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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01127-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01127-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró configurada, de oficio, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a la pretensión de declaración de existencia del contrato realidad. En su lugar, se dispone: «PRIMERO. DECLARAR PROBADA, de oficio, la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa en lo que tiene que ver con las pretensiones de declaración de existencia del “contrato realidad” y pago de prima de vacaciones y cesantías por el periodo 2004-2013». Segundo. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se dispone: «SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el oficio S1405-002468 proferido por el Fondo de la Policía Nacional el 05 de mayo de 2014, en cuanto negó: el reconocimiento y pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la ineficacia del despido realizado el 31 de diciembre de 2013; el reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando; y el pago de los salarios dejados de percibir, así como el pago de Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021) los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, desde el 1º de enero de 2014 y hasta que se efectúe el reintegro». Tercero. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se dispone: «TERCERO. CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional a: i) Pagar, a favor de la señora María Elena Páez Ortiz, la sanción prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en 180 días de salario correspondiente a la última asignación básica devengada por la accionante para 2013, año en el que fue desvinculada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01127-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01127-01 (3406-2021)
Demandante: María Elena Páez Ortiz
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional

Tema: Retiro del servicio por terminación de la vinculación como
supernumerario. Desnaturalización de la vinculación laboral.
Estabilidad ocupacional reforzada. Aplicación del precedente de
las Sentencias SU-049 de 2017 y T-099 de 2020. Cumplimiento
de orden de tutela. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veintiséis (26) de febrero de
dos mil veintiséis (2026), proferida por la Sección Cuarta de esta corporación,
mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la señora María Elena
Páez Ortiz en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso con Radicado Nro. 11001-03-15-000-2025-02990-01,
procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

1. La señora María Elena Páez Ortiz instauró demanda contra el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014,
por medio del cual el director general del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional dio
respuesta a la petición radicada bajo el número E1404-004548 del 29 de abril de
2014, resolviendo la «solicitud de reintegro».

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó, como pretensiones principales,
que se declare que fue despedida encontrándose en condición de debilidad
manifiesta y en estado laboral reforzado. Que se reintegre a un cargo igual o

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superior al que venía desempeñando en la planta de cargos y de personal de
confección de la entidad demandada.

4. Que se reconozca y pague la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997.

5. Que se reconozcan y paguen los salarios dejados de percibir desde el 1° de enero
de 2014 y hasta el 30 de junio de 2014 y desde el 1° de julio de 2014 y hasta que
se efectúe el reintegro.

6. Que se consignen al fondo de cesantías los dineros causados entre el 16 de
febrero de 2005 y el 31 de diciembre de 2013; que se cancelen las primas de
servicios generadas entre el 14 de abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2013; y la
prima de servicios causada entre el 1° de enero de 2014 y el 30 de junio de 2014.

7. Que se reconozca y pague la indemnización moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2005 y hasta que se haga
efectivo el pago.

8. Que se giren al fondo de pensiones los aportes correspondientes a los meses de
enero de 2014 y los que se causen hasta que se realice el reintegro.

9. Como pretensiones subsidiarias, solicitó declarar la existencia del contrato
realidad; que se ordene el reintegro a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando en la planta de cargos y de personal de confección de la accionada;
y el reconocimiento de los salarios, las cesantías, las primas de servicios y la
indemnización moratoria.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

10. Que se vinculó el 19 de abril de 2004 al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional,
en calidad de supernumeraria.

11. Que, en lo sucesivo, las demás vinculaciones se dieron así: del 19/04/2004 al
18/12/2004; del 19/12/2004 al 31/12/2004; del 01/02/2005 al 30/06/2005; del
01/07/2005 al 30/09/2005; del 01/10/2005 al 30/10/2005; del 31/10/2005 al
15/12/2005; del 16/12/2005 al 30/12/2005; del 23/01/2006 al 30/12/2006; del
01/02/2007 al 31/10/2007; del 04/02/2008 al 15/12/2008; del 16/12/2008 al
23/12/2008; del 24/12/2008 al 31/12/2008; del 01/02/2009 al 30/09/2009; del
01/10/2009 al 31/12/2009; del 01/02/2010 al 31/12/2010; del 01/02/2011 al
31/12/2011; del 01/02/2012 al 31/12/2012; del 21/01/2013 al 20/04/2013; del
21/04/2013 al 20/07/2013; y del 21/07/2013 al 31/12/2013.

12. Que, desde el 2009, comenzó a presentar patologías asociadas a dolores en
sus manos, como consecuencia del trabajo que desempeñaba para la entidad
demandada.

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13. Que la accionada no le renovó «el contrato» tras argumentar que el mismo
finalizó el 31 de diciembre de 2013, aun cuando conocía la patología que
presentaba.

14. Que el 29 de abril de 2014 presentó petición en la que solicitó el reintegro, la
cual le fue negada mediante el Oficio Nro. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

15. Se indicaron como violados los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997; y el Decreto 1042 de 1978.

16. En el concepto de violación indicó que el acto demandado fue expedido con
falsa motivación porque el argumento para dar por terminada la relación laboral
consistió en la finalización del «contrato», cuando lo cierto es que la entidad
accionada conocía la patología que sufría, la cual disminuía su capacidad laboral y
nivel de vida.

17. Que la demandada tenía pleno conocimiento de la limitación física que padecía,
por lo que se presume que la desvinculación fue por esas razones y no por la
finalización de la relación laboral.

18. Que el acto cuya nulidad se solicita también se expidió con desviación de las
atribuciones propias de quien las profirió. Que se dio por la disminución de su
capacidad laboral, fruto de las labores que realizaba al interior de la institución.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

19. La demanda se radicó, originalmente, ante los Juzgados Administrativos del
Circuito de Bogotá, quienes por auto del 22 de mayo de 2015 la inadmitieron para
que se adecuara el poder, se estimara razonadamente la cuantía y se ajustara el
concepto de violación1.

20. Una vez subsanada, en providencia del 4 de febrero de 2016 se ordenó remitir
el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, quien por auto del 5 de
abril de 2016 la admitió3.

21. El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional no contestó la demanda. El 11 de abril
de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas4. Se corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia, que fue
apelada en el plazo oportuno por las partes.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del veinticinco
(25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones

1 Folios 305-306.
2 Folios 220-222.
3 Folios 227-228.
4 Folios 248-249.

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tras indicar que la reclamación en sede administrativa no versó sobre la existencia
de un contrato realidad y el consecuente pago de las prestaciones sociales que le
hubiesen correspondido, porque solo se reclamó el reintegro al considerar que
existió un despido injusto por estar en condición de discapacidad.

23. Que en sede administrativa planteó una controversia respecto del reintegro,
entretanto, la demanda diseñó, además, un juicio atinente al contrato realidad, frente
al cual ya había operado la caducidad de las acciones contenciosas. Que, en todo
caso, la demandada no debería valerse de la figura del supernumerario para
contratar a sus operarios, porque el caso de la actora demostró que su vinculación
no fue ni temporal ni transitoria, ya que hubo mínimas interrupciones durante casi 9
años.

24. Que el efecto de declarar la ocurrencia de una situación anómala en la
vinculación de la accionante no redunda en una orden de reintegro, porque no es
potestad del juez reemplazar a la Administración en la facultad de nombramiento y
remoción de sus empleados y tampoco podría otorgarse por sentencia judicial la
condición de empleado público.

25. En cuanto a las pretensiones de reconocimiento y pago de prima de vacaciones
y de cesantías durante la vigencia de la relación laboral, encontró probada, de oficio,
la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa; pero que de fondo se
advertía que cada año se le liquidaban las prestaciones sociales, sobre lo cual la
demandante aportó las pruebas.

26. Frente a la pretensión de despido injusto, dijo que la vinculación como
supernumeraria fue anómala, porque el Decreto 1042 de 1978 preceptúa que dicha
figura está destinada a «suplir las vacancias temporales de los empleados públicos
en caso de licencias o vacaciones».

27. Que era claro que la demandante no se vinculó de forma transitoria al Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, ni desarrolló actividades temporales, ya que el
objeto social de la entidad se relaciona con la prestación de los servicios que
realizaba la actora.

28. Que también estaba claro que las enfermedades que padece la demandante se
ocasionaron por la labor desarrollada, lo cual se probó con la indemnización que
reconoció la ARL AXA Colpatria.

29. Que la accionada conocía del proceso de calificación que estaba surtiendo la
actora con su EPS y la ARL, así como las patologías que presentaba, porque dichas
entidades se las pusieron de presente. Que aun cuando la señora Páez Ortiz no
hubiera estado incapacitada o con calificación de invalidez al momento en que su
nombramiento no se prorrogó, se demostró que el empleador conocía su estado de
salud.

30. Que se probó que la limitación física de la demandante constituyó un obstáculo
para que se diera su vinculación laboral, lo cual, sumado al hecho de que no se
solicitó autorización previa del Ministerio de Trabajo para tal fin, permitía concluir
que tiene derecho a recibir la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361

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de 1997.

31. Declaró, de oficio, la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa
frente a las pretensiones de declaración de existencia del contrato realidad, pago
de prima de vacaciones y cesantías por el periodo 2004-2013.

32. Declaró la nulidad parcial del Oficio Nro. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014,
en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción prevista en el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, y condenó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional a pagar
dicha sanción5.

RECURSOS DE APELACIÓN

33. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que la ley
no determina el término máximo de vinculación de un supernumerario, pues solo
prescribe que debe establecerse el lapso en el que se prestarán los servicios, lo
cual ha de plasmarse en la resolución que materializa la vinculación.

34. Que la temporalidad a la que alude la norma sobre los supernumerarios no se
determina por la permanencia en el cargo, sino que depende del servicio, por lo que
puede extenderse en el tiempo hasta que subsistan los motivos de la vinculación.

35. Que el vínculo con la demandante finalizó el 31 de diciembre de 2013, ante el
vencimiento del término dispuesto para el desarrollo temporal de sus funciones
mediante Resolución Nro. 00607 del 12 de julio de 2013, acto por medio del cual se
prorrogó su vinculación inicial, siendo liquidadas la totalidad de las prestaciones
laborales a que tenía derecho.

36. Afirmó que la finalización del vínculo no se dio en razón a las restricciones
médicas que alega la demandante, sino porque desde un comienzo se acordó que
la vinculación era por un término fijo para el cumplimiento de funciones transitorias
en la Fábrica de Confecciones de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional.

37. Que ni el término de duración de la designación de la demandante por varios
meses con interrupciones, ni la patología manifestada, fueron los que determinaron
su permanencia, pues la misma obedeció a la finalización de la actividad que
desarrollaba.

38. Considera que hay ineptitud sustancial de la demanda porque no se
demandaron todos los actos administrativos que dieron origen a la terminación del
vínculo, como son las Resoluciones Nro. 00094 del 21 de enero de 2013 y 00607
del 12 de julio de 2013, cuya legalidad no se cuestionó. Que teniendo en cuenta que
las anteriores resoluciones fueron las que pusieron fin al vínculo contractual, se
configuró la caducidad del medio de control.

39. Que no se identificó ni individualizó plenamente a la accionante, ya que el texto
de la providencia recurrida y las demás actuaciones se refieren a ella como «María
Elena Páez Ortiz», cuando su nombre, en realidad, corresponde a María Elena Páez

5 Folios 364-373.

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de Bolívar6.

40. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que
el Tribunal desconoció que sus decisiones están sometidas al principio de
inescindibilidad, que implica que las normas bajo las cuales ha de regirse un asunto
concreto deben aplicarse en su integridad, es decir, no pueden dividirse para
resolver con una parte de ellas.

41. Que, en ese sentido, el juzgador de primera instancia no podía aplicar
únicamente la sanción contenida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361
de 1997 e inadvertir la nulidad del acto lesivo por medio de la cual se niega la
continuidad de la relación subordinante que ataba a las partes.

42. Consideró que se contrarió el principio de legalidad al condenar a la demandada
a la sanción en comento y dejar con plenos efectos jurídicos el acto sobre el cual se
sustentó la acción.

43. Que por estar plenamente acreditadas las afectaciones a su salud, lo cual dio
origen a la terminación del vínculo, debía resarcirse el daño regresando las cosas
al estado anterior previo a la vulneración, lo que da lugar a su reintegro.

44. Consideró errado el razonamiento del juez de primera instancia que lo llevó a
concluir que operó la caducidad, porque su desvinculación ocurrió el 31 de
diciembre de 2013 y, a partir de esa fecha, contaba con 3 años para reclamar la
protección de sus derechos.

45. Que, dentro del término, primero elevó reclamación ante la demandada para,
después, instaurar demanda dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del
acto demandado. Que frente a su caso no operó la prescripción extintiva, ni mucho
menos la caducidad de la acción.

46. Que otra de las aristas que debió abordarse era la de la declaratoria de la
prescripción de los derechos laborales, cuando lo que se debatió en el juicio era la
existencia de lo que la jurisprudencia y doctrina ha denominado como «contrato
realidad»7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

47. Mediante auto del 26 de octubre de 2021 se admitieron los recursos de
apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho
para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran solicitudes probatorias, y se
advirtió que el Ministerio Público podría conceptuar hasta antes de que el proceso
ingresara para fallo8.

48. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público rindió concepto
en el que manifestó que debía confirmarse el fallo recurrido porque, al acreditarse
la patología y el incumplimiento de la formalidad de la autorización ministerial, se

6 Folios 393-402.
7 Folios 379-383.
8 Índice 3 de SAMAI.

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configuró el supuesto de hecho de la disposición concebida en el inciso tercero del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por lo que el acto administrativo que denegó la
indemnización derivó nulo por desviación de poder.

49. Que la improrrogabilidad de la vinculación sí ocurrió por la patología médica de
la demandante, lo cual estriba en el displicente trato dispensado a la labor ejecutada
por la EPS y la ARL a las que esta se hallaba afiliada, cuyo deteriorado estado de
salud, producido a consecuencia de las tareas de operaria de confección, se le puso
oportunamente en conocimiento, sin que de esa situación se hubiere apersonado
debidamente, como quedó establecido.

50. Que para el 2013, la entidad accionada conocía de fuente oficial fidedigna de la
patología de síndrome de túnel carpiano que soportaba su operaria, por lo que la
actitud asumida de no prestarle atención suficiente y coherente a las
recomendaciones y requerimientos de la EPS y ARL, configuraron la realidad de la
improrrogabilidad de la vinculación de la que venía siendo objeto desde más de 8
años.

51. Que el procedimiento administrativo solo tuvo idóneo desarrollo tratándose del
pedimento de la sanción indemnizatoria consecuencial a la incapacidad de la
demandante, pero no hubo agotamiento en referencia con la pretensión del contrato
realidad9.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

52. El 20 de marzo de 2025 se profirió sentencia de segunda instancia que modificó
el numeral primero del fallo que expidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y, en su lugar, declaró probada, de oficio, la excepción de indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa en lo que tiene que ver
con las pretensiones de declaración de existencia del «contrato realidad». Además,
revocó los numerales segundo, tercero y cuarto, para negar las pretensiones de la
demanda10.

53. En contra de esa decisión, la demandante interpuso acción de tutela y, en
segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dejó «[…] sin efecto
la sentencia de 20 de marzo de 2025 […]» y ordenó que «[…] dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, [se] profiera una
nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia»11. Esto, luego de considerar que esta Subsección incurrió en
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, al darle un
alcance distinto al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en relación con la estabilidad
laboral reforzada que alegó la señora María Elena Páez Ortiz.

9 Índice 8 de SAMAI.
10 Índice 34 de SAMAI.
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de febrero de 2026. Rad. 11001-03-15-000-2025-

02990-01. C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

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54. La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional por las consideraciones que se tuvieron en cuenta en el fallo del 20
de marzo de 2025 que se dejó sin efectos. No obstante, en cumplimiento de la orden
de tutela, se dictará fallo de reemplazo, teniendo en cuenta el alcance del artículo
26 de la Ley 361 de 1997, según las reglas fijadas por la Corte Constitucional en las
Sentencias SU-049 de 2017 y T-099 de 2020 y se procederá a «abordar en conjunto
el estudio del caso en contexto con las pruebas allegadas al proceso, las normas y
jurisprudencia aplicable».

De la estabilidad laboral reforzada aplicable a la vinculación de los
supernumerarios

55. En Sentencia SU-049 de 2017, el Tribunal Constitucional unificó jurisprudencia
en materia de estabilidad ocupacional reforzada, para lo cual manifestó:

«[…] según la Constitución, no solo quienes tienen una calificación de pérdida
de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a
normas de rango reglamentario, deben contar con protección especial. Son
todas las personas “en circunstancias de debilidad manifiesta” las que tienen
derecho constitucional a ser protegidas “especialmente” (CP art 13). Este
derecho no se circunscribe tampoco a quienes experimenten una situación
permanente o duradera de debilidad manifiesta, pues la Constitución no hace
tal diferenciación, sino que se refiere genéricamente incluso a quienes
experimentan ese estado de forma transitoria y variable. Ahora bien, esta
protección especial debe definirse en función del campo de desarrollo individual
de que se trate, y así la Constitución obliga a adoptar dispositivos de protección
diferentes según si las circunstancias de debilidad manifiesta se presentan por
ejemplo en el dominio educativo, laboral, familiar, social, entre otros. En el
ámbito ocupacional, que provoca esta decisión de la Corte, rige el principio de
“estabilidad” (CP art 53), el cual como se verá no es exclusivo de las relaciones
estructuradas bajo subordinación sino que aplica al trabajo en general, tal como
lo define la Constitución; es decir, “en todas sus formas” (CP art 53). Por tanto,
las personas en circunstancias de debilidad manifiesta tienen derecho a una
protección especial de su estabilidad en el trabajo».

56. Además, consideró que:

«Esta protección, por lo demás, no aplica únicamente a las relaciones laborales
de carácter dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestación de
servicios independientes propiamente dichos. En efecto, esto se infiere en
primer lugar del texto mismo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual
establece que “ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo”. Como se observa, la norma
establece una condición para la terminación del contrato de una persona en
situación de discapacidad, y no califica la clase de contrato para reducirla
únicamente al de carácter laboral, propio del trabajo subordinado. Ciertamente,
el inciso 2º de la misma disposición dice que, en caso de vulnerarse esa
garantía, la persona tiene derecho a una indemnización “equivalente a ciento
ochenta días del salario”. Dado que el salario es una remuneración periódica
inherente a las relaciones de trabajo dependiente, podría pensarse que esta
indemnización es exclusiva de los vínculos laborales que se desarrollan bajo
condiciones que implican vinculación a la planta de personal. Sin embargo, esta
interpretación es claramente contraria a la Constitución pues crea un incentivo
perverso para que la contratación de personas con problemas de salud se
desplace del ámbito laboral al de prestación de servicios, con desconocimiento

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del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas y de las garantías
propias de las relaciones de trabajo dependiente»12.

57. Y, como síntesis de la unificación, concluyó:

«El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía
de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que
les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de
pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La estabilidad
ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de
prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales
(subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad ocupacional
reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución,
incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios,
cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda».

58. En ese sentido, la Corte, en ese caso, ordenó que: i) se renueve el contrato de
prestación de servicios con el accionante; ii) se cancele al actor las remuneraciones
que dejó de recibir entre el momento de su desvinculación (17 de marzo de 2014) y
la fecha en que su contrato se vencería conforme al plazo pactado; y iii) se le pague,
adicionalmente, una indemnización equivalente a 180 días de honorarios.

59. En Sentencia T-099 de 2020, se analizaron los casos de 11 mujeres vinculadas
por diferentes periodos al Fondo Rotario de la Policía Nacional, en calidad de
supernumerarias, quienes presentaban dolencias osteomusculares en miembros
superiores ─dedos, manos, muñecas, codos y hombro─ y encontró probado que,
por esa razón, fueron desvinculadas de la entidad. En aquella ocasión, la Corte
Constitucional concluyó:

«[…] 6.12.1. Conforme a lo expuesto en los anteriores casos, es claro que las
accionantes padecen de enfermedades adquiridas durante o con ocasión de su
trabajo, hechos que no fueron controvertidos por la accionada. Por otra parte,
se evidenció un abuso o uso indebido de la figura del supernumerario en todos
los casos, por lo que la Sala considera que se configura el principio de la
realidad sobre las formas, conllevando a que el cumplimiento del término para
el cual fueron vinculadas no fuese el verdadero motivo por el cual se les finalizó
la relación contractual, sino por el estado de salud de las trabajadoras, acorde
con la presunción legal que las ampara.

En este sentido, la vinculación de empleados supernumerarios constituye un
modo excepcional de contratación laboral con la Administración Pública, toda
vez que reviste un carácter eminentemente temporal, por lo que esta Sala
estima oportuno subrayar que cuando la entidad acude a esta modalidad con la
finalidad de desarrollar funciones permanentes del servicio, como ocurrió en el
presente caso, se desfigura; y en consecuencia, se desconocen los principios
constitucionales que erigen la carrera administrativa, dejando abierta la
posibilidad de acudir ante el juez para que de aplicación al principio de rango
constitucional de prevalencia de realidad sobre las formalidades estipuladas»13.

60. De acuerdo con lo anterior, se ordenó el reintegro de las trabajadoras (si ellas
estaban de acuerdo) a un cargo igual o superior al que venían desempeñando
cuando se les desvinculó, de acuerdo con su estado de salud actual. Vinculación

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-099 de 2020. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud
del trabajador y la imposibilidad de reubicación, previa autorización del Ministerio
de Trabajo; el pago de los salarios y prestaciones sociales que legalmente les
correspondan, así como de los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
desde cuando se produjo la terminación del contrato y hasta que se hiciera efectivo
el reintegro; el pago de la sanción establecida en el inciso segundo, del artículo 26
de la Ley 361 de 1997, consistente en 180 días de salario; y que el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional las acompañara y asesorara en la eventual reclamación ante
la ARL AXA Colpatria, por las eventuales prestaciones de índole económico, tales
como la indemnización por incapacidad permanente parcial o la pensión de
invalidez, que pudiera surgir con ocasión de las enfermedades profesionales
debidamente dictaminadas a cada una de ellas.

Autorización del Ministerio del Trabajo

61. Se tiene que la protección laboral de las personas con limitaciones físicas o
psíquicas ha sido desarrollada por el legislador a través de la Ley 361 de 1997 14
que, en su artículo 26, prohibió despedir a sus trabajadores debido a las
discapacidades que puedan sufrir, a menos que obtengan autorización de la oficina
de trabajo. Esto señala la norma:

«Artículo 26. En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va
a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que
medie autorización del Ministerio del Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de
su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero
del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o
aclaren».

62. El inciso segundo de la anterior disposición fue declarado exequible «[…] bajo
el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminación del
contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de
Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se
obtenga la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga esa
disposición, deberá asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago
de la respectiva indemnización sancionatoria»15.

De la reclamación previa ante la Administración

63. El artículo 161, numeral 2 del CPACA16 establece la decisión previa de la
Administración en procura de la protección del debido proceso; razón por la que

14 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras

disposiciones.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-531 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
16 Artículo 161, numeral 2 del CPACA: 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular

deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio
negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

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esta corporación ha indicado que como presupuesto procesal de la acción
contenciosa administrativa debe agotarse, preliminarmente, la actuación
administrativa17.

64. También ha expresado el Consejo de Estado:

«[…] El agotamiento de la actuación administrativa constituye un presupuesto
procesal sine qua non para quien pretende acceder a la jurisdicción contenciosa
administrativa con el fin de hacer valer sus derechos, por tanto, es obligatorio
para quien pretenda demandar un acto administrativo en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, agotar la actuación
administrativa antes de acceder a la jurisdicción contenciosa18; dicha
reclamación debe tramitarse ante la entidad pública llamada a reconocer o
extinguir el derecho que sea invocado por el administrado, es decir, aquella
entidad que tenga la competencia o atribución legal para crear o modificar
situaciones jurídicas a través de la expedición de actos administrativos de
contenido particular y concreto.

[…]

En ese orden, hay un indebido agotamiento de la actuación administrativa
cuando se plantean asuntos nuevos que no fueron formulados cuando se
pretendió agotar la actuación administrativa, puesto que, los hechos, cargos y
pretensiones reclamadas para que la administración revise sus decisiones y
subsane las irregularidades en que pudo haber incurrido, imponen el marco de
la demanda, es decir que un punto que no fue discutido ante la administración,
no podrá ser estudiado en sede jurisdiccional, lo que sí se puede plantear son
mejores argumentos jurídicos»19.

65. Así pues, en los casos en que lo pretendido por el administrado sea que se
declare la existencia de la relación laboral encubierta o subyacente, es necesario
que, dentro de los tres años contados desde la fecha en que finalizó su última
vinculación, presente una petición en ese sentido ante la entidad, para que de esta
manera interrumpa el término de prescripción y, a su vez, obtenga un acto
administrativo susceptible de control judicial.

Resolución del caso concreto

66. Se encuentra debidamente acreditado que la accionante tuvo los siguientes
vínculos laborales con la demandada:

DESDE HASTA RESOLUCIÓN
19 de abril de 2004 18 de diciembre de 2004 Resolución No. 0299 del 19
de abril de 200420
19 de diciembre de 2004 31 de diciembre de 2004 Certificación21
1° de febrero de 2005 30 de junio de 2005 Certificación22
1° de julio de 2005 30 de septiembre de 2005 Certificación23
1° de octubre de 2005 30 de octubre de 2005 Certificación24

17 Ver sentencia 25000-23-27-000-2007-00191-01 (17251).
18 De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Auto del 16 de mayo de 2019. Rad. 15001-23-33-000-

2013-00891-01 (4438-2016).
20 Folios 101-107.
21 Folio 34.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.

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31 de octubre de 2005 15 de diciembre de 2005 Certificación25
16 de diciembre de 2005 30 de diciembre de 2005 Certificación26
23 de enero de 2006 30 de diciembre de 2006 Resolución No. 00036 del
20 de enero de 200627
25 de enero de 2007 31 de octubre de 2007 Resolución No. 00041 del
25 de enero de 200728
4 de febrero de 2008 15 de diciembre de 2008 Resolución No. 0047 del 1°
de febrero de 200829
1° de febrero de 2009 31 de diciembre de 2009 Resolución No. 00033 del
30 de enero de 200930
1° de febrero de 2010 31 de diciembre de 2010 Resolución No. 00028 del
22 de enero de 201031
1° de febrero de 2011 31 de diciembre de 2011 Resolución No. 00060 del
31 de enero de 201132
1° de febrero de 2012 31 de diciembre de 2012 Resolución No. 00050 del
30 de enero de 201233
21 de enero de 2013 20 de abril de 2013 Resolución No. 00094 del
21 de enero de 201334
21 de abril de 2013 20 de julio de 2013 Resolución No. 00352 del
17 de abril de 201335
21 de julio de 2013 31 de diciembre de 2013 Resolución No. 00607 del
12 de julio de 201336

67. También aparece acreditado que el 25 de marzo de 2004, se le practicó un
examen médico de admisión, el cual certificó que era apta para el servicio y que no
presentaba enfermedad de origen laboral37.

68. De la historia clínica allegada pudo verificarse que la señora María Elena Páez
Ortiz presentó síntomas asociados a la patología «Síndrome del Túnel Carpiano»
desde noviembre de 200938.

69. Obra prueba de que la EPS Famisanar radicó ante la entidad demandada, el 28
de febrero de 2013, oficio con radicado E1302-002365, solicitando el envío de cierta
documentación para iniciar la calificación de las patologías presentadas por la
demandante39. Y el 5 de abril de 2013, la ARL AXA Colpatria realizó análisis de
puesto de trabajo40.

70. Que, mediante Resolución Nro. 01908 del 18 de diciembre de 2013, el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional liquidó, de manera definitiva, las prestaciones
sociales de la accionante41.

25 Ibid.
26 Ibid.
27 Folios 108-125.
28 Folios 126-145.
29 Folios 146-168.
30 Folios 170-171.
31 Folios 172-181.
32 Folios 182-194.
33 Folios 195-202.
34 Folios 203-209.
35 Folios 210-225.
36 Folios 226-236.
37 Folios 5-6.
38 Folios 34 - 69.
39 Folios 70-72.
40 Folios 73-75.
41 Folio 100

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71. Que, el 27 de enero de 2014, la EPS Famisanar profirió concepto de salud
ocupacional, en el que certificó que las patologías presentadas por la señora Páez
Ortiz tenían origen profesional42, lo cual fue puesto en conocimiento del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional43.

72. La ARL AXA Colpatria notificó a la entidad accionada, mediante oficio con
radicado E1402-001979 del 24 de febrero de 2014, que las patologías presentadas
por la demandante tenían origen laboral44.

73. El 29 de abril de 2014, la accionante radicó petición en la que solicitó: la
ineficacia del despido, el reintegro, el pago de la sanción prevista en la Ley 361 de
1997, el pago de los salarios dejados de percibir, el pago de los aportes
correspondientes a seguridad social, el pago de las prestaciones sociales y de las
vacaciones que se causen hasta el reintegro45.

74. Por Oficio Nro. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014, se dio respuesta a la
petición radicada bajo el número E1404-004548 del 29 de abril de 2014, negando
lo solicitado46.

75. Esbozado lo anterior, lo primero que habrá que determinarse es cuál fue el acto
administrativo que definió la situación jurídica de la señora Páez Ortiz, por cuanto
para la accionada debieron demandarse todos los actos administrativos que dieron
origen a la terminación del vínculo, esto es, las Resoluciones Nro. 00094 del 21 de
enero de 2013 y 00607 del 12 de julio de 2013.

76. Es importante recordar que, para el caso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es relevante identificar la actuación que generó la
lesión alegada sobre el derecho subjetivo que pretende ampararse, para que pueda
válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de la parte demandante. Por
ello, como se reclama de la demandante la ineficacia del despido, el reintegro, el
pago de la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, así como la cancelación de los
emolumentos dejados de percibir, debe demandarse judicialmente la nulidad del
acto administrativo que creó, modificó o extinguió esa situación jurídica particular.

77. En efecto, al pretenderse tal restablecimiento del derecho, no puede reclamarse
la nulidad de otro acto administrativo diferente a la declaración de voluntad de la
Administración dirigida a producir efectos jurídicos frente a esas solicitudes. En otras
palabas: el Oficio Nro. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014 ─acto demandado─
fue el que extinguió la situación subjetiva de la cual la demandante ahora pretende
un restablecimiento y es frente a ese acto que se emitirá un pronunciamiento de
fondo.

78. Adicionalmente, debe hacerse referencia al motivo de apelación de la
demandada en tanto consideró que existe falta de individualización de la
demandante, por cuanto su último apellido no corresponde al de la providencia de

42 Folios 49-55.
43 Folios 56-57.
44 Folio 85.
45 Folios 210-214.
46 Folios 217-218.

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primera instancia, ya que el nombre con apellidos correctos es María Elena Páez
de Bolívar.

79. Sobre este punto, basta manifestar que en este caso la demanda fue
presentada por la señora María Elena Páez Ortiz, identificada con cédula de
ciudadanía 51.582.271; que el acto demandado hace referencia a la vinculación
laboral que tuvo el Fondo con la señora María Elena Páez Ortiz; y que si bien es
cierto que en algunos de los actos de vinculación se cita el nombre de «María Elena
Páez de Bolívar», no hay duda de que se trata de la misma persona, por cuanto en
ellos se le identifica con la cédula de ciudadanía 51.582.271 y, por lo tanto, no existe
tal contradicción.

80. Ahora, descendiendo al caso concreto, se tiene que la demandante estuvo
vinculada como personal al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional, para desarrollar actividades transitorias en la Fábrica de
Confecciones adscrita a la Subdirección Operativa de la entidad, desde el año 2004
y hasta el 2013, para efecto de lo cual se firmaron alrededor de 17 resoluciones por
períodos de 3 a 11 meses y con interrupciones no mayores a 3 meses entre dichos
vínculos.

81. Debido a que las vinculaciones con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
fueron por espacio de 9 años, en la sentencia de primera instancia se manifestó que
la demandada no debería valerse de la figura del supernumerario para contratar a
sus operarios, porque en el caso de la actora se demostró que su vinculación no fue
ni temporal ni transitoria, motivo por el cual se configuró una utilización indebida de
la figura de vinculación de personal «temporal», en calidad de supernumerario.

82. Esta decisión había sido revocada en el fallo de 20 de marzo de 2025, que se
dejó sin efectos a través de la sentencia de tutela a la cual se está dando
cumplimiento (la cual, como se dejó dicho, no se comparte) y, por tanto, se dará
aplicación a la Sentencia T-099 de 2020, la cual determinó que como la vinculación
de personal, en calidad de supernumerario, es una forma excepcional con la que
cuenta la Administración Pública y siempre supone el cumplimiento de labores
transitorias, bien para suplir la vacancia en caso de licencias o vacaciones de los
funcionarios titulares o bien para desarrollar labores de carácter netamente
temporales, en este caso «se evidenció un abuso o uso indebido de la figura del
supernumerario (…), por lo que la Sala considera que se configura el principio de la
realidad sobre las formas, conllevando a que el cumplimiento del término para el
cual fueron vinculadas no fuese el verdadero motivo por el cual se les finalizó la
relación contractual».

83. En esa medida, según lo ordena el fallo de tutela, le asistió razón al juez de
primera instancia al concluir que en el caso de la accionante operó la
desnaturalización del vínculo laboral en calidad de supernumerario, pues se probó
que existió una vinculación sucesiva por periodos aparentemente transitorios, en los
que la actora estuvo vinculada con la entidad como operaria en la elaboración de
uniformes para la Fábrica de Confecciones, lo cual, en últimas, sí constituía el
desempeño de labores permanentes.

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84. Otro aspecto de la apelación tiene que ver con que la finalización del vínculo no
se dio en razón a las restricciones médicas que alega la demandante, sino porque
desde un comienzo se acordó que la vinculación era por un término fijo para el
desempeño de funciones transitorias. Entonces, como la sentencia de tutela a la
que se está dando cumplimiento consideró que debía acatarse la jurisprudencia
constitucional, se concluye que el acervo probatorio permitió determinar que la
señora María Elena Páez Ortiz sí fue retirada del servicio de forma discriminatoria,
puesto que:

i) Obra prueba de que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional conocía,
por lo menos desde el 28 de febrero de 2013, que la señora Páez Ortiz
estaba en el proceso de calificación de las patologías presentadas.

ii) La conducta de la demandada desnaturalizó el vínculo laboral, en calidad
de supernumerario, ante la presencia de vinculaciones sucesivas, para
el desarrollo de labores permanentes de la entidad.

iii) El conocimiento de las patologías de la accionante, las cuales fueron
efectivamente calificadas luego del retiro como de origen laboral,
conllevaron su desvinculación, porque la no renovación del vínculo
laboral se adoptó como consecuencia de su estado de salud,
constituyéndose en un despido discriminatorio.

85. Lo anterior, lleva a la Sala a determinar, en acatamiento de la orden de tutela,
que en los términos de las Sentencias SU-049 de 2017 y T-099 de 2020, la
demandante padece enfermedades adquiridas durante o con ocasión de su trabajo
y se evidenció un abuso o uso indebido de la figura del supernumerario, por lo que
se concluye que el cumplimiento del término para el cual fue vinculada no constituyó
el verdadero motivo para finalizar la relación contractual, sino el estado de salud de
la trabajadora.

86. En otras palabras: se configuró una presunción legal que ampara a la señora
María Elena Páez Ortiz, por cuanto el aminoramiento sustancial de su salud,
sumado a que el despido se hizo sin autorización del Ministerio del Trabajo, permite
determinar que hubo una incuestionable afectación a su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada.

87. Corolario de lo anterior, en el acápite pertinente, se declarará la nulidad parcial
del Oficio Nro. S1405-002468 del 9 de mayo de 2014 y se darán las
correspondientes órdenes de restablecimiento del derecho, en relación con la
solicitud de reintegro y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, las
cuales se acompasarán con lo resuelto en las Sentencias SU-049 de 2017 y T -099
de 2020 en las que se estableció que, además de la sanción equivalente a 180 días
del salario que deberá pagar el empleador al trabajador, deben reconocerse las
demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, puesto que carece de
validez el despido o terminación del contrato por motivos de salud, en el caso que
no medie permiso previo del Inspector de Trabajo. En ese orden, el restablecimiento
del derecho abordará los siguientes ítems:

• Reintegro, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando

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se le desvinculó, de acuerdo con su estado de salud actual. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud
del trabajador y la imposibilidad de reubicación, previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
• Cancelar los salarios y prestaciones sociales que legalmente le
correspondan, así como los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, desde cuando se produjo la terminación del contrato y hasta que se
haga efectivo el reintegro.
• Cancelar la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, consistente en 180 días de salario.
• Acompañar y asesorar a la accionante en la eventual reclamación ante la
ARL AXA Colpatria por las eventuales prestaciones de índole económico,
tales como la indemnización por incapacidad permanente parcial o la
pensión de invalidez, que puedan surgir con ocasión de las enfermedades
profesionales debidamente dictaminadas y en firme.

88. Finalmente, debe abordarse el argumento de la parte demandante con relación
a que en este asunto se debate la existencia de lo que la jurisprudencia y doctrina
han denominado como «contrato realidad».

89. Se recuerda que en la demanda se solicitó, como pretensión subsidiaria, la
declaratoria de existencia del «contrato realidad» entre la demandante y la entidad
demandada; y, en el fallo de primera instancia, se declaró configurada, de oficio, la
excepción de «falta de agotamiento de la vía gubernativa» frente a las pretensiones
de existencia de contrato realidad y pago de prima de vacaciones y cesantías por el
período 2004-2013.

90. Una vez verificados los documentos que se aportaron, se encuentra que,
efectivamente, no se elevó solicitud de reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta o subyacente ante la Administración, porque en la petición
presentada el 29 de abril de 2014 solamente se peticionó el reconocimiento de los
siguientes derechos laborales:

• La ineficacia del despido realizado el 31 de diciembre de 2013.
• Reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando.
• Pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por la no
autorización del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social.
• Pago de los salarios dejados de percibir desde el 1º de enero de 2014 hasta
que se realice el reintegro.
• Pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral
desde el 1º de enero de 2014 y hasta que se efectúe su reintegro.
• Pago de las prestaciones sociales causados hasta el reintegro.
• Pago de vacaciones causados hasta el reintegro.
• Pago de la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del
C.S. del Trabajo inciso 3º por el tiempo que faltara para cumplirse el plazo
estipulado.

91. Visto lo anterior, es claro que la parte demandante omitió solicitar la declaratoria
de existencia del «contrato realidad» entre ella y la entidad demandada, razón por

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la cual no puede entenderse agotado el requisito de procedibilidad consagrado en
el numeral 2, del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, lo que hace imposible el
estudio de las manifestaciones realizadas en la demanda respecto de ese asunto.

92. En consecuencia, en cuanto al argumento tendiente a sostener que fue errado
el razonamiento del juez de primera instancia que lo llevó a concluir que operó la
caducidad frente a las pretensiones del contrato realidad, se pone de presente que
en este caso no era necesario analizar si operó o no este fenómeno, sino que
bastaba con señalar que como en la petición presentada el 29 de abril de 2014 no
se elevó dicha pretensión, a los jueces de instancia les está vedado pronunciarse
sobre tal punto, pues hacerlo implicaría una violación al derecho al debido proceso,
porque a la Administración, en la actuación administrativa, no se le dio la
oportunidad de manifestar su voluntad sobre ese aspecto.

93. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala modificará la sentencia del 25 de marzo de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, para señalar
que la denominación adecuada de la excepción es la de indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa.

Del restablecimiento del derecho

94. El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, al disponer sobre el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptúa:

«[…] Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado
en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior»
(subrayas fuera de texto).

95. De acuerdo con lo anterior, cuando se acredita que un acto administrativo está
viciado de nulidad y, como consecuencia, se determina que esta debe declararse,
a continuación, es necesario adoptar las medidas para restablecer el derecho
subjetivo lesionado.

96. Restablecer, en un sentido amplio, significa «[v]olver a establecer algo o ponerlo
en el estado que antes tenía». De manera que, una primera forma de
restablecimiento, siguiendo el citado artículo 138, implica llevar al afectado con el
acto declarado nulo a la situación en la que se encontraría si este no se hubiese
expedido. Adicionalmente, la disposición referida permite acudir a una reparación
pecuniaria o por equivalente, que se refiere al pago de una indemnización para
resarcir la lesión causada por el acto declarado nulo, asociada a la posibilidad que
tiene el administrado de «[…]solicitar que se le repare el daño».

97. Llevado al escenario en el cual el medio de control versa sobre actos
administrativos que, por diferentes causas, producen el retiro del servicio, se tiene
que en el destinatario del acto confluyen dos situaciones: la primera, la imposibilidad
de continuar ejerciendo el cargo; y la segunda, la afectación a su patrimonio,
derivada del salario que deja de percibir.

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98. La autoridad judicial suele enmarcar las órdenes que imparte al declarar nulo
un acto en el restablecimiento del derecho entendido como: la forma de llevar al
afectado a la situación original y, para ello, ordena su reintegro al cargo y dispone
el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de
percibir. No obstante, en una orden de tales características solo uno de sus
componentes es restablecimiento del derecho: el reintegro al cargo. El otro
componente ─el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos─
comparte naturaleza con las medidas indemnizatorias, como se verá a continuación.

Sobre el reintegro al cargo

99. En el expediente se encuentra acreditado que a la fecha en que se hizo efectiva
la desvinculación de la demandante, esta se desempeñaba como supernumeraria
del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

100. Visto que se declarará la nulidad parcial del Oficio Nro. S1405-002468 del 9
de mayo de 2014, ello comporta el restablecimiento de la situación jurídica individual
de la demandante, por lo que a título de restablecimiento del derecho y, en
aplicación del precedente de la Corte Constitucional desarrollado en las Sentencias
SU-049 de 2017 y T-099 de 2020, se ordenará al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional que reintegre a la señora María Elena Páez Ortiz, siempre y cuando ella
esté de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, de acuerdo con su estado de salud actual, sin solución de
continuidad.

101. En caso de que la señora Páez Ortiz decida vincularse de nuevo al servicio de
la entidad demandada, se advierte que de mantenerse las condiciones de limitación
en la salud de la trabajadora y ante la imposibilidad de su reubicación, su vinculación
solo podrá terminarse previa autorización del Ministerio de Trabajo.

102. Para el cumplimiento de la anterior orden deberá tenerse en cuenta, además,
que la demandante no se encuentre incursa en alguna de las causales legales de
retiro del servicio.

Sobre el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejador de percibir

103. En relación con este punto, la Sala ordenará al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional que cancele los salarios y prestaciones sociales que legalmente le
correspondan, desde el 1° de enero de 2014 ─fecha en la que se produjo la
terminación de su vinculación─ y hasta que sea reintegrada al cargo o se consolide
una situación que haga imposible su reintegro.

104. Cabe destacar que si bien la Sección Segunda de esta corporación en
pronunciamientos previos ha acogido la línea jurisprudencial según la cual de dichos
valores debe descontarse lo que la demandante hubiese percibido por concepto de
salarios, honorarios y, en general, lo devengado en el sector público como

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dependiente o de manera independiente47, en esta oportunidad la orden de pagar
los emolumentos que se dejaron de percibir no contemplará estas deducciones, en
la medida en que en el expediente no se encuentra acreditado que la señora María
Elena Páez Ortiz hubiese recibido alguna asignación de este tipo.

105. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final_
Índice inicial

106. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
el índice vigente en la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por
tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por
mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el
vigente al momento en que se causó cada uno de ellos.

107. Ahora bien, en relación con los aportes al sistema general de seguridad social,
se ordena que se paguen los aportes al Sistema General de Seguridad Social
desde cuando se produjo la terminación de la vinculación y hasta que se haga
efectivo el reintegro.

Sobre las demás medidas de restablecimiento del derecho

108. Finalmente, se ordenará al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional que brinde
acompañamiento o asesoría a la señora María Elena Páez Ortiz para adelantar la
eventual reclamación a la que haya lugar ante la ARL AXA Colpatria por las
eventuales prestaciones de índole económico ─como la indemnización por
incapacidad permanente parcial o la pensión de invalidez─ que puedan surgir con
ocasión de las enfermedades profesionales que le fueron debidamente
dictaminadas.

Condena en costas de segunda instancia

109. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna

47 Véanse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Exp.
08001 23 31 000 2004 01443 01 (2138-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 17 de
noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-2017). C.P. William Hernández Gómez; y de
la Subsección “B”, sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016- 03086-01 (2771-2020). C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter. En estas providencias se ha autorizado a la demandada para que efectúe los
descuentos sobre el monto de la condena, de las sumas de dinero que el demandante hubiese recibido a título
de haberes laborales derivados de un vínculo con el sector público, motivado en la expresa prohibición del
artículo 128 superior. En este punto, se ha aplicado por extensión la regla de unificación fijada en la sentencia
del 9 de agosto de 2022, en el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017) C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez, al tiempo que ha representado un apartamiento de lo dispuesto en la sentencia SU-354 de 2017 (M.P.
Iván Humberto Escrucería Mayolo), que se advierte con mayor claridad en: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de noviembre de 2022. Exp. 13001-23-33-000-2014-00217-01 (4175-
2017). C.P. William Hernández Gómez.

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manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

110. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

111. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

112. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación; no así, a la parte demandante, a quien le prosperó parcialmente. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia del 25 de marzo de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
declaró configurada, de oficio, la excepción de falta de agotamiento de la vía
gubernativa frente a la pretensión de declaración de existencia del contrato realidad.
En su lugar, se dispone:

«PRIMERO. DECLARAR PROBADA, de oficio, la excepción de indebido
agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa en lo
que tiene que ver con las pretensiones de declaración de existencia del “contrato
realidad” y pago de prima de vacaciones y cesantías por el periodo 2004-2013».

Segundo. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia del 25 de marzo de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se
dispone:

«SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en
el oficio S1405-002468 proferido por el Fondo de la Policía Nacional el 05 de mayo
de 2014, en cuanto negó: el reconocimiento y pago de la sanción prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997; la ineficacia del despido realizado el 31 de
diciembre de 2013; el reintegro a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando; y el pago de los salarios dejados de percibir, así como el pago de

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los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, desde el 1º de
enero de 2014 y hasta que se efectúe el reintegro».

Tercero. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia del 25 de marzo de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se
dispone:

«TERCERO. CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, al Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional a:

i) Pagar, a favor de la señora María Elena Páez Ortiz, la sanción prevista en el
inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en 180
días de salario correspondiente a la última asignación básica devengada por
la accionante para 2013, año en el que fue desvinculada.

ii) Reintegrar a la señora María Elena Páez Ortiz, siempre y cuando ella esté
de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, de acuerdo con su estado de salud actual, sin solución de
continuidad.

En caso de que la señora Páez Ortiz decida vincularse de nuevo al servicio
de la entidad demandada, se advierte que de mantenerse las condiciones
de limitación en salud de la trabajadora y ante la imposibilidad de su
reubicación, su vinculación solo podrá terminarse previa autorización del
Ministerio de Trabajo.

Para el cumplimiento de la anterior orden deberá tenerse en cuenta, además,
que la demandante no se encuentre incursa en alguna de las causales
legales de retiro del servicio.

iii) Pagar, a favor de la señora María Elena Páez Ortiz, los salarios,
prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social que
legalmente le correspondan, desde el 1° de enero de 2014 ─fecha en la que
se produjo la terminación de su vinculación─ y hasta que sea reintegrada al
cargo o se consolide una situación que haga imposible su reintegro.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad
con la fórmula a la que se aludió en la parte motiva de esta providencia.

iv) Acompañar o asesorar a la señora María Elena Páez Ortiz para adelantar la
eventual reclamación a la que haya lugar ante la ARL AXA Colpatria por las
eventuales prestaciones de índole económico ─como la indemnización por
incapacidad permanente parcial o la pensión de invalidez─ que puedan
surgir con ocasión de las enfermedades profesionales que le fueron
debidamente dictaminadas».

Cuarto. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia del 25 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Quinto. Se dará cumplimiento a la sentencia según lo disponen los artículos 192 y
195 del CPACA y demás concordantes.

Sexto. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada.

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Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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