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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00788-00

Fecha
18 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00788-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADOS los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado María Adriana Marín y Fernando Alexei Pardo Flórez, con fundamento en las consideraciones consignadas en esta decisión. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Francisco Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por operar la cosa juzgada y por temeridad en su actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00788-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

18 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Cosa juzgada. Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Francisco Javier García Londoño
en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Francisco Javier García Londoño, en nombre propio, presentó acción de tutela con
el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
juez natural, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que consideró
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, con ocasión
de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 11001-03-25-
000-2012-00372-00, que interpuso contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. El señor Francisco Javier García Londoño interpuso de demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que cuestionó la legalidad de i) la Resolución
8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, mediante la cual la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante “DIAN”) le impuso sanción
disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general de doce (12) años para

1 Ibídem. / actuaciones del proceso primigenio incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032500020120037200110
0103

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

ejercer cargos públicos y; ii) la Resolución 06027 del 24 de mayo de 2007,
confirmatoria de la primera.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, bajo el radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-00, autoridad
que, mediante sentencia de única instancia del 28 de marzo de 2019, negó las
pretensiones de la demanda.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. El actor elevó las pretensiones que se transcriben a continuación:

“14.) PRETENSIONES

*QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
VULNERADOS EN LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE
MARZO DE 2019 CON RADICADO 11001032500020120037200
COMO SON: : I) EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ
NATURAL. II) EL DERECHO A LA IGUALDAD. III) DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS ACCIONES
NECESARIAS CON EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI
CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN
SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS
LABORALES Y LEGALES”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela formuló los siguientes cargos:

3.2.1. Afirmó la existencia de hechos nuevos, ocurridos con posterioridad a la
sentencia cuestionada, los que, según afirmó, se derivan de las sentencias C-030
de 2023, en la que la Corte analizó la garantía de imparcialidad del juzgador y C-
126 de 2024, donde se abordó la independencia del operador judicial para la
protección del debido proceso.

Indicó que, como las referidas decisiones tienen efectos erga omnes, no pueden ser
desconocidos por la DIAN, ni por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, además, tales efectos fueron reconocidos por la Sala Plena de esta
Corporación en auto del 3 de diciembre de 2024, proferido al interior del expediente
con radicado 11001–03–15–000– 2023–00871–00.

3.2.2. Señaló que, aunque ha presentado diferentes solicitudes de tutela2 (previas),
no ha incurrido en abuso del derecho por cuanto “las anteriores acciones de tutela
nunca han debatido ni esclarecido los temas contenidos en la sentencias C-030 de
2023 y C-126 de 2024; y además tampoco se han manifestado respecto a: “1). la

2 Que en la demanda tuitiva se identificaron con los número de radicado: 11001-03-15-000- 2021-08662 00/01;

11001-03-15-000-2022-02768-00/01; 11001-03-15-000-2022-06171-00/01; 11001-03-15-000-2023-1080-
00/01; 11001-03-15-000-2023-04221-00/01; 11001-03-15-000-2023-03293-00/01; 11001-03-15-000-2024-
02493-00; 11001-03-15-000-2024-5185-00/01; 11001-03-15-000-2024-06122-00 y; 11001-03-15-000-2024-
07030-00.

2

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante; 2) si el juez que falló la primera tutela no resolvió de fondo el problema
jurídico puesto a consideración por el demandante al invocar razones de
procedencia para apartarse del estudio sustancial. y 3) que existe un hecho nuevo
que justifica que el fallador analice bajo otro enfoque el asunto novedoso”.

Agregó que su caso particular se enmarca en los supuestos establecidos en la
Sentencia SU-012 de 2020, en la cual la Corte Constitucional precisó que es posible
desvirtuar la cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, la temeridad, cuando
se demuestra que el juez de tutela omitió resolver de manera integral el problema
jurídico sometido a su consideración.

3.2.3. A partir de lo anterior, expuso que la sentencia del 28 de marzo de 2019
desconoció que el fallo disciplinario de primera instancia dictado por la Dian y que
se encuentra en la Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, fue
expedido sin competencia. Además, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado se apartó de su propio precedente, pues la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se resolvió por fuera de la órbita de los criterios
establecidos en la sentencia del 20 de abril de 2017, dictada al interior del radicado
11001-03-25-000-2012-00126- 00(0544-12).

3.2.4. Adicionalmente, identificó los siguientes hechos como “nuevos” pues, a su
juicio, “no se han debatido ni esclarecido en las anteriores acciones de tutela”:

i) Considera que la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 inobservó el artículo
53 de la Constitución Política, así como de los principios pro homine y pro libertate.
Agrega que esta circunstancia también demuestra la existencia de un defecto
sustantivo.

ii) Alega que la inhabilidad sobreviniente despareció con el pago total del fallo que
declaró al actor responsable fiscalmente. Señala que dicha decisión3 fue una de las
razones por las cuales fue sancionado disciplinariamente, por lo que al reparar el
daño patrimonial causado en ejercicio del cargo que ostentaba en la DIAN, el hecho
desapareció.

iii) Considera que su desvinculación ilegítima lesiona su derecho fundamental al
desempeño de cargos y funciones públicas, en relación con del derecho
fundamental a la dignidad humana.

iv) Manifiesta que la sentencia desconoce el propio precedente del Consejo de
Estado, en la medida que viola el derecho fundamental a la igualdad. Señala que la

3 La Contraloría General de la República, mediante fallo del 8 de marzo de 2006, confirmado en providencia del

19 de mayo del miso año, declaró al actor fiscalmente responsable, como consecuencia de las actuaciones
irregulares desplegadas durante los años 1999 a 2001, mientras de desempeñaba como tesorero de rentas
municipales de Yondó.

3

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

sentencia cuestionada debió ser decidida bajo los mismos parámetros y criterios
contenidos en los siguientes fallos dictados por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado: a. rad. núm. 11001-03-25-000-2011- 00100-00(0330-11) del
12 de octubre de 2017 y; b. rad. núm. 11001-03-25-000-2012- 00126-00(0544-12)
del 20 de abril de 2017,

v) Manifiesta que la sentencia desconoce su derecho a que la promoción de una
actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las
pretensiones que han sido planteadas. Al respecto cita las sentencias C-030 de
2023 y C-126 de 2024, que reiteraron que el acceso a la administración de justicia
se materializa en la emisión de decisiones de fondo por parte del juez natural
respecto de las pretensiones planteadas.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. El asunto fue asignado por reparto al despacho del Consejero de Estado
Nicolás Yepes Corrales, quien manifestó su impedimento 4 para asumir el
conocimiento, con fundamento en la causal prevista en el artículo 56.4 del Código
de Procedimiento Penal.

A través de auto del 14 de marzo del presente año5 los restantes miembros de la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado aceptaron el impedimento,
y se separó al referido magistrado de este trámite constitucional.

4.2. El asunto ingresó al despacho del Consejero de Estado William Barrera Muñoz,
quien también se declaró impedido por la misma causal.

4.3 Con auto del 18 de junio del año en curso se ordenó el sorteo de Conjueces y
fueron seleccionados los magistrados María Adriana Marín y Fernando Alexei Pardo
Flórez. Luego, a través de providencia del 18 de julio de 20256 se aceptó la referida
manifestación.

4.4. El expediente fue remitido al despacho de la magistrada ponente el 27 de
agosto de 2025, quien mediante auto7 de esa misma fecha admitió la acción de
tutela y dispuso la vinculación como tercero con interés de la DIAN.

4.5. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado8 indicó que la
solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, dado que
no cuenta con una carga argumentativa que justifique la intervención del juez de
tutela, pues el actor simplemente reiteró los argumentos planteados en el marco del
proceso ordinario. En tal sentido, precisó que la intención del actor es reabrir del
debate agotado por los jueces naturales. Agregó que la solicitud tampoco cumple

4 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
5
Índice 00021 del aplicativo SAMAI.
6
Índice 00042 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 00048 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 00053 del aplicativo SAMAI.

4

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

con el requisito de inmediatez, pues superó el término de seis (6) meses contados
a partir de la notificación de la sentencia cuestionada.

Finalmente, señaló que, a través de otras acciones de tutela anteriores, el actor ha
atacado el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho del 28 de marzo de 2019.

Las Secretaría de la referida Sección allegó al expediente ordinario en medio
digital9.

4.6. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN10 informó que el
actor promovió una serie de acciones de tutela en los que cuestionó la sentencia
del 28 de marzo de 2019, entre ellas los expedientes: i) 11001-03-15-000-2023-
01080-00; ii) 1001-03-15-000-2024-06125-00; iii) 1001-03-15-000-2025-01180-00;
iv) 11001-03-15-000-2025-01352-00. En consecuencia, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela al estar configurada la cosa juzgada y probada la
temeridad.

4.7. El 10 de septiembre de 2025 11 se registró el proyecto de fallo de primera
instancia para consideración de la Sala de Decisión integrada por la suscrita
ponente y los Conjueces designados Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana
Marín. No obstante, mediante escritos radicados en el aplicativo SAMAI el 17 de
septiembre y 18 de septiembre de 2025, respectivamente, los mencionados
conjueces manifestaron estar incursos en causal de impedimento prevista en el
artículo 56.412 del Código de Procedimiento Penal, bajo las razones que se exponen
a continuación.

El Dr. Fernando Alexei Pardo Flórez13 indicó que i) actuó como ponente de la
sentencia del 25 de octubre de 2024 proferida dentro de la acción de tutela número
11001-03-15-000-2024-05185-00, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo presentada en contra de la providencia del 28 de marzo de 2019
dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-03-25- 000-2012-00372-00; asimismo ii) integró la Sala que dictó el
fallo del 8 de abril de 2025 dentro del asunto identificado con el radicado 11001-03-
15-000-2024-07030-00, en el que la que el accionante reprochó la referida decisión
del 28 de marzo de 2019.

En consecuencia, precisó que tuvo conocimiento previo del asunto que se plantea
en esta acción constitucional por lo que “cualquier pronunciamiento eventualmente
podría comprometer la imparcialidad de la decisión”.

9 Índice 00052 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 00034 del aplicativo SAMAI.
11 Índice 00057 del aplicativo SAMAI.
12 “Art. 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son casuales de impedimento: […] 4. Que el funcionario judicial

haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos,
o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.
13 Índice 00058 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

La Dra. María Adriana Marín14 informó que integró la Sala que profirió los fallos del
26 de octubre de 2024, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado
número 11001-03-15-000-2024-05185-00 y del 4 de abril de 2025 correspondiente
a la solicitud de amparo identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-07030-
01. En dichas decisiones, el tutelante dirigió las pretensiones de amparo
constitucional contra la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número 11001-03-25-000-2012-
00372-00.

En consecuencia, manifestó haber tenido conocimiento previo del litigio propuesto
a través de esta acción y, en tal sentido, “cualquier pronunciamiento podría
comprometer la imparcialidad que se requiere para resolver la acción de tutela”.

4.8. Con el fin de integrar la Sala para resolver las manifestaciones planteadas por
los conjueces Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana Marín, la Consejera
ponente dictó el auto del 23 de septiembre de 202515, mediante el cual ordenó
realizar sorteo de conjueces externos de la Sección Tercera del Consejo de
Estado16.

4.9 La Secretaría General de la Corporación realizó 17 el referido trámite, que
concluyó con la designación de las doctoras Ruth Stella Correa Palacio y Carolina
Deik Acostamadiedo.

4.10 El expediente fue remitido al despacho de la magistrada ponente el 3 de
octubre de 2025. En consecuencia, una vez integrada la Sala de Decisión y, en
aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, se dispondrá la
resolución de los impedimentos como parte integrante del fallo de primera instancia.

5. Análisis y resolución de los impedimentos manifestados

5.1. Los Conjueces Fernando Alexei Pardo Flórez y María Adriana Marín invocaron
la causal prevista en el artículo 56, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal
según el cual, estará impedido el funcionario judicial que “haya sido apoderado o
defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de
ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del
proceso”18. En particular, manifestaron haber integrado las Salas que profirieron los
fallos dentro de las acciones de tutela19 promovidas por Francisco Javier García
Londoño contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, mediante la cual la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado negó las pretensiones formuladas

14 Índice 00063 del aplicativo SAMAI.
15
Índice 00066 del aplicativo SAMAI.
16 Se precisó que “para el efecto, se acudirá a quienes no hayan intervenido previamente en las acciones de

tutela promovidas por el señor Francisco Javier García Londoño”.
17 Índice 00070 del aplicativo SAMAI.
18 Artículo 56.4 del Código de Procedimiento Penal.
19 Identificadas con los números de radicado 11001-03-15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-000-2024-07030-
00 y 11001-03-15-000-2024-07030-01

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el citado
actor contra la DIAN.

5.2. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado20 ha
señalado que “los impedimentos y las recusaciones son mecanismos jurídicos
establecidos en la ley para garantizar que las decisiones adoptadas por los jueces
estén enmarcadas en los principios de imparcialidad, independencia y
transparencia”.

La Corte Constitucional ha indicado que el régimen de impedimentos y recusaciones
efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento
como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el
derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de
justicia se garantiza a través de una decisión imparcial que resuelva su
controversia21.

En punto a lo anterior, siempre que el funcionario judicial advierta la existencia de
motivos que puedan comprometer su imparcialidad para decidir un asunto, tiene el
deber de apartarse del conocimiento con el fin de garantizar que la decisión de fondo
no se vea afectada22. Esto, en atención a que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la manifestación de impedimentos no se entiende como “omnímoda,
arbitraria o caprichosa”23 dado que encuentra soporte en causales taxativas, las que
merecen un análisis detallado de los argumentos y de circunstancias particulares
con el fin de establecer si en efecto encuentran fundamento, y así evitar
restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de
justicia24.

5.3. En relación con el artículo 56.4 del Código Procedimiento Penal, invocado por
los referidos Conjueces, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
indicó lo siguiente:

“(...) Fijando el sentido y alcance de esta causal, reiterada doctrina de la Sala
ha señalado que la destacada opinión, además de producirse por fuera de
la actuación judicial en que se va a intervenir, debe ser aquella de tal entidad
o naturaleza que vincule al servidor público sobre el aspecto que ha de ser
objeto de decisión (Rad. 47980/2016); esto es, constituir una anticipación
seria y vinculante de conceptos que inequívocamente comprometan el
criterio del funcionario judicial (Rad. 57866/2021) y en todo caso, desde
luego, tratarse de un concepto que comprenda el objeto del proceso y
signifique una antelada reflexión que supedite el juicio de valor que le
corresponde inmediatamente emitir.

Desde luego no cualquier genérica referencia a un tema objeto de eventual
postrer conocimiento constituye una opinión con relevancia para el derecho
dentro del ámbito en que la ley ha utilizado esta expresión para condicionar
a través de la misma el compromiso del funcionario judicial en la apreciación
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación

11001-03-15-000-2023-03252-01.
21 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024.
22 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021.
23Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996.
24 Corte Constitucional Auto 740 de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

de un asunto con posterioridad. Para que se evidencie sin laxitud ni arbitrio
esa vinculación enervante por parte del juez, ella debe emanar de un
entendimiento que exprese más que una particular, ambigua y genérica
aserción, distante por ello de parámetros objetivos de valoración, un criterio
vinculante en orden a tener la potencialidad de condicionar conceptualmente
las decisiones que le corresponda adoptar”25

Al su turno, la Corte Constitucional, en auto 2051 de 2024 señaló que “puede
configurarse bajo tres supuestos específicos para el funcionario judicial: “(i) haber
sido apoderado de alguna de las partes; (ii) ser o haber sido su contraparte; o (iii)
haber manifestado su opinión o dado consejo, sobre el asunto materia del
proceso” 26 . En concreto, frente a este último supuesto, retomó los criterios
establecidos en el auto 585 de 2017, que reiteró la posición de la Corte Suprema de
Justicia en cuanto a que “no se refiere a cualquier opinión sobre el objeto del
proceso, sino que debe cumplir dos requisitos: (i) haberse producido
extraprocesalmente; y (ii) ser sustancial, de manera que constituya una barrera que
comprometa el juicio del juzgador y le impida actuar con libertad e imparcialidad”.

5.4. La Sala advierte que los Conjueces Fernando Alexei Pardo Flórez y María
Adriana Marín conocieron previamente las acciones de tutela promovidas por
Francisco Javier García Londoño en contra de la sentencia del 28 de marzo de 2019
dictada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento el derecho identificado
con el radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-00.

En efecto, al consultar el aplicativo Samai se advierte que los referidos conjueces
integraron la Salas de Decisión en los siguientes asuntos:

Radicado 11001-03-15-000-2024-05185-0027, en el que se dictó sentencia de
primera instancia en la que participaron el Dr. Pardo Flórez —como ponente— y
la Dra. Marín.

Radicado 11001-03-15-000-2024-07030-0128 cuyo trámite culminó con el fallo
de segunda instancia en el que intervinieron tanto el Dr. Pardo Flórez como la
Dra. Marín.

En sus decisiones, los mencionados Consejeros de Estado analizaron los
argumentos expuestos por el actor con el propósito de obtener el amparo de los
derechos fundamentales que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del
28 de noviembre de 2019, la misma que el señor García Londoño impugna
nuevamente mediante la presente solicitud de amparo.

25 Sentencia del 6 de octubre de 2021. STL 13457-2021. Radicación núm. 94907.
26 Corte Constitucional, autos 1009 de 2021 y 2628 de 2023.
27 Consultable en el aplicativo SAMAI a través del siguiente enlace web
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020240518500110
0103.
28 Consultable en el aplicativo SAMAI a través del siguiente enlace web
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020240703000110
0103.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

5.5 En consecuencia, se advierte que, en una providencia proferida dentro de un
trámite judicial distinto al que ahora se examina, los magistrados Fernando Alexei
Pardo Flórez y María Adriana Marín fijaron su posición frente a la controversia
planteada por el tutelante. En este contexto, resulta razonable concluir que pudieron
haber anticipado un criterio sobre los fundamentos que servirán de base para
resolver las pretensiones formuladas en esta acción constitucional, circunstancia
que podría afectar su imparcialidad.

Así las cosas, la Sala declarará fundados los impedimentos manifestados.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa Francisco
Javier García Londoño, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandante al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 1001-03-25- 000-
2012-00372-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda Subsección A, por cuanto actuó como juez de única
instancia dentro del trámite mencionado y fue su actuación a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentra probada la
identidad de partes, causa y objeto entre la presente acción constitucional y la
registrada bajo el número 1001-03-15-000-2024-06125-00/01 y, en caso afirmativo,
determinar si existe temeridad en la actuación del accionante por duplicidad de
acciones de tutela adelantadas con fundamento en los mismos hechos, por el
mismo objeto y contra la misa parte.

De no encontrarse cosa juzgada, se pasará a analizar si el Consejo de Estado,
Sección Segunda Subsección A, incurrió en violación de los derechos
fundamentales invocados al proferir la sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-00, mediante la cual fueron
desestimadas sus pretensiones encaminadas a controvertir los actos
administrativos que le impusieron unas sanciones disciplinarias.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 29 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 30 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto31.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”32.

5. La Cosa Juzgada Constitucional

La cosa juzgada ha sido definida por el Código General del Proceso y la
jurisprudencia como una institución que busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En efecto, el artículo 303
del CGP dispone que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo

29 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
30 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
31 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
32 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes (…)”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha entendido el fenómeno de la cosa juzgada
en los siguientes términos:

“Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249
de 2016, definió a la cosa juzgada como una “(…) institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas (…)”.

Como se expuso en párrafos precedentes, la presentación sucesiva o múltiple
de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo
con la jurisprudencia de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y
deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial del Estado
como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se
presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.

2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la
figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia
que expida este Tribunal”

2.2.2. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la
cosa juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La
anterior circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada
constitucional, así se verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones.”33

Ahora bien, la Corte señaló como una de las excepciones de la cosa juzgada
constitucional cuando la parte alega la ocurrencia de hechos nuevos, a pesar de
existir un pronunciamiento anterior en el que concurran los elementos de identidad
entre las partes, hechos y pretensiones. No obstante, cuando se alega como hecho
nuevo la expedición de una sentencia judicial, aclaró que, no cualquier
pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, ya que requiere (1) que
tenga vocación de universalidad, como la tienen las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación34; y (2) que el nuevo fallo aborde situaciones
jurídicas novedosas que no se hubieran desarrollado con anterioridad35.

Así las cosas, a pesar de que la temeridad y la cosa juzgada son fenómenos
procesales distintos, la presentación múltiple e injustificada de la misma acción de
tutela puede configurar una actuación temeraria y comprometer el principio de la
cosa juzgada constitucional. Lo anterior, constituye un ejercicio desleal y

33
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021
34 Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-324 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-055 de

2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
35 Corte Constitucional, sentencias SU-055 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019

(M.P. Alejandro Linares Cantillo).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

deshonesto de la acción, que puede comprometer la capacidad judicial del Estado,
así como los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

6. Temeridad ante la duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela

De acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional, se incurre en una actuación
temeraria cuando se presentan varias solicitudes de amparo en las que hay “(i)
identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte
de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv)
falta de justificación para interponer la nueva acción”36.

Al respecto, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199137 dispuso:

“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar”.

Ahora bien, cabe destacar que la Corte Constitucional ha precisado que “algunas
variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones” 38 no necesariamente
llevan a descartar la triple identidad, “sino que se trata de un examen más profundo,
que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia
material entre los dos procesos, a pesar de pequeñas diferencias”39.

En ese sentido, “accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo
caso, una identidad de sujetos. Finalmente, tener un mismo objetivo y pretensión
no significa que deba existir una redacción idéntica de las pretensiones de las dos
acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una
pretensión equivalente”40.

El máximo Tribunal de lo Constitucional también ha entendido la temeridad desde
dos perspectivas:

“La primera alude a su estructuración cuando una misma persona presenta
simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades
judiciales y la segunda extiende la temeridad a eventos en los cuales la
persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción. Esto es

36 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
37 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
38 Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional.
39 Ibíd.
40 Ibíd.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

equivalente a que: (i) el accionante actúe de mala fe y; (ii) se acuda al
recurso de amparo sin una justificación razonable”41.

En este sentido, para “poder decretar la temeridad, el juez debe advertir: (i) la
presencia de un elemento volitivo negativo en la presentación de la acción, es decir
que esta se ejerza con mala fe o dolo del accionante; y (ii) la ausencia de
justificación razonable y objetiva”42.

Así las cosas, el juez constitucional no solo deberá verificar “los elementos que
constituirían triple identidad para concluir que hay una actuación temeraria y, en
consecuencia, declarar su improcedencia”43, sino que además debe “estudiarse las
circunstancias actuales que rodean el caso específico” 44 , de modo que, solo
desvirtuada la presunción de buena fe a favor del accionante, que tiene lugar
cuando “se deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia, procederán las
sanciones”45.

De igual manera la Corte estableció como excepciones a la temeridad y que
justifiquen la presentación de una nueva acción de tutela, las siguientes:

“(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquéllas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por necesidad
extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de
los profesionales del derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base
para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante y (iv) Se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión”46.

7. Caso concreto

La Sala anuncia que declarará improcedente la acción de tutela, por las razones
que se exponen a continuación:

41
Sentencia T-162 de 2018 de la Corte Constitucional.
42 Sentencia T-190 de 2020 de la Corte Constitucional.
43 Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional.
44 Ibídem.
45 Ibid.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

7.1. Cosa juzgada

En atención a las circunstancias particulares del actor que se derivan de los
fundamentos de la solicitud de amparo, así como de los informes presentados en
este trámite, la Sala considera necesario entrar a verificar la posible cosa juzgada
en relación con los reparos que el accionante formuló en contra del fallo del 28 de
marzo de 2019, proferido en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número de radicado 1001-03-25- 000-2012-00372-00.

En punto a lo anterior, con el fin de establecer si en el presente asunto se cumplen
los requisitos para que se estructure la cosa juzgada, se realizará el siguiente
análisis comparativo.

Expediente Rad. 11001-03-15-000-2025- Rad. 1001-03-15-000-2024-
00788-00 06125-00/01
(Expediente objeto de estudio) (Tutela preexistente)

Accionante. Francisco Javier Accionante. Francisco Javier
García Londoño García Londoño
Partes
Accionado. Consejo de Estado, Accionados. Consejo de
Sección Segunda, Subsección A. Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
Mediante la la Resolución El actor señaló que “la la
8300060-2009-001 del 30 de abril presente Acción de Tutela, se
de 2007 la Dirección de origina como consecuencia de
Impuestos y Aduanas Nacionales un proceso disciplinario en el
sancionó disciplinariamente al cual la UNIDAD
actor, con destitución en el cargo
ADMINISTRATIVA ESPECIAL-
que desempeñaba e inhabilidad DIAN profirió la Resolución
para ejercer cargos públicos por 8300060-2009- 001 del 30 de
Causa petendi 12 años. abril de 2007, (…) en la que me
‘DESTITUYE E INHABILITA
El actor interpuso demanda de POR 12 AÑOS DEL SECTOR
nulidad y restablecimiento del PUBLICO”.
derecho, que se registró bajó el
radicado número 11001-03-25- Agregó que promovió un
000-2012-00372-00, en la proceso ordinario en el que
Sección Segunda Subsección A cuestionó la legalidad de dichos
del Consejo de Estado dictó actos. Sin embargo, mediante
sentencia del 28 de marzo de sentencia del 28 de marzo de
2019 que negó las pretensiones. 2019 se negaron las
pretensiones.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Derechos cuya protección Derechos cuya protección
invoca: igualdad, debido proceso, invocó: igualdad, debido
al juez natural, al funcionario proceso, al juez natural, al
competente, y de acceso a la funcionario competente, a
administración de justicia. ejercer cargos de carrera
administrativa y de acceso a la
Objeto administración de justicia.
Pretensiones:
Pretensiones:
“*QUE SE AMPAREN MIS
DERECHOS FUNDAMENTALES “*QUE SE DECLARE LA
VULNERADOS EN LA NULIDAD DE LA SENTENCIA
SENTENCIA JUDICIAL JUDICIAL PROFERIDA EL 28
PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE MARZO DE 2019 CON
DE 2019 CON RADICADO RADICADO
11001032500020120037200 11001032500020120037200
COMO SON: : I) EL DERECHO DENTRO DEL MEDIO DE
AL DEBIDO PROCESO Y AL CONTROL DE NULIDAD Y
JUEZ NATURAL. II) EL RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO A LA IGUALDAD. III) DERECHO ‘DE ÚNICA
DERECHO DE ACCESO A LA INSTANCIA’.
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. *QUE SE AMPAREN MIS
DERECHOS
*QUE, COMO CONSECUENCIA FUNDAMENTALES
DEL AMPARO DE MIS VIOLADOS POR LOS ACTOS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS
FUNDAMENTALES PROFERIDOS POR LA DIAN
INVOCADOS, SE TOMEN LAS CONTENIDOS EN LAS
ACCIONES NECESARIAS CON SIGUIENTES
EL OBJETO DE QUE SE ME RESOLUCIONES 8300060-
REINTEGRE A MI CARGO DE 2009-01 DE 30 DE ABRIL DE
CARRERA ADMINISTRATIVA 2007, 6027 DE 24 DE MAYO
EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE DE 2007 Y 7319 DE 21 DE
CONTINUIDAD PARA TODOS JUNIO DE 2007COMO SON: i)
LOS EFECTOS LABORALES Y DERECHO FUNDAMENTAL
LEGALES”. AL DEBIDO PROCESO Y AL
JUEZ NATURAL O
FUNCIONARIO
COMPETENTE. ii) DERECHO
A LA IGUALDAD, iii)
DERECHO A EJERCER
CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA
DIAN. y iv) DERECHO A DE
ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. *QUE, COMO
CONSECUENCIA DEL
AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES
INVOCADOS, SE ME
REINTEGRE A MI CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA
EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN
DE CONTINUIDAD PARA
TODOS LOS EFECTOS
LABORALES Y LEGALES […]”

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Primer instancia. Mediante fallo
La adoptará la Sala a través de del 12 de diciembre de 2024 la
esta providencia. Sección Primera del Consejo
de Estado declaró la cosa
juzgada constitucional y la
Decisión existencia de temeridad en la
actuación del tutelante.

Segunda instancia. En
sentencia de fecha 21 de
febrero de 2025, la Sección
Tercera, Subsección B de esta
Corporación modificó la
providencia de primer grado. En
su lugar, rechazó la acción de
tutela.

Para ello argumentó:

“11.3.- Se observa que la tutela
presentada por el accionante en
ese proceso es igual a la
presentada en el presente proceso
y a otra que se decide en esta sala.
En efecto, la descripción de los
hechos es igual, la tutela fue
interpuesta contra la misma
autoridad y las pretensiones
elevadas tienen el mismo
propósito: cuestionar la sentencia
proferida por la autoridad judicial
accionada el 28 de marzo de 2019.
Así las cosas, se evidencia
identidad de partes, causa petendi
y objeto.
11.4.- Frente a este tipo de
situaciones, el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991 prevé el
rechazo de todas las solicitudes.
Por esta razón, la sala decidirá en
ese sentido.

12.- A pesar de que el actor alega
que se configuraron varios hechos
nuevos que justifican la
interposición de la presente acción
de tutela, la sala advierte que no
son hechos nuevos, sino
apreciaciones y cuestionamientos
del accionante sobre la
providencia objeto de tutela. Tanto
así, que incluye como hechos
nuevos algunos argumentos que
también presentó como defectos
de la sentencia de nulidad y
restablecimiento, como el
desconocimiento del artículo 53 de
la Constitución; y este, en todo
caso, no constituye un hecho
nuevo”

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

A partir de lo anterior, la Sala advierte la existencia de identidad de partes, causa y
objeto entre la presente acción constitucional y la registrada bajo el número 1001-
03-15-000-2024-06125-00/01. Si bien el accionante manifestó la existencia de
supuestos hechos nuevos que, a su juicio, configurarían un escenario distinto al ya
examinado y decidido, en realidad persigue el mismo propósito: obtener la anulación
de la sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado número 11001-03-25-000-
2012-00372-00, mediante la cual fueron desestimadas sus pretensiones
encaminadas a controvertir los actos administrativos que le impusieron unas
sanciones disciplinarias.

Dicha solicitud, como se observa en el cuadro precedente, ya fue evaluada y
despachada desfavorablemente en primera y segunda instancia, por jueces de
tutela.

En consecuencia, se advierte que operó la cosa juzgada y en tal sentido, no es
procedente abordar el estudio de los argumentos que el tutelante propone en esta
oportunidad.

7.2. Temeridad

Ahora bien, la Sala estima pertinente establecer si el señor Francisco Javier García
Londoño incurrió en actuación temeraria, debido a que en la demanda de tutela
aludió a múltiples trámites constitucionales que ha adelantado con el mismo fin.

En tal sentido, se advierte que en el fallo de tutela del 12 de diciembre de 2024
dictada al interior del trámite con radicado 1001-03-15-000-2024-06125-00/01, la
Sección Primera de esta Corporación identificó que, para ese momento, el tutelante
había interpuesto dos (2) solicitudes de amparo con el fin de cuestionar y dejar sin
efectos la sentencia del 28 de marzo de 2019. Estas, adelantaron bajo los registros
1001-03-15-000-2019-03444-00/01 y 1001-03-15-000-2023-01080-00/01.

Dicha autoridad, hizo precisión de la forma en que el accionante ha hecho uso del
mecanismo constitucional, para lo cual, expuso el siguiente contexto fáctico que se
considera relevante para decidir este asunto:

“Por último, frente a la existencia de temeridad, en los términos del artículo
38 del Decreto Ley 2591 de 1991, está acreditado el cumplimiento del
requisito de identidad de partes, pretensiones y fundamentos con las tutelas
con radicados nros. 2019 03444 00/01, 2023 01080 00/01 y 2024 05185 00,
y se evidencia que el motivo invocado por el accionante para la presentación
de esta nueva tutela es la sentencia SU-342 de 2024 proferida por la Corte
Constitucional, que como ya se explicó no se trata de un hecho nuevo.

Al efecto, valga indicar que, en la sentencia proferida el 8 de junio de 2023
por la Sección Quinta de esta Corporación en la tutela con radicado nro. 2023-
01080, se declaró la cosa juzgada constitucional frente a otras providencias
que había atacado el demandante, y se rechazaron “los demás cargos de la
solicitud de amparo por configurarse el fenómeno de la temeridad”,
advirtiéndole “(…) que en lo sucesivo se abstenga de presentar acciones de

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

tutela, por los mismos hechos aquí mencionados (…)”; así mismo, en la
sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 por la Sección Tercera de esta
Corporación en la tutela con radicado nro. 2024-05185, se declaró
improcedente la solicitud de amparo “(…) [a]nte la temeridad evidenciada en
el ejercicio de la acción constitucional (…)”, por consiguiente, no puede
inferirse la falta de conocimiento por parte del accionante sobre la figura de
la temeridad, pues ya ha sido advertido previamente acerca de no interponer
más acciones de tutela frente a este asunto.

En consonancia con lo anterior, y como quiera que el accionante actúa en
nombre propio, no se puede evidenciar que haya sido erróneamente
asesorado por profesionales en derecho, ni se evidencia, como tampoco lo
manifiesta, que se encuentre en estado de indefensión.

En ese sentido, se verifica que existe coincidencia entre las solicitudes de
amparo, conducta que constituye un ejercicio temerario de la acción de tutela,
sin que dicha actuación esté justificada; aunado a que, pese a que
previamente ya ha sido advertido el accionante, insiste en interponer acciones
de tutela con similar fundamento material, incluso se verifica que la presente
tutela se interpuso estando en trámite la identificada con el radicado 2024-
05185”

En igual sentido, la Sección Tercera Subsección B, a través de sentencia de
segunda instancia dictada el 21 de febrero de 2025 al interior del mismo trámite,
indicó: “La sala advierte que el accionante ha interpuesto más de diez acciones de
tutela relacionadas con la aquí estudiada 47 ; sin embargo, esta sala aprecia la
temeridad con respecto a una tutela interpuesta por los mismos supuestos que la
que se estudia”

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el inicio de la presente
solicitud de amparo constitucional evidencia un actuar temerario por parte de
Francisco Javier García Londoño, así como un uso desproporcionado del derecho.
Ello obedece a que insiste en acudir ante los jueces constitucionales para formular
las mismas pretensiones y argumentos que ya fueron objeto de análisis en
oportunidades anteriores. Además, pese a los exhortos realizados para que se
abstenga de presentar nuevas demandas basadas en los mismos supuestos
fácticos, ha desatendido tales advertencias.

En consecuencia, se considera que las actuaciones del señor García Londoño se
enmarcan en los supuestos del artículo 3848 del Decreto 2591 de 1991.

47 11001-03-15-000-2021-08662-00/01; 11001-03-15-000-2022-02768-00/01; 11001-03-15-000-2022-06171-
00/01; 11001-03-15-000-2023-01080-00/01; 11001-03-15-000-2023-04221-00/01; 11001-03-15-000-2023-
03293-00/01; 11001-03-15-000-2024-02493-00; 11001-03-15-000-2024-05185-00/01; 11001-03-15-000-2024-
06125-00; 11001-03- 15-000-2019-03444-00/01; 11001-03-15-000-2025-00007-00; 11001-03-15-000-2024-
07030-00
48 “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación
de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00788-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

7.3. Conclusión

La Sala concluye que la acción de tutela promovida por Francisco Javier García
Londoño presenta identidad de parte, causa y objeto con el trámite identificado con
el radicado 1001-03-15-000-2024-06125-00/01 y en tal sentido, opera la cosa
juzgada. Asimismo, está probada la actuación temeraria en el uso de este
mecanismo constitucional. Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud
de amparo constitucional y ordenará al actor abstenerse de presentar nuevas
acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADOS los impedimentos manifestados por los
Consejeros de Estado María Adriana Marín y Fernando Alexei Pardo Flórez, con
fundamento en las consideraciones consignadas en esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Francisco Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por operar la cosa juzgada y por temeridad en su
actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de
presentar nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y
objeto.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
RUTH STELLA CORREA PALACIO
Conjuez

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CAROLINA DEIK ACOSTAMADIEDO
Conjuez

19

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