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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00696-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00696-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO» de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de REVOCAR la orden descontar al demandante las sumas de dinero producto de cualquier vínculo laboral público y/o privado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia apelada para ordenar que las sumas reconocidas a favor del demandante sean actualizadas con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde la fecha en que cada una se hizo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2018-00696-01 (0900-2021) Demandantes: Luis Helder Bejarano Velásquez exigible y hasta la fecha de su pago efectivo, así como el reconocimiento de los intereses respectivos, en la forma establecida en el C.P.A.C.A. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, en especial la declaratoria de nulidad de la Resolución nro. 0021 del 10 de enero de 2018 y la orden de nombrar al señor Luis Helder Bejarano Velásquez en el cargo de director administrativo grado nominado de la Unidad de Infraestructura Física, correspondiente a la vacante del perfil mixto y el correspondiente pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos causados. CUARTO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada y al litisconsorte necesario. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00696-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00696-01 (0900-2021).
Demandante: Luis Helder Bejarano Velásquez.
Demandado: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Vinculado: Fabio Germán Paz Franco —litisconsorte necesario—.
Tema: Concurso de méritos – nulidad de nombramiento.
Decisión: Modificar, adicionar y confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes demandante, demandada y vinculada contra la sentencia del 24 de julio del
2020, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Se solicitó la nulidad de: i) los Oficios nro. CJO17-2680 del 29 de
septiembre y DEAJRHO17-5033 del 2 de octubre de 2017, mediante los cuales se
dio respuesta a una petición formulada por el actor; ii) el Acuerdo PCSJA17-10769
del 18 de septiembre de 2017, por medio del cual se conformó la lista de elegibles
para proveer dos cargos de director administrativo y; iii) la Resolución nro. 0021 del
10 de enero de 2018, que nombró y ordenó la posesión del señor Fabio Germán
Paz Franco.

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió la expedición de un nuevo
acuerdo en el que se conforme la lista de elegibles para proveer el cargo de director
administrativo – grado nominado, perfil mixto, el nombramiento en propiedad del
demandante en dicho empleo, así como el pago retroactivo de los salarios y
prestaciones sociales causados desde el 10 de octubre de 2017 y hasta la fecha de
su efectiva posesión.

4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

5. Mediante el Acuerdo nro. PSAA12-9719 del 17 de octubre de 2012 se
reestructuró la planta de personal de la Dirección Ejecutiva de Administración

1 Se toman del escrito de reforma de la demanda visible a folios 83-106 del expediente.

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Demandantes: Luis Helder Bejarano Velásquez

Judicial y se creó la Unidad de Infraestructura Física. Dentro de tal unidad fueron
concebidos tres cargos de director administrativo adscritos a las divisiones de
Diseño, Construcción y Mantenimiento, y Supervisión y Ejecución de Contratos.

6. Con la Convocatoria nro. 023 de 2013, reglamentada por el Acuerdo nro.
PSAA13-10037 del 7 de noviembre de 2013, se abrió el respectivo concurso de
méritos para proveer los aludidos cargos —entre otros—. Para uno de ellos se exigió
título profesional en arquitectura y posgrado y, para el otro, se requirió título de
ingeniería civil y posgrado. Sin embargo, no se incluyó el tercer empleo con perfil
mixto —que demandaba ser arquitecto o ingeniero civil con posgrado—.

7. El demandante participó en la convocatoria del cargo identificado con el código
230903 —ingeniero civil— y obtuvo 664,35 puntos. Esto le permitió ubicarse en el
segundo lugar del registro de elegibles, pero con un puntaje superior al de quien
quedó clasificado en segundo lugar dentro del registro de elegibles destinado a
suplir el empleo nro. 230902, correspondiente al de arquitecto.

8. En el mes julio del año 2017 la Dirección de Recursos Humanos reportó
inicialmente una vacante para el cargo con perfil de arquitecto —código 230902—.
Posteriormente informó nuevas vacantes en la que incluyó otra con perfil mixto, es
decir, para quienes fueran ingenieros civiles y arquitectos.

9. No obstante, la respuesta brindada a la petición de aclaración presentada por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no fue precisa, pues
derivó en la creación arbitraria de una segunda vacante con perfil exclusivo de
arquitecto, lo que desconoció que frente a ese empleo solo existía una vacante,
pues las dos restantes correspondían a los perfiles de ingeniero civil y mixto,
respectivamente.

10. Pese a ello, se reportaron dos vacantes con perfil de arquitecto y una con perfil
de ingeniero civil, en contravía de lo dispuesto en el Acuerdo nro. PSAA12-9719. En
ese sentido, mientras las vacantes con perfil único fueron provistas por quienes
ocuparon el primer lugar en cada una de las listas conformadas, la vacante del perfil
mixto debió ser suplida con quien, en general, ocupó el segundo lugar entre ambas
listas de elegibles.

11. Indicó que solicitó la corrección del número de vacantes reportadas, petición
que fue negada con el argumento de que dependían del reporte de la autoridad
nominadora. Posteriormente, la entidad justificó la distribución de vacantes y señaló
que correspondía al funcionamiento actual de la unidad.

12. Ante ello, el demandante promovió acción de tutela por vulneración de su
derecho al debido proceso y obtuvo una decisión favorable en primera instancia.

13. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículo 125 de la Constitución Política; artículos 156 y 164 de la ley
270 de 1996. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que:

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14. Los actos acusados están viciados de falsa motivación y desconocen el Acuerdo
nro. PSAA12-9719 del 17 de octubre de 2012, que estableció tres cargos de director
administrativo en la Unidad de Infraestructura Física así: uno para arquitecto, otro
para ingeniero civil y el tercero con perfil mixto de ingeniero civil o arquitecto.

15. La administración desatendió esta disposición al justificar su actuación en que
la unidad «siempre ha funcionado así», toda vez que en el tercer empleo ha
designado permanentemente a un arquitecto, pese existir un ingeniero civil con
mayor puntaje y mejor mérito.

16. Alegó la desviación de poder y la vulneración del Acuerdo nro. PSAA13-10037
de 2013, ya que, aunque la convocatoria contempló solo dos cargos —uno con perfil
de arquitecto y otro con perfil de ingeniero civil—, una vez concluido el concurso se
reportó la tercera vacante —la del perfil mixto— y se proveyó con base en la lista
de elegibles del cargo de arquitecto, lo que favoreció a un aspirante que tenía menor
puntaje que el demandante.

17. Sostuvo que la entidad desconoció los principios constitucionales que rigen el
mérito, la igualdad y la imparcialidad en el acceso a la carrera administrativa, pues
modificó arbitrariamente los perfiles existentes y privilegió la designación de un
arquitecto bajo el argumento del funcionamiento interno de la unidad.

18. Enfatizó que no existe fundamento legal para exigir que el cargo mixto sea
ocupado exclusivamente por un arquitecto, pues el Acuerdo que creó esos empleos
también avalaba la designación de un ingeniero civil. En consecuencia, es claro que
la administración ignoró los derechos del accionante, quien obtuvo mejor calificación
que la persona que finalmente fue designada en ese cargo.

19. Adujo que, conforme a los principios de buena fe y confianza legítima, la vacante
con perfil mixto debió ser provista con los registros de elegibles de ambos perfiles
—arquitecto e ingeniero civil—, y no exclusivamente con uno de ellos, por lo que
concluyó que los actos acusados vulneraron la Ley 270 de 1996 al no garantizar la
igualdad de oportunidades ni el mérito en el acceso al cargo.

20. Contestación de la demanda.

21. Litisconsorte necesario. El apoderado del señor Fabio Germán Paz Franco
se opuso a todas las pretensiones2. Para ello, señaló que la supuesta categoría de
“perfil mixto” no corresponde a una clasificación autónoma de cargos en la carrera
judicial, sino a la definición de requisitos académicos fijados por el Consejo Superior
de la Judicatura según las necesidades del servicio.

22. Afirmó que el Acuerdo nro. PSAA13-10037 ofertó los tres cargos de director
administrativo de la Unidad de Infraestructura, de los cuales dos correspondían al
perfil de arquitecto —código 230902—. Destacó que las reglas del concurso fueron
claras y, además, aceptadas por todos los aspirantes, incluido el demandante.

2 Folios 136-155 del expediente.

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23. Sostuvo que el actor se inscribió exclusivamente al cargo con perfil de ingeniero
civil —código 230903—, por lo que no puede reclamar el acceso a un empleo
distinto, con perfil de arquitecto, para el cual no concursó ni integra la respectiva
lista de elegibles. En consecuencia, ambos se encuentran en registros de elegibles
independientes.

24. Indicó que la decisión de proveer dos cargos con perfil de arquitecto obedeció
a un análisis técnico previo del nominador, conforme a las necesidades del servicio,
con lo que descartó cualquier error administrativo. Advirtió que acceder a la
pretensión implica desconocer sus derechos adquiridos, ya que ganó el concurso y
fue debidamente nombrado.

25. Propuso como excepciones: i) la inviabilidad jurídica de las pretensiones por
afectación de derechos adquiridos; ii) la inexistencia del derecho reclamado, dado
que las vacantes fueron correctamente definidas y provistas y; iii) la actuación
conforme al deber legal, pues el demandante pretende ser nombrado en un cargo
para el cual no concursó ni cumple con las condiciones del proceso.

26. Rama Judicial. Se opuso a las pretensiones de la demanda3 y afirmó que el
concurso de méritos se adelantó conforme al artículo 125 de la Constitución Política,
la jurisprudencia constitucional y la Ley 270 de 1996, lo que garantizó la
transparencia, la igualdad, el debido proceso y el acceso al empleo público.

27. Sostuvo que la inclusión en una lista de elegibles solo genera una expectativa
y no un derecho adquirido, razón por la que no se configura daño alguno al actor ni
procede el reconocimiento de perjuicios.

28. Alegó que no se agotó adecuadamente la vía gubernativa, requisito exigido para
demandar la nulidad de actos administrativos particulares, y que las respuestas a
los derechos de petición no constituyen actos administrativos definitivos
susceptibles de control judicial.

29. Finalmente, advirtió que el asunto debatido ya fue resuelto en una sentencia
emitida en el marco de una acción de tutela promovida por el demandante, en la
que el Consejo de Estado negó el amparo requerido por el demandante luego de
advertir la existencia de unos derechos consolidados de terceros que no podían ser
desconocidos. Propuso la excepción de caducidad y expresó que la acción
procedente era la electoral, la cual debía interponerse dentro de los 30 días
establecidos en la ley.

30. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 24 de julio de 2020, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.

3 Folios 156-166 del expediente.
4 Folios 276-295 del expediente.

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31. Con tales fines, y luego de referenciar aspectos tales como la carrera judicial, la
competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para
administrar la carrera judicial y la modificación de la estructura de empleos en el
Consejo Superior de la Judicatura, concluyó que:

32. El régimen de carrera judicial se fundamenta en el principio del mérito y su
administración corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, entidad que
también tiene la competencia para definir la estructura de sus cargos y reglamentar
los procesos de selección.

33. La planta de personal de la Unidad de Infraestructura Física estaba integrada
por tres cargos con perfiles diferenciados: uno de arquitecto, uno de ingeniero civil
y uno de carácter mixto, que admitía cualquiera de las dos profesiones
anteriormente citadas.

34. Al analizar la convocatoria a concurso, advirtió que, aunque formalmente se
pretendió proveer todos los cargos de director administrativo, en la práctica solo se
incluyeron dos perfiles —arquitecto e ingeniero civil— y se omitió el perfil mixto. La
entidad justificó este descuido en las necesidades del servicio, pues el cargo mixto
lo asimiló al perfil de arquitecto, pero dicha decisión no fue adoptada mediante el
procedimiento legal correspondiente ni fue informada a los concursantes.

35. Concluyó que esta actuación vulneró los principios de transparencia y debido
proceso, pues cualquier modificación en la estructura o requisitos de los cargos
debió ser formalizada a través de los actos administrativos pertinentes y
debidamente publicitados. En consecuencia, concluyó que la convocatoria debió
entenderse conforme a la estructura original de la planta de personal, es decir,
incluyendo el cargo con perfil mixto en las condiciones inicialmente establecidas.

36. En cuanto a la provisión de esos empleos, observó que la administración
elaboró únicamente dos listas de elegibles, una para el cargo con perfil de arquitecto
y otra con perfil de ingeniero civil, con base en las vacantes reportadas. No obstante,
el tribunal determinó que el reporte de las vacantes efectuado por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial fue impreciso y no podía alterar la realidad
jurídica de la planta de personal. Por ello, sostuvo que el cargo de perfil mixto debió
proveerse considerando ambas listas, seleccionando al aspirante con mayor
puntaje que cumpliera los requisitos, en estricto orden de mérito.

37. Al comparar los resultados, encontró que el demandante obtuvo un puntaje
superior al del señor Fabio Páez Franco, por lo que tenía un mejor derecho a ser
nombrado en el cargo con perfil mixto. En consecuencia, el nombramiento de este
último se consideró ilegal por falsa motivación, al no ajustarse a las reglas del
concurso ni al principio del mérito. Asimismo, descartó los argumentos de defensa
relacionados con supuestos derechos adquiridos, ya que el nombrado no contaba
con un título válido para acceder al cargo en esas condiciones.

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38. Finalmente, ordenó la nulidad del nombramiento del señor Fabio Germán Páez
Franco y dispuso la designación del accionante desde la fecha en que se emitió el
acto invalidado. Además, reconoció el pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir, pero ordenó descontar los ingresos que el actor haya recibido por otras
actividades laborales durante ese tiempo, con el fin de evitar un enriquecimiento
indebido y restablecer efectivamente el derecho vulnerado.

39. Recursos de apelación. Oportunamente los apoderados del demandante, del
litisconsorte necesario y de la entidad demandada recurrieron la anterior decisión
en los siguientes términos:

40. La Rama Judicial. Indicó5 que la sentencia apelada se basó en supuestos
fácticos erróneos, lo que condujo indebidamente a ordenar el nombramiento del
demandante y el pago retroactivo de salarios. Afirmó que el acto acusado se ajustó
a las reglas del concurso de méritos y que el fallo incurrió en error al permitir el uso
de listas de elegibles de un cargo para proveer otro distinto, lo que vulneró los
principios del mérito y la igualdad. Añadió que, aun si se declarara la nulidad del
nombramiento, ello no implicaba el derecho del demandante a ser designado ni a
recibir salarios.

41. Que la convocatoria, regida por el Acuerdo nro. PSAA13-10037 de 2013,
estableció únicamente dos perfiles excluyentes —arquitecto e ingeniero civil— sin
contemplar un «perfil mixto», pues esta denominación es imprecisa. Explicó que,
según las necesidades del servicio, se decidió proveer dos cargos con perfil de
arquitecto y uno con el de ingeniero civil, lo que se reflejó en las listas de elegibles.

42. Señaló que dicha decisión estuvo respaldada por la Unidad de Carrera Judicial
y por los reportes de vacantes de la Dirección Ejecutiva, por lo que el tribunal
desconoció indebidamente su validez. Cuestionó que se hubiera inferido un perfil
mixto y que, con base en ello, se ordenara acudir a ambas listas, lo cual contraría
la Constitución Política, la convocatoria y la jurisprudencia, que solo permiten usar
listas para cargos distintos cuando está expresamente autorizado y se trata de
empleos equivalentes. Además, advirtió que ello rompe el principio de igualdad al
permitir que el demandante compita por más de un cargo.

43. Sostuvo que el acto de nombramiento no era el adecuado para ser demandado,
pues se limitó a ejecutar el Acuerdo nro. PCSJA17-10769 de 2017, que conformó la
lista de elegibles para proveer dos vacantes con perfil de arquitecto y que mantiene
su presunción de legalidad al no haber sido anulado. Por ello, la nulidad del
nombramiento no podía afectar dicha lista ni dar lugar al restablecimiento del
derecho.

44. Agregó que el demandante no tenía derecho al nombramiento, ya que no
integraba la lista correspondiente al cargo provisto, ni existe fundamento para
trasladar su posición desde otra lista. Tampoco procede el pago de salarios y
prestaciones, pues estos solo se causan con el nombramiento y la posesión, lo que

5 Folios 302-306 del expediente.

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no ocurrió, siendo inaplicable la figura de la no solución de continuidad. Con
fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar
las pretensiones de la demanda.

45. El litisconsorte necesario - Fabio Germán Paz Franco6. Señaló que la
sentencia desconoció la finalidad, uso y autonomía de las listas de elegibles dentro
del concurso, pues estas deben aplicarse exclusivamente para proveer los cargos
ofertados conforme a sus perfiles y vacantes. Afirmó que en este caso se
conformaron correctamente dos listas independientes: una para el perfil de
arquitecto —con dos vacantes— y otra para el perfil de ingeniero civil —con una
vacante—, de acuerdo con los reportes previos del nominador y las reglas de la
convocatoria. En consecuencia, el Tribunal alteró indebidamente esas disposiciones
al considerar un supuesto “perfil mixto” que no fue convocado como tal, ya que dicho
cargo fue ajustado y ofertado como de arquitectura por necesidades del servicio.

46. Argumentó que la decisión judicial permitió, de manera irregular, combinar listas
de elegibles de perfiles distintos para proveer un cargo, lo cual contraviene la
convocatoria, el principio de igualdad y el artículo 125 de la Constitución. Insistió en
que cada lista tiene carácter autónomo y solo puede utilizarse para los empleos
específicos para los cuales fue creada, pues los aspirantes solo podían inscribirse
a un cargo, lo que impide trasladar puntajes entre listas diferentes.

47. El apelante añadió que la jurisprudencia constitucional y la del Consejo de
Estado ha sido clara al señalar que las listas de elegibles deben emplearse
únicamente para los cargos ofertados, salvo que la convocatoria autorice
expresamente lo contrario, lo cual no ocurrió en este caso. Por tanto, la orden de
nombrar al demandante desconoció las reglas del concurso y el precedente judicial,
al permitirle acceder a un empleo distinto al que se postuló.

48. Asimismo, destacó que una vez adquieren firmeza, los registro de elegibles son
inmodificables y generan derechos en favor de quienes las integran, en especial de
quienes ocupan los primeros lugares. En ese sentido, el nombramiento de Fabio
Germán Paz Franco se realizó conforme a una lista válida y vigente, lo que consolidó
su derecho, por lo que la decisión del tribunal afectó la seguridad jurídica, la
confianza legítima y los derechos adquiridos.

49. Cuestionó la motivación del fallo, al considerar erróneo comparar los puntajes
de aspirantes que pertenecen a listas distintas y fueron evaluados bajo criterios
diferentes. Señaló que el supuesto «mejor derecho» del demandante carece de
sustento, pues solo podía compararse con quienes aspiraban al mismo cargo dentro
de su propia lista.

50. En conclusión, la sentencia alteró las reglas de la convocatoria, desconoció la
autonomía e inmutabilidad de las listas de elegibles y el precedente jurisprudencial,
y terminó ordenando el nombramiento del demandante en un cargo para el cual no

6 Folios 307-316 del expediente.

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concursó. Por ello, solicitó revocar la decisión y declarar la legalidad del
nombramiento efectuado.

51. La parte demandante7. Adujo que no está probado en el expediente que la
convocatoria hubiera establecido dos vacantes para arquitecto y una para ingeniero
civil, ni que existiera una «necesidad del servicio» que justificara modificar la
estructura original de la planta, la cual contemplaba un cargo con perfil mixto.

52. Afirmó que la administración persistió en ese error pese a las advertencias
previas formuladas mediante derechos de petición, en los que solicitó corregir la
distribución de vacantes conforme al Acuerdo del año 2012. En su criterio, esto
demuestra que la lista de elegibles y el nombramiento posterior se sustentaron en
una base irregular.

53. Agregó que la demanda no solo buscaba la nulidad del nombramiento, sino
también la de los actos previos que dieron origen a la lista de elegibles, así como la
expedición de una nueva lista para el cargo con perfil mixto respetando el mérito.
Sin embargo, el juez de primera instancia solo analizó el acto de nombramiento, lo
cual, a su juicio, impide materializar plenamente el fallo, pues no se corrigieron los
actos estructurales del proceso de selección. Señaló que las listas actuales podrían
haber perdido vigencia y que no existe una lista válida para un eventual
nombramiento, lo que refuerza la necesidad de expedir una nueva conforme a las
reglas legales.

54. En ese sentido, concluyó que no es viable aplicar las listas existentes para
ejecutar la sentencia, por lo que solicita modificarla en el sentido de ordenar la
elaboración de una nueva lista de elegibles para el cargo de perfil mixto,
privilegiando al demandante por su mayor puntaje, y con efectos fiscales desde la
fecha en que debió ser nombrado.

55. Por otro lado, expresó que, aunque comparte el reconocimiento realizado frente
a los salarios y prestaciones sociales, discrepa de que se apliquen descuentos con
fundamento en la sentencia SU-354 de 2017. Sostuvo que el caso no corresponde
a un reintegro ni a un nombramiento provisional, sino a un nombramiento en carrera
derivado de la ilegalidad de otro, por lo que el restablecimiento del derecho debe
ser pleno. Además, indicó que no está probado que haya percibido otros ingresos,
ni los montos exactos de las prestaciones dejadas de percibir, y que no existe un
precedente obligatorio que imponga dichos descuentos en este tipo de casos.

56. Como tercer motivo, cuestionó que la sentencia no haya ordenado la indexación
de las sumas reconocidas, lo cual considera necesario para garantizar un
restablecimiento justo y actualizado del derecho. Por lo anterior solicitó modificar la
decisión para hacerla ejecutable y, en consecuencia, ordenar la expedición de una
nueva lista de elegibles y el nombramiento del demandante en el cargo, con
reconocimiento integral de los salarios y prestaciones sociales sin descuentos e
incluyendo la indexación correspondiente.

7 Folios 317-320 del expediente.

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Trámite correspondiente a la segunda instancia

57. La admisión de los recursos. Mediante auto de 7 de abril de 20218 se admitió
el recurso de apelación. Posteriormente, en proveído del 23 de julio de 2021 se
corrió traslado para alegar de conclusión9. Dentro de la oportunidad de ley
intervinieron los abogados de las partes demandante10, demandada11 y litisconsorte
necesario12. El primero solicitó modificar la sentencia apelada en el sentido indicado
en la alzada, mientras que los dos últimos exigieron revocar la sentencia de primer
grado.

58. Control de legalidad13. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
se resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

59. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,14 esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación de marras.

60. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por los
recurrentes, se deberá establecer si ¿El acto administrativo de nombramiento del
señor Fabio Germán Páez Franco está viciado de nulidad por falsa motivación y
desconocimiento de las reglas de la convocatoria y de la estructura del cargo, pues
fue producto de una modificación sin soporte legal o; por el contrario, tal decisión se
ajustó a los parámetros del proceso de selección?

61. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

62. Sistema especial de carrera judicial.

63. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso
que los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por
la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

64. El artículo 256 de la Constitución política, derogado parcialmente por el artículo
17 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispuso que al Consejo Superior de la

8 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
9 Actuación visible en el índice 9 de la plataforma SAMAI.
10 Actuación visible en el índice 17 de la plataforma SAMAI.
11 Actuación visible en el índice 16 de la plataforma SAMAI.
12 Actuación visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
13 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Judicatura le corresponde administrar la carrera judicial. Esta previsión
originalmente contenida en la Carta Magna fue replicada en el artículo 85 de la Ley
270 de 1996.

65. La Corte Constitucional ha indicado que la facultad del Consejo Superior de la
Judicatura para reglamentar la carrera judicial atañe a la denominada «potestad
reglamentaria de los órganos constitucionales» y se concreta en la expedición de
las normas de carácter general que sean necesarias para desarrollar el sentido de
la Ley 270 de 1996 y hacerla ejecutable.15 Al respecto, se ha sostenido
lo siguiente:16

«[…] Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene
potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica
la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla
ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la
potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales
asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las
atribuciones propias del legislador”17.

7.8 De la anterior exposición se colige que las funciones de la Sala administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura son estrictamente administrativas y no pueden
ser otras que las predicables del manejo de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la rama judicial; en ese sentido, a esa Sala le asiste la facultad de
reglamentar algunos aspectos del sistema especial de carrera de la rama judicial,
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador,
en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Carta Política; y su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la rama
judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las condiciones
laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias de cada
cargo.»

66. Igualmente, sobre la aludida potestad reglamentaria las sentencias C-350 de
1997 y C-917 de 2002 precisaron que es una «facultad normativa directa» y que
constituye una «potestad de regulación autónomamente conferida por la Carta», es
decir, una atribución constitucional especial, que le permite expedir reglamentos
autónomos en forma directa y permanente18.

67. A partir de lo anterior, esta corporación ha concluido que el Consejo Superior
de la Judicatura tiene una función de alta relevancia para el cumplimiento de los
fines estatales, pues debe dictar los reglamentos tendientes a disponer los recursos
humanos y físicos necesarios para que el servicio de la administración de justicia se
preste bajo altos estándares de eficiencia, moralidad, corrección e idoneidad en aras
de cumplir la misión institucional que se ha asignado a la Rama Judicial, esto
es, “hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados

15 Sentencias C-917 de 2002 y SU-553 de 2015.
16 Sentencia SU-539 de 2012.
17 Sentencia C-037 de 1996, mediante la cual la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número

58 de 1994 (Senado) y 264 de 1995 (Cámara), hoy Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 22 de junio de 2023, expediente nro.

11001-03-25-000-2018-01625-00 (5406-2018).

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en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional”19».

68. De acuerdo con lo anterior, esa corporación tiene facultades para fijar las
directrices que rigen los concursos de méritos, así como establecer la estructura
organizacional de los empleos de la Rama Judicial, asignar sus funciones y precisar
los requisitos para su ejercicio, todo ello con respeto de la ley que rija la materia.

69. Caso concreto – interrogante único ¿El acto administrativo de nombramiento
del señor Fabio Germán Páez Franco está viciado de nulidad por falsa motivación
y desconocimiento de las reglas de la convocatoria y de la estructura del cargo, pues
fue producto de una modificación sin soporte legal o; por el contrario, tal decisión se
ajustó a los parámetros del proceso de selección?

70. La discusión central del asunto gira en torno a si la administración actuó
ilegalmente al modificar, sin respaldo en la convocatoria ni en la estructura formal
de la planta de personal, el perfil y la forma de provisión de un empleo, olvidando
que se trataba de un cargo con perfil mixto y, en consecuencia, si el nombramiento
efectuado al señor Fabio Germán Paz Franco desconoció el principio del mérito, al
no designar al aspirante con mejor puntaje que cumplía con los requisitos para ello.

71. En síntesis, el debate se concentra en dos ejes inseparables:

• La legalidad de las reglas aplicadas al concurso, esto es, si la administración
podía modificar el perfil del cargo y distribuir las vacantes como lo hizo.

• El respeto al principio del mérito en la provisión del empleo, esto es, si se
nombró a quien realmente tenía el mejor derecho según las reglas del
concurso.

72. La legalidad de las reglas aplicadas al concurso. Se tiene que mediante el
Acuerdo nro. PSAA12-9719 del 17 de octubre de 201220, el Consejo Superior de la
Judicatura reestructuró la planta de personal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y creó la Unidad de Infraestructura Física. En el artículo 5.°
de dicho acuerdo se dispuso que la planta de personal de esa dependencia estaría
integrada, entre otros cargos, por tres (3) empleos de director administrativo grado
nominado. A su vez, el artículo 11 estableció las funciones asignadas a dichos
cargos, mientras que el artículo 13 fijó los requisitos académicos y de experiencia
exigidos para el desempeño de cada uno de ellos.

73. En particular, respecto de los tres cargos de director administrativo grado
nominado adscritos a la Unidad de Infraestructura Física, el citado acuerdo
estableció los siguientes requisitos:

19 Artículo 1 de la Ley 270 de 1996. Frente a las competencias del Consejo Superior de la Judicatura puede

consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de marzo de 2016,
radicado: 110010325000201500010600 (0238-2015).
20 Folios 15-27 del expediente.

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74. Posteriormente, mediante el Acuerdo nro. PSAA13-10037 del 7 de noviembre
de 201321, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentó
la convocatoria al concurso de méritos destinado a conformar los registros de
elegibles para la provisión de cargos de carrera de las oficinas y unidades de dicha
corporación, así como de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

75. En el artículo 2.° del referido acuerdo se estableció que los cargos objeto del
concurso correspondían a los empleos de carrera de las oficinas y unidades de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que
definió el ámbito de aplicación de la convocatoria y los empleos que serían provistos
mediante el principio del mérito.

76. En el numeral 3.° del artículo 2.° se establecieron los requisitos específicos
exigidos para cada uno de los cargos convocados. En particular, en el cuadro
correspondiente a la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, se consagró:

21
Folios 2-14 del expediente.

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77. Posteriormente, mediante Oficio nro. DEAJRHO17-3306 del 4 de julio de
201722, la directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial informó a la directora de la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial la existencia de una vacante definitiva en la Unidad de
Infraestructura Física, correspondiente al cargo de director administrativo grado
nominado, para cuyo desempeño se exigía como requisito académico ser
profesional en arquitectura y tener título de posgrado. Dicho reporte constituyó la
primera comunicación formal de vacantes remitida en el marco del proceso de
provisión de cargos derivado de la Convocatoria nro. 23.

78. Luego, mediante Oficio nro. DEAJRHO17-3508 del 21 de julio de 201723, la
directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial reportó dos vacantes adicionales correspondientes a la
Unidad de Infraestructura Física. En dicho documento informó una vacante para el
cargo de director administrativo grado nominado con requisito académico
consistente en ser profesional en ingeniería civil y tener título de posgrado, así como
una segunda vacante para el mismo empleo respecto de la cual señaló como
requisitos académicos el ser profesional en arquitectura o ingeniería civil y tener
título de posgrado, lo que evidencia la existencia de un cargo con perfil mixto que
podía ser desempeñado por profesionales de cualquiera de estas dos disciplinas.

79. Mediante Oficio nro. CJO17-1907 del 24 de julio de 201724, la directora de la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó a la directora de la Unidad
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial aclarar
la información contenida en el Oficio anteriormente citado, específicamente en lo
relacionado con la vacante reportada para el cargo de director administrativo grado
nominado de la Unidad de Infraestructura Física respecto de la cual se habían
señalado como requisitos académicos relacionados con ser profesionales en
arquitectura o ingeniería civil y tener título de posgrado.

80. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial recordó que mediante el
Acuerdo nro. PSAA13-10037 de 2013 se establecieron los perfiles específicos para
los cargos de director administrativo grado nominado de la Unidad de Infraestructura
Física, diferenciando claramente los requisitos y la experiencia exigida para cada
uno de ellos.

81. En ese sentido, señaló que dentro de la Convocatoria nro. 23 existían dos
cargos distintos: uno identificado con el código 230902, cuyo requisito académico
correspondía a ser profesional en arquitectura y tener título de posgrado, además
de cuatro años de experiencia profesional en el campo de la arquitectura, la
construcción o la interventoría de obra; y otro identificado con el código 230903, que
exigía ser ingeniero civil con título de posgrado, así como cuatro años de
experiencia profesional en el campo de la ingeniería civil, la construcción o la
interventoría de obra.

22 Folio 30 del expediente.
23
Folio 31 del expediente.
24
Folio 32 del expediente.

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82. Por lo anterior y en respuesta al mentado requerimiento se expidió el Oficio nro.
DEAJRHO17-3565 del 25 de julio de 201725, en el que se indicó la existencia de dos
cargos diferentes, cada uno con un perfil profesional específico. El primero
correspondía a un cargo de director administrativo grado nominado de la Unidad de
Infraestructura Física cuyo requisito académico era ser profesional en arquitectura
y tener título de posgrado. El segundo correspondía igualmente a un cargo de
director administrativo grado nominado de la misma dependencia, pero con requisito
académico de ser profesional en ingeniería civil y contar con título de posgrado.

83. Por lo expuesto, el demandante elevó solicitud en la pidió aclarar esa
información, toda vez que en el Acuerdo nro. PSAA12-9719 del 17 de octubre de
2012 se crearon específicamente 3 cargos de director administrativo, uno con perfil
de arquitecto, otro con perfil de ingeniero civil y el tercero con un perfil mixto, es
decir, que podía acceder a él cualquiera que tuviera alguno de los perfiles
anteriores.

84. A ello se dio respuesta en Oficio nro. CJO17-2680 del 29 de septiembre de
201726 por parte de la directora de la Unidad de Carrera Judicial, en el que se indicó
que no existió ningún error en la publicación de las vacantes, en la relación de
aspirantes por sede, ni en la elaboración de las listas de elegibles, por lo que no era
procedente corregir ni ajustar el número de vacantes reportadas para el cargo de
director administrativo nominado de la Unidad de Infraestructura Física.

85. La entidad explicó que las vacantes fueron publicadas exactamente conforme a
la información suministrada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
autoridad nominadora competente para reportarlas. Según dichos reportes, existían
dos vacantes para el cargo con perfil de arquitectura —código 230902— y una
vacante para el cargo con perfil de Ingeniería Civil —código 230903—, razón por la
que las listas de elegibles se elaboraron con base en esa información.

86. Adicionalmente, aclaró que el perfil de los cargos convocados no se determinó
con base en el supuesto perfil mixto previsto inicialmente, sino que antes de la
convocatoria la Dirección Ejecutiva realizó un análisis de la planta de personal y
definió perfiles específicos para cada cargo. Como resultado de ese estudio, el
cargo que anteriormente podía ser desempeñado por un arquitecto o un ingeniero
civil fue ajustado y convocado con los perfiles diferenciados: uno para arquitectura
—código 230902— y otro para ingeniería civil —código 230903—.

87. Del análisis conjunto de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que
dentro de la planta de personal de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial fueron creados tres cargos de director
administrativo grado nominado con perfiles diferenciados.

88. En efecto, uno de ellos exigía como requisito académico título profesional en
arquitectura; otro, título profesional en ingeniería civil; y un tercero contemplaba un

25
Folio 33 del expediente.
26
Folio 38 del expediente.

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perfil mixto, susceptible de ser provisto por profesionales en arquitectura o
ingeniería civil. Esta circunstancia se desprende del acto administrativo de creación
de los cargos y de los primeros reportes de vacantes efectuados por la propia
entidad.

89. Ahora bien, aunque la Convocatoria nro. 23 fue expedida con el propósito de
proveer los cargos de carrera existentes en dicha unidad, en ella no se precisó el
número de vacantes correspondientes al cargo de director administrativo grado
nominado. La convocatoria se limitó a establecer dos perfiles específicos para ese
empleo: uno identificado con el código 230902, correspondiente a arquitectura, y
otro identificado con el código 230903, correspondiente a ingeniería civil, sin hacer
referencia alguna al cargo con perfil mixto previsto en el acto de creación de la planta
de personal.

90. La existencia de tres cargos con perfiles diferenciados se encuentra
corroborada por los primeros reportes de vacantes remitidos por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. En efecto, en un primer momento se reportó
una vacante correspondiente al perfil de arquitectura; posteriormente, mediante un
segundo reporte, se informó una vacante para el perfil de ingeniería civil y otra para
el perfil mixto. Tales reportes resultan coherentes con la estructura originalmente
prevista para la planta de personal y constituyen un indicio de que la entidad
reconocía la existencia de tres cargos distintos.

91. Posteriormente, a raíz de la solicitud de aclaración formulada por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial respecto de la identificación de las vacantes
reportadas, la Dirección de Recursos Humanos precisó que estas debían ajustarse
a los perfiles establecidos en el acuerdo de convocatoria, indicando únicamente los
perfiles de arquitectura e ingeniería civil. Sin embargo, en dicha aclaración no se
hizo referencia al acto administrativo mediante el cual fueron creados originalmente
los cargos ni se explicó de qué manera había desaparecido o modificado el perfil
mixto previsto en la planta de personal.

92. Más aún, en la respuesta otorgada al derecho de petición presentado por el
demandante, la propia directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial manifestó que los perfiles de los cargos convocados no se determinaron
con base en el perfil mixto inicialmente existente, sino que, antes de la expedición
de la convocatoria, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizó un
análisis de la planta de personal y definió perfiles específicos para cada cargo.

93. Como resultado de dicho análisis, según se indicó, el cargo que originalmente
podía ser desempeñado por un profesional en arquitectura o ingeniería civil fue
ajustado y convocado mediante dos perfiles diferenciados: arquitectura —código
230902— e ingeniería civil —código 230903—.

94. No obstante, el referido análisis de la planta de personal al que alude la entidad
no obra dentro del expediente ni se acreditó la existencia del acto administrativo
mediante el cual se hubiera formalizado tal decisión. Con todo, es claro que la

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competencia en la materia la ostenta la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura27, misma que creó los cargos en cita. Por tanto, cualquier modificación
al respecto debió ser adelantada por esa corporación y no por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, previo cumplimiento de las formalidades exigidas por el
ordenamiento jurídico.

95. En ese contexto, no resulta jurídicamente admisible entender que un cargo
creado mediante un acuerdo de la Sala Administrativa de aquella corporación pueda
ser transformado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de
un análisis interno o de una comunicación dirigida a otra dependencia, sin que exista
un acto formal que materialice dicha decisión. Lo anterior cobra especial relevancia
en el presente asunto, pues los tres cargos de DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GRADO NOMINADO tenían perfiles diferenciados y respondían a necesidades
funcionales específicas de la entidad.

96. Por consiguiente, al no encontrarse acreditada la expedición de un acto
administrativo que hubiera modificado el acuerdo de creación de los cargos o
eliminado el perfil mixto originalmente previsto, debe concluirse que este continuaba
haciendo parte de la planta de personal al momento de adelantarse la Convocatoria
nro. 23. En consecuencia, existen fundamentos para reafirmar que el concurso de
méritos cobijó los tres cargos de director administrativos que aquí han sido
referenciados.

97. El respeto al principio de mérito en la provisión del cargo. Se evidencia en
el expediente que mediante el Acuerdo nro. PCSJA17-10769 del 18 de septiembre
de 201728, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial conformó y publicó la
lista de elegibles para la provisión de dos (2) cargos de director administrativo grado
nominado de la Unidad de Infraestructura Física, cuyo requisito académico
correspondía a ser profesional en arquitectura y con título de posgrado. La lista fue
integrada en estricto orden descendente de puntaje, ubicándose en el primer lugar
la señora Ángela María Aranzazu Montoya, con una calificación de 633.98 puntos,
y en el segundo lugar el señor Fabio Germán Paz Franco, con una calificación de
519.27 puntos.

98. De igual forma, mediante el Acuerdo nro. PCSJA17-10770 del 18 de septiembre
de 201729, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial conformó y publicó la
lista de elegibles para la provisión de un (1) cargo de director administrativo grado
nominado de la Unidad de Infraestructura Física, cuyo requisito académico
correspondía a ser profesional en ingeniería civil y con título de posgrado.

99. La lista fue integrada en orden descendente de puntaje, ubicándose en el primer
lugar el señor Sergio Luis Duarte Lobo, con una calificación de 701.13 puntos, y en
el segundo lugar el señor Luis Helder Bejarano Velásquez, con una calificación de

27 Artículo 86 de la Ley 270 de 1996.
28
Folio 28 del expediente.
29
Folio 29 del expediente.

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664.35 puntos. Esta lista constituyó el registro de elegibles aplicable al cargo
identificado con el perfil de ingeniería civil dentro de la Convocatoria nro. 23.

100. Como se expuso anteriormente, la citada convocatoria no ofertó de manera
expresa el cargo de director administrativo grado nominado con perfil mixto, pese a
que dicho empleo había sido creado formalmente dentro de la planta de personal
de la Unidad de Infraestructura Física.

101. En efecto, el aludido proceso únicamente contempló dos perfiles específicos
para este empleo, uno correspondiente a arquitectura y otro a ingeniería Civil, cada
uno con su respectivo código de identificación, sin que se incluyera un código o
referencia diferenciada para el cargo de perfil mixto. En consecuencia, ninguno de
los aspirantes tuvo la posibilidad de optar específicamente por este último cargo,
pues el mismo no fue individualizado dentro de las reglas de la convocatoria.

102. Partiendo de la conclusión previamente expuesta, según la cual la entidad no
acreditó la existencia de un Acuerdo que hubiera modificado válidamente la planta
de personal y eliminado el perfil mixto originalmente creado, debe entenderse que
dicho cargo continuaba vigente al momento de adelantarse el concurso. Bajo esa
premisa, lo procedente era conformar una tercera lista de elegibles para proveer
esa vacante o, en su defecto, establecer un mecanismo que permitiera concurrir a
ella a los aspirantes que cumplían los requisitos del perfil mixto, esto es, tanto
quienes integraban la lista del perfil de arquitectura como quienes integraban la lista
del perfil de ingeniería civil.

103. Sin embargo, ello no ocurrió. Por el contrario, la provisión de la tercera
vacante se realizó sin considerar que esta correspondía al cargo de perfil mixto que
permanecía activo y vigente dentro de la planta de personal. En tales condiciones,
la vacante debió ser provista acudiendo a los aspirantes que integraban las listas
de elegibles de arquitectura e ingeniería civil, otorgando la designación a quien,
además de cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, hubiera obtenido el
mayor puntaje dentro del concurso, en estricto acatamiento de los principios de
mérito e igualdad que gobiernan el sistema de carrera administrativa.

104. Desde esta perspectiva, no es de recibo el argumento de la parte
demandante según el cual la lista de elegibles correspondiente al perfil de ingeniería
civil no podía ser utilizada para proveer la vacante restante, bajo el entendido de
que la entidad había determinado, por necesidades del servicio, que esta
correspondía a un cargo con perfil de arquitectura.

105. Lo anterior, por cuanto quedó establecido que el cargo pendiente de provisión
no era uno de los perfiles específicos creados en la convocatoria, sino el cargo de
perfil mixto previsto en el acto de creación de la planta de personal, cuyos requisitos
podían ser acreditados tanto por arquitectos como por ingenieros civiles.

106. Tampoco resulta persuasivo el argumento expuesto por el litisconsorte
necesario y por la entidad demandada en el sentido de que el eventual

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nombramiento del demandante vulneraría el derecho a la igualdad de los demás
concursantes, debido a que cada participante únicamente podía postularse a un
cargo dentro de la convocatoria. En efecto, esa misma consideración sería
predicable respecto de cualquier otro aspirante designado para ocupar la vacante
restante, incluido el señor Fabio Paz, pues la provisión de dicho cargo implicaría
necesariamente acceder a una plaza distinta de aquellas específicamente
identificadas en la convocatoria, dado que la vacante correspondía al perfil mixto
que no fue ofertado de manera autónoma.

107. Establecido que la vacante pendiente de provisión correspondía al cargo de
director administrativo grado nominado con perfil mixto, y que para su desempeño
podían concurrir tanto profesionales en arquitectura como en ingeniería civil, la
selección debía efectuarse con estricta observancia del principio constitucional del
mérito. Dado que dicho cargo no fue ofertado de manera autónoma dentro de la
Convocatoria nro. 23 ni contó con una lista de elegibles propia, la determinación del
aspirante con mejor derecho exigía valorar conjuntamente a los concursantes que
integraban las listas conformadas para ambos perfiles.

108. Bajo ese entendido, la provisión de la vacante requería comparar los puntajes
obtenidos por los aspirantes que cumplían los requisitos para ocupar el cargo. Del
material probatorio obrante en el expediente se encuentra acreditado que el señor
Luis Helder Bejarano Velásquez obtuvo una calificación de 664.35 puntos, superior
a la alcanzada por el señor Fabio Germán Paz Franco, quien obtuvo 519.27 puntos.

109. En consecuencia, al reunir además los requisitos exigidos para el empleo, el
demandante era quien ostentaba el mejor derecho para ser designado en la vacante
correspondiente al perfil mixto, razón por la cual le asistía razón al solicitar su
nombramiento y, en ese sentido, habrá de confirmarse la decisión adoptada por el
a quo.

110. Así entonces, con base en las actuaciones irregulares aquí advertidas, es
claro que la sentencia de primera instancia no desconoció los derechos adquiridos
que el litisconsorte necesario afirmó tener. Lo anterior, en razón a que su
nombramiento fue demandado oportunamente por el accionante —de ahí su
vinculación a este trámite judicial— y, por tanto, su presunción de legalidad no se
encontraba consolidada por este motivo. En este orden de cosas, la anulación de
esa designación es muestra clara que en cabeza del señor Fabio Germán Paz
Franco no se había concretado una situación jurídica pues, se insiste, tal situación
estaba siendo discutida en sede judicial y se definió con la actual providencia.

111. No obstante, la Sala no comparte el argumento del demandante según el cual
también debía declararse la nulidad del Acuerdo PCSJA17-10769 del 18 de
septiembre de 2017, mediante el cual se conformó la lista de elegibles
correspondiente al perfil de Arquitectura. En efecto, mediante auto del 19 de julio de
201830 el tribunal rechazó dicha pretensión al considerar, con base en la
jurisprudencia de esta corporación, que la lista de elegibles «[…] constituye un acto

30
Folios 112-114 del expediente.

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preparatorio o de trámite, carente de autonomía para ser controvertido judicialmente
de manera independiente». Esta decisión quedó ejecutoriada y no fue objeto de
recurso.

112. Por tal razón, el control de legalidad en el presente asunto debe recaer sobre
la Resolución nro. 0021 del 10 de enero de 2018, mediante la cual se designó al
señor Fabio Germán Paz Franco, y no sobre las listas que sirvieron de fundamento
para dicha decisión.

113. En ese contexto, la irregularidad advertida no radica en la conformación de
las listas de elegibles consideradas individualmente, sino en la forma en que estas
fueron utilizadas para proveer la vacante correspondiente al perfil mixto. En
consecuencia, la eventual nulidad del acto de nombramiento no comporta la
invalidez de las listas de elegibles, las cuales conservan su eficacia y pueden ser
nuevamente consideradas para determinar cuál de los aspirantes ostenta el mejor
derecho a ocupar el cargo.

114. Así las cosas, al encontrarse acreditado que la vacante provista mediante la
Resolución nro. 0021 del 10 de enero de 2018 correspondía al cargo de perfil mixto
y que el demandante obtuvo el mayor puntaje entre los aspirantes habilitados para
ocuparla, la Sala concluye que dicho acto de nombramiento desconoció el orden de
mérito que debía regir la provisión del empleo.

115. Por consiguiente, se confirmará la declaratoria de nulidad de la citada
resolución y, como restablecimiento del derecho, se ordenará el nombramiento del
señor Luis Helder Bejarano Velásquez en el cargo de director administrativo grado
nominado de la Unidad de Infraestructura Física correspondiente a la vacante de
perfil mixto, desde el 10 de enero de 2018 como lo indicó el a quo.

116. Finalmente, en relación con los efectos económicos derivados del
restablecimiento del derecho, la Sala considera que le asiste razón al demandante
frente al reparo formulado contra la orden de descontar de las sumas a reconocer
los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que eventualmente
hubiera percibido durante el período comprendido entre la expedición del acto
anulado y su efectivo nombramiento.

117. En consecuencia, se ordenará a la entidad demandada reconocer y pagar al
señor Luis Helder Bejarano Velásquez los salarios, prestaciones sociales y demás
derechos laborales que legalmente correspondan al cargo de director administrativo
grado nominado de la Unidad de Infraestructura Física, desde el 10 de enero de
2018, fecha en que se produjo el nombramiento cuya nulidad se declara, y hasta la
fecha en que se haga efectiva su designación.

118. Al respecto, si bien esta Sección ha sostenido en anteriores oportunidades
que de los valores reconocidos a título de restablecimiento del derecho pueden
descontarse las sumas percibidas por el interesado por concepto de salarios,
honorarios o cualquier otra remuneración proveniente del desempeño de

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actividades laborales o contractuales en el sector público31, dicha regla supone la
existencia de prueba suficiente que permita establecer la percepción efectiva de
tales ingresos y su cuantificación32.

119. En el presente asunto no obra elemento probatorio alguno que acredite que
el demandante hubiera recibido ingresos de esa naturaleza durante el período
objeto de reconocimiento. Por tal razón, no resulta procedente ordenar descuento
alguno sobre las sumas que deban reconocerse como consecuencia del
restablecimiento del derecho, razón por la cual la sentencia apelada será modificada
en este aspecto.

120. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

121. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.

122. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia apelada en lo relacionado
con la orden de efectuar descuentos o compensaciones sobre las sumas que deban
reconocerse al demandante como consecuencia del restablecimiento del derecho,
disposición que será revocada.

123. Así mismo, y al advertir que sobre la condena impuesta no se ordenó la
indexación de los dineros adeudados ni el reconocimiento de los intereses
respectivos, se adicionará la providencia apelada en ese sentido. En lo demás, se
confirmará esa decisión, en cuanto declaró la nulidad de la Resolución nro. 0021
del 10 de enero de 2018 y reconoció el mejor derecho del señor Luis Helder
Bejarano Velásquez a ser nombrado en el cargo de director administrativo grado

31
Véanse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Exp.
08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 17 de
noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017). C.P. William Hernández Gómez; y de
la Subsección “B”, sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016- 03086-01 (2771-2020). C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter. En estas providencias se ha autorizado a la demandada para que efectúe los
descuentos sobre el monto de la condena, de las sumas de dinero que el demandante hubiese recibido a título
de haberes laborales derivados de un vínculo con el sector público, motivado en la expresa prohibición del
artículo 128 superior. En este punto, se ha aplicado por extensión la regla de unificación fijada en la sentencia
del 9 de agosto de 2022, en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017) C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, al tiempo que ha representado un apartamiento de lo dispuesto en la sentencia SU-354 de 2017 (M.P.
Iván Humberto Escrucería Mayolo), que se advierte con mayor claridad en: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-
2017). C.P. William Hernández Gómez.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 16 de abril de 2026, expediente nro.

25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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nominado de la Unidad de Infraestructura Física correspondiente a la vacante de
perfil mixto.

124. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

125. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

126. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

127. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada y al litisconsorte necesario, por cuanto resultaron vencidas en el
presente proceso. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

128. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO» de la parte resolutiva de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido
de REVOCAR la orden descontar al demandante las sumas de dinero producto de
cualquier vínculo laboral público y/o privado, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia apelada para ordenar que las sumas
reconocidas a favor del demandante sean actualizadas con base en la variación del
Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde la fecha en que cada una se hizo

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exigible y hasta la fecha de su pago efectivo, así como el reconocimiento de los
intereses respectivos, en la forma establecida en el C.P.A.C.A.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, en especial la
declaratoria de nulidad de la Resolución nro. 0021 del 10 de enero de 2018 y la
orden de nombrar al señor Luis Helder Bejarano Velásquez en el cargo de director
administrativo grado nominado de la Unidad de Infraestructura Física,
correspondiente a la vacante del perfil mixto y el correspondiente pago de los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos causados.

CUARTO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada y al
litisconsorte necesario. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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