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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00348-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00348-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR la nulidad de la decisión disciplinaria de primera instancia expedida el doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) por la Viceprocuraduría General de la Nación, en el proceso disciplinario IUC-002-172011-2008, mediante el cual se impuso al señor Jhon Ffrey Moreno Arias la sanción de destitución e inhabilidad por el término de doce (12) años, en su condición de dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); y la nulidad de la decisión disciplinaria expedida en instancia por la Procuraduría General de la Nación veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), que confirmó la decisión anterior. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la demandada el pago de una indemnización compensatoria, en los términos del numeral 4 del parágrafo del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, para el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2000 y el 31 de julio de 2014 salvo que se determine que el señor Jhon Ffrey Moreno Arias fue retirado efectivamente de la entidad en una fecha posterior, y que corresponderá a: • 45 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014, o a la fecha de retiro efectivo del servicio, de ser esta posterior, por el primer año de servicios prestados. • 40 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de retiro efectivo del servicio, de ser esta posterior, por cada año adicional de prestación del servicio. Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Radicado: 11001-03-25-000-2015-00348-00 (0702-2015) • 31.23 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de retiro efectivo del servicio, de ser esta posterior, por la proporción respecto del último año de prestación de sus servicios, o la fracción que resulte en caso tal de que la fecha de retiro sea posterior al 31 de julio de 2014. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la fórmula que se transcribe a continuación: R= Rh x índice final Índice inicial En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2015-00348-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2015-00348-00 (0702-2015)
Demandante: Jhon Ffrey Moreno Arias
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Prescripción de la acción disciplinaria.
Causales de nulidad del acto administrativo. Restablecimiento
del derecho. CONCEDE PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jhon Ffrey Moreno Arias en
contra de la Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

1. El señor Jhon Ffrey Moreno Arias instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con
el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la decisión de primera instancia expedida el 12
de diciembre de 2012 por la Viceprocuraduría General de la Nación, en el proceso
disciplinario IUC-002-172011-2008, mediante la cual se impuso la sanción de
destitución e inhabilidad por el término de doce (12) años en su condición de
dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); y la nulidad
de la decisión expedida en segunda instancia por la Procuraduría General de la
Nación el 23 de abril de 2014, que confirmó la sanción impuesta.

3. Que se declare la existencia del acto ficto negativo adoptado en relación con
la solicitud de prescripción de la investigación disciplinaria y la subsiguiente nulidad
de dicho acto administrativo.

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4. Que se condene a la demandada a declarar que la investigación disciplinaria
prescribió el 3 de enero de 2013 y, en consecuencia, se ordene el reintegro con el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que debió devengar,
desde la fecha de ejecución de la decisión hasta el reintegro efectivo.

5. De manera subsidiaria, solicitó que se declare la prescripción de la
investigación disciplinaria, con los mismos efectos descritos o que se califique la
presunta falta disciplinaria acuerdo con la conducta efectivamente ejecutada, según
los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002.

6. Que se ordene el pago de las sumas a las cuales sea condenada dentro de
los términos consagrados en el artículo 192 del Código Contencioso Administrativo
y al pago de costas y agencias en derecho.

HECHOS

7. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

8. Que, por instrucción del comandante del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, el 3 de enero de 2008 se
llevó a cabo un procedimiento de seguridad para la torre 3 de dicho establecimiento,
debido a diferentes actos de indisciplina.

9. Que en su calidad de dragoneante se le asignó en el mencionado
procedimiento el manejo de un detector de metales (Garret) para requisar a los
internos, debiéndose ubicar, para el efecto, en la planta baja de la edificación.

10. Que en desarrollo del procedimiento de seguridad se encontró un arma
blanca de fabricación carcelaria, lo que dio lugar a la protesta e inminente agresión
de varios internos al suboficial que encontró el elemento, situación que derivó en un
motín, para cuya disuasión se emplearon gases lacrimógenos, escudos, bastones
de mando y demás elementos propios de la dotación del personal del INPEC,
resultando algunos internos con contusiones y laceraciones.

11. Que, por lo anterior, se iniciaron investigaciones disciplinarias y,
posteriormente, se designó a la Viceprocuraduría General de la Nación para que
avocara conocimiento y continuara su trámite.

12. Que el 30 de diciembre de 2009 se le formuló pliego de cargos, junto con
varios funcionarios del INPEC, por la falta contenida en el artículo 48 numeral 1 de
la Ley 734 de 2002, llenando el tipo en blanco con los delitos consagrados en la Ley
599 de 2000 de lesiones personales y abuso de autoridad.

13. Que, agotadas las etapas subsiguientes, el 12 de diciembre de 2012 fue
sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años; decisión
notificada por edicto desfijado el 2 de enero de 2013. El recurso fue resuelto en
decisión de segunda instancia del 23 de abril de 2014, notificada el 5 de agosto del
mismo año.

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14. Que, en todo caso, para cuando quedó ejecutoriada la decisión de primera
instancia ya había operado la prescripción de la investigación disciplinaria, la cual
se concretó el 3 de enero de 2013.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

15. Que el acto acusado quebrantó el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13,
25, 29, 33, 48, 53, 58, 93, 122 y 129 de la Constitución Política; los artículos II y XVII
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; el
artículo 3 del Protocolo Adicional de San Salvador a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 7, 11-1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; los artículos 6, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 30, 90-1-parágrafo,
92-4, 94, 128, 129, 130, 132, 135, 140, 141, 142, 170 numerales 3-4-6 de la Ley
734 de 2002.

16. Artículo 50 de la Ley 1474 de 2011; artículos 232, 234 a 239, 242, 266, 269,
276, 277 y 280 de la Ley 600 de 2000; Sentencias de la Corte Constitucional C-634
de 2011, C-948 de 2002, C-155 de 2002, C-242 de 2010; C-537 de 2006, C-315 de
2012; Sentencias de la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal Exp.
28432 del 5 de diciembre de 2007 y Exp. 12820 del 18 de febrero de 2000.

17. Considera que los actos están viciados por falsa motivación, por indebida
valoración, falta de valoración y calificación de la prueba, porque la demandada tuvo
como determinantes hechos que fueron mal analizados y dio por ciertas situaciones
que no sucedieron, apoyada en pruebas testimoniales que resultaban
contradictorias con los demás medios de prueba y que no daban cuenta de su
responsabilidad en las presuntas lesiones causadas a los internos del
establecimiento penitenciario y carcelario.

18. Que las decisiones disciplinarias incurrieron en violación de una norma
superior, por falta de aplicación y aplicación indebida de la normativa en que debía
fundarse, porque la demandada no se pronunció en relación con sus alegatos de
conclusión y tampoco satisfizo las exigencias legales para imponer una sanción -
certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado-, pues,
aunque se logró determinar que algunos internos del establecimiento penitenciario
y carcelario resultaron lesionados, de allí no se derivó que se probara que fue el
autor de dichas lesiones, derivando ello en la imputación de responsabilidad
objetiva, la cual se encuentra proscrita por la ley disciplinaria.

19. Que, además, las decisiones sancionatorias se profirieron sin competencia
temporal, pues conforme a la ley disciplinaria la acción prescribe a los 5 años,
contados a partir del día de consumación para las que son de carácter instantáneo;
y para las de carácter permanente o continuado desde el día de ejecución del último
acto. En su caso, los hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria ocurrieron
el 3 de enero de 2008, de lo cual se sigue que la competencia temporal se extendía
hasta el 3 de enero de 2013.

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20. Que se incurrió en ilegalidad sustantiva por desproporcionalidad de la
sanción, porque no se acreditó una sola lesión grave o gravísima o secuelas
irreversibles a los internos del establecimiento penitenciario, sumado a que no se
acreditó la conducta que se le endilgó, lo que deriva en una violación del principio
de proporcionalidad al imponérsele la más alta sanción que consagra el
ordenamiento para un servidor público. Que, por esa vía, y de manera residual, las
decisiones atacadas lesionaron el principio de legalidad en virtud de las
interpretaciones restrictivas que realizó el operador disciplinario.

ACTUACIONES PROCESALES

21. Mediante auto del 27 de junio de 2016 se admitió la demanda en relación con
las decisiones disciplinarias del 12 de diciembre de 2012 y 23 de abril de 2014 y se
rechazó en relación con la declaratoria de nulidad del acto ficto configurado por la
falta de respuesta a la solicitud del 12 de marzo de 20131.

22. Se notificó a la entidad demandada, quien expresó que el procedimiento
disciplinario se adelantó de conformidad con la normativa pertinente y que se realizó
una valoración probatoria integral y con respeto por el debido proceso y su derecho
de defensa, realizando una adecuada individualización de la conducta objeto de
reproche; actuación que culminó con la imposición de una sanción proporcional y
razonable.

23. Que además de las pruebas testimoniales, fueron tenidas en cuenta las
visitas realizadas al establecimiento penitenciario y carcelario, por lo que algunas
inconsistencias en los relatos de los privados de la libertad no llevan a considerar el
testimonio como ilegal.

24. Que fueron tenidas en cuenta todas las circunstancias que influyeron en la
conducta disciplinable y que, justo por ello, se determinó que los funcionarios del
INPEC implicados se excedieron en el uso de la fuerza. Que se logró constatar que
los internos no se encontraban armados, teniendo en cuenta que, justamente, el
origen de lo acontecido fue la incautación de armas hechizas que tenían en su
poder.

25. Que no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria, porque el
término del que dispone el operador para ejercer la potestad sancionadora de esta
naturaleza se interrumpe con la expedición y notificación de la decisión de primera
instancia, lo cual ocurrió el 2 de enero de 2013, fecha en que fue desfijado el edicto
mediante el cual se notificó la decisión del 12 de diciembre de 2012.

26. Que al actor le corresponde demostrar que los actos demandados incurrieron
en las causales de nulidad alegadas y que no cumplió con esta carga ni con la de
probar los perjuicios causados.

27. Por auto del 13 de julio de 2022 se determinó que se daría el trámite de
sentencia anticipada, se incorporaron las pruebas documentales aportadas con la

1 Véanse folios 349 a 352 del cuaderno principal.

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demanda y la contestación, se fijó el litigio y se requirió a la demandada para que
aportara los antecedentes administrativos. En providencia del 4 de mayo de 2023
se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para la presentación
por escrito de sus alegatos de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. El demandante2 realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el medio
de control. Reiteró los motivos de reproche de los actos demandados. Enfatizó en
la valoración probatoria que realizó el operador disciplinario y en las falencias en la
formulación del cargo por el cual posteriormente fue sancionado. Se refirió a la
jurisprudencia en materia de control de legalidad integral de los actos
administrativos que se expiden y a los principios de la actuación disciplinaria, a la
proporcionalidad y a la ilicitud sustancial.

29. Que los actos demandados adolecen de un pronunciamiento concreto sobre
los elementos de la responsabilidad disciplinaria en punto a su caso, pues, por un
lado, ninguno de los declarantes se refirió a él como el autor de las lesiones o
maltratos y, del otro, se indicó que la situación que dio origen al motín carcelario fue
de autoría de su superior funcional, de modo que no podría él responder por dicha
conducta, sino por lo que de manera dolosa o culposa se le hubiere probado.

30. La demandada3 insistió en que en la expedición de los actos acusados no
se incurrió en falsa motivación por indebida valoración de la prueba, pues los
testimonios rendidos se analizaron de manera integral y a ellos y a sus coincidencias
se les sumaron las diversas visitas especiales que se realizaron al establecimiento
penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, de lo cual se
pudo acreditar la realización de conductas constitutivas de los punibles de abuso de
poder y lesiones personales sobre los internos el 3 de enero de 2008.

31. Que los alegatos de conclusión del actor sí fueron tenidos en cuenta al
proferir la decisión sancionatoria; tanto así que de ello derivó la exclusión de
testimonios recaudados que incurrían en sendas imprecisiones.

32. Que no es cierto que no se pueda incurrir en el punible de lesiones
personales y abuso de autoridad de manera simultánea, pues su tipificación se
relaciona con bienes jurídicos distintos y que para imputar responsabilidad
disciplinaria por el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 basta la
realización objetiva de la conducta, pues el análisis de la culpabilidad y la
antijuridicidad son los de la ley disciplinaria, no los de la ley penal.

33. Que la acción disciplinaria no había prescrito, pues el término consagrado en
el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, antes de la modificación introducida por la Ley
1474 de 2011, se interrumpía con la expedición y notificación de la decisión de
primera instancia, según consolidada jurisprudencia del Consejo de Estado.

2 Índices 00055 y 00056 de SAMAI.
3 Índice 00054 de SAMAI.

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34. Que sí hubo correspondencia entre la conducta endilgada y la sanción
impuesta, siguiendo los lineamientos de la Ley 734 de 2022, pues los artículos 44
numeral 1 y 46 disponen el tipo de sanción que para cada falta procede y, en el caso
del demandante, por tratarse de una falta gravísima dolosa, se debía imponer la
sanción de destitución e inhabilidad general, tasada según los criterios del artículo
47 de la misma ley, en especial, de los literales g), h), i).

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

35. La Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto
solicitando negar las pretensiones, por considerar que la actuación disciplinaria se
desarrolló atendiendo a los aspectos formales y sustanciales y que fueron
satisfechos los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en los actos
administrativos acusados, de tal forma que la conducta que desplegó el demandante
fue debidamente analizada en el pliego de cargos y se encuentra tipificada en las
disposiciones citadas como normas infringidas, que corresponden a las
denominadas faltas gravísimas.

36. Que la conducta disciplinable ocurrió el 3 de enero de 2008, por lo que el fallo
disciplinario de primera instancia fue expedido y notificado antes de que operara la
prescripción de la acción. Así, concluyó que al demandante no le asiste razón en
relación con los reparos formulados4.

37. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

38. La Sala deberá determinar si los actos demandados incurrieron en algún vicio
que los haga susceptibles de ser declarados nulos. Para ello, se analizará el marco
normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria, luego de lo cual, en el
caso concreto, se estudiará la prescripción de la acción disciplinaria y la violación
de norma superior, la falsa motivación y la violación del debido proceso por
desconocimiento de los derechos de audiencia y de defensa, como causales de
nulidad del acto administrativo.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

39. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

40. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido

4 Índice 00053 de SAMAI.

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pacífica la posición de la jurisprudencia respecto del alcance del control
jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

41. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias5.

42. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»6.

43. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral», por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»7, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.

5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
6 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-

2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

44. Teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad administrativa
disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio integral de los
actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro del marco
planteado en la sentencia previamente comentada.

Caso concreto

De la prescripción de la acción disciplinaria

45. La prescripción de la acción constituye un instituto jurídico liberador, en virtud
del cual, por el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en
ejercicio de su potestad disciplinaria, a imponer una sanción8.

46. Respecto de su configuración, la Ley 200 de 1995, disponía en su artículo 34
lo siguiente:

«Términos de la prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria
prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará
a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde
la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.

Parágrafo 1o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>9

Parágrafo 2o. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término
de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Estos términos prescriptivos se aplicarán a la acción disciplinaria originada en
conductas realizadas por los miembros de la fuerza pública».

47. En vigencia de esta disposición, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2002, Exp. 17.112, precisó que
como el legislador no había señalado cuál era el acto que imponía la sanción e
interrumpía el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se
consideraba impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión
disciplinaria y, si contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se
expidiera la decisión disciplinaria que los resolviera10.

8 Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se

examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.
9 Sentencia C-244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz: «Es que si el Estado no ejercita su potestad disciplinaria

dentro del término quinquenal señalado por el legislador, no puede después, invocando su propia ineficacia,
desinterés o negligencia, ampliar dicho lapso prescriptivo sin violar el derecho del infractor, de exigir una pronta
definición de su conducta. Es que la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente abierta, hasta
cuando la autoriad (sic) respectiva la quiera ejercer, de ahí que el legislador haya establecido un límite en el
tiempo -5 años-».
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de mayo de 2002, Exp.

76001233100019972204601 (17112). C.P., Jesús María Lemos Bustamante.

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48. En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión dentro de los
5 años desde la comisión de la falta o desde la realización del último acto, de
acuerdo con lo previsto en la ley.

49. Contra esa providencia, la Procuraduría General de la Nación presentó
recurso extraordinario de súplica, el cual fue conocido por la Sala Plena Contenciosa
Administrativa de esta Corporación que, en sentencia de unificación del 29 de
septiembre de 200911, revocó la decisión y acogió la tesis según la cual en
tratándose «(…) de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa»12 (negrillas de la Sala).

50. La anterior sentencia fue objeto de acción de tutela en la que, por sentencia
del 17 de abril de 2013, se controvirtió la tesis propuesta por la Sala Plena de la
Corporación, al considerar que:

«(…) no es válida la postura de la decisión judicial sometida a tutela pues al
declarar que la sanción queda impuesta con la notificación del acto
administrativo principal, olvida que es a partir de ese momento cuando se inicial
el plazo de ejecutoria, dentro del cual cabe la interposición de los recursos de
ley. En este orden, indicó la Sala de Conjueces, tener como impuesto este acto
primigenio al disciplinado, aún antes de su ejecutoria, constituye vía de hecho
que conculca su derecho al debido proceso, al desconocer su precariedad,
ineficacia e inoponibilidad debida a su condición de recurrible»13.

51. Con base en la anterior argumentación, se revocó la posición jurisprudencial
del 2009 y se retornó a lo establecido previamente, es decir, que la acción
disciplinaria no estaría prescrita si se resolvieron los recursos interpuestos y se
notificó la providencia de segunda instancia dentro del término establecido
legalmente, que para entonces era de 5 años.

52. Luego, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver las impugnaciones
interpuestas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión del 17 de
abril de 2013, al determinar que los fallos de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas, intangibles,
inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela, concluyendo
que dichas características de las providencias que profiera la Sala Plena, impiden,
por parte del juez de tutela, cualquier pronunciamiento de fondo14. Por consiguiente,
al haberse revocado la sentencia del 2013, la tesis vigente se corresponde con la
adoptada en el 2009 por la Sala Plena de esta Corporación.

53. Entre tanto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único,

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Exp. 11001031500020030044201. C.P. Susana Buitrago Valencia.
12 Ibid.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del 17 de abril de 2013.

Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez.
14 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-

03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

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reprodujo parcialmente el contenido del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en el
siguiente sentido (se cita la disposición sin las modificaciones introducidas por la
Ley 1474 de 2011):

«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo
55 de este código15.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique».

54. En vigencia de dicha norma, esta Corporación «(…) ha aplicado y reiterado
la posición de la Sala Plena contenida en la sentencia de unificación precitada de
acuerdo con la cual dentro del término de los 5 años a que se refiere el artículo
transcrito, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar
el acto principal, esto es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe
el término de prescripción»16 (negrillas en el texto original).

55. En este punto, se aclara que el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó
el artículo 30 de la Ley 734 de 200217; pero, atendiendo a la fecha de ocurrencia de
los hechos que se estudian, la norma aplicable al caso es la contenida,
originariamente, en el artículo 30 ya comentado, toda vez que los hechos que dieron
origen a la investigación disciplinaria ocurrieron el 3 de enero de 2008.

56. Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria
depende de si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la
Corte Constitucional, en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias, ha
precisado lo siguiente:

«(…) 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: (…) iii) Instantáneas cuando la realización del

15
Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 19001-23-

33-000-2014-00098-01- (4891-2016). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 «Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. <Artículo modificado por el artículo 132 de

la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5)
años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado
el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción
disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas».

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comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”18.

Igualmente, el ente de control ha manifestado que «la conducta se puede agotar
con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”19»20 (subrayado de la Sala).

57. Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del
deber funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas
disciplinarias continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación
al deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad
generadora de dicha infracción21.

58. De ese modo, el acervo probatorio permite establecer la siguiente línea
temporal:

• El 3 de enero de 2008, en medio de un procedimiento de requisa y control
adelantado por servidores pertenecientes al INPEC en el establecimiento
penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de
Valledupar, ocurrió un motín que dio lugar, presuntamente, a que el personal del
INPEC incurriera en uso excesivo de la fuerza y varias personas privadas de la
libertad resultaron lesionadas.

• Por ello, el 422 y 11 de enero de 200823 se ordenó la apertura de una indagación
preliminar, por parte de la oficina de control único disciplinario del INPEC y el 15
de febrero de 2008 se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria 24.
Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación, mediante auto del 5 de
marzo de 2008 ejerció poder preferente y asignó el conocimiento de la actuación
a la Procuraduría Delgada para la Defensa de los Derechos Humanos25 y, luego,
por la importancia del caso investigado, en providencia del 19 de mayo de 2008
se designó como “funcionario especial” de primera instancia al Viceprocurador
General de la Nación26, quien avocó conocimiento el 16 de julio de 200827.

• El 30 de diciembre de 2009 se formuló el cargo y, la falta en que se incurrió fue

18 Procuraduría General de la Nación, Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa; fallo del 20 de abril de 2007 Radicación Nº: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio del Departamento de Guainía.
Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003;
Asunto: Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera instancia. (Artículo 171
de la ley 734 de 2002).
19
Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. Bogotá, D.C.,
17 de Julio de 2006 respuesta a consulta PAD C-214-06.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 19001-23-33-

000-2015-00449-01- (3965-2018). C.P. William Hernández Gómez.
22 Véanse páginas 197-198 del archivo 52 del expediente digital.
23 Véase folio 3 del archivo 52 del expediente digital. También por la Procuraduría Regional del Cesar. Véanse

folios 49-50 del archivo 55 del expediente digital.
24 Véanse folios 54 a 61 del archivo 53 del expediente digital.
25 Véanse folios 155-156 del archivo 55 del expediente digital.
26 Véase folio 175 del archivo 55 del expediente digital.
27 Véase folio 177 del archivo 55 del expediente digital.

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calificada provisionalmente como gravísima, con fundamento en el artículo 48
numeral 1 de la Ley 734 de 2002, ejecutada a título de dolo.

• Practicadas las pruebas y recibidos los alegatos de conclusión, por auto del 12
de diciembre de 2012 se profirió decisión disciplinaria de primera instancia, que
impuso al actor la sanción ya señalada en esta providencia28. Este auto se
notificó a varios disciplinados de manera personal y, finalmente, por edicto
desfijado el 2 de enero de 201329.

59. Con base en la anterior información, no prospera este cargo -que, además,
se formuló al señalar que los actos se profirieron sin competencia temporal-, porque
de los hechos y las normas aplicables al caso se desprende que se trató de una
falta instantánea que se configuró el 3 de enero de 2008 ─fecha que también es
propuesta en el escrito de la demanda─ y, por ello, la prescripción de la acción
disciplinaria se materializaría el 3 de enero de 2013, fecha para la cual ya se había
notificado la decisión disciplinaria de única instancia, lo cual ocurrió de manera
definitiva el 2 de enero de 2013, cuando fue desfijado el edicto.

60. Esto, sin tener en cuenta que el actor, por intermedio de apoderado, radicó
recurso de apelación el 21 de diciembre de 201230, por lo cual, y al no encontrarse
diligencia de notificación personal suya o de su apoderado, se concluye que en los
términos del artículo 108 de la Ley 734 de 200231, se notificó por conducta
concluyente.

61. Si bien al demandante le es aplicable la Ley 734 de 2002 sin la modificación
que introdujo la Ley 1474 de 2011, en gracia de discusión, si se aceptare la
aplicación de esta última ley a partir del principio de favorabilidad, tampoco habría
lugar a declarar la prescripción, por cuanto el auto de apertura de la investigación
disciplinaria fue proferido el 15 de febrero de 2008, por lo que, en principio, el
operador disciplinario habría tenido hasta el 15 de febrero de 2013 para emitir un
pronunciamiento de fondo dentro de la investigación, so pena de prescribir la acción
disciplinaria; y, como se indicó, para esa fecha ya se había proferido y notificado la
decisión de primera instancia.

De las causales de nulidad del acto administrativo

62. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego,
parte del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,

28 Véanse folios 2 a 256 del archivo 70 del expediente digital. El análisis respecto del actor en folios 198 a 220

del mismo índice.
29 Véanse folios 142 a 144 del archivo 71 del expediente digital.
30 Véanse folios 14 a 52 del archivo 71 del expediente digital.
31 Ley 734 de 2002. «Artículo 108. Notificación por conducta concluyente. Cuando no se hubiere realizado la

notificación personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se
entiende cumplida, para todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actúa en diligencias
posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos
verbales posteriores» (negrillas y subrayas fuera del original).

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la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

63. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13732 y 13833 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

64. De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas, a saber:
la infracción de las normas en que debe fundarse, la falsa motivación y la violación
del debido proceso, por desconocimiento de los derechos de audiencia y de
defensa.

• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse

65. Esta causal de nulidad, también denominada nulidad por violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para
sustentar el acto, se relaciona con los elementos que, en términos generales, debe
validarse en un acto administrativo frente a cada elemento que lo compone: las
reglas de competencia, de procedimiento, los componentes de la motivación y el
debido proceso, concretado en el derecho de audiencia y de defensa34.

66. En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
Corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.

67. Lo primero, es decir, la falta de aplicación puede suceder porque la
autoridad administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla,
no la aplique a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es
aplicable al asunto que examina.

68. La aplicación indebida puede configurase cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver el asunto objeto de decisión; lo
que a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.

69. En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando

32 Del medio de control de nulidad.
33 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
34 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.

Exp. 52001-23-33-000-2015-00045-01 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.

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las disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se
debe decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa
interpretación, las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a
una disposición un sentido o alcance que no le corresponde35.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

70. Esta causal de nulidad tiene lugar cuando las razones que se plasman en
la fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica
o jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
guarda estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control
de los hechos determinantes de la decisión administrativa36.

71. En esa misma línea, se ha precisado que para la prosperidad de la
pretensión de nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia
de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»37.

72. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente38.

• Nulidad del acto administrativo por violación del debido proceso:
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa

73. Bajo esta causal de nulidad se examinan elementos formales y sustanciales
en la formación del acto administrativo que repercuten en el derecho al debido
proceso consagrado en el artículo 29 constitucional. Su respeto implica la
concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones
injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir
pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y

35 Cfr. Ibíd. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Exp. 25000-23-

27-000-2004-92271-02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
36 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Exp. 11001-03-27-000-2018-00006-

00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
37 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Exp. 52001-23-

33-000-2015-00155-01 (3093-2016). C.P. William Hernández Gómez.
38 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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(vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas39.

74. La causal de nulidad deviene así del desconocimiento de estos elementos y
se concreta en las actuaciones de la autoridad administrativa en las que se advierta
que al interesado se le impidió ser parte de aquellas decisiones que lo afecten o
que, de haber participado, sus intervenciones no fueron valoradas o no se les
impartió el trámite procedente.

En el caso concreto, se advierte lo siguiente:

75. Como ya se expuso, el reproche disciplinario se derivó de las actuaciones de
varios servidores del INPEC, con ocasión de los hechos ocurridos el 3 de enero de
2008 en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario
con Alta Seguridad de Valledupar. A partir de allí, el operador disciplinario obtuvo
los soportes de los funcionarios que participaron en el procedimiento y, con esta
información, adelantó las diferentes actuaciones y profirió las decisiones
sancionatorias.

76. No obstante, un examen detallado del contenido de los actos acusados en
relación con el señor Jhon Ffrey Moreno Arias, lleva a esta Sala de Subsección a
concluir que existe divergencia entre los elementos fácticos y jurídicos de su
motivación, porque se tuvieron como determinantes hechos que no se probaron
debidamente y, por el contrario, no fueron tenidos en cuenta otros que habrían
conducido a una decisión sustancialmente diferente, lo que según se ha advertido
en esta providencia, implica que los actos se encuentran falsamente motivados.

77. En la decisión del 12 de diciembre de 2012 la Viceprocuraduría General de
la Nación concluyó que se encontraba demostrada la responsabilidad disciplinaria
del actor en su condición de dragoneante del INPEC, fundamentado en diferentes
pruebas testimoniales y documentales40 que, al ser analizadas de manera detallada
por la Sala, no desvirtúan la presunción de inocencia, que constituye principio rector
del procedimiento disciplinario en los términos del artículo 9 de la Ley 734 de 2002.

78. Esto, pues:

• Se valoró la declaración rendida bajo la gravedad de juramento del señor
Orlando Pusey Bent el 16 de enero de 2008, quien, en su calidad de interno del
pabellón donde ocurrieron los hechos, relató que el 3 de enero de ese año recibió
agresiones por parte de varios dragoneantes del INPEC, refiriendo que «(…) el
cabo PORTELA alcanzó a darme a mí con un bolillo en la ceja derecha y me
abrió y el Dragoneante ACUÑA me dio como dos palazos en la pierna derecha
(…) y el Dragoneante MORENO me dio otros palazos en el brazo izquierdo»41.

• A ello fueron sumadas las valoraciones que el Instituto Nacional de Medicina

39 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
40 Véase folio 121 del cuaderno principal.
41 Véase folio 36 del archivo 52 del expediente digital.

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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00348-00 (0702-2015)

Legal realizó a las personas privadas de la libertad que resultaron lesionadas;
pero, al detenerse en la que correspondió al declarante, no se advierte la
descripción de la lesión que dijo sufrir por parte del actor, pese a que entre su
ocurrencia y la valoración habían transcurrido 7 días42.

• Al analizar la participación del actor en los hechos disciplinables, también se
valoró la versión libre que el señor Pusey Bent rindió el 25 de febrero de 2007
con ocasión del procedimiento que, derivado del mismo operativo, fue iniciado
por el INPEC en contra de varios privados de la libertad. En esa ocasión, el
versionista relató que «(…) el Dg MORENO me dió (sic) unos palazos en el pie
derecho y me causo (sic) una herida de dos puntos, el Dg ROJAS CUBILLOS
me dio unos garrotes en la espalda, el Dg ACUÑA me dio unos garrotes en la
mano izquierda (…)», lo que no guarda coherencia ni con su primer relato, ni con
lo consignado en la valoración realizada por Medicina Legal; a lo que se suma
que en el acta de la diligencia se dejó constancia de que, para este relato, el
señor Pusey Bent realizó la lectura de un documento43.

• El 30 de mayo de 2012 el señor Pusey Bent amplió su declaración juramentada.
En esta oportunidad indicó: «(…) cogieron los Dragoneantes John Ffrey Moreno
Arias y Amado Castilla y me dieron por la cara partiéndome la ceja derecha y
por la mano tratando de tumbarme del tercer piso a donde me había subido y
me dieron palo por todo el cuerpo»44; lo que, además de no seguir los relatos
previos, tendría que haber llamado la atención del operador disciplinario, porque
en esta oportunidad se relacionó como autor de las lesiones al señor Amado
Castillo, quien, como se acreditó en visita especial del 14 de mayo de 2012, no
participó en el procedimiento del 3 de enero de 2008, por encontrarse
adelantando otras tareas45.

Sumado a ello, es necesario detenerse en la pregunta que se formuló al
declarante: «PREGUNTADO: Diga usted si fue agredido el día de los hechos por
los Dragoneantes Jhon Ffrey Moreno Arias y/o por el Dragoneante Amado
Castilla (sic) (…)»46, lo que, de entrada, estaba generando un condicionamiento
en la respuesta del señor Pusey Bent, habida cuenta, además, del lapso
transcurrido entre los hechos, la primera y la segunda declaración.

79. En la decisión de primera instancia no fueron tenidas en cuenta las
declaraciones que rindieron los señores Luis Alberto Barragán y John Jairo Rojas,
porque ambos señalaron como autor de las lesiones sufridas al dragoneante Amado
Castillo. Se concluyó que sus testimonios resultaban incoherentes y no encontraban
respaldo en otras declaraciones u otros medios de prueba, y que «[a]sí como que
equivocaron al señalar a AMADO CASTILLO, como una de las personas que les
maltrató físicamente pueden igualmente equivocarse frente a los otros guardianes
mencionados»47. Exclusión que no se realizó respecto de las declaraciones del

42 Véase folio 177 del archivo 52 del expediente digital.
43 Véase folio 39 del archivo 49 del expediente digital.
44 Véase folio 171 del archivo 66 del expediente digital.
45 Véanse folios 79 a 99 del archivo 36 del expediente digital.
46 Véase folio 171 del archivo 66 del expediente digital.
47 Véase folio 113 (reverso) del cuaderno principal.

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señor Pusey Bent, pese a que los demás medios de prueba tampoco permitían
desvirtuar la presunción de inocencia del actor48.

• También se dio valor probatorio a la versión libre que rindió el señor Ricaurte
Yate Santa el 27 de febrero de 2008, en el marco de la misma actuación
disciplinaria que fue tramitada en contra de los privados de la libertad, quien
señaló «(…) el autor material de las fracturas de mi mano fue el Dg de apellido
PINZON, Cabo PORTELA, Dg MORENO, Cabo de apellido PEÑA y el Dg de
apellido CARRILLO (…)»49; pero, al contrastar este relato con el examen que se
le practicó por parte del Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias
Forenses el 10 de enero de 2008, no se advierte que allí se consignara la referida
fractura.

80. Si bien las versiones que en el marco de su procedimiento disciplinario
rindieron las personas privadas de la libertad podrían haberse empleado con el
propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos, lo cierto es que, examinado el procedimiento, no se advierte
la existencia de una decisión de la autoridad disciplinaria en el sentido de incorporar
dicho expediente a la actuación que se adelantaba en contra del actor y de otros
servidores del INPEC.

81. Por el contrario, numerosas declaraciones recaudadas daban cuenta de otra
perspectiva de ocurrencia de los hechos y estas, más allá de resumirse como
antecedentes en la decisión de primera instancia, no fueron valoradas, ni para
excluirlas ni para restarles peso probatorio. Es el caso, por ejemplo, de los
testimonios de los señores Luis Alfonso Fragoso Guerra50, Dalvis Polo Castro51 y
Pedro Antonio López Soto52, quienes, además, señalaron que i) debían
contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos y ii) el personal del INPEC
usaba máscaras antigás, lo cual imposibilitaba su reconocimiento.

82. Adicionalmente, en acta de la visita efectuada al Establecimiento
Penitenciario de Valledupar el 15 de mayo de 2012, con el objeto de analizar el
material de intendencia utilizado por el señor Moreno Arias el día de los hechos, se
dejó constancia de que el bastón de mando, elemento con el que según los
diferentes testimonios recaudados fueron causadas gran parte de las afectaciones,
era «(…) plástico de mucha contundencia»53.

83. Lo anterior, aplicando las reglas de la experiencia en el análisis probatorio
integral, habría llevado al operador disciplinario, primero, a la exclusión del
testimonio del señor Pusey Bent, pues, además de las inconsistencias de sus tres
intervenciones, en la primera de ellas da cuenta de una lesión causada por el actor
con su bastón de mando y que, por la contundencia del material del mismo, no
podría haber desaparecido dentro de los 7 días que transcurrieron entre ello y la

48 Véase folio 192 del archivo 52 del expediente digital.
49 Véanse folios 61-62 del archivo 49 del expediente digital.
50 Véanse folios 171 a 175 del archivo 62 del expediente digital.
51 Véanse folios 124 a 126 del archivo 64 del expediente digital.
52 Véanse folios 141 a 146 del archivo 67 del expediente digital.
53 Véanse folios 106 a 108 del archivo 36 del expediente digital.

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valoración médica.

84. Así pues, en la actuación disciplinaria se asignó una consecuencia jurídica
derivada de pruebas testimoniales valoradas de manera parcial, mientras que se
dejaron de valorar otras que resultaban determinantes para establecer si se debía
o no sancionar al actor y esta circunstancia implicó la expedición de los actos
administrativos acusados.

85. También se advierte que en la decisión de primera instancia, contrario a lo
expresado por el operador que desató la apelación y a lo dicho por la demandada,
al determinar la responsabilidad disciplinaria del señor Moreno Arias no fueron
tenidos en cuenta los alegatos de conclusión que aportó de manera oportuna, lo
que, según se expuso previamente, implica una lesión a los derechos de audiencia
y defensa, en la medida en que, aunque formalmente se adelantó esta etapa del
procedimiento, esto es, se dio el traslado y se permitió al disciplinable presentar su
escrito, ninguna valoración se derivó de allí.

86. No es cierto, por tanto, que con fundamento en este se excluyeran los
testimonios de los señores Luis Alberto Barragán y John Jairo Rojas, pues, de ser
así, a similar conclusión habría llegado respecto de la declaración del señor Orlando
Pusey Bent o, por lo menos, habría dicho por qué los reproches que entonces
formuló el demandante no eran de recibo en lo que a este testigo correspondía.

87. En la decisión de segunda instancia se indicó que «(…) en el acápite de
consideraciones contenido en el fallo cuestionado, específicamente en el numeral
8.7 se hace el análisis de la responsabilidad con fundamento en el análisis
probatorio que a él se le hizo. Sin embargo, no se enmarcó dentro de un capítulo
especial el análisis de los referidos alegatos»54.

88. Al respecto, si bien la exigencia del numeral 4 del artículo 170 de la Ley 734
de 2002 no se satisface necesariamente denominando «análisis de los cargos,
descargos y alegatos de conclusión» a un acápite de la decisión sancionatoria, en
la medida en que los descargos y los alegatos de conclusión constituyen los
escenarios del procedimiento con que cuenta el investigado para pronunciarse en
relación con las pruebas, las etapas y todo lo que compone la actuación, solo si su
estudio es suficiente, coherente y claro se entienden satisfechos los componentes
del debido proceso.

89. Por el contrario, al examinar el numeral 8.7 de la decisión de primera
instancia, esta Sala encuentra que allí, en apariencia, se consigna el estudio de la
responsabilidad disciplinaria del actor, no obstante, i) se advierte que dicho análisis
es prácticamente el mismo para todos los investigados y ii) no se refiere ni siquiera
de forma tangencial a las intervenciones del señor Moreno Arias en las diferentes
etapas del procedimiento.

90. Para la imposición de la sanción disciplinaria la demandada partió de calificar
la presunta conducta ejecutada por el actor como gravísima dolosa. Para el efecto,

54 Véanse folios 156 a 158 del cuaderno principal.

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se refirió al numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, según el cual constituye
falta disciplinaria gravísima «[r]ealizar objetivamente una descripción típica
consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en
razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del
mismo» y, luego, se determinó que, con sus acciones, el señor Moreno Arias había
incurrido en dos descripciones consagradas en ley penal como delito: las lesiones
personales y el abuso de autoridad.

91. Sobre este punto, a partir del artículo 111 de la Ley 599 de 2000 se regula el
tipo penal de lesiones personales, que tiene como parámetro objetivo causar daño
a otro en el cuerpo o en la salud y se sanciona dependiendo de los efectos de ese
daño (artículos 112 a 121). Por su parte, los artículos 416 y 417 de la misma ley
regulan lo que corresponde al punible de abuso de autoridad, tipo penal que tiene
un sujeto activo calificado – el servidor público – y que parte de un acto arbitrario e
injusto, que se ejecuta con ocasión de las funciones o excediéndose en su ejercicio
o por omisión en la denuncia de una conducta punible.

92. Con esta precisión, la Sala advierte que en la actuación disciplinaria no fueron
analizados los elementos necesarios para determinar que el señor Moreno Arias
había incurrido en tales tipos penales, pues, si bien el artículo 48 numeral 1 exige la
realización típica de una conducta consagrada en la ley como delito sancionable a
título de dolo, los elementos constitutivos de los tipos penales con fundamento en
los cuales se imputó responsabilidad disciplinaria exigían un análisis pormenorizado
de:

• Las víctimas de las lesiones personales, pues el sujeto pasivo de este delito es
el otro que sufre el daño, por lo que no existen las lesiones personales en
abstracto, ni puede derivarse que el actor causó lesiones personales únicamente
por su condición de servidor del INPEC ni por encontrarse en el establecimiento
penitenciario el 3 de enero de 2008.

• Las acciones que con ocasión de sus funciones o extralimitándose en su
ejercicio, ejecutó el señor Moreno Arias o las omisiones en que incurrió, también
en su condición de servidor público, porque dada la naturaleza de la
responsabilidad disciplinaria, en la que según el artículo 13 de la Ley 734 de
2002 se proscribe toda forma de responsabilidad objetiva, era necesario
determinar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el
actor abusó de su autoridad, para, a continuación, precisar si su comportamiento
fue doloso o culposo.

93. En los actos acusados no se advierte ese análisis, de lo cual se sigue que,
de haber existido una conducta disciplinable, no se aplicó de manera debida la
norma disciplinaria que permitía precisar qué conducta se ejecutó y, en
consecuencia, en su adecuación típica hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra. En otras palabras:
se incurrió en desconocimiento de la norma en que debía fundarse la decisión.

94. Acreditado como se encuentra que los actos acusados incurrieron en tres

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causales de nulidad –falsa motivación, violación de los derechos de audiencia y de
defensa y desconocimiento de las normas en que debían fundarse–, se declarará la
nulidad de la decisión de primera instancia expedida el doce (12) de diciembre de
dos mil doce (2012) por la Viceprocuraduría General de la Nación, y de la decisión
expedida en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación veintitrés
(23) de abril de dos mil catorce (2014), que confirmó la sanción anterior, y se
accederá parcialmente la medida de restablecimiento del derecho pretendida, de
conformidad con lo que sigue.

Del restablecimiento del derecho

95. El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, que se refiere al ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dispone:

«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

(…)» (subrayas de la Sala).

96. De acuerdo con lo anterior, una vez el juez encuentra acreditado que un acto
administrativo se expidió con infracción de las normas en que debió fundarse, de
forma irregular, con desconocimiento de los derechos de audiencia y de defensa,
con falsa motivación, sin motivación y/o con desviación del poder –causales que de
conformidad con el inciso segundo del artículo 136 de la ley citada, vician de nulidad
un acto administrativo– y, como consecuencia de ello, declara su nulidad, debe, a
continuación, adoptar las medidas para restablecer el derecho subjetivo lesionado.

97. Restablecer, en un sentido amplio, significa «[v]olver a establecer algo o
ponerlo en el estado que antes tenía»55. De manera que, una primera forma de
restablecimiento, siguiendo el citado artículo 137, implica llevar al afectado con el
acto declarado nulo a la situación en la que se encontraría si este no se hubiese
expedido.

98. Adicionalmente, la disposición referida permite acudir a una reparación
pecuniaria o por equivalente, que se refiere al pago de una indemnización para
resarcir la lesión causada por el acto declarado nulo, asociada a la posibilidad que
tiene el administrado de «(…) solicitar que se le repare el daño».

99. Llevado al escenario en el cual el medio de control versa sobre actos
administrativos que, por diferentes causas, producen el retiro del servicio, se tiene
que en el destinatario del acto confluyen dos situaciones: la primera, la imposibilidad
de continuar ejerciendo el cargo; la segunda, la afectación a su patrimonio, derivada
del salario que deja de percibir.

55Diccionario de la Lengua Española. Visto en: https://dle.rae.es/restablecer?m=form. Fecha de consulta:
08/07/2024.

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100. La autoridad judicial suele enmarcar las órdenes que imparte al declarar nulo
un acto en el restablecimiento del derecho, entendido como la forma de llevar al
afectado a la situación original, y, para ello, ordena su reintegro al cargo y dispone
el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir.

101. No obstante, en una orden de tales características solo uno de sus
componentes es restablecimiento del derecho: el reintegro al cargo. El otro –el pago
de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos– comparte naturaleza con
las medidas indemnizatorias. Adicionalmente, como se verá en lo que sigue, hay
ocasiones en las que, no obstante la nulidad de los actos que retiraron del cargo a
un servidor público, no es posible restablecer el derecho, por lo que las órdenes que
el juez imparte tienen por cometido la indemnización de los perjuicios que se
generaron, bajo los parámetros de reparación integral del daño de que trata el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

1. Sobre el reintegro al cargo. Imposibilidad de restablecimiento del derecho
y procedencia de la indemnización por equivalente

102. Como medida para restablecer el derecho in natura en los eventos en que es
declarado nulo un acto de retiro del servicio, la regla general es ordenar el reintegro
al cargo que se venía desempeñando o a uno de iguales o mejores condiciones,
siempre y cuanto el demandante acredite los requisitos para ser nombrado, el cargo
aún exista en la planta de la entidad, no se encuentre ocupado por otro servidor con
derechos de carrera o respecto el beneficiario de la orden no se configure otra otra
causal de retiro del servicio56.

103. En el caso concreto, se encuentra acreditado que, a la fecha de retiro de la
entidad, el señor Jhon Ffrey Moreno Arias desempeñaba el cargo de Dragoneante
Código 41145 Grado 1157 dentro de la planta de personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC, lo que significa que tenía derechos de carrera58
y que, en principio, lo procedente sería que se ordenara su reintegro como medida
in natura para devolver las cosas al estado en que se encontraban previa expedición
de los actos declarados nulos.

104. No obstante, la Sala encuentra que la decisión de retirar del servicio al
demandante no provino del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
quien era la entidad nominadora, pues fue la Procuraduría General de la Nación la
que, en ejercicio del poder disciplinario preferente59, adelantó la investigación

56 Inicialmente, se ordenaba el reintegro a un empleo de igual o superior jerarquía, en las condiciones laborales

que le resultaran aplicables al servidor ilegalmente desvinculado (Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 1998. Exp. 12875. C.P. Clara Forero de Castro; Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 9 de agosto de 2007. Exp. 54001-23-31-000-2001-00338-01
(1282-2005). C.P. Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 29 de enero de 2008. Exp. 76001-23-31-000-2000-02046-02(IJ). C.P. Jesús María Lemos Bustamante).
Luego, vía jurisprudencia de la Corte Constitucional, se incluyó la necesidad de condicionar la orden de reintegro
a la verificación de las condiciones para ocupar el cargo, esto es: la existencia del cargo, el cumplimiento de
requisitos para acceder al mismo, la no configuración de otras causales de retiro del servicio (Cfr. Corte
Constitucional en la línea de providencias que se citan en el siguiente aparte).
57 Según el manual de funciones visible a folios 25 a 28 del archivo 56 del expediente digital.
58 Véase folio 91 del archivo 53 del expediente digital.
59 Auto del 5 de marzo de 2008 (véanse páginas 155-156 del archivo 55 del expediente digital).

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disciplinaria y sancionó al señor Moreno Arias.

105. En casos similares, esta Corporación ha admitido que la demanda se dirija
en contra de la entidad nominadora60 y de la autoridad disciplinaria e, inclusive, a la
primera le ha impartido la orden de reintegrar al servidor61, pese a que su actuación,
como ocurre en este caso, se hubiere limitado a expedir el acto que hace efectiva
la sanción de destitución y a pesar de la sólida línea jurisprudencial en relación con
la imposibilidad de controlar la legalidad del acto de ejecución en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho62.

• En la providencia del 12 de mayo de 2014 se resolvió el recurso de apelación
que interpuso la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (entidad
nominadora) en contra de la sentencia que le ordenó reintegrar al demandante
y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. En esta
oportunidad, la inconformidad de la entidad residió en que su actuación se limitó
a ejecutar una decisión de la Procuraduría General de la Nación (autoridad que
impuso la sanción) que habría destituido e inhabilitado al demandante. En ese
caso, en principio se había ejecutado un acto de primera instancia en contra del
cual no se interpuso recurso de apelación. Luego, vía acción de tutela, se ordenó
a la Procuraduría la notificación de dicho acto. El interesado apeló la decisión
disciplinaria y, finalmente, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría declaró la
nulidad del proceso disciplinario.

El Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las pretensiones, tras
considerar que si el acto que impuso la sanción desapareció del mundo jurídico,
la misma suerte corría el acto expedido por la Aeronáutica Civil. Esta decisión
fue confirmada por el Consejo de Estado, quien, en punto a la legitimación en la
causa de la entidad, manifestó:

«De lo anterior se colige, que a pesar de que la orden de destitución del actor
en el cargo de Controlador del Tránsito Aéreo fue proferida por la Procuraduría

60 En sentencia del 19 de febrero de 2015, que resolvió una demanda formulada en contra de la Procuraduría

General de la Nación (autoridad disciplinaria) y del Hospital de Chapinero (entidad nominadora), se declaró la
no prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el segundo,
considerando: «[e]n lo que respecta a la excepción propuesta por el Hospital de Chapinero, consistente en la
falta de legitimación por pasiva, fundamentada en que no fue la entidad la que impuso la sanción en razón a
que sólo se limitó a proferir el acto de ejecución, para la Sala es claro que dicho medio exceptivo no está llamado
a prosperar, en consideración a que de prosperar las pretensiones de la demanda, aunque estaría relevada de
pagar indemnización económica, estaría en la obligación de efectuar el correspondiente reintegro». Cfr. Consejo
de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-25-000-2010-
00002-00 (0041-2010). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
61 25-000-2010-00002-00 (0041-2010). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
61 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 08001-

23-31-000-2000-02331-01 (0360-2009). C.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2011-00391-00 (1483-2011).
62
«El Consejo de Estado ha manifestado con relación a los actos administrativos de ejecución, que se limitan
a dar cumplimiento a una decisión, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes
a las del acto ejecutado. De acuerdo con lo anterior, únicamente las decisiones de la Administración producto
de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de esa
actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo;
dicho de otra manera, significa que los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se
encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una
actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones». Cfr. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Exp. 17001-23-33-000-2016-00553-01 (0600-2018).
C.P. César Palomino Cortés. En ese mismo sentido, Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 5 de junio de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00015-00 (0044-2011). C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.

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General de la Nación, le corresponde al nominador (Unidad Administrativa
Especial Aeronáutica Civil) reintegrarlo a dicho cargo o a otro de igual o superior
categoría y el pago de las acreencias laborales, pues en el presente asunto al
ser declarado nulo el acto sancionatorio, el efecto lógico es que debe ser
restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante
el retiro del cargo, su situación debe retrotraerse a la que tenía al momento en
que fue ejecutada la sanción disciplinaria de destitución, es decir como si no
hubiera sido separado del servicio.

Si bien la destitución del actor no obedeció a la voluntad de la Unidad
Administrativa Especial Aeronáutica Civil, entidad a la que estaba vinculado
laboralmente, tal circunstancia no la releva de su condición de empleadora y
por ende no está exonerada de reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a otro
de igual o superior categoría y al reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de destitución.

Igualmente, si bien no existe una norma que expresamente ordene el pago de
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión de la
suspensión o destitución del cargo por virtud de una orden o autoridad
competente, no se puede dejar de lado que el legislador ha dispuesto que en
los eventos en los cuales en el trámite de una investigación disciplinaria se haya
ordenado la destitución del cargo del investigado y la misma sea revocada o
declarada nula o de terminación del proceso, el implicado tiene derecho al
reintegro y al pago de los salarios y prestaciones dejados de devengar por dicho
lapso, en los términos del artículo 158 de la Ley 734 de 2002. En tal evento, el
pago de las acreencias laborales le corresponde al nominador aunque la orden
haya sido proferida en acatamiento de lo dispuesto por la Procuraduría General
de la Nación»63.

• En sentencia del 19 de febrero de 2015, que resolvió una demanda formulada
en contra de la Procuraduría General de la Nación (autoridad disciplinaria) y del
Hospital de Chapinero (entidad nominadora), se declaró la no prosperidad de la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el
segundo, tras considerar:

«[e]n lo que respecta a la excepción propuesta por el Hospital de Chapinero,
consistente en la falta de legitimación por pasiva, fundamentada en que no fue
la entidad la que impuso la sanción en razón a que sólo se limitó a proferir el
acto de ejecución, para la Sala es claro que dicho medio exceptivo no está
llamado a prosperar, en consideración a que de prosperar las pretensiones de
la demanda, aunque estaría relevada de pagar indemnización económica,
estaría en la obligación de efectuar el correspondiente reintegro»64.

• En la sentencia del 6 de agosto de 2020, al resolver una demanda formulada en
contra de la Procuraduría General de la Nación (autoridad disciplinaria) y de la
Policía Nacional (entidad nominadora), la segunda propuso como excepción la
falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de lo cual se indicó:

«La Sala no comparte el anterior planteamiento, por el factor de conexidad, toda
vez que la Policía Nacional, es el empleador del demandante, es decir, su
nominador, quien si bien es cierto fue apartado del ejercicio del control
disciplinario sobre uno de sus oficiales, cualquier decisión que se profiera en
este medio de acción, le afecta directamente.

63
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 08001-23-31-
000-2000-02331-01 (0360-2009). C.P. Alfonso Vargas Rincón.
64 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-

25-000-2010-00002-00 (0041-2010). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero

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En el caso concreto el actor persigue, entre las pretensiones, que se le reintegre
al cargo en la Policía Nacional, se le reparen los perjuicios materiales y morales
que, en su criterio, le causaron los actos demandados derivados de la falta
disciplinaria que se le atribuyó como servidor de esta institución».

En esta providencia se ordenó a la Policía Nacional reintegrar al demandante,
para lo cual, además, se dejó sin efectos el acto administrativo que ejecutó la
sanción disciplinaria65.

106. La Sala se aparta de las decisiones en ese sentido, porque resulta claro que
el obligado a restablecer el derecho no puede ser quien ninguna injerencia tuvo en
la producción de los actos declarados nulos y, por ello, en nada variaría la situación
si se vinculase al INPEC al presente trámite, quien, contrario a lo afirmado en los
casos previamente referenciados, no estaría legitimado en la causa por pasiva.

107. Recuérdese que la legitimación en la causa es la figura procesal que se
refiere a la capacidad de las partes para formular pretensiones o para
controvertirlas66, lo que no se satisface en el caso concreto, pues es abundante la
jurisprudencia en la que se ha precisado que el acto que ejecuta una sanción
disciplinaria –única actuación del INPEC en el procedimiento disciplinario
adelantado en contra del señor Jhon Ffrey Moreno Arias– no es susceptible de
control jurisdiccional67, porque en este únicamente se da cumplimiento a lo
ordenado en otro acto, que, en este caso, fue expedido por una autoridad distinta a
quien fungía como empleador del demandante.

108. Inclusive, si en gracia de discusión se admitiera que es posible vincular al
INPEC –asunto que implicaría una discusión adicional acerca de la calidad con la
que debería concurrir (¿litisconsorte necesario, cuasi necesario, facultativo; tercero
con interés?)–, podría ocurrir que este defendiera los argumentos del señor Moreno
Arias para declarar la nulidad de los actos, por considerar que, si le hubiese
correspondido adelantar la actuación disciplinaria, su decisión no habría sido la que
hoy se ataca.

65
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-
25-000-2011-00391-00 (1483-2011).
66 Sobre la noción de «legitimación en la causa», cfr. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de

julio de 2015. Exp. 47001-23-31-000-2015-00032-01(ACU). C.P. Alberto Yepes Barreiro. Adicionalmente, Cfr.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 7 de abril de 2016. Exp. 08001-23-33-000-2012-
00206-01 (0402-2014). C.P. William Hernández Gómez: «(…) respecto de la legitimación en la causa, la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado en varias ocasiones y ha
concluido que esta figura se refiere a la existencia de un vínculo o conexidad que inevitablemente debe existir
entre los sujetos que integran la relación controversial».
67 Línea que, elaborada a propósito del cómputo de la caducidad del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, cuando se discute la legalidad de los actos que imponen sanciones disciplinarias,
puede rastrearse en las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 26 de
marzo de 1992. Exp. 3042. C.P. Diego Younes Moreno; Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del
22 de septiembre de 1992. Exp. 4193. C.P. Clara Forero de Castro; Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 17 de abril de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2010-00085-00 (0795-2010). C.P.
Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 5 de septiembre de 2012. Exp.
11001-03-25-000-2010-00177-00 (1295-2010). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de diciembre de 2012. Exp. 11001-03-25-000-
2005-00012-00 (IJ). C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto del 25 de
febrero de 2016. Exp. 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012). C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Consejo
de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 19 de febrero de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2012-00067-00
(0285-2012). C.P. César Palomino Cortés.

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109. Claro que uno de los presupuestos para que un tercero sea llamado a un
proceso es la posible afectación que sufriría con la decisión de la autoridad judicial;
pero, tratándose de la discusión sobre actos administrativos sancionatorios, es
necesario sumar la injerencia de ese tercero en la expedición de los actos
demandados, aspecto que lleva a concluir que no es posible traer al nominador a
este trámite y menos aún impartirle una orden que implique el reintegro del señor
Moreno Arias.

110. Sobre esta cuestión, cabe advertir que en la ley y en la jurisprudencia de esta
Corporación es posible rastrear eventos en los que la expectativa de retornar al
cargo no puede concretarse, por ejemplo:

• Cuando la pretensión de reintegro es formulada por un servidor que ocupaba un
cargo de periodo y el lapso para su desempeño ha fenecido68.

• En los casos en que el demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y
remoción y, al momento de restablecer el derecho, quien lo nombró ya no
pertenece a la entidad69.

• Al resolver sobre litigios promovidos por quien ocupaba un cargo en
provisionalidad, cuando en aquel del que fue apartado ha sido nombrado un
servidor con derechos de carrera70.

• Cuando el beneficiario de la orden de reintegro ha cumplido la edad de retiro

68 Por ejemplo, cuando la demanda es promovida por un servidor elegido por voto popular. Cfr. Consejo de

Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de junio de
2025. Exp. 44001-2340-000-2016-00192-01 (5929-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
69 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

del 17 de febrero de 2000. Exp. 415-99. C.P. Ana Margarita Olaya Forero; Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 20 de febrero de 2003. Exp. 23001-23-31-000-1998-09386-01 (0893-2002). C.P.
Tarsicio Cáceres Toro; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 4 de septiembre de
2008. Exp. 25000-23-25-000-1999-00073-01 (0883-2005). C.P. José María Lemos Bustamante. De manera más
reciente, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de marzo de 2019. Exp.
11001-03-25-000-2012-00014-00 (0070-2012). C.P. César Palomino Cortés; Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 4 de agosto de 2024. Exp. 19001-23-33-000-2016-00215-01 (0718-
2019). C.P. César Palomino Cortés. En estas decisiones, o bien se ha ordenado el reintegro a condición de que
la medida se extienda hasta tanto el nominador continúe en el cargo; o directamente se ha negado la pretensión.
70 Como ejemplo de ello puede citarse la sentencia del 25 de enero de 2001, en la cual, si bien se partió de que

los empleados provisionales eran de libre nombramiento y remoción (asunto que en providencias posteriores
se aclararía, pues se trata de dos formas distintas de permanencia en el cargo), se dijo que la orden de reintegro
respecto de quienes ocupaban un cargo en provisionalidad debía condicionarse a que aquel no se hubiese
provisto con un funcionario con derechos de carrera (Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 25 de enero de 2001. Exp. 25000-23-25-000-
1996-02250-01 (2447-1999). C.P. Alberto Arango Mantilla).
En la sentencia del 22 de julio de 2020, si bien no se resolvió este punto específico, se trajo a colación la decisión
de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia SU-446 de 2011, en la cual se ordenaron unas medidas
afirmativas para unos servidores vinculados en provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación. Se precisó
que la medida adoptada se condicionó a que fuera posible su vinculación, pues los servidores provisionales no
ostentaban un derecho a permanecer en el empleo (Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 22 de julio de 2020. Exp. 25000-23-42-000-2014-01106-01 (1064-2017). C.P. Gabriel Valbuena
Hernández).

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forzoso71 o está pensionado o adquirió dicho estatus72.

111. Para la Sala, en esta oportunidad surge un supuesto adicional en el que no
es posible restablecer el derecho in natura: cuando los actos declarados nulos, que
implicaron el retiro del servicio de un funcionario con derechos de carrera no fueron
expedidos por la entidad nominadora, sino por la Procuraduría General de la Nación,
en ejercicio del poder disciplinario preferente.

112. Ahora, de la imposibilidad de reintegrar al afectado con los actos de la
autoridad disciplinaria, no se sigue que el juez esté impedido para restablecer su
derecho (para seguir con la terminología del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011).
Una idea en ese sentido desconocería el principio de reparación integral del daño
al que se refiere el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, según el cual «[d]entro de
cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de
daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales».

113. ¿Cómo conciliar el derecho que surge para el demandante con la
imposibilidad derivada de que el acto que destituyó e inhabilitó fue expedido por una
autoridad distinta a su nominador? La respuesta a este interrogante necesariamente
transforma el restablecimiento in natura en una indemnización por equivalente y
puede encontrarse en dos regímenes normativos: (i) el artículo 189 de la Ley 1437
de 2011, en concordancia con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y (ii)
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.

114. La primera disposición, que se refiere a los efectos de la sentencia, prevé, en
los incisos séptimo y octavo, el procedimiento que se debe adelantar cuando resulte
imposible para la entidad demandada cumplir la orden de reintegrar a un servidor,
en los siguientes términos:

«En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación
de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte
imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue
desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y
no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que
desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de

71 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

del 21 de noviembre de 2011. Exp. 25000-23-25-000-2005-01128-01 (1444-2009). C.P. Luis Rafael Vergara
Quintero; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 12 de julio de 2012. Exp. 05001-
23-31-000-1998-02319-01 (0412-2012). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de septiembre de 2012. Exp.
05001-23-31-000-2004-06871-01 (2389-2011). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
72
En sentencia del 9 de septiembre de 2021 se analizó en el marco de un proceso ejecutivo el alcance de las
órdenes de reintegro cuando su destinatario ha adquirido el estatus pensional. Se reiteró una providencia del
29 de enero de 2008 en la cual se dijo que la reincorporación y pago de salarios y prestaciones sociales procede
«por el tiempo en que legalmente hubiera permanecido el servidor público en el cargo, teniendo en cuenta las
situaciones laborales específicas como la supresión posterior del empleo, empleos de período fijo, edad de
retiro forzoso, reintegro posterior al cargo, haber alcanzado el estatus de pensionado, etc.». Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Exp. 76001-23-33-000-2015-
00265-02 (3660-2019). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En esta providencia se referencian: Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero de 2008. Exp. 76001-23-31-000-2000-
02046-02 (IJ). C.P. Jesús María Lemos Bustamante y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Exp. 11001-03-15-000-2001-00091-01(REV). C.P. Mauricio
Torres Cuervo.

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primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.

De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10)
días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma
estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la suma
se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para el
despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de
reposición».

115. Si bien la norma contiene un trámite incidental que, en principio, tiene lugar
luego de ejecutoriada la sentencia, con mayor razón procedería su aplicación
cuando, al definir la situación jurídica, es el juez quien advierte que la medida de
reintegro resulta no solo imposible de ordenar, sino imposible de cumplir, pues solo
de esa forma se satisface el presupuesto de reparación integral antes referido.

116. El texto de la disposición remite, para fijar la indemnización compensatoria,
a los parámetros de la normativa laboral para los eventos de despido injustificado,
contenidos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo:

«Articulo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En
todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento
de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable.
Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas
en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que
a continuación se señalan:

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo
que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso
determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la
indemnización no será inferior a quince (15) días.

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:

a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales:

1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio
no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán
veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral
1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción;

b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10),
salarios mínimos legales mensuales.

1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio
no mayor de un (1) año.

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán
quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del
numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al

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primero y proporcionalmente por fracción» (subrayas de la Sala).

117. La otra norma que permitiría reparar el perjuicio causado con el acto
declarado nulo, en la forma de una indemnización por equivalente ante la
imposibilidad de ordenar el reintegro del demandante, es la contenida en el artículo
44 de la Ley 909 de 2004 que, en el parágrafo 2, fija los parámetros para indemnizar
a un empleado público cuando, siendo titular de derechos de carrera, su cargo ha
sido suprimido. Dispone el referido artículo:

«Artículo 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de
supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que
como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una
entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los
cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y
de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o
equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el
proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.

Parágrafo 1. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones
de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se
contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado público en la
entidad en la cual se produce la supresión del empleo.

No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo
desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya
pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por
traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la indemnización se
contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior entidad siempre que no
haya sido indemnizado en ella, o ellas.

Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y
condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.

Parágrafo 2. La tabla de indemnizaciones será la siguiente:

1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días
de salarios.

2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) cuarenta y
cinco (45) días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno de
los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.

3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10)
cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por
cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses
cumplidos.

4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días
de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos» (subrayas
de la Sala).

118. Para la Sala es claro que ni el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 ni el
artículo 44 de la Ley 909 de 2004 contemplan el evento que se estudia en este caso,

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esto es, ninguno se refiere a la imposibilidad de restablecer el derecho in natura. No
obstante, ambos contienen parámetros que guían a la administración y con mayor
razón al juez en la búsqueda de un criterio para atender al principio de reparación
integral, sin afectar la situación del servidor retirado del servicio y sin incurrir en el
riesgo de provocar un enriquecimiento sin causa.

119. Ante ese panorama, corresponde a la Sala seleccionar entre ambos
parámetros aquel que de mejor manera se ajuste a la situación del señor Jhon Ffrey
Moreno Arias. En ese sentido, se traerá la indemnización contemplada en el artículo
44 de la Ley 909 de 2004, por dos razones: primera, porque proviene de la normativa
de la carrera administrativa y, con ello, satisface el criterio de especialidad. La
segunda, porque en virtud de su contenido y alcance resulta más beneficiosa para
el demandante, con lo que satisface el principio pro operario, según el cual en la
interpretación y aplicación normativa se debe privilegiar aquella que favorece al
trabajador (entendido «trabajador» en un sentido amplio, para comprender allí a
quienes prestan sus servicios al Estado y a quienes laboran en el sector privado).

120. Según la certificación laboral que reposa en el expediente, el demandante
ingresó al INPEC el 9 de octubre de 200073; mientras que de acuerdo con la
constancia expedida por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, la
decisión disciplinaria de segunda instancia quedó ejecutoriada el 31 de julio de
201474.

121. En ese orden, corresponde aplicar la medida indemnizatoria contemplada en
el numeral 4 del parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, pues el lapso
durante el cual el demandante estuvo vinculado al INPEC es superior a diez (10)
años. De esta forma, el periodo a indemnizar será el comprendido entre el 9 de
octubre de 2000 y el 31 de julio de 2014 salvo que se determine que el señor
Jhon Ffrey Moreno Arias fue retirado efectivamente de la entidad en una fecha
posterior, y corresponderá a:

• 45 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014, o a la fecha de retiro
efectivo del servicio, de ser esta posterior, por el primer año de servicios
prestados.

• 40 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de retiro
efectivo del servicio, de ser esta posterior, por cada año adicional de
prestación del servicio.

• 31.23 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de
retiro efectivo del servicio, de ser esta posterior, por la proporción respecto del
último año de prestación de sus servicios, o la fracción que resulte en caso tal
de que la fecha de retiro sea posterior al 31 de julio de 2014.

122. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

73 Véase folio 91 del archivo 53 del expediente digital.
74 Véanse folios 185-186 del archivo 73 del expediente digital.

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R= Rh x índice final
Índice inicial

123. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que se hizo efectivo el retiro del servicio.

2. Sobre el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir

124. En relación con este punto, la Sala ordenará a la demandada que reconozca
y pague al señor Moreno Arias los salarios y prestaciones sociales que dejó de
percibir desde el momento en que fue retirado del servicio y hasta la fecha de
ejecutoria de esta providencia.

125. Sobre este punto, cabe destacar que si bien la Sección Segunda de esta
Corporación en previos pronunciamientos ha acogido la línea jurisprudencial según
la cual de dichos valores se debe descontar lo que el demandante hubiese percibido
por concepto de salarios, honorarios y, en general, lo devengado en el sector público
como dependiente o de manera independiente75, en esta oportunidad la orden de
pagar los emolumentos que se dejaron de percibir no contemplará estas
deducciones, en la medida en que en el expediente no se encuentra acreditado que
el señor Jhon Ffrey Moreno Arias hubiese recibido alguna asignación de este tipo.

126. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x índice final
Índice inicial

127. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.

75 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de

febrero de 2023. Exp. 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017). C.P. William
Hernández Gómez; y de la Subsección “B”, sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016-
03086-01 (2771-2020). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En estas providencias se ha autorizado a la demandada
para que efectúe los descuentos sobre el monto de la condena, de las sumas de dinero que el demandante
hubiese recibido a título de haberes laborales derivados de un vínculo con el sector público, motivado en la
expresa prohibición del artículo 128 superior. En este punto, se ha aplicado por extensión la regla de unificación
fijada en la sentencia del 9 de agosto de 2022, en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017)
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, al tiempo que ha representado un apartamiento de lo dispuesto en la sentencia
SU-354 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo), que se advierte con mayor claridad en: Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-
00217-01 (4175-2017). C.P. William Hernández Gómez.

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128. Ahora bien, en relación con el pago de aportes al sistema general de
seguridad social, cabe destacar que en la sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202176, proferida a propósito de los
eventos de reconocimiento de una relación laboral encubierta, esta Corporación
precisó que por su naturaleza parafiscal no constituyen ingresos ni beneficios
económicos para el demandante.

129. En lo que corresponde a los aportes en salud, se advirtió que estos tienen
destinación específica para cubrir los servicios para los dos regímenes que integran
el subsistema y aseguran un riesgo que, para el caso concreto, ya se superó, por lo
que no hay lugar a reconocer este concepto.

130. En lo relacionado con el sistema de pensiones, se ordenará a la demandada
que consigne los aportes por este concepto en el respectivo fondo de previsión al
que se encuentre afiliado el demandante, para lo cual este deberá acreditar los
pagos que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el
lapso de la medida de restablecimiento del derecho y, si estos no se hicieron o se
hicieron con base en un salario menor al que le hubiese correspondido por ocupar
el cargo de dragoneante Código 41145 Grado 11, la entidad demandada deberá
completarlos en la proporción que hubiere correspondido al empleador, realizando
los descuentos a que haya lugar sobre el monto de la condena respecto del
porcentaje que debía asumir el reclamante, ello a fin de girar el valor real y total de
las cotizaciones a la respectiva administradora.

131. En síntesis, como medida para el restablecimiento del derecho, en los
términos del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, se ordenará a la demandada el
pago de:

1. Una indemnización compensatoria, que se fija en los términos del numeral 4
del parágrafo del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, para el periodo comprendido
entre el 9 de octubre de 2000 y el 31 de julio de 2014 salvo que se determine
que el señor Jhon Ffrey Moreno Arias fue retirado efectivamente de la
entidad en una fecha posterior, y que corresponderá a:

• 45 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014, o a la fecha de retiro
efectivo del servicio, de ser esta posterior, por el primer año de servicios
prestados.

• 40 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de retiro
efectivo del servicio, de ser esta posterior, por cada año adicional de
prestación del servicio.

• 31.23 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de
retiro efectivo del servicio, de ser esta posterior, por la proporción respecto del
último año de prestación de sus servicios, o la fracción que resulte en caso tal
de que la fecha de retiro sea posterior al 31 de julio de 2014.

76 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Exp. 05001-23-33-000-2013-

01143-01 (1317-2016). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00348-00 (0702-2015)

132. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x índice final
Índice inicial

133. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que se hizo efectivo el retiro del servicio.

2. El pago de los salarios y prestaciones sociales que el señor Jhon Ffrey
Moreno Arias dejó de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio y
hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia.

134. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x índice final
Índice inicial

135. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.

136. Finalmente, como medida de restablecimiento automática, se ordenará a la
Procuraduría General de la Nación, que retire del registro de antecedentes
disciplinarios la anotación realizada en cumplimiento de las decisiones
disciplinarias, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad.

De la condena en costas

137. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

138. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha

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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00348-00 (0702-2015)

imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

139. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

140. En consecuencia, se impondrán costas a la Procuraduría General de la
Nación, por cuanto se declarará la nulidad de los actos demandados y se accede
de manera parcial a las pretensiones de restablecimiento del derecho, las cuales se
liquidarán por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación.

141. Para la fijación de las agencias de derecho, se dispondrá que, Secretaría de
la Sección Segunda se ingrese el expediente al despacho del magistrado ponente
para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR la nulidad de la decisión disciplinaria de primera instancia
expedida el doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) por la Viceprocuraduría
General de la Nación, en el proceso disciplinario IUC-002-172011-2008, mediante
el cual se impuso al señor Jhon Ffrey Moreno Arias la sanción de destitución e
inhabilidad por el término de doce (12) años, en su condición de dragoneante del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); y la nulidad de la decisión
disciplinaria expedida en instancia por la Procuraduría General de la Nación
veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), que confirmó la decisión anterior.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la demandada el
pago de una indemnización compensatoria, en los términos del numeral 4 del
parágrafo del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, para el periodo comprendido entre
el 9 de octubre de 2000 y el 31 de julio de 2014 salvo que se determine que el
señor Jhon Ffrey Moreno Arias fue retirado efectivamente de la entidad en una
fecha posterior, y que corresponderá a:

• 45 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014, o a la fecha de retiro
efectivo del servicio, de ser esta posterior, por el primer año de servicios
prestados.

• 40 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de retiro
efectivo del servicio, de ser esta posterior, por cada año adicional de
prestación del servicio.

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• 31.23 días del salario que devengaba al 31 de julio de 2014 o a la fecha de
retiro efectivo del servicio, de ser esta posterior, por la proporción respecto del
último año de prestación de sus servicios, o la fracción que resulte en caso tal
de que la fecha de retiro sea posterior al 31 de julio de 2014.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que se hizo efectivo el retiro del servicio.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación que pague al señor Jhon Frey Moreno Arias los salarios y
prestaciones sociales que dejó de percibir, que se calcularán desde el momento en
que fue retirado del servicio y hasta la fecha de ejecutoria de esa providencia.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación que consigne los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en pensiones, en el respectivo fondo de previsión al que se encuentre afiliado
el señor Jhon Ffrey Moreno Arias.

Para ello, el demandante deberá acreditar los pagos que realizó por este concepto
durante el lapso de restablecimiento del derecho y, de no existir aportes, o, en caso
de que estos se hubiesen hecho con base en un salario menor al que le hubiese
correspondido por ocupar el cargo de dragoneante Código 41145 Grado 11, la
entidad accionada deberá completarlos en la proporción que hubiere correspondido
al empleador, realizando los descuentos a que haya lugar sobre el monto de la

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Radicado: 11001-03-25-000-2015-00348-00 (0702-2015)

condena respecto del porcentaje que debía asumir el demandante, ello a fin de girar
el valor real y total de las cotizaciones a la respectiva administradora.

Quinto. Como medida de restablecimiento del derecho automática, ORDENAR a la
Procuraduría General de la Nación, que retire del registro de antecedentes
disciplinarios la anotación realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria, al
quedar desvirtuada su presunción de legalidad.

Sexto. NEGAR las demás pretensiones.

Séptimo. CONDENAR en costas a la Procuraduría General de la Nación, las cuales
se liquidarán por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación.

Octavo. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación INGRESAR el expediente al despacho del
magistrado ponente para lo de su competencia.

Noveno. RECONOCER personería al abogado Carlos Yamid Mustafá Durán,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 13.511.867 y portador de la tarjeta
profesional 123.757 del C. S. de la J., para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00061
de SAMAI.

Décimo. Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente, previas las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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