Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2004-01443-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2004-01443-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-31-000-2004-01443-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
2 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla
Temas: Insubsistencia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante, contra la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2006 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual denegó las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Hugo Pacheco
Barragán, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución
058 del 19 de marzo de 2004, expedida por la directora del Área Metropolitana de
Barranquilla, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento.
Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó (i) ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro
de igual o superior categoría; (ii) reconocer y pagar las prestaciones sociales,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
salarios, intereses de cesantías, primas de navidad, vacaciones remuneradas,
prima de vacaciones, aportes por salud y pensión y demás emolumentos que dejó
de percibir desde la desvinculación hasta cuando se produzca el reintegro; (iii)
declarar que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio; (iv) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso
Administrativo; y (v) condenar en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
(i) El señor Pacheco Barragán ingresó a prestar sus servicios en el Área
Metropolitana de Barranquilla desde el 8 de septiembre de 1993, en el cargo de
profesional especializado. A través de la Resolución 0321 del 7 de octubre de 1994,
emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública (Comisión
Seccional del Servicio Civil del departamento del Atlántico), que le fue comunicada
el 28 de noviembre siguiente, se dispuso su inscripción en el escalafón de carrera,
en el cargo de profesional especializado, grado II, de la aludida entidad
administrativa.
(ii) Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigencia del acto
administrativo enunciado, el actor ostenta todos los derechos de carrera
administrativa, entre ellos, la posibilidad de ascenso a empleos superiores, la
permanencia en el empleo en tanto que cumpla con eficiencia y buena conducta las
funciones encomendadas. En particular, en el oficio a través del cual se le comunicó
la decisión administrativa aludida, se le advirtió que «para efectos de nombramiento
en otro cargo de carrera superior al que desempeñe, el cual no haya sido precedido
por un concurso, este deberá hacerse por incorporación, con el fin de conservar sus
derechos de Carrera Administrativa».
(iii) A través de los Decretos 002 y 003 del 21 de diciembre de 2001 se efectuaron
ajustes en la estructura orgánica del Área Metropolitana de Barranquilla y se creó
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una nueva planta de personal. En los aludidos actos se suprimieron varios empleos,
entre ellos, el de profesional especializado (coordinador Banco de Proyectos) en el
que recaía su nombramiento; además, se crearon otros empleos, entre los cuales
está el de jefe del Departamento de Proyectos Metropolitanos, código 280, grado
02, cuya naturaleza y funciones son de carrera administrativa y afines o similares al
empleo que venía desempeñando.
(iv) A través de la Resolución 002 del 21 de enero de 2002 se hicieron unas
incorporaciones en la nueva planta de personal y, en particular, la suya se produjo
en el empleo de jefe del Departamento de Proyectos Metropolitanos, código 280,
grado 02, con lo cual conservó sus derechos de carrera, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 39 de la Ley 443 de 1998. La decisión acerca de la incorporación se le
comunicó a través del oficio del 2 de enero de 2002 y, en él, se le informó que
conservaba sus derechos de carrera. La posesión en ese empleo se hizo efectiva a
través de acta 129 de 2002.
(v) Durante el lapso comprendido entre el 2 de enero de 2002 y el 24 de marzo de
2004 ostentó con eficiencia y eficacia el empleo de jefe del Departamento de
Proyectos Metropolitanos, código 280, grado 02, consciente de que conservaba sus
derechos de carrera administrativa; sin embargo, el 24 de marzo de 2004, se le
notificó la Resolución 058 del 19 de marzo de 2004, suscrita por la directora del
Área Metropolitana de Barranquilla, «[p]or la cual se declara la insubsistencia de un
funcionario de libre nombramiento y remoción y se nombra un funcionario» y se
ordenó la entrega inmediata del cargo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 4, 6, 25, 29, 123, 125 y 209 de la Constitución
Política; 1, 5, 12 y 37 de la Ley 443 de 1998; y los Decretos 2400 de 1968 y 1950
de 1973.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
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siguientes argumentos:
(i) El acto acusado incurrió en violación del ordenamiento superior, toda vez que la
entidad accionada desconoció el derecho al trabajo, la condición de empleado de
carrera administrativa que le asistía al señor Pacheco Barragán, y las garantías que
derivan de ella, entre las cuales está la estabilidad, que garantizaba que su
desvinculación solo procedería a través de acto motivado, y siempre que se hubiere
acreditado alguna de las causales legales para ello; no obstante, lo que refleja la
resolución censurada es un acto de retiro por decisión discrecional del nominador
y, en ese orden, no se aviene a los cánones supralegales ni a las normas que rigen
la carrera administrativa.
(ii) Según las excepciones de los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 443 de
1998, el empleo de jefe del Departamento de Proyectos Metropolitanos, código 282,
grado 02, no es de libre nombramiento y remoción pues «su naturaleza no es de
elección popular ni de periodo fijo conforme a la Constitución y la ley, como tampoco
tienen asignadas funciones que deban ser ejercidas en las comunidades indígenas
conforme con su legislación, ni se encuadra dentro del régimen de los trabajadores
oficiales»; además, dentro de sus atribuciones no está la dirección, conducción y
orientación institucional, ni la adopción de políticas o directrices que determinen el
manejo de la administración pública; por el contrario, al tenor del Decreto 1569 de
1998, su clasificación corresponde al nivel ejecutivo, pues su marco funcional
comprende «la realización y/o ejecución de las decisiones o políticas de orden
superior provenientes del Nivel Directivo»; el desempeño del aludido empleo
tampoco implica confianza, ni tiene asignadas funciones de asesoría institucional,
asistencial o de apoyo al servicio directo de la máxima autoridad de la entidad. Con
base en lo anterior, al haberse indicado que el empleo era de tal naturaleza, el acto
demandado incurrió en falsa motivación.
(iii) La decisión administrativa que se acusa incurrió en desviación de poder, pues
mediante ella se desvinculó a un empleado de carrera aduciendo que se trataba de
uno de libre nombramiento y remoción y ello ocurrió «muy seguramente para
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satisfacer apetitos burocráticos» y, de tal manera, se desatendieron las
disposiciones constitucionales y legales que lo amparaban, máxime cuando el
ingreso a ese empleo se produjo a través de la figura de incorporación, la cual
garantizaba sus derechos de estabilidad.
(iv) Finalmente, el acto careció de la motivación que era necesaria para desvincular
a un empleado de carrera administrativa, en ese sentido estuvo motivado por
circunstancias inexistentes o erróneas, lo cual pudo obedecer al interés de la
directora de la entidad de complacer a su jefe político y la posible convicción errada
que recaía en ella, acerca de la naturaleza del empleo que ocupaba el actor.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El Área Metropolitana de Barranquilla
La entidad accionada, por conducto de apoderado, contestó la demanda 1 y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones. Para tal efecto, se refirió a los siguientes
argumentos:
(i) En el momento en que se produjo la modificación de la planta de personal, con
el Decreto Metropolitano 003 del 21 de diciembre de 2001, el actor debió
incorporarse en el cargo de profesional especializado, código 335, grado 03, pues
en él «sí se daban las condiciones precisas de la equivalencia»; sin embargo,
«present[ó] recursos se reposición y apelación que los establece la ley, cuando
consider[ó] vulnerado [sic] sus derechos, lo que a la luz nos deja entrever que
conoce la normatividad y aplicabilidad de la carrera administrativa. Más sin
embargo, con extrañeza, noto no solo que haya aceptado, sino posesionándose el
día 2 de enero de 2002 según Acta No. 129 en el cargo de Jefe del Departamento
de Proyectos Metropolitano Nivel Ejecutivo Código 280 Grado 02, adquiriendo el
carácter de empleado en provisionalidad, cuando vemos claramente que no se
1
Folios 60 a 67.
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presenta la equivalencia sino que es un nuevo cargo y que para acceder a el [sic]
mismo debió dase el trámite de Ley». En ese orden, aunque venía desempeñando
un cargo de carrera y ostentar derechos respecto de él, al haber tomado posesión
de otro empleo, también de carrera pero sin las formalidades necesarias, perdió los
derechos inherentes a ella.
(ii) En lo que respecta al argumento del demandante, relativo a la desviación de
poder porque el acto administrativo tuvo como origen el interés de la directora de la
entidad de satisfacer apetitos burocráticos, no es cierta tal afirmación, pues lo único
que se buscó con la decisión fue procurar la eficiencia y eficacia de la entidad;
además, el actor fue quien aceptó posesionarse en un empleo respecto del cual no
predicaba derechos de carrera y, por ende, era viable desvincularlo en los términos
en que se hizo.
(iii) Ante tales circunstancias, deben prosperar las excepciones de a. inexistencia
de la obligación de reintegrar al demandante, máxime cuando en la planta de
personal de la entidad no existe cargo alguno vacante o en provisionalidad; b. falta
de agotamiento de la vía gubernativa, porque, en sede administrativa, no se
cuestionó la Resolución 058 del 19 de marzo de 2004; y, c. prescripción, respecto
de los derechos que se hubiesen extinguido por el transcurso del tiempo.
1.2.2. Llamada en garantía
La señora Flor María Acuña Vengoechea, en su condición de llamada en garantía, 2
pues fungía como directora del Área Metropolitana de Barranquilla, para el momento
de la expedición del acto acusado, contestó la demanda3 y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones; como sustento de lo anterior, expuso:
(i) El demandante perdió los derechos de carrera administrativa a partir del
momento en que se posesionó en un cargo no equivalente al que venía
2
Según decisión adoptada en providencia del 12 de abril de 2005. Folios 104 a 106.
3
Folios 107 a 112.
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desempeñando. Valga aclarar que en la planta de personal establecida a través del
Decreto Metropolitano 003 del 21 de diciembre de 2001 se crearon 4 cargos de
profesional especializado, nivel profesional, código 335, grado 03, que sí eran
equivalentes a aquel respecto del cual ostentaba tal prerrogativa y, por ende, la
incorporación se debió producir en uno de ellos. En tal sentido, al haber tomado
posesión de un empleo diferente a aquel respecto del cual presentaba
equivalencias, perdió los derechos de estabilidad que le asistían, tal como lo
dispone el artículo 38 de la Ley 443 de 1998.
(ii) En consideración a lo anterior y que la intención de la llamada en garantía no fue
otra que actuar conforme a la ley y que no se vislumbra en ella un actuar doloso o
con culpa grave, no debe prosperar ninguna pretensión que le atribuya alguna
responsabilidad.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 16 de noviembre de
2006,4 declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada
y denegó las pretensiones de la demanda; para tal efecto, tuvo en cuenta las
siguientes consideraciones:
(i) En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente al
acto censurado, teniendo en consideración que, en su texto, se señaló
expresamente que contra él no procedía ningún recurso, no prospera la exceptiva
planteada, pues no era necesario interponer recursos en sede administrativa.
(ii) Según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 443 de 1998 «cuando un empleado
inscrito en carrera administrativa es promovido a un cargo de mayor jerarquía, sin
someterse previamente al procedimiento legalmente establecido para ello», tal
situación conlleva el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos
derivados de ella. En el caso del actor, aunque venía ocupando un cargo de carrera,
4
Folios 343 a 359.
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al haber tomado posesión de otro de igual naturaleza, pero sin el cumplimiento de
las formalidades legales —reunir los requisitos para desempeñar ese empleo y
actualizar su inscripción en el escalafón de carrera en el nuevo empleo—, se produjo
la pérdida de los derechos que le asistían.
(iii) En lo que respecta a la desviación de poder invocada por el demandante, no se
demostró ese cargo, pues no se allegaron pruebas de que la decisión de la
administración hubiera tenido por objeto satisfacer los apetitos burocráticos que se
refirieron en la demanda; además, se demostró que pese a la inscripción en carrera
administrativa de que era titular el actor, al posesionarse en un nuevo empleo sin el
lleno de los requisitos, perdió las prerrogativas de aquella y, por ende, en aplicación
de lo previsto en el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, los nombramientos en
provisionalidad, como el que en él recaía, pueden ser declarados insubsistentes por
la autoridad nominadora en cualquier momento, lo que ocurrió en el sub lite.
(iv) En lo que atañe al cargo por falsa motivación, no tiene vocación de prosperidad,
toda vez que se sustentó en que la decisión acusada fue apresurada y sin atender
que se trataba de un empleado de carrera, por lo que el acto debió estar antecedido
por el procedimiento que, para ese efecto, está señalado en la Ley 443 de 1998; sin
embargo, se repite, en el expediente quedó demostrado que el actor perdió las
prerrogativas derivadas de su inscripción inicial en carrera administrativa y, por
ende, no era necesario adelantar tal procedimiento.
1.4. El recurso de apelación5
El señor Hugo Pacheco Barragán, actuando por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación,6 que sustentó así:
5
Se precisa que la interposición del recurso se produjo una vez se adelantó la audiencia de
reconstrucción del expediente, el 8 de octubre de 2015 (folio 412) debido a l extravío del caratulario
original.
6
Folios 414 a 478.
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(i) En la entidad demandada se produjeron múltiples modificaciones de la planta de
personal; sin embargo, con el análisis comparativo del manual de funciones se
puede evidenciar la equivalencia en los cargos que desempeñó, aun a pesar de
que, en diversas ocasiones, este pasó del nivel profesional al ejecutivo y a la
inversa, pues, en esencia, conservaba iguales funciones básicas, acordes con su
perfil laboral y las responsabilidades impuestas, y, en ese sentido, debe tenerse
como válida la incorporación que se produjo en el de jefe del Departamento de
Proyectos Metropolitanos, código 280, grado 02, la cual se ciñó a lo previsto en los
artículos 38, 39 y 40 de la Ley 443 de 1998, el Decreto Ley 1172 de 1998 y los
artículos 46, 133 y 136 del Decreto Ley 1572 de 1998. En tales condiciones, su
ingreso a un cargo de carrera superior se produjo con el lleno de las formalidades
legales y le permitió conservar sus derechos de carrera administrativa y, en
particular, la estabilidad en el empleo.
(ii) La incorporación del actor en el cargo de jefe del Departamento de Proyectos
Metropolitanos, código 280, grado 02, si bien era de mayor jerarquía, se hizo
conservando los derechos inherentes a la carrera administrativa, pues así se le
informó en el oficio de comunicación y, en últimas, entre uno y otro empleo no hubo
alteración en la naturaleza de las funciones, las responsabilidades a cargo, los
requisitos para su desempeño y la remuneración, por lo que se mantenía la
equivalencia entre ellos. Además, su posesión en aquél fue el resultado de la
incorporación determinada por la entidad y cumplió con todos los requisitos y
formalidades legales; por tales razones, la falta de actualización en el escalafón no
conllevó la pérdida de los derechos que le asistían.
(iii) El empleo de profesional especializado, código 335, grado 03, en el cual, según
la providencia apelada, se debió producir la incorporación, no es equivalente en sus
funciones, requisitos, ni remuneración de aquel que desempeñaba en la planta
anterior; por lo tanto, la incorporación no podía producirse en él toda vez que ello
desconocería el artículo 81 del Decreto 1042 de 1978, en tanto que se habrían
desmejorado las condiciones salariales y laborales que le eran propias.
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(iv) Lo anterior conlleva que el acto no se expidió en aras del buen servicio, pues
no estuvo precedido del análisis de su trayectoria y experiencia en la entidad,
además, con él se hizo uso indebido de la facultad discrecional, en tanto que la
persona que lo reemplazó no acreditaba los requisitos de experiencia y formación
para el desempeño del empleo y su nombramiento no generó ninguna mejora
institucional, de ahí que esté demostrada la falsa motivación que recae sobre el
acto, cargo que también se configuró cuando se afirmó, por parte de la entidad, que
la pérdida de derechos de carrera ocurrió ante la falta de actualización en el registro
correspondiente, cuando tal circunstancia no conlleva esa consecuencia; valga
aclarar, en todo caso, que esta motivación tan solo fue conocida por el actor, con
los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Por otro lado, la falta
de motivación se configuró por cuanto no se informó la razón que dio origen a la
declaratoria de insubsistencia, con lo cual se quebrantó el derecho al debido
proceso y el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-372 de 1999, según la cual el acto de retiro que conlleve la pérdida de los
derechos de carrera debe ser motivado.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.7
1.6. El Ministerio Público
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto 8 en el
que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las
súplicas de la demanda. Como sustento de su postura, señaló, en síntesis, lo
siguiente:
(i) Al momento en que se produjo la desvinculación, el demandante ocupaba el
empleo de jefe del Departamento de Proyectos Metropolitanos, código 280, grado
7
Folio 498.
8
El concepto obra en folios 490 a 497.
10
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2, que fue creado a través del Decreto Metropolitano 003 de diciembre de 2001,
ubicado en la Subdirección de Planeación y como su clasificación no es de libre
nombramiento y remoción, se debe entender que es de carrera administrativa,
máxime cuando no tiene a cargo funciones directivas, de manejo, de conducción u
orientación institucional.
(ii) En lo que respecta a la vinculación del señor Pacheco Barragán, las pruebas
que obran en el expediente permiten concluir que estaba inscrito en el escalafón de
carrera administrativa, en el cargo de profesional especializado, grado 2, como
consta en la Resolución 0321 del 2 de septiembre de 1994. Producto de los
diferentes procesos de reorganización administrativa que sufrió la entidad, el actor
fue incorporado en sucesivos empleos, último que fue el de jefe de departamento,
código 280, grado 02, conforme a la Resolución 002 del 2 de enero de 2002 y, en
todas las comunicaciones que le informaron sobre la novedad, se le manifestó que
conservaba los derechos inherentes a la carrera.
(iii) Todo lo anterior, permite inferir «a. que el actor se encontraba al momento de la
desvinculación inscrito en carrera administrativa; b. que su inscripción en carrera es
del empleo Profesional especializado grado II; c. que no está demostrado que al
actor se le hubiera actualizado el registro de inscripción de carrera en otro empleo;
c. el actor no está inscrito en carrera administrativa en el empleo que ocupaba al
momento de la desvinculación, Jefe del Departamento de proyectos, código 280,
grado 2; d. que al actor se le incorporó en la nueva planta de personal,
informándosele que conservaba sus derechos de carrera; y, e. el actor al momento
de la desvinculación conservaba sus derechos de carrera».9
(iv) En consideración a lo anterior, como el señor Pacheco Barragán estaba inscrito
en carrera administrativa, no podía ser desvinculado del servicio en la forma en que
se hizo; por ende, no se comparte el razonamiento de la providencia recurrida, en
cuanto avaló la tesis de la pérdida de tales derechos, por la omisión de actualización
9
Se precisa que, en la cita, se reemplazó la numeración, para que no se confundiera con la de la
providencia.
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del actor en el registro correspondiente, pues no es una omisión que le sea atribuible
y en cuanto no se demostró que hubiera obrado de mala fe para su incorporación,
la que, se repite, ocurrió previo a informarle que, con ella, conservaría los derechos
de carrera.
(v) Sobre el anterior punto, es preciso destacar la postura de la Corte en la sentencia
de constitucionalidad de la Ley 443 de 1998,10 en la cual consideró que la pérdida
de derechos de carrera por la posesión en un empleo de carrera o de libre
nombramiento y remoción sin el cumplimiento de las formalidades legales se
produce siempre y cuando la vinculación irregular hubiera ocurrido como
consecuencia de la mala fe probada del servidor público, requisito que no se
advierte en este caso, en que la posesión, por parte del actor, estuvo precedida de
la convicción de estar manteniendo los derechos de que era titular.
(vi) Finalmente, en lo que se refiere a la equivalencia entre el empleo de jefe del
departamento de proyectos, código 280, grado 02, y aquel en que predicaba
derechos de carrera el demandante, no se advierte tal correspondencia; pues ella
se debió predicar respecto del empleo de profesional especializado, código 335,
grado 03; por lo tanto, se debe entender que su vinculación en el cargo de jefe de
proyectos era provisional, pero que mantenía sus derechos en el de profesional
especializado. En ese orden de ideas, está demostrada la desviación de poder, en
cuanto se declaró la insubsistencia del nombramiento, aduciendo que se trataba de
un empleado de libre nombramiento y remoción cuando no lo era, y no se
configuraban las causales para el retiro de un empleado de carrera.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
10
En el concepto se hace referencia a la Sentencia C-372 de 1999.
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Se circunscribe a establecer si el acto administrativo demandado incurrió en los
siguientes defectos (i) violación de la constitución y la ley, por desconocimiento de
las prerrogativas de carrera administrativa que recaían en el demandante; (ii)
desviación de poder, porque la intención de su nominador, con la declaratoria de
insubsistencia fue satisfacer apetitos burocráticos; (iii) falta de motivación porque al
ser un empleo de carrera administrativa, la insubsistencia en el nombramiento debió
estar precedida de la motivación y actuación administrativa correspondiente; y (iv)
falsa motivación porque el acto administrativo no se expidió en procura del buen
servicio.
2.2. Marco normativo
El artículo 125 de la Constitución Política consagra que «los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera, pero se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley». Dicho precepto también determina que el retiro del servicio
procede « por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación
del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la
ley.»
El artículo 3 de la Ley 443 de 1998 «por la cual se expiden normas sobre carrera
administrativa y se dictan otras disposiciones», determina quienes son sus
destinatarios, entre ellos, los empleados del Estado que prestan sus servicios en las
entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional, a quienes, además, se les aplican
las disposiciones consagradas en los Decretos Ley 2400 y 3074 de 1968.
La ley aludida, en su artículo 5, consagra cuáles empleos no son de carrera, entre
los cuales se destacan: los de elección popular, los de período, aquellos cuyas
funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su
legislación y los de trabajadores oficiales; los de libre nombramiento y remoción que
correspondan a los criterios de dirección, conducción y orientación institucionales,
cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices; aquellos de cualquier
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nivel jerárquico cuyo ejercicio implica confianza que tengan asignadas funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e
inmediato de los funcionarios enunciado en el citado artículo, siempre y cuando tales
empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos; los empleos cuyo
ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores
del Estado; y aquellos empleos que no pertenezcan a los organismos de seguridad
del Estado, cuyas funciones, como las de escolta, consistan en la protección y
seguridad personales de los servidores públicos.
Ahora bien, el artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 1968, estableció que el retiro del
servicio se produce, entre otras causales, por declaración de insubsistencia del
nombramiento; sobre esa causal de retiro, respecto de quienes no pertenezcan al
escalafón de carrera, el artículo 26 ibidem precisó:
Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del
servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente
libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia. Sin embargo,
deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que no lo ocasionaron en la
respectiva hoja de vida. Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán
ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos
establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La
declaración de insubsistencia conlleva la pérdida de los derechos del funcionario
de carrera.
De igual manera, el Decreto 1950 de 1973 «por el cual se reglamentan los Decretos
• Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal
civil», en su artículo 107 consagró:
Artículo 107º.- En cualquier momento podrá declararse insubsistente un
nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo
con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente
sus empleados. [Se destaca]
Por otro lado, el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 identifica las causales de retiro
de los empleados de carrera administrativa, así: a. Por declaratoria de
insubsistencia del nombramiento, como consecuencia de calificación no
satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral; b. Por renuncia
14
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
regularmente aceptada; c. Por retiro con derecho a jubilación; d. Por invalidez
absoluta; e. Por edad de retiro forzoso; f. Por destitución, desvinculación o remoción
como consecuencia de investigación disciplinaria; g. Por declaratoria de vacancia
del empleo en el caso de abandono del mismo; h. Por revocatoria del nombramiento
por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo, de que trata el artículo
5 de la Ley 190 de 1995; i. Por orden o decisión judicial; j. El personal no uniformado
de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, previo concepto
favorable de la Comisión de Personal, podrá ser retirado cuando por informe
reservado de inteligencia se considere que es inconveniente su permanencia en el
servicio por razones de seguridad nacional. En este caso, la providencia no se
motivará;11 k. Por las demás que determinen la Constitución Política, las leyes y los
reglamentos.12
Entre tanto, en lo que tiene que ver con la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de un empleado de carrera administrativa, el artículo 42 ibidem
señala:
Artículo 42. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por calificación no
satisfactoria. El nombramiento del empleado de carrera administrativa deberá
declararse insubsistente por la autoridad nominadora cuando haya obtenido
calificación no satisfactoria como resultado de la evaluación del desempeño laboral,
para lo cual deberá oírse previamente el concepto no vinculante de la Comisión de
Personal.
Contra el acto administrativo que declare la insubsistencia procederán los recursos
de ley.
Parágrafo. Esta decisión se entenderá revocada si interpuestos los recursos dentro
del término legal, la administración no se pronunciare dentro de los cuarenta y cinco
(45) días calendario siguientes a la presentación de los recursos. En este evento la
calificación que dio origen a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento se
considerará satisfactoria en el puntaje mínimo.
11
El literal j fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-368-99 de 1999.
12
El aparte en cursiva fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
372 de 1999.
15
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
La autoridad competente que no resuelva el recurso respectivo dentro del plazo
previsto, será sancionada de conformidad con las normas que regulan el régimen
disciplinario.
Por otro lado, el artículo 38 de la Ley 443 de 1998 señala las circunstancias en que
se produce la pérdida de derechos de carrera administrativa, así:
Artículo 38. Perdida de los derechos de carrera. El retiro del servicio por cualquiera
de las causales previstas en el artículo anterior conlleva el retiro de la carrera
administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, salvo cuando opere la
incorporación en los términos del artículo siguiente de la presente ley. De igual
manera, se producirá el retiro de la carrera y la pérdida de los derechos de la misma,
cuando el empleado tome posesión de un cargo de carrera, de libre nombramiento y
remoción o de período, sin haber cumplido con las formalidades legales. (El aparte
en cursiva fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-372 de 1999)
Parágrafo. El retiro del servicio de un empleado de carrera por renuncia regularmente
aceptada, permitirá la continuidad de su registro por un término de dos (2) años
durante los cuales, podrá participar en los concursos de ascenso en los que acredite
los requisitos correspondientes.
La anterior disposición fue declarada condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional en Sentencia C-372 de 1999,13 «bajo condición de que el retiro de la
carrera y la pérdida de los derechos de la misma en el evento que contempla la
norma solamente tendrá lugar sobre la base de la probada mala fe del empleado».
Y en lo que tiene que ver con las prerrogativas de carrera administrativa, debido a
la supresión del empleo, la aludida ley, en sus artículos 39 y 40, dispone que los
titulares de tales derechos «podrán optar por ser incorporados a empleos
equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca
el Gobierno Nacional» efecto para el cual se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a la supresión
de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes o que de
acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas de personal, en el
siguiente orden:
1.1 En las entidades en las cuales venían prestando sus servicios, si no hubieren sido
suprimidas.
13
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
16
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
1.2 En las entidades que asuman las funciones de los empleos suprimidos.
1.3 En las entidades del sector administrativo al cual pertenecían las entidades, las
dependencias, los empleos o las funciones suprimidos.
1.4 En cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional o territorial, según
el caso.
Además, la ley en comento determina que tal incorporación procede siempre que
se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño de los respectivos empleos.
La incorporación así realizada conlleva la continuidad de los derechos de carrera
que ostentaba el empleado al momento de la supresión y la actualización de su
inscripción en la carrera; sin embargo, en el evento de que no sea posible la
incorporación, en el término previsto en la ley, el exempleado tiene derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización. Ahora bien, «[c]uando se reforme total
o parcialmente la planta de personal de un organismo o entidad y los empleos de
carrera de la nueva planta, sin cambiar sus funciones, se distingan de los que
conformaban la planta anterior por haber variado solamente la denominación y el
grado de remuneración, aquellos cargos no podrán tener requisitos superiores para
su desempeño y los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos,
deberán ser incorporados por considerarse que no hubo supresión efectiva de
éstos». Y, en todo caso, «a los empleados que hayan ingresado a la carrera previa
acreditación de los requisitos exigidos al momento de su ingreso, no podrá
exigírseles requisitos distintos en caso de incorporación o traslado a empleos
iguales o equivalentes».
Por otro lado, el artículo 6 de la Ley 443 de 1998 señala que ante el cambio de
naturaleza de un empleo de carrera administrativa, al que se le denomine de libre
nombramiento y remoción, el empleado titular de los derechos de carrera «deberá
ser trasladado a otro de carrera que tenga funciones afines y remuneración igual o
superior a las del cargo que desempeña, si existiere vacante en la respectiva planta
de personal; en caso contrario, continuará desempeñando el mismo cargo y
conservará los derechos de carrera mientras permanezca en él».
17
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
(i) El 28 de marzo de 1994,14 el demandante tomó posesión, en periodo de prueba,
del empleo de operador, grado II Arq/Ing en el Área Metropolitana de Barranquilla,
para el cual fue nombrado según Resolución 083 Bis de igual fecha.
(ii) El 2 de septiembre de 1994,15 la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la
Resolución 0321, por la cual se inscribió al señor Hugo Pacheco Barragán en el
escalafón de carrera administrativa, en el empleo de profesional especializado
grado II, código 0310, grado 07, del Área Metropolitana de Barranquilla.
(iii) El 28 de noviembre de 1994,16 la Comisión Seccional del Servicio Civil del
departamento del Atlántico le comunicó al demandante que había sido inscrito en el
escalafón de carrera administrativa y le indicó que gozaba de todos los derechos
inherentes a ella; además, precisó que «[e]n adelante, el nombramiento en otro
cargo de carrera superior al que desempeñe, deberá estar obligatoriamente
precedido de un concurso (salvo por incorporación a una nueva planta de personal),
pues si usted se posesiona sin este requisito previo, automáticamente quedará
retirado de la carrera administrativa».
(iv) El 30 de diciembre de 1994,17 se expidió el Acuerdo 011, a través del cual se
modificó la planta de personal del Área Metropolitana de Barranquilla y se definieron
unas funciones. Del acto administrativo anterior se cita lo que resulta útil para el
proceso de la referencia, así:
14
Folio 183.
15
Folio 39.
16
Folio 40.
17
Folios 224 a 226.
18
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
ARTÍCULO CUARTO: Suprímase el cargo de Operador Grado II adscrito a la División de
Planeación y créase el cargo de Profesional Especializado Grado I (Arq/Ing) Banco
de Proyectos adscrito a la División de Planeación.
[…]
ARTÍCULO SEXTO: Las funciones del cargo Profesional Especializado Grado I (Arq/Ing)
banco de Proyectos, quedarán así:
1) Apoyar las actividades relacionadas con el Plan de Desarrollo Metropolitano.
2) Preparar, seleccionar, diseñar y normatizar los proyectos de cofinanciación y/o
proyectos generales a ejecutar por el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.
3) Recopilar, archivar, procesar y analizar la información técnica, normativa y
estadística que implica la conformación de los proyectos.
4) Las funciones que sean asignadas por la Gerencia.
[…]
ARTÍCULO NOVENO: Facúltese al gerente del Área Metropolitana de Barranquilla para
que ordene sus actos administrativos de la adecuación de personal dispuesto en este
acuerdo.
(v) El 26 de diciembre de 1995,18 se expidió la Resolución 367, a través de la cual
se encargó al demandante, del empleo de jefe de la División de Planeación y Control
del Área Metropolitana de Barranquilla, mientras el periodo de vacaciones de su
titular.
(vi) El 16 de enero de 1996,19 se le comunicó al demandante que mediante la
Resolución 016-96 de esa fecha, FUE NOMBRADO EN PROPIEDAD Y EN CARRERA
ADMINISTRATIVA en el cargo de JEFE DE SECCIÓN DE BANCO DE PROYECTOS DEL Área
metropolitana de Barranquilla». El texto del aludido acto administrativo es del
siguiente tenor:
1. Que el Arquitecto HUGO PACHECO BARRAGÁN venía desempeñando el cargo de
Profesional Especializado Grado I (Arq- Ing), Banco de Proyectos creado por el
Acuerdo Metropolitano No 011 de 1994.
2. Que su cargo fue suprimido por el Acuerdo Metropolitano 007 de 1995.
3. Que el Área Metropolitana de Barranquilla creó la Sección de Banco de Proyectos
y el Cargo de Jefe de Sección de Banco de Proyectos, según acuerdo Metropolitano
007 de 1995 y asignó a éste cargo las funciones que venía desempeñando el
Arquitecto HUGO PACHECO BARRAGÁN en el cargo de Profesional Especializado Grado
I (Arq- Ing) Banco de Proyectos.
18
Folio 182.
19
Folio 180.
19
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
4. Que el Decreto Ley 2400 de 1968 en su Artículo 48 en concordancia con el Decreto
Reglamentario 2329 de 1995 en su Artículo 3 numeral I ordena que cuando se vaya
a efectuar la provisión de un nuevo empleo, éste deberá ser provisto en orden de
prioridad con el personal de Carrera Administrativa al cual se le haya suprimido el
cargo y que hubiese optado por el derecho preferencial a ser revinculado tal como lo
consagran las normas citadas.
En este punto, resulta oportuno citar lo previsto en el Acuerdo 07 de 1995 20 en torno
a los requisitos y funciones del cargo de jefe de la sección de Banco de Proyectos:
Cargo: Jefe Sección Banco de Proyectos
Nivel: Profesional
Grado: 12
Nº de cargos: Uno (1)
Jefe Inmediato: Jefe Div. Planeación
Requisitos:
Estudios: Titulo de formación Universitaria en Ingenierías, Arquitectura y afines.
Experiencia: 1 año relacionado con las funciones del cargo.
Funciones del Cargo:
1) Apoyar las actividades relacionadas con el Plan de Desarrollo Metropolitano.
2) Preparar, Seleccionar, Diseñar y Normatizar los proyectos en general y los
proyectos de cofinanciación de todo nivel.
3) Recopilar, archivar, procesar y analizar la información técnica, normativa y
estadística que implica la conformación de los proyectos.
4) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia.
(vii) El 1 de agosto de 1996,21 se expidió la Resolución 169, a través de la cual se
encargó al demandante del empleo de jefe de División de Planeación y Control del
Área Metropolitana de Barranquilla.
(viii) El 26 de diciembre de 1997,22 se expidió el Acuerdo 07, por el cual se
estableció la estructura interna de la planta de cargos del Área Metropolitana de
Barranquilla y se dictaron otras disposiciones. En su artículo tercero dispuso:
20
Folios 230 a 237.
21
Folio 178.
22
Folio 240.
20
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
El Cargo de Jefe de Banco de proyecto dejará de ser una jefatura de Sección quien
estaba adscrita a la División de Planeación, para convertirse en una Jefatura de
División, adscrita a la Unidad de Planes Proyectos y Control. [Se destaca]
(ix) El 2 de abril de 1998,23 se le comunicó al demandante la supresión de su empleo
en los siguientes términos:
Me permito comunicarle que mediante Acuerdo Metropolitano No. 002 de marzo 13
de 1998 emanado de la Junta Metropolitana de Barranquilla, se estableció la nueva
estructura administrativa del Área Metropolitana de Barranquilla y que a través del
Acuerdo Metropolitano No. 003 del 24 de marzo del mismo año se adoptó la nueva
Planta de Cargos de esta Entidad. Lo anterior produjo la supresión del cargo de
Jefe de División Banco de Proyectos adscrito a la División Banco de Proyectos,
por lo que se ordenó por Resolución No. 073 de Abril 02 de 1.998, la
desvinculación por supresión del cargo por usted desempeñado. [Resalta la
Sala]
En efecto, a través de la Resolución 073 del 2 de abril de 1998 24 se dispuso la
supresión del cargo de Jefe División Banco de Proyectos y, «como efecto de la
supresión de un empleo de carrera se hace necesario ordenar la cesación definitiva
de funciones de las personas que desempeñan los cargos suprimidos» entre los
servidores enunciados, se encuentra el señor Pacheco Barragán. En la
consideración 7 de ese acto se señaló:
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 27 de 1.992, art. 13 del
Decreto 2147 del 92 y el art. 3º del Decreto 1223 de 1.993, las personas inscritas en
la carrera, tienen derecho, entre optar por percibir la indemnización de que tata el art-
1º del citado decreto, o a tener tratamiento preferencial para ser nombrados dentro
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de supresión de su empleo, en un cargo
de carrera, por lo cual en la parte resolutiva de la presente resolución se ordenará
hacer las respectivas comunicaciones.
(x) El 3 de abril de 1998,25 el demandante tomó posesión del cargo de profesional
especializado, grado 3, según nombramiento efectuado a través de la Resolución
078 del 3 de abril de 1998. El referido acto administrativo, en su parte resolutiva
determinó:
23
Folio 173.
24
Folios 248 a 250.
25
Folio 171.
21
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrase al señor HUGO PACHECO BARRAGÁN […] en el cargo de
Profesional Especializado Grado 03 adscrito a la Sub- Gerencia Técnica del Área
Metropolitana de Barranquilla, con una asignación mensual de […]
Por medio de la Resolución 082 de 1998,26 estableció el Manual de Funciones y
Requisitos Mínimos de los empleos de la entidad demandada y para el cargo
anterior fijó los siguientes:
Requisitos mínimos:
Título de formación Profesional en Ingeniería o Arquitectura.
Título de Post – Grado
Experiencia Administrativa en cargos de Dirección en el Sector Público o Privado por
más de 5 años.
Funciones
1. Organizar y administrar el Banco de Programas y proyectos de Inversión.
2. Llevar el registro de proyectos de inversión calificados como viables y susceptibles
de ser financiados.
3. Integrar la información del Banco de proyectos a la red Nacional de Bancos de
Programas y Proyectos.
4. Realizar en (sic) actividades encomendadas a la creación de la Cultura de
Proyectos para la formulación, evaluación y presentación de éstos.
5. Realizar actividades de Asesoría y Asistencia en los Bancos de Proyectos de
Inversión Municipal de los municipios que conforman el Área, en cuanto a formulación
y evaluación de proyectos.
6. Prestar asesoría y colaboración en cuanto al uso de las metodologías para la
formulación y evaluación de proyectos de inversión.
7. Colaborar en la formulación de políticas de orden económico, social y administrativo
del Área Metropolitana de Barranquilla.
8. Colaborar en la investigación y estudios que se requieran para la formulación de
las políticas y estrategias de desarrollo.
9. Colaborar en la presentación de informes sobre actividades desarrolladas en la
oficina.
10. Atender las solicitudes de la comunidad en cuanto a la formulación de Planes,
Programas y Proyectos de Inversión.
11. Las demás que le sean asignadas o delegadas acordes con la naturaleza del
cargo y la necesidad del servicio.
(xi) El 20 de agosto de 1999,27 el demandante tomó posesión del cargo de
profesional especializado, grado 03, código 335, teniendo en consideración que se
26
Folios 255 a 258.
27
Folios 161 y 162.
22
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
produjo una reorganización de la estructura administrativa, a través del Acuerdo
Metropolitano 001-9928 en el que se dispuso la supresión del empleo de profesional
especializado, grado 03, adscrito a la Sub- Gerencia Técnica, que venía
desempeñando y, en consecuencia, la incorporación en aquel se produjo a través
de la Resolución Metropolitana 224 del 20 de agosto de 1999.29
(xii) El 21 de diciembre de 2001,30 el alcalde metropolitano de Barranquilla expidió
el Decreto 002, a través del cual se estableció la Estructura Orgánica del Área
Metropolitana de Barranquilla y se determinaron las funciones de sus
dependencias.31 En esa fecha, la aludida autoridad expidió el Decreto 003,32 por el
cual se estableció la planta de personal de la entidad demandada, en la que se
crearon, entre otros, ocho empleos de jefe de departamento, código 280, grado 02,
y cuatro de profesional especializado, código 335, grado 03. En el artículo 5.º de
este último acto se determinó lo siguiente:
Los empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el empleo, tendrán
derecho a optar por la indemnización o por la incorporación a empleo equivalente, de
conformidad con lo consagrado en la Ley 443 de 1998, y en los decretos
reglamentarios 1572 de 1978 y 1173 de 1999, con sujeción al procedimiento
establecido en el decreto 1568 de 1998.
(xiii) El 2 de enero de 2002,33 el director del Área Metropolitana de Barranquilla
expidió la Resolución 002 de 2002, «por la cual se hacen las incorporaciones del
personal a la planta de personal del Área Metropolitana de Barranquilla»; en su
artículo 1.º se incorporó al demandante al empleo de jefe de departamento, código
280, grado 02, del cual tomó posesión en igual fecha, en el Departamento de
Proyectos Metropolitanos de Subdirección de Planeación. En el oficio a través del
cual se le comunicó la anterior novedad se indicó lo siguiente:
Me permito comunicarle que mediante Resolución No. 002 de 2 de enero de 2002,
Usted ha sido incorporado en la Planta de Personal Global del Área Metropolitana de
Barranquilla en el cargo de Jefe de Departamento, código y grado 280-02. Asumirá el
28
Folios 259 a 262.
29
Folios 263 y 264.
30
Folios 26 al 33.
31
En el artículo 8 se señalaron las funciones del Departamento de Proyectos Metropolitanos.
32
Folios 34 y 35.
33
Folios 21 a 23.
23
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
ejercicio de las funciones propias de la naturaleza del cargo en el Departamento de
Proyectos Metropolitanos de la Subdirección de Planeación, conservando sus
derechos de carrera administrativa. [Se destaca]
Según la Resolución Metropolitana 380 01 del 26 de diciembre de 2001, 34 las
funciones de los cargos de jefe del Departamento de Proyectos Metropolitanos,
código 280, grado 02, son las siguientes:
Funciones
1. Coordinar el funcionamiento general del Banco de programas y proyectos de
Inversión.
2. Propender porque los planes, programas y proyectos que conforman el Banco de
Proyectos del Área metropolitana sean de la más alta calidad técnica y que garanticen
un verdadero soporte para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
3. Adoptar oportunamente las disposiciones legales que se relacionen con el
funcionamiento del Banco de Programas y proyectos de Inversión.
4. Evaluar los indicadores técnicos de los proyectos ejecutados y en ejecución. Con
el fin de medir la eficiencia y la gestión de la Administración del Área metropolitana.
5. Orientar y promover el diseño y presentación de proyectos de inversión y
cofinanciación.
6. Participar en la elaboración de estudios que permitan identificar la inversión pública
y las fuentes de financiación y distribución de los recursos.
7. Supervisar los proyectos de digitación, verificación y mantenimiento de la base de
datos cartográfica y geoestadística.
8. Otorgar el visto bueno a los conceptos de viabilidad emitidos por el equipo técnico
y autorizar el registro de los proyectos viables.
9. Propender porque los proyectos que se radiquen en el Banco de Programas y los
proyectos de inversión sean oportunamente viabilizados por el equipo técnico a su
cargo.
10. Planear, coordinar y dirigir el desarrollo de la estrategia de capacitación y
asistencia técnica permanente sobre el Banco de Programas y proyectos de Inversión
al interior del Área Metropolitana y en los municipios que la integran.
11. Apoyar la preparación del Plan de Desarrollo Metropolitano en materia del plan
prurianual de inversiones, los planes de inversión anuales y los programas y
proyectos que han de ser incluidos en éste.
12. Establecer y mantener las relaciones con las distintas dependencias del Área
metropolitana y con otras entidades para lograr la coherencia en el diseño de planes
y programas de carácter Metropolitano.
13. Asesorar el manejo de instrumentos tendientes a una mejor planificación y por
ende al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de los municipios
integrantes del Área Metropolitana.
14. Asesorar a las entidades y organismos de los municipios asociados en los
aspectos relacionados con programas y proyectos de desarrollo.
15. Administrar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos – SSEPI- y
rendir los informes que la Nación y demás entidades soliciten.
16. Coordinar con los entes externos la interrelación de las bases de datos e
información de las distintas entidades locales, distritales, municipales,
departamentales, nacionales e internacionales.
34
Folios 286 a 291.
24
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
17. Asesorar a las localidades en la realización de estudios, diagnósticos, priorización
de necesidades de inversión, planes de desarrollo, y sectoriales, formulación de
proyectos, implantación de metodologías de seguimiento y evaluación de políticas,
planes, y proyectos de desarrollo en concordancia con los lineamientos del desarrollo
metropolitano.
18. Consolidar y preparar los informes que el Área Metropolitana deba suministrar en
forma periódica a otras entidades, relacionadas con las funciones de la dependencia.
19. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe
inmediato, de los bienes, elementos, expedientes o documentos en los casos en que
su cargo sea ubicado en otra dependencia o cuando se produzca el retiro de la entidad
por cualquier causal.
20. Cumplir lo previsto en las normas, reglamentos, procedimientos y demás
disposiciones legales de carácter general y las específicas establecidas por la
Administración del Área Metropolitana.
21. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del cargo.
Requisitos:
Título universitario en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Economía,
Administración Pública o Administración de Empresas y Título de Especialización
relacionado con las funciones del cargo.
Experiencia: 3 años.
Título universitario en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Economía,
Administración Pública o Administración de Empresas.
Experiencia: 6 años
(xiv) El 19 de marzo de 2004,35 la directora del Área Metropolitana de Barranquilla
expidió la Resolución 058-04 «por la cual se declara la insubsistencia de un
funcionario de libre nombramiento y remoción y se nombra un funcionario», a través
de la cual se desvinculó del servicio al señor Hugo Pacheco Barragán, quien recibió
copia de ese acto el 24 de marzo siguiente. De su texto se extrae lo siguiente:
El Director del Área metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades
legales en especial las conferidas por el artículo 19 numeral (sic) 2 y 5 de la Ley 128
de 1994, artículo 107 del Decreto 1950 de 1973.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Declarar insubsistente el nombramiento del señor HUGO PACHECO B.
identificado con cedula (sic) No. 3.715.044 de Barranquilla del cargo de Jefe de
Departamento de proyectos Metropolitano Código 280 Grado 02 del Área
Metropolitana de Barranquilla y en su reemplazo nómbrese al señor HUMBERTO R.
VARELA VILLA, identificado con cedula No. 8.680.677 de Barranquilla.
35
Folio 20.
25
Radicado: 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-2016)
Demandante: Hugo Pacheco Barragán
ARTÍCULO 2. El señor HUGO PACHECO B. deberá hacer entrega del cargo a la oficina de
Gestión Humano (sic), acto que se llevara (sic) acabo (sic) en la fecha de la
comunicación del presente acto administrativo.
(xv) En el expediente obran certificaciones36 de diferentes fechas que dan cuenta
de los distintos empleos que ha ocupado el demandante, que labora en la entidad
desde el 8 de septiembre de 1993, y en todas ellas se señala que está inscrito en
carrera administrativa, así:
Fecha de expedición Dependencia que la originó Cargo que el actor
desempeñaba
10 de octubre de 1996 División Administrativa Jefe Sección Banco de
Proyectos
29 de diciembre de 1997 División Administrativa Jefe Sección Banco de
Proyectos
26 de agosto de 1998 Dirección Administrativa y Profesional especializado,
Financiera grado 03
11 de junio de 1999 Dirección Administrativa y Profesional especializado,
Financiera grado 03
23 de noviembre de 2000 Subdirección Administrativa Profesional especializado,
grado 03
9 de noviembre de 2001 Subdirección Administrativa Profesional especializado
21 de mayo de 2002 Departamento Administrativo Jefe del Departamento de
Proyectos Metropolitanos
19 de diciembre de 2003 Subdirección Administrativa y Jefe del Departamento de
Financiera Proyectos Metropolitanos
6 de febrero de 2004 Gestión Humana Jefe del Departamento de
Proyectos Metropolitanos
(xvi) Al proceso también se allegaron las calificaciones de servicios obtenidas por
el demandante en el desarrollo de cada uno de los anteriores empleos. 37
36
Folios 41 a 49.
37
Folios 86 a 93, 97 a 99, 159, 160, 167, 168, 174 a 177, 179, 185, 186, 189 y 190.
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Demandante: Hugo Pacheco Barragán
2.4. Caso concreto
El primer asunto a resolver consiste en establecer si, producto de las diversas
modificaciones que sufrió la planta de personal del Área Metropolitana de
Barranquilla, el demandante conservó sus derechos de carrera administrativa
comoquiera que era titular de estos, producto de la inscripción en el escalafón, en
el cargo de profesional especializado grado II, código 0310, grado 07, a través de la
Resolución 0321 del 2 de septiembre de 1994,38 de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Para efecto de analizar lo anterior, se debe traer a estudio las consideraciones de
la Corte Constitucional en la Sentencia C -372 de 1999, en lo que se refiere a la
pérdida de derechos de carrera, producto de procesos de reestructuración, y la
vinculación en otros empleos, sin el cumplimiento de los requisitos legales; en
particular, lo que se cita a continuación:
Dedúcese de lo anterior que el acceso al servicio dentro del esquema de carrera no
puede darse sin el trámite del concurso y sin las demás formalidades que la ley exija,
ya que solamente bajo esos supuestos se ofrece a los aspirantes, en igualdad de
condiciones, la certidumbre de que el factor objetivo preside el proceso de selección.
Consecuencia necesaria de esta concepción es la de que se revelan contrarias a la
carrera las incorporaciones de quienes carecen de los requisitos o no cumplen
las condiciones legales, y también, necesariamente, las que se llevan a cabo sin
los trámites y formalidades que, como el concurso, son exigidos por la
Constitución y la ley. Esta puede, entonces, señalar semejantes circunstancias
como causal de retiro y de pérdida de los derechos de carrera.
La Corte, aunque, según lo dicho, halla que el precepto en cuestión se aviene a
la Carta Política, estima necesario condicionar su constitucionalidad, bajo el
entendido de que dicha vinculación irregular se haya producido como
consecuencia de la mala fe probada del servidor público. Otra interpretación de
dicho precepto podría violar los derechos adquiridos por los trabajadores (art.
53 C.P.) y el principio de la buena fe (art. 83 Ibídem), afectando a quien se vinculó
en la creencia de que la administración pública había cumplido los
requerimientos y trámites legales, sin ser en realidad así, pero no por su propia
iniciativa, colaboración o participación, sino por hechos imputables a los
funcionarios responsables de la operación del sistema.
La Constitución de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no puede
38
Folio 39.
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Demandante: Hugo Pacheco Barragán
ser evadido ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o
ascender a quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido
como factor determinante de la designación y de la promoción de los servidores
públicos, con las excepciones que la Constitución contempla (art. 125 C.P.), tal criterio
no podría tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos en
la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por el contrario, es, para todos
los órganos y entidades del Estado, regla general obligatoria cuya inobservancia
implica vulneración de las normas constitucionales y violación de derechos
fundamentales. [Se destaca]
Atendiendo el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia antes transcrita, surge, para el caso concreto, que la pérdida de derechos
de carrera administrativa del demandante, solo se habría producido en tanto que
alguna de las diversas incorporaciones y/o vinculaciones de que fue objeto, como
consecuencia de las múltiples modificaciones de personal que se produjeron en el
Área Metropolitana de Barranquilla, hubiera estado precedida de «la mala fe
probada» del señor Pacheco Barragán, pues, de lo contrario, se debe inferir que
estaba inscrito en carrera administrativa y que, por ende, la desvinculación del
servicio, por insubsistencia, debió cumplir todos los requisitos de ley para el retiro
de un servidor titular de tal prerrogativa.
Pues bien, como se verifica con los documentos aportados al sub lite, el actor fue
objeto de las siguientes incorporaciones y/o vinculaciones, como consecuencia de
las modificaciones de planta de personal que hubo en la entidad demandada:
En primer lugar, se debe señalar que el 28 de marzo de 1994, 39 el demandante tomó
posesión, en periodo de prueba, del empleo de operador, grado II Arq/Ing en el Área
Metropolitana de Barranquilla, para el cual fue nombrado según Resolución 083 Bis
de igual fecha, y que, a través de la Resolución 0321 del 2 de septiembre de 1994,40
la Comisión Nacional del Servicio Civil lo inscribió en el escalafón de carrera
administrativa.
39
Folio 183.
40
Folio 39.
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Sin embargo, el empleo de operador, grado II Arq/Ing, que ocupaba el señor
Pacheco Barragán, se suprimió a través del Acuerdo 011 del 30 de diciembre de
1994,41 y, en su lugar, se creó el de profesional especializado, grado I (Arq/Ing)
Banco de Proyectos adscrito a la División de Planeación.
Más adelante, a través del Acuerdo 07 de 1995,42 se suprimió el cargo de
profesional especializado, grado I, Banco de Proyectos que venía desempeñando
y, en su reemplazo, se creó el de jefe de Sección Banco de Proyectos, adscrito a la
División de Planeación, cargo en el cual se le nombró en propiedad, conservando
los derechos de carrera, a través de la Resolución 016 del 16 de enero de 1996.
En todo caso, por medio del Acuerdo 07 de 1997,43 se modificó el empleo y adoptó
la denominación de jefe de División Banco de Proyectos, adscrito a la Unidad de
Planes, Proyectos y Control del Área Metropolitana. El aludido empleo fue suprimido
mediante el Acuerdo 003 de 1998,44 pero como consecuencia de tal determinación,
el actor fue nombrado en el cargo de profesional especializado (Banco de
Programas y Proyectos), grado 03, código 3000, adscrito a la Subgerencia Técnica,
mediante la Resolución 078 del 3 de abril de 1998.
Posteriormente, según el Acuerdo 001 del 20 de agosto de 1999, 45 se suprimió el
empleo de profesional especializado (Banco de Programas y Proyectos), grado 03,
código 3000 y se creó el de profesional especializado, grado 03, código 335,
adscrito a la Subgerencia Técnica, al cual fue incorporado a través de la Resolución
224 del 20 de agosto de 1999.
Finalmente, a través del Decreto 002 del 21 de diciembre de 2001, 46 se creó el jefe
41
Folios 224 a 226.
42
Según se desprende de la Resolución 016 de 1996, por la cual se produjo el nombramiento. Folio
180.
43
Folio 240.
44
Según comunicación que obra en el folio 173.
45
Folios 259 as 262.
46
Folio 26.
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de departamento, código 280, grado 02, en el cual se dispuso su incorporación,
mediante la Resolución 002 del 2 de enero de 2002;47 respecto del empleo anterior
se declaró la insubsistencia del nombramiento.
En el expediente no hay prueba de que el señor Hugo Pacheco Barragán hubiera
accedido a ninguno de los anteriores empleos producto de actos fraudulentos o
precedido de mala fe; por el contrario, en los oficios a través de los cuales se le
informó acerca de la modificación de la estructura y/o incorporaciones, se resaltaron
los derechos de carrera administrativa de que era titular; por lo tanto, se debe inferir
que todas aquellas incorporaciones y/o vinculaciones que se produjeron a lo largo
de las múltiples reestructuraciones de la planta de personal del Área Metropolitana
de Barranquilla permitieron que los mantuviera incólumes.
Valga aclarar que, incluso, la propia administración en las distintas etapas y empleos
en los que estuvo vinculado el demandante reconoció sus derechos de carrera
administrativa, como dan cuenta las certificaciones que así lo expresaron y que se
enunciaron en el numeral xv) del acápite 2.3 de esta providencia y además, evaluó
constantemente su servicio, otorgando las calificaciones propias de ese tipo de
empleados.48
En tales condiciones, se debe concluir que, para el momento en que el actor fue
desvinculado del servicio, estaba amparado por el fuero que le otorgaba el haber
estado inscrito en carrera administrativa.
Ahora bien, el hecho de que la entidad demandada considere que el empleo de jefe
47
Folio 23.
48
El 28 de marzo al 28 de julio de 1994 (folios 189 a 190): 595 puntos, calificación satisfactoria en
periodo de prueba; Del 15 de septiembre de 1994 al 15 de septiembre de 1995 (folios 185 y 186):
630 puntos, calificación satisfactoria; Del 1 de mayo de 1996 al 30 de abril de 1997 (folios 92 y 93):
909 puntos, que corresponde a una calificación satisfactoria; de mayo a noviembre de 1996 (folio
97): 630 puntos, calificación satisfactoria; Del 2 de mayo de 1998 al 28 de febrero de 1999 (folios
86 a 88): 570 puntos, que correspondió a una calificación insatisfactoria, que fue objeto de recurso
de reposición por el demandante y, como resultado de ello, se otorgaron 700 puntos, teniendo como
satisfactorio su desempeño laboral (folio 83). Del 1 de marzo de 2000 al 31 de diciembre de ese año
(folios 89 y 90): 913 puntos, que corresponde a una calificación satisfactoria;
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de departamento, código 280, grado 02, no era equivalente al de profesional
especializado del que era titular de derechos de carrera el demandante no quiere
decir, en modo alguno, que la incorporación en él haya dado lugar a la pérdida de
los derechos que le asistían, pues fue la propia administración la que en virtud de
sus competencias y de las atribuciones conferidas por la Ley 443 de 1998 decidió
incorporarlo en él, y debe entenderse que, en ese sentido, se trataba de un empleo
igual o equivalente a aquel que fue suprimido producto de la entrada en
funcionamiento de la planta de personal establecida en el Decreto 002 del 21 de
diciembre de 2001.
Tampoco genera la pérdida de tales derechos la omisión en la actualización dentro
del registro de empleados de carrera, pues la inobservancia de esa gestión, por
parte de la administración, no puede revertirse en contra de los derechos adquiridos
por el demandante. Al respecto, el Decreto 1572 de 1998 «por el cual se reglamenta
la Ley 443 de 1998 y el Decreto - Ley 1567 de 1998», en su artículo 91,49 atribuye
a la Comisión Nacional del Servicio Civil la competencia para la inscripción y
actualizaciones del personal que hace parte del Registro Público de carrera
administrativa y, en el caso del demandante, debido a las múltiples modificaciones
de la planta de personal de la entidad demandada, y las incorporaciones que
surgieron a raíz de ellas, era imperativo que se le actualizara su inscripción en dicho
registro, al tenor de lo previsto en el artículo 97 ibidem, que es del siguiente tenor:
Artículo 97. Al empleado inscrito en la carrera administrativa que cambie de empleo
por ascenso, traslado, incorporación, o cuyo reintegro sea ordenado judicialmente,
le será actualizada su inscripción en el Registro Público de Carrera. [Se destaca]
De lo anterior, fuerza concluir que la administración no puede invocar una omisión
en torno a la actualización de la inscripción del demandante en el registro de
empleados de carrera, para aducir la pérdida de tales derechos por lo que, se
reitera, debe entenderse que continúa ostentándolos.
49
«Artículo 91. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizará las inscripciones y actualizaciones
en el Registro Público del personal de las entidades del orden nacional y las Comisiones
Departamentales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, las de los empleados de su
jurisdicción. Todos estos registros conformarán el registro Público de la carrera administrativa.»
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En las condiciones expuestas, como el señor Pacheco Barragán ostentaba
derechos de carrera administrativa, tan solo podía ser desvinculado del servicio por
las causales previstas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 y, en particular, la
insubsistencia del nombramiento, que fue la modalidad de retiro empleada por la
autoridad demandada en el acto acusado procedía como consecuencia de la
calificación no satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral, según lo
dispuesto en el literal a) ejusdem.
No obstante, al verificar el contenido del acto demandado, se observa que la
insubsistencia del nombramiento dispuesta en él no obedeció a las calificaciones
insatisfactorias del demandante, sino que en tal decisión se le dio al demandante el
tratamiento de empleado de libre nombramiento y remoción y, en ese sentido, reflejó
la facultad discrecional de su nominador.
Las circunstancias que anteceden, permiten concluir que se configuró el cargo de
violación de la ley, en tanto que se desconocieron las disposiciones normativas que
amparaban el derecho de carrera administrativa de que era titular el demandante y,
en tal sentido, se hace innecesario resolver los demás cargos, toda vez que con el
ya analizado se desvirtúa la legalidad del acto acusado y ello conlleva revocar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, acceder a ellas.
En lo que tiene que ver con el restablecimiento del derecho solicitado, procede
disponer el reintegro al cargo ocupado al momento de la desvinculación o a uno
equivalente o superior y en torno al pago de los emolumentos reclamados, es viable
ordenarlo desde el momento en que se produjo la desvinculación del servicio hasta
aquel en que se haga efectivo el reintegro; lo anterior, teniendo en consideración
que se trataba de un empleado que era beneficiario de los derechos de carrera
administrativa y, en ese sentido, fuerza aplicar los principios pro homine,50 in dubio
50
Según el cual «siempre, sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se
prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del
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pro operario en materia laboral51 y la irrenunciabilidad de los derechos mínimos de
los trabajadores, y entender que como el acto de retiro le impidió percibir los salarios
y prestaciones sociales propios de su empleo y es, precisamente, esa circunstancia
la que se pretende restablecer con el medio de control de la referencia, debe aplicar
la ficción jurídica según la cual se entiende que no hubo solución de continuidad en
la prestación del servicio y, por ende, los derechos laborales se deben reconocer
como si esta se hubiere mantenido en el tiempo.
Sin embargo, en consideración a que las sumas que se ordenará pagar al
demandante, a título de restablecimiento del derecho, tienen la connotación de
salarios y prestaciones sociales, respecto de estos se deben hacer los descuentos
de cualquier valor que hubiere recibido el señor Pacheco Barragán durante el
interregno de la desvinculación con ocasión del servicio prestado en cualquier
entidad de naturaleza pública, por expresa prohibición del artículo 128
constitucional.52
Sobre el punto anterior, la Sala precisa que no acoge el criterio fijado por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-354 de 201753 en cuanto los descuentos que
proceden ante la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de un empleado
derecho fundamental». Corte Constitucional Sentencia T-085 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, en la cual se citan, a su vez, las sentencias C-251 de 1997; C-187 de 2006 y T-116 de 2004
y el Auto A066 de 2009.
51
En Sentencia T-088 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, la Corte Constitucional en torno
a ese principio se señaló «El principio in dubio pro operario o favorabilidad en sentido amplio […]
implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso admiten diversas
interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, hipótesis bajo la cual el operador
jurídico debe escoger aquella que brinde mayor amparo o sea más favorable al trabajador». En la
aludida providencia se remite, además, a la Sentencia T-832A de 2013.
52
Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.
53
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. En dicha providencia se consideró: «Quiere decir lo
anterior que independientemente de la expectativa de permanencia en el cargo o de la estabilidad
que se predica en mayor o en menor medida en una u otra clase de vinculación, la premisa sigue
siendo la misma, esto es, que el reintegro se realice sin solución de continuidad, con el pago de los
salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir, descontando de ese monto las sumas que
por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la
persona, indemnizando de ese modo el daño realmente causado».
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de carrera también deben cobijar de los dineros percibidos por la labor prestada en
el sector privado y como independientes, lo anterior en tanto que las restricciones
que impiden la doble erogación tan solo se predican respecto de las del erario y no
las del sector privado, tal como lo prescribe la norma constitucional citada con
antelación.
En línea de lo anterior, es pertinente aplicar la regla de unificación fijada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado,54 que aunque se refirió a la desvinculación
de empleados nombrados en provisionalidad y la consecuencia de la declaratoria
de ilegalidad del acto de retiro, puede extenderse al sub judice, en los términos que
se citan a continuación:
[…] son procedentes los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que
resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral, donde se obtenga la nulidad del acto que retiró del
servicio a un empleado público nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas
de dinero recibidas por la parte demandante a título de salarios, prestaciones sociales
percibidos de relaciones de trabajo en el sector público.
Finalmente, se debe señalar que la condena se impondrá a cargo del Área
Metropolitana de Barranquilla, en tanto fue con esta entidad con quien el
demandante predicaba la relación laboral de la que derivó el acto administrativo
cuya anulación se dispondrá en esta providencia y no con el sujeto que fue vinculado
en condición de llamado en garantía,55 pese a que este hubiera suscrito el acto
administrativo censurado.
2.5. De la condena en costas
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 11001-03-25-000-2017-00151-00, número
interno: 0892-2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
55
En relación con los requisitos para que proceda el llamamiento en garantía se pueden observar,
entre otras, las siguientes providencias: autos del 13 de marzo de 2019, radicación: 05001 23 33 000
2016 00353 01, número interno: 0731-17, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; del 14 de
septiembre de 2020, radicación: 25000 23 42 000 2015 02504 01, número interno: 4315-17, M.P.
Gabriel Valbuena Hernández; y del 11 de noviembre de 2021, radicación: 66001 23 33 000 2020
00020 01, número interno: 3612-21, M.P. William Hernández Gómez.
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Teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 17756 del Código Contencioso
Administrativo,57 según el cual la imposición de la condena en costas es potestativa
del juez, en consideración a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstiene
de condenar en costas a las partes, pues no se advierte gestión dilatoria de ninguna
de ellas, sino que su intervención obedeció, por un lado a la reclamación de los
derechos laborales materia del litigio y, por el otro, a la defensa de los intereses de
la entidad demandada.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que el demandante logró
desvirtuar la legalidad del acto acusado, motivo por el cual se revocará el fallo de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se
declarará la nulidad del decreto censurado. A título de restablecimiento del derecho,
se declarará que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio y se
ordenará al Área Metropolitana de Barranquilla que disponga el reintegro del señor
Hugo Pacheco Barragán al cargo que ocupaba al momento de la desvinculación o
a otro de igual o superior jerarquía, conservando los derechos de carrera
administrativa y que reconozca y pague a su favor los salarios y prestaciones
sociales que hubiera devengado en el empleo del cual fue declarado insubsistente,
desde el retiro del servicio hasta cuando se produzca el reintegro y que sobre tales
sumas, realice los descuentos a que haya lugar, respecto de lo recibido por este, a
título de salarios y prestaciones sociales producto de relaciones de trabajo en el
sector público durante el referido lapso. De igual manera se deberán destinar los
valores correspondientes a los aportes para salud y pensiones, en las
56
Artículo 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los
procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida
por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil.
57
Norma que rige este trámite en cuanto la demanda y su tramitación inició antes de la entrada en
cigencia de la Ley 1437 de 2011.
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administradoras a que hubiere estado afiliado el demandante, en las proporciones
fijadas por la ley, y que se hubieren causado en el anterior interregno. En tal sentido
se ordenará la indexación de las sumas adeudadas, en los términos del artículo 178
del Código Contencioso Administrativo y el cumplimiento de la sentencia conforme
a los artículos 176 y 177 y siguientes ibidem. Finalmente, y conforme a lo señalado
en el acápite anterior, no se dispondrá condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2006 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en el proceso promovido por Hugo Pacheco Barragán
contra el Área Metropolitana de Barranquilla, de conformidad con lo manifestado en
la parte motiva. En su lugar se dispone:
Primero. Declarar la nulidad de la Resolución Metropolitana 058 del 19 de
marzo de 2004, proferida por la directora del Área Metropolitana de
Barranquilla «[p]or la cual se declara la insubsistencia de un funcionario de
libre nombramiento y remoción y se nombra a un funcionario», en cuanto
desvinculó del servicio al señor Hugo pacheco Barragán.
Segundo. Ordenar al Área Metropolitana de Barranquilla, a título de
restablecimiento del derecho (i) disponer el reintegro del señor Hugo Pacheco
Barragán al cargo de jefe de Departamento de Proyectos Metropolitanos,
código 280, grado 02, o a otro de igual o superior jerarquía, conservando los
derechos de carrera administrativa; (ii) reconocer y pagar el equivalente a los
salarios y prestaciones sociales que hubiera devengado en el empleo
suprimido, desde el momento en que se produjo el retiro del servicio hasta la
fecha en que se haga efectivo el reintegro; (iii) realizar los descuentos a que
haya lugar, respecto de los valores que el demandante hubiera percibido,
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durante ese lapso, a título de salarios y prestaciones sociales producto de
relaciones de trabajo en el sector público; (iv) destinar los valores
correspondientes a los aportes para salud y pensiones, en las administradoras
a que hubiere estado afiliado el demandante, y en las proporciones fijadas por
la ley, que se causaron en el anterior interregno.
Tercero. Declarar que no hubo solución de continuidad en la prestación del
servicio por parte del señor Hugo Pacheco Barragán, entre el momento en que
se produjo el retiro servicio como consecuencia del acto administrativo
declarado nulo y la fecha en que se produzca el efectivo reintegro.
Cuarto. Ordenar al Área Metropolitana de Barranquilla que reajuste el valor
adeudado por concepto de la condena impuesta en el numeral anterior,
tomando como base el índice de precios al consumidor establecido por el
DANE, de acuerdo con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, aplicando, para tal efecto, la siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que
debió realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de
cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento en que se causó cada uno de ellos.
Quinto. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176
y 177 del Código Contencioso Administrativo.
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Demandante: Hugo Pacheco Barragán
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, conforme a lo
expuesto en las consideraciones.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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