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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00456-00

Fecha
21 de agosto de 2026
Consejero ponente
Conjuez María Andrea Calero Tafur
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00456-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "A", por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y al tercero interesado, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO. En el evento que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00456-00

Consejero ponente: Conjuez María Andrea Calero Tafur

21 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

Conjuez Ponente: María Andrea Calero Tafur

Bogotá, D. C., viernes veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00456-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección "A"
Tercero Interesado: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Tema: Tutela contra sentencia de tutela. Improcedencia por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Solicitud de amparo

El señor Francisco Javier García Londoño instauró acción de tutela contra la
Subsección "A" de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en procura de la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la
imparcialidad del juez, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados con la sentencia del diecisiete (17)
de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida por la autoridad accionada dentro
del expediente de tutela identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-
05675-00.

2.2. Pretensiones

Las pretensiones de la solicitud de amparo quedaron planteadas en los siguientes
términos:

"1. Que se deje sin efectos la Sentencia Judicial proferida en el proceso
constitucional con radicación 11001-03-15-000-2025-05675-00 de fecha 17 de
octubre de 2025, por vulneración al derecho fundamental al Debido Proceso y
al Juez Imparcial.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se profiera una nueva Sentencia
Judicial, en la cual [...] se amparen mis derechos fundamentales invocados como
vulnerados por la Sección Tercera-Subsección A del Consejo de Estado [...]: i)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ IMPARCIAL. ii) DERECHO A
LA IGUALDAD. iii) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN. IV) DERECHO AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

3. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE DECLARE LA NULIDAD DE LA
SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE 2019 CON
RADICACIÓN Nro. 11001-03-25-000-2012-00372-00, Y SE ME REINTEGRE A
MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES."

2.3. Hechos

2.3.1. El señor García Londoño se desempeñó como funcionario de carrera
administrativa en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—. Mediante
resolución disciplinaria, fue destituido e inhabilitado por doce (12) años para el ejercicio
de funciones públicas.

2.3.2. Contra la anterior decisión, el actor promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual fue resuelto en su contra mediante sentencia del
veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Subsección "A"
de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del radicado núm. 11001-03-25-
000-2012-00372-00.

2.3.3. A partir de la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019),
el señor García Londoño ha promovido al menos siete (7) acciones de tutela con la
pretensión material de obtener la nulidad de ese fallo y su reintegro a la DIAN,
identificadas con los radicados: (i) 11001-03-15-000-2019-03444-00; (ii) 11001-03-15-
000-2024-05185-00; (iii) 11001-03-15-000-2024-06125-00; (iv) 11001-03-15-000-2024-
06920-00; (v) 11001-03-15-000-2024-07030-00; (vi) 11001-03-15-000-2025-02472-00;

y (vii) 11001-03-15-000-2025-05675-00. En todas ellas se declaró la improcedencia del
amparo por cosa juzgada constitucional y temeridad.

2.3.4. La sentencia del diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida
por la Subsección "A" de la Sección Tercera del Consejo de Estado —la providencia
directamente cuestionada en la presente acción—, declaró la improcedencia de la
tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05675-00, al encontrar acreditada la
cosa juzgada constitucional y la temeridad. En la parte resolutiva de esa providencia
se ordenó al señor García Londoño abstenerse de presentar más acciones de tutela
con identidad de partes, objeto y causa, y se advirtió que su incumplimiento habilitaría
a cualquier juez para declarar la temeridad y, si lo estimaba procedente, compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación por la posible comisión del delito de fraude a
resolución judicial. Asimismo, se ordenó remitir copia de la decisión a todos los
despachos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para que, ante futuras
solicitudes de amparo con la misma triple identidad, valoraran la posibilidad de rechazar
de plano conforme al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

2.3.5. En el escrito de tutela, el actor sostiene que los magistrados de la Subsección
"A" de la Sección Tercera incurrieron en cosa juzgada fraudulenta al no haberse
declarado impedidos para conocer la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-
000-2025-05675-00, por cuanto, en su criterio, ya habían manifestado su opinión sobre
el asunto al haber fallado tutelas anteriores relacionadas con la misma controversia,
configurándose así la causal de impedimento prevista en el numeral 4.° del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.

2.4. Fundamentos de la vulneración

El actor invoca los siguientes defectos en la providencia del diecisiete (17) de octubre
de dos mil veinticinco (2025): defecto orgánico, defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, violación directa de la Constitución y defecto sustantivo, todos ellos
derivados, según aduce, de la omisión de los magistrados de la Subsección "A" de la
Sección Tercera de declararse impedidos para conocer la acción de tutela.

2.5. Trámite de la acción de tutela

2.5.1. Repartida la acción constitucional a la Subsección "B" de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, los magistrados que la integran manifestaron impedimento
conjunto, con fundamento en el numeral 6.° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, al haber actuado

como jueces de segunda instancia en el expediente núm. 11001-03-15-000-2025-
05675-01.

2.5.2. Surtido el sorteo de conjueces, fueron designados la doctora María Andrea
Calero Tafur como Conjuez Ponente y los doctores Sonia Marina Castro Mora y Juan
Pablo Araujo Ariza como conjueces integrantes de la Sala.

2.5.3. Mediante auto del nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026), la Sala de
Conjueces declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la
Subsección "B" de la Sección Segunda y ordenó remitir el expediente al Despacho de
la suscrita Conjuez Ponente.

2.5.4. En firme el anterior auto, mediante providencia del veintidós (22) de abril de dos
mil veintiséis (2026), la suscrita Conjuez Ponente rechazó por temeridad la solicitud de
amparo, con fundamento en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, así como en la
instrucción impartida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se ordenó remitir copia de esa decisión a todos los despachos
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para que, ante futuras acciones de
tutela del señor García Londoño con identidad de partes, objeto y causa, valoraran la
posibilidad de rechazar de plano en los términos de esa disposición.

2.5.5. El actor interpuso impugnación contra el auto de rechazo. Mediante auto del
cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026), la Sección Primera del Consejo de
Estado revocó el rechazo y dispuso proveer sobre la admisión.

2.5.6. El expediente ingresó al Despacho de la suscrita Conjuez Ponente el veinticinco
(25) de junio de dos mil veintiséis (2026), fecha en la cual tuvo conocimiento de la
decisión de la Sección Primera. Mediante auto del dos (2) de julio de dos mil veintiséis
(2026), se admitió la acción de tutela, se vinculó a la DIAN como tercero con interés
legítimo en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y se corrió traslado
a la Subsección "A" de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a la DIAN para que
rindieran el informe correspondiente dentro de los dos (2) días siguientes.

2.5.7. El expediente pasó al Despacho para fallo el quince (15) de julio de dos mil
veintiséis (2026).

2.5.8. Los Conjueces Castro Mora y Araujo Ariza manifestaron impedimento para
decidir de fondo esta acción de tutela.

2.5.9. Luego del sorteo de conjueces pertinente, para integrar la sala que pude resolver
sobre el impedimento manifestado, mediante auto de 4 de agosto del 2025 se declaró
infundado el impedimento manifestado.

2.5.10. El expediente pasó nuevamente al Despacho para fallo el veinte (20) de agosto
de dos mil veintiséis (2026).

2.6. Intervenciones

2.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección "A"

El Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, el nueve (9) de julio de dos mil
veintiséis (2026), rindió informe solicitando declarar improcedente la acción de tutela.
Señaló que: (i) la sentencia cuestionada fue proferida en primera instancia y fue objeto
de impugnación resuelta por la Subsección "B" de la Sección Segunda el tres (3) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025), providencia que no es directamente atacada;
(ii) no se acreditó que el fallo del diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
sea producto de una actuación fraudulenta; (iii) esta misma discusión ya fue propuesta
y resuelta en la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02472-00, en la que
se declaró la improcedencia, se ordenó al actor abstenerse de presentar más acciones
por los mismos hechos y se compulsaron copias a la Fiscalía; y que (iv) en últimas,
todas las acciones del actor están encaminadas a cuestionar la sentencia del veintiocho
(28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

2.6.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

La apoderada de la DIAN intervino el nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
solicitando: (i) su desvinculación del proceso, por estimar que no tiene legitimación en
la causa por pasiva al no haber vulnerado derecho fundamental alguno del accionante;
y (ii) subsidiariamente, que se declare la improcedencia de la acción por cosa juzgada
constitucional y temeridad.

Sobre este último punto, aportó un cuadro ilustrativo de las múltiples acciones de tutela
promovidas por el actor, todas dirigidas a cuestionar las providencias relacionadas con
su proceso disciplinario.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

Esta Sala de Conjueces es competente para conocer la presente acción de tutela en
primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución

Política, los artículos 37 y 39 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 7.° del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 del Consejo de Estado.

3.2. Problema jurídico

Con arreglo a los antecedentes expuestos y a las pretensiones formuladas,
corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

¿La acción de tutela instaurada por el señor Francisco Javier García Londoño
contra la Subsección "A" de la Sección Tercera del Consejo de Estado cumple
los requisitos de procedencia de la tutela contra sentencia de tutela establecidos
en la Sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional, en particular el
requisito de relevancia constitucional?

Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará: (i) el marco de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias de tutela; (ii) el requisito de relevancia
constitucional y sus particularidades en este tipo de acciones; y (iii) el caso concreto.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela:
el marco de la SU-627 de 2015

3.3.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación del cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014), reconoció la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluyendo las
proferidas por las altas corporaciones, adoptando los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005.

3.3.2. Ahora bien, cuando la tutela se dirige específicamente contra una sentencia de
tutela —como ocurre en el presente caso—, el régimen de procedencia es más estricto.
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-627 de dos mil quince (2015), unificó la
jurisprudencia sobre esta materia y estableció que, como regla general, la tutela contra
sentencia de tutela no procede. Sin embargo, admitió una excepción cuando exista
fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
que, además de cumplir con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, se acrediten tres presupuestos específicos:

(i) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada.

(ii) Que se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en
la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (fraus omnia
corrumpit).

(iii) Que no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

3.3.3. Entre los requisitos generales de procedibilidad, ocupa un lugar central el de la
relevancia constitucional, cuyo cumplimiento debe ser verificado con especial rigor
cuando se cuestiona una providencia proferida por una alta corte. La Corte
Constitucional, en la Sentencia SU-215 de dos mil veintidós (2022), precisó que este
requisito persigue: (i) respetar las competencias de las distintas jurisdicciones; (ii)
proteger la autonomía e independencia de los jueces; (iii) preservar la específica
finalidad de la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos
fundamentales; y (iv) prevenir su uso indebido como instancia adicional de los procesos
ordinarios.

3.3.4. En esa línea, la relevancia constitucional exige que el asunto involucre un debate
jurídico genuino en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y
no una mera inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural. Lo que se
somete al escrutinio del juez de tutela es la validez constitucional de la providencia
cuestionada, no su corrección jurídica. Por ello, cuando la acción de tutela no logra
demostrar una vulneración real y grave de garantías fundamentales —sino que, bajo
ese ropaje, lo que se persigue es reabrir un debate ya zanjado—, el requisito de
relevancia constitucional no se supera y procede declarar la improcedencia sin
necesidad de estudiar el fondo del asunto.

3.4. Caso concreto

3.4.1. La Sala encuentra, de entrada, que la presente acción de tutela no supera el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que se exponen a
continuación.

3.4.2. El actor encuadra su solicitud de amparo en la figura de la cosa juzgada
fraudulenta, sosteniendo que los magistrados de la Subsección "A" de la Sección
Tercera debieron declararse impedidos al amparo del numeral 4.° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal, por haber fallado tutelas anteriores relacionadas con
el mismo asunto.

Sin embargo, al examinar el contenido real de la controversia, se evidencia que no se
está ante un problema jurídico-constitucional genuino y autónomo sobre la
imparcialidad del juez, sino ante un vehículo argumentativo para impugnar, una vez
más, la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

En palabras de la propia Subsección "A" de la Sección Tercera —cuyo análisis
comparte esta Sala—, la acción introduce "artificios y formalidades para denotar la
existencia de hechos nuevos inexistentes".

3.4.3. En ese orden, la controversia planteada por el actor no involucra un debate
jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental de
manera autónoma e independiente. Lo que en realidad se persigue es obtener la
corrección de una decisión judicial que le fue desfavorable, utilizando la acción de tutela
como instancia adicional para reabrir un debate que la jurisdicción constitucional ha
resuelto de manera reiterada y uniforme en contra de sus pretensiones. Esto es
precisamente lo que la jurisprudencia constitucional ha identificado como incompatible
con el requisito de relevancia constitucional.

3.4.4. A lo anterior se suma un elemento adicional que refuerza la ausencia de
relevancia constitucional: esta misma discusión —la supuesta obligación de los
magistrados de la Subsección "A" de la Sección Tercera de declararse impedidos por
haber conocido tutelas anteriores relacionadas con la sentencia del veintiocho (28) de
marzo de dos mil diecinueve (2019)— ya fue planteada y resuelta en la tutela con
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02472-00, en la que se declaró la improcedencia
y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación. La Subsección "A" de la
Sección Tercera, al conocer la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-05675-
00, expuso con claridad que el hecho de haber fallado tutelas anteriores relacionadas
con la sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019) no
configuraba la causal de impedimento del numeral 4.° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, pues en esos eventos no se realiza un nuevo estudio sobre el
fondo de la discusión sino una verificación de la cosa juzgada.

Así, el actor no introduce ningún argumento nuevo que cuestione ese análisis desde
una perspectiva constitucional autónoma.

3.4.5. A lo anterior cabe agregar que, la presente acción tampoco satisface los
presupuestos específicos que la Sentencia SU-627 de dos mil quince (2015) exige para
la procedencia excepcional de la tutela contra sentencia de tutela por cosa juzgada
fraudulenta. En efecto, dichos presupuestos son de carácter concurrente y todos deben

acreditarse de manera clara y suficiente; la ausencia de cualquiera de ellos conduce a
la improcedencia.

3.4.6. El primero de esos presupuestos —que la acción no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada— no se acredita en términos materiales. Si bien
el accionado formal es en esta ocasión la Subsección “A” de la Sección Tercera en
lugar de la Sección Segunda, la pretensión sustancial es idéntica a la de las acciones
anteriores: obtener la nulidad del fallo del veintiocho (28) de marzo de dos mil
diecinueve (2019) y el reintegro a la DIAN y así la confiesa la última de las pretensiones
de la solicitud de amparo. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la identidad
procesal se predica en términos jurídicos y no meramente formales, de suerte que la
variación en el accionado no basta para desvirtuar la equivalencia material de las
pretensiones.

El segundo presupuesto —demostración clara y suficiente del fraude— tampoco se
satisface. El actor sostiene que los magistrados de la Subsección “A” de la Sección
Tercera incurrieron en fraude al no declararse impedidos por haber fallado tutelas
anteriores relacionadas con el mismo asunto. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que el fraude en materia de tutela exige demostrar que la
decisión fue proferida con fines ilegales, que es producto de un negocio fraudulento, o
que deriva de una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena fe judicial. Ninguno de esos supuestos se acredita en el
presente caso: la Subsección “A” de la Sección Tercera expuso de manera motivada y
razonada por qué el hecho de haber fallado tutelas anteriores sobre el mismo asunto
no configura la causal de impedimento del numeral 4.° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, al tratarse de decisiones jurisdiccionales en ejercicio de la función
judicial y no de opiniones extraprocesales en los términos exigidos por esa causal. Una
discrepancia del actor con ese razonamiento no equivale a fraude.

El tercer presupuesto —ausencia de otro mecanismo eficaz— tampoco se cumple,
pues, como se anotó, el señor García Londoño promovió una primera acción de tutela,
tramitada con el (i) Rad. Núm. 11001-03-15-000-2019-03444-00(01) ante esta
Corporación, en cuyo seno se analizó el fondo del asunto y se negaron las solicitudes
de amparo. En dicha oportunidad, los juzgadores de instancia concluyeron que la
autoridad accionada no incurrió en los defectos alegados, en la medida en que se
efectuó una interpretación razonable con fundamento en las normas aplicables al
asunto. Dicho expediente fue excluido de revisión por parte de la Corte Constitucional
mediante el Auto del 28 de agosto de 2020 y, frente al mismo, no se presentó ninguna
solicitud de insistencia. En tal virtud, es claro que el auto quedó ejecutoriado y las
sentencias en cuestión hicieron tránsito a cosa juzgada.

Con posterioridad, el señor García Londoño continuó acudiendo ante esta Corporación
en ejercicio de la acción de tutela -contra providencia judicial-, con el propósito de
solicitar, materialmente, que se deje sin efectos el fallo del 28 de marzo de 2019,
proferido por la Subsección “A” de la Sección Segunda. Para ilustrarlo, en las acciones
constitucionales tramitadas con el Rad. Núm. (ii) 11001-03-15-000-2024 05185-00(01),
(iii) 11001-03-15-000-2024-06125-00(01), (iv) 1001-03-15-000-2024-06920-00(01), (v)
11001-03-15-000-2024-07030-00(01), (vi) 11001-03-15-000-2024-07030-00(01) y en el
expediente (vii) 11001-03-15-000-2025-05675-00(01), se declaró la improcedencia de
la acción de tutela ante la configuración de la cosa juzgada constitucional y la
temeridad.

3.4.7. Con el propósito de ilustrar el punto se hará un parangón de la acción de tutela
objeto de estudio con dos de los procesos más recientes, incluido el que se cuestiona
en esta oportunidad.

Radicado Rad. Núm. 11001-03-15- Rad. Núm. 11001-03-15- Rad. Núm. 11001-03-15-
000-2026-00456-00 000-2025-05675-00(01) 000-2024-06920-00(01)
Accionante Francisco Javier García Francisco Javier García Francisco Javier García
Londoño Londoño Londoño
Accionado Subsección “A” de la Sección Subsección “A” de la Sección Subsección “A” de la Sección
Tercera (Consejo de Estado) Segunda (Consejo de Segunda (Consejo de Estado)
Estado)
Objeto Solicita el amparo de sus Solicitó el amparo de sus Solicita el amparo de sus
derechos fundamentales al derechos fundamentales al derechos fundamentales a la
debido proceso, al juez debido proceso, acceso a la igualdad, a la dignidad
natural, a la imparcialidad del administración de justicia, humana, a la libre escogencia
juez, a ejercer un cargo igualdad, acceso a cargos de profesión u oficio y a
público en carrera públicos y trabajo, así como desempeñar cargos públicos,
administrativa, a la igualdad, los principios de favorabilidad presuntamente vulnerados
a la tutela judicial efectiva y el y pro homine. Como por la Subsección “A” de la
derecho de acceso a la consecuencia de dicho Sección Segunda al proferir el
administración de justicia. amparo, pretende que se fallo del 28 de marzo de 2019.
Como consecuencia del deje sin efectos el fallo del 28 Como consecuencia del
amparo, solicita que se deje de marzo de 2019, proferido amparo tutelar, solicitó el
sin efectos el fallo de tutela por la Subsección “A” de la reintegro al cargo de carrera
proferido dentro del Rad Sección Segunda del administrativa desempeñado
Núm.11001-03-15-000-2025- Consejo de Estado, en el en la DIAN.
05675-00 y, asimismo, que se marco del medio de control
declare la nulidad (sic) del de nulidad y restablecimiento
fallo del 28 de marzo de 2019, del derecho tramitado con el
proferido por la Subsección Rad. Núm. 11001-03-25-
“A” de la Sección Segunda 000-2012-00372-00.
del Consejo de Estado, en el
marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento
del derecho tramitado con el

Rad. Núm. 11001-03-25-
000-2012-00372-00.
Causa Considera que la autoridad La parte actora sostuvo que El accionante sostuvo que la
demandada incurrió en un la autoridad demandada autoridad accionada incurrió
defecto orgánico, sustantivo, incurrió en los defectos en el defecto sustantivo y en
procedimental, en violación procedimental absoluto y la violación directa de la
directa de la Constitución, y sustantivo por Constitución.
que se configuró la cosa desconocimiento del
juzgada fraudulenta por el precedente judicial, así como
hecho de no haberse en violación directa de la
declarado impedidos al Constitución.
momento de fallar la tutela.

Lo anterior evidencia que el actor ha tenido todas las oportunidades procesales a su
disposición para mostrar su postura.

3.4.8. En conclusión, la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional exigido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y en particular
contra sentencias de tutela. Lo que el actor plantea es, en esencia, una inconformidad
con decisiones judiciales que le han sido adversas y que hicieron tránsito a cosa
juzgada, sin que los argumentos expuestos logren demostrar una vulneración grave y
autónoma de sus derechos fundamentales. Al no superarse este requisito, la acción
resulta improcedente y no hay lugar a examinar los demás requisitos de procedibilidad
ni los defectos invocados.

IV. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección "A", por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y al tercero interesado, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO. En el evento que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARÍA ANDREA CALERO TAFUR
Conjuez Ponente

SONIA MARINA CASTRO MORA JUAN PABLO ARAUJO ARIZA
Conjuez Conjuez

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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