Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00399-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2024-00399-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2024-00399-03
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2024-00399-03 (0787-2025)
Demandante: Lixyibel Muñoz Montes
Demandado: Fábrica de Licores de Antioquia
Tema: Elementos de la actuación disciplinaria. Nulidad del acto
administrativo por falta de tipicidad. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, en contra de
la sentencia proferida el diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Lixyibel Muñoz Montes instauró demanda en contra de la Fábrica
de Licores de Antioquia –FLA–, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 24 de abril de 2023,
expedida por la Dirección de Control Interno Disciplinario de la Fábrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia, mediante la cual fue sancionada con destitución e
inhabilidad general por diez (10) años; y del acto administrativo del 9 de junio de
2023, que confirmó la sanción.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que
ocupaba o a otro de igual o superior jerarquía, con el reconocimiento de la
continuidad en el servicio y la eliminación de la anotación disciplinaria de su hoja de
vida. En caso de que el reintegro no resulte posible, pidió el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, el reconocimiento de perjuicios morales, la
indexación de las sumas que se ordenen y la condena en costas.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que se vinculó a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE el 15
de mayo de 2012. Al momento en que se ejecutó la sanción se desempeñaba en un
cargo de la Subgerencia de Producción al que había sido trasladada desde la
Dirección de Gestión Humana, con el fin de apoyar actividades relacionadas con la
gestión ambiental de la entidad. Sin embargo, siempre manifestó que no tenía los
conocimientos técnicos necesarios, por lo cual solicitó capacitación y
acompañamiento, pero esto nunca ocurrió.
5. Afirmó que percibió varias de las situaciones ocurridas en su trabajo como
animadversión de varios superiores y compañeros, ante lo cual acudió al Comité de
Convivencia Laboral de la entidad, y posteriormente a la Procuraduría General de
la Nación.
6. Explicó que se le designó como supervisora del contrato nro. 2021-0051, que
tenía como objeto prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así
como el suministro de repuestos, para el sistema de red contra incendios y para los
sistemas de detección, notificación y alarma. Que se le inició un procedimiento
disciplinario por presuntas irregularidades relacionadas con la salida e ingreso de
materiales vinculados al contrato referido.
7. Señaló que en la entidad no existía un procedimiento claro y conocido, donde
se definiera uniformemente cómo debía procederse para la salida e ingreso de
materiales asociados a la ejecución contractual. Sostuvo que en el procedimiento
disciplinario distintos funcionarios manifestaron no conocer con precisión el trámite
aplicable, ni las responsabilidades específicas de cada interviniente, lo que puso en
evidencia la ausencia de lineamientos técnicos y operativos claros que regularan
dicha actividad.
8. En ese contexto, insiste en que gestionó la salida de materiales para la
realización de pruebas en el marco del objeto contractual, atendiendo
requerimientos propios de la ejecución del contrato. Que posteriormente, adelantó
actuaciones tendientes al reingreso de los materiales; sin embargo, este no fue
autorizado por la entidad.
9. Señaló que se inició investigación disciplinaria en su contra, dentro de la cual
se formuló pliego de cargos por falta gravísima a título de dolo; además, indicó que
en el trámite, declaraciones de funcionarios y demás elementos de prueba dieron
cuenta de que no existía un protocolo institucional consolidado para el manejo de
materiales, que varios servidores desconocían el procedimiento aplicable y que, en
la práctica, se presentaban obstáculos administrativos para el ingreso de los mismos
a las instalaciones de la entidad, lo cual incidía directamente en la ejecución de las
actividades contractuales y en la imposibilidad material de cumplir con los trámites
correspondientes.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Constitución Política artículos 4, 6, 11, 25, 29 y 122; Ley 1437 de 2011
artículos 137 inciso 2, 138 y 192; Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de
2021.
11. Afirma que las decisiones disciplinarias se expidieron con infracción de las
normas constitucionales y legales que debían servir de fundamento a la actuación
administrativa. Que se desconocieron principios propios de la función pública
previstos en la Constitución, en especial los relacionados con la legalidad, la
responsabilidad de los servidores públicos y las garantías del debido proceso. A su
juicio, la actuación disciplinaria se adelantó sin que existiera certeza suficiente sobre
los hechos investigados y sin una adecuada valoración del contexto en el que se
desarrollaron las actuaciones administrativas relacionadas con el contrato estatal
objeto de análisis.
12. Sostiene, igualmente, que se interpretaron de manera equivocada los
elementos de la responsabilidad disciplinaria, particularmente en lo relativo a la
tipicidad, la culpabilidad y la ilicitud sustancial, pues, según la demanda, en el
expediente se encontraba acreditado que la actora actuó en cumplimiento de sus
deberes y dentro de las limitaciones propias de las funciones que le habían sido
asignadas.
13. Que además se expidió de forma irregular, pues en la actuación se habrían
adoptado determinaciones que afectaron la imparcialidad y la adecuada práctica y
valoración de las pruebas, lo cual habría incidido en la conclusión a la que llegó la
autoridad disciplinaria. Por estas razones, considera que los actos administrativos
demandados se encuentran afectados por vicios de legalidad que justifican su
nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. El 19 de octubre de 2023, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
admitió la demanda1. Sin embargo, el 15 de febrero de 2024 declaró la falta de
competencia y ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia2, el
cual avocó conocimiento el 6 de marzo de 20243.
15. La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE se opuso a las
pretensiones. Señaló que los hechos expuestos en la demanda no corresponden en
todos los casos a situaciones verificables, pues varios de ellos constituyen
apreciaciones o interpretaciones del apoderado de la demandante dirigidas a
1 Ver archivo «005AutoAdmisorioConcedeAmparoDePobreza», disponible en la siguiente ruta: enlace de
OneDrive disponible en el índice No. 00002 de SAMAI, adjunto
«4_EXPEDIENTEDIGI_RV_ENVIODEEXPEDIENTE_3_20250320120348365 (2)».
2
Ver archivo «008AutoDeclaraFaltaCompetenciaFuncional», disponible en la siguiente ruta: enlace de
OneDrive disponible en el índice No. 00002 de SAMAI, adjunto
«4_EXPEDIENTEDIGI_RV_ENVIODEEXPEDIENTE_3_20250320120348365 (2)».
3
Ver archivo « 013AutoAvocaConocimiento», disponible en la siguiente ruta: enlace de OneDrive disponible en
el índice No. 00002 de SAMAI, adjunto
«4_EXPEDIENTEDIGI_RV_ENVIODEEXPEDIENTE_3_20250320120348365 (2)».
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sustentar sus pretensiones, mientras que otros son transcripciones de decisiones
adoptadas dentro del procedimiento disciplinario.
16. Sostuvo que durante el trámite de la actuación sancionatoria se decretaron y
practicaron pruebas testimoniales y documentales, y que otras solicitudes
probatorias fueron negadas por no cumplir los criterios de conducencia, pertinencia
y utilidad previstos en la normativa.
17. Que los argumentos formulados son de carácter general y no logran
demostrar la existencia de irregularidades en la expedición de los actos
administrativos demandados ni en el desarrollo del procedimiento disciplinario.
Finalmente, afirmó que las decisiones demandadas se adoptaron con base en el
material probatorio incorporado al expediente administrativo y dentro de las
competencias legales de la autoridad disciplinaria.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del diez (10) de
febrero de 2025, negó las pretensiones. Expuso los antecedentes del procedimiento
disciplinario, el contenido de los actos administrativos demandados y los cargos
formulados en la demanda, relacionados con la presunta vulneración del debido
proceso, falsa motivación, expedición irregular del acto administrativo y desviación
de poder. Posteriormente examinó los argumentos de nulidad planteados por la
demandante y el trámite surtido dentro del trámite sancionatorio por la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la entidad.
19. En relación con la tipicidad, indicó que la investigación disciplinaria se
sustentó en comportamientos previstos en la Ley 1952 de 2019, relacionados con
la participación en la actividad contractual con desconocimiento de los principios
que rigen la contratación estatal y con posible afectación del patrimonio público.
Respecto de la ilicitud sustancial, señaló que la autoridad consideró acreditado el
incumplimiento de los deberes funcionales en la supervisión del contrato,
particularmente frente al manejo y control de los bienes involucrados en la ejecución
contractual, al evidenciarse la ausencia de registros, informes o soportes que
permitieran verificar el adecuado seguimiento al material que salió de la entidad en
desarrollo del contrato.
20. En cuanto a la culpabilidad, indicó que dentro del procedimiento disciplinario
se concluyó que la demandante conocía las obligaciones derivadas de su condición
de supervisora del contrato y, pese a ello, certificó el cumplimiento del objeto
contractual sin que se hubiera verificado efectivamente el reintegro y control de los
elementos objeto de mantenimiento, lo que llevó a que su conducta fuera calificada
con un grado de reproche elevado.
21. Con fundamento en ese análisis, el Tribunal concluyó que no se acreditaban
los vicios de nulidad alegados en la demanda y que las decisiones disciplinarias
habían sido adoptadas dentro del marco de las competencias de la autoridad y con
fundamento en el material probatorio recaudado en el procedimiento.
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RECURSO DE APELACIÓN
22. La demandante4 interpuso recurso de apelación, en el que cuestionó la
interpretación del régimen disciplinario aplicable, en particular de la Ley 1952 de
2019, de la Ley 80 de 1993 y de la Sentencia SU-316 de 2016, indicando que esto
condujo a negar las pretensiones sin efectuar un análisis adecuado del caso
concreto.
23. A partir de ello, afirmó que no se realizó un estudio integral de los elementos
de la responsabilidad disciplinaria, en particular de la tipicidad, la ilicitud sustancial
y la culpabilidad. Expresó que no se acreditó una afectación real al deber funcional
derivada de la salida del material objeto del contrato, y que incluso existen
elementos que indicarían su posterior reingreso, así como la continuidad del
contratista con la entidad, aspectos que, en su criterio, debieron incidir en la
calificación de la conducta.
24. También cuestionó que la sentencia no hubiera valorado que la actuación
relacionada con la salida del material no dependía exclusivamente de la
demandante, sino que involucraba la intervención de otros funcionarios y
dependencias. En esa misma línea, sostuvo que se omitió analizar el contexto en el
cual se desarrolló la supervisión contractual, en particular las condiciones en que
esta se ejercía, la necesidad de acompañamiento y capacitación, y las
circunstancias propias de la ejecución del contrato.
25. En cuanto a la valoración probatoria, afirmó que el Tribunal no tuvo por
acreditados hechos que, a su juicio, estaban demostrados, como que los elementos
de la red contra incendios se venían desmontando desde el año 2020 para la
realización de pruebas técnicas, que parte de estos fueron efectivamente
ingresados nuevamente a la entidad y que existieron intentos posteriores de
reingreso que se vieron frustrados por decisiones internas, en un contexto en el que
no existía un procedimiento claro para dichas actuaciones.
26. Afirmó que no se valoraron adecuadamente los testimonios en aspectos
relacionados con la carga laboral de la demandante y las condiciones en que
desempeñaba sus funciones. Finalmente, el recurso insistió en que la sentencia no
efectuó un análisis pormenorizado de la ilicitud sustancial ni de la afectación al deber
funcional, y que, en cambio, adoptó una aproximación que desconoce la
proscripción de la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, al no ponderar
adecuadamente las circunstancias de la conducta ni el contexto en que esta se
desarrolló.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
27. El 1 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación.
4 Ver índice 00090 de SAMAI.
5 Véase índice 00006 de SAMAI.
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28. Las partes guardaron silencio en esta instancia.
29. El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia pues considera
que se encuentra acreditado que la demandante, en su condición de supervisora
del contrato estatal correspondiente, tenía la responsabilidad principal de realizar el
seguimiento a la ejecución contractual y de velar por el adecuado control de los
bienes y elementos vinculados a la ejecución del contrato.
30. Indicó que, de acuerdo con el manual específico de funciones y competencias
laborales, dentro de sus funciones se encontraba realizar la supervisión de los
contratos que le fueran asignados, lo cual implicaba efectuar seguimiento a su
ejecución y garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales. En ese
sentido, consideró que la responsabilidad disciplinaria analizada en el proceso se
sustentaba en el hecho de que la demandante era la supervisora del contrato objeto
de análisis y, por tanto, la principal responsable de las irregularidades advertidas en
su ejecución.
31. Finalmente, el Ministerio Público precisó que en el trámite del medio de
control no es posible determinar la eventual responsabilidad disciplinaria de otras
personas que hubieran participado en los hechos investigados, por cuanto el
proceso judicial se circunscribe al examen de legalidad de los actos administrativos
disciplinarios demandados y no al juzgamiento de terceros que no son parte en el
proceso. Con fundamento en estas consideraciones, solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
32. La Sala deberá determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia debe revocarse, porque los actos administrativos
vulneraron el debido proceso, se incurrió en falsa motivación y expedición irregular,
al tener por acreditada su responsabilidad, sin que el material probatorio del
procedimiento sancionatorio permitiera concluir la configuración de la falta ni de los
elementos de la responsabilidad disciplinaria.
33. Con el anterior propósito, la Sala se referirá al alcance del control judicial
integral de los actos administrativos sancionatorios en materia disciplinaria; a la
estructura de la responsabilidad disciplinaria, particularmente en lo relativo a la
tipicidad, y finalmente abordará el estudio del caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria:
control integral de los actos administrativos disciplinarios
34. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
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función pública.
35. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
36. La primera posición jurisprudencial sostuvo que el control del juez de lo
contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias6.
37. Luego, la jurisprudencia adoptó una posición en la que, incluso, en los casos
en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y
el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial
efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia
especial»7.
38. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»8, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
7 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-
2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Elementos de la actuación disciplinaria: tipicidad
39. Conforme al artículo 27 de la Ley 1952 de 2019: «La falta disciplinaria puede
ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del
cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones». La
disposición también prevé que: «Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un
resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo equivale a producirlo». De esta forma, el
alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en términos amplios (i)
de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la extralimitación en el
ejercicio de las funciones9.
40. Advertido que, de alguna de las formas señaladas, se incurrió en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
41. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad previsto en
el artículo 4 de la Ley 1952 de 2019, implica que el comportamiento esté consagrado
como una falta disciplinaria en las disposiciones aplicables; el segundo exige
evaluar si la conducta afecta de manera sustancial el deber funcional sin justificación
alguna, lo que para el caso concreto corresponde al alcance del artículo 9 ibidem10;
y el tercero supone la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria11, concretándose en la exigencia, para el operador disciplinario, de
analizar si ese comportamiento consagrado como falta disciplinaria, con el cual se
lesionó un deber funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o
culposa.
42. Respecto a la tipicidad, la jurisprudencia precisa que es un principio aplicable
al procedimiento disciplinario; aunque la exigencia de rigurosidad es menor y, en
esa medida, resulta más flexible su aplicación, debido a la naturaleza de este, pues
sus normas carecen de completitud y autonomía, por lo que resulta necesario
9 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
10 Ley 1952 de 2019. «Artículo 9. Ilicitud sustancial. La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte
sustancialmente el deber funcional sin rusticación alguna».
11 Ley 1952 de 2019. «Artículo 10. Culpabilidad. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por
conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva».
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remitirse a aquellas donde se regulan concretamente los deberes, funciones,
obligaciones o prohibiciones para los servidores públicos.
43. Recuérdese que el juicio de tipicidad exige que la conducta que se reprocha
a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una falta disciplinaria,
bien sea de aquellas señaladas manera taxativa, o que se trate de las que, bajo la
categoría de los tipos abiertos o en blanco, se deban complementar por remisión a
otras disposiciones legales o reglamentarias
44. En consecuencia, la aplicación de las disposiciones que consagran las faltas
disciplinarias, particularmente cuando se trata de faltas graves o leves, debe
complementarse con las normas que regulan la actividad de los servidores públicos.
Por esta razón, será esa remisión normativa la que finalmente permita establecer y
determinar, inequívocamente, el alcance de la conducta y la sanción.
Caso concreto
45. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
• Mediante informe disciplinario radicado el 10 de febrero de 2022, la Directora
de Gestión Humana de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia puso
en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario la presunta
salida irregular de bienes institucionales –tubería y accesorios de la red
contra incendio– ocurrida en junio de 2021, sin que existiera claridad sobre
su autorización, trazabilidad ni control, hechos asociados a la ejecución del
contrato nro. 2021-0051 y a la actuación de la servidora Lixybel Muñoz
Montes, en su condición de supervisora.
• Mediante auto del 15 de marzo de 2022, la Oficina de Control Interno ordenó
la apertura de investigación disciplinaria, para establecer la ocurrencia de los
hechos, determinar si constituían falta disciplinaria y verificar la posible
responsabilidad de la investigada, en atención a su rol de supervisora del
contrato. En esta etapa se dispuso la práctica de pruebas documentales y
testimoniales orientadas a reconstruir la salida de los elementos y su control
dentro de la ejecución contractual.
• Por medio del auto del 8 de noviembre de 2022 se formuló pliego de cargos,
en el que se le imputó, en su condición de supervisora del contrato 2021-
0051, la omisión en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento, control
e inventario de los bienes asociados a la ejecución contractual, en particular
por no haber verificado adecuadamente la salida de los elementos de la red
contra incendio ni garantizado su retorno o correcta gestión.
• En concreto, se le reprochó haber permitido la salida de tubería y accesorios
del sistema de red contra incendio sin un control efectivo, sin contar con
registros completos que acreditaran su destino final y sin asegurar su retorno,
así como la falta de documentación adecuada de las actuaciones de
supervisión, lo que comprometió la adecuada administración y protección del
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patrimonio público.
• En el pliego de cargos se identificaron como normas presuntamente
vulneradas las siguientes: Constitución Política artículos 6, 123 y 209; Ley
489 de 1998 artículo 3; Ley 1952 de 2019 artículos 54 numeral 3, 38
numerales 2, 22 y 23, 39 numerales 7 y 12. Estas disposiciones fueron
invocadas para sustentar la adecuación típica de la conducta, al considerar
que la investigada incumplió los deberes propios del ejercicio de la función
pública, omitió la vigilancia y custodia de los bienes confiados a su cargo y
permitió un manejo irregular de los mismos, en contravía de los principios de
la función administrativa y de los deberes del servidor público.
• Como resultado de la valoración del material probatorio, la autoridad
disciplinaria calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima a
título de dolo, al estimar que la servidora, pese a conocer sus obligaciones
como supervisora contractual y su posición de garante frente a los bienes de
la entidad, permitió la ocurrencia de las irregularidades sin adoptar las
medidas necesarias para evitarlas, disponiendo la continuación del
procedimiento en la etapa de juzgamiento para la adopción de la decisión
disciplinaria correspondiente.
• El 14 de septiembre de 2022 se cerró la investigación disciplinaria. El 24 de
abril de 2023 se declaró responsable a la demandante al considerar probado
que, en su calidad de supervisora, incumplió sus deberes de vigilancia y
control, cuando permitió la salida de bienes sin garantizar las reglas para su
egreso, trazabilidad y reintegro. Calificó la conducta como falta gravísima a
título de dolo, por desconocimiento de los principios de la función
administrativa y la contratación estatal.
• Se le impuso como sanción la destitución e inhabilidad general por el término
de diez (10) años, de conformidad con lo previsto en la Ley 1952 de 2019
para las faltas gravísimas dolosas. La misma fue posteriormente confirmada,
mediante decisión del 9 de junio de 2023.
46. Para resolver la controversia planteada, la Sala examinará los argumentos
formulados en el recurso de apelación, particularmente los relacionados con la
configuración de los elementos de la responsabilidad disciplinaria, en especial con
la tipicidad de la conducta.
47. Se advierte que la sentencia de primera instancia abordó los elementos de la
responsabilidad disciplinaria, en particular la tipicidad, la ilicitud sustancial y la
culpabilidad, y concluyó que los actos administrativos disciplinarios se ajustaban a
derecho. No obstante, ese análisis no es suficiente para entender acreditada la
adecuación típica de la conducta atribuida a la demandante, pues, aunque el
Tribunal acogió la tesis de la autoridad disciplinaria –según la cual aquella incumplió
sus deberes como supervisora del contrato nro. 2021-0051–, no examinó de manera
precisa si en el expediente se encontraba identificado y acreditado el deber
funcional específico que habría resultado materialmente vulnerado.
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48. El pliego de cargos estructuró la imputación partiendo de que el 19 de junio
de 2021 fueron retirados de las instalaciones de la entidad varios elementos del
sistema de red contra incendios –entre ellos tubería y accesorios–, respecto de los
cuales la supervisora del contrato habría tenido conocimiento en razón de las
funciones propias de la supervisión contractual.
49. A partir de ese supuesto fáctico, se sostuvo que la investigada no ejerció un
control adecuado sobre dichos bienes, no verificó ni dejó constancia en los informes
de supervisión del retiro de los elementos, ni llevó o exigió un registro o inventario
que permitiera identificar con precisión los elementos retirados, su estado y su
destino. Con fundamento en ello, concluyó que la demandante incumplió los
deberes funcionales derivados de su rol de supervisora, en particular aquellos
relacionados con la vigilancia de la correcta ejecución del contrato y la verificación
de las actividades desarrolladas por el contratista.
50. Sin embargo, el examen integral del material probatorio muestra que el retiro
de los elementos no se produjo en un contexto ajeno o extraño a la ejecución
contractual, sino precisamente en el marco de las actividades propias del contrato
de mantenimiento suscrito con la empresa MANFIRE S.A.S. En efecto, la salida de
dichos elementos aparece vinculada a la ejecución técnica de las actividades
contratadas y está documentada, lo que exige analizar con mayor rigor si
efectivamente existió un incumplimiento de las funciones encomendadas a la
demandante.
51. En el proceso administrativo se concluyó que la conducta atribuida encuadra
en los tipos disciplinarios previstos en el ordenamiento vigente, en la medida en que
se evidencia un incumplimiento de los deberes funcionales propios del cargo
desempeñado. En particular, el pliego de cargos indicó que la conducta podría
constituir falta disciplinaria, conforme a las siguientes normas ‒las cuales referencia
textualmente‒: i) Constitución Política artículos 6, 123 y 209; ii) Ley 489 de 1998
artículo 3; y iii) Ley 1952 de 2019 artículo 54, numeral 3, artículo 38, numerales 3,
22 y 23 y artículo 39, numerales 7 y 12.
52. En esa medida, tanto en el pliego de cargos como en las decisiones
disciplinarias se efectuó una remisión general a los deberes de los servidores
públicos, a las obligaciones derivadas de la supervisión contractual y a varios tipos
disciplinarios, sin precisar cuál disposición concreta del manual de funciones, del
régimen de contratación o de los lineamientos de supervisión establecía la forma en
que debía controlar el egreso de esos bienes.
53. Esta circunstancia resulta relevante desde la perspectiva del principio de
tipicidad, pues en el derecho disciplinario la configuración de la falta exige que la
conducta reprochada se adecue a la infracción de un deber funcional previamente
definido. Aunque el régimen disciplinario admite tipos abiertos, la autoridad
sancionadora tiene la carga de identificar con claridad la función, deber u obligación
específica cuyo incumplimiento se atribuye al investigado.
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54. En el caso analizado, la imputación disciplinaria no precisó cuál era la norma
que atribuía a otros funcionarios la competencia para autorizar o impedir la salida
de bienes de la entidad –esto se limitó a una simple enunciación–, ni explicó de qué
manera el retiro de los elementos realizado por el contratista en desarrollo de las
actividades técnicas del contrato constituía, por sí mismo, una infracción
disciplinaria imputable a la servidora investigada, porque no identificó una norma
donde se precisara qué requisitos o exigencias debían cumplirse para la salida de
los mismos.
55. Adicionalmente, el expediente evidencia que el retiro de los elementos del
sistema contra incendios se produjo dentro del contexto de la ejecución contractual,
circunstancia que desvirtúa la premisa de que se trató de una salida irregular de
bienes de la entidad. El propio pliego de cargos reconoce que dichos elementos
estaban vinculados al objeto contractual y que su retiro se relacionaba con
actividades técnicas propias del mantenimiento del sistema.
56. Así las cosas, el reproche disciplinario terminó sustentándose en una
afirmación genérica según la cual la supervisora no ejerció un control suficiente
sobre los bienes retirados, sin que se demostrara la existencia de un deber funcional
específico que le impusiera la obligación de impedir su salida o de ejercer custodia
de una forma específica, como pareció exigir la autoridad disciplinaria.
57. Desde la perspectiva del principio de tipicidad, esta forma de imputación
resulta insuficiente, pues la responsabilidad disciplinaria no puede construirse a
partir de apreciaciones generales sobre el ejercicio de la supervisión contractual,
sino que exige demostrar de manera concreta cuál deber funcional fue incumplido
y de qué manera la conducta del servidor público se adecúa a la descripción
normativa de una falta disciplinaria.
58. En consecuencia, al no encontrarse identificado con claridad el deber
funcional presuntamente vulnerado ni acreditada la adecuación típica de la
conducta atribuida a la demandante, la Sala concluye que no se configura el
elemento de tipicidad de la responsabilidad disciplinaria. Esta circunstancia impide
tener por demostrado el elemento objetivo de la falta.
59. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará la nulidad de los actos administrativos disciplinarios demandados,
al evidenciarse la ausencia del elemento de tipicidad en la conducta atribuida a la
demandante.
Del restablecimiento del derecho
60. El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, al disponer sobre el ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, señala:
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado
en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
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derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior.
(…)» (subrayas de la Sala).
61. De acuerdo con lo anterior, cuando se encuentra acreditado que un acto
administrativo está viciado de nulidad y, como consecuencia de ello, determina que
esta debe declararse, a continuación, es necesario adoptar las medidas para
restablecer el derecho subjetivo lesionado.
62. Restablecer, en un sentido amplio, significa «[v]olver a establecer algo o
ponerlo en el estado que antes tenía». De manera que, una primera forma de
restablecimiento, siguiendo el citado artículo 137, implica llevar al afectado con el
acto declarado nulo a la situación en la que se encontraría si este no se hubiese
expedido. Adicionalmente, la disposición referida permite acudir a una reparación
pecuniaria o por equivalente, que se refiere al pago de una indemnización para
resarcir la lesión causada por el acto declarado nulo, asociada a la posibilidad que
tiene el administrado de «(…) solicitar que se le repare el daño».
63. Llevado al escenario en el cual el medio de control versa sobre actos
administrativos que, por diferentes causas, producen el retiro del servicio, se tiene
que en el destinatario del acto confluyen dos situaciones: la primera, la imposibilidad
de continuar ejerciendo el cargo; la segunda, la afectación a su patrimonio, derivada
del salario que deja de percibir.
64. La autoridad judicial suele enmarcar las órdenes que imparte al declarar nulo
un acto en el restablecimiento del derecho entendido como: la forma de llevar al
afectado a la situación original y, para ello, ordena su reintegro al cargo y dispone
el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir.
65. No obstante, en una orden de tales características solo uno de sus
componentes es restablecimiento del derecho: el reintegro al cargo. El otro –el pago
de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos– comparte naturaleza con
las medidas indemnizatorias, como se verá a continuación.
Sobre el reintegro al cargo
66. En el expediente se encuentra acreditado que a la fecha en que se hizo
efectiva la sanción disciplinaria, la demandante se desempeñaba como Profesional
Universitaria adscrita a la Subgerencia de Producción de la Fábrica de Licores de
Antioquia.
67. Visto, pues, que la nulidad de los actos administrativos disciplinarios
comporta el restablecimiento de la situación jurídica individual de la demandante, a
título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Fábrica de Licores de
Antioquia que proceda con su reintegro al cargo que venía desempeñando o a otro
de igual o superior categoría, sin solución de continuidad.
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68. Para el cumplimiento de la anterior orden deberá tenerse en cuenta, además,
que el empleo no haya sido suprimido y que la demandante no se encuentre incursa
en alguna de las causales legales de retiro del servicio.
Sobre el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir
69. En relación con este punto, la Sala ordenará a la demandada que reconozca
y pague a la señora Lixyibel Muñoz Montes los salarios y prestaciones sociales que
dejó de percibir desde el momento en que fue retirada del servicio y hasta el
momento en que (i) sea reintegrada al cargo; o (ii) se consolide una situación que
haga imposible su reintegro, incluidas las causales legales de retiro del servicio del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
70. Sobre este punto, cabe destacar que si bien la Sección Segunda de esta
Corporación en previos pronunciamientos ha acogido la línea jurisprudencial según
la cual de dichos valores se debe descontar lo que la demandante hubiese percibido
por concepto de salarios, honorarios y, en general, lo devengado en el sector público
como dependiente o de manera independiente12, en esta oportunidad la orden de
pagar los emolumentos que se dejaron de percibir no contemplará estas
deducciones, en la medida en que en el expediente no se encuentra acreditado que
la señora Lixyibel Muñoz Montes hubiese recibido alguna asignación de este tipo.
71. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x índice final
Índice inicial
72. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.
12 Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Exp. 08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017). C.P. William
Hernández Gómez; y de la Subsección “B”, sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016-
03086-01 (2771-2020). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En estas providencias se ha autorizado a la demandada
para que efectúe los descuentos sobre el monto de la condena, de las sumas de dinero que el demandante
hubiese recibido a título de haberes laborales derivados de un vínculo con el sector público, motivado en la
expresa prohibición del artículo 128 superior. En este punto, se ha aplicado por extensión la regla de unificación
fijada en la sentencia del 9 de agosto de 2022, en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017)
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, al tiempo que ha representado un apartamiento de lo dispuesto en la sentencia
SU-354 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo), que se advierte con mayor claridad en: Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-
00217-01 (4175-2017). C.P. William Hernández Gómez.
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73. Ahora bien, en relación con el pago de aportes al sistema general de
seguridad social, cabe destacar que en la sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202113, proferida a propósito de los
eventos de reconocimiento de una relación laboral encubierta, esta Corporación
precisó que por su naturaleza parafiscal no constituyen ingresos ni beneficios
económicos para el demandante.
74. En lo que corresponde a los aportes en salud, se advirtió que estos tienen
destinación específica para cubrir los servicios para los dos regímenes que integran
el subsistema y aseguran un riesgo que, para el caso concreto, ya se superó, por lo
que no hay lugar a reconocer este concepto.
75. En lo relacionado con el sistema de pensiones, se ordenará a la demandada
que consigne los aportes por este concepto en el respectivo fondo de previsión al
que se encuentre afiliada la demandante, para lo cual esta deberá acreditar los
pagos que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el
lapso de la medida de restablecimiento del derecho y, si estos se hicieron con base
en un salario menor al que le hubiese correspondido por ocupar el cargo de
profesional universitario adscrito a la subgerencia de producción, la entidad
demandada deberá completarlos en la proporción que hubiere correspondido al
empleador, realizando los descuentos a que haya lugar sobre el monto de la
condena respecto del porcentaje que debía asumir la reclamante, ello a fin de girar
el valor real y total de las cotizaciones a la respectiva administradora.
Sobre las demás medidas de restablecimiento del derecho
76. Se ordenará que la sanción disciplinaria impuesta sea retirada de la hoja de
vida de la demandante y de las bases de datos de la entidad en que pudiere estar
registrada. Como medida de restablecimiento automática, se ordenará oficiar a la
Procuraduría General de la Nación, con el fin de que retire del registro de
antecedentes disciplinarios la anotación realizada con ocasión de la decisión
disciplinaria cuya nulidad se declarará en esta providencia.
Sobre el reconocimiento de perjuicios morales
77. La demandante solicitó el reconocimiento de perjuicios morales derivados de
la sanción disciplinaria que le fue impuesta. Sin embargo, la Sala considera que de
las pruebas allegadas al proceso no se logró acreditar, con suficiencia, la aflicción,
el dolor o padecimiento sufrido por la demandante como consecuencia directa de
los actos administrativos disciplinarios.
78. En efecto, aunque en el proceso se practicaron pruebas testimoniales y se
allegó un dictamen pericial de naturaleza psicológica, dichos medios de convicción
no permiten establecer de manera clara la existencia de un daño moral autónomo
imputable directamente a los actos administrativos demandados. En ese sentido, la
Sala concluye que, si bien la sanción disciplinaria que le fue impuesta a la
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Exp. 05001-23-33-000-2013-
01143-01 (1317-2016). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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demandante implicó una restricción de sus derechos y produjo su retiro del servicio,
no podría afirmarse que toda decisión disciplinaria conlleve necesariamente la
materialización de perjuicios morales.
79. En consecuencia, para que procediera el reconocimiento de los perjuicios
reclamados era indispensable que la demandante los acreditara dentro del proceso,
pues se trata de una carga probatoria que, conforme a lo dispuesto en el artículo
167 del Código General del Proceso, corresponde a quien los alega.
80. Por lo anterior, la Sala negará la pretensión relacionada con el
reconocimiento de perjuicios morales.
De la condena en costas
81. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
82. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
83. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
84. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandada, por cuanto se accede a las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
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Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diez (10) de febrero de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar:
Segundo. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos disciplinarios del 24
de abril de 2023 y del 9 de junio de 2023, expedidos por la Fábrica de Licores de
Antioquia, mediante los cuales se impuso sanción disciplinaria a la señora Lyxyibel
Muñoz Montes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Fábrica de
Licores de Antioquia que reintegre a la señora Lyxyibel Muñoz Montes, en su calidad
de trabajadora oficial, al cargo que ocupaba u otro de igual o superior categoría, sin
solución de continuidad, previa verificación del cumplimiento de los requisitos que
dicho cargo exija.
Para el cumplimiento de esta orden, deberá tenerse en cuenta que el empleo no
haya sido suprimido y que la demandante no se encuentre incurso en alguna de las
causales de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Fábrica de Licores
de Antioquia que pague a la demandante los salarios y prestaciones sociales que
dejó de percibir desde el momento en que fue retirada del servicio y hasta el
momento en que (i) sea reintegrada al cargo; o (ii) se consolide una situación que
haga imposible su reintegro, incluidas las causales legales de retiro del servicio del
artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:
R= Rh x índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.
Quinto. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR la Fábrica de Licores
de Antioquia que consigne los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones, en el respectivo fondo de previsión al que se encuentre afiliada la
demandante.
Para ello, la demandante deberá acreditar los pagos que realizó por este concepto
durante el lapso de restablecimiento del derecho y, de no existir aportes, o, en caso
de que estos se hubiesen hecho con base en un salario menor al que le hubiese
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correspondido por ocupar el cargo de profesional universitario adscrito a la
Subgerencia de Producción, la entidad demandada deberá completarlos en la
proporción que hubiere correspondido al empleador, realizando los descuentos a
que haya lugar sobre el monto de la condena respecto del porcentaje que debía
asumir la demandante, ello a fin de girar el valor real y total de las cotizaciones a la
respectiva administradora.
Sexto. ORDENAR a la Fábrica de Licores de Antioquia que la sanción impuesta
sea retirada de su hoja de vida y de las bases de datos de la entidad en que pudiere
estar almacenada.
Séptimo. Como medida de restablecimiento del derecho automática, ORDENAR la
Fábrica de Licores de Antioquia que oficie a la Procuraduría General de la Nación,
con la finalidad de retirar del registro de antecedentes del actor la anotación
realizada en cumplimiento de la decisión disciplinaria, al quedar desvirtuada su
presunción de legalidad.
Octavo. NEGAR las demás pretensiones.
Noveno. CONDENAR en costas, en ambas instancias, a la Fábrica de Licores de
Antioquia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
Décimo. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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