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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02990-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02990-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de 11 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su lugar, 2. Amparar los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y al debido proceso de la señora María Elena Páez Ortiz. En consecuencia, 3. Dejar sin efecto la sentencia de 20 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 25000-23-42-000-2016-01127-01. 4. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02990-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Contrato realidad. Desconocimiento del precedente
judicial de la Corte Constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 11 de julio de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de María Elena Páez Ortiz
contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de mayo de 2025, la señora María Elena Páez Ortiz interpuso acción de tutela
contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
a la igualdad, a la vida, a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(…)

(…) se ordene dejar sin valor ni efecto la sentencia dictada por la parte accionada
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A, Consejero Ponente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ o
quien haga sus veces, el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) dentro del
proceso que se identifica con el número de radicado 25000234200020160112701 (3406-
2021).

3.Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A, Consejero Ponente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ o quien haga
sus veces, proferir una decisión en la que se tenga en cuenta los postulados establecidos
en la sentencia proferida por la misma Corporación dentro del proceso identificado con
el número de radicado 25000-23-42-000-2015-02495-01 adelantado por la señora Irma
Amparo Sanabria, así mismo, los postulados establecidos en las sentencias C-401 de
1998, SU 049 de 2017 y T 344 de 2016 proferida por la Corte Constitucional; Sentencias
SUJ-025-CE-S-2021 y 05001-23-31-000-2005-03008-01 (1793-12) proferida por el
Honorable Consejo de Estado, dentro de otras.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

La señora María Elena Páez Ortiz estuvo vinculada en el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional como supernumeraria desde el 19 de abril de 2004 hasta el 31 de diciembre
de 20131, mediante resoluciones dictadas anualmente y con periodos cortos de
interrupción. Durante todo ese periodo se desempeñó como operaria de la Fábrica de
Confecciones elaborando uniformes.

La actora presentó síntomas asociados a la patología síndrome del túnel carpiano
desde noviembre de 2009, que posteriormente fue calificada de origen profesional.

La última vinculación transcurrió entre el 21 de julio al 31 de diciembre de 2013.

El 29 de abril de 2014, la actora solicitó al Fondo Rotatorio, entre otras: (i) «la ineficacia
del despido»; (ii) el reintegro a un cargo igual o superior; (iii) el pago de la sanción de
la Ley 361 de 1997 (por la no autorización del Ministerio del Trabajo y la Protección
Social); (iv) el pago de los salarios dejados de percibir desde el 1 de enero hasta que
se realizara el reintegro; (v) el pago de los aportes correspondientes a seguridad
social; (vi) el pago de las prestaciones sociales y; (vi) de las vacaciones que se causen
hasta el reintegro.

Como pretensiones subsidiarias pidió: (i) el pago de la indemnización por despido
injusto; (ii) el pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Por Oficio S1405-002468 del 5 de mayo de 2014, el Fondo Rotatorio negó lo solicitado,
con fundamento en que el nombramiento de la señora Páez Ortiz se hizo con
vinculaciones como supernumerarios, cuyo objeto es transitorio y por un plazo
definido.

La señora María Elena Páez Ortiz promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Oficio S1405-002468 de 5 de mayo de 2014,
por el cual el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional negó el reintegro a la entidad.
Como pretensiones formuló, además de la nulidad del referido acto administrativo, que
se declarara la existencia del contrato realidad y que al momento del despido estaba
en estado de debilidad manifiesta.

Como restablecimiento del derecho pidió: (i) ser reintegrada a un cargo igual o superior
al que desempeñaba; (ii) el pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361
de 1997; (iii) el pago de los salarios, prestaciones y cesantías dejadas de percibir.

Por reparto correspondió conocer del proceso a la Sección Segunda, Subsección A
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con radicado 25000-23-42-000-
2016-01127-002, que, en sentencia de 25 de marzo de 2021, declaró de oficio la
excepción de falta de agotamiento de la «vía gubernativa» frente a las pretensiones de
declaración de existencia de contrato realidad y pago de prima de vacaciones y

1
Así: del 19/04/2004 al 18/12/2004; del 19/12/2004 al 31/12/2004; del 01/02/2005 al 30/06/2005; del 01/07/2005 al 30/09/2005;
del 01/10/2005 al 30/10/2005; del 31/10/2005 al 15/12/2005; del 16/12/2005 al 30/12/2005; del 23/01/2006 al 30/12/2006; del
01/02/2007 al 31/10/2007; del 04/02/2008 al 15/12/2008; del 16/12/2008 al 23/12/2008; del 24/12/2008 al 31/12/2008; del
01/02/2009 al 30/09/2009; del 01/10/2009 al 31/12/2009; del 01/02/2010 al 31/12/2010; del 01/02/2011 al 31/12/2011; del
01/02/2012 al 31/12/2012; del 21/01/2013 al 20/04/2013; del 21/04/2013 al 20/07/2013; y del 21/07/2013 al 31/12/2013.
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Este proceso puede consultarse en la plataforma de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz

cesantías por el periodo 2004-2013 y declaró la nulidad parcial del Oficio S1405-
002468.

Para el efecto, analizó la figura del supernumerario y, con fundamento en la sentencia
C-401 de 1998, expresó que ese tipo de vinculación es excepcional y para actividades
temporales. De ahí que, si se tenía en cuenta las funciones del Fondo Rotatorio de la
Policía (confeccionar prendas), no podía valerse de ese vínculo para contratar
operarios y extender esa figura en el tiempo, como en el caso de la demandante, quien
estuvo bajo esa figura (con mínimas interrupciones) por un término de 9 años.

Además, precisó que no existió despido de la demandante, sino que su retiro de la
entidad obedeció a la finalización del plazo del nombramiento. De modo que, no existía
fundamento para analizar la existencia de un despido injusto.

Tampoco era posible acceder a la pretensión de reintegro, toda vez que «no es potestad
del juez administrativo reemplazar a la administración en la facultad de nombramiento y
posesión de sus empleados, ni podría otorgársele por sentencia judicial la condición de
empleado público».

Aclaró que las enfermedades que padece la demandante (catalogadas como
laborales) fueron ocasionadas con la labor desarrollada (costurera), por lo cual la ARL
AXA Colpatria le reconoció indemnización. Además, que se probó que la entidad
demandada conocía el estado de salud de la actora antes de la desvinculación, pues
Famisanar EPS y la ARL AXA Colpatria notificaron a la entidad sobre el proceso de
calificación de origen de la enfermedad profesional y realizaron visitas al puesto de
trabajo en 2013.

Por lo anterior, concluyó que la no renovación del nombramiento no obedeció a una
terminación objetiva del plazo, sino a un acto discriminatorio, dado que: (i) la actora
llevaba 9 años siendo renovada; (ii) la entidad siguió contratando a más de 1.000
supernumerarios para la misma labor en años posteriores; (iii) no solicitó autorización
al Ministerio del Trabajo para desvincular a una persona con limitaciones de salud.

De ahí que, al no existir permiso del Ministerio del Trabajo y comprobarse que la
limitación física fue un obstáculo para la continuidad, ordenó el pago de la
indemnización sancionatoria de 180 días de salario, establecida en el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997.

En consecuencia, declaró la nulidad parcial del Oficio S1405-002468 y a título de
restablecimiento del derecho, condenó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional al
pago de la sanción del inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Negó las
demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Las partes demandante y demandada interpusieron recursos de apelación contra la
anterior providencia, así:

(i) La parte demandada alegó que ley no fija un límite para el uso de la figura
de los supernumerarios, pues esta depende de la necesidad del servicio, y,
en el presente caso, el vínculo finalizó objetivamente por el vencimiento del
plazo pactado en la Resolución 00607 de 2013.

Insistió en que la desvinculación no obedeció a las restricciones médicas de
la actora, sino a la terminación del plazo fijo acordado para funciones
transitorias.
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Demandante: María Elena Páez Ortiz

(ii) La parte demandante sostuvo que el Tribunal erró al aplicar solo la sanción
indemnizatoria (180 días de salario) sin declarar la nulidad del acto que negó
la continuidad, lo cual fragmenta la aplicación de la ley.

Argumentó que, al estar probada la afectación de salud como causa del
despido, la simple indemnización es insuficiente. Solicitó el reintegro para
volver las cosas al estado anterior a la vulneración.

Alegó que no debió declarar «la caducidad» frente a la pretensión del
contrato realidad, adujo que la primacía de la realidad debe prevalecer.

Por sentencia de 20 de marzo de 2025, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado decidió: (i) modificar el numeral primero de la providencia apelada
y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa frente a la declaración de
existencia de contrato realidad y (ii) revocar los numerales segundo, tercero y cuarto
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, analizó la figura del supernumerario y aclaró la naturaleza excepcional
y transitoria de esa figura. Sin embargo, consideró que, aunque la actora estuvo
vinculada desde 2004 hasta 2013 mediante resoluciones sucesivas, no operó la
desnaturalización de la relación laboral, porque la demandante desempeñó funciones
transitorias justificadas. Es decir, no se creó una relación indefinida con el Estado ni
se generaron derechos de carrera administrativa. Por ende, vencido el plazo previsto
en el acto administrativo, la relación se extingue automáticamente sin que pueda
exigirse estabilidad laboral.

En segundo lugar, revocó la decisión de conceder la sanción prevista en la Ley 361
de 1997, con fundamento en que la desvinculación obedeció estrictamente al
vencimiento del plazo fijado en la Resolución 00607 del 12 de julio de 2013.

De modo que, aunque estuvieran acreditados los quebrantos de salud de la actora,
esa circunstancia no le otorgaba fuero de estabilidad ni obligaba a la entidad a pedir
permiso al Ministerio del Trabajo. En otras palabras, que el retiro no fue discriminatorio
(por razón de la salud), sino por una causa legal y objetiva, esto es, el cumplimiento
del término preestablecido.

Finalmente, confirmó la decisión de no estudiar el fondo de la pretensión del contrato
realidad, pues la demandante no elevó petición ante la administración con ese fin.
Pero precisó la denominación jurídica de la excepción que es indebido agotamiento
del requisito de procedibilidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

Afirmó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, como son inmediatez, relevancia constitucional, inexistencia de otros
mecanismos de defensa e identificación clara y concreta de los hechos que
fundamentan la presente acción.

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Sostuvo que la sentencia acusada incurrió en defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución por
vulnerar el derecho a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada, entre otros.

En relación con el contrato realidad, la actora advirtió que su relación laboral con el
Fondo Rotatorio de la Policía era permanente, dado que las vinculaciones fueron
sucesivas y las funciones eran también de carácter permanente al tratarse de la
elaboración de uniformes por parte de la Fábrica de Confecciones. Y a pesar de que
dicha vinculación quedó acreditada la sentencia acusada llegó a otras conclusiones.

Frente a la estabilidad laboral reforzada, la actora sostuvo que el empleador conocía
su estado de salud, puesto que le comunicó el diagnóstico, las consultas médicas con
fisiatría, las terapias e incapacidades. Y consideró que no es aceptable la conclusión
a la que llegó el fallador de segunda instancia (Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado) de que «la desvinculación de la demandante obedeció a que se venció
el plazo para el cual había sido vinculada y el hecho de que dentro del término de vinculación
presentara algunos quebrantos de salud, así ello hubiere quedado acreditado en el proceso,
no le otorgaba fuero de estabilidad alguno, ni obligación a la entidad de contar con la
autorización de la oficina del Trabajo descrita en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997».

Sostuvo que la anterior conclusión es contraria a lo considerado por la Corte
Constitucional en las sentencias T-344 de 2016 y SU-049 de 2017, según las cuales,
la estabilidad laboral reforzada opera para todo tipo de contrato, ya sea de trabajo, de
prestación de servicios e inclusive la vinculación de supernumerarios.
Anotó que a esa misma conclusión llegó la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado en la sentencia de 9 de junio de 2022, que confirmó la providencia
de primera instancia favorable a las pretensiones de la demanda en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, rad. 25000-23-42-000-2015-02495-00/01,
promovido por la señora Irma Amparo Sanabria contra el Fondo Rotario de la Policía.
Explicó que, en ese pronunciamiento se estudiaron idénticos hechos a los que se
expusieron en el proceso promovido por ella, como la modalidad de contratación, el
cargo y la condición de salud que otorgaba estabilidad reforzada. Hechos que fueron
acreditados y valorados por los jueces de instancia.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 3 de junio de 2025, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y a la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y a la Sección Segunda,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en calidad de jueces de
instancia. En la misma providencia ordenó notificar al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, como tercero interesado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
se remitió a las consideraciones contenidas en la sentencia de 25 de marzo de 2021,
dictada en primera instancia en el proceso promovido por la actora.

Además, advirtió que la acción de tutela se dirige únicamente contra la sentencia de
segunda instancia de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
razón suficiente por lo que ese tribunal no tiene legitimación en la causa por pasiva.

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Demandante: María Elena Páez Ortiz

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado no se pronunció en
esta oportunidad procesal.

6. Intervención del tercero con interés

El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional guardó silencio.

7. Sentencia de primera instancia

El 11 de julio de 2025, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de
tutela, por las siguientes razones:

Consideró que la acción de tutela promovida por la señora María Elena Páez no
cumplió con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional
porque los argumentos del escrito de tutela no acreditan vulneración o amenaza de
derechos fundamentales, sino que se dirigen a insistir en la controversia decidida por
el juez de conocimiento.

En ese entendido, advirtió que las razones de inconformidad son de carácter
netamente legal, puesto que la Corporación accionada consideró, con base en el
marco normativo y los fundamentos fácticos aplicables al caso, que la actora olvidó
solicitar a la entidad administrativa la declaratoria de existencia del contrato realidad
entre las partes.

Concluyó que no existe una actuación caprichosa o arbitraria de la autoridad judicial
accionada, por lo que es improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.

8. Impugnación

La señora Páez Ortiz impugnó la decisión de primera instancia por considerar que el
juez constitucional no estudió de fondo los cargos contra la sentencia de la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado de 20 de marzo de 2025.

Ante esa falta de estudio, la actora insistió en que la autoridad judicial demandada
incurrió en defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución y reiteró las razones por las que, a su juicio, se
configuran esos defectos y la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
principalmente el de igualdad y la estabilidad laboral reforzada.

En consecuencia, la actora solicitó revocar el fallo de tutela de primera instancia y
conceder el amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando

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quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida.

En ese sentido, la Sala analizará si la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados con la decisión proferida el
20 de marzo de 2025 (rad. 25000-23-42-000-2016-01127-01).

Al respecto, alega la configuración del defecto por desconocimiento del precedente
judicial, por dos razones: (i) la inobservancia del precedente de la Corte Constitucional
(sentencias SU-049 de 2017 y T-344 de 2016) sobre la aplicación de la estabilidad
laboral reforzada en cualquier tipo de vinculación, incluida la de supernumerarios; y
(ii) el desconocimiento de la jurisprudencia del propio Consejo de Estado dictada para
casos fáctica y jurídicamente iguales (sentencia de la Sección Segunda, Subsección
B, rad. 25000-23-42-000-2015-02495-01).

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Asimismo, la actora endilga a la providencia los defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución, sustentados en que se validó su desvinculación por el
vencimiento del plazo, sin tener en cuenta sus afectaciones de salud.

Previo a ello deberá estudiarse si la presente solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales

Es necesario advertir que, de encontrar probada la configuración de uno de los
defectos, la Sala se relevará de efectuar el análisis de los demás reproches
formulados.

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, accederá
a la solicitud de amparo.

Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y (ii) del desconocimiento del precedente jurisprudencial.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la
parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva, a la igualdad, a la vida, a la dignidad humana y a la estabilidad
laboral reforzada; sustenta con suficiencia las razones por las que la decisión judicial
cuestionada afecta esos derechos y no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que la decisión de primera instancia del proceso ordinario accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y fue con ocasión de la providencia
de segunda instancia, acá cuestionada, que se modificó y revocó la decisión inicial y,
en su lugar, como se indicó, se negaron las pretensiones de la demanda.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface. El
ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
atacada fue proferida el 20 de marzo de 2025, notificada el 4 de abril siguiente, y el
ejercicio de acción de tutela se dio el 19 de mayo del mismo año.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega una irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados; (v)
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se
cuestionan sentencias de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz

De defecto por desconocimiento del precedente judicial6 en el caso concreto.

La señora María Elena Páez alega que la providencia objeto de tutela incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al no tener en cuenta el precedente judicial
de la Corte Constitucional contenido en las providencias SU-049 de 2017 y T-344 de
2016 y la sentencia con radicado 25000-23-42-000-2015-02495-01 de 9 de junio de
2022 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

Corresponde entonces verificar si, como lo sostiene la actora, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció el precedente de la Corte
Constitucional existente sobre estabilidad laboral reforzada y solo en caso de que no
prospere este cargo, descenderá en el análisis del precedente horizontal invocado por
la parte actora.

Para abordar el asunto es necesario referirse a la decisión de segunda instancia
dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la señora María Elena Páez Ortiz contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
(rad. 25000-23-42-000-2016-01127-01). En sentencia de 20 de marzo de 2025, la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decidió: (i) modificar el
numeral primero de la providencia apelada y, en su lugar, declarar probada de oficio
la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación
administrativa en lo que tiene que ver con las pretensiones de declaración de
existencia del «contrato realidad»; (ii) revocar los numerales segundo, tercero y cuarto
y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda y (iii) no condenar en costas.

La anterior decisión se sustentó, entre otras, en las siguientes consideraciones:

Para la Sala resulta claro que la vinculación de personal, en calidad de supernumerario,
es una forma excepcional con la que cuenta la Administración Pública y siempre supone
el cumplimiento de labores transitorias, las cuales ha entendido la norma como las
ocasionales relacionadas con las funciones propias del organismo y que no puedan ser
atendidas con personal de planta.

Se infiere de las resoluciones de vinculación, que a pesar de que las labores adelantadas
por la demandante ocurrieron desde el año 2004 y hasta el 2013, ello no implicaba que
desarrollara funciones permanentes de la entidad. En todos los actos de vinculación se
dejó por sentado que la relación entre las partes obedeció a estudios de conveniencia y
oportunidad en los cuales se justificaba la necesidad de vincular personal para el servicio
de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía, situación que no fue
desvirtuada por la parte demandante.

6
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz

En esa medida, no le asiste razón al fallador de primera instancia cuando concluyó que
en el caso de la accionante operó la desnaturalización de la relación laboral en calidad
de supernumeraria, pues a pesar de que existió una vinculación sucesiva por periodos
aparentemente transitorios, en los que la actora estuvo laborando con la entidad como
operaria en la elaboración de uniformes para la Fábrica de Confecciones, sus
vinculaciones estuvieron justificadas en las necesidades del servicio para apoyar los
proyectos productivos de la entidad y los cuales no se podían suplir con su personal de
planta.

Visto lo anterior, la demandante laboró como supernumeraria en la entidad,
desempeñando funciones transitorias, lo que trae como consecuencia que no crea
relación definitiva con el Estado y no genera derechos de carrera administrativa. Luego,
vencido el plazo de duración temporal, se extingue la relación con la administración, sin
que pueda exigirse estabilidad laboral alguna o la expedición de un acto administrativo
que ratifique esa situación.

En el último de los vínculos, esto es, el que se dio a través de la Resolución 00607 del
12 de julio de 2013, se dispuso prorrogar la vinculación de la demandante, hasta el 31
de diciembre de 2013, por lo que, vencido el término enunciado en dicho acto,
automáticamente quedaría desvinculada.

La parte demandada insistió en que la terminación del vínculo con la entidad, no se dio
debido a las restricciones médicas alegadas por la demandante y que se encontraron
acreditadas en la sentencia de primera instancia, sino porque desde el principio se
acordó que su vinculación era por un periodo fijo, para el cumplimiento de unas funciones
transitorias establecidas en el acto de vinculación.

Al respecto, se advierte que la desvinculación de la demandante obedeció a que se
venció el plazo para el cual había sido vinculada y el hecho de que dentro del término de
vinculación presentara algunos quebrantos de salud, así ello hubiere quedado acreditado
en el proceso, no le otorgaba fuero de estabilidad alguno, ni obligación a la entidad de
contar con la autorización de la oficina del Trabajo descrita en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, en tanto, el retiro del servicio no obedeció a su estado de salud, sino a que
el cargo por ella desempeñado estaba atado a un plazo fijo desde su creación, por tanto,
al vencimiento del término para el cual fue vinculada, tuvo como consecuencia el retiro
automático del servicio.

Ello implica que la estabilidad dependía de la ocurrencia del plazo, tal y como se señaló
en el acto de vinculación, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013.

Y si bien en el fallo apelado se consideró que la accionada conocía del proceso de
calificación que estaba surtiendo la actora con su EPS y la ARL, así como las patologías
que presentaba, por lo que se debió solicitar autorización previa del Ministerio de Trabajo
para su desvinculación, la Subsección considera que dicho trámite no se debió adelantar,
toda vez, que se repite, su relación laboral estaba sometida a un término de duración
definido, vencido el cual automáticamente la actora quedaba retirada, pues el motivo de
su desvinculación, como a bien lo señaló el acto acusado, no fue otro que el vencimiento
del plazo de su vinculación con la entidad.

En conclusión, no se halla razón para que la demandada hubiera tenido que requerir del
permiso de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para retirar del servicio de la
demandante y mucho menos aun mantenerla en un empleo transitorio luego de que se
terminara el vínculo prorrogado en la Resolución 00607 del 12 de julio de 2013, esto es,
más allá del 31 de diciembre de 2013, aunque en la entidad se siguiera contratando
personal para desarrollar actividades transitorias propias del Fondo.

Y en relación con la existencia del contrato realidad, el fallador de segunda instancia
indicó lo siguiente:

Una vez verificados los documentos que se aportaron, se encuentra que efectivamente
no se elevó ante la administración solicitud de reconocimiento de la existencia de la

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Demandante: María Elena Páez Ortiz

relación laboral encubierta o subyacente, porque en la solicitud presentada el 29 de abril
de 2014, solamente se pidió el reconocimiento de los siguientes derechos laborales:

• La ineficacia del despido realizado el 31 de diciembre de 2013.
• Reintegro a un cargo igual o superior al que venía desempeñando.
• Pago de la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 por la no
autorización del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social.
• Pago de los salarios dejados de percibir desde el 1º de enero de 2014 hasta que se
realice el reintegro.
• Pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral desde
el 1º de enero de 2014 y hasta que se efectúe su reintegro.
• Pago de las prestaciones sociales causados hasta el reintegro.
• Pago de vacaciones causados hasta el reintegro.
• Pago de la indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del C.S. del
Trabajo inciso 3º por el tiempo que faltara para cumplirse el plazo estipulado.

Visto lo anterior, es claro que la parte demandante omitió solicitar la declaratoria de
existencia del “contrato realidad” entre la demandante y la entidad demandada, razón
por la cual no se puede entender por agotado el requisito de procedibilidad consagrado
en el numeral 2º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 lo que hace imposible el estudio
de las manifestaciones realizadas en la demanda respecto de ese asunto.

Sin perjuicio de ello, la Sala modificará la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de
falta de agotamiento de la vía gubernativa, para, señalar que la denominación adecuada
de la excepción es la de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la
reclamación administrativa.

De lo expuesto hasta aquí se observa que en el trámite de la segunda instancia se
desvirtuó la consideración de la vinculación permanente de la actora encontrada
acreditada por el fallador de primer grado y, en ese entendido consideró que no se
desnaturalizó la relación laboral, pues estaba justificada en las necesidades del
servicio para apoyar proyectos productivos de la entidad que no podía cumplir
personal de planta. Así que la desvinculación de la demandante se dio por el
vencimiento del plazo para el que había sido vinculada.

El juzgador de segunda instancia también advirtió que los quebrantos de salud no le
otorgaban a la actora fuero de estabilidad ni obligación para el empleador de pedir
autorización a la oficina de Trabajo, puesto que el retiro del servicio no se originó por
su condición médica.

Por último, se abstuvo de estudiar la existencia del contrato realidad por no haber sido
reclamado ante el empleador.

Efectuado el anterior recuento, se encuentra justificada en esta oportunidad la
intervención del juez de tutela para estudiar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y al debido proceso
alegada por la actora y que justifica en la condición de salud previamente conocida
por su empleador.

En este punto es relevante acudir a la posición de la Corte Constitucional, sobre la
aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 19977 y sus garantías de estabilidad laboral
reforzada conforme con la Constitución, fijada en la sentencia SU-049 de 20178, que
constituye precedente constitucional obligatorio.

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Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación.
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Sentencia de 2 de febrero de 2017, MP María Victoria Calle Correa.
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Demandante: María Elena Páez Ortiz

En ese fallo, la Corporación sostuvo que en diferentes pronunciamientos ha señalado
que la estabilidad laboral reforzada es un derecho constitucional, y, por tanto, esa
Corporación en su calidad de órgano de cierre tenía competencia para unificar la
interpretación que se la ha dado a ese derecho en la jurisprudencia nacional y verificar
si el alcance dado a la Ley 361 de 1997 se ajusta a la Constitución Política. En
concreto, llegó a las siguientes conclusiones (algunas obedecen a la reiteración de
jurisprudencia):

(a) La estabilidad ocupacional reforzada no se limita a quienes han sido calificados
con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, sino a todas las
personas con debilidad manifiesta, evaluada según los criterios jurisprudenciales.

Entonces, están en condiciones de debilidad manifiesta no solo quienes han tenido una
pérdida ya calificada de capacidad laboral en un grado moderado, severo o profundo,
sino también quienes tienen una afectación de salud que les «impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares» (sentencia
T-1040 de 2001).

Esas personas están expuestas a perder el vínculo ocupacional solo o principalmente
por ese motivo y, por ello, a ser discriminadas por las afectaciones de salud.

(b) La estabilidad ocupacional reforzada no depende de la denominación del vínculo
laboral. La aplicación de las prestaciones de la Ley 361 de 1997 deben ser
interpretadas conforme a la Constitución y se activan sin importar el tipo de
relación laboral.

El derecho a la estabilidad laboral reforzada aplica no solo a quienes tienen un vínculo
de trabajo dependiente estrictamente subordinado y sujeto al derecho laboral, sino
también a quienes están sujetos a relaciones ocupacionales divergentes, originadas por
ejemplo en un contrato de prestación de servicios o en un contrato de aprendizaje.

Esa interpretación se extrae del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, en consecuencia,
en caso de no tener autorización de la oficina del Trabajo para la terminación del contrato,
surge el derecho a exigir la ineficacia de la terminación del contrato, el reintegro o la
renovación de este, así como la indemnización de 180 días de remuneración salarial o
sus equivalentes.

En la citada sentencia SU-049 de 2017, la Corte Constitucional explicó que el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 establece una condición para la terminación del contrato de
una persona en situación de discapacidad, y no califica la clase de contrato para
reducirla únicamente al de carácter laboral, propio del trabajo subordinado.

En efecto, esa norma dispone que ninguna persona en situación de discapacidad
podrá ser despedida o su contrato terminado por esa razón [su discapacidad], salvo
que medie autorización de la oficina del Trabajo. Si no se cumple este requisito, las
personas desvinculadas tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días
del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere
lugar.

Sobre el particular, indicó que como el salario «es una remuneración periódica inherente
a las relaciones de trabajo dependiente, podría pensarse que esta indemnización es exclusiva
de los vínculos laborales que se desarrollan bajo condiciones que implican vinculación a la
planta de personal. Sin embargo, esta interpretación es claramente contraria a la Constitución
pues crea un incentivo perverso para que la contratación de personas con problemas de salud
se desplace del ámbito laboral al de prestación de servicios, con desconocimiento del principio
de prevalencia de la realidad sobre las formas y de las garantías propias de las relaciones de
trabajo dependiente.»

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Demandante: María Elena Páez Ortiz

Sin embargo, la Corte precisó que en la sentencia C-531 de 2000 esa norma fue
declarada exequible pero condicionada. En esa oportunidad se sostuvo que
considerar solo una indemnización de 180 días para remediar la discriminación de una
persona en situación de discapacidad era insuficiente a la luz de los estándares
constitucionales. Por ese motivo, resolvió que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 era
exequible, pero con la condición de que se entendiera que «carece de todo efecto jurídico
el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que
exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la
existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato».

También concluyó que existe una situación constitucional de debilidad manifiesta y se
exponen a la discriminación, aquellas personas que contraen una enfermedad, o
presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o común) una afectación médica
de sus funciones, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus
labores en condiciones regulares.

En ese punto, sostuvo que «La Constitución prevé contra prácticas de esta naturaleza, que
degradan al ser humano a la condición de un bien económico, medidas de protección,
conforme a la Ley 361 de 1997. En consecuencia, los contratantes y empleadores deben
contar, en estos casos, con una autorización de la oficina del Trabajo, que certifique la
concurrencia de una causa constitucionalmente justificable de finalización del vínculo. De lo
contrario procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato, sino
además el reintegro o la renovación de este, así como la indemnización de 180 días de
remuneración salarial o sus equivalentes.»

Por último, al resolver el caso concreto sometido a estudio que involucró a un adulto
mayor cuyo contrato de prestación de servicios fue terminado unilateralmente, a pesar
de su condición de salud causada por un accidente de carácter profesional, la Corte
Constitucional revocó los fallos de primera y segunda instancia, objeto de revisión, y
amparó el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al encontrar
acreditado que el empleador (demandado) dio por terminado el vínculo contractual sin
autorización de la oficina del Trabajo y sin justa causa probada. En consecuencia,
declaró ineficaz la terminación de la relación contractual y ordenó renovar el contrato
de prestación de servicios, el pago de lo dejado de percibir desde la desvinculación y
la indemnización equivalente a 180 días de remuneración.

Ahora bien, para el caso que ocupa la atención de la Sala, se considera también
relevante apoyarse en la sentencia T-099 de 20209, en la que la Corte Constitucional
revisó 11 casos de mujeres vinculadas por diferentes periodos de tiempo con el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, en cargos de supernumerario, ejerciendo labores en
la Fábrica de Confecciones de corte y confección de ropa y afiliadas a salud,
pensiones y a la ARL AXA Colpatria. Y que, al igual que la aquí tutelante, durante su
permanencia presentaron dolencias osteo-musculares, como: abducción dolorosa de
hombro, bursitis de hombro, epicondilitis lateral bilateral, epicondilitis medial
bilateral, síndrome del manguito rotador, síndrome del túnel carpiano bilateral,
tendinitis de flexoextensores bilateral, tenosinovitis de flexoextensores de carpo
bilateral y tenosinovitis de estiloides radial de Quervain, las que fueron calificadas
como enfermedades de origen laboral.

En todos los casos, el Fondo en los meses de enero y febrero de 2019 les informó a
las actoras que no las vincularía por falta de presupuesto y de la suscripción de
convenios interadministrativos, a pesar de que había sido notificado sobre las
condiciones de salud.

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Sentencia de 9 de marzo de 2020, MP Cristina Pardo Schlesinger
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Demandante: María Elena Páez Ortiz

En la referida sentencia, la Corte Constitucional advirtió que, en la práctica, la
garantía de la estabilidad laboral reforzada contenida en el artículo 26 de la Ley 361
de 1997, una vez se ha demostrado debidamente las circunstancias de debilidad
manifiesta por el estado de salud, está sujeta a dos aspectos:

(a) La restricción al empleador de finalizar el vínculo contractual como
consecuencia de la discapacidad del colaborador sin autorización del
Ministerio del Trabajo; y
(b) La reubicación en otro cargo, si es necesaria.

Empero, la Corte aclaró que la protección constitucional y legal no es absoluta, ya
que el empleador puede obtener el permiso ante la Oficina de Trabajo, según lo
dispuesto en el último inciso del artículo 26 de la citada Ley 361. Así que, si se
verifica el cumplimiento de una causal objetiva de desvinculación, el retiro del
trabajador será legal.

En caso de que no se obtenga ese permiso, la misma norma contempla una sanción
para el empleador, equivalente a 180 días del salario que deberá pagar al trabajador,
sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, en el
entendido de que carece de validez el despido o terminación del contrato por motivos
de salud. La Corte refuerza esta consideración con la sentencia C-200 de 201910 que
declaró exequible el numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo, «en el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminación del
contrato por razón de su estado de salud, sin autorización del Ministerio del Trabajo, no
produce efectos jurídicos y solo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva
autorización».

Frente a la vinculación de supernumerarios en la administración pública, la Corte
Constitucional se refirió a la naturaleza y finalidad de esa figura de contratación, según
lo dispuesto en el Decreto 1042 de 1978; también a algunos casos en los que se ha
amparado el derecho a la estabilidad reforzada de personas vinculadas como
supernumerarios y la utilización indebida de la figura, caso en el que debe aplicarse
el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

Además, citó la sentencia T-041 de 201911 en la que se determinó que el citado
derecho se desconoce cuándo se comprueben las siguientes situaciones: (i) la
disminución sustancial de la salud del trabajador que le afecte el desarrollo normal de
sus labores, debidamente conocido por su empleador; (ii) que el despido se haga sin
autorización del Ministerio del Trabajo; y, (iii) que el empleador no desvirtúe la
presunción de despido discriminatorio.

Ante la comprobación de los anteriores supuestos y en línea con las citadas
sentencias C-200 de 2019 y T-041 de 2009, la Corte advirtió que es deber del operador
judicial declarar: «(i) la ineficacia de la terminación o del despido laboral; ii) el derecho a ser
reintegrado a un cargo que ofrezca iguales o mejores condiciones que las del cargo ocupado
hasta su desvinculación, iii) a recibir, si es del caso, inducción para cumplir con los roles del
nuevo cargo y iv) el derecho a recibir una indemnización equivalente a 180 días de salario»,
sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

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MP Gloria Stella Ortiz Delgado
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MP José Fernando Reyes Cuartas
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Demandante: María Elena Páez Ortiz

Después de abordar el marco constitucional, normativo y jurisprudencial, la Corte
Constitucional descendió al estudio de los 11 casos de mujeres que acudieron a la
acción de tutela como mecanismo principal para la protección de sus derechos
fundamentales, en especial, el de estabilidad laboral reforzada, y encontró acreditado
en todos, lo siguiente:

• A pesar de que la vinculación a la administración pública de trabajadores
bajo la figura de supernumerarios es excepcional, dado su carácter
temporal, se evidenció un uso indebido de esta, pues en algunos casos
las actoras estuvieron vinculadas por más de 10 años por resoluciones
casi sucesivas, en funciones permanentes del servicio, por lo que se
configuró el principio de la realidad sobre las formas, lo que hace concluir
que «el cumplimiento del término para el cual fueron vinculadas no fuese el
verdadero motivo por el cual se les finalizó la relación contractual, sino por el
estado de salud de las trabajadoras, acorde con la presunción legal que las
ampara».

• Dictamen de que la enfermedad osteo-muscular padecida por las actoras
era de origen laboral, situación conocida por la ARL. Algunas actoras si
tenían calificación de pérdida de la capacidad laboral,

• El Fondo conocía de la situación médica de las actoras y que la patología
afectaba su rendimiento en el desarrollo de sus funciones, a pesar de ello
procedió a desvincularlas por el vencimiento del plazo pactado.

• El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional no acudió previamente a la
Oficina de Trabajo para obtener el permiso que exige el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997. De igual manera, trasladó la carga de la prueba a la
accionante, para que probara que el despido había sido discriminatorio,
además de que no cumplía con la condición de persona en estado de
debilidad manifiesta.

En virtud de lo allí acreditado, la Corte Constitucional concluyó que las actoras eran
sujetos de especial protección constitucional porque su condición de salud las pone en
un estado de debilidad manifiesta, que, sumado a otros factores como la edad,
condiciones socioeconómicas e imposibilidad de acceder fácilmente a otro empleo,
hacen que su situación merezca toda la atención del juez constitucional. También,
consideró que en un Estado Social de Derecho es inadmisible que «una entidad de
carácter pública aproveche toda la fuerza laboral de un trabajador hasta cuando su capacidad
de trabajo disminuya por adquirir una enfermedad profesional, momento en que es desechado
sin ninguna opción laboral y desprotegido.»

Por lo considerado, la Corte Constitucional revocó las sentencias 12que negaron o
declararon improcedente los amparos solicitados y, en su lugar, concedió el amparo
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las actoras.

En consecuencia, ordenó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional: (i) el reintegro de
las actoras (si ellas estaban de acuerdo) a un cargo igual o superior al que venían
desempeñando cuando se les desvinculó, acorde con su estado actual de salud.
Vinculación que solo podrá terminarse de mantenerse las condiciones de limitación
en salud de las trabajadoras y la imposibilidad de reubicación, previa autorización del
Ministerio de Trabajo; (ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales que

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Solo en un caso confirmó porque el fallo de instancia protegió los derechos de la actora.
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Demandante: María Elena Páez Ortiz

legalmente le correspondan y de los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el
reintegro; (iii) el pago de la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de
la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario; y, (iv) acompañar y asesorar a
todas las accionantes en la eventual reclamación ante la ARL AXA Colpatria por las
eventuales prestaciones de índole económico, tales como la indemnización por
incapacidad permanente parcial o la pensión de invalidez, que puedan surgir con
ocasión de las enfermedades profesionales debidamente dictaminadas y en firme en
cada una de ellas.

Además, la Corte Constitucional exhortó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional para
que realizara un estudio sobre la viabilidad de creación de cargos de planta para el
proceso productivo desarrollado en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional,
y en caso de ser viable, procediera a efectuarlo dentro de la vigencia correspondiente,
y lo previno para que en lo sucesivo evitara incurrir en conductas como las que
generaron las demandas de tutela y adoptara las medidas necesarias para que en
adelante la vinculación de supernumerarios se sujete al ordenamiento jurídico.

Analizadas como quedaron las posturas de la Corte Constitucional en las sentencias
SU-049 de 201713 y T-099 de 2020, la Sala encuentra que en la sentencia objeto de
tutela en este caso, esta es, la proferida el 20 de marzo de 2025, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del precedente
judicial de la Corte Constitucional al darse un alcance distinto al artículo 26 de la Ley
361 de 1997, en relación con la estabilidad laboral reforzada que alegó la señora María
Elena Páez Ortiz.

En esa providencia, el fallador de segunda instancia consideró que el retiro automático
del servicio se dio porque venció el plazo fijado en la última resolución que vinculó a
la actora y que, aunque las condiciones de salud estaban probadas, ello no le otorgaba
fuero de estabilidad ni el Fondo tenía la obligación de pedir la autorización a la oficina
del Trabajo descrita en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Sostuvo que el retiro del
servicio no obedeció a su estado de salud, sino a que el cargo por ella desempeñado
estaba atado a un plazo fijo desde su creación.

Las anteriores conclusiones no se acompasan con lo considerado por la Corte
Constitucional en casos de similares hechos y pretensiones, estudiados en sede de
tutela, como quedó expuesto.

En ese orden, deberá ser el fallador de segunda instancia el que estudie nuevamente
el alcance del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 según las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-049 de 2017 y T-099 de 2020 y las pruebas
obrantes en el expediente.

Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el defecto por desconocimiento del
precedente judicial de la Corte Constitucional invocado por la parte actora y, en esa
medida, se relevará de estudiar lo relacionado con el desconocimiento del precedente
judicial horizontal invocado y los demás alegatos planteados como fundamento de la
presente acción de tutela, en el entendido que, será el juez natural de conocimiento al
que corresponderá abordar en conjunto el estudio del caso en contexto con las
pruebas allegadas al proceso, las normas y jurisprudencia aplicable.

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Este precedente fue tenido en cuenta por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el exp. 25000-23-42-
000-2015-02495-01, sentencia de 9 de junio de 2022, C.P. César Palomino Cortés.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02990-01
Demandante: María Elena Páez Ortiz

En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta, y en su lugar, amparará los derechos a
la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y al debido proceso de la señora María
Elena Páez Ortiz. Por ello, dejará sin efecto la sentencia de 20 de marzo de 2025,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 25000-23-42-000-2016-01127-01, y
ordenará que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera decisión de remplazo en la que resuelva de fondo la controversia sometida a
su conocimiento en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de 11 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. En su lugar,
2. Amparar los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y al
debido proceso de la señora María Elena Páez Ortiz. En consecuencia,
3. Dejar sin efecto la sentencia de 20 de marzo de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho rad. 25000-23-42-000-2016-01127-01.
4. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en la parte
motiva de esta providencia.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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