra providencias judiciales en las que se
declaró la ilegalidad de actos administrativos por medio de los cuales se sancionó
a servidores públicos electos por voto popular, por las mismas razones que
fundamentaron las sentencias cuestionadas en la presente demanda. Tales
providencias de la Corte estuvieron motivadas en razones similares a las expuestas
en este fallo.

139. En este orden de ideas, se concluye que la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en violación directa de la Constitución, desconocimiento del
precedente y defecto sustantivo. Esto, ante una aplicación irrestricta y automática
del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los

35 La sala aclara que, al momento en que se profiere la presente decisión, estos fallos proferidos por la Sala

Plena de la Corte Constitucional no han sido publicados ni notificados. A la fecha, únicamente se ha publicitado
el comunicado de prensa en el que se sintetizan los motivos que fundamentaron la decisión y se da a conocer
la parte resolutiva de las providencias.

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dictámenes establecidos en la sentencia Gustavo Petro Urrego contra Colombia, sin
tomar en consideración el andamiaje institucional establecido por el constituyente y
el legislador en relación con la competencia con la que contaba la Procuraduría
General de la Nación para sancionar funcionarios electos por voto popular. A su
vez, la configuración de tales yerros se predica del desconocimiento del precedente
constitucional pacífico y reiterado que rigió sobre la materia, con lo que actuó sin
competencia para excepcionar una disposición normativa declarada previamente
como válida por la Corte Constitucional.

140. Con fundamento en las consideraciones expuestas, se revocará la decisión
proferida el 8 de agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que
declaró la improcedencia de la acción constitucional y, en su lugar, se accederá al
amparo del derecho al debido proceso solicitado por la Procuraduría General de la
Nación. En virtud de lo anterior, se dejarán sin efectos las sentencias que se
relacionarán en la parte resolutiva de esta providencia, las cuales fueron proferidas
por las subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

141. Como consecuencia de ello, se ordenará a las respectivas subsecciones
proferir unos nuevos fallos de conformidad con los parámetros establecidos en esta
sentencia de tutela, teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación
tenía competencia para sancionar con suspensión, destitución e inhabilidad a los
servidores públicos elegidos por voto popular para la fecha en la que fueron
proferidos los actos administrativos demandados en cada uno de los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la presente acción
constitucional. En su lugar, ACCEDER al amparo del derecho al debido proceso
invocado por la Procuraduría General de la Nación contra la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos las siguientes sentencias proferidas por las
subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado:

• Sentencia del 23 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado en el expediente 15001-23-33-000-2017-00665-01 y 15001-23-
33-000- 2018-00253-00 (demandante: José Rubiel Paéz).

• Sentencia del 30 de noviembre de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado en el expediente 76001-23-33-000-2014-00891-00
(demandante: Javier Osorio Cortés).

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• Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado en el expediente 25000-23-42-000-2018-00304-01 (demandante:
Sandra Jaramillo González).

• Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado en el expediente 41001-23-33-000-2018-00153-01 (demandante:
Yamid Sterling Sánchez).

• Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado en el expediente 52001-23-33-000-2018-00461-01 (demandante:
Óscar Fernando Ortega Cerón).

• Sentencia del 22 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado en el expediente 68001-23-33-000-2021-00340-01 (demandante:
Rodolfo Hernández Suárez).

• Csdcsdcdcd Sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado en el expediente 11001-03-25-000-2012-00156-00
(demandante: Juan Alberto Ramos Coronell).

• Sentencia del 4 de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado en el expediente 11001-03-25-000-2022-00216-00 (demandante:
Marco Sergio Rodríguez Merchán).

• Sentencia del 11 de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado en el expediente 25001-23-42-000-2015-00115-01 (demandante:
Marco Carlos Barbosa Malaver).

• Sentencia del 23 de mayo de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado en el expediente 68001-23-33-000-2014-00077-01 (demandante:
Sonia Serrano Prada y otro).

TERCERO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, en el término de 30 días contados desde la ejecutoria de
esta providencia, profieran las respectivas sentencias de reemplazo en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con antelación y promovidos
contra la Procuraduría General de la Nación. Esto, de conformidad con los
parámetros establecidos en este fallo de tutela, teniendo en cuenta que la
Procuraduría General de la Nación tenía competencia para sancionar con
suspensión, destitución e inhabilidad a los servidores públicos elegidos por voto
popular para la fecha en la que fueron proferidos los actos administrativos
demandados en cada uno de los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Con salvamento de voto

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Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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