Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03086-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03086-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2016-03086-01 (2771-2020)
Demandante : Andrés Rodríguez Zorro
Demandado : Institución Universitaria Conocimiento e Innovación
para la Justicia (CIJ)
Tema : Retiro del servicio por supresión del cargo
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 7 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 51 a 69). El señor Andrés Rodríguez Zorro, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Institución
Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), para que se
acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[…] Acuerdo No. 17 del 28 de
diciembre de 2015 corregido mediante la [R]esolución No. 012 de 29
[siguiente] […], por medio del cual se modificó a partir del 1 de enero de 2016
la planta de personal de la Institución Universitaria Conocimiento e
Innovación para la Justicia […] suprimiendo el cargo […]» (sic) del actor.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene (i) su reintegro al empleo
que desempeñaba, sin solución de continuidad; y (ii) el pago de los salarios
dejados de recibir. En forma subsidiaria, «[…] en caso de que sea imposible su
reintegro por desaparición o liquidación de la entidad demandado […]», se
sufrague «[…] el equivalente a 24 meses de salarios de acuerdo con lo
establecido en la [j]urisprudencia o precedentes judiciales del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional [s]entencia[s] SU-556/2014 [y] […] SU-
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874 de […] 2014, o el valor que [se] determine […]». Lo anterior, con la
respectiva indexación y las costas a que haya lugar.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que laboró «[…] en la
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
PARA LA JUSTICIA […] como GESTOR DE CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN GRADO 02 en razón del nombramiento hecho mediante la
Resolución 00073 del 29 de mayo de 2015» (sic).
Que, previo a los procedimientos internos y externos de la institución, su «[…]
[c]onsejo directivo […] expidió el [A]cuerdo No. 017 del 28 de diciembre de
2015, […] corregido al número 18 mediante [R]esolución 012 de 29
[siguiente] […], por medio del cual se modificó a partir del 1 de enero de 2016
la planta de personal […] suprimiendo [su] […] cargo […]» (sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos acusados los artículos 2, 6, 25, 29, 53,
121, 122 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 909 de 2004; 95 a 97
del Decreto 1227 de 2005; 5 (parágrafo 2º) del Decreto 20 de 2014; 7 y 10 del
Decreto 36 de 2014; y 6 del protocolo de San Salvador, adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asevera que las decisiones demandadas están viciadas por falta de competencia,
puesto que el cargo de gestor de conocimiento e innovación, grado 2, «[…] fue
creado por el […] [D]ecreto [l]ey 36 de 2014, por lo tanto no puede suprimirse
con un [a]cto [a]dministrativo, esto es el Acuerdo No. 017 del 28 de diciembre
de 2015, el cual fue corregido al número 18 mediante [R]esolución 012 del 29
de diciembre de 2015, de inferior jerarquía que el de creación, presentándose
una violación directa del principio de legalidad consagrado en el artículo 122
del mismo ordenamiento constitucional porque tal facultad no está detallada
en la ley, tal y como lo ordena esa norma rectora» (sic).
Que «[…] el [c]onsejo [d]irectivo de la Institución Universitaria Conocimiento
e [I]nnovación para la justicia utilizó las facultades que le confiere el [D]ecreto
[l]ey 036 de 2014 con un fin distinto al que se establece en la misma norma y
en el artículo 17 de la [L]ey 909 de 2004. Así mismo, desv[ió] su poder porque
no obtuvo el concepto necesario y favorable del Ministerio de [H]acienda y
Crédito Público, apoyándose en un concepto que no se emitió de ninguna
manera para la supresión de cargos» (sic), situación que también configura el
vicio de nulidad por falsa motivación.
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Aduce que se trasgredió su derecho al trabajo y el principio de confianza
legítima, por cuanto «[…] no le dio la estabilidad que […] esperaba, al haber
sido nombrad[o] y abruptamente retirad[o] […]» de dicho empleo.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 81 a 104). El accionado, a través de
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda;
respecto de los hechos afirma que unos son ciertos, otros parcialmente y los
demás no le constan, por lo que deben probarse; y formula la excepción
denominada cumplimiento de un deber legal.
Arguye que «[…] si bien goza de autonomía académica, administrativa,
financiera y patrimonio independiente; en relación con el régimen de
situaciones se rige por lo establecido para los servidores de la Fiscalía General
de la Nación», esto es, el Decreto ley 20 de 2014, el que «[…] establece
claramente las causales de retiro del servicio, entre ellas la supresión del
cargo»; en tal sentido, «[…] los únicos servidores que tiene[n] derecho a ser
incorporados en un empleo igual o equivalente, y de no ser posible esta opción,
a recibir una indemnización, son los servidores de carrera, por expresa
disposición del artículo 103 del Decreto [l]ey 020 de 2014 […]» (sic), que no
es el caso del accionante.
Que «[t]eniendo en cuenta la situación atípica en la que se encuentra la
Institución Universitaria, derivada de la decisión del Congreso de la República
de no incorporar las partidas presupu[e]stales para atender sus gastos y ante
el inminente inicio de la vigencia fiscal 2016, entre otras decisiones, el
[c]onsejo [d]irectivo […] mediante Acuerdo No. 0018 […] de 2015, suprimió
su planta de personal, inclusive el cargo de [d]irector [g]eneral»; en
consecuencia, dicho órgano directivo «[…] actuó de la manera que debía
hacerlo, no violando con su actuar norma alguna, no generándose ni
desviación de poder, ni falta de competencia, ni falsa motivación, ni violación
de la confianza legítima, como infundadamente pretende hacerlo ver la parte
actora».
1.6 La providencia apelada (ff. 334 a341). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), en sentencia de 7 de
febrero de 2020, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que «[…] en la expedición de los actos administrativos demandados,
la CIJ siguió los parámetros indicados en la normatividad que la rige, sin que
la libelista hubiese aportado prueba que desvirtuara los argumentos tenidos en
cuenta por la administración en el proceso de supresión del empleo de
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Expediente 25000-23-42-000-2016-03086-01 (2771-2020)
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personal de la entidad» (sic).
Que «[t]ampoco existe prueba de que la supresión del cargo del demandante
distara de los propósitos previstos por el legislador en las normas que lo
autorizan y menos, que se hubieren desconocido los derechos invocados en el
libelo, ni que la administración tuviera obligación de mantenerlo en la planta,
por lo que, los actos administrativos que decidieron suprimir el mentado
empleo de la planta de personal de la CIJ, se encuentran ajustados a la
normatividad que los regula» (sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 348 a 350). El actor, a través de apoderado,
interpuso recurso de apelación, al estimar que «[n]o existe prueba alguna dentro
del expediente en la que se exprese concepto favorable para suprimir el cargo
de […] [g]estor de [c]onocimiento [e] [i]nnovación [g]rado 02. Ni el Ministerio
de Hacienda, ni la Función Pública, se pronunciaron expresamente sobre este
cargo, tampoco existe concepto técnico del Ministerio de Hacienda sobre la
supresión de este cargo, de forma expresa […]» (sic).
Que el consejo directivo del accionado no tenía competencia para suprimir su
planta de personal, pues, de conformidad con el artículo 7 del Decreto ley 36 de
2014, la función se limita a «[…] [a]doptar y modificar la estructura
organizacional interna y la planta de personal […]» (sic) y, por ende, aquella
facultad de suprimir «[…] está reglada en la Ley 909 de 2004, con el único
propósito de mejorar la prestación del servicio».
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 13 de marzo de
2020 (f. 353) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de
noviembre de 2021 (f. 358), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con
el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 24 de marzo de 2022 (f. 360), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras para reiterar sus argumentos de demanda, alzada y defensa1.
1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
4
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III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al accionante le asiste razón jurídica
para reclamar su reintegro a la planta de personal de la Institución Universitaria
Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) y el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de recibir, en su condición de gestor de
conocimiento e innovación, grado 2; o si, por el contrario, su retiro del servicio
estuvo justificado en que el cargo fue suprimido dada la situación atípica
generada por la ausencia de recursos para su funcionamiento, por decisión del
Congreso de la República, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3.3.1 De la supresión de cargos. De conformidad con el artículo 209 (inciso
1º) de la Constitución Política2, la función administrativa debe ejercerse con
fundamento en el bien común y el interés general, por ende, en cumplimiento
de los fines propios de un Estado social de derecho, por lo que la carrera
administrativa, como un sistema técnico de administración de personal, se
instituye como uno de los mecanismos idóneos para la consecución de aquella,
que orienta el ingreso, permanencia y retiro del servicio, con lo que se garantiza
la estabilidad laboral, igualdad de oportunidades para el acceso al trabajo y la
eficacia y eficiencia en la prestación del servicio oficial.
La Ley 443 de 19983 (artículo 2), con observancia de esos lineamientos, previó
que la carrera administrativa debe desarrollarse primordialmente con base en
los principios de igualdad y del mérito, concepción dentro de la cual la supresión
de un empleo comporta una causa admisible de retiro del servicio de los
servidores del Estado, sustentado en la necesidad de que las plantas de personal
de los organismos públicos se adecúen a los requerimientos del servicio.
2
«La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones […]».
3
«Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones», derogada por el
artículo 58 de la Ley 909 de 2004, con excepción de los artículos. 24, 58, 81 y 82.
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Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-370 de 19994,
discurrió:
No hay duda de que la pertenencia a la carrera administrativa implica
para los empleados escalafonados en ella la estabilidad en el empleo, sin
embargo, esa sola circunstancia no obliga al Estado a mantener los
cargos que éstos ocupan, por siempre y para siempre, pues pueden
existir razones y situaciones que justifiquen la supresión de los mismos.
La estabilidad, como tantas veces se ha dicho, “no significa que el
empleado sea inamovible, como si la Administración estuviese atada de
manera irreversible a sostenerlo en el puesto que ocupa aún en los casos
de ineficiencia, inmoralidad, indisciplina o paquidermia en el ejercicio
de las funciones que le corresponden, pues ello conduciría al
desvertebramiento de la función pública y a la corrupción de la carrera
administrativa.
Por su parte, el procedimiento de reestructuración de las plantas de personal en
los organismos del Estado está compuesto por etapas, que abarca la elaboración
del estudio técnico, propuesta de modificación de la planta de personal y
conceptos técnico favorable y de viabilidad presupuestal.
En lo atañedero a los estudios técnicos, los artículos 415 de la Ley 443 de 1998,
1486 del Decreto 1572 de 1998, «por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998
y el Decreto Ley 1567 de 1998»; y 7 y 97 del Decreto 2504 de 1998, «por el
4
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
5
«Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados
de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y
territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos
que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración
Pública, firmas especializadas en la materia o profesionales en Administración Pública u otras profesiones
idóneas, debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional».
6
«Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los
órdenes nacional y territorial deberán motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en
razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios
técnicos que así lo demuestren».
7
«Artículo 7°. Modificase el artículo 149 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así:
Artículo 149. Se entiende que la modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del
servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de
la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otros, de:1. Fusión o supresión de
entidades.2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad. 3. Traslado de
funciones o competencias de un organismo a otro. 4. Supresión, fusión o creación de dependencias o
modificación de sus funciones. 5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación
de servicios. 6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 7. Introducción de cambios tecnológicos. 8.
Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos involucrados
para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la
entidad. 9. Racionalización del gasto público. 10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía
y celeridad de las entidades públicas. PARÁGRAFO. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere
este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del
interés general.
[…]
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cual se modifican los artículos 2, 4 y 12 (transitorio), 130, 131, 135, 149, 151,
154, 155 y 156 del Decreto 1572 de 1998», disponen que la modificación de
cualquier planta de personal debe (i) estar precedida por un estudio técnico que
la justifique, (ii) soportarse en las necesidades del servicio o en razones que
propendan a la modernización de la Administración, (iii) contar con claros
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general,
(iv) analizar procesos técnicos, misionales y de apoyo y (v) evaluar la prestación
de los servicios, las funciones asignadas, los perfiles y las cargas de trabajo de
los empleados.
La Ley 909 de 2004, «por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones», en el artículo 41, en relación con las formas de retiro del servicio
de los empleados públicos, dispuso:
Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]
l) Por supresión del empleo.
[…]
Como puede observarse, la anterior norma prevé que tal desvinculación puede
presentarse de manera indistinta si se trata de un cargo de libre nombramiento
y remoción o uno de carrera administrativa; sin embargo, dicha Ley solo
contempló la indemnización por esta razón en los casos en que se trate de los
segundos (carrera administrativa). Al respecto, el artículo 44 de la Ley 909 de
2004 consagra:
Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión
del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de
una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les
supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir
Artículo 9°. Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así: Artículo
154.- Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados en
metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la
propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos: 1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios. 3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas
de trabajo de los empleados […]».
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Expediente 25000-23-42-000-2016-03086-01 (2771-2020)
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indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de
reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.
En lo atañedero a la supresión de cargos, esta Sala determinó8:
[…] la supresión de empleos se debe entender como una causa admisible
de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra
su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las
entidades públicas a los requerimientos del servicio. En efecto, la
supresión de cargos de carrera en la administración suele presentarse por
varias circunstancias, bien por fusión o liquidación de la entidad pública
respectiva, por reestructuración de la misma, por modificación de la
planta de personal, por reclasificación de los empleos o bien por
políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la
prestación del servicio público para el control del gasto público.
A guisa de corolario, de acuerdo con las normas que regulan la materia, una de
las causales de retiro del servicio es la supresión del cargo, independientemente
si se trata de uno de libre nombramiento y remoción o de carrera, pues el
ordenamiento jurídico no distingue frente a este aspecto, como sí lo hace frente
a los derechos que surgen para quien lo ejerce en la segunda calidad, tales como
preferencia en la reincorporación o el eventual pago de indemnización.
3.3.2 Naturaleza jurídica de la Institución Universitaria Conocimiento e
Innovación para la Justicia (CIJ). El Congreso de la República, en uso de las
facultades conferidas por el numeral 109 del artículo 150 de la Constitución
Política, por medio de la Ley 1654 de 201310, concedió al presidente de la
República la atribución de que, entre otras, creara una institución universitaria
adscrita a la Fiscalía General de la Nación como un establecimiento público del
orden nacional, cuyo objeto consistiría en prestar el servicio público de
educación superior para la formación y el conocimiento científico de la
investigación penal y criminalística y de las distintas áreas del saber que
requiere ese ente estatal y sus entidades adscritas para cumplir sus fines
constitucionales, así como su modernización y la capacitación continua de sus
agentes que ejercen dichas profesiones, mediante el ejercicio de las funciones
de docencia, investigación y extensión universitaria.
8
Sentencia de 9 de octubre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-03082-01 (399-19).
9
«10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para
expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales
facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta
de los miembros de una y otra Cámara».
10
«Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República para modificar la
estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y
situaciones administrativas».
8
Expediente 25000-23-42-000-2016-03086-01 (2771-2020)
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En atención a lo anterior, el presidente de la República expidió el Decreto ley
36 de 2014, a través del cual creó «una institución universitaria,
[e]stablecimiento [p]úblico de [e]ducación [s]uperior, denominado
Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), de carácter académico, del
orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y patrimonio
independiente, el cual se regirá por las normas que regulan el sector educativo
y el servicio público de la educación superior y por lo previsto en el presente
decreto-ley»11, cuyo objeto es «[…] ejecutar, fomentar, articular, apoyar y
coordinar las acciones de formación, extensión, capacitación y desarrollo
integral, en especial, en el área penal y criminalística, desde el contexto de la
investigación y la innovación, dirigida a elevar la calidad y eficiencia del
servicio a cargo de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas,
así como la formación y capacitación para los demás servidores públicos y
particulares que lo requieran, previa autorización que para tal efecto requiera,
según las normas legales y los estatutos»12.
El artículo 5 de dicho Decreto prevé que sus órganos de dirección y
administración serían el consejo directivo, la dirección general y el consejo
académico. En cuanto a la composición y las funciones del primero se
estableció:
Artículo 6. El Consejo Directivo. El Consejo Directivo del
Establecimiento Público de Educación Superior -Conocimiento e
Innovación para la Justicia (CIJ)- es el máximo órgano de dirección y
administración de la institución y está integrado por:
1. El Fiscal General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.
3. Un (1) miembro designado por el Presidente de la República, que
haya tenido vínculos con el sector universitario.
4. El Vicefiscal General de la Nación.
5. El Director Nacional de Policía Judicial CTI.
6. Un (1) representante de los directivos académicos.
7. Un (1) representante de los profesores.
8. Un (1) representante de los egresados.
9. Un (1) representante de los estudiantes.
Parágrafo 1°. El Director General del Establecimiento Público de
Educación Superior - Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ),
asistirá al Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto. El
Secretario General del Establecimiento Público ejercerá las funciones
de Secretario del Consejo Directivo.
11
Artículo 1.
12
Artículo 2.
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Parágrafo 2°. Los miembros designados en función de su ejercicio lo
serán en cuanto conserven sus calidades. Los miembros a que se refieren
los numerales 6, 7, 8 y 9 serán designados o elegidos directamente por
sus propios estamentos, para períodos de dos (2) años.
Parágrafo transitorio. Mientras se eligen los representantes de la
comunidad académica, el Consejo Directivo sesionará con los miembros
requeridos para conformar el mínimo de quórum decisorio. En todo
caso, los representantes de los numerales 7 y 9 serán designados a más
tardar dentro del año siguiente a la entrada en funcionamiento de la
Institución. El representante del numeral 8 deberá ser designado en el
semestre siguiente a la primera promoción.
Artículo 7°. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del
Consejo Directivo, las siguientes:
1. Formular, a propuesta del Director General, las políticas generales del
Establecimiento Público de Educación Superior -Conocimiento e
Innovación para la Justicia (CIJ)-, los planes y programas conforme a la
ley.
2. Designar al Director General, de terna presentada por el Fiscal
General de la Nación.
3. Aprobar, a propuesta del Director General, la política de
mejoramiento continuo del Establecimiento Público de Educación
Superior -Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ)-, así como
los programas orientados a garantizar el desarrollo misional y
administrativo.
4. Aprobar y evaluar los planes que contengan el direccionamiento
estratégico de mediano y largo plazo del Establecimiento Público de
Educación Superior –Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ)-
5. Conocer de las evaluaciones de ejecución presentadas por el Director
General.
6. Adoptar y modificar la estructura organizacional interna y la planta
de personal del Establecimiento Público de Educación Superior -
Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ)-, previo concepto
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Adoptar el estatuto interno y sus reformas.
8. Aprobar y modificar, a solicitud del Director General, la creación y
localización geográfica de las sedes, de acuerdo con el estudio que se
realice para el efecto.
9. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Establecimiento
Público de Educación Superior -Conocimiento e Innovación para la
Justicia (CIJ)-, autorizar las adiciones y traslados presupuestales que se
requieran en el curso de la vigencia, de acuerdo con las disposiciones
presupuestales que regulan la materia.
10. Expedir, previo concepto del Consejo Académico, los reglamentos
docente, estudiantil y demás que se requiera para el normal
funcionamiento del Establecimiento Público de Educación Superior -
Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ)-, y adecuar el régimen
10
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académico de la misma, a las disposiciones de la Ley 30 de 1992, la Ley
115 de 1994 y demás normas concernientes a la educación superior.
11. Adoptar políticas y estrategias de producción científica del cuerpo
docente y los criterios para la evaluación de la calidad de la misma por
parte de pares nacionales e internacionales.
12. Otorgar los estímulos y las distinciones que determinen los
reglamentos a solicitud del Director General.
13. Aprobar la creación de comités asesores y consultivos.
14. Crear, suspender o suprimir los programas académicos ofrecidos por
el Establecimiento Público de Educación Superior -Conocimiento e
Innovación para la Justicia (CIJ)-, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes y previo concepto del Consejo Académico.
15. Autorizar la aceptación de donaciones o legados.
16. Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la
entidad.
17. Fijar los derechos pecuniarios y exenciones de carácter académico a
propuesta del Director General.
18. Adoptar su propio reglamento.
19. Las demás que le señalen la ley y los estatutos internos.
De la norma precedente, no existe duda acerca de que el consejo directivo es el
máximo órgano de dirección de administración de la institución, por lo que
dentro de sus funciones se encuentra la de adoptar y modificar tanto la estructura
organizacional como la planta de personal, previo concepto favorable del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que esté previsto requisito
adicional alguno, lo que se ratifica en el artículo 15 del Decreto 36 de 2014
frente a que le corresponde a aquel «adoptar la estructura interna y la planta
de personal necesaria para el debido y correcto funcionamiento del
Establecimiento Público de Educación Superior –Conocimiento e Innovación
para la Justicia (CIJ)».
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Resolución 73 de 29 de mayo de 2015 (ff. 2 y 3), expedida por el director
general del accionado, por la cual se nombró, en provisionalidad, al actor como
gestor de conocimiento e innovación, grado 2, de la subdirección de gestión del
conocimiento, cargo del que tomó posesión el 11 de junio siguiente (f. 214).
b) Oficio 2-2015-006006 de 23 de febrero de 2015 (f. 14), firmado por el
11
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director general del presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, con el que se comunicó al director general del demandado la
viabilidad presupuestal, según el estudio técnico, para la modificación de la
planta de personal, en el sentido de reducir 3 cargos directivos y crear 2
asesores, 2 profesionales y 3 técnicos.
c) Oficio DG-0152 de 5 de octubre de 2015 (ff. 15 a 19), con el que el director
general del accionado pidió del Ministro de Hacienda y Crédito Público el
restablecimiento de los valores del presupuesto de la institución a su cargo para
la vigencia 2016, lo que fue contestado de manera desfavorable con oficio 2-
2015-042460 de 30 siguiente, por parte del director general del presupuesto
público nacional de esa cartera (ff. 20 a 22).
d) Acuerdo 17 de 28 de diciembre de 2015 (ff. 4 a 10), proferido por el consejo
directivo del demandado, por medio del cual modificó, a partir del 1º. de enero
de 2016, la planta de personal del organismo, en cuanto se suprime, entre otros,
el cargo de gestor de conocimiento e innovación, grado 2, desempeñado por el
accionante. Este acto administrativo fue corregido por la Resolución 12 de 29
siguiente (ff. 11 y 12), suscrita por el secretario general de esa institución
educativa, respecto de su número, por ser el correcto 18.
e) Oficio IU-CI/DG-0232 de 30 de diciembre de 2015 (f. 13), en el que el
director general del demandado comunicó al actor la supresión de su empleo.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que, por medio de
Resolución 73 de 29 de mayo de 2015 del director general del demandado, el
accionante fue nombrado, en provisionalidad, como gestor de conocimiento e
innovación, grado 2, de la subdirección de gestión del conocimiento de ese
organismo, del que tomó posesión el 11 de junio siguiente, que desempeñó hasta
el 31 de diciembre de esa anualidad, pues con Acuerdo 17 de 28 de los mismos
mes y año, expedido por el consejo directivo de la institución (corregido con
Resolución 12 de 2015 del secretario general, en cuanto a su numeración), fue
modificada su planta de personal, en el sentido de suprimir, entre otros, aquel
empleo.
En virtud de la anterior decisión, el actor acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación, al
estimar que «[n]o existe prueba alguna dentro del expediente en la que se
exprese concepto favorable para suprimir el cargo de […] [g]estor de
12
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[c]onocimiento [e] [i]nnovación [g]rado 02. Ni el Ministerio de Hacienda, ni la
Función Pública, se pronunciaron expresamente sobre este cargo, tampoco
existe concepto técnico del Ministerio de Hacienda sobre la supresión de este
cargo, de forma expresa […]» (sic). De igual modo, insiste en que el consejo
directivo del demandado no tenía competencia para suprimir su planta de
personal, pues, de conformidad con el artículo 7 del Decreto ley 36 de 2014, la
función se limita a «[…] [a]doptar y modificar la estructura organizacional
interna y la planta de personal […]» (sic) y, por ende, aquella facultad de
suprimir «[…] está reglada en la Ley 909 de 2004, con el único propósito de
mejorar la prestación del servicio».
Para desatar la cuestión litigiosa, la Sala se pronuncia frente al planteamiento
de que, a juicio del demandante, para la reestructuración administrativa del
accionado se requería no solo del concepto favorable del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, sino también de un estudio técnico.
En lo atañedero al concepto favorable, esta subsección evidencia que el 5 de
octubre de 2015 el director general del demandado solicitó del Ministro de
Hacienda y Crédito Público que fueran restablecidos los valores del presupuesto
de la entidad a su cargo para la vigencia 2016, petición que fue contestada de
manera desfavorable el 30 siguiente, por parte del director general del
presupuesto público nacional de esa cartera, así:
[…] Como efecto de choque externo generado por la reducción en el
precio internacional del petróleo, Colombia afrontado una reducción
sustancial en la renta proveniente de la actividad petrolera: mientras en
2013 la nación recibió por concepto de ingresos petroleros $23,6
billones de pesos, en 2015 esta cifra cayó a $9,6, y para 2016 no
alcanzará los 3 billones de pesos. Esto implica una caída de más de 20
billones de pesos en los ingresos de la nación en tres años.
Esta situación ha llevado a un escenario fiscal cada vez más estrecho.
Para hacer frente a la nueva situación el Gobierno Nacional ha adoptado
medidas de austeridad, entre las que se destacan el aplazamiento de 6
millones de pesos en el presupuesto de la actual vigencia y la expedición
de la Directiva Presidencial 006 de diciembre de 2014. Incluso
legislativo impuso restricciones al gasto en 2015, estableciendo que:
“los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación,
durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los
gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y
servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia
fiscal 2014, por un monto equivalente al 10%”.
13
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Dado que la situación fiscal para 2016 es aún más compleja de lo que
ha sido la de 2015, la ley de presupuesto recientemente aprobado se
programó en el marco de una política de austeridad, atendiendo las
restricciones impuestas para el cumplimiento de la Regla Fiscal,
consagrada en la Ley 1473 de 2011.
[…]
El presupuesto asignado a CIJ para la vigencia 2015 ascendió a $23,6
mil millones, $20,1 mil millones con recursos de la Nación y $3,5 mil
millones con recursos propios, que se programaron bajo el supuesto de
203 estudiantes de pregrado y 290 estudiantes de posgrado, es decir, un
total de 493 estudiantes, que generarían ingresos propios a la entidad
por concepto de matrículas por uno. 1000 millones de pesos. Bajo estos
supuestos la relación costo por estudiante ascendería a 48 millones
aproximadamente.
Sin embargo, el número actual de estudiantes es de 36 y la ejecución del
presupuesto, con corte octubre 27, es de $8000 millones, con lo cual el
costo por estudiante aumenta a $223 millones, financiados
completamente con recursos de la nación, dado que el recurso a la fecha
por concepto de matrículas es de $82 millones, frente a los $1.5 mil
millones inicialmente previstos.
[…]
Es indiscutible que los costos asociados a la atención de estos alumnos
resultan excesivamente altos, si se tienen cuenta que, en las
universidades más costosas del país, el costo por estudiante al año no
supera los 30 millones de pesos.
Como se mencionó anteriormente, el escenario fiscal que priorizar gasto
de mayor impacto sobre la población. Así, es necesario tener presente
que las actuales circunstancias $28 mil millones permiten financiar más
de 30.000 subsidios de familias en acción, atender casi 42.000 personas
en régimen subsidiado, entregar viviendas gratuitas a 622 familias de
escasos recursos o financiar alrededor de 1500 estudiantes en la
Universidad Nacional a través del programa ser pilo paga.
[…].
De igual modo, el 3 de diciembre de 2015 el director general del presupuesto
público nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público le informó al
Fiscal General de la Nación, en su condición de miembro del consejo directivo
del accionado, que la competente para pronunciarse en relación con la supresión
de la planta era el Departamento Administrativo de la Función Pública13,
organismo que, mediante concepto 20156000195041 de 23 de noviembre de
201514, concluyó:
13
Ff. 27 y 28.
14
Ff. 160 a 166.
14
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En criterio de este Departamento Administrativo, las normas generales
aplicables en los asuntos objeto de consulta son las consagradas en el
Decreto Ley 020 de 2014, “Por el cual se clasifican los empleos y se
expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la
Nación y de sus entidades adscritas” y el Decreto Ley 036 de 2014,
“Por el cual se crea un establecimiento público de educación superior
del orden nacional”, aclarando que en materia de carrera se aplican, con
carácter supletorio, las normas del sistema general, cuando se presenten
vacíos en la normatividad especial de la Fiscalía General de la Nación
(artículo 3, numeral 2°, Ley 909 de 2004).
Por tanto, dentro del enunciado marco normativo y en desarrollo de la
autonomía legalmente reconocida a la Institución Universitaria
Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ)15, corresponderá a sus
Órganos de Dirección adoptar las medidas que mejor convengan a los
intereses de la institución para superar la difícil situación laboral,
académica y presupuestal por la que está atravesando.
Teniendo en cuenta el marco Constitucional y normativo antes señalado,
las decisiones que tome el Consejo Directivo deberán ser comunicadas
a sus trabajadores por el Director de la Entidad.
Adicionalmente, de acuerdo con las normas citadas, se precisa que los
únicos empleados que tiene derecho al reconocimiento y pago de una
indemnización como consecuencia de la supresión de los empleos son
los empleados que acrediten derechos de carrera administrativa, como
consecuencia de haber superado el respectivo proceso de selección.
Los empleados que no tienen derechos de carrera, es decir, que se
encuentran en provisionalidad, así como lo de libre nombramiento y
remoción, en el momento de la supresión de sus cargos, tendrán derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones y salarios causados y no
pagados.
Finalmente, en cuanto al procedimiento que debe seguirse en relación
con los estudiantes, le recomendamos acudir directamente al Ministerio
de Educación Nacional, a efecto de que dicha entidad se pronuncie sobre
el particular.
A partir de ese entendimiento, se presentan dos escenarios, cuando: (i) el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que no suscriba un concepto
previo para adoptar y modificar la estructura organizacional interna y la planta
de personal del demandado, no lo incluya dentro del presupuesto general de la
15
«Por el artículo 1° del Decreto 036 del 13 de enero de 2014».
15
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Nación, y (ii) se aduce que el ente encargado de emitir ese tipo de
pronunciamientos es el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Frente al asunto sub examine, según lo ha precisado esta Corporación16, no
resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscriba
un concepto para la modificación de la planta de personal, habida cuenta de que,
por sustracción de materia, ya lo había hecho, dado que al no incluir las partidas
presupuestales para el funcionamiento del accionado era lógico que estaba de
acuerdo con la supresión de la planta de personal.
Lo anterior, con observancia de los objetivos del reglamento orgánico del
presupuesto, regulado en el Decreto 4730 de 200517, dentro de los que se
encuentra (i) el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita
la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; (ii) la asignación
de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades
de gasto y (iii) la utilización eficiente de los recursos en un contexto de
transparencia, los cuales se hubiesen quebrantado en caso de haber mantenido
el funcionamiento del ente accionado, sin la apropiación presupuestal para la
vigencia 2016. Sumado a esto, para proveer los cargos remunerados se requiere
que estén contemplados en la planta de personal y sus emolumentos incluidos
en el correspondiente presupuesto, conforme al artículo 122 de la Constitución
Política, pues, en caso de no cumplirse, implicaría trasgresión del artículo 345
ibidem, según el cual no «[…] podrá hacerse ningún gasto público que no haya
sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los
concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no
previsto en el respectivo presupuesto […]».
En consecuencia, como lo concluyó esta subsección en un caso similar, «[…]
no era necesario que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidiera un
concepto favorable para la supresión de la planta de personal del ente
demandado, como quiera que, al no haber incluido las partidas necesarias para
su funcionamiento, se sobrentiende que estaba de acuerdo con tal modificación;
aunado a ello, para la Sala, tal requisito es solo necesario cuando se requiera
o implique de una apropiación presupuestal, como en efecto ocurrió con el
[o]ficio del 23 de febrero de 2015, en donde el [d]irector [g]eneral del
[p]resupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público le informó al
16
Pueden verse, entre otras, de la sección segunda: subsección B, fallos de 20 de mayo y 3 de junio de 2001,
expedientes 25000-23-42-000-2016-02957-01 (2710-19) y 25000-23-42-000-2016-02896-01 (2855-19),
respectivamente; y subsección A, sentencia de 4 de noviembre siguiente, expediente 25000-2342-000-2017-05626-
01 (5607-19).
17
«Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto».
16
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[d]irector de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la
Justicia que si bien se había efectuado un ahorro anual en el presupuesto de
aquél año debido a la disminución de 3 cargos, la provisión de los mismos no
debería exceder del monto que se había apropiado en la Ley de Presupuesto
General de la Nación»18 (sic).
No obstante, en el otro de los escenarios planteados (cuando el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público aduce que no le corresponde emitir conceptos por
ser competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública), «[…]
así lo dio a conocer el [d]irector [g]eneral del [p]resupuesto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público al Fiscal General de la Nación […] y trajo a
colación ciertos apartes que resultaban ser relevantes, por ejemplo, cuando
precisó que los únicos empleados que tienen derecho al reconocimiento y pago
de una indemnización como consecuencia de la supresión de los empleos son
aquellos que acrediten derechos de carrera administrativa, mientras que los
que se encuentran en provisionalidad, así como lo de libre nombramiento y
remoción, en el momento de la supresión de sus cargos, tendrían derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones y salarios causados y no pagados,
como en efecto ocurrió»19; por tanto, se colmó el requisito del concepto previo
de la referida cartera.
En lo atinente al argumento del accionante sobre el estudio técnico que resultaba
necesario con el fin de modificar la planta de personal, para esta Corporación
ello no se requiere, puesto que de acuerdo con el artículo 14 del mencionado
Decreto ley 20 de 2014, los servidores del demandado están sometidos, en
materia de administración de personal y de carrera, al régimen de la Fiscalía
General de la Nación y, por ende, no les es aplicable la Ley 909 de 2004, habida
cuenta de que su artículo 3º es claro en preceptuar que esta es supletoria, lo que
no ocurre para este caso.
Así las cosas, los actos administrativos acusados fueron expedidos en virtud de
la competencia otorgada por el artículo 7 (numeral 6) del Decreto ley 36 de
2014, según el cual el consejo directivo del accionado puede adoptar y
modificar su estructura organizacional interna y planta de personal, previo
concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que pueda
concluirse que era indispensable un requisito adicional, porque las normas que
regulan la materia no lo establecieron ni remitió a otro tipo de exigencias
complementarias.
18
Sentencia de 20 de mayo de 2001, expediente 25000-23-42-000-2016-02957-01 (2710-19).
19
Ibidem.
17
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Por otro lado, esta subsección reitera, como en otros asuntos, que «[…] no puede
invocar [el] demandante una especie de derechos adquiridos o de fuero especial
de estabilidad por razón de su trayectoria, capacitación, experiencia o
conducta, ya que estos factores constituyen una base eventual para su
vinculación a cualquier cargo, más [sic] no para su desvinculación, máxime
cuando se trata de nombramientos que no están cobijados por el fuero de
carrera»20 y, en tal sentido, tampoco resulta admisible acusación acerca de la
supuesta trasgresión a normas de carácter internacional incorporadas al
ordenamiento jurídico colombiano, pues las alegadas en los libelos
introductorio y de alzada conciernen precisamente a protección de derechos
laborales.
En consecuencia, para esta Sala la decisión adoptada por la Administración y
avalada por el Tribunal de instancia está ajustada a derecho, y no como se aduce
en la apelación; por el contrario, ambas tuvieron como sustento los fines del
Estado y las normas que regulan este tipo de situaciones al interior de los
organismos estatales, como lo es la ausencia de recursos para su
funcionamiento, junto con las supresiones de cargos que ello conlleva.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 7 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Andrés Rodríguez Zorro
contra la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia,
conforme a lo indicado en la parte motiva.
20
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 16 de octubre de 2020, expediente 25000-23-
42-000-2016-02956-01 (6339-2018).
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2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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