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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2016-00192-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2016-00192-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos 43 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». 44 «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias». Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Radicación: 44001-2340-000-2016-00192-01 (5929-2023) mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se negaron las pretensiones para, en su lugar, concederlas parcialmente. Segundo. DECLARAR la nulidad de la decisión disciplinaria IUS 2012-178051/IUC D-2012- 625221460, expedida el 5 de febrero de 2013 por la Procuraduría Regional de La Guajira, mediante la cual se suspendió a los demandantes en el ejercicio de sus funciones como concejales de la ciudad de Riohacha; así como la nulidad de la decisión disciplinaria de segunda instancia del 3 de octubre del mismo año, proferida por la Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa, que confirmó la de primera instancia. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la demandada el pago de los honorarios dejados de percibir por los demandantes: • A los señores Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés, Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian Rodríguez León, Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche Moscote y Olimpo Gabriel Núñez de Armas lo efectivamente dejado de percibir durante los ocho (8) meses de la sanción disciplinaria. • Al señor Amílcar Hernando Gómez Toro, lo efectivamente dejado de percibir durante los nueve (9) meses de la sanción disciplinaria. • Al señor Reinaldo Deluque Díaz, lo efectivamente dejado de percibir durante los siete (7) meses de la sanción disciplinaria. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2016-00192-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-2340-000-2016-00192-01 (5929-2023)
Demandantes: Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés,
Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José
Ramiro Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis
Antonio Ojeda Gil, Brian Rodríguez León, Ghandi Eder Romero
Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche Moscote,
Amílcar Hernando Gómez Toro, Reinaldo Deluque Díaz y Olimpo
Gabriel Núñez de Armas.
Demandado: Procuraduría General de la Nación- Distrito de Riohacha

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto
popular. Nulidad del acto administrativo. Falsa motivación.
Desconocimiento de las normas en las que debe fundarse.
REVOCA DECISIÓN. Sentencia de segunda instancia.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta
Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la
Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001-
03-15-000-2024-04153-00 y acumulados1, procede la Sala a dictar sentencia de
reemplazo.

ANTECEDENTES

Los señores Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés, Nelvis
Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro Bermúdez Cotes,
Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian Rodríguez León,
Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge Mario Ureche
Moscote, Amílcar Hernando Gómez Toro, Reinaldo Deluque Díaz y Olimpo Gabriel
Núñez de Armas, instauraron demanda contra la Procuraduría General de la Nación
y el Distrito de Riohacha, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.

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Radicación: 44001-2340-000-2016-00192-01 (5929-2023)

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, proferidas el 5 de febrero de 2013 por la Procuraduría Regional de La
Guajira y el 3 de octubre del mismo año, por la Procuraduría Segunda Delegada
para la Vigilancia Administrativa, mediante las cuales fueron suspendidos en el
ejercicio de funciones como concejales de la ciudad de Riohacha.

Que se ordene el reintegro a los cargos sin solución de continuidad, la cancelación
del registro de la sanción y el reconocimiento y pago de los honorarios dejados de
percibir durante el tiempo que, por causa de la misma, estuvieron retirados
temporalmente de sus cargos, al igual que de los honorarios profesionales pagados
a los abogados para proveer a su defensa.

Que se ordene el pago de los perjuicios morales y a la vida en relación. Que las
sumas a pagar sean indexadas y que se dé cumplimiento al fallo de conformidad
con el artículo 192 del C.P.A.C.A.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que en su condición de concejales de Riohacha fueron investigados
disciplinariamente por la accionada bajo el supuesto fáctico de haber elegido al
personero de Riohacha sin atender el quorum reglamentario correspondiente,
calificando su conducta como grave, ejecutada con culpa gravísima, con
fundamento en el artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, el artículo 146 de la
Constitución Política, el artículo 30 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo del Concejo
Nro. 031 de 2007, artículo 7.

Que en segunda instancia se confirmó la decisión en cuanto a la declaratoria de
responsabilidad y se modificó en relación con la dosificación del correctivo
disciplinario, al fijar para los concejales Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael
Miranda Arregocés, Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves,
José Ramiro Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda
Gil, Brian Rodríguez León, Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil,
Jorge Mario Ureche Moscote y Olimpo Gabriel Núñez de Armas, la sanción de 8
meses de suspensión en ejercicio del cargo; al concejal Reinaldo Deluque Díaz, la
de 7 meses; y al concejal Amílcar Hernández Gómez Toro, la de 9 meses de
suspensión.

Que mientras se adelantó el correspondiente procedimiento disciplinario y luego de
que se les sancionó, fueron sometidos al escarnio público con graves afectaciones
en su imagen pública y en su equilibrio emocional, hasta el punto de que su vida
social fue permanentemente alterada e interferida por esta circunstancia, sumados
los gastos que económicamente tuvieron que hacer para atender al proceso
disciplinario.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 29, 146 y 148; Ley 5 de 1992: artículos 117, 118 y
136 numeral 7; Ley 136 de 1994: artículo 30; Reglamento del Concejo de Riohacha:
artículo 7.

Que los actos demandados incurrieron en nulidad por violación de las normas
superiores en las cuales debían sujetarse y por falsa motivación, porque los
precedentes invocados como vigentes al momento de proferir la decisión de
segunda instancia ya se habían rectificado por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2013, proferida
dentro del expediente con radicación 11001-03-28-000-2012-00059-00, Consejera
Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en relación con el quórum y las
mayorías en las corporaciones públicas de elección popular.

Que en la imposición de las sanciones disciplinarias se desconoció el principio de
favorabilidad, pues de dos interpretaciones existentes respecto de las normas
invocadas, la autoridad disciplinaria eligió la desfavorable, incurriendo también en
desconocimiento del principio de legalidad, pues la interpretación seleccionada no
corresponde a una adecuada lectura legal y constitucional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 30 de enero de 2017 fue admitida la demanda2 y notificada a las
entidades demandadas, quienes contestaron en término.

La Procuraduría General de la Nación3 se opuso a las pretensiones, porque las
decisiones disciplinarias se expidieron en ejercicio de la potestad constitucional y
legal, y se encuentran ajustadas a la realidad probatoria dentro del proceso y a las
disposiciones constitucionales y legales en que se fundaron.

Que, desde la formulación de cargos, se detallaron las normas violadas dentro del
trámite disciplinario, calificando la falta como grave y la culpabilidad a título de culpa
gravísima.

Que el operador disciplinario de primera instancia, dando aplicación al principio de
favorabilidad, prefirió lo dispuesto en la Constitución y en la ley, en relación con que
las decisiones del Concejo Municipal de Riohacha se adoptarían con la mayoría de
los votos de los asistentes, y no lo establecido en el Reglamento, puesto que allí se
disponía que las decisiones se tomarían con la mayoría de los votos de los
integrantes.

Que el personero municipal de Riohacha fue elegido con 7 votos de quince 15

2 Véanse páginas 211 a 213 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento
«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI.
3 Véanse páginas 223 a 247 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI.

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posibles, con lo que los disciplinados desconocieron las normas constitucionales y
legales en relación con las mayorías para la adopción de decisiones en las
corporaciones públicas de elección popular.

Que el operador disciplinario de segunda instancia no desconoció la sentencia del
19 de septiembre de 2013, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
pues aunque allí se dijo que el concepto de mayoría simple atañe a la mayor
cantidad de votos de los asistentes, sin que para su configuración sea necesaria la
mitad más uno como parámetro de conteo, el posible desconocimiento de un
precedente judicial no puede considerarse como una causal de nulidad del acto
administrativo, pues no hay norma que así lo disponga.

Que los hechos objeto de investigación datan del 10 de enero de 2012 y la sentencia
presuntamente desconocida es del 19 de septiembre de 2013 y que esta última se
notificó inclusive después de la decisión disciplinaria de segunda instancia, por lo
que para el caso concreto no podía tomarse como precedente.

El Distrito de Riohacha4 se opuso a las pretensiones, pues considera que no está
legitimada en la causa por pasiva para asumir las consecuencias jurídicas y
económicas que se llegaren a imponer ante la eventual condena en contra de la
parte demandada; proponiendo la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Se celebró audiencia inicial el 22 de enero de 20185, en la que se difirió la decisión
de la excepción propuesta para la sentencia, se fijó el litigio y, tras agotar el período
probatorio6 y dar traslado a las partes para que alegaran de conclusión 7, se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del veinticuatro (24) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), negó las pretensiones y declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Distrito
de Riohacha, bajo el argumento de que como la facultad sancionadora fue ejercida
por la Procuraduría General de la Nación a través de las decisiones disciplinarias,
es a dicha entidad a quien le asiste interés sustancial en la causa y, exclusivamente
recae en ella la legitimación en la causa por pasiva.

Que el procedimiento disciplinario objeto de análisis fue adelantado bajo los
postulados normativos previstos para el proceso verbal en la Ley 734 de 2002 y en

4 Véanse páginas 253 a 256 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento
«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI.
5 Véanse páginas 328 a 337 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI.
6 Véanse páginas 448 a 451 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI.
7 Véanse páginas 453 a 469 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI (alegatos parte demandada) y páginas 470
a 472 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento «ED_CORREOREM_201600192.pdf»,
del índice 00002 de SAMAI (alegatos parte demandante).

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Radicación: 44001-2340-000-2016-00192-01 (5929-2023)

razón a ello, los demandantes resultaron sancionados al considerar que al haber
elegido al personero de Riohacha, con un número de 7 votos en favor de éste,
cuando debió haber tenido mínimo 8 votos porque asistieron 15 Concejales a la
sesión del 10 de enero de 2012, se vulneraron los preceptos normativos aplicables
sobre mayorías, tesis que encontró respaldo en la jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional como la del Consejo de Estado, tal como quedó consignado en los
fallos disciplinarios.

Que aun cuando la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2013 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta dentro del expediente nro. 11001-03-28-000-2012-
00059-00 no es de unificación, sí realizó un análisis y una rectificación del criterio
sobre el tema de las mayorías simples, el cual consideró el juez de gran importancia
para la interpretación de los asuntos sometidos al estudio de la jurisdicción sobre la
definición del sistema de «mayoría simple».

Que el hecho de que la Procuraduría tomara como apoyo de su decisión, la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta el 20 de enero de
2006 dentro del proceso nro. 1500123-31-000-2004-00453-02(3836), sin hacer
alusión alguna a la sentencia del 19 de septiembre de 2013, no tiene la entidad
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos objeto de
demanda, en razón a que la tesis sobre la mayoría simple a la que apeló la entidad,
tiene respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia SU-
221 de 2015.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante8 interpuso recurso de apelación, señalando que el Tribunal
se apartó del precedente jurisprudencial que la Sección Quinta del Consejo de
Estado sentó cuando profirió la sentencia del 19 de septiembre de 2013 dentro del
expediente nro.11001- 03-28-000-2012-00059-00.

Que en esta decisión se consagraron reglas claras de interpretación de los artículos
146 y 148 de la Constitución Política sobre el concepto de mayoría que se aplica en
las elecciones que realiza en ejercicio de la función electoral el Congreso de la
República. Que, por lo demás, tienen aplicación en todas las decisiones de esta
naturaleza que adopten sus cámaras legislativas, cuando las disposiciones
constitucionales no hayan dispuesto otra clase de mayoría.

Que, además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-221 de 2015 en lugar de
revaluar las reglas hermenéuticas extraídas de la sentencia del Consejo de Estado
antes referida, las confirma en su totalidad sobre la base de que donde la
Constitución no exige expresamente una mayoría, entiende la Sección Quinta que
se debe acudir a la que contempla el artículo 146 constitucional y que la Ley 5ª de

8 Véanse páginas 522 a 526 del archivo «000-2016-00192-00 C1», en el enlace del documento
«ED_CORREOREM_201600192.pdf», del índice 00002 de SAMAI.

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1992, en su artículo 118 denominó mayoría simple por ser la regla general a falta
de regulación expresa sobre estas.

Que, actualmente, no es coherente con los artículos 8 y 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 29 y 93 de la Constitución Política, respecto
del régimen disciplinario de los servidores públicos de elección popular, que se les
afecte su relación funcional a través de decisión de autoridad administrativa, por
cuanto la citadas normas convencionales mandan que estas limitaciones se hagan
por juez competente dentro de un proceso penal cuando haya mediado acusación
o formulación de cargos por una autoridad diferente a la que decide el caso
judicialmente, el Tribunal ha debido hacer un control de convencionalidad y anular
la decisión sancionatoria demandada.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de noviembre de 20239, fue admitido el recurso de apelación y en dicha
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslado y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a
Despacho para sentencia.

Pronunciamiento de las partes y concepto del Ministerio Público

Las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público emitió concepto10, solicitando que se confirme la decisión de
primera instancia pues tal y como lo estableció la sentencia, las normas que
sustentan los fallos disciplinarios, son claras al determinar que los concejales no
cumplieron con la votación mayoritaria para declarar la elección de personero,
además que en ninguna de las instancias del proceso disciplinario se argumentó la
existencia de otro mecanismo de interpretación de las disposiciones legales citadas,
y que la sentencia del 19 de septiembre de 2013, proferida por la sección quinta
podría aportar nuevos elementos de interpretación sobre la forma de configurar el
quorum y las mayorías en procesos de elección cuyo control judicial compete a esa
sección.

Que el debate y conceptualización sobre los conceptos de quorum y mayorías no
ha sido pacifico al interior de la Sección Quinta del Consejo de Estado, más aún
cuando se han debatido aspectos como el voto en blanco, los impedimentos, los
inhabilitados y otros pormenores de los procesos electorales sometidos a su
estudio.

Que, debido a que la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de
Derechos Humanos debe hacerse integralmente con la Constitución Política de
1991, el precedente vigente en el momento en que se profirieron las decisiones
desfavorables a los ex concejales de Riohacha, están conformados por las

9 Véase índice 00004 de SAMAI.
10 Véase índice 00009 de SAMAI.

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sentencias de constitucionalidad en las que se ha tratado el tema de la potestad
sancionadora del Estado, de conformidad con los artículos 277 y 278 de la Carta
Política, disposiciones que facultan a la Procuraduría General de la Nación para
investigar y sancionar a los servidores públicos, incluso a los de elección popular.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 2 de octubre de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia11, revocando la
providencia del Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, accediendo
parcialmente a las pretensiones, al considerar que la Procuraduría General de la
Nación carecía de competencia para sancionar disciplinariamente a los
demandantes.

En contra de esta decisión la Procuraduría General de la Nación interpuso una
acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación, ordenando que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su
competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en
consideración a lo aquí decidido»12. Esto, luego de considerar que las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los
actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante
los cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad o de suspensión a
funcionarios elegidos por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis
consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional,
que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro
Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos
los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la
sentencia de tutela13; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la
aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de
jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció
a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado
Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la
jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la

11 Véase índice 00012 de SAMAI.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24

de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.
13 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas
de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la
Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos
políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio
aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció el
principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).

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importancia de proteger el principio democrático, pues resulta claro que la
imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos
popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de
decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del
ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar
sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia se referirá a la
competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se
configura la nulidad de los actos demandados y, posteriormente, abordará el
desconocimiento de las normas superiores en que deben fundarse y la falsa
motivación; luego de lo cual analizará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus
consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué
manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia
de tutela del 24 de febrero de 202514:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas
convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de
la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación
no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de
quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la
autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en
el artículo 23.2 de la CADH15.

57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la
parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis
adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de
elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo
23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.

58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los
artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que
la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar
a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de

2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
15 «Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.».

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definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución
Política y 23 de la CADH, (se trascribe):

“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores
internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno
de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado
la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas
sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que
dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la
comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.

En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias
temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos
públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto
de San José de Costa Rica.”

59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU-712 de 2013, en la que estudió,
vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En
esa oportunidad, señaló (se trascribe):

“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los
instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte
concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador General
de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(…)
En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa constitucional
en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y prerrogativas parlamentarias),
de los preceptos legales que regulan la materia, así como de los precedentes
decantados por esta Corporación, demuestra que el Procurador General de la Nación
sí es competente para investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las
sanciones a que haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos
propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole.

Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio Público
en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de una autoridad judicial,
en tanto son actos administrativos susceptibles de ser sometidos a control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para adelantar esta clase de juicios disciplinarios, concretamente, la
suspensión provisional de servidores públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley
734 de 2002) y sostuvo (se trascribe):

“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del
proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la
Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma
parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder
público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En
tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la
Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado,
de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al
momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo
23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de control judicial, por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a un
servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador
disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos,
conforme al antedicho precedente, debe concluirse que la norma demandada es

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compatible con las normas previstas en el artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de
la Constitución.”

61. Mediante Sentencia C-111 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo
45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la expresión “elección”, cuando se hace
referencia a la terminación de la relación del servidor público sin importar la naturaleza de
esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al
respecto, indicó (se trascribe):

“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo
93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el
artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a)
la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales ; (ii) la
restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a
un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso;
(iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es
una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones
asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son
judicialmente controlables de una manera efectiva. Por lo tanto (iv) no se justifica que
la Corte Constitucional cambie su precedente.
(…)
27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad
distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido
proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus
ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que
limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que
dicha autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales
establecidas en su artículo 8.

28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los demandantes
según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las garantías mínimas de los
derechos políticos. Los Estados tienen un margen de apreciación en virtud del cual
pueden atribuir a los organismos de control del Estado competencias disciplinarias que
puedan conducir a la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad general de
los servidores públicos. Por ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a
cualquier autoridad siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos
29 de la Constitución y 8 de la CADH. Así, se concluye que el límite que encuentra el
margen de apreciación son los derechos al debido proceso de los servidores públicos
de elección popular. De allí que, no obstante no ser un “juez penal”, la PGN debe
respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución y 8 de la CADH.
En consecuencia, puede válidamente limitar los derechos políticos de los funcionarios
públicos de elección popular.

29. La PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos. En el caso sub examine, la
disposición acusada se encuentra dentro de los límites del margen de apreciación del
Estado colombiano porque garantiza los derechos establecidos en el artículo 29 de la
Constitución y el 8 de la CADH. Esto es así por tres razones: (i) la PGN es una autoridad
independiente e imparcial, (ii) el proceso de imposición de sanciones a funcionarios de
elección popular asegura las garantías judiciales previstas por la Constitución y la
CADH, (iii) sus actos pueden ser controlados judicialmente de una manera efectiva.”

62. Finalmente, en la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la
exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la
aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos
118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de
forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio
de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de
lo contencioso administrativo.

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63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la
Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular,
respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema
tenia a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas y, en consecuencia, incurrieron
en los defectos invocados.

64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencias SU-381 de 2024, resolvió
un pleito con identidad fáctica y jurídica al del asunto de la referencia. En dicha providencia,
la Corte advirtió la configuración de los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y sustantivo, por las siguientes razones (se trascribe):

“184. En conclusión, las condiciones normativas y jurisprudenciales del año 2012 en las
que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia, aunado a que la
interpretación realizada por el Consejo de Estado a partir del trasplante de una regla de
decisión de la sentencia López Mendoza vs. Venezuela 16 desconoció principios
constitucionales, conducen a afirmar que se configuró una violación directa de la
Constitución. Lo que correspondía en este caso a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado era pronunciarse sobre la legalidad de la sanción, a
partir de los cargos invocados por el señor Merlano Morales, sin reprochar un asunto
de competencia que, se insiste, estaba claro en el año 2012 respecto a su titularidad en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y sigue claro bajo el estándar
constitucional vigente, sin perjuicio, por supuesto, del exhorto realizado al legislador.
(…)
200. Por lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que para el
momento en el que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia
disciplinaria –año 2012–, el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 17 había sido objeto de
decisión de exequibilidad por este Tribunal a través de la Sentencia C-028 de 2006 al
amparo del artículo 23.2 de la CADH, en aplicación de la cláusula de remisión prevista
en el artículo 93.1 de la Constitución. Adicionalmente, la Subsección B mencionada
pasó por alto que, al momento de emitir su decisión, también existía la Sentencia C-500
de 2014 que había reafirmado esa constitucionalidad, pese a la expedición de la
Sentencia de la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela. En la medida en
que estas sentencias determinaron la exequibilidad del artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002, hacer caso omiso a su vinculatoriedad, implica la configuración del defecto
sustantivo examinado.”

65. Asimismo, en Sentencia SU-382 de 2024, la Corte señaló (se trascribe):

“(…) Sin embargo, dentro del marco normativo que evaluó, la subsección accionada
pasó por alto el precedente constitucional que había avalado la facultad de la PGN de
expedir tales decisiones.

83. La sentencia objeto de la acción de tutela, igualmente, desconoció el precedente
constitucional sobre el valor de las normas convencionales y de la jurisprudencia de la
Corte IDH en el ordenamiento interno colombiano. Estas, como lo ha insistido la Corte
Constitucional, no deben aplicarse en forma aislada y en perjuicio de las normas
constitucionales, sino que su aplicación debe ser sistemática y armónica. En el caso
concreto, con ocasión de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, el Estado
colombiano inició un proceso de armonización normativa que, en todo caso, no podía
ser “automático”. Ese proceso se empezó a realizar a partir de las sentencias C- 146 de
2021 y C-030 de 2023, así como de la Ley 2094 de 2021, pero sus consecuencias no
podían aplicarse a decisiones administrativas anteriores, cuando el ordenamiento
jurídico nacional reconocía la competencia de la PGN en casos como el que es objeto
de estudio.

16 Se tiene en cuenta que esta fue la providencia de la Corte IDH que estimó el Consejo de Estado estaba

“vigente” al año 2012 y, por lo tanto, era aplicable en este caso.
17 La Sentencia SU-355 de 2015, reconoció que sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar

servidores públicos de elección popular recaía el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ver la reseña
realizada en el apartado 5.3. de esta providencia.

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84. Finalmente, la sentencia tampoco consideró que, al estudiar la legalidad de actos
administrativos, debían privilegiarse las circunstancias de hecho y de derecho vigentes
al momento en que fueron proferidos, en línea con la jurisprudencia del propio Consejo
de Estado. La postura de la subsección accionada ponía a la PGN en una situación
imposible: desconocer el precedente vigente de la Corte Constitucional y comprometer
la validez de sus actuaciones por cuenta de la “aplicación” de un precedente
interamericano que todavía no había sido adoptado. En efecto, la vinculatoriedad del
precedente está relacionada con la protección de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, confianza legítima y coherencia del orden jurídico. Su aplicación rigurosa
permite orientar el comportamiento de las personas e instituciones hacia las normas y
principios constitucionales.
(…)
92. Es cierto que, al declarar la nulidad de los actos de destitución e inhabilidad por falta
de competencia, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado no dio el
alcance a los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución como habían sido entendidos
por la jurisprudencia constitucional en su momento. Además, con el argumento de
aplicar un control de convencionalidad difuso, el Consejo de Estado desconoció que las
normas de la CADH no tienen un carácter superior a las de la Constitución Política, por
lo que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el
contrario, es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica. En esta
labor, no se puede desconocer la interpretación autorizada por parte de la Corte
Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se produce en este caso
por no aplicar las normas superiores que otorgaban una competencia que había sido
reconocida pacíficamente por esta Corporación. La configuración de este defecto trae
por consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso de la PGN, pues dicha
garantía fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de acatar, en
todo momento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le
correspondió conocer, los postulados del texto superior.”

66. En aquellos pronunciamientos, la Corte revocó las decisiones de instancia que negaron
y declararon improcedentes las solicitudes de amparo y, en su lugar, amparó el derecho al
debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, pues estimó que las providencias
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho no superaron el juicio de validez
constitucional de tutela.

67. Finalmente, no puede pasarse por alto que la postura adoptada por esta Sala se alinea
con las consideraciones del Auto de 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-0018, según las cuales (se trascribe):

“Por lo tanto, en el presente caso, el juicio efectuado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-030 de 2023, en cuanto declaró ajustado a la Constitución las expresiones
contenidas en el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que modificó el art. 2º de la Ley
1952 de 2019, y el artículo 54 de la Ley 2094, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, dado que en el fallo no se hicieron salvedades, limitaciones ni distinciones
sobre el juicio desarrollado. Así entonces. en relación con las prescripciones anteriores,
no es dable discutir su compatibilidad con la Carta ni con las disposiciones de la CADH
ni los fallos de la Corte IDH”19, pues, este asunto fue resuelto por el juez que tiene la
atribución constitucional de velar por la integridad y supremacía de la Constitución
Política.”».

Por ello, como se concluyó en la providencia de la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación, no hay lugar a declarar la nulidad por falta de competencia de
la autoridad disciplinaria y, bajo estas consideraciones, tampoco hay lugar a estudiar
el reproche de los demandantes relacionado con el régimen disciplinario de los
servidores públicos elegidos por voto popular.

18 No puede pasarse por alto que los consejeros de Estado William Barrera Muñoz y Alberto Montaña Plata

aclararon su voto frente a dicha providencia de unificación.
19 Sentencia C-310 de 2002 y Sentencia C-098 de 2007.

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Causales de nulidad de los actos administrativos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13720 y 13821 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

Para el caso concreto, interesan el desconocimiento de las normas en que debía
fundarse y la falsa motivación, pues los demandantes señalan que se incurrió en
estas causales de nulidad en la medida en que no se tuvo en cuenta por la segunda
instancia disciplinaria la sentencia del 19 de septiembre de 2013, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la consejera Lucy Jeanette
Bermúdez, en el radicado 11001032800020120005900.

• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse

Esta causal, también denominada nulidad por violación del ordenamiento superior
o de la regla de derecho de fondo que se exigía para sustentar el acto, se relaciona
con los elementos que, en términos generales, deben validarse en un acto
administrativo frente a cada elemento que lo compone: las reglas de competencia,
de procedimiento, los componentes de la motivación y el debido proceso,
concretado en el derecho de audiencia y de defensa22.

En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.

Lo primero, es decir, la falta de aplicación puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al

20 Del medio de control de nulidad.
21 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
22 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.

Radicado 52001233300020150004501 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.

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asunto que examina.

La aplicación indebida puede configurase cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver un asunto objeto de decisión; lo
que a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.

En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa interpretación,
las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a una disposición
un sentido o alcance que no le corresponde23.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa24.

En esa misma línea, se ha precisado que para la prosperidad de la pretensión de
nulidad cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»25.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente26.

23 Cfr. Ibid.. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Radicado 25000-

23-27-000-2004-92271-02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
24 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
25 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
26 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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Caso concreto

Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca:

• Que el 3 de mayo de 2012 la Procuraduría Regional de La Guajira recibió una
queja disciplinaria, según la cual los concejales de Riohacha, en sesión del 10
de enero de 2012, eligieron al señor Breider Yuesmith Redondo Solano como
personero municipal, con un total de 7 votos nominales; cuando, por haberse
encontrado 15 cabildantes habilitados para votar, debió obtener como mínimo 8
votos27.

• Que el 13 de noviembre de 2012 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a
audiencia a los concejales investigados, formulando el siguiente cargo:

«Como Concejales(sic) del municipio de Riohacha, una vez puesta a su
consideración la aprobación de la elección del doctor BREIDER YUESMITH
REDONDO SOLANO como Personero(sic) Municipal(sic) de Riohacha,
declararon dicha elección con un número de 7 votos en favor de éste(sic),
cuando conforme a la Carta Política, la Ley 136 de 1994, y el mismo Reglamento
interno del Concejo, siendo 15 el número de Concejales que asistieron a la
sesión del día 10 de enero de 2012, la elección debió declararse con mínimo 8
votos de los asistentes a dicho acto, vulnerando de ésta(sic) forma los preceptos
normativos aplicables sobre Mayorías(sic)»

El operador disciplinario calificó la falta como grave, ejecutada con culpa
gravísima.

En el mismo acto se formuló un cargo adicional al concejal Amílcar Gómez Toro,
reprochándole que en su condición de presidente del Concejo posesionó al
personero, estando previamente advertido de que su elección estaba viciada
porque no obtuvo la mayoría de los votos de los asistentes a la sesión en la que
se declaró la elección. En este caso se calificó la falta como grave, ejecutada a
título de dolo28.

• Que luego de practicadas las pruebas documentales y testimoniales, y recibidas
las intervenciones de los investigados y sus defensores, el 5 de febrero de 2013
se expidió la decisión de primera instancia, declarándolos disciplinariamente
responsables y sancionándolos con suspensión por el término de diez (10)
meses y, en el caso de Amílcar Gómez Toro, con suspensión e inhabilidad
especial por el término de once (11) meses29.

Se consideró en este acto que los investigados actuaron con desconocimiento
de lo dispuesto por los artículos 146 y 148 constitucionales, 30 de la Ley 136 de
1994 y 7 del Acuerdo 031 de 2007 (Reglamento del Concejo), en relación con
las mayorías requeridas para la toma de decisiones en las corporaciones

27 Véanse páginas 3 a 15 del archivo «00-2016-00192-00 PROCUR1», en el enlace del documento
«ED_CORREOREM_201600192(.pdf)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
28 Véanse páginas 371 a 400 del archivo «000-2016-00192-00 PROCUR1», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192(.pdf)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
29 Véanse páginas 26 a 74 del archivo «00-2016-00192-00 PROCUR3», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192(.pdf)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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públicas de elección popular, razonamiento que además se fundamentó en
distintos pronunciamientos del Consejo de Estado30.

Se encontró acreditado que el personero municipal fue elegido con 7 votos de
15 posibles y que, en virtud de las disposiciones referidas y de los
pronunciamientos jurisprudenciales, en esa oportunidad el señor Breider
Yuesmith Redondo Solano debió obtener 8 votos, esto es, la mitad más uno de
los votos de los asistentes a la sesión.

Se ratificó la calificación del elemento subjetivo –culpa gravísima–,
argumentando que se incurrió en la desatención elemental de reglas de
obligatorio cumplimiento y que el error que la mayoría alegó en sus
intervenciones era vencible al constar la normativa que regula el tema.

En el caso del concejal Amílcar Gómez Toro, se reprochó que, siendo el
presidente de la Corporación, posesionara al personero a sabiendas de que su
elección se había efectuado de forma irregular.

• En la decisión de segunda instancia, expedida el 3 de octubre de 2013, se
mantuvo el razonamiento respecto de la naturaleza de la falta y el grado de
culpabilidad, se exoneró al concejal Amílcar Gómez Toro del reproche derivado
de sus funciones como presidente de la Corporación y se graduó la sanción
teniendo en cuenta que respecto de uno de los investigados existía una
circunstancia de atenuación: el concejal Reinaldo Deluque Díaz, luego de
elegido y posesionado el personero, presentó una proposición, advirtiendo que
el funcionario no obtuvo el mínimo de votos exigido por el reglamento del
Concejo31.

Por lo demás, citó como parámetro para la interpretación de las disposiciones
sobre mayorías, la sentencia del 20 de enero de 2006, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en el radicado
15001233100020040045302(3836), a la que inclusive el concejal Deluque Díaz
había hecho referencia en su proposición. Con ello, se concluyó que, de haberse
presentado algún error en la interpretación, era fácilmente superable, pues
bastaba con atender sus deberes funcionales de manera cuidadosa y diligente;
pero que, contrario a ello, cuando esta situación fue puesta a consideración, se
negaron a discutirla y con una votación de 16 a 1 hundieron la proposición del
concejal Deluque Díaz.

Los demandantes señalaron que esas decisiones se encuentran viciadas de nulidad
por desconocimiento de las normas en que debían fundarse y por falsa motivación,
pues el Consejo de Estado, Sección Quinta, realizó una nueva interpretación en la
sentencia del 19 de septiembre de 2013 y esta no fue tenida en cuenta por la
Procuraduría General de la Nación.

30 En la decisión de primera instancia se citaron las sentencias del 25 de marzo de 1994 (Exp. 1095); 18 de

agosto de 1993 (Exp. 1036); 31 de agosto de 1988 (Exp. 0174); 18 de marzo de 2004 (Exp. 3117); 11 de
diciembre de 2003 (Exp. 3115-3116). Ibid., página 32.
31 Véanse páginas 150 a 156 del archivo «000-2016-00192-00 PROCUR1», en el enlace del documento

«ED_CORREOREM_201600192(.pdf)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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Al respecto, los artículos 146 y 148 de la Constitución Política disponen:

«Artículo 146. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones
permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de
los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría
especial

(…)

Artículo 148. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán
también para las demás corporaciones públicas de elección popular»
(subrayas de la Sala).

Por su parte, el artículo 29 de la Ley 136 de 1994 señala que los concejos y sus
comisiones no pueden abrir sus sesiones ni deliberar con menos de la cuarta parte
de sus miembros, mientras que las decisiones solo pueden tomarse con la
asistencia de la mayoría de sus integrantes, salvo que las normas constitucionales
determinen algo diferente; mientras que el artículo 30 de la misma ley dispone que
«(…) las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes salvo
que la Constitución exija expresamente una mayoría especial» (subrayas de la
Sala).

El artículo 7 del Acuerdo 031 de 2007, «[p]or medio del cual se expide el nuevo
reglamento interno del concejo municipal de Riohacha», por otro lado, disponía que,
en cumplimiento del artículo 148 constitucional, las normas sobre quórum y mayoría
decisorias previstas para el Congreso de la República regirían también para el
Concejo de Riohacha y, en consecuencia, «(…) las decisiones únicamente podrán
tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la corporación, lo cual
constituye el quórum decisorio, salvo que la Constitución o la ley de la República
determinen un quórum diferente»32.

En los actos demandados y en los previos, la autoridad disciplinaria privilegió la
aplicación de las normas constitucionales y legales, pues el artículo 7 del
reglamento del Concejo resultaba más lesivo para los investigados, en la medida en
que allí se exigía como quórum decisorio la asistencia de la mayoría de los
integrantes de la Corporación.

Precisado esto, le corresponde a la Sala determinar si en la interpretación de las
disposiciones sobre mayorías la autoridad disciplinaria desconoció la normativa
aplicable y plasmó en sus actos una motivación contraria a la realidad, partiendo de
la existencia de dos pronunciamientos jurisprudenciales, uno de ellos empleado por
la demandada para sustentar la decisión sancionatoria.

En las disposiciones transcritas, se encuentra como elemento común la exigencia
de la mayoría de los votos de los asistentes para que en las corporaciones públicas
de elección popular puedan tomarse decisiones, salvo que la propia Constitución o
la ley contengan una regla especial. Por «mayoría» cabe entender, entonces,

32Véanse páginas 193 a 272 del archivo «000-2016-00192-00 PROCUR1», en el enlace del documento
«ED_CORREOREM_201600192(.pdf)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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«[m]ayor número de votos conformes en una votación»33, según una de las tantas
nociones del término.

Pero este no fue el sentido empleado en los actos sancionatorios. En ellos se acudió
a pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, según los cuales
existía una posición consolidada34 que luego recogió en la sentencia del 20 de enero
de 2006, en la cual se precisó:

«(…)
d) La mayoría para decidir, es decir, el número de votos requeridos para
que sean aprobadas las decisiones, consistente en la mitad más uno de
los asistentes a la sesión, partiendo de la base de que existe quórum
decisorio.

Al respecto, por vía jurisprudencial se ha explicado que cuando los
miembros de la respectiva corporación representen un número impar, la
mitad más uno se obtiene de la “aproximación por defecto del número que
resulte de dividir por 2 el número de integrantes más uno” (Consejo de
Estado. Sección Quinta. Auto de 21 de septiembre de 2000. Expediente
No. 2427)»35 (subrayas de la Sala).

En ese contexto, resultó claro para el operador disciplinario que el 10 de enero de
2012 asistieron 15 de 17 concejales a la sesión en la que resultó elegido como
personero de Riohacha el señor Breider Yuesmith Redondo Solano y que, por tanto,
i) en efecto hubo quórum decisorio; pero ii) se incurrió en una irregularidad en la
elección, pues solo obtuvo 7 votos favorables, cuando la mitad más uno de los
asistentes implicaba que debió contar con 8 votos.

Para la Sala, tanto la interpretación de la demandada como los pronunciamientos
jurisprudenciales en los cuales se fundamentó, resultaron contrarias a las
disposiciones constitucionales y legales en la materia, pues lo cierto es que partía
de considerar que, existiendo quórum decisorio, esto es, asistiendo a la sesión de
la corporación la mayoría de sus integrantes, la respectiva decisión solo podía
tomarse si se obtenía el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes,
entendiendo que con ello se configuraba la mayoría de la que hablan los artículos
146 constitucional y 30 de la Ley 136 de 1994.

Ese alcance de lo que por «mayoría» debe entenderse no se encuentra ni en la
Constitución ni en la ley. En ambos textos normativos se habla de manera simple
de la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la propia Constitución o la
ley determinen otra cosa. Según esto, un agregado de la «mayoría», como, por
ejemplo, entender que se conforma cuando se obtiene el voto de la mitad más uno
de los asistentes, debió buscarse en la Constitución o la ley y no acudir a la
interpretación más lesiva de la presunción de inocencia.

33 Corresponde a la tercera acepción, según el Diccionario de la Lengua Española. Cfr.
https://dle.rae.es/mayor%C3%ADa?m=form.
34 Para lo cual se referenciaron las providencias del 25 de marzo de 1994 (Exp. 1095); 18 de agosto de 1993

(Exp. 1036); 31 de agosto de 1988 (Exp. 0174); 18 de marzo de 2004 (Exp. 3117); 11 de diciembre de 2003
(Exp. 3115-3116). Véase página 32 archivo «00-2016-00192-00 PROCUR3», en el enlace del documento
«ED_CORREOREM_201600192(.pdf)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 20 de enero de

2006. Exp. 15001-23-31-000-2004-00453-02 (3836). C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

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Tan contraria al sentido constitucional y legal resultaba la interpretación acogida en
las decisiones disciplinarias, que en la sentencia del 19 de septiembre de 2013 (que
según los demandantes se debió tener en cuenta al resolver la segunda instancia
disciplinaria), la Sección Quinta señaló:

«Por último la Sala debe advertir que, recoge la posición sentada en la sentencia
de 20 de enero de 2006 con radicado número 15001233100020040045302 con
ocasión de la demanda contra la elección del personero del Municipio de Nuevo
Colón, por cuanto en ésta(sic) providencia se asumió que el concepto de
mayoría implicaba la “mitad más uno”, para lo cual citó el artículo 146
constitucional, cuando tal cualificación numérica no aparece explícita en la
norma invocada»36 (negrillas y subrayas de la Sala).

En aquella ocasión, se replanteó también la tesis jurisprudencial desarrollada en la
sentencia del 9 de marzo de 201237, que resolvió una demanda en contra de los
representantes de Colombia en el Parlamento Andino, pues en la decisión se indicó
que el concepto de mayoría implicaba la mitad más uno, cuando no existía
fundamento legal ni constitucional para tal conclusión.

En los actos demandados, la Procuraduría General de la Nación aceptó la existencia
de confusiones en la interpretación de las disposiciones, pero agregó que ello no
exoneraba a los investigados de responsabilidad, porque una simple constatación
del reglamento de la Corporación los habría llevado a adelantar de manera regular
el procedimiento para la elección del personero.

No obstante, en criterio de la Sala, fue la demandada quien, con apego a los
artículos 29 constitucional y 9 de la Ley 734 de 2002, debió adelantar la actuación
disciplinaria privilegiando la presunción de inocencia de los investigados y si, como
lo advirtió en los actos demandados, existía alguna duda en relación con la manera
como debían interpretarse los artículos 146 y 148 constitucionales y 30 de la Ley
136 de 1994, debió resolverla en su favor, pues aunque en efecto existían
pronunciamientos jurisprudenciales que sustentaban la tesis con la que fueron
sancionados, tan contrarios resultaron al alcance de las disposiciones referidas que
la misma Corporación recogió su posición.

No se trata de reprocharle a la Procuraduría General de la Nación la motivación de
sus actos con fundamento en una decisión que para el momento de su expedición
no conocía, pues lo cierto es que la sentencia del 19 de septiembre de 2013 fue

36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre

de 2013. Exp. 11001-03-28-000-2012-00059-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 9 de marzo de

2012. Exp. 11001-03-28-000-2010-00029-00 (2010-000), acumulado con 11001-03-28-000-2010-00034-00
(2010-00034). C.P. Alberto Yepes Barreiro. Esta decisión se fundamentó en la sentencia C-490 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva) en la cual se resolvió sobre la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria «por
la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los
procesos electorales y se dictan otras disposiciones», puntualmente, en lo relacionado con las mayorías
requeridas para dar efectos al voto en blanco. En la providencia del Consejo de Estado se resaltó que la decisión
de constitucionalidad no profundizó en relación con la diferencia entre obtener la mayoría frente a los votos
válidos y obtener la mayoría frente al candidato con mayor votación. Pero nada se dijo en relación con lo que
significa «mayoría» para tales efectos.

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notificada por edicto el 22 de octubre de 201338, esto es, después de resuelta la
segunda instancia disciplinaria; sino de advertir que los motivos plasmados en las
decisiones disciplinarias desconocieron las normas en que debían fundarse, porque
se dio un alcance que no correspondía a las disposiciones constitucionales y legales
relacionadas con el quórum decisorio y las mayorías.

Dicho de otro modo, se encuentra acreditado que los actos demandados están
viciados de nulidad por violación de las normas superiores en que debían fundarse,
en su vertiente de interpretación errónea y, en consecuencia, lo procedente es
revocar la sentencia apelada para, en su lugar, conceder parcialmente las
pretensiones.

Del restablecimiento del derecho

Teniendo en cuenta que la legalidad de los actos administrativos quedó desvirtuada,
es necesario referirse a las medidas de restablecimiento del derecho e
indemnizatorias solicitadas, en el siguiente sentido:

• No es procedente ordenar el reintegro al cargo porque este se ocupa por un
periodo determinado constitucionalmente y como consecuencia del acto de
elección. Por lo mismo, no resulta procedente la declaración de no existencia de
solución de continuidad.

• No es procedente ordenar el pago de los honorarios que los demandantes
asumieron para su defensa y representación, porque si bien se acreditó la
suscripción de contratos de prestación de servicios para asumir su defensa
jurídica39 y se aportó certificación de paz y salvo40 es necesario tener en cuenta
lo señalado en la sentencia de unificación jurisprudencial del 18 de julio de 2019,
proferida por la Sección Tercera de esta Corporación41, en la cual se fijó un
parámetro para que el juez de lo contencioso ordene reconocimientos de este
tipo y que si bien se refiere a la defensa asumida en actuaciones por privación
injusta de la libertad, el razonamiento puede extenderse a los eventos en los que

38 Según las anotaciones visibles al consultar el radicado 11001-03-28-000-2012-00059-00 en el aplicativo

SAMAI.
39 Los señores Nelvis Josefina Ojera López y José Ramiro Bermúdez Cotes aportaron constancia de paz y salvo

suscrita por su apoderado el 10 de marzo de 2014 y contrato de prestación de servicios para asumir su defensa
jurídica (véanse páginas 164 a 169 del archivo 000-2016-00192-00 C1, en el enlace del documento
ED_CORREOREM_201600192.pdf, del índice 00002 de SAMAI.
40
Los señores Aloima Rafael Miranda, Amílcar Hernando Gómez, Brian de Jesús Rodríguez y Juan Carlos
Suaza aportaron certificación de pago de honorarios para la representación de sus intereses en la primera
instancia disciplinaria; el señor Aloima Rafael Miranda, además, para la representación en segunda instancia
disciplinaria (véanse páginas 170 a 172 del archivo 000-2016-00192-00 C1, en el enlace del documento
ED_CORREOREM_201600192.pdf, del índice 00002 de SAMAI).
Por su parte, los señores Iler Enrique Acosta, Ciro Andrés Deluque, Ghandi Eder Romero, Mario Ureche
Moscote, Nelvis Josefina Ojeda, Brian de Jesús Rodríguez, José Ramiro Bermúdez, Aloima Rafael Miranda,
Rafael Hidalgo, Luis Antonio Ojeda, Olimpo Gabriel Núñez y Juan Carlos Suaza aportaron certificación de
representación de sus intereses en una acción de tutela instaurada con ocasión de las decisiones disciplinarias
(véase página 173 del archivo 000-2016-00192-00 C1, en el enlace del documento
ED_CORREOREM_201600192.pdf, del índice 00002 de SAMAI). Finalmente, el señor Jorge Mario Ureche
Moscote aportó certificado de la representación de sus intereses en el procedimiento disciplinario (véase página
174 del archivo 000-2016-00192-00 C1, en el enlace del documento ED_CORREOREM_201600192.pdf, del
índice 00002 de SAMAI).
41 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 18 de julio de 2019. Radicado 73001-23-

31-000-2009-00133-01 (44752). Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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se pretenda esta medida de restablecimiento del derecho:

«1 Unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación
de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

Tratándose del reconocimiento del daño emergente derivado del pago de
honorarios profesionales del abogado que intervino en defensa de quien fue
privado injustamente de la libertad, esta Sección ha admitido como prueba de
ese perjuicio la documental consistente en los recibos de pago que dan cuenta
de la cancelación de los honorarios profesionales y, en su defecto, las
certificaciones emitidas por los profesionales del derecho, acerca del pago de
sus honorarios.

Sin embargo, debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario
dispone que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir,
profesiones en las cuales ‘… predomina el ejercicio del intelecto, que han
sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación
a través de un título académico’, están obligadas a ‘… expedir factura o
documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las
operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales’.

En virtud de lo anterior, debe entenderse que, como el derecho es una
profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la
respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los
requisitos previstos en el artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si los
abogados están obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios
profesionales, es dable concluir que ésta (sic) es la prueba idónea del pago.

Así, en armonía con las referidas normas tributarias, en los eventos de privación
injusta de la libertad, cuando el demandante pretenda obtener la
indemnización del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado
directo con la medida dentro del proceso penal, quien haya realizado el pago
deberá aportar: i) la prueba de la real prestación de los servicios del
abogado y ii) la respectiva factura o documento equivalente expedido por
éste, en la cual se registre el valor de los honorarios correspondientes a su
gestión y la prueba de su pago, de suerte que, si solo se aporta la factura
o solo se allega la prueba del pago de la misma y no ambas cosas, no
habrá lugar a reconocer la suma pretendida por concepto de este perjuicio.

Ahora, si se prueba la prestación de los servicios por parte del abogado y se
aportan tanto la factura como la prueba de su pago, pero no coinciden los
valores expresados en ambos, se reconocerá por este concepto el menor de
tales valores.

En todo caso, dada la naturaleza cierta y personal de este tipo de perjuicio, la
indemnización por concepto del daño emergente por pago de honorarios
profesionales sólo se reconocerá en favor del demandante que lo pida como
pretensión indemnizatoria de la demanda, quien, además, deberá acreditar
idóneamente, conforme a lo dicho en precedencia, que, en efecto, fue quien
realizó el pago». (Negrillas de la providencia original; subrayas de la Sala).

Según la sentencia en cita, para que proceda el reconocimiento de este concepto
se requiere: i) la prueba de la real prestación de servicios del abogado; ii) la
respectiva factura o documento equivalente; y iii) la prueba de su pago por parte de
quien reclama la medida de restablecimiento del derecho y en este caso, las

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pruebas allegadas, por su parte, no satisfacen estos requerimientos y, por ello, no
se accederá a esta pretensión.

• No se probó la causación de perjuicios morales y por daño a la vida de relación,
porque con las pruebas testimoniales recaudadas en la audiencia del 23 de
marzo de 2018 no se logra acreditar objetivamente la aflicción, el dolor o
padecimiento sufrido por los demandantes con motivo de la sanción.

Al respecto, los testigos coinciden en afirmar que los demandantes se afectaron en
lo emocional, que tuvieron problemas familiares, que la prensa los señaló, que
perdieron credibilidad entre sus electores y que durante el término de la suspensión
debieron acudir a préstamos para su subsistencia42; pero i) no existen elementos
adicionales que permitan establecer una relación de causalidad entre las distintas
afectaciones a la salud que se relatan y la existencia de una sanción disciplinaria y
ii) no existen pruebas que den cuenta de que los episodios de tristeza a los que
aludieron los declarantes superasen la aflicción que a cualquier persona causa una
decisión sancionatoria.

En ese sentido, la Sala concluye que, si bien es cierto que la decisión sancionatoria
constituyó una restricción de los derechos políticos, no podría decirse que toda
sanción disciplinaria conlleva la materialización de daños morales y a la vida en
relación. Para que procediera el reconocimiento de estos, era indispensable que los
demostraran, pues se trata de una carga probatoria al tenor de lo establecido en
artículo 167 del Código General del Proceso.

• Ahora bien, resulta procedente el reconocimiento y pago de los honorarios que
los demandantes dejaron de percibir durante el lapso de la ejecución de la
sanción disciplinaria. Al respecto, se tiene que mediante Resolución Nro. 013 del
23 de diciembre de 2013 el presidente del Concejo Municipal de Riohacha (La
Guajira) ejecutó la sanción disciplinaria y que esta se extendía por lapsos de 7,
8 y 9 meses.

En ese sentido, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación el pago de los
honorarios que efectivamente dejaron de percibir los demandantes, así:

• Los señores Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés,
Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro
Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian
Rodríguez León, Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil,
Jorge Mario Ureche Moscote y Olimpo Gabriel Núñez de Armas, durante los
ocho (8) meses de la sanción disciplinaria.

• El señor Amílcar Hernando Gómez Toro, durante los nueve (9) meses de la
sanción disciplinaria.

• El señor Reinaldo Deluque Díaz, durante los siete (7) meses de la sanción
disciplinaria.

42 Véase carpeta “Folio 394 CD” en el enlace del documento ED_CORREOREM_201600192.pdf, del índice

00002 de SAMAI).

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Para ello, la demandada deberá solicitar al Concejo Municipal de Riohacha (La
Guajira) la expedición de una certificación en la que conste (i) el número de sesiones
que el Concejo Municipal celebró durante los lapsos de suspensión y (ii) el valor que
se debía pagar a cada concejal por cada día de sesión durante los mismos lapsos.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.

• Se ordenará también a la demandada que retire del registro de antecedentes
disciplinarios la anotación realizada a los demandantes en cumplimiento de las
decisiones disciplinarias.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202143 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP 44, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos

43 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
44 «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será

condenada a pagar las costas de ambas instancias».

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mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la
cual se negaron las pretensiones para, en su lugar, concederlas parcialmente.

Segundo. DECLARAR la nulidad de la decisión disciplinaria IUS 2012-178051/IUC
D-2012- 625221460, expedida el 5 de febrero de 2013 por la Procuraduría Regional
de La Guajira, mediante la cual se suspendió a los demandantes en el ejercicio de
sus funciones como concejales de la ciudad de Riohacha; así como la nulidad de la
decisión disciplinaria de segunda instancia del 3 de octubre del mismo año, proferida
por la Procuraduría Segunda delegada para la Vigilancia Administrativa, que
confirmó la de primera instancia.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la demandada el
pago de los honorarios dejados de percibir por los demandantes:

• A los señores Iler Enrique Acosta Mejía, Aloima Rafael Miranda Arregocés,
Nelvis Josefina Ojeda López, Rafael Hidalgo Pérez Nieves, José Ramiro
Bermúdez Cotes, Ciro Andrés Deluque Vergara, Luis Antonio Ojeda Gil, Brian
Rodríguez León, Ghandi Eder Romero Epinayú, Juan Carlos Suaza Móvil, Jorge
Mario Ureche Moscote y Olimpo Gabriel Núñez de Armas lo efectivamente
dejado de percibir durante los ocho (8) meses de la sanción disciplinaria.

• Al señor Amílcar Hernando Gómez Toro, lo efectivamente dejado de percibir
durante los nueve (9) meses de la sanción disciplinaria.

• Al señor Reinaldo Deluque Díaz, lo efectivamente dejado de percibir durante los
siete (7) meses de la sanción disciplinaria.

Para ello, la demandada deberá solicitar al Concejo Municipal de Riohacha (La
Guajira) la expedición de una certificación en la que conste (i) el número de sesiones
que el Concejo Municipal celebró durante los lapsos de suspensión y (ii) el valor
que se debía pagar a cada concejal por cada día de sesión durante los mismos
lapsos.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 44001-2340-000-2016-00192-01 (5929-2023)

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción
impuesta a los demandantes, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad.

Quinto. NEGAR las demás pretensiones.

Sexto. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.

Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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