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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02493-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02493-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 5 de septiembre de 2024 de la Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Francisco Javier García Londoño, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02493-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02493-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala de Conjueces y
otros

Temas: Impugnación. Tutela contra tutela. Defecto sustantivo. Defecto
orgánico. Defecto procedimental absoluto.
Decisión: Confirma improcedencia.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
Sentencia proferida el 5 de septiembre de 2024 por la Sala de Conjueces de la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia por no satisfacer los requisitos excepcionales
previstos para la procedencia de la acción de tutela contra fallo de igual naturaleza.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 20 de mayo de 2024, Francisco Javier García Londoño presentó una
acción de tutela en la que alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso
(juez natural o funcional competente), ejercer cargos públicos de carrera
administrativa e igualdad, los cuales fueron presuntamente transgredidos por la Sala
de Conjueces de la Sección Tercera y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

2. A título de amparo, la parte actora solicitó que se dejaran sin efectos las
Sentencias de tutela de 23 de octubre de 2023 y 23 de enero de 2024, Rad. 11001-
03-15-000-2023-04221-00/01, y 14 de abril de 2023 y 8 de junio de 2023, Rad.
11001-03-15-000-2023-01080-00/01. Asimismo, pidió que se declarara la nulidad
de las Resoluciones No. 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, 06027 de 24 de
mayo de 2007 y 07319 de 21 de junio de 2007, proferidas por la DIAN.

3. Como fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo, la parte
actora indicó que las autoridades judiciales accionadas habían transgredido sus
derechos fundamentales, por cuanto consideró que, en el trámite de tutela radicado
No. 11001-03-15-000-2023-04221-00/01, se presentaron irregularidades o
situaciones fraudulentas relacionadas con los impedimentos y su respectivo trámite
conforme a la norma aplicable en sede de tutela. Sostuvo que la Sala de Conjueces
de la Sección Tercera del Consejo de Estado carecía de competencia para conocer
y fallar, en primera instancia, la acción de tutela.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

4. En ese orden, se debía dar aplicación conforme lo establecido en el artículo
21 de la Ley 2080 de 2021, norma que regulaba el procedimiento aplicable cuando
la totalidad de los integrantes de una sección o subsección del Consejo de Estado
se declaraba impedida para conocer un caso concreto. Señaló que, en lugar de que
se aplicara dicha disposición, la autoridad judicial acudió al artículo 140 del Código
General del Proceso, pese a que este último correspondía a una norma de carácter
ordinario, anterior y no aplicable a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

5. Sostuvo que lo anterior configuraba un defecto orgánico, pues la Sala de
Conjueces carecía absolutamente de competencia, ya que conforme al numeral 4
del artículo 131 del CPACA, el expediente debía remitirse a la sección o subsección
que le seguía en turno y no ser tramitado por la misma Sala de Conjueces que
resolvió la manifestación de impedimento.

6. Adicionalmente, alegó que se presentó un defecto procedimental absoluto,
dado que la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado actuó
por fuera del procedimiento previsto en el numeral 4 del artículo 131 del CPACA.
Finalmente, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, en la medida en que el
trámite de los impedimentos debió regirse por lo dispuesto en la citada norma y no
por lo previsto en el artículo 140 del Código General del Proceso, como ocurrió.

Intervenciones1

7. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) solicitó que se
denegara el amparo, pues consideró que era improcedente debido a la inexistencia
de vulneración de derechos fundamentales. Argumentó que se configuraba la cosa
juzgada constitucional, en tanto ya existían pronunciamientos previos de
autoridades judiciales en sede de tutela, lo que generaba el fenómeno de temeridad.
Al respecto, señaló que en reiteradas ocasiones el hoy accionante había expuesto
la misma situación jurídica, previamente definida, con el único propósito de reabrir
un debate ya concluido en otras instancias constitucionales.

8. Adicionalmente, sostuvo que tampoco se cumplía con el requisito general
de inmediatez respecto de los actos administrativos proferidos en el proceso
disciplinario, los cuales constituían el objetivo principal perseguido por las reiteradas
acciones de tutela. Indicó, que desde la expedición de las Resoluciones No.
8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, 06027 de 24 de mayo de 2007 y 07319
de 21 de junio de 2007, mediante las cuales se sancionó al señor García Londoño,
este inició una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyas pretensiones fueron negadas tanto en primera
como en segunda instancia. Como consecuencia de ello, afirmó que había
interpuesto 12 acciones de tutela con el mismo objeto, sin que a la fecha se le
hubiera concedido alguna, e incluso fue sancionado en sede de tutela por el uso
injustificado de dicha figura jurídica.

1
Mediante Auto de 21 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Sala de Conjueces de la
Sección Tercera y Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y vincular a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), a la Sección Segunda – Subsección A, a la Sección Tercera – Subsecciones A, B y C, a la
Sección Cuarta y a la Sala Especial de Decisión No. 25 todas del Consejo de Estado, en calidad de terceros con interés
legítimo.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado2 solicitó
que se declarara la improcedencia del amparo invocado por el accionante o, en su
defecto, se negaran las pretensiones. Manifestó que no se cumplía con el requisito
de procedibilidad general de la tutela contra providencia judicial, y mucho menos de
la tutela contra sentencia de tutela, ya que los reparos alegados carecían de
relevancia constitucional. Indicó que lo planteado por el accionante correspondía,
en realidad, a la discusión de un asunto que ya había sido abordado y resuelto por
la sentencia acusada, lo que evidenciaba una simple inconformidad con la decisión.

10. Asimismo, señaló que el actor no indicó de qué manera el supuesto yerro
tuvo una incidencia directa en la decisión adoptada, máxime cuando el fallo de
primera instancia no varió sustancialmente respecto del segundo estudio que se
realizó.

11. Agregó que aun en el evento de llegar a poseer relevancia constitucional, el
accionante no demostró la configuración de la cosa juzgada fraudulenta, requisito
de procedibilidad de carácter excepcional para este tipo de situaciones. Precisó que
el reparo consistente en que el trámite del impedimento realizado conforme a las
reglas del artículo 140 del CGP fue fraudulento por no aplicarse lo dispuesto en el
artículo 131 del CPACA, obedecía a una interpretación errada del propio actor, lo
que de ninguna manera configuraba una situación fraudulenta, pues dicho trámite
se efectuó conforme a los principios aplicables para la interpretación de las
disposiciones sobre la acción de tutela.

12. La Sección Primera del Consejo de Estado3 pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que la Sentencia de 14 de abril de
2023 fue proferida por los integrantes de la corporación y no por una sala de
conjueces. Afirmó que, en el escrito de tutela, el accionante no demostró de manera
clara y suficiente que la decisión adoptada hubiera sido producto de una situación
de fraude que habilitara el estudio excepcionalísimo para interponer una acción de
tutela contra sentencia de tutela.

Sentencia impugnada

13. El 5 de septiembre de 2024, la Sala de Conjueces de la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, al
advertir que aunque el accionante denunció que los fallos objeto de la tutela habían
incurrido en fraude, su argumento no estaba orientado a demostrar la existencia de
cosa juzgada fraudulenta, sino a manifestar su inconformidad con lo que fue
decidido por el juez constitucional.

14. Indicó que, según el actor, se había impartido un trámite indebido a los
impedimentos presentados en sede de tutela, pues se omitió la aplicación del
artículo 131 del CPACA. Sin embargo, precisó que dicha situación no se
evidenciaba en las decisiones cuestionadas dentro de un escenario de fraude, ni

2
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000-2023-04221-01.
3
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000-2023-01080-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02493-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño

permitía concluir que los conjueces o magistrados que las suscribieron hubieran
incurrido en una conducta ilegal.

15. En consecuencia, y como la inconformidad del actor se limitaba a una
diferencia de interpretación de la norma, concluyó que no se cumplían los
presupuestos de procedibilidad de la tutela contra un fallo de igual naturaleza.

Impugnación

16. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al no compartir los
argumentos expuestos por la Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo
de Estado, pues consideró que dicha Sala carecía de competencia al no haberse
aplicado lo dispuesto en el artículo 131 del CPACA y, en su lugar, haber proferido
el fallo conforme a las reglas del artículo 140 del CGP.

17. Adicionalmente, manifestó que los magistrados que decidieron el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho no tuvieron en cuenta que los actos
administrativos demandados fueron proferidos por una funcionaria supernumeraria
que no contaba con la competencia para ello, ya que dicha atribución correspondía
únicamente a la jefe de investigaciones disciplinarias de la DIAN. Sostuvo que esta
situación fue omitida por la autoridad judicial al negar las pretensiones de la
demanda.

Trámite de segunda instancia

18. Mediante escrito de 30 de octubre de 2024, los consejeros Jorge Iván
Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaron su impedimento para
conocer del asunto de la referencia, con fundamento en la causal 1 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.

«vi) En ese orden, puede interpretarse de manera razonable que estamos incursos en
la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
que señala como impedimento que «el funcionario judicial […] tenga interés en la
actuación procesal», toda vez que esta Subsección está vinculada al presente trámite
constitucional en calidad de tercero como quedó expuesto en ítems precedentes.

vii) Por tanto, resulta procedente y necesario, en procura de preservar la
independencia, el equilibrio y la imparcialidad que determina la función judicial, que los
suscritos consejeros seamos separados del conocimiento de la acción de tutela de la
referencia.»

19. El 14 de julio de 2025, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró infundados los impedimentos manifestados por los
magistrados Duque Gutiérrez y Mesa Nieves, tras considerar que (i) no conocieron
en instancia anterior porque la Sentencia de 28 de marzo de 2019 fue emitida por
los entonces consejeros William Hernández Gómez. Gabriel Valbuena Hernández
y Rafael Francisco Suárez Vargas; (ii) revisado el expediente, no se presentó
intervención alguna en el trámite de la primera instancia, por lo que tampoco dicha
circunstancia conduce a evidenciar un conocimiento o pronunciamiento previo; y (iii)
ninguna de las providencias enjuiciadas fue proferida por esta Subsección.

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II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

21. Si bien la acción de tutela se dirigió contra la decisión de primera instancia
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del trámite de tutela No. 11001-03-15-000-2023-04221-00, comoquiera que
la Sentencia de 23 de enero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado fue la providencia que definió en segunda instancia
el asunto objeto de controversia, el análisis de la presente acción constitucional
recaerá sobre esta última.

22. Al respecto, la Sala advierte que el accionante, en su escrito de tutela,
afirmó que, dentro de dicho trámite, las autoridades judiciales incurrieron en un
defecto sustantivo, un defecto orgánico y un defecto procedimental absoluto. En ese
orden de ideas y con fines metodológicos, una vez se superen los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias de la misma naturaleza, se
analizarán los 3 cuestionamientos de manera conjunta, toda vez que la línea
argumentativa desarrollada por el accionante revela una estrecha conexión entre
dichos reparos.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia de la misma naturaleza, si
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por Francisco Javier García Londoño con ocasión de la
Sentencia de tutela de 23 de enero de 2024.

Procedibilidad de la acción de tutela

24. Comoquiera que la acción de tutela se dirigió contra una providencia de
tutela, concretamente, la Sentencia de 23 de enero de 2024, mediante la cual la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la Sentencia
de 23 de octubre de 2023 que declaró improcedente la acción de tutela, esta
Subsección verificará: (i) los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial; (ii) la configuración, o no, de identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada y (iii) la existencia de una situación de fraude4.

4
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. «4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad

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25. (i) Frente a los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Sala considera que, en el presente caso, no se cumplió con
el requisito de relevancia constitucional5. Lo anterior, por cuanto la parte actora no
desplegó una carga argumentativa suficiente que permita establecer que la
controversia planteada tiene una dimensión constitucional que amerite la
intervención del juez de tutela.

26. En consecuencia, la Sala advierte que los reparos formulados por el
accionante se dirigieron a cuestionar el procedimiento que las autoridades judiciales
adelantaron frente a las manifestaciones de impedimento, al aplicar el artículo 140
del CGP y no lo dispuesto en el artículo 131 del CPACA, dentro del trámite de tutela,
con el fin de acreditar una presunta vulneración de sus derechos fundamentales
por parte de la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Sin embargo, no se sustentó técnicamente la existencia de una situación de fraude,
pues lo que realmente se evidenció fue una discrepancia en la interpretación de la
norma aplicable al caso y una inconformidad con el resultado final del trámite de
tutela.

27. (ii) En cuanto a la identidad procesal, se indica que, si bien en principio, y
desde una perspectiva formal, podría considerarse que no existe identidad total
respecto de las partes demandadas, toda vez que en esta oportunidad también se
vinculó a la Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que lo
que se controvierte dentro de las pretensiones del accionante son las actuaciones
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)6, de la Sección
Primera7, de la Sección Segunda – Subsección A8, de la Sección Tercera –
Subsecciones A, B9 y C10, de la Sección Cuarta11, de la Sección Quinta12 y de la
Sala Especial de Decisión No. 2513, todas del Consejo de Estado, quienes
conocieron los trámites correspondientes a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, al recurso extraordinario de revisión y a diferentes
acciones de tutela.

28. En ese sentido, la Sala advierte que la verdadera intención del actor fue
reabrir un debate jurídico que ya había sido resuelto, lo cual excede el objeto y la
finalidad de la acción de tutela.

29. (iii) Finalmente, la Sala concluye que la parte actora no demostró de manera
clara y suficiente que la sentencia proferida en sede de tutela hubiera sido producto
de una situación de fraude. Sus argumentos se limitaron a expresar inconformidad

de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.»
5
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-215 de 2022, SU-295 de 2023 y SU-169 de 2024.
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ).
6
Resoluciones No. 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, 06027 de 24 de mayo de 2007 y 07319 de 21 de junio de 2007.
7
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000-2023-01080-00.
8
Nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 11001-03-25-000-2012-00372-00.
9
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000-2021-08662-00/01.
10
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000- 2022-02768-00.
11
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000- 2022-02768-01.
12
Acción de tutela, Rad. 11001-03-15-000-2023-01080-01.
13
Recurso Extraordinario de Revisión, Rad. 11001-03-15- 000-2020-02925-00.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

con el trámite que se realizó para resolver las manifestaciones de impedimentos,
sin aportar elementos que evidenciaran una actuación dolosa o fraudulenta que
afectara la validez de las decisiones judiciales previas.

30. En todo caso, la Sala advierte que lo planteado por el accionante obedece
a un desacuerdo subjetivo frente a la aplicación del artículo 140 del CGP, efectuada
tanto por la Sala de Conjueces de la Sección Tercera como confirmada por la
Subsección B de la Sección Segunda, ambas del Consejo de Estado. Tal
discrepancia no constituye fundamento suficiente para habilitar una nueva revisión
por vía de tutela.

Conclusión

31. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo presentada por el señor García Londoño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 5 de septiembre de 2024 de la Sala
de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por Francisco Javier García Londoño,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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