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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06171-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06171-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Francisco Javier García Londoño, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06171-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de enero de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06171-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA Y CUARTA

Tesis: No es procedente interponer acción de tutela contra una
providencia judicial cuando no se cumple con el requisito
de la inmediatez.

La solicitud de amparo es improcedente cuando está
dirigida en contra de un fallo de tutela.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Francisco Javier
García Londoño, por conducto de apoderado, contra las providencias (i)
del 6 de octubre de 2022 y del 29 de julio de 2022, proferidas por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y por la Subsección C de la Sección
Tercera de la misma Corporación, respectivamente, dentro del expediente
con el radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02768 01; (ii) del 26 de abril
de 2022 y del 18 de febrero de 2022, proferidas por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el expediente radicado con el
nro. 11001 03 15 000 2021 08662 01, y (iii) del 20 de agosto de 2021
proferida por la Sala Especial de Decisión nro. 25 del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión, expediente con el radicado
nro. 11001 03 15 000 2020 02925 00.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

1.- SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acción de tutela en contra de las precitadas
sentencias, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Que se amparen los derechos y principios fundamentales
constitucionales del señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO: al
derecho a la igualdad, al principio de favorabilidad en materia laboral, al
principio pro homine, al derecho al trabajo, al derecho de defensa, al
derecho a una tutela judicial efectiva, al derecho al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso.

2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-01 de fecha 06
de octubre de 2022.

3. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Tercera-
Subsección C del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-
2022-02768-00 de fecha 29 de julio de 2022.

4. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-
08662-01 de fecha 26 de abril de 2022.

5. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-
08662-00 de fecha 18 de febrero de 2022.

6. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sala Especial de Decisión
nro. 25 recurso extraordinario de revisión radicación 11001 03 15 000
2020 02925 00, de fecha 20 de agosto de 2021 […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante, luego de hacer un extenso recuento de las razones por las
que estima no hay temeridad en esta acción, manifiesta que presenta una
nueva petición de amparo por cuanto persiste la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso por parte de los accionados al
“(…) no tener en cuenta las razones propias y argumentos para
controvertir y contradecir las sentencias recurridas; particularmente en lo
relacionado con los temas de: 1. vulneración al derecho fundamental a la

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño

igualdad; 2. desconocimiento del propio precedente judicial del Consejo
de Estado; 3. derecho al debido proceso; y 4. derecho al principio de
favorabilidad en materia laboral y principio pro homine (…)”.

Informó que promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la resolución expedida por la DIAN que lo sancionó con destitución
e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años
y que la providencia proferida el 28 de marzo de 2019 por la Subsección
A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, desconoció los siguientes
precedentes de esta Corporación:

(i) Sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida por la Subsección A,
Sección Segunda, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con el nro. 11001 03 25 000 2011 00100 00 y (ii) la
sentencia del 20 de abril de 2017 proferida por la Subsección A, Sección
Segunda, dentro del expediente radicado con el nro. 11001 03 25 000
2012 00126 00.

Estimó que se debe decretar la nulidad de la sentencia del 28 de marzo
de 2019 y que hay lugar a declarar fundado el recurso extraordinario de
revisión decidido en fallo del 20 de agosto de 2021 de la Sala Especial de
Decisión nro. 25 del Consejo de Estado dentro del expediente con
radicación nro. 11001 03 15 000 2020 02925 00.

Precisó que en la sentencia dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho por él promovido y en el recurso
extraordinario de revisión no hubo pronunciamiento alguno “(…) respecto
a la competencia de la funcionaria supernumeraria (CATALINA RAMÍREZ
SUÁREZ) para proferir el fallo disciplinario en primera instancia; pues en
ambos casos, sólo se pronunciaron frente a la competencia de la
funcionaria para adelantar la investigación disciplinaria y de la
competencia de la DIAN para adelantar la investigación en primera
instancia (…)”.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Anotó que en el fallo de tutela dictado en el expediente 2022-02768-00
se indicó que la solicitud no satisface los requisitos generales de la tutela
contra providencia judicial, ni los supuestos excepcionalísimos de
procedencia del amparo contra una decisión de tutela, lo que fue reiterado
en el fallo de segunda instancia, argumentos que “(…) por demás
caprichosos y arbitrarios, desconocen el precedente judicial del propio
Consejo de Estado sin explicación alguna, como se ha demostrado en la
presente acción de tutela (…)”.

Adicionalmente, advirtió que el Consejero de Estado Julio Roberto Piza
Rodríguez, como integrante de la Sección Cuarta, no se declaró impedido
para fallar la sentencia de tutela presentada en contra de la decisión
adoptada por la Sala Especial de Decisión nro. 25 del Consejo de Estado
dentro del recurso extraordinario de revisión radicado con el nro. 11001
03 15 000 2020 02925 00, de la que también hizo parte, lo que le vulnera
sus derechos a la igualdad, imparcialidad y debido proceso.

Aseguró que, al no declararse impedido, desconoció el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991, el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
el numeral 2 del artículo 61 y el artículo 62 del Código Disciplinario del
Abogado y el numeral 5 del artículo 56 de la Ley 1952 de 2019.

Anotó que en el presente asunto se han agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.

Expresó que se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que la
sentencia de segunda instancia dentro del expediente con radicado nro.
11001 03 15 000 2022 02768 01 fue proferida por la Sección Cuarta de
esta Corporación el 6 de octubre de 2022 y notificada el 19 de octubre de
2022.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Precisó que “(…) los hechos que generaron esta vulneración de los
derechos y principios fundamentales, se materializan en las dos acciones
de tutela anteriores, las cuales han sido declaradas improcedentes de
manera caprichosa y arbitraria. Por lo tanto, al analizar en detalle el fallo
de tutela de segunda instancia proferido por la Sección Cuarta radicado
número 11001 03 15 000 2022 02768 01, se puede observar que aún
subsiste la violación de los derechos de carácter constitucional
fundamentales y principios constitucionales en las decisiones judiciales
falladas conta mi poderdante, puesto que se dejaron de analizar sin
explicación alguna, asuntos trascendentales para el sentido de la decisión
(…)”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Por auto del 25 de noviembre de 20222 fue admitida la acción de
tutela y se dispuso notificar a los consejeros que integran las
Subsecciones A, B y C de la Sección Tercera y de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, así como a quienes integran la Sala Especial de
Decisión nro. 25 de esta Corporación y, por último, vincular a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN3.

3.2. La Consejera de Estado Marta Nubia Velásquez Rico, ponente de la
providencia en la que se decidió el recurso extraordinario de revisión,
presentó en tiempo escrito vía electrónica4, en el que indicó que la
demanda de tutela se presentó de manera tardía toda vez que el fallo que
se cuestiona se profirió el 9 de septiembre de 2021 y el escrito de tutela
se presentó el 19 de noviembre de 2022, esto es, con inobservancia del
término de seis meses, considerado como plazo razonable para
controvertir una providencia judicial mediante la petición de amparo.

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Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Esta orden se cumplió el 29 de noviembre de 2022. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
06171 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Señaló que la tutela está encaminada a controvertir, nuevamente, las
decisiones proferidas en el proceso ordinario por los jueces naturales de
la causa. Precisó que la tutela denota una falta de carga argumentativa
y, por ende, el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida
en que se pretende que el juez de tutela realice un nuevo estudio del
acervo probatorio para arribar a las conclusiones que la parte actora
considera que son las acertadas, lo que desnaturaliza el ejercicio de la
acción de tutela contra providencia judicial proferida por una alta corte.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la demanda de tutela, toda
vez que el asunto no supera los presupuestos de inmediatez y relevancia
constitucional.

3.3. El Consejero de Estado Milton Chaves García, ponente del fallo de
tutela del 6 de octubre de 2022, presentó en tiempo escrito vía
electrónica5, en el que informó que los supuestos fácticos de esta acción
de tutela son idénticos a los que invocó el actor en la tutela con radicación
nro. 11001 03 15 000 2022 02768 00. Además, anotó que entre esa tutela
y esta existe identidad de partes, de objeto y de causa petendi, lo que
evidencia que la presente acción de tutela es temeraria.

Advirtió que, teniendo en cuenta que la presente tutela se promovió por
intermedio de apoderado judicial y que no se expuso ninguna justificación
para su interposición, como lo exige el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia constitucional, “sería del caso remitir copias de
la presente actuación al Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, para lo de su competencia”.

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Agregó que no se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia de
la tutela contra sentencias de tutela, toda vez que el actor ni siquiera
alegó una situación de fraude.

Aseveró que lo que se evidencia es que el demandante pretende reabrir
el debate dado dentro del recurso extraordinario de revisión, que culminó
con la sentencia del 20 de agosto de 2021.

3.4. El Consejero de Estado Alberto Montaña, ponente del fallo de tutela
del 26 de abril de 2022, presentó en tiempo escrito vía electrónica6, en el
que manifestó que dicha providencia, así como su respectivo expediente
digital, contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez
de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.

No obstante, advirtió que la acción de la referencia tiene por objeto
enjuiciar una sentencia de segunda instancia de tutela respecto de la cual
no se configuran los presupuestos señalados en la sentencia SU-627 de
2015 de la Corte Constitucional.

3.5. El Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque, ponente de la
providencia del 29 de julio de 2022, presentó en tiempo escrito vía
electrónica7, en el que indicó que las consideraciones allí esgrimidas son
suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado. Además,
señaló que la solicitud no satisface los supuestos excepcionalísimos de
procedencia del amparo contra una decisión de tutela.

3.6. El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, presentó en tiempo escrito vía electrónica8, en el que indicó que el
señor Francisco Javier García Londoño fue incorporado en la DIAN

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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño

mediante Resolución nro. 000001 del 1 de junio de 1993, en el cargo de
profesional I, nivel 30, grado 18, en la División de Cobranzas y que fue
desvinculado a través de la Resolución nro. 2952 del 29 de diciembre de
1993.

Adujo que ese acto administrativo de desvinculación fue declarado nulo
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo por lo que fue
vinculado nuevamente por Resolución nro. 7203 del 15 de agosto de
2001.

Expuso que la Contraloría General de la República inició en su contra
investigaciones fiscales que fueron decididas de manera desfavorable a
sus intereses.

En atención a lo anterior, sostuvo que, por fallo del 30 de abril de 2017,
la Dirección Regional Noroccidente – División de Investigaciones
Especiales de la DIAN, declaró responsable disciplinariamente al señor
Francisco Javier García Londoño, sancionándolo con destitución e
inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.

Narró que el señor García Londoño presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de dicha decisión, la cual fue
decidida en única instancia en sentencia del 28 de marzo de 2019
proferida por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

Manifestó que los señores Francisco Javier y Ángela María García Londoño
presentaron acción de tutela en contra de esa providencia y que,
mediante fallo del 27 de agosto de 2019 la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado; sentencia que fue
confirmada a través de la providencia del 12 de diciembre de 2020
proferida por la Sección Primera de esta Corporación.

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Informó que el señor García Londoño presentó recurso extraordinario de
revisión que fue decidido el 20 de agosto de 2021 por la Sala Especial de
Decisión nro. 25 del Consejo de Estado, en el sentido de declararlo
infundado.

Mencionó que, contra esa providencia, el accionante presentó acción de
tutela, radicada con el nro. 11001 03 15 000 2022 02768 01, por
considerar que “(…) los fallos allegados guardan similitud respecto al
criterio de competencia disciplinaria (…)”.

Expuso que también presentó la acción de tutela radicada con el nro.
11001 03 15 000 2022 02768 01 en contra de las Subsecciones A y B,
Sección Tercera del Consejo de Estado por considerar que vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

Manifestó que en el presente asunto no se cumplen con los requisitos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra un fallo de la misma
naturaleza.

Advirtió que en el presente caso se pretende reabrir la discusión de la
legalidad de los actos administrativos demandados en el proceso
ordinario.

3.7. El 11 de enero de 2023, el apoderado del accionante allegó un
memorial9 “(…) con manifestación, con el objeto de garantizar el derecho
de defensa y el debido proceso de mi representado (…)” en el que indicó
que, en virtud del principio del juez natural, en la presente acción de
tutela se debe realizar un control judicial integral del fallo disciplinario del
20 de abril de 2007, contenido en la Resolución 8300060 2009 001

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Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño

emitido por la DIAN, por el que se le destituyó e inhabilitó por 12 años
para desempeñar cargos públicos.

Reiteró que tanto la DIAN como el Consejo de Estado, en las providencias
cuestionadas, han desconocido el principio constitucional de favorabilidad
y han optado por la interpretación y aplicación menos favorable del
numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201912 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El señor Francisco Javier García Londoño, a través de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de que
se anularan las Resoluciones 8300060-2009-01 del 30 de abril de 2007,

10
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
11
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
12
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
10

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

6027 del 24 de mayo de 2007 y 7319 del 21 de junio de 2007, por medio
de las cuales, en su orden, se le declaró disciplinariamente responsable y
se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos
públicos por 12 años, se confirmó esa decisión y se hizo efectiva la
sanción.

Surtido el trámite correspondiente, por sentencia del 28 de marzo de 2019
la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, dictó sentencia
en única instancia, en el sentido de negar las súplicas de la demanda13.

4.2.2. El 20 de agosto de 202114, la Sala Especial de Decisión nro. 25 del
Consejo de Estado, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, decidió el recurso
extraordinario de revisión formulado por los señores Francisco Javier
García Londoño y Ángela María García Londoño contra la sentencia del 28
de marzo de 2019, proferida por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el sentido de declararlo infundado.

4.2.3. El 18 d febrero de 202215, la Subsección A, Sección Tercera del
Consejo de Estado decidió la petición de amparo formulada por el señor
Francisco Javier García Londoño en contra de la Sala Especial de Decisión
nro. 25 del Consejo de Estado, en el sentido de declararla improcedente.

4.2.4. El 26 de abril de 202216 la Subsección B, Sección Tercera, del
Consejo de Estado, C.P. Alberto Montaña Plata, decidió la impugnación
presentada por el señor García Londoño en contra de la decisión anterior,
confirmándola.

13
De lo que se extrae de la providencia del 20 de agosto del 2021, proferida por la Sala
Especial de Decisión nro. 25 en el expediente radicado con el nro. 11001 03 15 000 2020
02925 00. Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2020 02925 00.
14
Ibídem.
15
Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 08662 00.
16
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 08662 01.
11

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

4.2.5. El 29 de julio de 202217 la Subsección C, Sección Tercera, del
Consejo de Estado, decidió declarar improcedente la tutela presentada
por el señor Francisco Javier García Londoño en contra de las sentencias
proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Tercera de esta
Corporación, de fechas 18 de febrero de 2022 y 26 de abril de 2022.

4.2.6. La anterior decisión fue confirmada mediante providencia del 6 de
octubre de 202218, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

De manera previa a estudiar los reproches de la acción de tutela, la Sala
observa que el Consejero de Estado Milton Chaves García, en el informe
presentado en este asunto como ponente del fallo de tutela proferido el 6
de octubre de 2022 dentro del expediente identificado con el nro. 2022
02768 00, manifestó que existe identidad de partes, de objeto y de causa
petendi entre dicha tutela y el asunto de la referencia, por lo que la
consideró temeraria.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que la temeridad se
configura cuando se presentan los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones, y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva tutela, vinculada
a un actuar doloso y de mala fe por parte del accionante19.

17
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02768 00.
18
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02768 01.
19
Corte Constitucional. Sentencia T – 162 del 2 de mayo de 2018. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Por consiguiente, para determinar si en este caso se presenta o no una
actuación temeraria, la Sala examinará la tutela radicada bajo el nro.
2022 02768 00 y la que ocupa el presente asunto, así:

Tutela radicada con el nro. Tutela radicada con el nro.
11001 0315 000 2022 02768 11001 0315 000 2022 06171
0020 0021
Pretensiones: Pretensiones:

“1. Que se amparen mis derechos “1. Que se amparen los derechos y
fundamentales al trabajo, al derecho principios fundamentales
a la igualdad, al derecho de defensa, constitucionales del señor FRANCISCO
al derecho a una tutela judicial JAVIER GARCÍA LONDOÑO: al
efectiva, al derecho al acceso a la derecho a la igualdad, al principio de
administración de justicia, al debido favorabilidad en materia laboral, al
proceso. principio pro homine, al derecho al
trabajo, al derecho de defensa, al
2. Que se deje sin efectos el fallo derecho a una tutela judicial efectiva,
dictado por la Subsección A de la al derecho al acceso a la
Sección Tercera del Consejo de administración de justicia, al debido
Estado con Radicación 11001-03-15- proceso.
000-2021-08662-00 de fecha 18 de
febrero de 2022. 2. Que se deje sin efectos el fallo
dictado por la Sección Cuarta del
3. Que se deje sin efectos el fallo Consejo de Estado con Radicación:
dictado por la Subsección B de la 11001-03-15-000-2022-02768-01 de
Sección Tercera del Consejo de fecha 06 de octubre de 2022.
Estado con Radicación: 11001-03-
15-000-2021-08662-00 de fecha 26 3. Que se deje sin efectos el fallo
de abril de 2022”. dictado por la Sección Tercera-
Subsección C del Consejo de Estado
con Radicación: 11001-03-15-000-
2022-02768-00 de fecha 29 de julio
de 2022.

4. Que se deje sin efectos el fallo
dictado por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado
con Radicación: 11001-03-15-000-
2021-08662-01 de fecha 26 de abril
de 2022.

5. Que se deje sin efectos el fallo
dictado por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado

20
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02768 00.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 00495 00.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

con Radicación: 11001-03-15-000-
2021-08662-00 de fecha 18 de
febrero de 2022.

6. Que se deje sin efectos el fallo
dictado por la Sala Especial de
Decisión nro. 25 recurso
extraordinario de revisión radicación
11001 03 15 000 2020 02925 00, de
fecha 20 de agosto de 2021”.

Accionante: Francisco Javier García Accionante: Francisco Javier García
Londoño Londoño, quien actúa por medio de
apoderado, el abogado Daniel García
Giraldo

Accionado: Consejo de Estado – Accionado: Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsecciones A y Sección Tercera – Subsecciones A, B y
B C, y Sección Cuarta y la Sala Especial
de Decisión nro. 25

Así las cosas, la Sala constata que en este caso no está configurada la
temeridad, toda vez que, sin necesidad de otras consideraciones, se
advierte que la acción de tutela está dirigida a diferentes autoridades
judiciales y, además, las pretensiones entre una y otra también difieren,
ya que, a través de la presente acción de tutela, se persigue controvertir
los fallos de tutela que fueron expedidos precisamente en el proceso
radicado bajo el nro. 2022 02768 00.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

De acuerdo con las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, se
tiene que la parte actora cuestiona las siguientes providencias:

(i) La proferida el 20 de agosto de 2021 por la Sala Especial de Decisión
nro. 25 del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión radicado con el nro. 11001 03 15 000 2020 02925 00.

(ii) Las proferidas el 29 de julio de 2022 y el 6 de octubre de 2022 dentro
del expediente de tutela con el radicado nro. 11001 03 15 000 2022
02768 01.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

(iii) Las proferidas el 18 de febrero de 2022 y el 26 de abril de 2022 dentro
del expediente de tutela radicado con el nro. 11001 03 15 000 2021
08662 01.

La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela frente a cada una
de las providencias judiciales que se atacan en esta oportunidad.

En cuanto a la providencia proferida el 20 de agosto de 2021
dentro del recurso extraordinario de revisión nro. 2020 02925 00.

La Sala advierte que, frente a esta decisión, la acción de tutela es
improcedente por no cumplir el requisito de inmediatez, dado que la
providencia proferida el 20 de agosto de 2021 fue notificada por correo
electrónico el 9 de septiembre de 2021, sin que el actor haya explicado
en el escrito de tutela las razones por las que accionó hasta el 19 de
noviembre de 2022, esto es, luego de seis meses de notificada la
sentencia que controvierte.

Al efecto, se tiene que la jurisprudencia constitucional ha considerado
que, dado que la finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata
de los derechos fundamentales, ésta debe formularse en un plazo
razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o
vulneración, pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter
excepcional.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación en
sentencia del 5 de agosto de 2014 unificó su jurisprudencia22 y, en cuanto
al requisito de inmediatez, estableció que “(…) la Sala Plena, como regla
general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar

22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001-03-15-000-2012-
02201-01.
15

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (…)”. (Negrillas y resaltado del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales,
por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona,
teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso
particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.

Por lo anotado, frente a la sentencia proferida el 20 de agosto de 2021 la
acción de tutela deviene improcedente por no cumplir el requisito de
inmediatez.

En cuanto a los fallos de tutela atacados, estos son, los proferidos
el 29 de julio de 2022 y el 6 de octubre de 2022 dentro del
expediente radicado nro. 2022 02768 01 y los proferidos el 18 de
febrero de 2022 y el 26 de abril de 2022 en el expediente radicado
con el nro. 2021 08662 01.

En el asunto bajo examen, el accionante pretende controvertir los
aludidos fallos de tutela con fundamento en que -) desconocieron el
precedente fijado por esta Corporación y -) vulneran el debido proceso en
razón a que el Consejero de Estado Julio Roberto Piza Rodríguez, como
integrante de la Sección Cuarta, debió declararse impedido para decidir
el fallo de tutela del 6 de octubre de 2022.

Uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial que la Corte Constitucional ha establecido es

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

que “no se trate de sentencias de tutela”23; lo anterior, debido a que,
“conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario
2591 de 1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que
afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos
por la Corte Constitucional en sede de revisión”24.

En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo
es improcedente para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la
sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia
respecto “de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la
sentencia”, frente a la procedencia de la tutela que se dirige contra los
fallos de la misma naturaleza, explicó:

“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando
se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente
de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit);
y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver
la situación […]”.

23
Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
24
Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes
Cuartas.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene
improcedente, porque la parte actora está controvirtiendo diferentes
fallos de tutela y no demuestra de manera clara y suficiente que la
decisión adoptada haya sido producto de una situación de fraude, puesto
que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, para la
configuración de la cosa juzgada fraudulenta “se requiere estar en
presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los
requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio
jurídico fraudulento a través de medios procesales, e implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad”25.

También ha precisado que “la cosa juzgada fraudulenta no se configura
únicamente en el evento en que se adopte una decisión con fines ilegales
ligados a una intención dolosa, sino que también se materializa en
aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión fundada en el
fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial”26.

En este evento, la parte actora no alegó ni acreditó que el fallo de tutela
haya sido adoptado de manera ilegal o con fraude a la ley; por el
contrario, se observa que lo que pretende es controvertir lo decidido en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por no estar de
acuerdo con lo resuelto.

En consecuencia, la petición de amparo también deviene improcedente
por cuanto está dirigida contra fallos de tutela y no se advierte que en
dicha decisión exista fraude.

25
Corte Constitucional. Sentencia T – 073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal
Pulido.
26
Ibídem.
18

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06171 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Francisco Javier García Londoño, según lo explicado en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

19

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