Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06125-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06125-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06125-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06125 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06125 00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tesis: Hay lugar a declarar la cosa juzgada constitucional
cuando existe identidad de partes, hechos y
pretensiones respecto de otra acción de tutela que fue
excluida de revisión por la Corte Constitucional y no se
acreditan hechos nuevos que permitan concluir que se
trata de una controversia diferente.
Hay lugar a declarar la temeridad cuando existe
identidad de partes, hechos y pretensiones respecto de
otras peticiones de amparo y el accionante no expone
ninguna razón que justifique dicha actuación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier
García Londoño en contra de la sentencia proferida el 28 de marzo de
2019 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
radicado nro. 11001 03 25 000 2012 00372 00.
1
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06125 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] *QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE 2019 CON RADICADO
11001032500020120037200 DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ‘DE ÚNICA INSTANCIA’.
*QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS POR
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA DIAN CONTENIDOS
EN LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES 8300060-2009-01 DE 30 DE ABRIL
DE 2007, 6027 DE 24 DE MAYO DE 2007 Y 7319 DE 21 DE JUNIO DE
2007COMO SON: i) DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL
JUEZ NATURAL O FUNCIONARIO COMPETENTE. ii) DERECHO A LA
IGUALDAD, iii) DERECHO A EJERCER CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN. y iv) DERECHO A DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES […]”.
(Mayúsculas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Indicó que “(…) la presente Acción de Tutela, se origina como
consecuencia de un proceso disciplinario en el cual la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL-DIAN profirió la Resolución 8300060-2009-
001 del 30 de abril de 2007, (…) en la que me ‘DESTITUYE E INHABILITA
POR 12 AÑOS DEL SECTOR PUBLICO’ (…)”, dicho acto administrativo fue
acusado en el medio de control en el que se dictó la sentencia contra la
cual se dirige la acción constitucional.
1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Señaló que la sentencia censurada incurrió en el defecto de violación
directa de la constitución porque “(…) realizó una lectura contraria a los
artículos 1°, 2°, 29° y 93° de la Constitución, respecto de la
‘INHABILIDAD SOBREVINIENTE’, contraria a los principios pro persona,
de favorabilidad y pro libertatis (…)”; así mismo, que incurrió en defecto
sustantivo porque “(…) la interpretación que se hizo del numeral 4 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (…) resulta irrazonable y contraria a la
Constitución (…)”.
Adujo que la aludida sentencia desconoció el artículo 53 de la Constitución
Política, porque “(…) los consejeros ‘OMITIERON APLICAR EL PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO’ (…)”, toda vez que “(…) al
numeral 4° del artículo 38 de la LEY 734 DE 2002 como cualquier otra
norma en materia disciplinaria, se le debe aplicar el principio de
favorabilidad (…)”, por cuanto “(…) admite varias interpretaciones, con
relación al CESE DE LA INHABILIDAD SOBREVINIENTE por haber sido
declarado responsable fiscalmente; y los efectos del pago del fallo fiscal
cuando este es acreditado por la Contraloría respectiva (…)”.
Manifestó que “(…) tanto la DIAN en la actuación disciplinaria como los
consejeros ponentes en los diferentes medios de control, han acogido en
la interpretación de la norma ‘LA SITUACIÓN MENOS FAVORABLE AL
TRABAJADOR’ (…)”, y que en el caso “(…) es forzoso señalar, que el efecto
útil de la norma del numeral 4° del artículo 38 de la ley 734 de 2002
permite entender que el responsable fiscal que paga el fallo y resarce en
la totalidad el detrimento patrimonial, puede continuar laborando en la
entidad puesto que la ‘INHABILIDAD SOBREVINIENTE HA
DESAPARECIDO’ (…)”.
En el escrito de tutela presentó “(…) el siguiente cuadro que contiene los
fallos de primera y segunda instancia relacionado[s] con las diferentes
acciones de tutela que he interpuesto; en él se puede observar que ‘DE
MANERA CAPRICHOSA Y ARBITRARIA NUNCA HA EXISTIDO UN
3
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO YA QUE SIEMPRE HAN IMPUESTO LOS
REQUISITOS FORMALES DE LA ACCIÓN DE TUTELA SACRIFICANDO EL
DERECHO SUSTANCIAL Y LA VERDAD OBJETIVA, CON LO CUAL EST[Á]N
DESCONOCIENDO EL ARTÍCULO 228 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
(…)’:
Tutela contra
11001-03-15-
Sentencia del 18 de febrero de Declara
000-2021-08662 Tutela
Recurso de 2022 Improcedente
00
Revisión
11001-03-15-
Impugnación de 26 de abril de Confirma Sentencia
000-2021-08662
Tutela 2022 de Tutela
01
11001-03-15-
Tutela contra 29 de julio de Declara
000-2022-02768- Tutela
Fallo de Tutela 2022 Improcedente
00
11001-03-15-
Impugnación de 6 de octubre de Confirma Sentencia
000-2022-02768-
Tutela 2022 de Tutela
01
Tutela contra
11001-03-15-
Sentencia del 26 de enero de Declara
000-2022-06171- Tutela
Recurso de 2023 Improcedente
00
Revisión
11001-03-15-
Impugnación de 24 de abril de Confirma Sentencia
000-2022-06171-
Tutela 2023 de Tutela
01
Tutela contra Declara
11001-03-15-
Sentencia del 14 de abril de Improcedente por
000-2023-01080- Tutela
Recurso de 2023 Cosa Juzgada
00
Revisión Constitucional
11001-03-15- Declara Cosa Juzgada
Impugnación de 8 de junio de
000-2023-01080- y Rechaza por
Tutela 2023
01 Temeridad
Declara
11001-03-15-
Tutela contra 23 de octubre de Improcedente y
000-2023-04221- Tutela
Fallo de Tutela 2023 Sanciona por
00
Temeridad
11001-03-15-
Impugnación de Sin fallo a la
000-2023-04221- (...)
Tutela fecha
01
11001-03-15- Declara
Tutela contra 7 de noviembre
000-2023-03293- Tutela Improcedente por
Fallo de Tutela de 2023
00 Temeridad
11001-03-15-
Tutela contra 5 de septiembre Declara
000- Tutela
Fallo de Tutela de 2024 Improcedente
2024-02493-00
11001-03-15- Tutela contra
25 de octubre de Declara
000- Tutela fallo de N Y R
2024 Improcedente
2024-05185-00 DERECHO
En este sentido, señaló que esta solicitud de amparo se presenta “(…) con
fundamento y/o justificación en ‘HECHOS NOVEDOSOS CONTENIDOS EN
LA SENTENCIA SU-342 DE 2024’, con los cuales se demuestra que la
Sentencia recurrida incurrió en dos defectos (violación directa de la
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Constitución y sustantivo); por lo cual dicha vulneración a los derechos
fundamentales invocados es permanente, continua y actual en el tiempo
(…)”.
Sostuvo que “(…) según la Sentencia SU-342 de 2024, resulta útil acudir
a los criterios de interpretación pro homine o pro persona y de
favorabilidad en materia laboral <in dubio pro operario>, los cuales
imponen que en caso de duda sobre el alcance o el sentido de una norma
debe primar el que favorezca en mayor medida al trabajador (…)”.
Concluyó señalando que no se configura cosa juzgada constitucional ni
temeridad en el caso porque la Corte Constitucional ha establecido como
excepción para la aplicación de tales figuras que existan hechos nuevos o
que el juez que falló la primera tutela no haya resuelto de fondo el
problema jurídico puesto a su consideración.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 13 de noviembre de 20242, vía correo
electrónico enviado a la Secretaría General de la Corporación, y
correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 19 de
noviembre de 20243 la admitió y dispuso notificar4 a la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte accionada; así como
vincular a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN5, como
tercero interesado en el resultado del proceso.
De igual forma, solicitó a la Subsección A, Sección Segunda de la
Corporación que allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del
2
Ibidem.
3
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
4
Esta orden se cumplió el 22 de noviembre de 2024. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
06125 00.
5
Ibidem.
5
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 11001 03 25 000
2012 00372 00, el cual fue remitido6.
3.2. El Consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves rindió informe7 en
“(…) condición de consejero en encargo del despacho que tuvo bajo su
conocimiento la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada
con el No. 11001 03 25 000 2012 00372 00 (…)”, señaló que la tutela no
cumple el requisito de inmediatez porque la sentencia contra la cual se
dirige se notificó el 14 de mayo de 2019 y la presente acción se radicó el
13 de noviembre de 2024.
Agregó que la tutela es temeraria porque en reiteradas oportunidades el
accionante ha solicitado el amparo con sustento en supuestos fácticos
similares que pretende sean nuevamente debatidos 8; solicitó declarar
improcedente la acción, o que en el evento de que se conozca de fondo
se nieguen las pretensiones.
3.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, por
conducto de apoderado judicial, rindió informe9 solicitando que se declare
improcedente el amparo por “(…) la inexistencia de vulneración normativa
alguna, existencia de cosa juzgada constitucional de algunas tutelas,
inexistencia de vulneración de derecho fundamental, falta de inmediatez
y configurarse el fenómeno de la temeridad (…)”.
Relacionó los siguientes radicados de tutelas que ha presentado el
accionante previamente, en las que “(…) se ha insistido que desde un
primer momento fue revisada su argumentación y que sobre la misma no
se puede variar en razón a su consideración particular de no haberse
pronunciado la jurisdicción de fondo sobre el tema (…)”: 11001 03 15 000
6
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
7
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
8
Para lo cual hizo referencia a los siguientes radicados: 11001 03 15 000 2019 03444
00 y 11001 03 15 000 2024 05185 00.
9
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
6
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
2019 03444 01; 11001 03 15 000 2021 08662 01; 11001 03 15 000 2022
02768 01; 11001 03 15 000 2022 06171 00; 11001 03 15 000 2023
01080 00; 11001 03 15 000 2023 04221 00; 11001 03 15 000 2023
03293 00; 05001 31 10 007 2023 00738 00; 05001 31 03 021 2024
00051 00; 11001 02 03 000 2024 00909 00; 11001 03 15 000 2024
02493 00; 11001 03 15 000 2024 05185 00; y 11001 03 15 000 2024
06125 00.
De igual forma mencionó que, en la sentencia dictada el 8 de junio de
2023 en la tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01080 00, se
declaró la cosa juzgada constitucional.
Indicó que en el caso “(…) el accionante comienza reiterando la aplicación
del principio de favorabilidad y así volver a cuestionar las decisiones
tomadas en el proceso disciplinario cuando estas ya han sido revisadas
por la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en consideración
argumentos que ya han tenido respuesta pero que no han sido del agrado
del hoy accionante, cuando de la lectura de ellos, se puede identificar con
criterio, que s[í] fueron analizados sus planteamientos (…)”.
Agregó respecto de la inmediatez de la acción que “(…) los actos fueron
expedidos en el año 2007, luego han transcurrido varios años e impide
proceder por incumplimiento de este requisito (…)”; de igual manera,
frente a la temeridad señaló que “(…) se constata que el reproche de la
parte actora en todas sus acciones son de la misma naturaleza [de] la
nulidad de los actos proferidos en el proceso disciplinario (…)”, y que “(…)
la carga argumentativa del accionante, respecto al pronunciamiento de
fondo, se dio desde el fallo que estableció la responsabilidad disciplinaria
y fue corroborado como se muestra con este escrito en los diferentes
pronunciamientos en los que se ha buscado algún argumento adicional
para continuar ventilando la misma situación planteada y decidida por la
jurisdicción (…)”.
7
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
3.4. El expediente ingresó al despacho para fallo el 29 de noviembre de
202410.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199111 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
4.2.1. El accionante, mediante apoderado judicial, presentó demanda
contra la DIAN, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó la nulidad de las (i) Resoluciones
nro. 8300060-2009-001 y 06027 del 30 de abril y 24 de mayo de 2007,
respectivamente; por medio de las cuales se le sancionó
disciplinariamente con destitución del cargo que desempeñaba en la
10
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
11
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
12
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
13
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15
Lo que se desprende del expediente del medio de control identificado con el radicado
nro. 11001 03 25 000 2012 00372 00. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06125 00.
8
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
entidad, e inhabilidad para desempeñar funciones públicas por el término
de 12 años; y la ii) Resolución nro. 07319 de 21 de junio de 2007, a través
de la cual se ejecutaron tales sanciones.
4.2.2. La precitada demanda fue conocida por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, bajo el nro. de radicado 11001 03 25
000 2012 00372 00 y mediante sentencia del 28 de marzo de 2019 se
denegaron las pretensiones.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la parte accionante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales que estima fueron vulnerados por la Subsección
A, Sección Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia
proferida en única instancia el 28 de marzo de 2019, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro.
11001 03 25 000 2012 00372 00, y alega como “(…) ‘HECHOS
NOVEDOSOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA SU-342 DE 2024’ [de la
Corte Constitucional], con los cuales se demuestra que la Sentencia
recurrida incurrió en dos defectos <violación directa de la Constitución y
sustantivo> (…)”.
Por su parte, la autoridad judicial accionada aseveró que la tutela es
temeraria porque en reiteradas oportunidades el accionante ha solicitado
el amparo con sustento en supuestos fácticos similares que pretende sean
nuevamente debatidos16, de igual forma, la DIAN consideró que debe
declararse improcedente la tutela por “(…) la inexistencia de vulneración
normativa alguna, existencia de cosa juzgada constitucional de algunas
tutelas, inexistencia de vulneración de derecho fundamental, falta de
inmediatez y configurarse el fenómeno de la temeridad (…)”.
16
Para lo cual hizo referencia a los siguientes radicados: 11001 03 15 000 2019 03444
00 y 11001 03 15 000 2024 05185 00.
9
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Bajo dicho contexto, la Sala estima pertinente analizar si operó la cosa
juzgada constitucional alegada por la DIAN, y, si la parte accionante está
incurriendo en una actuación temeraria conforme a lo planteado por la
misma entidad y la autoridad judicial accionada.
4.3.1. De la cosa juzgada constitucional en acciones de tutela
La Corte Constitucional ha precisado que, en cuanto a la cosa juzgada en
materia de tutela, “(…) el juez (…), debe verificar si convergen los
siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; y
(iii) identidad de pretensiones. La verificación de esta triple identidad,
prima facie, torna improcedente la nueva acción de tutela como quiera
que sobre el asunto objeto de análisis existe una decisión judicial
definitiva e inmutable (…)”17.
De igual forma, ha dicho la Corte Constitucional que “(…) por regla
general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa
juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional
decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se
configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este
Tribunal (…)”18.
Por último, la misma corporación aludida ha señalado que una de las
excepciones a la cosa juzgada constitucional es la ocurrencia de hechos
nuevos posteriores a la respectiva decisión que se invoca, y que “(…)
cuando se alega un hecho nuevo con base en la expedición de una
sentencia judicial, (…) // no cualquier pronunciamiento puede tomarse
como un hecho nuevo, pues para ello se requiere, por un lado, que tenga
vocación de universalidad como las sentencias de constitucionalidad y las
17
Corte Constitucional. Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Véase igualmente: Corte Constitucional. Sentencia SU-345 de 2024. M.P. Juan
Carlos Cortés González.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
Véase igualmente: Corte Constitucional. Sentencia SU-397 de 2022. M.P. Diana Fajardo
Rivera.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
de unificación y de otro lado que, en efecto, el nuevo fallo aborde
situaciones jurídicas novedosas que no se hubiesen desarrollado con
anterioridad (…)”19.
4.3.2. Actuación temeraria en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela es interpuesta por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que la temeridad se
configura cuando se presentan los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones, y (iv) la
ausencia de justificación en la radicación de la nueva tutela, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del accionante20.
También ha señalado la citada Corporación que la actuación no es
temeraria cuando, si bien existe más de una petición de tutela, esta se
funda en (i) la falta de conocimiento del demandante; (ii) el
asesoramiento errado por parte de los abogados o (iii) el sometimiento
del actor a un estado de indefensión “(…) propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho”. En tales casos, “si bien la tutela debe
ser declarada improcedente, la actuación no se considera ‘temeraria’ y,
por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante (…)”21.
Adicionalmente, en la sentencia SU-027 de 202122 la Corte Constitucional
precisó que en los siguientes supuestos es posible que una persona
19
Ibidem.
20
Corte Constitucional. Sentencia T–162 del 2 de mayo de 2018. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
21
Ibídem.
22
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06125 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
interponga nuevamente una acción de tutela, sin que ello configure una
actuación temeraria: (i) La consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma; o (ii) “(…) cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones (…)”.
4.3.3. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala advierte que, el accionante promovió
las acciones de tutela identificadas con los radicados nro. 11001 03 15
000 2019 03444 00/01, 11001 03 15 000 2023 01080 00/01 y 11001
03 15 000 2024 05185 00/01, en contra de la sentencia proferida el 28
de marzo de 2019 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el radicado nro. 11001 03 25 000 2012 00372 00, que se cuestiona
en la presente solicitud de amparo.
Por lo tanto, es pertinente establecer si entre dichas solicitudes de amparo
y la que es objeto de este trámite tutelar, existe identidad de partes, de
hechos y de pretensiones, y las decisiones han sido revisadas por la Corte
Constitucional, así:
Acción de tutela radicado Acción de tutela radicado Acción de tutela radicado
nro. 2019-03444-00/0123 nro. 2023-01080-00/01 nro. 2024-05185-0024
Partes: Partes: Partes:
• Accionante: Francisco - Accionante: Francisco - Accionante: Francisco Javier
Javier Londoño y Ángela Javier Londoño Londoño
María García Londoño
23
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2019 03444 01.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
• Accionado: Consejo de - Accionado: Consejo de - Accionado: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Estado, Sección Estado, Sección Segunda,
Subsección A Segunda - Subsección A; Subsección A
Sala Especial de Decisión
nro. 25;
Sección Tercera -
Subsecciones A, B y C; y
Sección Cuarta.
Objeto: Objeto25: Objeto:
“(…) 1. TUTELAR los “(…) 1. Que se profiera “(…) *QUE COMO
derechos fundamentales ‘sentencia de reemplazo’ en CONSECUENCIA DE LO
(sic) Francisco Javier García la cual se ampares mis ANTERIOR SE ORDENE A LA
Londoño y Ángela María derechos SECCIÓN SEGUNDA-
García Londoño al debido fundamentales: I) A SUBSECCIÓN A QUE
proceso, al acceso a la EJERCER CARGO DE PROFIRIÓ LA SENTENCIA
administración de justicia y a CARRERA ADMINISTRATIVA. CON RADICADO
la seguridad jurídica, que II) A LA 11001032500020120037200,
han sido vulnerados por la HORAN (sic) Y AL BUEN QUE ADOPTE UNA DECISIÓN
Sección Segunda, NOMBRE. III) A LA AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO
Subsección A, Sala de lo IGUALDAD. IV) AL DEBIDO LO SUSTANCIAL SEGÚN LOS
Contencioso Administrativo - PROCESO. ARTÍCULOS 29° Y 228° DE LA
Consejo de Estado al expedir CONSTITUCIÓN POLÍTICA,
una decisión que vulnera los (…) FRENTE A UN ANÁLISIS
derechos constitucionales RESTRICTIVO A PARTIR DE
fundamentales de los 7. Que se deje sin efectos el ELEMENTOS PURAMENTE
accionantes demandantes al fallo dictado por la Sección FORMALES.
ser constitutiva de una vía de Segunda – Subsección A
hecho judicial. medio de control de nulidad *QUE SE AMPAREN MIS
y restablecimiento del DERECHOS FUNDAMENTALES
2. Como consecuencia de lo derecho radicación 11001- VIOLADOS POR LOS ACTOS
anterior, se deje sin efectos 03-25-000-2012-00372-00, ADMINISTRATIVOS
la sentencia de dl (sic) 28 de de fecha 28 de marzo de PROFERIDOS POR LA DIAN
marzo de 2019 Radicado: 2019 (…)” (se destaca) CONTENIDOS EN LAS
110010325000201200372 SIGUIENTES RESOLUCIONES
00 Numero interno 1425- 8300060-2009-01 DE 30 DE
2012, notificada por edicto ABRIL DE 2007, 6027 DE 24
del 10 al 14 de mayo de 2019 DE MAYO DE 2007 Y 7319 DE
proferida por la Sección 21 DE JUNIO DE 2007 COMO
Segunda, Subsección A, Sala SON: i) DERECHO
de lo Contencioso FUNDAMENTAL AL DEBIDO
Administrativo — Consejo de PROCESO Y AL JUEZ
Estado (…). NATURAL O FUNCIONARIO
COMPETENTE. ii) DERECHO A
3. Consecuente con lo LA IGUALDAD, iii) DERECHO A
anterior, se ordene al (sic) EJERCER CARGO DE
Sección Segunda, CARRERA ADMINISTRATIVA
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Subsección A, Sala de lo EN LA DIAN. y iv) DERECHO
Contencioso Administrativo DE ACCESO A LA
— Consejo de Estado dictar ADMINISTRACIÓN DE
una nueva providencia en el JUSTICIA.
proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho *QUE, COMO CONSECUENCIA
instaurado por Francisco DEL AMPARO DE MIS
Javier García Londoño y DERECHOS FUNDAMENTALES
Ángela María García Londoño INVOCADOS, SE ME
en contra de la Dirección de REITEGRE A MI CARGO DE
Impuestos y Aduanas CARRERA ADMINISTRATIVA
Nacionales DIAN radicado EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN
con el número Radicado: DE CONTINUIDAD PARA
11001032500020120037200 TODOS LOS EFECTOS
(…) acogiendo la LABORALES Y LEGALES (…)”
normatividad aplicable al (se destaca).
caso concreto y la
interpretación constitucional
efectuada por la Corte
Constitucional en la
sentencia referenciadas, así
como efectuando una
adecuada apreciación y
valoración de las pruebas
que acreditan dentro del
proceso (…)”(se destaca).
Hechos-Fundamentos: Hechos-Fundamentos: Hechos-Fundamentos:
“(…) Indicó que, mediante “(…) 7. Refirió que, con “(…) Teniendo en cuenta el
fallo 8300060-2009-001 de posterioridad y mediante Principio de Favorabilidad en
30 de abril de 2007, la Resolución N.°8300060- Materia Laboral, es
Dirección Regional 2009-001 del 30 de abril de importante resaltar que la
Noroccidente-División de 2007, la DIAN profirió fallo presente Acción de Tutela, se
Investigaciones Especiales de responsabilidad origina como consecuencia de
de la DIAN, en primera disciplinaria que lo sancionó un proceso disciplinario en el
instancia, lo declaró con destitución e inhabilidad cual la UNIDAD
responsable general por un periodo de 12 ADMINISTRATIVA ESPECIAL-
disciplinariamente y años para desempeñar DIAN profirió la Resolución
sancionó con destitución e cargos públicos. 8300060-2009-001 del 30 de
inhabilidad para desempeñar (…) abril de 2007, la cual, aparte
cargos públicos por el de que desconoció el Principio
término de 12 años. Decisión 9. Por lo anterior, el señor de Favorabilidad en materia
confirmada por el director García Londoño instauró laboral, es firmada por una
general de la DIAN, mediante demanda de nulidad y supernumeraria
Resolución núm. 06027 de restablecimiento de derecho incompetente CATALINA
24 de mayo de 2007 y contra la DIAN en proceso RAMIREZ SUAREZ, y en la
mediante la Resolución núm. con radicado N.º 11001-03- que me ‘DESTITUYE E
07319 de 21 de junio de 25-000-2012-00372-00 y INHABILITA POR 12 AÑOS
2007 se ejecutó la sanción mediante sentencia de única DEL SECTOR PUBLICO’, con el
disciplinaria. instancia del 28 de marzo de siguiente argumento falso
puesto que para la fecha de
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6. Adujo que, en contra 2019, el Consejo de Estado, 30 de abril de 2007 yo ya
de las decisiones que Sección Segunda, había pagado en su totalidad
impusieron la sanción Subsección A negó las los dos fallos de
disciplinaria, interpuso pretensiones (…)”26. responsabilidad fiscal según
acción de nulidad y la Resolución No. 126 de 31
restablecimiento del derecho “(…) Se debe reiterar que en de mayo de 2006 y la
bajo el radicado núm. 2012- todos los medios de control Resolución No. 044 de 2 de
00372-00, adelantados hasta el junio de 2006; ambas
correspondiéndole el momento se ha vulnerado EL proferidas por la
conocimiento en única NÚCLEO ESENCIAL AL CONTRALORÍA GENERAL DE
instancia a la Sección DEBIDO PROCESO (…) Y EL LA REPÚBLICA (…).
Segunda, Subsección “A” del PRINCIPIO DE
Consejo de Estado. FAVORABILIDAD TANTO EN (…)
PROCESOS JUDICIALES
7. El 28 de marzo de COMO EN ACTUACIONES 2.2.2. VULNERACIÓN
2019, la Sección Segunda, ADMINISTRATIVAS (…). PERMANENTE, CONTINÚA Y
Subsección “A” del Consejo ACTUAL, AL PRINCIPIO DE
de Estado, profirió sentencia (…) FAVORABILIDAD EN MATERIA
en la cual negó las LABORAL CONSAGRADO EN
pretensiones del (…) UNO DE LOS EL ARTÍCULO 53° DE LA
demandante, decisión que PROBLEMAS JURÍDICOS, en CONSTITUCIÓN POLÍITCA,
fue notificada por edicto el 10 la presente demanda de SEGÚN LA SENTENCIA SU-
de mayo de 2019. tutela, tiene que ver con el 049 DE 2024.
hecho de que al numeral 4º
(…) del artículo 38 de la LEY 734 (…)
DE 2002 como cualquier otra
8.1. Detalló que la norma disciplinaria, se le UNO DE LOS PROBLEMAS
providencia atacada incurre debe aplicar el principio de JURÍDICOS, en la presente
en el defecto sustantivo al favorabilidad; por tanto, es demanda de tutela, tiene que
interpretar erróneamente las claro que dicho artículo ver con el hecho de que al
normas que consagran la admite varias numeral 4° del artículo 38 de
inhabilidad sobreviniente interpretaciones, con la LEY 734 DE 2002 como
derivada de la relación al CESE DE LA cualquier otra norma en
responsabilidad fiscal, dando INHABILIDAD materia disciplinaria, se le
al numeral 4 del artículo 38 SOBREVINIENTE por haber debe aplicar el principio de
de la Ley 734 de 2002 un sido declarado responsable favorabilidad; por tanto, es
alcance diferente a la fiscalmente; y los efectos del claro que dicho artículo
interpretación efectuada por pago del fallo fiscal cuando admite varias
la Corte Constitucional en las este es acreditado por la interpretaciones, con relación
sentencias C-077 de 2007, Contraloría respectiva. al CESE DE LA INHABILIDAD
C-101 de 2018 y T-132 de SOBREVINIENTE por haber
2019. (…) sido declarado responsable
fiscalmente; y los efectos del
8.2. En relación con el La jurisprudencia pago del fallo fiscal cuando
defecto fáctico sostuvo que la constitucional ha indicado este es acreditado por la
providencia acusada incurrió que el principio de Contraloría respectiva.
en una valoración indebida favorabilidad tiene estrecha
de la prueba, al expresar relación con la interpretación (…)
que: (i) El juez no valoró
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adecuadamente las pruebas, PRO HOMINE O PRO No obstante, todo lo anterior,
al no considerar que el hoy PERSONAE (…). en el caso del señor
accionante efectúo el pago FRANCISCO JAVIER GARCÍA
antes de que el fallo de No obstante, todo lo anterior, LONDOÑO, tanto la DIAN en
consulta quedará en el caso del señor la actuación disciplinaria
ejecutoriado; (ii) no se FRANCISCO JAVIER GARCÍA como los consejeros ponentes
valoró la incompetencia de LONDOÑO, tanto la DIAN en en los diferentes medios de
quién profirió la sanción la actuación disciplinaria control, han acogido en la
disciplinaria, al ser firmada como los consejeros interpretación de la norma ‘LA
por la profesional de ingresos ponentes en los diferentes SITUACIÓN MENOS
Públicos I 30-20 y NO por la medios de control, han FAVORABLE AL
Jefe de la Oficina de acogido en la interpretación TRABAJADOR’. En efecto,
Investigación Disciplinaria de la norma ‘LA SITUACIÓN optaron porque ‘Una vez
DIAN; (iii) Agregó que MENOS FAVORABLE AL realizado el pago en su
correspondía al juez TRABAJADOR’. En efecto, totalidad del fallo con
ordinario la valoración optaron porque ‘Una vez responsabilidad fiscal, y éste
integral del material realizado el pago en su sea acreditado por la
probatorio que obra en el totalidad del fallo con Contraloría respectiva, la
expediente antes de tomar responsabilidad fiscal, y éste ‘INHABILIDAD CESA HACIA
una decisión de fondo, lo que sea acreditado por la EL FUTURO’; y, por tanto, el
implica un control judicial Contraloría respectiva, la servidor público debe ser
integral involucrando la ‘INHABILIDAD CESA HACIA destituido e inhabilitado
revisión de todos los EL FUTURO’; y, por tanto, el porque laboró estando
principios que rigen la acción servidor público debe ser inhabilitado, aunque fuera un
disciplinaria (…)”(se destituido e inhabilitado solo día o varios días en esa
destaca). porque laboró estando condición’.
inhabilitado, aunque fuera un
solo día o varios días en esa En vez de optar por la
condición’. “SITUACIÓN MÁS FAVORABLE
AL TRABAJADOR’ (…).
En vez de optar por la
‘SITUACIÓN MÁS (…)
FAVORABLE AL
TRABAJADOR’ (…) teniendo Es forzoso señalar, que el
en cuenta el efecto útil de la efecto útil de la norma del
norma consagrada en el numeral 4° del artículo 38 de
numeral 4º del artículo 38 de la ley 734 de 2002 permite
la Ley 734 de 2002 (…)”. entender que el responsable
fiscal que paga el fallo y
resarce en la totalidad el
detrimento patrimonial,
puede continuar laborando en
la entidad puesto que la
‘INHABILIDAD
SOBREVINIENTE HA
DESAPARECIDO’, cualquier
otra interpretación a la
norma, haría inane la parte
última del parágrafo 1º del
artículo 38, y de hecho
entraría en una franca
antinomia con la previsión de
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que esta inhabilidad cesará
cuando la Contraloría
competente declare haber
recibido el pago (…)” (se
destaca).
Decisión: Decisión: Decisión:
Mediante sentencia dictada el Mediante sentencia dictada Mediante sentencia dictada el
27 de agosto de 2019 por la el 14 de abril de 2023 por la 25 de octubre de 2024 por la
Subsección B, Sección Sección Primera del Consejo Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de de Estado, se resolvió, entre Tercera del Consejo de
Estado; confirmada por otros, “(…) DECLARAR Estado, la tutela se declaró
sentencia del 12 de improcedente la acción de improcedente “(…) [a]nte la
diciembre de 2019, dictada tutela respecto de la temeridad evidenciada en el
por la Sección Primera de la vulneración atribuida a la ejercicio de la acción
Corporación, se negó el sentencia de 28 de marzo de constitucional (…)”. El
amparo solicitado, entre 2019, dictada por la accionante impugnó dicha
otras razones, por Subsección A de la Sección sentencia, y el asunto se
considerarse que “(…) en la Segunda del Consejo de encuentra a la fecha en
interpretación judicial de las Estado, dentro del proceso trámite en la Sección Quinta
normas aplicables realizada de nulidad y restablecimiento de la Corporación, pendiente
en la providencia de 28 de del derecho con radicado de decisión31.
marzo de 2019, se analizó el número 11001-03-25-000-
caso concreto en atención a 2012-00372-00 (…)”, por no
las normas sobre cumplir el requisito de
inhabilidades aplicables a los inmediatez; decisión que fue
servidores públicos y en confirmada por sentencia del
relación con los deberes 8 de junio de 2023, dictada
sobrevinientes al acto de por la Sección Quinta de la
nombramiento o posesión, Corporación29.
normas vigentes y aplicables
al caso particular, sin que sea Por auto del 31 de agosto de
dable a la parte actora, en 2023, dictado por la Sala de
sede de tutela, imponer su Selección de Tutelas nro. 8
propia interpretación (…)”27. de la Corte Constitucional
(radicado nro. T-9535238),
Por auto del 28 de agosto de la tutela no fue seleccionada
2020, dictado por la Sala de para revisión ante dicha
Selección de Tutelas nro. 3 Corporación judicial, decisión
de la Corte Constitucional que fue notificada por estado
(radicado nro. T-7855367), el 14 de septiembre de
la tutela no fue seleccionada 202330.
27
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2019 03444 01.
29
Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01080 00, y en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01080 01.
30
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/actuacion.php?palabra=T9535238&proceso
=2&sentencia=--
31
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05185 00.
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para revisión ante dicha
Corporación judicial, decisión
que fue notificada por estado
el 14 de septiembre de
202028.
Acord con lo expuesto, la Sala constata que existe identidad material de
pretensiones, fundamentos y partes entre las aludidas tutelas (radicados
nro. 2019 03444, 2023 01080 y 2024 05185) y la presente solicitud de
amparo (radicado nro. 2024-06125), según las razones que pasan a
explicarse:
(i) Identidad de partes: Tanto en las tres tutelas aludidas como en
la presente, el señor Francisco Javier García Londoño interviene como
accionante, y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado
es accionado.
(ii) Identidad de pretensiones (objeto): Se verifica que en las
cuatro tutelas se solicitó el amparo del derecho al debido proceso;
adicionalmente, en las tutelas 2019-03444, 2024-05185 y 2024-
06125 se invocó adicionalmente el amparo del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, y en las tutelas 2023-01080,
2024-05185 y 2024-06125 se solicitó igualmente la protección de los
derechos a la igualdad y a “ejercer cargos de carrera administrativa”.
Así mismo, todas las solicitudes de amparo se dirigieron contra la
sentencia de única instancia dictada el 28 de marzo de 2019 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro.
11001 03 25 000 2012 00372 00; a fin de que se anulara y/o dejara
sin efectos, y se accediera a las pretensiones de la demanda del
aludido medio de control, ya fuera mediante sentencia de reemplazo
o directamente por orden del juez constitucional.
28
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=2&sentencia=--
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
(iii) Identidad de fundamentos (causa): En todas las solicitudes
de amparo la situación fáctica se circunscribe a que la DIAN sancionó
disciplinariamente al accionante mediante acto administrativo que el
mismo demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nro. 2012-00371-00, el
cual fue decidido mediante sentencia del 28 de marzo de 2019,
negando las pretensiones.
Como sustento de la vulneración de los derechos fundamentales, en
las cuatro peticiones de amparo se alegó una indebida interpretación
del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, sin aplicación del
principio de favorabilidad, y específicamente en las tutelas 2023-
01080, 2024-05185 y 2024-06125, se aludió a los principios pro
homine y pro personae, para interpretar y aplicar debidamente la
disposición aludida al caso.
Dicho lo anterior, la Sala concluye que, en el caso se cumple con el
requisito de identidad de partes, pretensiones y hechos, y,
específicamente frente a las tutelas con radicados nros. 2019-03444 y
2023-01080, se constata que éstas ya cuentan con decisión definitiva en
firme, como quiera que no fueron seleccionadas para revisión por la Corte
Constitucional, según se indicó en el cuadro relacionado en precedencia.
Ahora bien, la parte actora señala que la presente tutela (radicado nro.
2024 06125 00) se interpuso “(…) con fundamento y/o justificación en
‘HECHOS NOVEDOSOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIA SU-342 DE 2024’
(…)”, indicando que “(…) según la Sentencia SU-342 de 2024, resulta útil
acudir a los criterios de interpretación pro homine o pro persona y de
favorabilidad en materia laboral <in dubio pro operario>, los cuales
imponen que en caso de duda sobre el alcance o el sentido de una norma
debe primar el que favorezca en mayor medida al trabajador (…)”.
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Se verifica que en la sentencia SU-342 de 2024, dictada por la Sala Plena
de la Corte Constitucional, se decidió una solicitud de amparo presentada
por una persona que ejerce como magistrado del Consejo Nacional
Electoral, contra quien se declaró la nulidad de su designación; allí se
planteó como problema jurídico a resolver el siguiente: “¿Incurrió la
Sección Quinta del Consejo de Estado en una violación directa a la
Constitución por desconocimiento de la interpretación pro persona y pro
libertatis, y, en consecuencia, del derecho de acceso a cargos y funciones
públicas, al adoptar la decisión según la cual el requisito de experiencia
profesional para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral debe
acreditarse hasta el momento de la postulación -extremo final- y con
posterioridad a la fecha de grado -extremo inicial-, en aplicación de los
artículos 232 y 264 de la Constitución y 21, 60 y 61 de la Ley 5ª de 199,
de acuerdo con las reglas de la elección establecidas en la Resolución 04
de agosto 11 de 202[2]?
Conforme con lo anotado, la aludida sentencia de unificación no constituye
un hecho nuevo, sino un antecedente jurisprudencial que no aplica en
este evento, por cuanto, resuelve una controversia particular relacionada
con el cumplimiento del requisito de experiencia para que una persona
sea elegida como magistrado del Consejo Nacional Electoral, lo que no
guarda relación con la materia objeto de la presente tutela; y además,
tampoco aborda una situación jurídica novedosa pertinente al caso, ya
que, en cuanto a los principios pro persona, pro libertate y de
favorabilidad, la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia, y analizó
únicamente si éstos se desconocieron en el caso concreto lo allí decidido.
Por consiguiente, la Sala declarará la existencia de cosa juzgada
constitucional frente a las tutelas con los radicados números 2019-03444
y 2023-01080, que fueron excluidas de revisión por parte de la Corte
Constitucional, en cuanto existe identidad de parte accionante y
accionado, y el objeto es el mismo, esto es, cuestionar la sentencia
proferida el 28 de marzo de 2019 por la Sección Segunda, Subsección A
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06125 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
del Consejo de Estado. Resta que por indicar que, aunque se invocaron
derechos fundamentales diferentes, por cuanto en la tutela con el
radicado nro. 2019- 03444 se solicitó el amparo de los derechos al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la seguridad
jurídica, mientras que, en la tutela con el radicado nro. 2023-01080 se
invocaron los derechos a ejercer un cargo de carrera administrativa, a la
honra y al buen nombre a la igualdad y al debido proceso, y, en este caso,
se invocan los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a ejercer cargos de carrera administrativa y el acceso efectivo a la
administración de justicia, materialmente las acciones de tutela están
dirigidas a atacar la misma providencia proferida por la Sección Segunda
de esta Corporación.
Por último, frente a la existencia de temeridad, en los términos del artículo
38 del Decreto Ley 2591 de 1991, está acreditado el cumplimiento del
requisito de identidad de partes, pretensiones y fundamentos con las
tutelas con radicados nros. 2019 03444 00/01, 2023 01080 00/01 y 2024
05185 00, y se evidencia que el motivo invocado por el accionante para
la presentación de esta nueva tutela es la sentencia SU-342 de 2024
proferida por la Corte Constitucional, que como ya se explicó no se trata
de un hecho nuevo.
Al efecto, valga indicar que, en la sentencia proferida el 8 de junio de
2023 por la Sección Quinta de esta Corporación en la tutela con radicado
nro. 2023-01080, se declaró la cosa juzgada constitucional frente a otras
providencias que había atacado el demandante, y se rechazaron “los
demás cargos de la solicitud de amparo por configurarse el fenómeno de
la temeridad”, advirtiéndole “(…) que en lo sucesivo se abstenga de
presentar acciones de tutela, por los mismos hechos aquí mencionados
(…)”; así mismo, en la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por
la Sección Tercera de esta Corporación en la tutela con radicado nro.
2024-05185, se declaró improcedente la solicitud de amparo “(…) [a]nte
la temeridad evidenciada en el ejercicio de la acción constitucional (…)”,
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por consiguiente, no puede inferirse la falta de conocimiento por parte del
accionante sobre la figura de la temeridad, pues ya ha sido advertido
previamente acerca de no interponer más acciones de tutela frente a este
asunto.
En consonancia con lo anterior, y como quiera que el accionante actúa en
nombre propio, no se puede evidenciar que haya sido erróneamente
asesorado por profesionales en derecho, ni se evidencia, como tampoco
lo manifiesta, que se encuentre en estado de indefensión.
En ese sentido, se verifica que existe coincidencia entre las solicitudes de
amparo, conducta que constituye un ejercicio temerario de la acción de
tutela, sin que dicha actuación esté justificada; aunado a que, pese a que
previamente ya ha sido advertido el accionante, insiste en interponer
acciones de tutela con similar fundamento material, incluso se verifica
que la presente tutela se interpuso estando en trámite la identificada con
el radicado 2024-05185.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará la cosa juzgada constitucional en el caso, así como la
configuración de una actuación temeraria, en los términos anotados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL frente
a las acciones de tutela con radicado nro. 2019- 03444 y 2023- 01080
que fueron excluidas de revisión por la Corte Constitucional y la existencia
de TEMERIDAD en la presente acción de tutela, según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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