Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05675-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05675-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05675-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Declara
improcedencia por configurarse la cosa juzgada constitucional y temeridad por
ejercicio abusivo de la acción de tutela.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 10 de septiembre de 2025, el señor Francisco Javier García Londoño instauró
demanda de tutela, en busca de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
acceso a cargos públicos y trabajo, así como los principios de favorabilidad y pro
homine.
2. Alegó que tales prerrogativas fueron vulnerados por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación al proferir la sentencia del 28 de marzo de 2019,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en
contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, con el fin de que
se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
determinó su responsabilidad disciplinaria y se le impuso sanción de destitución e
inhabilidad para desempeñar funciones públicas por el término de 12 años.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado: 11001-03-25-000-2012-00372-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. A través de la providencia en cuestión, la autoridad accionada negó las
pretensiones de la demanda, tras estimar que la parte actora no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados.
4. En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad demandada incurrió
en los defectos procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, así como en violación directa de la Constitución.
5. Señaló que el funcionario que profirió el fallo disciplinario de primera instancia
objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho carecía de
competencia para adoptar esa decisión, por cuanto, al tratarse de un
supernumerario, sus funciones se limitaban a la recolección de pruebas y a la
instrucción del proceso.
6. En ese sentido, adujo que el fallador desconoció los Decretos Ley 1042 de 1978 y
1072 de 1999, así como el artículo 76 de la Ley 734 de 2002. Además, se apartó de
las sentencias del 20 de abril3 y 12 de octubre de 20174, proferidas por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en la que se indicó sobre la falta de
competencia de los supernumerarios para fallar procesos disciplinarios.
7. Para justificar la interposición de una nueva demanda de tutela, el actor expuso
que: (i) la vulneración alegada es permanente, continua y actual; (ii) el operador
judicial que decidió la primera acción no resolvió de fondo el problema jurídico puesto
a su consideración; y (iii) han surgido nuevos hechos que ameritan un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional.
8. En relación con esto último, indicó que, en un pronunciamiento reciente5, la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación sostuvo que cuando la administración
recurre a la vinculación de personal supernumerario para cubrir necesidades
permanentes de servicio, desconoce de facto los principios constitucionales que
rigen la carrera administrativa.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
9. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela (ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, en calidad de tercero con
interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y; (v) requerir a la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación para
que remitiera copia digital del expediente con radicado número 11001-03-25-000-
2012-00372-00.
3 Exp. 11001-03-25-000-2012-00126-00.
4 Exp. 11001-03-25-000-2011-00100-00.
5 Sentencia del 20 de marzo de 2025 (exp. 25000-23-42-000-2016-01127-01).
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A6
10. Sostuvo que la solicitud de amparo no satisface el requisito general de relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora no acreditó la carga argumentativa
exigida para habilitar la intervención del juez constitucional. Indicó que sus
planteamientos se reducen a reiterar los mismos argumentos que ya fueron
expuestos y debatidos en el proceso ordinario.
11. Además, afirmó que la acción de tutela tampoco cumple con el presupuesto de
inmediatez, toda vez que transcurrieron más de 6 meses entre la notificación de la
sentencia acusada y la presentación de la demanda.
12. Finalmente, puso de presente que el accionante ya ha promovido varias acciones
de tutela contra la misma providencia que ahora es objeto de reproche.
(ii) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-7
13. Señaló que el actor ha formulado múltiples acciones de tutela8 orientadas a debatir
el mismo asunto. Precisó que en la primera de ellas se efectuó un estudio de fondo,
por lo cual los jueces constitucionales le han indicado reiteradamente que no puede
pretende justificar la nueva presentación de demandas en la supuesta ausencia de
un pronunciamiento de fondo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
14. LaSala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, tras encontrar
acreditado que ha operado la cosa juzgada constitucional y que la parte accionante
ha actuado deliberadamente con temeridad.
15. Esta Subsección ya se había pronunciado sobre el mismo asunto en sentencia
del 19 de mayo de 20259. En esa oportunidad, se constató que el señor García
Londoño había acudido más de seis veces al juez de tutela, solicitando el amparo de
sus derechos fundamentales, con ocasión de la sentencia proferida el 28 de marzo
de 2019 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-
03-25-000- 2012-00372-00. Incluso, en algunas ocasiones, de manera simultánea,
sin exponer alguna razón válida que justificara su proceder.
6 Intervención digital contenida en 1 folio.
7 Intervención digital contenida en 13 folios.
8 Se citaron alrededor de 22 procesos.
9 En el marco de la acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06920-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
16. Lomismo ocurre en esta oportunidad, pues el demandante optó por ejercer
nuevamente el mecanismo de amparo con fundamento en los mismos hechos, pese
a que se le ha advertido en reiteradas ocasiones que su actuación es temeraria y
que debe abstenerse de presentar nuevas demandas fundadas en los mismos
supuestos fácticos, valiéndose de artificios y de formalidades para denotar la
existencia de hechos nuevos inexistentes.
17. En esta ocasión, para justificar la interposición de una nueva demanda, alegó que:
(i) la vulneración alegada es permanente, continua y actual; (ii) el operador judicial
que decidió la primera acción no resolvió de fondo el problema jurídico puesto a su
consideración; y (iii) han surgido nuevos hechos que ameritan un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional.
18. Tales planteamientos resultan insuficientes para desvirtuar la configuración de la
cosa juzgada constitucional y la temeridad. En primer lugar, porque los dos primeros
ya habían sido objeto de estudio en acciones de tutela anteriores, sin que se
encontrara alguna justificación para reabrir el debate. En segundo lugar, porque la
alegada aparición de hechos nuevos carece de fundamento.
19. La Corte Constitucional ha sido enfática en puntualizar que una nueva sentencia
proferida por una Alta Corte únicamente puede llegar a considerarse como un hecho
nuevo que amerite una nueva valoración en sede de tutela, cuando se trate de una
decisión de unificación o una que produzca efectos erga omnes10.
20. En este caso, el accionante refiere como supuesto hecho nuevo la expedición del
fallo del 20 de marzo de 2025, dictado por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado. Sin embargo, dicho pronunciamiento no puede ser considerado
como tal, pues, aunque fue proferido por una Alta Corte y no había sido invocado
con anterioridad, no corresponde a una sentencia de unificación ni tiene efectos erga
omnes.
21. Dicha decisión fue adoptada en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se definió una situación particular y concreta,
con fundamento en la misma línea jurisprudencial que la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha venido consolidando de tiempo atrás en relación con la
vinculación del personal supernumerario. Tan es así, que el propio actor reconoció
en su escrito de tutela que ese pronunciamiento se acompasaba con la
jurisprudencia sentada por esta Corporación sobre la materia.
22. Por tanto, el accionante no puede pretender valerse de todas las sentencias que,
con posterioridad, se profieran en materia de vinculación del personal
supernumerario para generar la apariencia de un hecho diferenciador que justifique
10 Al respecto, ver sentencia T-332 de 2021.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la interposición reiterada e injustificada de acciones de tutela, pues, como se anotó,
no cualquier pronunciamiento judicial posterior puede catalogarse, por sí mismo,
como un hecho nuevo que permita la reapertura de una discusión ya definida.
23. Así las cosas, resulta claro que el actor insiste de manera injustificada y reiterada
en reabrir un debate ya zanjado por la jurisdicción constitucional, en un claro abuso
de la acción de tutela, por lo que la Sala declarará la improcedencia del mecanismo
de amparo ante la configuración de la cosa juzgada constitucional y la temeridad.
24. Lo anterior, no sin antes reiterar las órdenes emitidas por esta Subsección en las
sentencias del 4 de abril11 y 19 de mayo de 202512, en atención a que el accionante
ha hecho caso omiso a los exhortos de las autoridades judiciales.
25. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado por el
señor Francisco Javier García Londoño ante la configuración de la cosa juzgada
constitucional y la temeridad.
SEGUNDO: ORDENAR -por tercera vez- al accionante Francisco Javier García
Londoño que se abstenga de presentar más acciones de tutela con identidad de
partes, objeto y causa a la que se estudió en esta providencia; valiéndose de artificios
y de formalidades para denotar la existencia de hechos nuevos inexistentes -como
se indicó en la parte considerativa-. El mencionado señor debe tener en cuenta que
el incumplimiento de esta orden habilitará a cualquier autoridad judicial, que conozca
de otro asunto similar a futuro, no sólo a declarar la temeridad, sino a -si lo estima
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible
comisión del delito de fraude a resolución judicial. Lo anterior, sin perjuicio de las
demás consecuencias legales que puedan derivar de futuras actuaciones
temerarias.
TERCERO: REMITIR copia de esta decisión a los despachos que integran la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, para que, ante acciones
de tutela futuras con identidad de partes, objeto y causa, valoren la posibilidad de
rechazar de plano, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. A su
vez, ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que, a futuro, en todas
las acciones de tutela que presente el señor Francisco Javier García Londoño, en
las que advierta identidad de partes, objeto y causa con el caso aquí estudiado,
11 Exp. 11001-03-15-000-2024-07030-01.
12 Exp. 11001-03-15-000-2024-06920-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05675-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
prevenga al despacho que deba conocer de su admisión, sobre lo dispuesto en esta
providencia.
CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
13 VF
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