Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00465-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00465-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00465-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00465-01 (0346-2023)
Demandante: Claudio Alejandro Acuña Escobar
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Procuraduría
General de la Nación
Tema: Control integral de los actos administrativos disciplinarios.
Nulidad del acto administrativo por violación del debido proceso.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de
la sentencia proferida el dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Claudio Alejandro Acuña Escobar instauró demanda en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Procuraduría General de la
Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria expedida el 25 de agosto
de 2016 por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Comando
Operativo de Seguridad Ciudadana nro. 4 de la Policía Metropolitana de Bogotá y
de la decisión del 17 de mayo de 2017 que la confirmó, proferida por la Procuraduría
Delegada para la Policía Nacional. De igual manera, se solicitó la nulidad del acto
de ejecución, expedido por el Director General de la Policía Nacional.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reintegro al
cargo que desempeñaba al momento de la desvinculación o a uno de igual o
superior categoría, el pago de todos los sueldos, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta que se haga
efectivo el reintegro, con la debida actualización e indexación y se ordene a las
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entidades correspondientes borrar de los antecedentes disciplinarios y registros de
la sanción impuesta de la hoja de vida.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que ingresó a la Policía Nacional el 14 de mayo de 2012, y para el momento
de los hechos ostentaba el cargo de patrullero. Que el 4 de agosto de 2016, estaba
prestando servicio en la estación «Museo Nacional» de Transmilenio, en ejecución
del Plan Guitarra. Una funcionaria de la empresa «Tu Llave» solicitó su colaboración
y al llegar encontró una persona que había hurtado a un usuario.
5. Señaló que observó una riña donde varios auxiliares bachilleres de la Policía
habían recibido agresiones físicas de los periodistas Víctor Ballestas y Samuel
Romero. Aseguró que el primero golpeó en el rostro al auxiliar Castro Chía y le
causó un sangrado nasal. Ante esta situación, el patrullero aplicó una técnica de
sujeción con el propósito de neutralizar el ataque y protegerlo de los disturbios que
se presentaban en el lugar.
6. Que inicialmente el periodista Ballestas tenía la intención de conciliar y
reconocía que se había tratado de una riña, no una agresión. Sin embargo, después
de una reunión privada con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá
desistió de ese trámite y formalizó la queja que motivó el procedimiento disciplinario.
El 5 de agosto de 2016, el mismo comandante calificó de forma pública la actuación
como injustificable y pidió perdón por el hecho, vulnerando los derechos al debido
proceso y configurándose un prejuzgamiento.
7. Agregó que, por el forcejeo, el funcionario sufrió una lesión en la mano
derecha que generó una incapacidad médica de seis (6) días, aspecto que no fue
considerado por el comandante, quien omitió judicializar a los periodistas por
agresión a servidor público.
8. Que la Administración adelantó el procedimiento bajo el trámite verbal, que
le negó las pruebas que solicitó en primera instancia, por considerarlas
innecesarias, pues obraba suficiente material probatorio en el expediente. En esa
medida, omitió el deber de incorporar las pruebas solicitadas en los descargos y así
determinar lo realmente ocurrido.
9. En primera instancia, la autoridad disciplinaria lo sancionó con destitución e
inhabilidad general por trece (13) años. Posteriormente, la Procuraduría General de
la Nación ejerció el poder preferente para conocer el asunto y confirmó la sanción.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Constitución Política: artículos 2, 6, 13, 15, 21, 29, 123, 124, 125 y 218;
Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la Ley 16 de 1972;
Ley 734 de 2002, artículos 4, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 92, 94, 113 numerales
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2 y 3, 147 y 175; Ley 1015 de 2006; Código Contencioso Administrativo, artículos
44 y 138.
11. El demandante fundamentó la solicitud de nulidad de las decisiones
disciplinarias en la vulneración del debido proceso, por considerar que la actuación
se adelantó con desconocimiento de las garantías de defensa, contradicción e
imparcialidad. Señaló que la autoridad disciplinaria sustentó su decisión en un
acervo probatorio insuficiente y valorado de manera sesgada, lo que, según
expresa, condujo a una conclusión predeterminada sobre la responsabilidad y
constituyó un prejuzgamiento.
12. Considera que no se adelantó una investigación integral, porque no se
decretaron ni practicaron pruebas relevantes solicitadas por la defensa, ni se
valoraron elementos favorables al investigado, entre ellos los testimonios de
quienes presenciaron los hechos y soportes relacionados con su estado físico.
13. Afirmó que esta omisión afectó la reconstrucción objetiva de lo ocurrido y
comprometió la legalidad de la decisión. Sostuvo que la valoración probatoria fue
inadecuada, pues se otorgó credibilidad a registros audiovisuales provenientes de
redes sociales sin verificar su autenticidad ni su integridad, mientras se omitió el
recaudo de medios de prueba idóneos que permitieran apreciar de manera completa
el contexto de los hechos.
14. En relación con la conducta atribuida, argumentó que la intervención
realizada obedeció a la necesidad de controlar una situación de alteración del orden,
por lo que el uso de la fuerza fue proporcional y dirigido a contener una agresión
previa. En ese sentido, controvirtió la atribución a título de dolo, al considerar que
no existió intención de infringir el deber funcional sino una reacción propia del
servicio.
15. Finalmente, señaló que no se acreditó una afectación real a los principios de
la función pública y que existe incongruencia entre los cargos formulados y la
decisión adoptada. Cuestionó, además, la proporcionalidad de la sanción impuesta,
al estimar que no se valoraron las circunstancias del caso ni las condiciones
personales y laborales del disciplinado.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
16. El dos (2) de mayo de 2018 se admitió la demanda1. La Policía Nacional
solicitó que se nieguen las pretensiones por considerar que los actos administrativos
acusados fueron expedidos por funcionario competente, en forma regular y con
observancia de las garantías del debido proceso, dentro del marco del régimen
disciplinario aplicable.
17. Sostuvo que está demostrado que el disciplinado, en su condición de policía
con personal a cargo, intervino activamente en una situación de alteración del orden,
1 Ver archivo «28_ED_expediente digital_17AutoAdmiteDemanda.pdf», disponible en la siguiente ruta: enlace
de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
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en la que, en lugar de ejercer funciones de control y restablecimiento de la
convivencia, participó en una confrontación con particulares, lo que generó una
reacción adversa de la ciudadanía y afectó el servicio.
18. Afirma que el actor confunde inconformidades frente a la valoración
probatoria con verdaderas irregularidades constitutivas de nulidad. Señala que no
toda falencia en la actividad probatoria tiene la entidad de viciar el procedimiento,
pues los operadores disciplinarios cuentan con una facultad de valoración amplia,
razonable y motivada, que les permite determinar la pertinencia, conducencia y
utilidad de los medios de prueba, así como su apreciación en conjunto.
19. Conforme a lo anterior, afirmó que la negativa de algunas pruebas solicitadas
por la defensa se ajustó a los criterios legales, porque no resultaban necesarias
frente a las practicadas, las cuales eran suficientes. De igual forma, sostuvo que la
valoración de los elementos allegados al expediente se realizó de manera integral,
sin que pueda predicarse vulneración del derecho de defensa o del debido proceso
por el hecho de no acoger la tesis del disciplinado.
20. Respecto del material audiovisual, la entidad precisó que la cadena de
custodia no constituye el único mecanismo para garantizar su autenticidad, y que
en el caso concreto los registros fueron apreciados junto con otros medios de
prueba, como testimonios e informes, lo que permitió establecer de manera
suficiente la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del actor. Considera que
el eventual desistimiento o conciliación con los particulares involucrados no afecta
la acción disciplinaria, por tratarse de un mecanismo orientado a la protección de
intereses públicos, cuya titularidad no depende de la voluntad de los intervinientes.
21. En cuanto a la conducta atribuida, sostuvo que el actor desbordó los límites
de su función, al adoptar una reacción incompatible con su deber de contención y
dirección del procedimiento policial, lo que justifica la sanción impuesta. Añadió que
las decisiones fueron adoptadas luego de un trámite en el que se garantizaron las
etapas procesales y se contó con un conjunto probatorio suficiente para sustentar
la responsabilidad.
22. Propuso como excepciones la legalidad de los actos administrativos
demandados y la inexistencia de las causales de nulidad alegadas, con fundamento
en que la actuación disciplinaria se adelantó con sujeción a las normas aplicables y
que la sanción corresponde a la valoración realizada por la autoridad competente
dentro del marco de sus funciones.
23. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación se opuso a las
pretensiones y solicitó mantener la legalidad de los actos disciplinarios, al sostener
que la actuación garantizó el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción
y práctica de pruebas, y se sujetó a las reglas propias del procedimiento
disciplinario. Señaló que el control ejercido por la jurisdicción es limitado, porque no
constituye una nueva instancia ni permite reabrir el debate probatorio, sino que se
circunscribe a verificar que la interpretación normativa y la valoración probatoria
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realizadas por la autoridad disciplinaria se mantengan dentro de los márgenes de
razonabilidad y legalidad.
24. En relación con los cargos de la demanda, la entidad defendió la solidez de
la decisión sancionatoria, al indicar que esta se sustentó en pruebas legal y
oportunamente allegadas, apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, sin
que se configure defecto por indebida valoración, omisión o desconocimiento
probatorio.
25. Negó la existencia de vulneración del derecho de defensa en el trámite, así
como de irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento verbal, al
considerar que su elección fue procedente de acuerdo con las circunstancias del
caso y los parámetros legales. También desestimó varios hechos de la demanda,
porque correspondían a apreciaciones o no están demostrados, y concluyó que la
actuación disciplinaria se ajustó al ordenamiento jurídico.
26. La audiencia inicial se celebró el 4 de abril de 2019, donde se saneó el
proceso, se fijó el litigio, se declaró fracasada la conciliación y se decretaron las
pruebas correspondientes. Posteriormente, se celebró la audiencia de pruebas
donde se recibieron los testimonios de: Yuri Alonso Báez, Juan Camilo Vela Trina y
Daniel Alberto Moreno Parra.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
27. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, mediante sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
declaró la nulidad de los actos demandados. Concluyó que la autoridad disciplinaria
incumplió el deber de investigación integral, al omitir la práctica y valoración de
pruebas favorables al investigado que resultaban relevantes para la reconstrucción
de los hechos.
28. Señaló que la sanción se sustentó principalmente en registros audiovisuales
fragmentados y obtenidos de redes sociales, sin un análisis completo del contexto
en el que se produjo la intervención policial. En ese sentido, consideró que dichos
registros, por sí solos, no permitían acreditar un uso de la fuerza innecesario o
desproporcionado, especialmente cuando otros medios de prueba –como los
testimonios de funcionarios de la estación y auxiliares de policía– daban cuenta de
que el ciudadano involucrado se encontraba en estado de exaltación y había
agredido previamente a los uniformados.
29. A partir de ello, estimó que la actuación del demandante correspondió a una
maniobra de sujeción orientada a controlar la situación y proteger la integridad del
personal policial y del propio ciudadano en medio de una alteración del orden
público. Con base en lo anterior, concluyó que no se demostró un comportamiento
doloso o arbitrario, sino el ejercicio de funciones de control en una situación de riña,
lo que desvirtuaba la calificación disciplinaria de abuso de autoridad y evidenciaba
la falsa motivación de los actos acusados.
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30. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional reintegrar al demandante al cargo que venía
desempeñando o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad.
Dispuso el pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de
percibir desde el retiro hasta el reintegro efectivo, debidamente indexados, con el
descuento de las sumas devengadas por cualquier concepto laboral. Limitó lo
anterior a dos (2) años de salario, conforme a lo previsto en la sentencia SU-556 de
2014.
31. Se negó la indemnización por perjuicios morales por falta de prueba y se
abstuvo de imponer condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
32. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional2 interpuso recurso de
apelación por considerar que no se configuró vulneración al principio de
imparcialidad ni al debido proceso. Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el
Tribunal, en la actuación disciplinaria se decretaron las pruebas conducentes y
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y que no existe obligación de
practicar todas las solicitadas por la defensa, sino únicamente aquellas que resulten
útiles y necesarias.
33. Controvirtió que no existiera certeza sobre la comisión de la falta, al afirmar
que el acervo probatorio permite establecer con claridad las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de los hechos estudiados. Indicó que las pruebas fueron
valoradas de manera conjunta, conforme a criterios de razonabilidad, lo que permitió
concluir la responsabilidad disciplinaria del actor por el uso innecesario,
desproporcionado e irracional de la fuerza.
34. Finalmente, sostuvo que la sanción impuesta se ajusta a derecho, al
encontrarse acreditados los elementos de la responsabilidad disciplinaria, en
particular la tipicidad de la conducta prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley
1015 de 2006, en concordancia con el artículo 416 del Código Penal, así como la
ilicitud sustancial y la culpabilidad a título de dolo.
35. El demandante3 también interpuso recurso frente a la limitación de las
órdenes de restablecimiento del derecho y la negativa de reconocimiento de
perjuicios morales. Cuestionó la legalidad de la limitación del pago de salarios y
prestaciones a un máximo de veinticuatro (24) meses, porque la regla no era
aplicable al caso concreto, por cuanto está prevista para servidores vinculados en
provisionalidad, mientras que el señor Acuña Escobar ostentaba derechos de
carrera en el régimen especial de la Policía Nacional, lo que le otorgaba una
expectativa legítima de permanencia.
36. También controvirtió la decisión de negar el reconocimiento de perjuicios
morales, al considerar que sí se acreditaron afectaciones derivadas de la
2 Ver índice 00068.
3 Véase índice 00069 de SAMAI.
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desvinculación, entre ellas la exposición pública, la estigmatización y las
consecuencias en su salud mental, respaldadas en documentación médica allegada
al proceso. En consecuencia, solicitó modificar la sentencia en lo relativo a la
limitación del restablecimiento del derecho y acceder al reconocimiento de los
perjuicios reclamados.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
37. El 8 de mayo de 20234 se admitió el recurso de apelación.
38. Las partes guardaron silencio en esta instancia.
39. El Ministerio Público5 solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
Sostuvo que el procedimiento se adelantó con observancia de las garantías del
debido proceso, la defensa y la contradicción y que las decisiones disciplinarias
están debidamente motivadas y sustentadas en las pruebas recaudadas. Que su
práctica se realizó con participación del actor y su apoderado, sin que se evidencie
vulneración de sus derechos.
40. Que la negativa de algunas pruebas se fundamentó en su falta de
procedencia y necesidad, dada la suficiencia del material probatorio existente. Que
la defensa contaba con los mecanismos procesales para controvertir dichas
decisiones, por lo que su falta de impugnación da lugar a la convalidación de las
actuaciones, sin que puedan alegarse posteriormente como causal de nulidad.
41. En cuanto a la valoración probatoria, indicó que los actos disciplinarios se
sustentaron en un análisis integral de los medios de prueba, incluyendo testimonios,
informes y registros audiovisuales, los cuales permitieron establecer las
circunstancias de los hechos y la responsabilidad del demandante por el uso
excesivo de la fuerza, en contravía de los deberes funcionales propios de su cargo.
Se refirió a la especial protección constitucional del ejercicio del periodismo,
señalando que la actuación del disciplinado desconoció los límites del uso de la
fuerza y afectó derechos asociados a la libertad de información, lo cual refuerza la
gravedad de la conducta analizada.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
42. La Sala deberá determinar si la sentencia de primera instancia debe
revocarse, porque, según lo afirma la parte demandada, en su expedición no se
incurrió en ilegalidad alguna; o si debe ser confirmada, caso en el cual se deberán
estudiar las inconformidades del actor respecto de la limitación al restablecimiento
del derecho y el no reconocimiento de perjuicios morales.
4 Véase índice 00005 de SAMAI.
5 Véase índice 00012 de SAMAI.
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43. Con el anterior propósito, la Sala se referirá al alcance del control judicial
integral de los actos administrativos sancionatorios en materia disciplinaria; la
estructura de la responsabilidad disciplinaria y, finalmente, abordará el caso
concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria:
control integral de los actos administrativos disciplinarios
44. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
45. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
46. La primera posición jurisprudencial sostuvo que el control del juez de lo
contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias6.
47. Luego, la jurisprudencia adoptó una posición en la que, incluso, en los casos
en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y
el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial
efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia
especial»7.
48. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
7 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-
2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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fundamentales»8, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Nulidad del acto administrativo por violación del debido proceso
49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
50. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 1379 y 13810 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
51. Además, la jurisprudencia señaló que es posible pretender la nulidad de un
acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
9 Del medio de control de nulidad.
10 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas, e implica que
nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
52. Esta Corporación precisó que el debido proceso, además de constituir un
límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico11.
53. Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 12; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
54. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso13 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
11 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
13 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución14.
Caso concreto
55. El recurso de apelación de la parte demandada sostiene que en la actuación
disciplinaria se decretaron las pruebas conducentes y pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos y que la negativa de aquellas solicitadas por la
defensa obedeció a criterios de utilidad, en tanto resultaban inconducentes o
innecesarias frente al acervo probatorio existente.
56. Para resolver la controversia, la Sala centrará su análisis en la garantía del
debido proceso en el ámbito disciplinario, en particular en el principio de
investigación integral y el derecho de defensa. En ese marco, deberá establecer si
la autoridad disciplinaria aseguró el recaudo y valoración de los elementos de juicio
necesarios para esclarecer los hechos, tanto en lo desfavorable como en lo
favorable al investigado. Concretamente, se examinará si la decisión de no decretar
determinados medios de prueba –como testimonios de quienes presenciaron los
hechos y los registros fílmicos originales del sistema de transporte– respondió a
criterios de pertinencia, conducencia y necesidad, o si, por el contrario, limitó el
ejercicio efectivo del derecho de contradicción.
57. Previo a pronunciarse sobre este aspecto, es necesario analizar el siguiente
argumento propuesto por el Ministerio Público: que la falta de impugnación de las
negativas probatorias convalida esas actuaciones, sin que puedan alegarse
posteriormente como causal de nulidad.
58. Analizado el expediente, se encuentra que el demandante no omitió
impugnar la totalidad de las decisiones que le negaron las solicitudes probatorias;
por el contrario, se observa que durante las audiencias del procedimiento,
concretamente al rendir su versión libre, ocurrió esta situación, y ante la respuesta
desfavorable se presentaron los recursos correspondientes15. En esa medida, no
solamente sí se ejerció el derecho de contradicción –y se tuvo una defensa presente
en las diferentes etapas del procedimiento–, sino que la afectación al derecho
fundamental es tan decisiva, como se explicará en los siguientes numerales, que
este argumento no pude prosperar, pues no es un vicio que simplemente se
subsane con la inactividad de la parte.
59. Es claro que la negativa de decretar determinados medios de prueba debe
estar debidamente motivada y orientada a asegurar una adecuada reconstrucción
de los hechos, sin que pueda traducirse en una restricción injustificada del derecho
de defensa ni en un obstáculo para el esclarecimiento integral de la situación
investigada. Además de esto, en vía judicial corresponde al actor probar que, de
haberse decretado y practicado la prueba que fue negada, la decisión disciplinaria
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Ver pág. 310 del archivo «51_ED_expediente digital_48CdCope4-2016-34.pdf», disponible en la siguiente
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habría podido ser diferente, es decir, no es suficiente que se hayan negado o dejado
de practicar determinados medios de prueba para que se estructure la ilegalidad del
acto.
60. En el trámite disciplinario, la autoridad estructuró su decisión con fundamento
en un conjunto de elementos probatorios que comprendieron16:
61. En primer lugar, los informes de novedad suscritos por los comandantes y
oficiales de servicio, a partir de los cuales se estableció la ocurrencia de una riña en
la estación «Museo Nacional» de Transmilenio, la presencia del disciplinado en el
lugar de los hechos en desarrollo de funciones propias del servicio y la identificación
de los intervinientes en la confrontación17.
62. En segundo lugar, se tuvieron en cuenta los registros audiovisuales
difundidos por medios de comunicación y redes sociales, en los que se captaban
fragmentos del procedimiento policial y, en particular, la interacción del demandante
con el periodista18.
63. En tercer lugar, la autoridad valoró las declaraciones rendidas por el
periodista involucrado, el camarógrafo y otros funcionarios que participaron en el
operativo, quienes coincidieron en ubicar al disciplinado como el uniformado que
intervino directamente sobre el periodista, señalando que este lo sujetó por el cuello
durante el procedimiento, en el marco de la actuación adelantada al interior de la
estación19.
64. Con base en estos elementos, entendió acreditadas las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de la conducta, así como la participación directa del
demandante en los hechos investigados. En particular, consideró que los registros
audiovisuales, corroborados con las declaraciones rendidas, permitían establecer
que el disciplinado ejerció fuerza sobre el periodista en condiciones que, a juicio de
la entidad, no resultaban necesarias para el control de la situación20.
65. Por su parte, en el curso de la actuación disciplinaria, la autoridad decidió
negar la práctica de los medios de prueba solicitados por la defensa, al
considerarlos inconducentes, impertinentes o innecesarios frente al acervo
probatorio ya recaudado. En particular, se rechazaron aquellas pruebas orientadas
a profundizar en el contexto previo de los hechos y en la dinámica de la intervención
policial, incluyendo la posibilidad de recaudar versiones adicionales de testigos
directos y otros elementos que permitieran contrastar la hipótesis de
responsabilidad.
16 Ver pág. 47 del archivo «13_ED_expediente digital_02Demanda.pdfpdf», disponible en la siguiente ruta:
enlace de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
17 Ver págs. 5 a 19 del archivo «51_ED_expediente digital_48CdCope4-2016-34.pdf», disponible en la siguiente
ruta: enlace de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
18 Véase índice 00082 de SAMAI.
19 Véase índice 00082 de SAMAI.
20 Ver pág. 47 del archivo «13_ED_expediente digital_02Demanda.pdfpdf», disponible en la siguiente ruta:
enlace de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
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66. Es precisamente a partir de la naturaleza y finalidad de los medios de prueba
negados que la Sala advierte las deficiencias estructurales de la actuación
disciplinaria. En efecto, las pruebas rechazadas no eran superfluas ni redundantes,
sino que estaban orientadas a esclarecer aspectos determinantes para la
reconstrucción de los hechos investigados, tales como el contexto previo de la
intervención, la existencia de agresiones contra los uniformados, el grado de
alteración del orden público y la finalidad concreta de la maniobra desplegada por
el disciplinado. Se trataba, por tanto, de elementos de convicción que, prima facie,
tenían la potencialidad de ampliar el conocimiento de la situación y de permitir un
contraste real entre las distintas versiones, en orden a alcanzar la verdad material.
67. Esta omisión en la actividad probatoria no constituye una irregularidad menor,
sino una deficiencia sustancial que afecta la validez de la decisión disciplinaria. Pues
prescindir de unos medios de prueba idóneos y conducentes, sin una justificación
legal clara, evitó un análisis total de la situación fáctica e hizo que la autoridad
desconociera que el procedimiento tiene como finalidad el esclarecimiento de la
verdad material, para lo cual se debe tener en consideración tanto los elementos de
cargo como aquellos que resultaran favorables al investigado. En este contexto, la
negativa de las pruebas solicitadas en los descargos y la ausencia de un contraste
adecuado entre las distintas versiones condujeron a una valoración incompleta, que
afectó la objetividad del juicio disciplinario y el ejercicio efectivo del derecho de
defensa.
68. Esta circunstancia condujo a una valoración probatoria parcial. En el
expediente administrativo se observa que los informes de novedad daban cuenta
de un escenario de alteración del orden público, en el que se reportaban agresiones
físicas contra auxiliares y uniformados, así como la intervención de periodistas en
medio de la confrontación. Tales informes, además, consignan que el periodista
involucrado habría agredido a miembros de la Policía y generado un ambiente de
hostilidad que exigía la intervención de los uniformados21. No obstante, estos
elementos, que resultaban determinantes para comprender el contexto en que se
produjo la actuación del demandante, no fueron debidamente integrados en el
análisis sancionatorio.
69. Por el contrario, el fallo disciplinario centró su razonamiento en la imputación
de un uso desproporcionado de la fuerza a partir de registros audiovisuales, a los
cuales les otorgó un valor prevalente, cuando es claro que dichos registros, por su
naturaleza fragmentaria, no permiten por sí solos reconstruir la totalidad de los
hechos ni establecer con claridad las circunstancias previas de la intervención
policial. Estos solamente muestran fragmentos de la actuación policial; no obstante,
la autoridad disciplinaria los utilizó como eje central de la imputación, sin realizar un
ejercicio suficiente de contraste con otros elementos del expediente.
70. En este punto, la Sala advierte un quiebre en la valoración probatoria, pues
mientras los informes iniciales y la versión libre del disciplinado apuntaban a un
escenario de confrontación en el que se hacía necesaria la intervención para
21 Ver págs. 5 a 19 del archivo «51_ED_expediente digital_48CdCope4-2016-34.pdf», disponible en la siguiente
ruta: enlace de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
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controlar la situación, el fallo disciplinario prescindió de este contexto, negó pruebas
que permitían indagar más en él y construyó su conclusión a partir de una lectura
aislada de los registros audiovisuales.
71. En efecto, en su versión libre, el demandante sostuvo que su actuación se
produjo en respuesta a agresiones contra auxiliares, que el periodista instigaba a la
comunidad contra la Policía y que su proceder se limitó a inmovilizarlo para evitar
nuevas agresiones, soltándolo una vez se calmó22.
72. En este contexto, resulta relevante precisar que el juicio disciplinario exige la
demostración suficiente de la conducta y de su carácter reprochable, lo cual supone
la valoración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos. Sin embargo, en el presente caso, tales circunstancias no fueron
plenamente esclarecidas, en tanto la autoridad disciplinaria no profundizó en el
contexto de la intervención ni en los elementos que permitían determinar si la
actuación del demandante se enmarcaba en el ejercicio de sus funciones o
desbordaba los límites del deber funcional.
73. En desmedro de esto, la negativa de pruebas durante la actuación
disciplinaria impidió profundizar en aspectos esenciales del caso, lo que refuerza el
carácter incompleto de la investigación. La autoridad consideró innecesaria la
práctica de medios de prueba que habrían permitido esclarecer la dinámica de la
intervención, consolidando así una visión parcial de los hechos que coincidía con
su hipótesis inicial de responsabilidad.
74. Por el contrario, fue en sede judicial donde se logró una reconstrucción más
completa del contexto, a partir de la práctica de pruebas testimoniales que no fueron
debidamente incorporadas o valoradas en la actuación disciplinaria. En efecto,
varios declarantes coincidieron en señalar que el procedimiento se desarrolló en
medio de una situación de alteración del orden, en la que el periodista se encontraba
en estado de exaltación, y que la actuación del demandante se limitó a sujetarlo e
inmovilizarlo para evitar nuevas agresiones. Incluso, se precisó de manera uniforme
que no se trató de un ahorcamiento, sino de una maniobra de contención dirigida a
lograr que se calmara:
75. En primer lugar, La señora Yuri Alfonso Báez, empleada de la empresa
Recaudo Bogotá, manifestó que conocía al demandante por laborar ambos en dicha
estación y que, al momento de los hechos, se encontraba en las barreras
controlando el ingreso de los usuarios23. Indicó que presenció una situación de
alteración del orden en la que un auxiliar de policía estaba siendo agredido. Señaló,
además, que observó a un uniformado lesionado y que el periodista presentaba
signos de confrontación física24. En relación con la actuación del demandante,
22 Ver págs. 315 y ss. del archivo «51_ED_expediente digital_48CdCope4-2016-34.pdf», disponible en la
siguiente ruta: enlace de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
23 Ver minuto 15.08 del primer video de la audiencia de pruebas, ubicado en el siguiente archivo del expediente
de SAMAI: «13_250002342000201800465012RECIBEMEMORIAL20230614145323».
24 Ver minuto 17.00 del primer video de la audiencia de pruebas, ubicado en el siguiente archivo del expediente
de SAMAI: «13_250002342000201800465012RECIBEMEMORIAL20230614145323».
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sostuvo que este sujetó al periodista por el cuello y lo condujo hacia los torniquetes
con el propósito de calmarlo25.
76. En segundo lugar, el señor Juan Camilo Vela Triana declaró que conoció al
demandante el día de los hechos y que se encontraba en el lugar acompañando a
Yuri Alfonso Báez. Relató que los periodistas ingresaron a la estación y que el
personal policial intervino para atender la situación, indicando que el demandante
se limitó a retener al periodista en una esquina26. Agregó que el uniformado le
solicitaba al ciudadano que se calmara y precisó que la maniobra empleada no
correspondía a un acto de ahorcamiento, sino a un intento de inmovilización 27.
77. Este contraste probatorio resulta determinante, pues evidencia que mientras
la decisión disciplinaria se edificó sobre una reconstrucción fragmentaria y
descontextualizada, la integración de los elementos probatorios –particularmente
los testimonios practicados en sede judicial– permite advertir una versión de los
hechos en la que la actuación del demandante se enmarca en una intervención
funcional orientada al control de la situación.
78. En estas condiciones, la Sala encuentra que la prueba recaudada en el
procedimiento disciplinario, valorada de manera aislada y sin un análisis contextual
suficiente, no permitía concluir con certeza que la conducta desplegada por el
demandante constituyera un uso arbitrario, innecesario o desproporcionado de la
fuerza. Por el contrario, la integración de los elementos probatorios evidencia la
existencia de versiones plausibles que ubican la actuación dentro de un escenario
de control del orden público, sin que se haya desvirtuado de manera concluyente
dicha hipótesis.
79. Así las cosas, no era posible inferir, con el material probatorio valorado en el
procedimiento disciplinario, la configuración de la falta atribuida, pues la
reconstrucción fáctica resultó incompleta y sesgada. En consecuencia, ante la
existencia, cuando menos, de una duda razonable sobre los elementos
determinantes de la conducta, la autoridad disciplinaria debió adoptar una decisión
favorable al investigado, en aplicación del principio de presunción de inocencia.
80. En este escenario, el principio in dubio pro disciplinado impone que, ante la
persistencia de incertidumbre sobre la ocurrencia de la conducta y su carácter
reprochable, debe decidirse en favor del investigado. La duda que emerge en este
caso no es meramente hipotética, sino que se deriva de la insuficiencia del acervo
probatorio recaudado en sede disciplinaria y de la ausencia de un análisis integral
del contexto de los hechos. Al no hacerlo, la autoridad disciplinaria estructuró la
sanción sobre una base probatoria insuficiente, violando el debido proceso, lo que
compromete la validez de los actos administrativos demandados.
25 Ver minuto 26:25 del primer video de la audiencia de pruebas, ubicado en el siguiente archivo del expediente
de SAMAI: «13_250002342000201800465012RECIBEMEMORIAL20230614145323».
26 Ver minuto 32:21 del primer video de la audiencia de pruebas, ubicado en el siguiente archivo del expediente
de SAMAI: «13_250002342000201800465012RECIBEMEMORIAL20230614145323».
27 Ver minuto 41:34 del primer video de la audiencia de pruebas, ubicado en el siguiente archivo del expediente
de SAMAI: «13_250002342000201800465012RECIBEMEMORIAL20230614145323».
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81. En consecuencia, la Sala confirmará la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos sancionatorios.
82. Resuelto lo anterior, se procede a resolver las razones de inconformidad de
la parte demandante.
Del restablecimiento del derecho
83. Respecto de las medidas de restablecimiento del derecho, cabe destacar que
en la decisión apelada se ordenó el reintegro al cargo, junto con el pago de los
salarios y prestaciones sociales que el señor Acuña Escobar dejó de devengar,
limitados a 24 meses en los términos de la regla fijada por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-556 de 2014.
84. La orden de reintegro se mantendrá, en tanto la decisión de retirar al
demandante de su cargo provino del ejercicio de la potestad sancionadora por parte
de su nominador en primera instancia. En ese sentido, de manera eficiente intervino
en la expedición de uno de los actos que definió la responsabilidad disciplinaria del
señor Acuña Escobar y, en consecuencia, desvirtuada la presunción de legalidad
de la decisión que le compitió expedir, es la llamada a restablecer el derecho en lo
que a esta medida se refiere.
85. Cabe destacar que, en sentencia del 12 de febrero de 2026, esta Subsección
se refirió a la imposibilidad de reintegrar al cargo a quien fue apartado de este como
consecuencia de una sanción impuesta por parte de la Procuraduría General de la
Nación en el ejercicio del poder disciplinario preferente28. Dicha imposibilidad no se
extiende al caso del señor Acuña Escobar en la medida en que su nominador sí
ejerció la potestad sancionadora; de hecho, fue quien expidió el acto que, en primera
instancia, lo declaró disciplinariamente responsable.
86. Respecto del pago de lo dejado de devengar, la Sala advierte que la
sentencia de primera instancia ordenó el reconocimiento de salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir, pero lo limitó a un término máximo de veinticuatro (24)
meses, con fundamento en la regla fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-556 de 2014.
87. No obstante, la Sala considera que dicha limitación no resulta aplicable al
caso concreto, en atención a la naturaleza del vínculo que ostentaba el demandante.
En efecto, la regla jurisprudencial que establece el límite temporal de veinticuatro
meses ha sido desarrollada para supuestos de vinculación en provisionalidad, en
los cuales no existe un derecho cierto a la permanencia en el cargo, sino una
expectativa condicionada a la provisión definitiva del empleo.
28 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de febrero de 2026. Exp. 11001-03-
25-000-2015-00348-00 (0702-2015). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00465-01 (0346-2023)
88. Por el contrario, en el presente asunto se encuentra acreditado que el
demandante hacía parte de un régimen especial de carrera en la Policía Nacional29,
lo cual implica el reconocimiento de una estabilidad funcional y una expectativa
legítima de permanencia en el servicio, sujeta únicamente al cumplimiento de los
deberes propios del cargo y al respeto del régimen disciplinario.
89. También cabe destacar que si bien la Sección Segunda de esta Corporación
en previos pronunciamientos ha acogido la línea jurisprudencial según la cual de
dichos valores se debe descontar lo que el demandante hubiese percibido por
concepto de salarios, honorarios y, en general, lo devengado en el sector público
como dependiente o de manera independiente30, en esta oportunidad la orden de
pagar los emolumentos que se dejaron de percibir no contemplará estas
deducciones, en la medida en que en el expediente no se encuentra acreditado que
el señor Claudio Alejandro Acuña Escobar hubiese recibido alguna asignación de
este tipo.
90. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en
ese aspecto, para disponer que el reconocimiento de los salarios y prestaciones
sociales a favor del demandante se efectúe de manera plena, desde el momento en
que fue retirado del servicio y hasta el momento en que (i) sea reintegrado al cargo;
o (ii) se consolide una situación que haga imposible su reintegro, incluidas las
causales legales de retiro del servicio contempladas en los artículos 50 y siguientes
del Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley 2179 de 2021.
91. También es necesario modificar la sentencia en el sentido de determinar que
la condena que se ordena a título de restablecimiento del derecho se impondrá, de
manera solidaria, a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y a
la Procuraduría General de la Nación, en la medida en que ambas entidades
expidieron, en las respectivas instancias disciplinarias, los actos cuya presunción
de legalidad resultó desvirtuada.
Sobre el reconocimiento de perjuicios morales
92. El demandante también cuestionó la negativa del reconocimiento de
perjuicios morales derivados de la sanción disciplinaria que le fue impuesta. Sin
embargo, la Sala considera que de las pruebas allegadas al proceso no se logró
29 Ver pág. 184 del archivo «13_ED_expediente digital_02Demanda.pdfpdf», disponible en la siguiente ruta:
enlace de OneDrive disponible en el índice No. 00041 de SAMAI.
30 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Exp. 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017). C.P. William
Hernández Gómez; y de la Subsección “B”, sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016-
03086-01 (2771-2020). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En estas providencias se ha autorizado a la demandada
para que efectúe los descuentos sobre el monto de la condena, de las sumas de dinero que el demandante
hubiese recibido a título de haberes laborales derivados de un vínculo con el sector público, motivado en la
expresa prohibición del artículo 128 superior. En este punto, se ha aplicado por extensión la regla de unificación
fijada en la sentencia del 9 de agosto de 2022, en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017)
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, al tiempo que ha representado un apartamiento de lo dispuesto en la sentencia
SU-354 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo), que se advierte con mayor claridad en: Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-
00217-01 (4175-2017). C.P. William Hernández Gómez.
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acreditar, con suficiencia, que la aflicción, el dolor o padecimiento sufrido por el
demandante tuvieran como causa directa los actos administrativos disciplinarios.
93. En efecto, los medios de convicción que reposan en el expediente no
permiten establecer de manera clara la existencia de un daño moral autónomo
imputable directamente a los actos administrativos demandados. En ese sentido, la
Sala concluye que, si bien la sanción disciplinaria que le fue impuesta al
demandante implicó una restricción de sus derechos y produjo su retiro del servicio,
no podría afirmarse que toda decisión disciplinaria conlleve necesariamente la
materialización de perjuicios morales.
94. En consecuencia, para que procediera el reconocimiento de los perjuicios
reclamados era indispensable que los acreditara dentro del proceso, en las
oportunidades procesales correspondientes, pues se trata de una carga probatoria
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso,
corresponde a quien los alega.
De la condena en costas
95. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
96. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
97. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia, por cuanto el recurso
de apelación de la parte demandante solo prosperó de manera parcial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00465-01 (0346-2023)
Primero. MODIFICAR el literal b) del ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida
el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará de la siguiente manera:
«SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-POLICÍA NACIONAL, a lo siguiente:
(…)
b) A título de restablecimiento del derecho, de forma solidaria con la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar al señor CLAUDIO
ALEJANDRO ACUÑA ESOBAR los salarios y prestaciones sociales que dejó
de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio y hasta cuando (i)
sea reintegrado al cargo; o (ii) se consolide una situación que haga imposible
su reintegro, incluidas las causales legales de retiro del servicio contempladas
en los artículos 50 y siguientes del Decreto 1791 de 2000, modificado por la Ley
2179 de 2021».
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. RECONOCER personería a la abogada Linda Jairiny Peñaranda Mantilla,
identificada con cédula de ciudadanía nro. 1.091.653.591 y portadora de la tarjeta
profesional nro. 185.850 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00015
de SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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