Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01080-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01080-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01080-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de junio de 2023
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01080-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., ocho (08) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – modifica –– rechazo por temeridad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de primera instancia del 14 de abril de 2023 proferida por la Sección Primera de
esta corporación. En esta providencia se declaró la cosa juzgada constitucional
respecto de la vulneración atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los
procesos números 11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-
08662-00/01 y 11001-03-15-000-2022-02768-00/01. Aunado a ello, se consideró
improcedente respecto a los reproches aducidos a la decisión proferida el 28 de
marzo de 2019 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado N.º
11001-03-25-000-2012-00372-00.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 27 de febrero de 2023, el señor Francisco Javier
García Londoño interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda - Subsección A, la Sala Especial de Decisión N.°25 de esta corporación,
la Sección Tercera - Subsecciones A, B y C y la Sección Cuarta.
2. El tutelante consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, «a ejercer cargo de
carrera administrativa», al buen nombre y a la honra. Esto, con ocasión a las
siguientes providencias judiciales adoptadas por esta corporación:
• Sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por la Sección Segunda -
Subsección A, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho N. º 11001-03-25-000-2012-00372-00.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01080-01
• Decisión del 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión
N.°25, dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado N.°11001-03-
15-000-2020-02925-00.
• Sentencias del 18 de febrero y del 26 de abril de 2022, proferidas por la Sección
Tercera - Subsecciones A y B, respectivamente. Lo anterior con ocasión a la
acción de tutela N.º11001-03-15-000-2021-08662-00/01.
• Proveídos del 29 de julio y del 6 de octubre de 2022, proferidas respectivamente
por la Sección Tercera - Subsección C y la Sección Cuarta, dentro de la acción
de tutela N. º 11001-03-15-000-2022-02768-00/01.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:
[…] 1. Que se profiera “sentencia de reemplazo” en la cual se ampares mis derechos
fundamentales: I) A EJERCER CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. II) A LA
HORAN Y AL BUEN NOMBRE. III) A LA IGUALDAD. IV) AL DEBIDO PROCESO.
2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-01 de fecha 06 de octubre
de 2022.
3. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Tercera -Subsección C del
Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-00 de fecha 29
de julio de 2022.
4. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado […] 1. Que se profiera “sentencia de reemplazo” en la cual
se ampares mis derechos fundamentales: I) A EJERCER CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA. II) A LA HORAN Y AL BUEN NOMBRE. III) A LA IGUALDAD.
IV) AL DEBIDO PROCESO.
2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-01 de fecha 06 de octubre
de 2022.
3. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Tercera -Subsección C del
Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-00 de fecha 29
de julio de 2022.
4. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-01 de fecha
26 de abril de 2022.
5. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021- 08662-00 de fecha
18 de febrero de 2022.
6. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sala Especial de Decisión Nros. °
25 recurso extraordinario de revisión radicación 11001 03 15 000 2020 02925 00,
de fecha 20 de agosto de 2021.
7. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda – Subsección A
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicación 11001-03-25-
000-2012-00372-00, de fecha 28 de marzo de 2019 […]. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
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5. El señor Francisco Javier García Londoño fue vinculado a la DIAN, mediante
Resolución N.°00001 del 1° de junio de 1993, en el cargo de profesional I, nivel 30,
grado 18 de la división de cobranza, hasta la expedición de la Resolución N.°2952
del 29 de diciembre de 1993, que ordenó su desvinculación de la entidad.
6. Contra este último acto, el accionante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Las
resultas del proceso fueron a su favor y como consecuencia de ello, la DIAN profirió
la Resolución N.°7203 del 15 de agosto de 2001 que ordenó su reintegro al cargo
«sin solución de continuidad para todos los efectos laborales».
7. Refirió que, con posterioridad y mediante Resolución N.°8300060-2009-001
del 30 de abril de 2007, la DIAN profirió fallo de responsabilidad disciplinaria que lo
sancionó con destitución e inhabilidad general por un periodo de 12 años para
desempeñar cargos públicos.
8. Adujo que dicho acto administrativo fue proferido por una «supernumeraria»
que no tenía competencia para expedir la decisión, situación que vulneró el núcleo
esencial al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
En su criterio, quien debía pronunciarse era la jefe de la Oficina de Investigaciones
Disciplinaria de la Regional Noroccidente.
9. Por lo anterior, el señor García Londoño instauró demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho contra la DIAN en proceso con radicado N.º 11001-03-
25-000-2012-00372-00 y mediante sentencia de única instancia del 28 de marzo de
2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó las
pretensiones.
10. En contra de la decisión proferida por la Sección Segunda, Subsección A de
esta corporación, el señor García Londoño instauró recurso extraordinario de
revisión, el cual fue desatado por la Sala Especial de Decisión N.°25, en sentencia
del 20 de agosto de 2021, en el sentido de declararlo infundado.
11. A su vez, la providencia referida en el numeral anterior fue cuestionada por
la parte actora en sede de acción de tutela, cuyo conocimiento correspondió en
primera instancia a la Sección Tercera - Subsección A que mediante proveído del
18 de febrero de 2022 declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. La segunda instancia correspondió a la Sección Tercera -
Subsección B, quien confirmó la decisión en sentencia del 26 de abril de 2022.
12. En desacuerdo con la decisión adoptada por la Sección Tercera, el
accionante instauró solicitud de amparo constitucional en contra de las
Subsecciones A y B por sus respectivas providencias. En consecuencia, el 29 de
julio de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera, resolvió declarar improcedente
la petición al encontrar que se trata de una solicitud de amparo contra una sentencia
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de tutela, decisión que fue confirmada en proveído del 6 de octubre de 2022 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
1.4. Fundamentos de la vulneración
13. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, bajo los
siguientes argumentos:
14. Al efecto, mencionó que la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y refirió que las 6 providencias enjuiciadas1 han desconocido sus
derechos fundamentales y los principios constitucionales de «juez natural o
funcionario competente, de favorabilidad y pro homine».
15. Con relación a las providencias de tutela enjuiciadas, trajo a colación la
sentencia SU-027 de 2021 que establece que se puede presentar nueva solicitud
de amparo contra otro fallo de tutela sin que exista temeridad, siempre y cuando
persista la vulneración de derechos constitucionales, como es su caso. En ese
sentido, arguyó que las declaratorias de improcedencia han sido caprichosas y
arbitrarias aspecto que ha generado una denegación de justicia material.
16. Estableció que las sentencias cuestionadas han desconocido la línea
jurisprudencial y pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
establece el régimen jurídico de los supernumerarios de la DIAN y las funciones a
su cargo y que permiten inferir que en efecto la funcionaria que profirió el fallo de
responsabilidad disciplinaria no tenía competencia para adoptar la decisión.
17. Así mismo, indició que su solicitud de amparo acredita los requisitos
excepcionales de procedencia de tutela contra tutela, en los términos de la
sentencia SU-067 de 2015.
18. Invocó defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, violación directa
de la constitución, desconocimiento de precedente, y sustantivo. Valga aclarar que
no precisó de manera puntual sobre cuál de las providencias enjuiciadas.
1.5. Actuaciones procesales
1.5.1. Trámite de la acción de tutela e intervenciones
19. En auto del 3 de marzo de 20232, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la demanda y dispuso su notificación al Consejo de Estado Sección
Segunda - Subsección A, Sección Tercera -Subsecciones A, B y C, a la Sección
Cuarta y a la Sala Especial de Decisión N.º25.
1 Se recuerda que la presente acción de tutela versa sobre; 1) una sentencia ordinaria en el medio
de control de nulidad y restablecimiento de derecho; 2) una providencia proferida en sede
extraordinario de revisión y; 3) cuatro acciones de tutela contra providencia judicial.
2 Índice 2 SAMAI.
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20. Finalmente, ordenó vincular como tercero con interés a la DIAN.
1.5.2. Intervenciones
21. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
22. Subsección A Sección Segunda del Consejo de Estado, por intermedio
del magistrado titular del despacho que tuvo a cargo el conocimiento de la acción
de nulidad y restablecimiento de derecho N.º 2012-00372-00, refirió que no se
cumple el requisito de procedibilidad de inmediatez.
23. Sala Especial de Decisión N.º 25 del Consejo de Estado, a través de la
magistrada ponente del recurso extraordinario de revisión decidido en la sentencia
del 20 de agosto de 2021 con radicado N.º 2020-02925-00 refirió que contesta por
tercera vez los cuestionamientos presentados por el accionante respecto a la
providencia. Para el efecto, mencionó que ya lo había hecho en los procesos de
tutela con radicados 11001-03-15-000-2021-08862-00 y 11001-03-15-000-2022-
06171-00.
24. Señaló que el debate se contrae, nuevamente, a la decisión proferida por la
Sección Segunda en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento de derecho
N.°2012-00372-00 y a la sentencia que declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión. Frente a ello, refirió que no se acredita el presupuesto de inmediatez,
por cuanto se sigue cuestionando una decisión de hace más de dos años y que
además carece de relevancia constitucional.
25. Finalmente, solicitó declarar la cosa juzgada y la temeridad en lo que atañe
a los cuestionamientos presentados y en subsidio, la improcedencia.
26. Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia proferida en el expediente
de tutela N.°2021-08862-01, refirió que la decisión enjuiciada contiene los
argumentos necesarios para que el juez adopte la decisión que corresponda. En
todo caso, puso de presente que la solicitud de amparo versa sobre una tutela
respecto de la cual no se acreditan los presupuestos de la sentencia SU-627 de
2015.
27. Finalmente, refirió que sobre la misma providencia cursó la acción de tutela
N.°2022-06171-00.
28. Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la acción de tutela en primera instancia identificada con el
radicado N.º 2022-02768-00, señaló que las consideraciones esgrimidas en la
providencia del 29 julio de 2022 son suficientes para explicar la improcedencia del
examen solicitado.
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29. Sección Cuarta del Consejo de Estado a través del magistrado ponente de
la decisión adoptada en segunda instancia de la acción de tutela con radicado N.º
2022-02768-01, refirió que la solicitud deviene en improcedente comoquiera que el
accionante instauró otra acción constitucional de la misma naturaleza en el
expediente N.°2022-0671-00, en la cual la Sección Primera profirió sentencia el 26
de enero de 2023 y se encontraba pendiente la impugnación, lo que evidencia que
la actuación es temeraria.
30. En todo caso, refirió que la petición deviene en improcedente.
31. La DIAN, por conducto de apoderado judicial, solicitó declarar improcedente
la solicitud de amparo, comoquiera que no se dan los presupuestos de procedencia
de la tutela contra un fallo de la misma naturaleza.
32. La Subsección A de la Sección Tercera, pese a que fue notificada, guardó
silencio.3
1.6. Fallo de primera instancia
33. La Sección Primera de esta corporación, mediante sentencia del 14 de abril
de 20234, decidió declarar la cosa juzgada constitucional respecto de la vulneración
atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos 11001-03-15-000-
2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-03-15-000-2022-
02768-00/01, y la improcedencia de la solicitud de amparo en lo que atañe al
proveído del 28 de marzo de 2019, proferido en el expediente ordinario N.º 11001-
03-25-000-2012-00372-00.
34. Para fundamentar su decisión, hizo un análisis de la figura de la cosa
juzgada, señaló que es indispensable que exista identidad de partes, hechos y de
causa pretendi. Enseguida, abordó el estudio de la providencia 11001-03-15-000-
2022-06171-00 según los informes presentados por las autoridades accionadas, en
las que se puso de presente que fue promovido por los mismos hechos del asunto
de la referencia.
35. Luego de analizar los extremos activo y pasivo, las pretensiones, los hechos
y la decisión, el fallador de primera instancia concluyó que existe identidad con el
proceso referido en el numeral anterior en lo que atañe al expediente del recurso
extraordinario de revisión5, la acción de tutela en primera y segunda instancia contra
la decisión anterior6, y a su turno, la solicitud de amparo interpuesta contra esta
última también en su doble instancia7.
3 Cfr. Índice SAMAI N.°8.
4 Notificado por correo electrónico del 5 de mayo del corriente.
5 Sala Especial de Decisión N.°26, expediente N.°11001 03 15 000 2020 02925 00, de fecha 20 de
agosto de 2021
6 Subsección A y B de la Sección Tercera del Consejo de estado, en el expediente 11001-03-15-
000-2021- 08662-00/01 de fechas 18 de febrero de 2022 y 26 de abril de 2022, respectivamente.
7 Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-
02768-00 de fecha 29 de julio de 2022.
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36. A pesar de ello, señaló que era dable concluir que el actor no incurrió en
temeridad, toda vez que, en el escrito de tutela, el accionante reconoció e informó
que había promovido otras solicitudes de amparo, pero bajo el convencimiento de
que la vulneración de sus derechos fundamentales persistía, aspecto que lo
habilitaba para buscar la protección de sus garantías fundamentales y que implicaba
que no actuó de mala fe.
37. Finalmente, en lo que respecta a la sentencia proferida al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento de derecho N.º11001-03-25-000-2012-
00372-00, indicó que la providencia es del 28 de marzo de 2019 y se notificó por
edicto desfijado el día 14 de ese mismo mes y año y que la acción de tutela se
recibió, vía electrónica, el 27 de febrero de 2023, lo que significa que el mecanismo
de amparo se promovió cuando había transcurrido aproximadamente tres (3) años
y ocho (8) meses desde que se tuvo conocimiento de la decisión judicial; plazo que,
sin lugar a duda, no resulta razonable y en consecuencia, declaro la improcedencia
por no superar el presupuesto de inmediatez.
1.7. Impugnación
38. Inconforme con lo resuelto el 14 de abril de 2023, el señor Francisco Javier
García Londoño presentó recurso de impugnación en el que afirmó que la
providencia desconoce el precedente judicial de la propia corporación, en el sentido
de que no se ha configurado la cosa juzgada constitucional, toda vez que no se ha
resuelto de fondo el problema jurídico expuesto8.
39. Refirió que, para que se configure este fenómeno, es menester que el juez
constitucional haya efectuado un pronunciamiento sobre fondo del asunto propuesto
por el actor, aspecto que no se configuraba en el presente caso, comoquiera que la
solicitud de amparo en el expediente N.º 2021-08662-00/01 fue declarada
improcedente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Señaló que
dicha demanda estaba relacionada con el hecho de que la supernumeraria que
profirió el fallo no tenía competencia para ello, y la Sala de decisión no efectuó un
pronunciamiento.
40. Aunado a ello, señaló que ni respecto del fallo de tutela proferido en el
expediente 2022-06171-00, ni frente a las demás acciones de tutela propuestas por
él, se hizo referencia a que los mismos hubiesen sido revisados por la Corte
Constitucional, o se hubiere adelantado el trámite de selección.
41. Arguyó que el a quo no aportó prueba alguna que demuestre que el tribunal
constitucional mediante auto notificado adquirió conocimiento de las decisiones de
tutela proferidas por el Consejo de Estado a efectos de decidir sobre su revisión
para su posterior confirmatoria o revocatoria, en particular, respecto a los expedidos
en los expedientes 2021-08662-00/01, 2022-02768-00/01.
8 Mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2023.
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42. En ese orden, expuso las capturas de pantalla en las que consta la
trazabilidad de los expedientes en SAMAI, para referir que ninguna sentencia ha
hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
43. Insistió en que de conformidad con la sentencia SU-027 de 2021, se puede
presentar tutela contra un fallo de la misma naturaleza constitucional sin que ello se
considere temeridad o que se configure la cosa juzgada constitucional cuando
persiste la vulneración de los derechos constitucionales.
44. A propósito del sorteo del conjuez realizado en el curso de la primera
instancia comoquiera que el proyecto no alcanzó la mayoría para decidir, la parte
actora manifestó su descontento, pues en su criterio, no fue notificado de auto del
24 de marzo de 2023 (fecha de la sala) en el que constaran los resultados de la
votación, ni le fue comunicada el acta de sorteo. Agregó que tampoco le fue puesto
de presente el impedimento propuesto por la doctora Nubia Margot Peña Garzón
desde el 22 de marzo de 2023 y si el mismo fue declarado fundado o infundado.
45. Señaló que, el hecho de haberse aceptado el impedimento vulnera los
principios de imparcialidad e independencia, si se tiene en cuenta que en el proceso
de tutela 2022-06171-00 se profirió decisión el 26 de enero de 2023 y en él no se
declararon impedidos los demás magistrados que también participaron del proceso
de recurso extraordinario de revisión. Finalmente, refiere la existencia de vicios en
el trámite de designación del juez.
46. Mediante auto del 16 de mayo de 2023, el juez de tutela de primera instancia
concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante y ordenó remitir el
expediente a esta Sección para que se tramitara la alzada.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
47. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 14 de abril de 2023 dictado por la Sección Primera de esta corporación. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Objeto de la impugnación
48. Previo a resolver el recurso de impugnación presentado por el señor
Francisco Javier García Londoño, advierte la Sala que como los reproches están
dirigidos a atacar la decisión adoptada por el fallador de primera instancia en lo
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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concerniente a la declaratoria de cosa juzgada y los trámites en el procedimiento de
impedimentos y designación de conjuez, el estudio se enmarcará en estos aspectos.
Por lo mismo, se confirmará la decisión de improcedencia por falta del requisito de
procedibilidad referido a la inmediatez en lo que atañe al proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho con radicado N.º 11001-03-25-000-2012-00372-00.
2.2.2. Manifestación de impedimento
49. Mediante escrito del 7 de junio de 20239, el magistrado Carlos Enrique
Moreno Rubio, quién integra la Sección Quinta de esta Corporación, manifestó estar
incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo 6.º del Código de
Procedimiento Penal. Esto, porque previamente participó dentro del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00 en el que
se profirió una de las providencias cuestionadas en sede de tutela.
50. En virtud de lo dispuesto en los artículos 5710 y 58A11 de la Ley 906 de 2004,
aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, procede la Sala
a decidir el impedimento manifestado por el consejero de Estado Carlos Enrique
Moreno Rubio.
51. En este sentido, el magistrado que integra la Sección Quinta del Consejo de
Estado señaló estar incurso en la causal de impedimento establecida en el artículo
6 del Código de Procedimiento Penal, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:
[…[
6. Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.
52. De otra parte, el impedimento del magistrado de la Sección Quinta tuvo
fundamento en:
9 Cfr. Índice N.°6 SAMAI.
10«ARTÍCULO 57. TRÁMITE PARA EL IMPEDIMENTO. <Artículo modificado por el artículo 82 de la
Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el funcionario judicial se encuentre
incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, o, si
en el sitio no hubiere más de uno de la categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro
del lugar más cercano, para que en el término improrrogable de tres (3) días se pronuncie por escrito.
En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien corresponda continuar el trámite de
la actuación, el superior funcional de quien se declaró impedido decidirá de plano dentro de los tres
días siguientes al recibo de la actuación.
Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la enviará a la autoridad que deba resolver lo
pertinente».
11 «ARTÍCULO 58A. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. <Artículo adicionado por el artículo 83 de
la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Del impedimento manifestado por un
magistrado conocen los demás que conforman la sala respectiva, quienes se pronunciarán en un
término improrrogable de tres días (…)».
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01080-01
Como magistrado integrante de la Sala Especial de decisión 25 del Consejo de
Estado suscribí la providencia del 20 de agosto de 2021, dictada en el expediente
del recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-2020-02925-00.
[…]
Con fundamento en lo expuesto y con el fin de asegurar los principios de
transparencia, imparcialidad y autonomía que enmarca la actividad judicial, le
solicito declarar fundado el impedimento y separarme del conocimiento del asunto.
53. Por lo anterior, la Sala considera que el magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio se encuentra incurso en la causal de impedimento establecida en el numeral
6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Esto, porque se evidencia
que participó en el proceso el cual se profirió una de las decisiones hoy reprochadas
mediante esta acción de tutela.
54. Por ende, se acepta el impedimento manifestado el señor magistrado
Moreno Rubio de la Sección Quinta de esta Corporación. En consecuencia, se le
retirará del presente asunto.
2.3. Legitimación en la causa
55. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
56. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Francisco Javier García Londoño se encuentra legitimado en la causa por
activa, pues es el titular de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.
Esto porque fungió como accionante al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho N. º11001-03-25-000-2012-00372-00, del recurso
extraordinario de revisión con radicado N.°11001-03-15-000-2020-02925-00, y de
las acciones de tutela N.º 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y N. º11001-03-15-
000-2022-02768-00/01.
57. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Sección Segunda,
Subsección A, la Sala Especial de Decisión, la Sección Tercera, Subsecciones A,
B y C y la Sección Cuarta, están legitimados en la causa por pasiva. Esto, por ser
las autoridades que resolvieron en las materias de su competencia, los distintos
procesos instaurados por la parte actora.
2.4. Problemas jurídicos
58. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado, los informes presentados, el escrito de impugnación
y el estudio oficioso del caso, a la Sala le corresponde determinar si confirma,
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modifica o revoca la sentencia del 14 de abril de 2023 dictada por la Sección
Primera de esta corporación.
59. Para esto, le corresponde a la Sala resolver si
¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de
tutela que el señor Francisco Javier García Londoño instauró contra la Sala
Especial de Decisión N.°25, la Sección Tercera, Subsecciones A, B y C y la
Sección Cuarta, por las irregularidades advertidas en los fallos proferidos del
recurso extraordinario de revisión con radicado N. 11001-03-15-000-2020-
02925-00, y de las acciones de tutela N.º 11001-03-15-000-2021-08662-
00/01 y N. º11001-03-15-000-2022-02768-00/01?
Ahora bien, en caso de ser negativo el anterior interrogante frente a las
demás autoridades, y frente a la Sección Segunda, Subsección A, deberá
resolverse si:
¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental, sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución?
60. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) la configuración del fenómeno de
la temeridad; y iii) el caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
61. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
62. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
63. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demande la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
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64. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente
le confirió.
2.6. El fenómeno de la temeridad
65. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en
el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).
66. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud12.
67. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representante y se dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven
de sustento.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan
la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los
mismos derechos fundamentales.
Superado este estudio, adujo la Corte, y de encontrarse acreditada la triple
identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar del demandante resultó
contrario a la buena fe, caso en el cual deberá declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.
2.7. Análisis del fenómeno de la temeridad en el caso concreto
68. En el sub judice el señor Francisco Javier García Londoño presentó acción
de tutela en contra de la Sección Segunda - Subsección A13, la Sala Especial de
Decisión N.°25, la Sección Tercera - Subsecciones A y B y C, y la Sección Cuarta.
69. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, el reproche de
la parte actora se originó en el fallo sancionatorio de responsabilidad disciplinaria,
proferido por la DIAN, pues en su criterio, dicha decisión fue expedida sin
competencia. Esa situación, llevó al actor a instaurar medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho contra el mentado acto14, de ahí, recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia que resolvió la demanda ordinaria, y
consecuentemente, las acciones de tutela contra los proveídos que iban definiendo
la discusión zanjada en la providencia inmediatamente anterior.
70. Así, luego de que el fallo del 20 de agosto de 2021 declarara infundado el
recurso extraordinario de revisión15, el actor instauró acción de tutela contra dicha
decisión, la cual fue resuelta en segunda instancia el 26 de abril de 2022 16, en el
sentido de declarar la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional, y contra esta última providencia, el actor presentó otra
demanda de la misma naturaleza, que a su turno, fue declarada improcedente
mediante sentencia de segunda instancia del 6 de octubre de 202217.
71. En primera instancia, el a quo consideró que en el presente asunto está
configurada la cosa juzgada, pues en lo que respecta a los procesos iniciados a
partir del recurso extraordinario de revisión, esto es, todos salvo la demanda surtida
en el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, ya se tramitó
solicitud de amparo constitucional con el radicado N.º 11001-03-15-000-2022-
06171-00 que comparte identidad de partes, objeto y causa pretendi. Tal análisis
fue efectuado de conformidad con los informes allegados por las autoridades
13 Se reitera que la decisión adoptada por el fallador de primera instancia en lo que atañe a la
providencia proferida por dicha autoridad judicial y relacionada con la improcedencia tras no estar
acreditado el requisito de inmediatez, se
14 Expediente N.º 1001-03-25-000-2012-00372-00 a cargo de la Sección Segunda – Subsección A.
15 Radicado N.º 11001-03-15-000-2020-02925-00 a cargo de la Sala Especial de Decisión N.°25.
16 Proceso N.°1001-03-15-000-2021-08662-00/01 a cargo de la Sección Tercera – Subsección A
(primera instancia) y Subsección B (Segunda instancia).
17 Radicado N.°11001-03-15-000-2022-02768-00/01 a cargo de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01080-01
judiciales accionadas, quienes pusieron de presente la existencia de múltiples
procesos, especialmente el referido previamente.
72. A criterio de la parte actora, el juez no aportó prueba que demostrara que la
Corte Constitucional mediante auto notificado, arrogó el conocimiento del
mecanismo de amparo en sede de revisión o, por el contrario, no lo seleccionó.
73. En esos términos, la Sala advierte en primera medida que la decisión
adoptada al interior del expediente N.º 11001-03-15-000-2022-06171-00, fue
proferida 26 de enero de 2023 y notificada 1° de febrero del corriente18, por lo que
el 4 del mismo mes y año la parte actora presentó escrito de impugnación, el cual
fue concedido mediante providencia del 7 de febrero de 202319.
74. De allí, es posible afirmar que la providencia respecto de la cual se declaró
la cosa juzgada, no se encontraba en firme al momento en que el a quo adoptó la
decisión, esto es, el 14 de abril. Lo anterior se corrobora al consultar en el aplicativo
SAMAI, el trámite surtido en segunda instancia, en el proceso referido:
75. Igualmente, la Sala encuentra que, a la fecha, la providencia no ha sido
remitida a la Corte Constitucional para efectuar el respectivo análisis de selección,
aspecto que permite concluir que, contrario a lo firmado por el a quo, no existe cosa
juzgada constitucional frente a la decisión adoptada en el expediente 11001-03-15-
000-2022-06171-00.
76. Al margen la anterior apreciación, la Sala no desconoce el hecho de que,
además del expediente referido, el señor Francisco Javier García Londoño ha
presentado otras acciones de tutela conforme fue expuesto en los antecedentes de
este proveído. Por ese hecho, se imparte la necesidad de esclarecer si la solicitud
18 Cfr. Índice SAMAI N. º24. Expediente 11001-03-15-000-2022-06171-00-
19
Cfr. Índice SAMAI N.°29. Expediente 11001-03-15-000-2022-06171-00-
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de amparo deprecada en el presente asunto, guarda identidad con las demandas
ya instauradas por el actor, o si, por el contrario, se trata de hechos nuevos que no
hayan sido decididos previamente.
77. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que el señor García Londoño ha
puesto en marcha el funcionamiento del aparato estatal en repetidas ocasiones en
sede de tutela y en las que ha cuestionado providencias dictadas en el marco propio
de las competencias de esta corporación.
78. En ese sentido, se expondrán a continuación los procesos en los que se han
tramitado acciones de tutela presentadas por la parte actora, previo a adoptar
cualquier otro tipo de determinación:
Presupuesto Expediente Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2023- Rad. 11001-03-15-000-2021- Rad 11001-03-15-000-2022-
01080-01 08662-00/01 02768-00/01
Accionante: Francisco Javier Accionante: Francisco Javier Accionante: Francisco
García Londoño García Londoño . Javier García Londoño
Accionado: Sección Accionado: Sala Especial de Accionados: Sección
Identidad de Segunda – Subsección A, Decisión N.°25. Tercera – Subsecciones A y
partes Sala Especial de Decisión B
N.°25, Sección Tercera –
Subsecciones A, B y C.,
Sección Cuarta.
Consideró vulnerados sus El accionante manifestó que A criterio de la parte actora,
derechos fundamentales por la Sala Especial de el asunto si reviste relevancia
porque las autoridades Decisión incurrió en un constitucional, porque (i) se
judiciales han desconocido defecto de desconocimiento trata de un asunto
las competencias de los de precedente y violación disciplinario en el cual se
funcionarios de la DIAN y han directa de la Constitución, al destituye e inhabilita por 12
aplicado de manera desconocer las competencias años a un funcionario de
formalista y restrictiva los de los funcionarios de la DIAN, carrera administrativa de la
requisitos generales de en el entendido que en otros DIAN; (ii) la destitución se dio
procedencia de la acción de casos quien toma la decisión sin haber cometido alguna
tutela, en particular el de en los procesos disciplinarios falta disciplinaria y sin existir
Identidad de relevancia constitucional. es el jefe de la división jurídica inhabilidad vigente; y, (iii) en
causa de la entidad. sentencia C-721 de 2015, la
Corte Constitucional indicó
que, los procesos
administrativos disciplinarios
contra servidores públicos,
están amparados por
fundamentos
constitucionales, entre los
que se encuentran los
artículos 1, 2, 6, 92,122, 123,
124, 125, 150-2, 209 y 277
de la Constitución
[…] 1. Que se profiera 1. TUTELAR EL DERECHO 1. Que se deje sin efectos el
“sentencia de reemplazo” en FUNDAMENTAL AL DEBIDO fallo dictado por la
la cual se ampares mis PROCESO VULNERADO en Subsección A de la
derechos fundamentales: I) A el fallo proferido por la SALA Sección Tercera del
Identidad de EJERCER CARGO DE ESPECIAL DE DECISIÓN No. Consejo de Estado con
objeto CARRERA 25. Consejera ponente: Radicación: 11001-03-15-
ADMINISTRATIVA. II) A LA MARTA NUBIA VELÁSQUEZ 000-2021-08662-00 de
HORAN Y AL BUEN RICO. Bogotá D.C., veinte fecha 18
NOMBRE. III) A LA (20) de agosto de dos mil de febrero de 2022.
veintiuno (2021). Radicación:
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Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01080-01
Presupuesto Expediente Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2023- Rad. 11001-03-15-000-2021- Rad 11001-03-15-000-2022-
01080-01 08662-00/01 02768-00/01
IGUALDAD. IV) AL DEBIDO 110010315000020200282500 3. Que se deje sin efectos el
PROCESO. , dentro del proceso de fallo dictado por la
2. Que se deje sin efectos el Recurso extraordinario de Subsección B de la
fallo dictado por la Sección Revisión. Sección Tercera del
Cuarta del Consejo de Estado 2.Como consecuencia de lo Consejo de Estado con
con Radicación: 11001-03- anterior, se deje sin efectos la Radicación: 11001-03-15-
15-000-2022-02768-01 de sentencia del proferida por la 000-202108662-01 de fecha
fecha 06 de octubre de 2022. SALA DE DECISIÓN SALA 26 de abril de 2022.
3. Que se deje sin efectos el ESPECIAL DE DECISIÓN
fallo dictado por la Sección No. 25. Consejera ponente:
Tercera -Subsección C del MARTA NUBIA VELÁSQUEZ
Consejo de Estado con RICO. Bogotá D.C., veinte
Radicación: 11001-03-15- (20) de agosto de dos mil
000-2022-02768-00 de fecha veintiuno (2021).
29 de julio de 2022. Radicación:
4. Que se deje sin efectos el 11001031500002020028250,
fallo dictado por la mediante la cual se resolvió
Subsección B de la Sección declarar infundado el recurso
Tercera del Consejo de extraordinario de revisión
Estado con Radicación: presentado por el señor
11001-03-15-000-2021- Francisco Javier García
08662-01 de fecha 26 de Londoño.
abril de 2022. 3. Consecuente con lo
5. Que se deje sin efectos el anterior, se ordene a la SALA
fallo dictado por la ESPECIAL DE DECISIÓN No.
Subsección A de la Sección 25. Dictar una nueva
Tercera del Consejo de providencia en el proceso de
Estado con Radicación: recurso extraordinario de
11001-03-15-000-2021- revisión, acogiendo la
08662-00 de fecha 18 de normatividad aplicable al caso
febrero de 2022. concreto y la interpretación
6. Que se deje sin efectos el constitucional efectuada por la
fallo dictado por la Sala Corte Constitucional en la
Especial de Decisión nro. sentencia referenciadas, así
25 recurso extraordinario como efectuando una
de revisión radicación adecuada apreciación y
11001 03 15 000 2020 02925 valoración de las pruebas que
00, de fecha 20 de agosto de acreditan dentro del proceso.
2021. 4.Que se disponga en la
7. Que se deje sin efectos el sentencia de tutela que se
fallo dictado por la Sección adopten todas las medidas
Segunda – Subsección A conducentes para hacer cesar
medio de control de nulidad y cualquier efeto que se hubiere
restablecimiento del derecho dado como consecuencia del
radicación 11001-03-25-000- cumplimiento del fallo que
2012-00372-00, de fecha 28 vulneró mis derechos
de marzo de 2019 […]. fundamentales invocados.
(Negrillas por fuera del texto) (Negrillas por fuera del texto)
79. Por lo anterior, para la Sala y a diferencia de las consideraciones efectuadas
por el a quo, los procesos de tutela arriba mencionados son los que guardan
identidad de partes, de hechos y de pretensiones, conforme se expone con más
detenimiento a continuación.
80. El actor cuestionó la sentencia proferida al interior del recurso extraordinario
de revisión por la Sala Especial de Decisión N.°25 de fecha 18 de febrero de 2022,
16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01080-01
no obstante, esta colegiatura encuentra que en sentencia proferida al interior del
expediente 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, ya se decidió en sede de tutela,
que el asunto es improcedente por falta de relevancia constitucional.
81. Ahora bien, recordemos en la Corte Constitucional ha señalado que una de
las consecuencias de la presentación sucesiva de escritos de tutela es que «i) que
exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se
interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro
proceso de la (sic) igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva
solicitud […]»20, en ese sentido y contrario a lo afirmado por el señor García
Londoño, se encontró que la decisión hizo tránsito a cosa juzgada, comoquiera que
el máximo tribunal constitucional no seleccionó los procesos para efectos de surtir
revisión.
82. Se corroboró que el expediente fue remitido el 27 de mayo de 202221 a la
Corte Constitucional, quien le asignó el radicado T-8.826.116 y mediante auto del
19 de agosto de 2022 proferido por la Sala de Selección Ocho de la Corte
Constitucional descartó su selección. Aspecto que fue notificado por estado N.°15
del 2 de septiembre de 2022.
83. Inconforme con la decisión proferida en el marco de esa tutela contra el
recurso extraordinario de revisión, el señor García Londoño presentó solicitud de
amparo, que fue tramitada bajo el expediente N. º11001-03-15-000-2022-02768-
00/01. En ese proceso, se declaró la improcedencia de la acción por estar dirigida
contra una decisión de la misma naturaleza, mediante sentencia del 29 de julio de
2022, confirmada el 06 de octubre del mismo año.
84. Dicha providencia fue remitida al máximo tribunal constitucional, el 5 de
diciembre de 202222 y en dicha colegiatura se le asignó el radicado T.9.161.754 y
mediante auto del 30 de enero de 2023 resolvió no seleccionarla. La anterior
providencia fue notificada mediante estado N.°003 del 13 de febrero de 2023.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-027-21.
21 Cfr. Índice SAMAI N.°12. Expediente: 11001-03-15-000-2021-08662-01.
22 Cfr. Índice SAMAI N.°19. Expediente: 11001-03-15-000-2022-02768-01.
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85. Esta situación cobra relevancia, máxime cuando la Corte Constitucional ha
señalado que «todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso
de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.»23 y en el mismo sentido ha precisado; «un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal»24.
86. De conformidad con lo expuesto hasta ahora, la Sala encuentra que las
acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-03-15-
000-2022-02768-00/01 y el mecanismo de amparo de la referencia comparten
identidad de partes, de objeto y de causa petendi en cuanto a la presunta
vulneración atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos
N.°11001-03-15-000-2020-02925-00 y N.°11001-03-15-000-2021-08662-00/01,
respectivamente, lo que permite afirmar que, se configura el primer presupuesto de
la temeridad y de cosa juzgada.
87. Por otro lado, se tiene que contra las consideraciones efectuadas en el
expediente N.º11001-03-15-000-2022-02768-00/01 y las enunciadas en el párrafo
anterior, nuevamente la parte accionante instauró la acción de tutela N.º11001-03-
15-000-2022-06171-00 (Cfr. párrafo 71 en adelante), proceso que, como fue referido,
no ha sido remitido a la Corte Constitucional a efectos de surtir el mecanismo de
revisión, pero sí se acreditan los presupuestos de la temeridad, pues hay identidad
de i) partes, ii) objeto y iii) causa, como fue referido por el a quo.
88. Aunado a ello, en dicho trámite ya se profirió sentencia que dispuso su
improcedencia por tratarse de una solicitud de amparo contra el mismo mecanismo
constitucional.
89. En la misma sentencia de unificación, la Corte consideró que también es un
efecto de la presentación sucesiva de demandas «iii) los casos en los cuales se
configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe
23 Corte Constitucional, Sentencia T-088-99 y SU-1219-01
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-027-21.
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(sic) identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a
cosa juzgada»25 (Negrillas fuera del texto original).
90. Todo lo anterior, permite a la Sala evidenciar que todos los procesos de tutela
corresponden a solicitudes instauradas de manera sucesiva y que guardan
identidad de partes, de hechos y de pretensiones, en tanto lo que busca el actor es
que se de una respuesta a sus requerimientos realizados con el fin de dejar sin
efectos la sentencia del 18 de febrero de 2022 proferida al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, que negó las pretensiones contra
el acto que lo sancionó disciplinariamente y condenó con una inhabilidad de 12 años
para el ejercicio de cargos públicos.
91. En este punto, la Sala llama la atención que, el accionante señaló como
motivo tendiente a justificar su proceder, que ha presentado todos los procesos
referidos porque la vulneración de sus derechos fundamentales está latente. No
obstante, aquellos argumentos no constituyen justificación alguna para la
presentación de esta nueva acción constitucional y tampoco se evidencia, un estado
de indefensión o desconocimiento por parte del peticionario, a partir de lo cual se
pueda explicar su actuar en esta oportunidad.
92. Hasta aquí, lo que se advierte es que el interesado sí ha acudido de forma
sistemática y desproporcionada a la administración de justicia a exponer una misma
situación jurídica (su descontento contra las decisiones que no fallaron en el sentido
más favorable a sus intereses), la cual ya ha sido definida. Por esto, la Sala le
recuerda al actor que no es posible tramitar y resolver sucesivas e indefinidas
acciones de tutela que mantienen la identidad en las partes, en los supuestos
fácticos y en el objeto; porque ello significa un abuso del derecho, pasible de las
sanciones pertinentes si se advierte la mala fe; y que es importante hacer un uso
racional y consiente de este mecanismo constitucional, con el fin de evitar una
congestión del aparato jurisdiccional.
93. Siendo ello así, en atención a que el actor ya había presentado varias
acciones de tutela que tienen identidad de partes, hechos y pretensiones respecto
de esta solicitud de amparo, sin justificar tal situación, la Sala considera que en el
presente caso se configuró la figura la temeridad y solo respecto a la sentencias
11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-03-15-000-2022-02768-00/01 el
fenómeno de la cosa juzgada26.
94. Es pertinente señalar que, si bien en la decisión de primera instancia declaró
la cosa juzgada respecto a la decisión proferida en la sentencia N. º11001-03-15-
000-2022-06171-00, la Sala procede a modificarla para en su lugar, declarar la
ocurrencia de dicha figura conforme fue enunciado en el numeral anterior y rechazar
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-027-21.
26 Nuevamente se pone de presente que en dichas acciones de tutela hubo un pronunciamiento en
cuanto a la presunta vulneración atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos
números 11001-03-15-000-2020-02925-00,11001-03-15-000-2021-08662-00/01, respectivamente.
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la acción de tutela tras advertir la temeridad.27.
95. En este punto, la Sala le recuerda al accionante que es pertinente hacer un
uso razonable y proporcionado de los mecanismos judiciales establecidos para la
protección de sus derechos, pues su conducta deviene contraria a la lealtad debida
a la administración pública y no existe contra acción de amparo contra una de la
misma naturaleza de manera indefinida, pues ello a su vez, implicaría una
afectación al principio de seguridad jurídica del que gozan las decisiones judiciales.
2.8. Sobre los reproches del procedimiento de primera instancia
96. Finalmente, la Sala nota que en el escrito de impugnación el señor Francisco
Javier García Londoño realizó afirmaciones contra el trámite de la tutela efectuado
por la autoridad judicial que conoció en primera instancia, tendientes a poner de
presente un posible error procedimental tanto en la designación del conjuez, como
en el desarrollo del impedimento presentado por a la doctora Nubia Margoth Peña
Garzón.
97. Se advierte que luego de consultar el aplicativo web de SAMAI y los demás
elementos de convicción que conforman el expediente, la Sala no encuentra una
irregularidad o alguna causal de nulidad de las contempladas en el artículo 133 del
Código General del Proceso por remisión expresa del artículo 205 de la Ley 1437
de 2011.
98. Por el contrario, se tiene que la decisión proferida el 14 de abril de 2023 se
ajusta a los parámetros legales advertidos. Fue firmada por la conjuez Isabel
Cristina Jaramillo Sierra, comoquiera que fue necesario para dirimir el impedimento
manifestado por la magistrada, y en la misma providencia se resolvió declararlo
fundado en virtud de los principios de celeridad y economía procesal. Situación que,
por lo mismo, atañe a la autonomía propia del despacho ponente y que no
desemboca en una irregularidad o vicio en el trámite.
2.9. Conclusiones
99. Al respecto, la Sala modificará la decisión de primer grado para en su lugar:
declarar la cosa juzgada respecto a las sentencias proferidas al interior de los
expedientes de tutela 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-03-15-000-
2022-02768-00/01 y rechazar la demanda por configurarse el fenómeno de la
temeridad y cosa juzgada, advirtiéndole al peticionario que en lo sucesivo se
abstenga de presentar acciones de tutela, por los mismos hechos aquí
mencionados.
27 De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
se rechazará o decidirá desfavorablemente por encontrarse configurado el fenómeno de la
temeridad.
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100. En lo demás, confirmar la sentencia proferida por la Sección Primera de esta
colegiatura, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar
el requisito general de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Carlos Enrique Moreno Rubio. En consecuencia, se le separa del conocimiento de
la presente acción de tutela.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia proferida por la Sección Primera de esta
corporación el 14 de abril de 2023, para en su lugar DECLARAR la cosa juzgada
constitucional respecto a los expedientes de tutela Rad. 11001-03-15-000-2021-
08662-00/01 y 11001-03-15-000-2022-02768-00/01 y RECHAZAR los demás
cargos de la solicitud de amparo por configurarse el fenómeno de la temeridad.
TERCERO: ADVERTIRLE al peticionario que en lo sucesivo se abstenga de
presentar acciones de tutela, por los mismos hechos aquí mencionados.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la Sección Primera
de esta corporación el 14 de abril de 2023.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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