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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00660-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00660-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la Procuraduría General de la Nación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. Tercero. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo, identificado con cédula de ciudadanía 79.399.935 y portador de la tarjeta profesional 72.169 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00010 de SAMAI. Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00660-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00660-01 (6130-2024)
Demandante: Gladys Arraut Varelo, Angely Arciniegas Arraut y Daniel
Arciniegas Arraut
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Competencia de la Procuraduría General de la Nación para
imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos
por voto popular. Estructura de la responsabilidad disciplinaria.
Tipicidad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de
la sentencia proferida el veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. Los señores Gladys Arrauto Varelo y otros1 instauraron demanda en contra de
la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 11 de julio y el 16 de diciembre de 2019 por la Procuraduría
Provincial de Santa Marta y por la Procuraduría Regional del Magdalena,
respectivamente, mediante las cuales fue sancionada con destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene a la demandada
la cancelación de la anotación del correctivo impuesto del Sistema de Registro de
Sanciones y causas de Inhabilidad; el pago de perjuicios materiales (lucro cesante

1 Sus hijos Angely Arciniegas Arraut y Daniel Arciniegas Arraut.

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presente y futuro), morales y por pérdida de oportunidad, debidamente actualizados;
y que se condene en costas a la demandada.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que la señora Gladys Arraut Varelo fue elegida como concejala del municipio
de Soledad para el periodo constitucional 2016-2019.

6. Que el alcalde remitió al concejo el proyecto de acuerdo por el cual se «crea
el fondo de fomento para el desarrollo del deporte en Soledad», y que este, luego
de ser estudiado y votado, se convirtió en el Acuerdo Municipal nro. 000199 del 7
de marzo de 2016.

7. Que, por lo anterior, un ciudadano radicó una queja en contra de todos los
concejales del municipio ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla, en relación
con la cual, por auto del 21 de junio de 2016 se abrió una indagación preliminar y el
27 de octubre del mismo año una investigación disciplinaria. Entre tanto, la
procuradora general de la Nación, por Resolución del 27 de octubre de 2016
designó como funcionario competente para adelantar la actuación a la Procuraduría
Provincial de Santa Marta; pese a lo cual, la primera realizó una visita especial y
ordenó la práctica de pruebas.

8. Agregó que el 19 de septiembre de 2018 la Procuraduría Provincial de Santa
Marta formuló pliego de cargos, en el cual se le imputó la comisión de la falta
gravísima descrita en el artículo 48.60 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo. La
actuación concluyó con la expedición de los actos demandados en los que se
impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por 10 años.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Convención Americana de Derechos Humanos: artículo 23.2; Constitución
Política: artículos 2, 29, 90 y 93; Ley 734 de 2002: artículos 4, 6, 13, 141 y 142; Ley
1437 de 2011: artículos 137 y 138.

10. Considera que con la expedición de los actos demandados se desconoció el
contenido del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
porque dicha disposición contiene una regla clara, conforme a la cual la decisión de
inhabilitar a servidores que ostenten cargos de elección popular solo puede provenir
de una condena penal en firme y no de una actuación administrativa. Dicha previsión
impone a los jueces el deber de velar por la aplicación de la convencionalidad y por
su carácter superior respecto del ordenamiento jurídico interno, pues, según esto,
los actos demandados estarían viciados de nulidad por falta de competencia de la
Procuraduría General de la Nación.

11. Que la falta de competencia también ocurrió respecto de las actuaciones de la
Procuraduría Provincial de Barranquilla, pues la procuradora general de la Nación

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designó a la provincial de Santa Marta para el trámite de la actuación, pese a lo cual
la primera continuó con actuaciones en etapa de investigación; irregularidad que se
expuso ante la primera instancia disciplinaria, quien la desestimó tras considerar
que no se encontraba prevista dentro de las causales de nulidad del artículo 143 de
la Ley 734 de 2002; lo que, en todo caso, no hace que la violación del debido
proceso desaparezca.

12. Agregó que la autoridad disciplinaria desconoció el principio de legalidad, pues
realizó una indebida subsunción normativa en el juicio de tipicidad, porque de
manera incomprensible en el auto de cargos le reprochó haberse extralimitado en
el ejercicio de sus funciones y, al mismo tiempo, haber ejercido una conducta sin
tener las facultades legales y reglamentarias para hacerlo; sumado a lo cual se
acudió al artículo 48.60 de la Ley 734 de 2002, que castiga el ejercicio de las
potestades que la función o cargo conceden para una finalidad distinta a la prevista
en la norma otorgante. Que, con esto, no quedó claro si el correctivo disciplinario se
impuso (i) por ejercer funciones más allá de lo permitido, (ii) por haber actuado sin
estar facultada para ello; o (iii) por usar las facultades concedidas por el
ordenamiento para una finalidad distinta.

13. Que, además, se desconoció el derecho de contradicción, porque el 6 de
diciembre de 2016 se practicó una visita especial a las instalaciones del Concejo
Municipal de Soledad, en la que se recaudaron documentos de los cuales no se
corrió traslado a los sujetos procesales y estos sirvieron de soporte para la
formulación de cargos y la imposición de la sanción disciplinaria.

14. Que los medios de prueba se valoraron de forma parcializada y caprichosa,
con una marcada intención de respaldar la declaratoria de responsabilidad
disciplinaria, pues a pesar de que la demandada reconoció que la iniciativa del
alcalde para la aprobación del Acuerdo 0199 de 2016 partió de una premisa errada,
esto es, la inexistencia del fondo del deporte, empleó esa situación para reforzar la
tesis incriminatoria y no para reconocer que los concejales fueron inducidos a un
error por parte de dicho funcionario. En ese orden, gran parte de las conclusiones
plasmadas en los actos demandados no son más que interpretaciones personales
del operador antes que el resultado del proceso de valoración probatoria.

15. Considera que en la expedición de los actos también se incurrió en falsa
motivación; vicio que se derivó de un inadecuado estudio de la ilicitud sustancial,
porque, de forma simplista y acomodada, se llegó a la conclusión de que el
comportamiento investigado afectó de manera sustancial la función pública,
sustentado únicamente en la presunta extralimitación de funciones. Que en la
decisión sancionatoria se incluyó un juicio sobre la moralidad administrativa que no
hizo parte del auto de cargos.

16. Que la falsa motivación también se concretó en el análisis de la culpabilidad,
porque se imputó la modalidad dolosa sin sustento probatorio y sin desglosar cada
elemento axiológico de aquellos que componen esa forma del elemento subjetivo y
en su lugar, se acudió a componentes inherentes a la culpa, pues se le reprochó la
omisión en la realización de un análisis de los aspectos fácticos y jurídicos previos
a la aprobación del Acuerdo y, con fundamento en ello, se concluyó que los

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concejales direccionaron su actuar de manera consciente y voluntaria para infringir
el ordenamiento jurídico, para lo cual se tomó como único elemento la existencia de
un «antecedente» respecto de los tributos para la financiación del fondo del deporte,
relacionado con la expedición de un Acuerdo en 2008, que fue declarado ilegal por
el mismo concejo en 2013.

17. Agregó que se desconoció el principio de proporcionalidad de la sanción, lo
que se derivó de los graves errores en que incurrió la autoridad respecto de la
tipificación de la falta y la calificación de la culpabilidad. Que, de manera
inexplicable, no se tuvo en cuenta que la conducta no fue constitutiva de actos de
corrupción, no perturbó un servicio público esencial, ni implicó la desviación de
recursos públicos. Por ello, un correctivo como el impuesto resulta lesivo de sus
derechos y garantías procesales.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

18. La demanda fue admitida por auto del 22 de julio de 20212. La Procuraduría
General de la Nación se opuso a las pretensiones, por considerar que actuó de
conformidad con la Constitución y la ley en el trámite disciplinario y garantizó el
derecho de defensa y contradicción durante toda la actuación.

19. Que si bien en la jurisprudencia se ha dicho que el control de legalidad sobre
los actos que imponen sanciones disciplinarias es amplio, esto no significa que el
juez de lo contencioso administrativo se convierta en una tercera instancia en la
materia; inclusive, se ha precisado que el análisis no es de corrección sino de
validez, de manera que las diferencias interpretativas entre las autoridades
administrativa y judicial no constituyen por sí mismas razones para invalidar los
actos.

20. Agregó que de conformidad con el artículo 277 constitucional la entidad tiene
la función de ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes
desempeñen funciones públicas, incluidos aquellos servidores que son elegidos por
voto popular; competencia que se ha ratificado en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en distintos pronunciamientos del Consejo de Estado. En ese
orden, el ejercicio de la potestad disciplinaria no se opone a las disposiciones de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

21. Respecto de los reproches relacionados con la estructura de la
responsabilidad disciplinaria, señaló que en el municipio de Soledad existía como
antecedente de la creación del Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del
Deporte el Acuerdo 81 del 15 de julio de 2008, en el cual se establecieron dos
fuentes de financiación: (i) los recursos provenientes del porcentaje fijado dentro del
presupuesto de rentas y gastos del municipio para tal fin y (ii) los provenientes del
pago del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscribiera el
municipio y los organismos descentralizados, cuya cuantía resultara igual o superior
a 26 SMMLV. Que esa segunda fuente fue excluida de forma tácita por el acuerdo
168 de 2013 (Estatuto Tributario de Soledad), pues en la exposición de motivos el

2 Véase archivo «05AutoAdmiteDemanda22Jul2021», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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entonces alcalde indicó que esa «(…) contribución para el fomento del deporte, ...
estaba ilegalmente constituido (sic) en el sentido, que el marco legal del mismo
señalaba a la ley (sic) 19 de 1991, la cual no creaba tributo alguno, sino que
exhortaba a los Municipios (sic) a la creación del Fondo…».

22. Que, a pesar de ese antecedente, el alcalde del periodo 2016-2019 presentó
el proyecto de acuerdo que dio lugar al trámite disciplinario con fundamento en que
en el municipio no existía el referido Fondo y, pese a la falencia advertida, el
proyecto se tramitó y aprobó en el concejo de Soledad, sin reparo alguno por parte
de los cabildantes ni de la demandante; Acuerdo que, en su versión definitiva, no
solo volvió a establecer el instrumento para el fomento del que ya se había ocupado
el Acuerdo 81 de 2008, sino que estableció como fuente de financiamiento aquella
que se había eliminado en el Estatuto Tributario municipal.

23. Señaló que esto daba cuenta de que el trámite dado a la iniciativa presentada
por el alcalde no se sometió a ningún análisis sobre su procedencia, que era lo
esperado respecto del ejercicio de las funciones de los concejales; de allí que se
hubiese concluido que con su conducta lesionaron los principios de moralidad y
legalidad y se consideró que este se adecuaba a la falta del artículo 48.60 de la Ley
734 de 2002, en la medida en que los cabildantes fijaron un tributo que la ley no los
había facultado para crear, lo que representa una clara extralimitación en el ejercicio
de sus funciones.

24. Agregó, en relación con el elemento subjetivo de la responsabilidad, que el
dolo se encontró acreditado en la medida en que existió voluntad por parte de los
concejales, entre ellos la demandante, para desatender la normativa y el
conocimiento pleno de la ilicitud de su conducta, de manera tal que esta resultó
contraria a los deberes que les eran exigibles y, en ese orden, la autoridad no
desconoció los elementos necesarios para endilgar la modalidad dolosa del
comportamiento.

25. Que no se desconoció el derecho de defensa ni se incurrió en indebida
valoración probatoria, pues la única prueba que no se practicó consistió en la
recepción del testimonio del alcalde de Soledad; pese a lo cual se contaba con
abundante material para definir la situación de los investigados y su análisis no fue
caprichoso ni arbitrario. Además, que, la presunta irregularidad en la actuación de
la Procuraduría Provincial de Barranquilla no vició el trámite, porque de conformidad
con el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 se incurre en causal de nulidad por falta
de competencia cuando esta se predique de quien expide la decisión disciplinaria.
Que tampoco se desconoció el principio de proporcionalidad de la sanción3.

26. Por auto del 2 de marzo de 2022 se adoptaron medidas para dictar sentencia
anticipada4. En consecuencia, se fijó el litigio, se indicó que se tendría por no
contestada la demanda, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se corrió traslado
para presentar alegatos de conclusión.

3 Véase archivo «16ContestacionAdrianaPadron1Oct2021», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véase archivo «27AutoSentenciaAnticipada2Mar22», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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27. La demandada presentó incidente de nulidad5, el cual fue resuelto en
providencia del 9 de mayo de 20226, que dejó sin efectos la decisión anterior. En su
lugar, se celebró audiencia inicial, el 12 de diciembre de 20237, en la cual se fijó el
litigio, de decidió sobre el decreto de pruebas y se corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto. Cerrada esta etapa, se profirió sentencia, que fue apelada en el plazo
oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

28. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del veintisiete (27)
de febrero de dos mil veinticuatro (2024)8, accedió parcialmente a las pretensiones.
En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados respecto de la señora
Gladys Arraut Varelo y ordenó a la Procuraduría General de la Nación que anulara
las órdenes de cumplimiento remitidas al Concejo de Soledad y cancelara los
respectivos antecedentes disciplinarios y demás anotaciones efectuadas por la
División de Registro y Control; negó las demás pretensiones y se abstuvo de
condenar en costas.

29. Se refirió a la forma como la autoridad disciplinaria definió la responsabilidad
de los concejales sancionados, luego de lo cual advirtió que, no por referirse a la
misma conducta, podían entenderse satisfechos los requisitos que la normativa
disciplinaria exige, porque a la autoridad le correspondía individualizar cada cargo
y determinar la violación en que cada investigado incurrió, así como su grado de
culpabilidad.

30. Que la demandada partió de que los concejales actuaron «a sabiendas» de la
existencia de los Acuerdos 00081 de 2008 y 00168 de 2013, sin que se encuentre
acreditado que la demandante hubiese participado de la discusión de tales actos, si
para la época en que se expidieron se desempeñaba como concejal o si quienes
participaron en sus discusiones fueron algunos de los demás investigados; asuntos
fundamentales para examinar de manera individual la responsabilidad disciplinaria.

31. Dijo que la Procuraduría General incurrió en una indebida individualización de
la conducta y que esto, a su vez, implicó que la graduación de la sanción se realizara
de manera equivocada. Similar conclusión expuso respecto de la acreditación del
dolo del comportamiento. En este punto, destacó que la valoración de este elemento
no contenía la entidad suficiente para convencer acerca de la imputación del título
más gravoso de la culpabilidad; máxime que la actuación colectiva fue calificada
bajo los mismos parámetros «(…) por el solo hecho de ser una decisión uniforme,
desconociendo la intención de cada uno de los cabildantes para emitir su
aprobación».

5 Véase archivo «29IncidenteNulidad9Mar22», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
6 Véase archivo «39AutoResuelveNulidad9May22», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
7 Véase archivo «44.1 AudienciaInicial12Dic23», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
8 Véase archivo «50Sentencia», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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32. Que, además, existen parámetros claros respecto de las facultades
disciplinarias en cabeza de la entidad demandada, pues esta se encuentra limitada
para imponer sanciones de destitución e inhabilidad cuando el servidor público
disciplinado es de aquellos que se eligen popularmente y la conducta que se
atribuye no corresponda a actos de corrupción; «en estos casos particulares, les
corresponde solo a los jueces decidir sobre la aplicación o no de esta condena. Por
lo que exceder lineamientos fijados jurisprudencialmente, supone una causal de
nulidad de los actos sancionatorios, al sobrepasar los poderes que confiere la ley».

33. Agregó que, en este asunto, existía una disonancia entre las normas del
ordenamiento interno en las cuales se fundaron las decisiones sancionatorias y las
disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues
quien impuso el correctivo que restringió los derechos políticos de la demandante
fue una autoridad administrativa y no judicial, asunto que transgrede el artículo 8
convencional, en tanto toda persona tendrá derecho a ser escuchado con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un «juez o tribunal
competente», independiente e imparcial; aspecto que se acogió en virtud del
principio pro homine, por resultar más beneficioso para la demandante.

EL RECURSO DE APELACIÓN

34. La demandada interpuso recurso de apelación9, pues considera que de
acuerdo con la estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena
competencia para investigar y sancionar al demandante, pues así se desprende del
artículo 277.6 constitucional, norma que se ha desarrollado en distintas
disposiciones legales, entre ellas, la Ley 200 de 1995, la Ley 734 de 2002 -aplicable
al caso concreto-, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021.

35. Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en reiterar
la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar
a servidores públicos, incluidos los elegidos por voto popular y en sentencias como
la C-028 de 2006 se advirtió que la norma interamericana contenida en el artículo
23 de la Convención IDH no podía leerse de manera aislada, de tal forma que las
facultades de la entidad no se oponían a los lineamientos de dicho instrumento.

36. Que, en ese sentido, el precedente constitucional contenido en esa
providencia y en las sentencias SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015,
C-101 de 2018, C-085 de 2019, C-111 de 2019 y C-325 de 2021, respalda la
constitucionalidad de la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar
disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos
popularmente; «(…) precedentes que fueron expresamente desconocidos en la
decisión en cuestión».

37. Agregó que el pliego de cargos se fundamentó en el hecho de que los
concejales, incluida la demandante, asistieron, participaron y votaron
favorablemente y sin reproche el Acuerdo en cuestión, sin tener competencia para
ello, con incumplimiento de las atribuciones propias de su cargo, con lo que se

9 Véase archivo «52_recurso de apelación», disponible en la carpeta en .zip
«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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extralimitaron en sus funciones. En ese orden, el proyecto de acuerdo pasó los dos
debates sin que ninguno de los cabildantes se pronunciara o advirtiera que este no
podía convertirse en Acuerdo Municipal.

38. Que el hecho sobreviniente referido a la nulidad de dicho acto administrativo
reiteró de manera contundente que los concejales no tenían competencia legal ni
reglamentaria para la creación del tributo, por lo que en efecto se extralimitaron en
el ejercicio de sus funciones.

39. Que para cumplir con las exigencias del artículo 163 de la Ley 734 de 2002 no
era necesaria la individualización de la formulación de la imputación, máxime que
se trató de una misma situación fáctica y no resultaba procedente que el Tribunal
se refiriera al hecho de que la demandante no hubiese participado en la aprobación
del Acuerdo 00081 de 2008 como fundamento para concluir que debió
individualizarse una conducta diferente, pues las atribuciones de los concejos son
las contenidas en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994.

40. En cuanto al dolo, sostuvo que quedó demostrado que los concejales, incluida
la demandante, tenían el conocimiento de sus funciones y faltaron a su deber de
realizar un debate juicioso y detallado del contenido del proyecto de acuerdo y de
los alcances de este. De manera que la entidad sí tenía elementos de juicio
suficientes para endilgar responsabilidad a la señora Arraut Varelo, sumado a que
las pruebas se valoraron en el marco de las reglas de la sana crítica.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

41. El 18 de noviembre de 202410 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a
Despacho.

42. El Procurador delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de
Estado11 presentó concepto en el cual solicitó que se revoque la sentencia apelada.
Para el efecto, se refirió al marco constitucional conforme al cual la entidad es
competente para vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular y refirió la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en ese sentido. Destacó que en la sentencia
C-030 de 2023 se ratificó que la autoridad tenía dentro de sus facultades la
investigación y sanción de este tipo de funcionarios, la que se ha reiterado en
providencias como la SU-381 de 2024 y la SU-382 de 2024.

43. También señaló que el Tribunal no revisó de manera integral los actos
acusados, pues habría podido, por ejemplo, optar por ajustar la graduación de la
sanción que se impuso, al variar la forma de culpabilidad; no obstante, no se
pronunció con suficiente claridad sobre estos aspectos, pues, al parecer, «(…)
descartó tácitamente la tipicidad e ilicitud sustancial de las conductas, al señalar

10 Véase índice 00004 de SAMAI.
11 Véase índice 00008 de SAMAI.

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irregularidades y fallas desde la fase del pliego de cargos sobre la individualización
de las conductas endilgadas, por lo que hubiese sido esperable un análisis de fondo
sobre la vulneración al debido proceso»; pero se conformó con descartar la
configuración de hechos de corrupción y de la ausencia de dolo para declarar la
falta de competencia de la entidad.

44. Las partes guardaron silencio en esta instancia.

45. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

46. La Sala deberá determinar, en los términos de la apelación, si la Procuraduría
General de la Nación es competente para imponer sanciones a servidores públicos
elegidos por voto popular. En caso afirmativo, deberá analizarse si, contrario a la
tesis expuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la señora Arraut Varelo
fue sancionada luego de encontrarse debidamente acreditados los elementos
estructurales de la responsabilidad disciplinaria, a partir de la valoración integral de
los medios de prueba.

47. Con este propósito, la providencia se referirá a la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones a los servidores
públicos elegidos por voto popular; al marco jurisprudencial aplicable al análisis de
los actos administrativos que imponen correctivos disciplinarios y a la estructura de
la responsabilidad disciplinaria; luego de lo cual estudiará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
a servidores públicos elegidos por voto popular

48. Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para
determinar la validez de un acto administrativo, pues si bien no hace parte de la
estructura y contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las
potestades de una autoridad para definir una situación jurídica, lo que
necesariamente se relaciona con el principio de legalidad, porque delimitar qué
autoridad debe resolver un asunto específico es indispensable en el modelo de
Estado Social y Democrático de derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del
poder12.

49. A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función»13, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.

12 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Exp. 23001-23-

33-000-2013-00163-02 (4789-2018). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
13 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado

en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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50. Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a
aquel vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión
no tenía el poder legal para tomarla14. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.

51. Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las
normas que distribuyen las competencias funcionales»15; lo que, a su vez:

«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el
demandante no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige
igualmente que el vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la
aprobación posterior de la autoridad competente, ni ésta (sic) puede
renunciar a ella en beneficio de un administrado16. Tampoco puede ser la
competencia objeto de convención entre las partes ni modificarse, en
principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su
magnitud, coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por
cualquier otro motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del
funcionario esté cuestionada, la lógica impone determinado orden en la
impugnación y hace que sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición
irregular del acto, de la falsa motivación, de la desviación de poder o de
la infracción de la norma de derecho de fondo. (…)»17

52. Visto, pues, el alcance de la causal de nulidad del acto por falta de
competencia, en este caso es necesario precisar que esta Subsección, tras aplicar
el principio de control de convencionalidad, creado y defendido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y con fundamento en distintos
pronunciamientos tanto de dicha autoridad como de esta Corporación, consideraba
que la asignación de competencias a una autoridad administrativa para restringir los
derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular por la vía de la
imposición de correctivos disciplinarios como la suspensión o la destitución junto
con la inhabilidad especial o general, según el caso, resultaba incompatible con las
disposiciones constitucionales y convencionales.

53. No obstante, las decisiones en ese sentido fueron objeto de la acción
constitucional de tutela y de consecuentes pronunciamientos de las distintas
secciones del Consejo de Estado18 e inclusive la Corte Constitucional19, en los que
se ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular; asunto que culminó

14 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.

Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
15 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
16 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
17 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
18 Cfr.: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia

del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulados. C.P. Alberto Montaña Plata;
Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2024-03021-01. C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de enero de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2024-
07001-01. C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
19 Corte Constitucional. Sentencias SU-381 de 2024 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y SU-382 de 2024 (M.P. Natala

Ángel Cabo).

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ante la Corte Constitucional con la sentencia C-030 de 202320 y, ante esta
Corporación, con el auto de unificación del 3 de diciembre de 202421.

54. En ese sentido, pese a que el criterio de los suscritos dista del desarrollado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, y se aparta de la línea
jurisprudencial que reiteró la competencia disciplinaria de la Procuraduría respecto
de funcionarios elegidos popularmente, en la medida en que subsisten serios
cuestionamientos en torno a la compatibilidad de dicha potestad con el bloque de
convencionalidad y con las garantías de participación democrática; la Subsección
reconoce que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional constituyen
precedente vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada, razón por la cual deben ser
acatadas por todas las autoridades judiciales.

55. De manera que asiste razón a las apelantes en cuanto a la competencia de la
entidad demandada para sancionar disciplinariamente a la señora Arraut Varelo;
situación que lleva a que se deban analizar los demás argumentos para anular los
actos, con el objetivo de definir si su presunción de legalidad se mantiene o no.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos administrativos que
imponen sanciones disciplinarias

56. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

57. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.

58. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias22.

59. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el

20 Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés

González.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 3 de diciembre de 2024 (recurso

extraordinario de revisión contra las sanciones disciplinarias de los servidores públicos de elección popular,
emitidas por la Procuraduría General de la Nación previsto en la Ley 2094 de 2021). Exp. 11001-03-15-000-
2023-00871-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.

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concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»23.

60. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»24, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

Estructura de la responsabilidad disciplinaria

61. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones25.

62. Advertido que bajo alguna de las formas señaladas se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo

23 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).
25 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de

2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».

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exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

63. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad contenido en
el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, se refiere a que el comportamiento efectivamente
se consagre en las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria; el segundo
exige que se evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna,
lo que para el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 del Código
Disciplinario Único26; el tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad
objetiva en materia disciplinaria27 y se concreta en la exigencia, para el operador
disciplinario, de analizar si ese comportamiento que la norma aplicable consagra
como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber funcional sin justificación
alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.

64. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante no
contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa del
que trata el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, es posible acudir al sentido de dolo
consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal
[entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta
cuando la realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera
del texto original).

65. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».

66. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.

67. Ahora bien, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en

26 Ley 734 de 2001. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin

justificación alguna».
27 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00660-01 (6130-2024)

consecuencia, se configuró la conducta disciplinable28.

Caso concreto

68. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 29, la Sala destaca que:

• Por auto del 1 de junio de 2016 la Procuraduría Provincial de Barranquilla ordenó la
apertura de una indagación preliminar en contra de los concejales del municipio de
Soledad (Atlántico), con fundamento en una queja que daba cuenta de que dichos
funcionarios habrían aprobado y expedido el Acuerdo 0000199 de 2016, por medio del
cual se creó el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte, al parecer, con
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, acto con el cual revivieron un impuesto
que se había creado en el año 2008, pero que se suprimió por ilegal en el año 2013;
además, fundamentaron su expedición en una norma que no existe (artículo 312 de la
Ley 136 de 1994)30.

• El 27 de octubre de 2016 se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en
contra de los concejales de Soledad, incluida la demandante31. Luego, ante lo resuelto
por la procuradora general de la Nación mediante Resolución nro. 710 del 27 de octubre
de 2016, se libró el oficio del 28 de diciembre del mismo año, con el cual la Procuraduría
Provincial de Barranquilla remitió el expediente disciplinario a la Provincial de Santa
Marta para que continuara el trámite32. Dicha dependencia, en auto del 6 de febrero de
2017, avocó conocimiento del asunto y reiteró solicitudes probatorias33.

• El 19 de septiembre de 2018 se formuló a la señora Arraut Varelo y a los demás
concejales de Soledad el siguiente cargo:

«A los señores (…) en sus calidades de Concejales Municipales de Soledad –
Atlántico, se les endilga presunta responsabilidad disciplinaria al haberse
extralimitado en sus funciones al debatir, aprobar y expedir el Acuerdo No. (sic)
000199 de fecha 7 de marzo de 2016, por medio del cual además de crearse el
Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad, se impone como forma
de financiación de dicho Fondo, un impuesto del 1.5% sobre todos los convenios y
contratos suscritos por el Municipio de Soledad y sus entres (sic) descentralizados
sin tener las facultades legales y reglamentarias para hacerlo».

Se determinó que los concejales habrían contrariado lo dispuesto en el artículo 35.1 del
Código Disciplinario Único y, como consecuencia, incurrieron presuntamente en la falta
disciplinaria gravísima contemplada por el artículo 48.60 de la misma normativa, esto
es, «[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad
distinta a la prevista en la norma otorgante», a título de dolo, porque se extralimitaron
en el ejercicio de sus funciones, en la medida en que al concejo de Soledad, dentro de
sus atribuciones, no le correspondía la de crear tributos a nivel municipal que no han
sido previamente establecidos por el legislador.

Como elemento relevante de la decisión de cargos, se citó la providencia del 14 de
mayo de 2017, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, mediante
la cual se declaró la nulidad del Acuerdo 000199 de 2016 (aprobado por los
investigados) en cuanto al tributo creado para la financiación del Fondo de Desarrollo
del Deporte34.

28 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
29 Disponible en el archivo en .zip «45ExpedienteAdministrativo11Dic23», disponible en la carpeta en .zip

«5ED_EXPDIGITA_OneDrive_202410291zi(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI. En adelante, la
referencia al expediente administrativo comprenderá esta ruta de acceso.
30 Véanse páginas 148 a 150 del archivo «folios 1-208» del CUADERNO 1.
31 Véanse páginas 118 a 122 del archivo «folios 209-525» del CUADERNO 2.
32 Véase página 11 del archivo «folios 526-758» del CUADERNO 3.
33 Véanse páginas 74 a 80
34 Véanse páginas 250 a 279 del archivo «folios 977-1292» del CUADERNO 5.

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00660-01 (6130-2024)

• El 11 de julio de 2019 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia, en esta
se ratificó la calificación de la falta y de la forma de culpabilidad y, en consecuencia, se
impuso el correctivo de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

La autoridad señaló que los concejales habrían aprobado el Acuerdo 000199 del 7 de
marzo de 2016 sin tener las facultades legales y reglamentarias para hacerlo, pues en
este se creó un tributo para la financiación del Fondo del Fomento del Deporte de
Soledad (Atlántico), actuación para la cual los concejos carecían de competencia. Con
esa actuación, incurrieron en la prohibición del artículo 35.1 de la Ley 734 de 2002, que
proscribe a los servidores públicos extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y, por
esa vía, se concretó la falta disciplinaria del artículo 48.60 de la misma ley.

Se refirió a la creación del mismo tributo mediante el Acuerdo 000181 de 2008, el cual
se suprimió de manera posterior con el Acuerdo 000168 de 2013, tras considerarse que
su creación por parte del concejo carecía de fundamento legal. Pese a ello, en febrero
de 2016 el alcalde presentó un proyecto de acuerdo que contemplaba, no solo la
creación del pluricitado Fondo, sino un impuesto del 1.5% sobre los convenios y
contratos suscritos por el municipio de Soledad, tributo que, como se dijo, ya se había
suprimido. El proyecto se convirtió en el Acuerdo 000199 de 2016, mismo que de
manera posterior fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en sentencia del 14 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla, confirmada el 24 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico; escenario en el cual se consideró que el concejo no tenía facultades legales
para la creación del tributo.

Que, en ese orden, los 19 concejales de Soledad asistieron, participaron y aprobaron el
acuerdo sin intervención alguna en contra; pese a que los tributos únicamente los puede
crear el legislador y solo cuando ello ocurre deviene su imposición potestativa por parte
de los concejos, «(…) correspondiéndose entonces la definición de sus elementos
esenciales, cuando la ley no lo haya definido directamente en su totalidad, caso en el
cual al competencia del ente territorial se limita a decidir si lo impone o no». También
destacó que si bien el inciso segundo del artículo 338 constitucional autoriza a los
cuerpos colegiados de elección popular para «establecer contribuciones parafiscales y
excepcionalmente, contribuciones parafiscales», ello no era predicable del caso bajo
estudio, porque la Ley Marco que dispuso la creación del fondo municipal de fomento y
desarrollo del deporte (Ley 19 de 1991), «por una parte no estableció bajo que (sic)
hechos o circunstancias se puede imponer el gravamen y por otro lado, tampoco facultó
al concejo municipal para que creara un tributo».

Que lo ocurrido concretaba el tipo disciplinario del artículo 48.60 en la medida en que
en el ejercicio de la facultad o atribución de «votar de conformidad con la Constitución
y la Ley los tributos y los gastos locales» (artículo 313.4 constitucional) y/o «establecer,
reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad
con la ley» (artículo 32.6 de la Ley 136 de 1994) debieron abstenerse de «votar»
(expresión en la que se entendían recogidas las funciones constitucionales de debatir y
aprobar) un tributo que la ley no los había facultado para crear. En esa línea, el
comportamiento resultaba doloso porque tenían el conocimiento de los antecedentes
contenidos en los Acuerdos 00081 de 2008 y 000168 de 2013 y, pese a ello, actuaron
voluntariamente en el trámite del proyecto presentado por el alcalde de Soledad35.

• Esta decisión fue confirmada el 16 de diciembre de 2019 por la Procuraduría Regional
de Magdalena. En esta ocasión, la autoridad se pronunció sobre la irregularidad
advertida por el apoderado de la demandante, relacionada con las actuaciones que
adelantó la Procuraduría Provincial de Barranquilla luego de que la procuradora general
de la Nación asignara el trámite del procedimiento a la Provincial de Santa Marta.

La solicitud de nulidad por esta causa fue rechazada de plano, tras considerar que la
actuación se vicia respecto de la falta de competencia cuando se alegue en relación con

35 Véanse páginas 2 a 33 del archivo «folios 2369-2894» del CUADERNO 9.

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quien expide la decisión disciplinaria, en los términos del artículo 143 de la Ley 734 de
2002; y destacó un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en vigencia de la Ley
200 de 1995, que, en relación con este punto, precisó que la competencia de la
autoridad disciplinaria no podía confundirse con la de los jueces de la República, para
quienes los conceptos de «jurisdicción» y «competencia» marcan el derrotero de sus
actuaciones. De manera que «es posible señalar que la etapa de instrucción de una
falta disciplinaria no determina el resultado de las diligencias ni afecta las garantías
implícitas del debido proceso del investigado»36.

Agotada esta cuestión, la Procuraduría Regional insistió en que, en el caso estudiado,
existía un antecedente respecto de la ilegalidad en la creación del tributo para la
financiación del Fondo de Fomento del Desarrollo del Deporte, pese a lo cual, en el
periodo 2016-2019 surgió de nuevo la iniciativa por parte del alcalde, quien además de
partir de una premisa falsa –la inexistencia del referido Fondo en el municipio– incluyó
como fuente de financiación el tributo que se había suprimido en el 2013 y «(…) a pesar
de la grave falencia advertida, el proyecto fue tramitado para su aprobación por el
Concejo de Soledad sin reparo alguno por parte de los cabildantes (…)».

Que, en ese escenario, el Concejo hizo un uso contrario de su función, pues estableció
una fuente de financiación, pese a que la misma Ley 19 de 1991 estableció en el artículo
2 que «[l]os alcaldes municipales fijarán la suma o porcentaje dentro del presupuesto
para el funcionamiento del Fondo, de que trata el artículo primero»; de manera que los
investigados crearon un impuesto sin tener la facultad legal para ello, lo que representó
una verdadera afectación de la función pública, configurada bajo la forma del dolo,
porque de manera unívoca dirigieron su actuación al resultado que se concretó en el
Acuerdo 000199 de 201637.

69. Para el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la expedición de los actos
demandados no se analizó en debida forma el elemento subjetivo de la
responsabilidad, lo que ocurrió como consecuencia de una indebida
individualización del comportamiento investigado, pues no bastaba con afirmar que
los concejales actuaron «a sabiendas» al aprobar el Acuerdo 000199 de 2016, sino
que resultaba imprescindible analizar la participación de la demandante inclusive en
la expedición de los actos citados como antecedentes.

70. La demandada cuestionó dicha conclusión, pues, a su juicio, quedó
demostrado que los concejales, incluida la demandante, tenían el conocimiento de
sus funciones y faltaron a su deber de realizar un debate juicioso y detallado del
contenido del proyecto de acuerdo y de los alcances de este, asunto que quedó
ratificado con la declaratoria de nulidad del acto administrativo.

71. Para la Sala, la declaratoria de nulidad de las decisiones sancionatorias debe
mantenerse, pero porque, en perspectiva del control judicial integral de la actuación,
se advierte que la Procuraduría General de la Nación no satisfizo las exigencias del
componente de tipicidad, lo que de entrada impide la estructuración de los demás
elementos de la responsabilidad disciplinaria.

72. Recuérdese que el proceso de adecuación típica en materia disciplinaria
supone la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción que existe
entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada
por el sujeto investigado, lo que puede ocurrir por dos vías: (i) que el

36 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-181 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (cita en el acto

demandado).
37 Véanse páginas 430 a 501 del archivo «folios 2369-2894» del CUADERNO 9.

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comportamiento objeto de reproche se subsuma en las descripciones típicas
previstas para las faltas gravísimas; o (ii) que deba acudirse a los criterios
normativos para determinar si la conducta constituye falta leve o grave.

73. En el asunto que se examina, la demandante fue sancionada porque, en
términos de la autoridad disciplinaria, habría incurrido en la falta disciplinaria
gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto
es, «[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad
distinta a la prevista en la norma otorgante», lo que, como se expuso, se habría
configurado cuando, en el ejercicio de sus funciones como concejala del municipio
de Soledad (Atlántico) participó en la discusión y aprobación del Acuerdo 000199
de 2016, «Por el cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del
Deporte de Soledad»38.

74. Para que un comportamiento se adecúe típicamente a la falta disciplinaria
descrita es necesario encontrar configurados dos elementos: (i) el ejercicio de las
potestades que el empleo o función le conceden al funcionario y (ii) la búsqueda,
con su actuación, de una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante de la
potestad.

75. Respecto del primer elemento no existe discusión, pues de conformidad con
los artículos 313 constitucional y 32 de la Ley 136 de 1994, a los concejos les
corresponde, entre otras cosas, votar, en los términos de la Constitución y la ley, los
tributos y gastos locales y establecer, reformar o eliminar tributos, impuestos o
sobretasas; aspecto que en efecto fue suficientemente abordado en los actos
demandados.

76. La indebida adecuación típica se concretó en relación con el segundo
elemento, esto es, la acreditación de que, en el ejercicio de tales potestades, la
demandante hubiese perseguido una finalidad distinta a la que prevén las normas
que la facultan para actuar.

77. Respecto de este componente del tipo disciplinario, en sentencia de la Sala
Plena de esta Corporación, proferida el 15 de noviembre de 2017, se analizaron los
elementos que estructuran el tipo disciplinario del artículo 48.60 de la Ley 734 de
2002, para distinguir el juicio que sobre el comportamiento del servidor le
corresponde realizar a la autoridad disciplinaria de aquellos presupuestos que
implican el análisis de legalidad de los actos administrativos que se expiden en
ejercicio de las funciones propias del cargo:

«La falta establecida en el numeral 60 del artículo 48 del CDU lleva implícito un
control de la conducta de quien expide el acto o desarrolla la actuación, desde
el derecho disciplinario, con ocasión de la finalidad u objetivos del acto frente a
las normas que habilitan su expedición. De ahí que la norma hable de una
finalidad distinta, pero debe hacerse énfasis en que dicho control se hace a
partir del control disciplinario, esto es, que se debe atar al cumplimiento de los
deberes funcionales.

Esta falta no contiene una habilitación al funcionario sancionador para que
desvirtué (sic) la presunción de legalidad de un acto administrativo,

38 Acuerdo visible en las páginas 177 a 182 del archivo «folios 209-525» del CUADERNO 2.

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competencia propia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Asimismo, se advierte que toda ilegalidad de un acto administrativo, así sea
decretada por la jurisdicción contenciosa administrativa, no apareja la
imposición de una sanción disciplinaria, pues esta requiere la demostración del
incumplimiento de los deberes funcionales.
(…)
Se reitera, esta falta no contiene una habilitación al funcionario sancionador
para que, a partir de un análisis de legalidad de un acto administrativo, como
consecuencia necesaria, se establezca la responsabilidad disciplinaria, como
quiera que toda ilegalidad de un acto administrativo no apareja la imposición de
una sanción disciplinaria, pues esta requiere la demostración del incumplimiento
de los deberes funcionales.

(…) entre los elementos integrantes del tipo disciplinario, previsto en el numeral
60 del artículo 48 del CDU, está el relacionado con la finalidad que se persigue
a través del ejercicio de las potestades conferidas por la norma habilitante. Si
bien el fin del acto administrativo es un presupuesto de legalidad, su expedición,
con desconocimiento de las normas de carácter superior en que debe fundarse,
constituye otro presupuesto de legalidad al que no hace mención el tipo
disciplinario»39 (subrayas de la Sala).

78. Visto desde otra perspectiva, lo dicho significa que aun en la expedición de un
acto cuya presunción de legalidad se ratifique por parte de esta jurisdicción, un
servidor público puede incurrir en el tipo disciplinario del artículo 48.60 de la Ley 734
de 2002, para lo cual la autoridad sancionadora debe encontrar acreditado que en
el ejercicio de las potestades que el empleo o función le otorgan, persiguió una
finalidad distinta a la prevista por el ordenamiento.

79. Esto no implica que la autoridad disciplinaria, en el ejercicio de imputación, no
pueda referirse a la normativa conforme a la cual debe expedirse un acto
administrativo; pero sí representa un límite para su análisis: como lo que se juzga
es la conducta del servidor, las consideraciones sobre la validez, en este caso, del
Acuerdo en cuyo debate participó la demandante no podían agotarse en el estudio
que sobre su legalidad tuvo lugar en sede de lo contencioso administrativo.

80. La Sección Segunda de esta Corporación ha conocido sobre las pretensiones
de nulidad de otros concejales de Soledad, a quienes se les sancionó junto con la
señora Arraut Varelo. En tales ocasiones, a partir de las consideraciones de la
providencia del 15 de noviembre de 2017, se ha encontrado que el juicio de tipicidad
para el segundo elemento de la falta se ubicó, fundamentalmente, en el contenido
de la sentencia del Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, que declaró la
nulidad del inciso segundo del artículo 3 del Acuerdo 000199 de 201640:

«133. Al volver sobre los argumentos de los fallos dictados por la Procuraduría
General de la Nación se observa que la “finalidad diferente” fue encausada a
que se creó un tributo que no estaba expresamente autorizado por la ley [sin
competencia] e, incluso, sustentó la decisión en la sentencia proferida el 14 de
mayo de 2017 por el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, en la cual
se declaró la nulidad del artículo tercero del Acuerdo 000199 de 2016,
relacionado con la financiación a través del 1.5% del valor de los convenios y

39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de noviembre de 2017.

Exp. 11001-03-25-000-2014-00360-00 (1131-2014). C.P. César Palomino Cortés.
40 Dicha sentencia, visible en las páginas 65 a 76 del archivo «folios 1576-2021» del CUADERNO 7. La

providencia de segunda instancia, en las páginas 77 a 96 del mismo documento.

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contratos suscritos por el municipio o sus entes descentralizados, siempre que
la cuantía de estos fuera igual o superior a 26 smlmv.
(…)
106. En esa línea, el juicio de adecuación típica se realizó a partir del juicio de
legalidad de la decisión que se concretó, esencialmente, en la creación del
Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte y las formas de su financiación. Sin
embargo, ello no era procedente a la luz del derecho disciplinario, pues la
confrontación de las normas para determinar si se infringieron los cánones
constitucionales o legales o si la administración actuó sin competencia
correspondía exclusivamente a la Jurisdicción de lo contencioso –
administrativo. Ciertamente, la votación y aprobación de un proyecto de acuerdo
municipal “no está condicionado por la legalidad”41del acto y, por tal razón, a la
Procuraduría –en ejercicio del ius puniendi– le asistía el deber de demostrar la
existencia de un interés, traducido en un beneficio para sí para un tercero, “que
se alejara de los fines de la función pública”42, lo cual no ocurrió»43.

81. No significa lo anterior que, en el ejercicio de imputación, la autoridad
sancionadora no pueda referirse a la normativa conforme a la cual debe expedirse
un acto administrativo, ni excluye la extralimitación en el ejercicio de las funciones
como forma de incurrir en un comportamiento con relevancia disciplinaria. Pero si,
llegado el momento de formular cargos, no se cuenta con elementos para
determinar que en el ejercicio de las funciones se persiguió una finalidad diferente,
entonces la adecuación típica no podría corresponder a la falta prevista en el artículo
48.60 de la Ley 734 de 2002.

82. Para la Sala, la declaratoria de nulidad del acto administrativo puede brindar
indicios a la autoridad disciplinaria respecto de la probable irregularidad del
comportamiento de quien lo expidió. Pero la imputación de la falta por la que fue
sancionada la señora Arraut Varelo exige un estudio concreto, relacionado con el
objetivo perseguido por el servidor público con su actuación; análisis que no puede
depender de que en el juicio sobre la legalidad del acto su presunción de validez se
ratifique o no.

83. Lo anterior, porque de la eventual ilegalidad de un acto no se deduce que en
su producción se hubiese perseguido una finalidad contraria a aquella prevista en
la norma que facultó al servidor público para expedirlo; ni la validez del mismo
constituye prueba de la ausencia de una actuación irregular; por lo menos no
cuando esto se analiza a partir de la configuración o no de una infracción normativa
en la producción del acto.

84. La tipicidad disciplinaria en estos eventos parte de que la autoridad
sancionadora despliegue su actividad probatoria para encontrar en el ejercicio de la
función pública un propósito vinculado con la obtención de beneficios propios o de
terceros antes que con la adecuada representación del Estado; asunto que, si se

41 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de noviembre de 2017.

Exp. 11001-03-25-000-2014-00360-00 (1131-2014). C.P. César Palomino Cortés.
42 Ibid.
43 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de marzo de 2025. Exp. 08001-23-33-

000-2020-00536-01 (7702-2023). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. En igual sentido: Subsección B.
Sentencia del 10 de abril de 2025. Exp. 08001-23-33-000-2020-00388-01 (7739-2023). C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de julio de 2025. Exp. 08001-23-33-
000-2020-00496-01 (0111-2024). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 10 de julio de 2025. Exp. 08001-23-33-000-2020-00549-01 (3054-2024). C.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera; Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 18 de julio de 2025. Exp. 08001-23-33-
000-2020-00377-01 (4988-2024). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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quiere, se relaciona más con la desviación de poder44 y que, en el caso de la señora
Arraut Varelo, no se acreditó.

85. Del trámite impartido al proyecto que se convirtió en el Acuerdo 000199 de
2016, se advierte que la finalidad perseguida consistió en la creación de un fondo
en los términos de la Ley 19 de 1991, pues se partió de que el municipio de Soledad
no contaba con este y se consideró que resultaba necesario y conveniente para los
intereses de la administración y de la comunidad45.

86. En esa medida, la actuación de la demandante se circunscribió al ejercicio de
sus funciones, en los términos de las facultades que la Constitución y la ley le
otorgaban, sin que se acreditara por parte de la autoridad disciplinaria que con dicho
comportamiento se hubiese incurrido en la falta gravísima que se le imputó, pues,
más allá de ubicarse en la decisión proferida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, no existe en la actuación sancionatoria ningún elemento que dé
cuenta de esa finalidad distinta que reprocha el régimen disciplinario.

87. Por tales razones, lo procedente es confirmar la sentencia apelada, pero por
las razones expuestas en esta decisión.

De la condena en costas en esta instancia

88. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

89. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

44 Una lectura similar se realizó, por ejemplo, en la sentencia del 18 de julio de 2025: «112. En esa línea, la Sala

no observa en la argumentación de la Procuraduría aserto distinto de la legalidad del acto administrativo para
justificar la falta prevista en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. El deber de la entidad se
contraía a demostrar que existió exceso o desvío de poder, pues bajo este supuesto era que se debía
comprender la expresión “para una finalidad distinta”, tal como lo sostuvo esta corporación en la sentencia supra
referida (…)» (Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 18 de julio de 2025. Exp.
08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
45 Ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo «por medio del cual se crea el fondo municipal de

fomento y desarrollo del deporte de Soledad», visible en las páginas 9-11 del archivo «folios 209-525» del
CUADERNO 2. También el acta 00051 del 7 de marzo de 2016, correspondiente a la ponencia el segundo
debate del proyecto, disponible en las páginas 65-66 del archivo «folio 209-525» del CUADERNO 2.

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90. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

91. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la Procuraduría
General de la Nación, por cuanto no se accede a las pretensiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia proferida el veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por
el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la Procuraduría General de
la Nación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Luis Fernando Pinzón Galindo,
identificado con cédula de ciudadanía 79.399.935 y portador de la tarjeta profesional
72.169 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General
de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00010 de SAMAI.

Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

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