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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01080-00

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
30 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01080-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón y, como consecuencia de ello, se dispone separarla del conocimiento de la presente acción de tutela. 19 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional. 20 Tal como se advierte del índice 41 del aplicativo SAMAI del proceso objeto de tutela. 21 De acuerdo con el correo electrónico de fecha de 21 de julio de 2022, visible a índice 2 del aplicativo Samai. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00 Accionante: Francisco Javier García Londoño SEGUNDO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional respecto de la vulneración atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos con radicados números 11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-03-15-000-2022-02768-00/01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la vulneración atribuida a la sentencia de 28 de marzo de 2019, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000- 2012-00372-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01080-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

14 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – De la cosa juzgada constitucional – del
requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Francisco Javier
García Londoño en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de
Estado, de las Subsecciones A, B y C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Francisco Javier García Londoño presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, “a ejercer cargo de carrera administrativa”, al buen nombre y a la honra,
cuya vulneración le atribuyó a las siguientes sentencias: (i) de 28 de marzo de
2019, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-00; (ii) de 20 de agosto de 2021,
proferida por la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-15-
000-2020-02925-00; (iii) de 18 de febrero de 2022 y de 26 de abril de 2022,
dictadas, respectivamente, por las Subsecciones A y B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en el interior del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2021-08662-00/01; y (iv) de 29 de julio de 2022 y de 6
de octubre de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-
2022-02768-00/01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestóque fue «[…] incorporado a la DIAN mediante Resolución nro.
000001 del 1 de junio de 1993 en el cargo de profesional I. nivel 30, grado 18, en
la División de Cobranzas y luego desvinculado a través de la Resolución nro.
2952 del 29 de diciembre de 1993 […]».

2.2. Indicó que presentó demanda con el fin de obtener la nulidad de la anterior
decisión administrativa y agregó que el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaró la nulidad del acto demandado y ordenó su reintegro, lo cual se materializó
mediante Resolución Nro. 7203 de 15 de agosto de 2001.

2.3. Posteriormente, la DIAN lo declaró disciplinariamente responsable y le impuso
sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por doce (12)
años, mediante las resoluciones números 8300060-2009-01 de 30 de abril de
2007, 6027 de 24 de mayo de 2007 y 7319 de 21 de junio de 2007.

2.4. Comentóque el fallo disciplinario de primera instancia contenido en la
Resolución 300060-2009-01 de 30 de abril de 2007 fue proferido por la «[…]
supernumeraria incompetente […]».

2.5. Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
proceso que fue resuelto, en única instancia, por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 28 de marzo de 2019,
en el sentido de negar las pretensiones.

2.6. LaSala Especial de Decisión Nro. 25 del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 20 de agosto de 2021, resolvió declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión que promovió el aquí actor en contra de la decisión
judicial de 28 de marzo de 2019, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

2.7. Mediante sentencia de 18 de febrero de 2022, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo que
había promovido el aquí actor en contra de la Sala Especial de Decisión Nro. 25
del Consejo de Estado, decisión que fue confirmada el 26 de abril de 2022 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2.8. El 29 de julio de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela que había
presentado el aquí accionante en contra de los fallos de tutela proferidos por las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera de esta Corporación. La anterior
decisión fue confirmada mediante sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

2.9. Adujo que: «[…] no es la primera vez que la DIAN me desvincula o destituye
vulnerado el núcleo esencial al debido proceso y mis derechos fundamentales;
pero a diferencia del anterior proceso en que la Jurisdicción Contenciosa protegió
mis derechos fundamentales al debido proceso y al derecho al trabajo contra la
arbitrariedad y capricho de la DIAN y fui reintegrado sin solución de continuidad
para todos los efectos laborales; en el presente caso, la vulneración de dichos
derechos fundamentales, se realiza con la “ANUENCIA DE LOS CONSEJEROS
DE ESTADO QUE HAN FALLADO LOS DIFERENTES MEDIOS DE CONTROL
INTERPUESTOS HASTA EL PRESENTE ASUNTO” […]».

2.10. Puntualizóque: «[…] según la Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte
Constitucional, aun cuando se llegaren a configurar los elementos de la triple
identidad, se puede presentar una nueva acción de tutela contra un fallo de
tutela sin que se considere temeridad; cuando todavía persista vulneración de
derechos constitucionales […]», razón por la cual promueve esta nueva acción de
tutela.

2.11. Adujo que todas las autoridades judiciales accionadas han dado prevalencia al
derecho formal, negando con ello una “justicia material”, puesto que, de manera
caprichosa y arbitraria, declararan improcedente las acciones que él promueve.

2.12. Señaló que: «[…] todas las Sentencias Recurridas han “DESCONOCIDO LA
LINEA JURISPRUDENCIA Y PASIVA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO QUE SEÑALA CUAL ES EL REGIMEN JURIDICO DE
LOS SUPERNUMERARIOS DE LA DIAN Y QUE FUNCIONES PUEDEN
REALIZAR” […]». (sic en toda la cita)

2.13. Afirmó que en las decisiones enjuiciadas se incurrió en defecto procedimental,
sustantivo, desconocimiento del presente y violación directa de la Constitución.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. Que se profiera “sentencia de reemplazo” en la cual se ampares mis
derechos fundamentales: I) A EJERCER CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA. II) A LA HORAN Y AL BUEN NOMBRE. III) A LA
IGUALDAD. IV) AL DEBIDO PROCESO.

2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-01 de fecha 06 de
octubre de 2022.

3. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Tercera -Subsección
C del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2022-02768-00 de
fecha 29 de julio de 2022.
4. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-
08662-01 de fecha 26 de abril de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

5. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-
08662-00 de fecha 18 de febrero de 2022.

6. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sala Especial de Decisión nro.
25 recurso extraordinario de revisión radicación 11001 03 15 000 2020 02925
00, de fecha 20 de agosto de 2021.

7. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda –
Subsección A medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicación 11001-03-25-000-2012-00372-00, de fecha 28 de marzo de 2019
[…].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 3 de marzo de 2023, el consejero sustanciador del presente
proceso admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia negó
la medida provisional solicitada por la parte actora y vinculó como tercero con
interés directo en el resultado de este a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-.

5. El proyecto de fallo fue sometido a consideración de la Sala de Decisión, el cual
no obtuvo la mayoría, por lo que se procedió a efectuar sorteo de un Conjuez,
siendo designada para tales efectos la doctora Isabel Cristina Jaramillo Sierra.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:

6.1. LaSección Cuarta del Consejo de Estado, por intermedio del consejero
ponente de la sentencia de segunda instancia dictada en el marco de la acción de
tutela con radicado número 2022-02768-01, rindió informe en el que advirtió que
la presente solicitud de amparo: «[…] es abiertamente improcedente, toda vez
que, previamente, el señor Francisco Javier García Lodoño interpuso ante el
Consejo de Estado una acción de tutela invocando los mismos hechos, partes y
pretensiones, bajo radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06171 00 […]».

6.2. De
otra parte, aseguró que, en el presente asunto, no se cumplen los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra fallo proferido en
proceso de igual naturaleza.

6.3. La Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado, por intermedio
de la consejera ponente de la providencia dictada en el marco del recurso
extraordinario de revisión con radicado número 2020-02925-00, informó que esta
es la tercera vez que el aquí accionante promueve solicitud de amparo con el
objeto de dejar sin efectos la referida decisión, por lo que solicitó declarar la cosa
juzgada constitucional y la temeridad, en atención al ejercicio abusivo de la acción
constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

6.4. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
consejero ponente de la sentencia de segunda instancia dictada en el marco de la
acción de tutela con radicado número 2021-08662-01, rindió informe en el que
puso de presente que el actor ya había promovido solicitud de amparo en contra
de la referida decisión judicial, la cual fue tramitada bajo el radicado número
11001-03-15-000-2022-06171-00.

6.5. Igualmente, anotó que: «[…] la acción de la referencia tiene por objeto enjuiciar
una sentencia de segunda instancia de tutela respecto de la cual no se
configuraron los presupuestos señalados en la Sentencia SU-627 de 2015 de la
Corte Constitucional […]».

6.6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
consejero ponente de la sentencia de primera instancia dictada en el marco de la
acción de tutela con radicado número 2022-02768-00, rindió informe en los
siguientes términos: «[…] Las consideraciones esgrimidas en la providencia del
29 de julio de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado
[…]».

6.7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través
del consejero ponente de la sentencia de única instancia dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 2012-
00372-00, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente el mecanismo
de amparo de la referencia, en atención a que no cumple con el requisito general
de la inmediatez.

6.8. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, por conducto de
apoderado judicial, solicitó declarar improcedente la presente acción
constitucional, al considerar que no se dan los supuestos de procedencia de la
acción de tutela contra fallo proferido en el marco de un proceso de igual
naturaleza.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

VI.2. Del impedimento manifestado en el sub judice

8. La doctora Nubia Margoth Peña Garzón, mediante escrito de 21 de marzo de
2023, manifestó encontrarse incursa en la causal de impedimento prevista en el
numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, dado que suscribió
la providencia de 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala Especial de
Decisión No. 25 del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de
revisión con radicado número 11001-03-15-000-2020-02925-00; decisión judicial
que es cuestionada por el actor en el presente asunto.

9. Para resolver lo pertinente, es necesario poner de relieve que la causal de
impedimento prevista en el numeral 6° de artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, aplicable a las acciones de tutela por remisión expresa que hace el artículo
39 del Decreto Ley 2591 de 1991, dispone lo siguiente:

[…] 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea
cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del
cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del
funcionario que dictó la providencia a revisar. […] (Resaltado fuera del texto
original)

10. Deacuerdo con lo arriba expuesto, esta Sala de Decisión advierte que la
circunstancia expuesta por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón efectivamente
se enmarca en la causal de impedimento invocada, toda vez que, en su condición
de consejera integrante de la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de
Estado suscribió la sentencia que es objeto de cuestionamiento dentro del
mecanismo de amparo de la referencia.

11. Porlo anteriormente expuesto resulta procedente declarar fundado el
impedimento manifestado por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón.

VI.3. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Si ello es así
se deberá determinar:

b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
defecto procedimental, sustantivo, desconocimiento del precedente y en
violación directa de la Constitución.

VI.4. El caso concreto

13. El ciudadano Francisco Javier García Londoño presentó acción de tutela con
miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

proceso, “a ejercer cargo de carrera administrativa”, al buen nombre y a la honra,
cuya vulneración le atribuyó a las siguientes sentencias: (i) de 28 de marzo de
2019, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-00; (ii) de 20 de agosto de 2021,
proferida por la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-15-
000-2020-02925-00; (iii) de 18 de febrero de 2022 y de 26 de abril de 2022,
dictadas, respectivamente, por las Subsecciones A y B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en el interior del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, y (iv) de 29 de julio de 2022 y de 6
de octubre de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-
2022-02768-00/01.

VI.4.1. De la cosa juzgada constitucional en el caso sub examine respecto de
las sentencias dictadas en el marco de los procesos con radicados Nros.
11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y 11001-
03-15-000-2022-02768-00/01

14. Enel presente asunto, el actor le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales, entre otras, a las siguientes sentencias: (i) de 20 de agosto de
2021, proferida por la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado número 11001-03-15-
000-2020-02925-00; (ii) de 18 de febrero de 2022 y de 26 de abril de 2022,
dictadas, respectivamente, por las Subsecciones A y B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en el interior del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, y (iii) de 29 de julio de 2022 y de 6
de octubre de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-
2022-02768-00/01.

15. Las accionadas, al momento de rendir informe en el interior del presente
proceso, advirtieron que el actor ya había promovido otra acción de tutela con el
propósito de que se dejara sin efectos las mismas providencias aquí enjuiciadas,
la cual fue tramitada bajo el radicado número 11001-03-15-000-2021-08662-00/01.

16. En este contexto, sea lo primero en indicar que la institución procesal de la cosa
juzgada constitucional ha sido ampliamente estudiada por la Corte Constitucional4
en el sentido de señalar que el objetivo de dicha figura consiste en dotar de la
calidad de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales con ocasión de los procesos de tutela, con lo cual se
garantiza la finalización de las controversias, así como la seguridad jurídica.

4
Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018,

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Accionante: Francisco Javier García Londoño

17. De manera que, a través de la cosa juzgada constitucional, se previene,
fundamentalmente, la existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal
sentido, la Corte Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio
de la acción de amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra
facultado para promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada
sobre los mismos hechos.

18. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que en materia de
acciones de tutela: «[…] una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional
frente a otra cuando existe identidad de objeto,5 de causa petendi6 y de partes.7
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo
constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento
de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria […]»8.

19. En caso de comprobarse su configuración deberá optarse, por regla general,
por la declaratoria de improcedencia de la acción con ocasión de la consolidación
de cosa juzgada en el respectivo asunto9.

20. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que no se configura cosa
juzgada entre dos acciones de tutela, «[…] si la nueva solicitud de amparo se
fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previamente por el
juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario no conocía- y no
podía conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla […]»10.
21. Así las cosas, esta figura procesal tiene como propósito evitar que los
funcionarios judiciales conozcan, tramiten o fallen un asunto ya resuelto, mediante
un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria.

22. En resumen, para la configuración de la cosa juzgada en acciones de tutela es
indispensable que se encuentre acreditado una identidad de partes, de hechos y
de causa petendi.

5
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa
juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un
derecho que no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
6
“es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
7
“es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la
identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
8
Sentencia T- 649 de 2011, T- 280 de 2017.
9
Sentencia T- 019 de 2016.
10
Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas le negó la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia debido a que se encontraba afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud en el régimen
contributivo. Sin embargo, se constató que dicha controversia ya había sido resuelta mediante fallo emitido por otra
autoridad judicial, por lo que se configuró la cosa juzgada constitucional. Al respecto se indicó: “la Sala considera que
la nueva solicitud de amparo promovida por la demandante no se fundamentó en hechos nuevos. Es más todos supuestos
fácticos afirmados por la señora Guerra David fueron tenidos en cuenta con anterioridad por el juez. Incluso, no alegó
nuevos elementos fácticos o jurídicos que funden la solicitud actual”. Pese a ello se descartó la temeridad de la acción al
considerarse que la actora se encontraba en un alto grado de indefensión como quiera que hacía parte de un grupo
poblacional que es sujeto de especial protección constitucional y lo que pretendía era la entrega de ayuda humanitaria para
satisfacer su mínimo vital, por lo que se descartó un actuar doloso de parte de la accionante.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

23. Descendiendo al caso de autos, y para efectos de comparar si se configura la
identidad de partes, de causa petendi y de hechos del presente proceso con el
expediente Nro. 11001-03-15-000-2022-06171-00, la Sala expone el siguiente cuadro
comparativo:

Proceso No. 11001-03-15-000-2023- Proceso No. 11001-03-15-000-2022-
01080-00 (de la referencia) 06171-00

Accionante: Francisco Javier García Accionante: Francisco Javier García
Londoño Londoño

Accionados: Accionados:

1. Sala Especial de Decisión No. 25 1. Sala Especial de Decisión No. 25
Partes del Consejo de Estado. del Consejo de Estado.

2. Subsecciones A y B de la Sección 2. Subsecciones A y B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Tercera del Consejo de Estado.

3. Subsección C de la Sección 3. Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Tercera del Consejo de Estado.

4. Sección Cuarta del Consejo de 4. Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Estado.

5. Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

[…] 1. Que se profiera “sentencia de […] 1. Que se amparen los derechos y
reemplazo” en la cual se ampares mis principios fundamentales
derechos fundamentales: I) A constitucionales del señor
EJERCER CARGO DE CARRERA FRANCISCO JAVIER GARCÍA
ADMINISTRATIVA. II) A LA HORAN LONDOÑO: al derecho a la igualdad,
Y AL BUEN NOMBRE. III) A LA al principio de favorabilidad en materia
IGUALDAD. IV) AL DEBIDO laboral, al
PROCESO. principio pro homine, al derecho al
trabajo, al derecho de defensa, al
2. Que se deje sin efectos el fallo derecho a una tutela judicial efectiva,
dictado por la Sección Cuarta del al derecho al acceso a la
Consejo de Estado con administración de justicia, al debido
Radicación: 11001-03-15-000-2022- proceso.
02768-01 de fecha 06 de octubre de
Pretensiones 2022. 2. Que se deje sin efectos el fallo
dictado por la Sección Cuarta del
3. Que se deje sin efectos el fallo Consejo de Estado con Radicación:
dictado por la Sección Tercera - 11001-03-15-000-2022-02768-01 de
Subsección C del Consejo de fecha 06 de octubre de 2022.
Estado con Radicación: 11001-03-
15-000-2022-02768-00 de fecha 29 3. Que se deje sin efectos el fallo
de julio de 2022. dictado por la Sección Tercera
Subsección C del Consejo de
4. Que se deje sin efectos el fallo Estado con Radicación: 11001-03-
dictado por la Subsección B de la 15-000-2022-02768-00 de fecha 29
Sección Tercera del Consejo de de julio de 2022.
Estado con Radicación: 11001-03-
15-000-2021-08662-01 de fecha 26 4. Que se deje sin efectos el fallo
de abril de 2022. dictado por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de
5. Que se deje sin efectos el fallo Estado con Radicación: 11001-03-
dictado por la Subsección A de la 15-000-2021-08662-01 de fecha 26
Sección Tercera del Consejo de de abril de 2022.
Estado con Radicación: 11001-03-

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

15-000-2021- 08662-00 de fecha 18 5. Que se deje sin efectos el fallo
de febrero de 2022. dictado por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de
6. Que se deje sin efectos el fallo Estado con Radicación: 11001-03-
dictado por la Sala Especial de 15-000-2021- 08662-00 de fecha 18
Decisión nro. 25 recurso de febrero de 2022.
extraordinario de revisión
radicación 11001 03 15 000 2020 6. Que se deje sin efectos el fallo
02925 00, de fecha 20 de agosto de dictado por la Sala Especial de
2021. Decisión nro. 25 recurso
extraordinario de revisión
7. Que se deje sin efectos el fallo radicación 11001 03 15 000 2020
dictado por la Sección Segunda – 02925 00, de fecha 20 de agosto de
Subsección A medio de control de 2021 […]. (Negrillas por fuera del texto)
nulidad y restablecimiento del derecho
radicación 11001-03-25-000-2012-
00372-00, de fecha 28 de marzo de
2019 […]. (Negrillas por fuera del texto)

Los motivos por los cuales se promovió En este caso, los hechos consistieron,
la presente acción fueron, en síntesis, en términos generales, que las
los siguientes: autoridades judiciales desconocieron
«[…] EL PRECEDENTE JUDICIAL
Que las autoridades judiciales DEL PROPIO CONSEJO DE
accionadas han dado prevalencia al ESTADO SIN EXPLICACIÓN
derecho formal, negando con ello una ALGUNA […]».
“justicia material”, puesto que de
Hechos Aunado a que el Consejero de Estado
manera caprichosa y arbitraria Julio Roberto Piza Rodríguez, como
declararan improcedente las acciones integrante de la Sección Cuarta, no se
que él promueve. Aunado a que declaró impedido para fallar la
desconocen «[…] LA LINEA sentencia de tutela presentada en
JURISPRUDENCIA Y PASIVA DE LA contra de la decisión adoptada por la
SECCIÓN SEGUNDA DEL Sala Especial de Decisión nro. 25 del
Consejo de Estado.
CONSEJO DE ESTADO QUE
SEÑALA CUAL ES EL REGIMEN
JURIDICO DE LOS
SUPERNUMERARIOS DE LA DIAN
Y QUE FUNCIONES PUEDEN
REALIZAR […]».

Se declaró improcedente por no
Decisión de Sin decisión de fondo satisfacer el requisito general de
instancia procedibilidad atinente a la
inmediatez y excepcional de la
cosa juzgada fraudulenta

24. Conforme con lo anterior, para la Sala no existe duda en torno a que la acción de
tutela número 11001-03-15-000-2022-06171-00 y el mecanismo de amparo de la
referencia comparten identidad de partes, de objeto y de causa petendi11 en
cuanto a la presunta vulneración atribuida a las sentencias dictadas en el marco
de los procesos números 11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-

11
Se pretende que se dejen sin efectos las siguientes decisiones: (ii) de 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala
Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado número
11001-03-15-000-2020-02925-00; (iii) de 18 de febrero de 2022 y de 26 de abril de 2022, dictadas, respectivamente, por las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el interior del mecanismo de amparo con radicado
número 11001-03-15-000-2021-08662-00/01; y (iv) de 29 de julio de 2022 y de 6 de octubre de 2022, proferidas,
respectivamente por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2022-02768-00/01.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

2021-08662-00/01 y 11001-03-15-000-2022-02768-00/01; de allí que resulta
procedente declarar la cosa juzgada constitucional en cuanto a este motivo de
inconformidad se refiere.

25. En este contexto, se advierte que, pese a que las dos acciones de tutela
comparten identidad de partes, de objeto y de causa petendi, no resulta dable
concluir que el actor haya incurrido en temeridad, toda vez que, en el escrito de
tutela, el accionante reconoció e informó que había promovido otras acciones de
tutela, pero afirmó que presentaba estaba nueva bajo el convencimiento de que la
vulneración de sus derechos fundamentales aún persistía, resaltando que esa simple
circunstancia lo habilitaba para buscar las protección de sus garantías
fundamentales, lo cual implica que no ha actuado de mala fe.

26. En conclusión, la Sala declarará la cosa juzgada constitucional en cuanto a la
vulneración atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos
números 11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y
11001-03-15-000-2022-02768-00/01.

VI.4.2. Del incumplimiento del requisito general de la inmediatez respecto de la
vulneración atribuida a la sentencia de 28 de marzo de 2019, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

27. Sobre este punto de la discusión, la Sala empieza por señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición; sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho que el requisito de inmediatez exige que: «[…] la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración12. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]»13.

28. Al respecto, la jurisprudencia constitucional14, ha señalado lo siguiente:

[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más
precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura
obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la
protección de derechos fundamentales con los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que
podrían comprometerse si la tutela contra providencias judiciales
se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional haya sido particularmente reiterativa en
considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas
contra providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005,

12
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
13
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos”
[…]15.

29. Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, precisó que, en
tratándose de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado
como razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el siguiente raciocinio:

[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la
acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que
garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por
ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial
alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica
que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas
diferentes sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla
general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se
ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla
general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en
cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una
decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]16.
(negrillas del despacho)

30. La jurisprudencia constitucional17 ha establecido excepciones a la aplicación del
presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular18, así:

[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad

15
Ibidem.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Sentencia T-584 de 2011.
18
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]19.

31. Precisadolo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad atinente
a la inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la sentencia
de 28 de marzo de 2019, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Ello en razón a que la jurisprudencia tanto de la
Corporación como de la Corte Constitucional -previamente citadas- sostiene que
el plazo razonable se contabiliza partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.

32. Con fundamento en la anterior premisa, se tiene que, en el caso que nos
ocupa, la citada providencia de 28 de marzo de 2019 se notificó por edicto fijado
el 10 mayo de 2019 y desfijado el día 14 de ese mismo mes y año20, y la acción
de tutela se recibió, vía electrónica, el 27 de febrero de 202321, lo que significa
que el mecanismo de amparo se promovió cuando había transcurrido
aproximadamente tres (3) años y ocho (8) meses desde que se tuvo conocimiento
de la decisión judicial; plazo que, sin lugar a duda, no resulta razonable.

33. Así las cosas, y comoquiera que la presente solicitud de amparo fue radicada
luego de haber transcurrido más de seis (6) meses desde la fecha en que se
notificó la sentencia enjuiciada, se considera que no satisface el requisito general
de procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen
los presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
dictada por la Corte Constitucional.

34. Por tanto, se declarará improcedente por incumplimiento del requisito general
de procedibilidad atinente a la inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la doctora
Nubia Margoth Peña Garzón y, como consecuencia de ello, se dispone separarla
del conocimiento de la presente acción de tutela.
19
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
20
Tal como se advierte del índice 41 del aplicativo SAMAI del proceso objeto de tutela.
21
De acuerdo con el correo electrónico de fecha de 21 de julio de 2022, visible a índice 2 del aplicativo Samai.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01080-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

SEGUNDO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional respecto de la vulneración
atribuida a las sentencias dictadas en el marco de los procesos con radicados
números 11001-03-15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 y
11001-03-15-000-2022-02768-00/01, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de la
vulneración atribuida a la sentencia de 28 de marzo de 2019, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000-
2012-00372-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA
Consejero de Estado Conjuez
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(18)

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