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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08662-00

Fecha
18 de febrero de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
26 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-08662-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Francisco Javier García Londoño, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. 6 Artículo 246. «El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario»; Artículo 243 « Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: (…) 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente». 24 Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00 Demandante: Francisco Javier García Londoño Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25 Referencia: sentencia de tutela de primera instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-08662-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 25
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier García
Londoño contra la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 12 de noviembre de 20211, el señor Francisco Javier García Londoño interpuso
acción de tutela contra la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado,
porque consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Formuló la
siguiente pretensión:

1. TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
VULNERADO en el fallo proferido por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.
25. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinte
(20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación:
110010315000020200282500, dentro del proceso de Recurso extraordinario de
Revisión.

2.Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia del
proferida por la SALA DE DECISIÓN SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25.
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinte

1 Se advierte que, el 18 de enero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

(20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación:
110010315000020200282500, mediante la cual se resolvió declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Francisco Javier
García Londoño.

3. Consecuente con lo anterior, se ordene a la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
No. 25. Dictar una nueva providencia en el proceso de recurso extraordinario de
revisión, acogiendo la normatividad aplicable al caso concreto y la interpretación
constitucional efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia
referenciadas, así como efectuando una adecuada apreciación y valoración de
las pruebas que acreditan dentro del proceso.

4.Que se disponga en la sentencia de tutela que se adopten todas las medidas
conducentes para hacer cesar cualquier efeto que se hubiere dado como
consecuencia del cumplimiento del fallo que vulneró mis derechos
fundamentales invocados.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:

El señor Francisco Javier García Londoño manifestó que, mediante las Resoluciones
136 del 31 de mayo de 2006 y 135 del 9 de julio de 2006, la Contraloría General de
la República lo excluyó del Boletín de Responsables Fiscales y que «ya le había
informado sobre los dos procesos de responsabilidad fiscal (…) antes de que le
iniciaran el proceso disciplinario mediante auto de indagación preliminar del 30 de
agosto de 2006».

Señaló que el 30 de abril de 2007, la señora Catalina Ramírez Suárez «funcionaria
supernumeraria» profirió en primera instancia la Resolución Dian 8300060-2009-001,
mediante la cual la destituyó e inhabilitó por 12 años. La anterior decisión fue
apelada por el accionante ante el director general de la Dian. Mediante Resolución
06027 del 24 de mayo de 2007, se confirmó el fallo disciplinario.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
demandó los anteriores actos administrativos. La Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de marzo de 2019, negó las
pretensiones de la demanda. Por lo anterior, el señor García Londoño interpuso
recurso extraordinario de revisión, con fundamento en las causales 1° y 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. En providencia del 20 de agosto de 2021, la
Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado lo declaró infundado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:

(I) Violación directa de la Constitución: manifestó que en el proceso disciplinario y
en el proceso contencioso administrativo se le vulneraron sus garantías al juez
natural, a la igualdad y al debido proceso.

Para tal efecto, expuso que el control judicial debe ser integral en los procesos
administrativos disciplinarios sancionatorios. Asimismo, expresó que durante el
trámite del recurso extraordinario de revisión solicitó que se decretara como prueba
las resoluciones mediante las cuales se vinculó a la DIAN a la señora Catalina
Ramírez Suárez, pues la jefe de la oficina de investigaciones disciplinarios de la
Regional Noroccidente era la señora María Janet Osorio Gil. Señaló que esa prueba
era conducente, pertinente y útil para demostrar que ella no era el juez natural para
proferir el fallo disciplinario de primera instancia, pero que «la consejera ponente
rechaza dicha prueba en el auto que decreta pruebas del 26 de mayo de 2021».

Manifestó que con fundamento en el artículo 76 de la Ley 634 de 2002, el juez
natural se debe entender como las entidades u organismos y también a los
funcionarios que tienen la competencia constitucional y legal para proferir los actos
administrativos sancionatorios en primera o segunda instancia. Para tal efecto, citó la
sentencia C-328 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, según la cual «no
basta con ser juzgado por un juez, sino que éste debe, además, tener competencia
para conocer el asunto y resolverlo».

Puso de presente el concepto PAD – 7570 del 22 de noviembre de 2002, expedido
por la Procuraduría General de la Nación. En el referido concepto, se expuso, en
síntesis, que la facultad para proferir el fallo de primera instancia está radicada en
quien esté a cargo del control interno disciplinario «cuya delegación no la contempla
el estatuto en la materia».

Posteriormente, adujo que la competencia funcional en el derecho disciplinario
puede ser absoluta o relativa. Expuso que será relativa cuando las funciones sí son
del órgano de la administración pública correspondiente, pero no del funcionario
específico que dictó el acto administrativo. Al respecto, citó las sentencias del 13 de
noviembre de 2014, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, radicado

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

11001-03-27-000-2009-00028-00 y la del 20 de abril de 2017, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 11001-03-25-
000-2012-00126-00.

(II) Desconocimiento del precedente: señaló que se desconocieron varios
pronunciamientos del Consejo de Estado con circunstancias fácticas similares a su
proceso, pues indicó que, en todos esos procesos contencioso-administrativos, el
acto administrativo disciplinario demandado fue proferido por los jefes de la división
u oficina de asuntos disciplinarios de la DIAN. Las providencias fueron las siguientes:

• Sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección A del Consejo
de Estado, radicado 11001-03-25-000-2016-00768-00.
• Sentencia del 12 de abril de 2018, proferida por la Subsección A del Consejo
de Estado, radicado 11001-03-25-000-2014-01086-00.
• Sentencia del 11 de mayo de 2017, proferida por la Subsección B del Consejo
de Estado, radicado 11001-03-25-000-2010-00275-00.
• Sentencia del 16 de abril de 2015, proferida por la Subsección B del Consejo
de Estado, radicado 11001-03-25-000-2012-00352-00.

De otra parte, respecto de la delegación de funciones de instrucción en el proceso
disciplinario, sostuvo que de conformidad con la sentencia del 12 de octubre de
2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado «la
funcionaria competente para fallar el proceso disciplinario en primera instancia es la
jefe de la división u oficina de investigaciones disciplinarias de la respectiva regional
de la Dian, con fundamento en el parágrafo 3 del artículo 76 de la Ley 734 de 2002».

Manifestó que la sentencia que se cuestionó en el recurso extraordinario de revisión
respecto de la delegación de la competencia se fundamentó en la Resolución 4295
del 26 de mayo de 2004. Para el accionante esa Resolución no resultaba aplicable a
su caso, toda vez que a la señora Catalina Ramírez Suárez le delegaron las
funciones a través del auto de indagación preliminar del 30 de agosto de 2006.

Adujo que la facultad legal para proferir el fallo disciplinario de primera instancia solo
puede ser delegada en empleados públicos de los niveles directivo y asesor, de
conformidad con el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. Asimismo, que las facultades
disciplinarias en la Dian estaban reguladas por el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

artículo 40 del Decreto Ley 1071 de 1999 y por el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.
Agregó que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que
los fallos solo pueden ser dictados por el jefe de la oficina de control disciplinario.
Por último, expuso que la Resolución 4295 del 26 de mayo de 2004 se debe
inaplicar, por ser contraria a la Ley y a la Constitución Política.

De otra parte, sostuvo que en la providencia cuestionada se omitió el estudio de la
sentencia T-132 de 2019, proferida por la Corte Constitucional «la cual fue decretada
como prueba mediante auto del 26 de mayo de 2021», con la que se pretendía
demostrar que la DIAN debía tener en cuenta los efectos del pago de la sanción
fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
Asimismo, que a pesar de que se canceló la condena impuesta por la Contraloría
General de Antioquia, le impusieron la sanción sin tener en cuenta que «era
razonable entender que la inhabilidad había terminado y no había lugar al retiro del
servicio».

Por último, indicó que en el recurso extraordinario de revisión se aportaron 13
providencias judiciales proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
con el fin de demostrar «el reconocimiento fáctico según el cual en los hechos y
antecedentes se da como un hecho probado que todas las resoluciones de la Dian
de destitución e inhabilidad de funcionarios en primera instancia fueron firmadas por
los jefes de las oficinas o divisiones de asuntos disciplinarios».

Asimismo, sostuvo que en el recurso presentado se citó la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado para analizar los requisitos que debía cumplir
la providencia judicial para ser tenida en cuenta como prueba encontrada, por lo que
solamente las citó para probar la existencia de la decisión judicial «o un hecho
judicialmente declarado en ella», pero que, a pesar de eso, fueron rechazadas.
Finalmente, hizo referencia a la sentencia proferida por la Sala Especial de Decisión
2, del 4 de mayo de 2021, radicado 2018-04503-00, en la que se consideró que la
sentencia sí es una prueba documental pero que debe cumplir con los 4 requisitos
para ser considerada como prueba encontrada. En criterio del accionante, en la
providencia cuestionada no se realizó el análisis de los requisitos de ese tipo de
medio probatorio.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 24 de noviembre de 2021, se admitió la presente acción de tutela
y ordenó que se notificara, en calidad de parte demandada, a los magistrados que
integran la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado y, como tercero con
interés, al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN manifestó que el
tema de la competencia ha sido analizado desde el proceso original y que, además,
los pronunciamientos judiciales cuentan con los debidos soportes y justificaciones
probatorias.

En relación con las providencias que pudieron cambiar la decisión original, sostuvo
que cada pronunciamiento produce efectos inter partes, pues el Consejo de Estado,
al resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, realizó
debidamente el análisis jurisprudencial y legal.

Por lo anterior, solicitó que se negara la acción de tutela, toda vez que lo pretendido
por el actor es reabrir la discusión en torno a la legalidad de los actos administrativos
demandados.

2.2. El 9 de diciembre de 2021, la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico
manifestó estar incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 6 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque fue ponente de la sentencia
del 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión 25, la cual está
siendo cuestionada en el presente proceso. Mediante auto del 16 de diciembre
siguiente, la magistrada sustanciadora del proceso declaró fundado el impedimento
y, por tanto, la separó del conocimiento del presente asunto.

2.3. La Sala Especial de Decisión 25 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Al
respecto, argumentó que lo pretendido por el accionante es propiciar una tercera
instancia del proceso ordinario y otra adicional al de revisión, solo porque está en
desacuerdo con lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Agregó que el accionante no cumplió con la carga argumentativa requerida para
controvertir providencias judiciales, toda vez que el fundamento propuesto «ni
siquiera se adecúa a los defectos alegados, dado que toda la controversia gira en
torno, reitero, a la discrepancia con el análisis probatorio que se hizo por parte del
juez natural de la causa».

Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada fue razonable y se adoptó con
fundamento en la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado que ha
considerado que los pronunciamientos judiciales «sobre los que ahora fundamenta
el defecto por desconocimiento del precedente judicial, no constituyen prueba
documental, de lo cual pende la estructuración de la primera causal que se alegó en
el recurso extraordinario de revisión».

2.4. El señor Francisco Javier García Londoño, en memorial del 3 de diciembre de
2021, solicitó que se diera aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, toda
vez que los sujetos procesales vinculados «no rindieron el informe correspondiente
ni allegaron las pruebas que pretendían hacer valer».

El 12 de diciembre siguiente, pidió que se realizara «pronunciamiento sobre el
derecho al juez natural o funcionario competente en un proceso disciplinario en
primera instancia bajo la Ley 734 de 2002».

El 11 de enero de la presente anualidad, el accionante reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos3, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».

2. Problema jurídico

En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente el de
relevancia constitucional. Si se cumplen los requisitos generales, deberá abordarse
el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la Sala Especial de

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Decisión 25 del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del señor
Francisco Javier García Londoño.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20144, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, el señor Francisco Javier García Londoño alegó que la Sala
Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales, al proferir la sentencia del 20 de agosto de 2021, en el marco del
recurso extraordinario de revisión en contra de la providencia del 25 de marzo de
2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En resumen, expuso que la autoridad demandada
desconoció sus garantías al juez natural, toda vez que, a su juicio, quedó
plenamente demostrado que la funcionaria que profirió el fallo de primera instancia
en el proceso disciplinario no tenía competencia para ello y, por tanto, había lugar a
declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la posterior revisión
de la decisión allí adoptada, lo cual ocurrió a instancias de la Sala Especial de
Decisión 25 del Consejo de Estado.

En efecto, en el escenario que propone la accionante, la Sala tendría que examinar
nuevamente in integrum los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión que se interpuso contra la sentencia del 28 de marzo de 2019 que negó las
pretensiones de la demanda.

Previo a realizar el análisis de la providencia cuestionada, la Sala considera
pertinente citar el análisis efectuado por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia objeto de revisión del 28 de marzo de 20195:

5 De conformidad con la información aportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

se advierte que contra esa providencia el accionante interpuso acción de tutela con radicado 2019-
03444, la cual fue negada mediante la sentencia del 27 de agosto de 2019, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y confirmada por la Sección Primera de
la misma Corporación, en providencia del 12 de diciembre de 2019. En ese proceso, el accionante
indicó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico
porque «no se valoró la incompetencia de quien profirió la sanción disciplinaria, al ser firmada por la
profesional de ingresos públicos I 30-20 y NO por la jefe de la Oficina de Investigación Disciplinaria de
la Dian».
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3.5.1. De la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias

De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, la finalidad
del control disciplinario es garantizar que la función pública sea llevada a cabo
en beneficio de la comunidad y para proteger los derechos y libertades de los
asociados. Dicha potestad es ejercida tanto por la Procuraduría General de la
Nación, como por las Personerías y por las entidades a través de las oficinas
de control disciplinario. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 734 de 2002,
dispone:

Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder
disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las
Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de
control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria
de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos
disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. El
titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios
judiciales es la jurisdicción disciplinaria. La acción disciplinaria es
independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la
falta. (Negrilla fuera de texto).

En atención a esta norma, la acción disciplinaria se lleva a cabo,
preferentemente, por la Procuraduría General de la Nación a través de un
control externo por parte del procurador general de la nación, los
procuradores delegados, regionales y provinciales, conforme a sus
competencias establecidas en el Decreto 262 de 2000.

De igual forma, esta facultad punitiva del Estado también puede ser ejercida
por cada entidad pública, para lo cual debe contar con una oficina de control
interno disciplinario encargada de conocer de los trámites disciplinarios
iniciados en contra los servidores públicos de sus dependencias; y por las
Personerías Municipales y Distritales.

Ahora bien, la competencia en materia disciplinaria, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74 ibidem, se determina por: la calidad del
sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se
cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

Frente a la competencia por la calidad del sujeto disciplinable, el artículo 75
ibidem prevé que «corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las
administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios,
disciplinar a sus servidores y miembros».

Por su parte, frente al control disciplinario interno165 de las diferentes
entidades del Estado, el artículo 76 del Código Único Disciplinario,
consagra:

Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las
competencias de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel,
cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble
instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no
fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura
organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la
Nación de acuerdo a sus competencias. En aquellas entidades u
organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear
oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

para los fines anotados. En todo caso, la segunda instancia será de
competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En
aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda
instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a
quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.
(…)
PARÁGRAFO 2o. Se entiende por oficina del más alto nivel la
conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional
de la administración.

Bajo los parámetros expuestos, puede concluirse que: i) toda entidad del
Estado está en la obligación de establecer dentro de su organigrama, una
oficina de control interno disciplinario, la cual tiene a su cargo el ejercicio de la
función disciplinaria; ii) esta debe estar conformada por servidores
públicos, mínimo del nivel profesional; iii) su estructura jerárquica debe
permitir la doble instancia; iv) donde existan regionales o seccionales, las
entidades podrán crear oficinas de control interno disciplinario con las
competencias pertinentes: v) la segunda instancia, es competencia
exclusiva del nominador, salvo disposición legal en contrario; y vi) estas
medidas no vulneran el debido proceso del disciplinado porque este cuenta
con las mismas garantías y derechos a presentar descargos, solicitar
pruebas, controvertirlas, incoar recursos, recusaciones, nulidades etc.

3.5.2. Caso concreto

Frente a este cargo el demandante sostiene que se configuró la falta de
competencia, en tanto que la funcionaria que profirió el fallo de primera
instancia, no era la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de
la DIAN, como lo dispone la Ley 734 de 2002, sino una funcionaria de
inferior categoría, esto es, supernumeraria.

Respecto a la competencia en materia disciplinaria dentro de la DIAN, la
Resolución No. 4295 de 26 de mayo de 2004, establecía lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1265 de 1999, por el cual se organizó internamente y se
distribuyeron las funciones de la DIAN, creó en sus artículos 2º y 3º la
Oficina de Investigaciones Disciplinarias con sus Divisiones de
Instrucción, Anticorrupción y Decisiones y las Divisiones de
Investigaciones Disciplinarias de las direcciones regionales,
respectivamente;

Que así mismo, el numeral 7 del artículo 12 del decreto ibídem,
determina como función de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias
proferir los actos administrativos que resuelvan aspectos relacionados
con las investigaciones disciplinarias que se adelanten y el numeral 11
del artículo 30 otorga competencia a las direcciones regionales a través
de la División de Investigaciones Disciplinarias de adelantar las
investigaciones de su jurisdicción y aplicar las sanciones
correspondientes, sin perjuicio de las competencias asignadas al nivel
central;

Que el numeral 17 del artículo 12 del decreto en mención dispone que
la Oficina de Investigaciones Disciplinarias puede avocar el
conocimiento y competencia de funciones de las áreas a su cargo en los
niveles regionales cuando las circunstancias lo ameriten;

(…)

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Que el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 determina los casos y faltas
disciplinarias en que se debe aplicar el procedimiento verbal y el artículo
176 establece que la competencia para adelantar dicho procedimiento
es de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la dependencia en
que labore el servidor público autor de la falta disciplinaria, que para el
caso de la DIAN son la oficina y las divisiones de investigaciones
disciplinarias de las direcciones regionales, según sus jurisdicciones;

(…)

Que el numeral 4 del artículo 12 del Decreto 1265 de 1999, otorgó a la
Oficina de Investigaciones Disciplinarias de la DIAN, la función de vigilar
la conducta de los servidores públicos tributarios y aduaneros y
adelantar las investigaciones disciplinarias por enriquecimiento ilícito;

(…)

Que en cuanto a los procesos por incrementos patrimoniales no
justificados, es conducente que sean adelantados y fallados por la
Oficina de Investigaciones Disciplinarias, teniendo en cuenta la
naturaleza del hecho de acuerdo con el artículo 74 del Código
Disciplinario Único y los dos considerandos inmediatamente anteriores;

Que el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, establece que en toda entidad
u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los
Consejos Superior y Seccional de la Judicatura, deberá organizar una
unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita
preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y
fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten
contra sus servidores públicos;
Que igualmente determina que en aquellas entidades donde existan
regionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel,
con las competencias y para los fines anotados;

Que el numeral 32 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, ordena como
deber la implantación del control interno disciplinario al más alto nivel
jerárquico de los organismos o entidades públicas, asegurando su
autonomía e independencia y el principio de la segunda instancia;

Que el artículo 1º de la Resolución 3953 del 3 de mayo de 2002,
dándole alcance al artículo 76 de la Ley 734 de 2002, denominó como
las oficinas del más alto nivel a la Oficina de Investigaciones
Disciplinarias del nivel central y a las Divisiones de Investigaciones
Disciplinarias del nivel regional de la entidad, dejando la organización
interna y la distribución de funciones de conformidad con el Decreto
1265 de 1999 y las resoluciones que lo desarrollaron;

(…)

RESUELVE:

Artículo 1º. Competencia para instruir y fallar los procesos verbales.
Mediante el procedimiento verbal, en los casos y por las faltas de que
trata el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, le corresponde a la División
de Decisiones de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias del nivel
central, instruir y fallar en primera instancia los procesos que se deban
adelantar contra los servidores públicos de la contribución ubicados en
el nivel central y las administraciones especiales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

(…)

Los jefes de dichas divisiones de las direcciones regionales harán
el reparto y asignación de las investigaciones que se deban
adelantar por el procedimiento verbal en los funcionarios que las
conforman para que instruyan y fallen.

Parágrafo. En todo caso los jefes de las dependencias de
investigaciones disciplinarias del nivel central y regional de la
DIAN podrán asumir la competencia para adelantar y fallar en
primera instancia los procesos verbales cuando lo consideren.

Artículo 2º. Competencia para instruir y fallar los procesos ordinarios. La
competencia para instruir los procesos administrativos disciplinarios que
deban adelantarse por procedimiento ordinario contra servidores de la
contribución ubicados en el nivel central y administraciones especiales
corresponde a la Oficina de Investigaciones Disciplinarias a través de
sus Divisiones de Instrucción y Anticorrupción. Para el caso de los
servidores de la contribución ubicados en el nivel regional les compete a
las divisiones de investigaciones disciplinarias de la regional respectiva.

(…) Artículo 3º. La segunda instancia tanto en los procesos
ordinarios como en los verbales será competencia del director
general de la DIAN.

En atención a lo anterior, para el momento en que se adelantó la
investigación en contra del señor García Londoño, el ejercicio de la función
disciplinaria en la DIAN le correspondía a la Oficina de Investigaciones
Disciplinarias que tenía competencia en el nivel central, y a las Divisiones de
Investigaciones Disciplinarias de las Direcciones Regionales para los demás
servidores de la entidad a nivel regional.

De conformidad con el material probatorio obrante dentro del expediente
disciplinario, mediante Auto de 30 de agosto de 2006, la Dirección Regional
Noroccidente – División de Investigaciones Especiales dio apertura de
indagación preliminar en contra de Francisco Javier García Londoño y,
entre otras cosas, designó a la abogada Catalina Ramírez Suárez,
profesional de Ingresos Públicos I 30-20 «en tanto sea funcionaria
adscrita a esta División, para adelantar la respectiva indagación previa a
partir de la fecha de la presente diligencia, quedando facultada para
ordenar, decretar y practicar las pruebas necesarias para dilucidar los
hechos denunciados y los demás que le sean conexos; además de
proferir las actuaciones propias de la actuación disciplinaria para lo cual
podrá absolver las solicitudes y peticiones presentadas en relación con
la misma y evaluar y proyectar en su debida oportunidad para la firma
del titular del despacho, en la medida en que se den los presupuestos
legales para ello, la providencia de terminación de que trata el artículo 73
de la Ley 734 de 2002 en cualquier momento de la indagación o al
finalizar el periodo para la misma decisión del archivo o de apertura de
investigación, caso en el cual podrá continuar con la instrucción con las
mismas facultades de la indagación previa, además de proyectar en su
debida oportunidad la respectiva evaluación de la investigación
correspondiente al auto de cargos».

Así las cosas, la autoridad competente para llevar a cabo, en primera
instancia, la investigación disciplinaria en contra del señor Francisco
Javier García Londoño sí era la Dirección Regional Noroccidente –
División de Investigaciones Disciplinarias, atendiendo al hecho que,
primero, el disciplinado se encontraba vinculado laboralmente en el cargo de

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Profesional en Ingresos Públicos I Nivel 30 Grado 19 en la División de
Cobranzas de la Administración de Impuestos de Medellín; segundo, al ser un
funcionario de la DIAN que no era del nivel central, la competencia para el
ejercicio de la facultad disciplinaria, le correspondía a las Divisiones de
Investigaciones Disciplinarias de las Direcciones Regionales; tercero, la
funcionaria designada para llevar a cabo la investigación disciplinaria,
hacía parte de dicha dependencia; y cuarto, esta era una funcionaria del
nivel profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de
la Ley 734 de 2002, razón por la cual estaba facultada para la
designación referida.

Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que dicho procedimiento estuvo
amparado bajo el principio de la legalidad, en la medida en que,
conforme al principio de la doble instancia, el director general de la
DIAN, es decir, el nominador del actor, en segunda instancia, resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial.

En ese orden de ideas, considera la Sala que no se configuró una falta de
competencia en la promulgación de los actos administrativos acusados, pues,
de conformidad con las normas dispuestas en la Ley 734 de 2002, la
Dirección Regional Noroccidente – División de Investigaciones Disciplinarias
tenía la competencia para adelantar la investigación disciplinaria, en primera
instancia, en contra del actor, así como la funcionaria que fue designada
para el efecto, por cuanto, contrario a lo sostenido por el actor, era del
nivel profesional, tal y como lo permite el parágrafo 2.º del artículo 76 del
Código Único Disciplinario, motivo por el cual este cargo no está
llamado a prosperar.

En efecto, como se pudo observar, la Sala considera que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el cargo de nulidad por falta de
competencia, al concluir razonablemente que la Dirección Regional Noroccidente –
División de Investigaciones Disciplinarias tenía la competencia para adelantar la
investigación disciplinaria en primera instancia y, asimismo, que la funcionaria
designada era del nivel profesional «tal como lo permite el parágrafo 2° del artículo
76 del Código Único Disciplinario». Lo anterior da cuenta que lo pretendido por el
accionante es revivir la discusión que, se insiste, fue resuelta sin incurrir en defecto
alguno, por el juez ordinario, tal como lo consideraron la Subsección B de la Sección
Segunda y la Sección Primera del Consejo de Estado, en la acción de tutela que el
aquí accionante interpuso en su contra.

El accionante interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia
del 29 de marzo de 2019, con fundamento en las causales 1 y 5 del artículo 250 del
CPACA. Los argumentos fueron resumidos por la autoridad judicial accionada, así:

En cuanto a la primera de ellas, señaló que después de que se llevó a cabo la
notificación de la sentencia del 29 de marzo de 2019, encontró 15
providencias dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las
que se resolvieron casos similares al del señor Francisco Javier García
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Londoño y que “son decisivas para cambiar el sentido del fallo cuestionado”,
en la medida en que demuestran “la violación de las garantías y principios
constitucionales al debido proceso en materia disciplinaria en la sentencia
recurrida”, pues en todos esos casos las sanciones disciplinarias que se
demandaron por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
fueron impuestas por los jefes de la “División y Oficina de Asuntos
Disciplinarias de la DIAN y no por un funcionario diferente”, como ocurrió en el
caso del señor García Londoño.

Indicó que todas esas providencias cumplen los requisitos del artículo 243 del
Código General del Proceso para ser consideradas como documentos
públicos y aseguró que no pudo aportarlas al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, porque se profirieron con posterioridad al cierre
del período probatorio, lo cual tuvo lugar el 17 de septiembre de 2013.

Respecto de la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, afirmó que en la sentencia del 28 de marzo de 2019 se vulneró
el derecho al debido proceso del señor Francisco Javier García Londoño,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Adujo que, pese a que el control judicial de los actos administrativos
expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria es integral y abarca,
incluso, “la valoración probatoria hecha en esa instancia, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado no realizó un análisis integral de
las decisiones demandadas, puesto no tuvo en cuenta lo siguiente:

i)Que el demandante fue destituido e inhabilitado por una funcionaria que no
tenía competencia para ello;

ii)Que la sanción impuesta resultó “desproporcionada, arbitraria y caprichosa”;

iii) Que “el señor García Londoño entendió y creyó que no estaba cometiendo
ninguna trasgresión disciplinaria”;

iv)Que en el expediente no reposaba medio de prueba alguno que demostrara
el supuesto actuar doloso del investigado, y

v) Que la DIAN “ya había sancionado disciplinariamente al señor Francisco
Javier Londoño por los mismos hechos que fue investigado”-

A su vez, señaló que si se hubieran valorado integralmente las pruebas que
se encontraban en el expediente, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no habría incurrido en un defecto fáctico, por cuanto los
administrativos demandados se habrían anulado.

Pues bien, los anteriores motivos de inconformidad fueron resueltos razonablemente
por la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado, mediante providencia del
20 de agosto de 2021, de la siguiente manera:

5. Análisis de las causales invocadas por la parte recurrente

5.1. “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Tal como lo ha señalado esta Corporación, el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA exige el cumplimiento de varios requisitos para la configuración de la
causal de revisión allí contemplada, que son:

i) Que los documentos sean encontrados o recobrados después de proferida
la sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de
proferirse el fallo objeto de revisión, pero que llegaron a conocimiento
del impugnante con posterioridad.
ii) Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de
haber obrado en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.
iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por “fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, hipótesis que
implica que, a través del recurso extraordinario de revisión no es
posible remediar la inactividad probatoria o la negligencia de las partes
en el aporte de la prueba al proceso.
En el caso concreto, la causal se sustenta en el hecho de que la Sección
Segunda de la Corporación habría resuelto el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de una manera diferente a como lo hizo en
casos similares, para lo cual la parte recurrente enunció e identificó diversos
pronunciamientos de dicha Sección que sustentarían su argumento, los
cuales, adujo, son documentos públicos y no pudo aportarlos al proceso
ordinario como prueba, dado que la etapa probatoria concluyó antes de que
hubieran sido proferidos.

Pues bien, la Sala no se detendrá en el análisis acerca de si las providencias
enunciadas por el recurrente se refieren o no a casos similares al que resolvió
la Sección Segunda en el fallo controvertido y si, por tanto, en ella se habría
incurrido en una contradicción o se hubiere asumido una postura diferente
que ameritara dejarla sin validez, dado que tales decisiones no pueden
considerarse como prueba documental, requisito del cual pende la
procedencia de la causal invocada.

Al respecto, se ha sostenido:

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede colegir que las sentencias
judiciales son documentos que auxilian en un momento dado al juez,
pero a pesar de que son documentos públicos, no se pueden considerar
medios probatorios, con mayor razón porque los efectos que producen
son inter partes, excepto las sentencias proferidas al revisar la
constitucionalidad de una ley, que al contrario provocan efectos erga
omnes.

En línea con lo anterior, concretamente en relación con la causal del recurso
extraordinario de revisión aquí propuesta, se ha señalado:

En relación con las sentencias que aportaron los demandantes tampoco
se configura la causal de revisión invocada por las siguientes razones.

Lo primero que debe señalarse es que las providencias judiciales, al ser
otorgadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones,
ostentan el carácter de documento público en los términos del artículo
243 del CGP.

No obstante lo anterior, tal característica, per se, no les imprime
carácter probatorio, último que de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado únicamente se les reconoce cuando a través de la
sentencia respectiva se pretende probar a) la existencia misma de la
decisión judicial o b) un hecho judicialmente declarado en ella, como lo
es la filiación, la unión marital de hecho, la interdicción, la invalidez de

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

una norma o acto, la existencia de una condena pecuniaria, la
consolidación de un derecho, entre otros.

En ese orden de ideas, en los eventos en que se aducen los
argumentos de una providencia con el fin de controvertir otra decisión
judicial, esta Corporación ha sostenido que técnicamente no se le puede
atribuir la naturaleza de prueba documental, lo que impide que aquella
sirva de fundamento para sustentar la configuración de la causal de
revisión 2 que contempla el artículo 188 del CCA. Al respecto,

[…] Teniendo en cuenta lo anterior, se puede colegir que las
sentencias judiciales son documentos que auxilian en un momento
dado al juez, pero a pesar de que son documentos públicos, no se
pueden considerar medios probatorios, con mayor razón porque los
efectos que producen son inter partes, excepto las sentencias
proferidas al revisar la constitucionalidad de una ley, que al contrario
provocan efectos erga omnes.

Con base en estas consideraciones, la Sala niega naturaleza probatoria
a las sentencias que se pretenden allegar como «prueba recobrada»
toda vez que, sin dejar de lado que en ellas se abordan asuntos
relacionados con el desplazamiento, es posible afirmar que no efectúan
ningún reconocimiento fáctico o jurídico que tenga una relación directa e
inmediata con el presente proceso, lo que impide que se aduzcan como
prueba recobrada.

Como quiera que el recurso extraordinario de revisión tiene por finalidad
desvirtuar la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias, las causales
deben estar nítidamente invocadas y comprobadas, situación que no se
cumple en el presente caso, en el que los documentos aportados no se
adecúan a los requisitos legales para la procedencia del recurso.

A lo anterior se adiciona que el recurso extraordinario de revisión, dado su
carácter excepcional, así como taxativo de las causales de procedencia, no
está instituido en la ley para alegar o proponer el desconocimiento de otros
pronunciamientos judiciales.

Así lo ha considerado igualmente esta Corporación:

El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una
sentencia por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no
es una causal prevista por el legislador para el efecto.

Debe advertirse que cuando se trate del desconocimiento del
precedente judicial -esto es, la sub regla jurídica fijada en la respectiva
sentencia o sentencias que tengan la entidad de precedente-, la
legislación prevé el denominado recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, procedente, sí, contra las sentencias de única y segunda
instancia proferidas por los tribunales administrativos, cuando contraríen
o se opongan a una sentencia de unificación del Consejo de Estado, en
los términos de los artículos 256 a 268 del CPACA.

De no proceder el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, tendría cabida la acción de tutela contra providencia
judicial para garantizar la aplicación de una sentencia de unificación o
de un precedente judicial, en los términos expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, con el fin de proteger el
derecho fundamental de igualdad.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la
acción de tutela contra providencias judiciales impugnadas por el
desconocimiento del precedente y, por ende, por la violación del
derecho a la igualdad, al considerar que el recurso extraordinario de
revisión no es el mecanismo judicial idóneo para atacar dicho vicio o
defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el legislador como
una causal de dicho recurso.
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del
recurso extraordinario de revisión.

Así las cosas, en la medida en que los pronunciamientos judiciales no
constituyen prueba documental, en los términos que se requiere para
estructurar la causal de revisión alegada, y que el recurso extraordinario
no está previsto frente al posible desconocimiento del precedente o de
algún criterio judicial, se impone desestimar la primera causal de
revisión invocada por la parte recurrente.

5.2. “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.

(…)

Como se desprende del contenido del fallo cuestionado, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, de manera amplia y precisa,
resolvió el caso sometido a su consideración partiendo de la precisión
de que el control de legalidad de los actos de carácter sancionatorio y
de los proferidos en una actuación disciplinaria comporta la verificación
de las garantías constitucionales que le asisten al sujeto disciplinado, de
modo que se trata de un control judicial integral, según la jurisprudencia
unificada de la Corporación.

Desde esa óptica analizó, uno a uno, los cargos propuestos en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, a saber: la observancia del
principio de legalidad, por cuya virtud encontró que, a diferencia de lo que se
alegó por parte del demandante, en los actos administrativos acusados no se
cuestionaron los hechos que dieron origen a la responsabilidad fiscal, sino la
conducta omisiva por el demandante una vez los fallos fiscales quedaron
ejecutoriados, de modo que no hubo una vulneración al principio non bis in
ídem.

Luego se abordó el tema de la irretroactividad de la ley, para considerar que
la sanción disciplinaria impuesta al demandante no se debió a una aplicación
retroactiva de la Ley 734 de 2002, toda vez que, luego de su entrada en
vigencia, el señor García Londoño fue declarado responsable fiscalmente y
aun así decidió permanecer en su cargo en la DIAN, situación de la que,
además, nunca informó a dicha entidad, por lo que era evidente que se
configuraba la inhabilidad establecida en el artículo 38 de dicha ley.

En ese sentido, se concluyó que la conducta del señor Francisco Javier
García Londoño sí se encontraba tipificada, en la medida en que actuó en su
cargo pese a estar inhabilitado.

Finalmente, con base en un análisis probatorio amplio y detallado, se
desestimaron las causales de nulidad de desviación de poder, de
violación al debido proceso y de incompetencia, por lo que se negaron
las pretensiones de la demanda.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Para la Sala resulta evidente que la parte demandante, a través del recurso
extraordinario de revisión, concentró su cuestionamiento en toda la
valoración probatoria que hizo la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, para tratar de reabrir, en su integridad, la
discusión en torno a la legalidad de los actos administrativos
demandados en el proceso inicial, lo cual desvirtúa la naturaleza y el
propósito de ese recurso.

En efecto, el fundamento expuesto en el recurso extraordinario de
revisión no se adecúa a uno solo de los eventos -antes mencionados-
para que pueda configurarse la causal de revisión propuesta, toda vez
que lo pretendido claramente es lograr una instancia adicional para
rebatir el análisis probatorio y el razonamiento jurídico que se hizo por
parte del juez natural de la causa y, de esa manera, conseguir una
decisión favorable, al punto que lo que se predica es la existencia de “un
defecto fáctico”, no instituido en la ley para la procedencia de dicha
clase de mecanismo extraordinario de impugnación.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que fue abordado y decidido razonablemente por la
Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado, en calidad de juez del recurso
extraordinario de revisión, al concluir que:

(i) Las providencias con las que el accionante pretendía demostrar la configuración
de la causal primera de revisión no podían ser valoradas por la Sala de Decisión,
toda vez que «no pueden considerarse como prueba documental, requisito del cual
pende la procedencia de la causal invocada».

(ii) El recurso extraordinario de revisión «dado su carácter excepcional, así como
taxativo de las causales de procedencia» no está previsto para proponer el
desconocimiento de otros pronunciamientos judiciales.

(iii) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con la jurisprudencia de esta Corporación, realizó un control judicial integral de la
actuación disciplinaria que se llevó a cabo en contra del señor Francisco Javier
García Londoño.

(iv) Con fundamento en el material probatorio que obraba en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho, el juez ordinario valoró amplia y
detalladamente esas pruebas, para concluir que no se configuraban las causales de
nulidad de violación al debido proceso, desviación de poder y falta de competencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

(v) El accionante se limitó a cuestionar toda la valoración probatoria realizada por el
juez natural del asunto, con el fin de reabrir íntegramente la discusión sobre la
legalidad de los actos administrativos demandados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

(vi) Lo pretendido por el señor Francisco Javier García Londoño con el recurso
extraordinario de revisión era lograr una instancia adicional, cuestionando el análisis
probatorio y los razonamientos jurídicos de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y, en esas condiciones, «lo que se predica es la existencia de
“un defecto fáctico”, no instituido en la ley para la procedencia de dicha clase de
mecanismo extraordinario de impugnación».

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, toda vez que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de
Estado, como juez del recurso extraordinario de revisión, explicaron de manera
suficiente y razonada su análisis frente a la situación del aquí accionante.

En este punto, conviene señalar que el hecho de que el señor Francisco Javier
García Londoño no comparta los argumentos expuestos en la decisión atacada no
habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Sala Especial de
Decisión 25 de la misma Corporación, con suficiente motivación. Las diferencias con
el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones
propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender
que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos
judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer los
principios de autonomía judicial y del juez natural.

Por último, respecto del supuesto defecto en el que incurrió la autoridad judicial
demandada, en relación con la solicitud probatoria para que se oficiara a la DIAN
para que allegaran los documentos relacionados mediante los cuales se vinculó a la
señora Catalina Ramírez Suárez en esa entidad, la Sala advierte que esa prueba fue
negada por el Despacho de la magistrada ponente del recurso extraordinario de
revisión, mediante auto del 26 de mayo de 2021, y contra esa decisión el aquí

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

accionante no interpuso el recurso de súplica en los términos del artículo 2466 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo
que el señor García Londoño dejó de ejercer los mecanismos idóneos y eficaces
para garantizar la supuesta vulneración a sus derechos fundamentales invocados.
Asimismo, se advierte que la solicitud de amparo no se interpuso para evitar un
perjuicio irremediable, pues no se acreditó la inminencia, urgencia, gravedad e
impostergabilidad de la acción.

La Sala precisa que la tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional y,
por ende, no puede convertirse en el único y preferido medio de la parte que pierde
el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. El ejercicio hermenéutico
que realiza el juez natural en la decisión judicial forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales que haga
necesaria su intervención.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia de
criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de
la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela
intervenga.

Por todo lo dicho, la Sala declarará improcedente la acción de tutela interpuesta por
el señor Francisco Javier García Londoño contra la Sala Especial de Decisión 25 del
Consejo de Estado, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Francisco Javier García Londoño, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

6 Artículo 246. «El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían
apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante
el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta
la apelación o el recurso extraordinario»; Artículo 243 « Son apelables las sentencias de primera
instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos
en la misma instancia por los jueces administrativos: (…) 9. El que deniegue el decreto o práctica de
alguna prueba pedida oportunamente».
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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