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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02768-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02768-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del del 29 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02768-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02768-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02768-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra fallo de tutela.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Francisco Javier García
contra la sentencia del 29 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Francisco Javier García Londoño, en nombre propio, interpusieron acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones A y B, por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, la
defensa, la tutela judicial efectiva, de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-00 de fecha 18
de febrero de 2022.

3. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-2021-08662-01 de fecha 26
de abril de2022.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Francisco Javier García Londoño promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por medio de los
cuales la DIAN lo declaró disciplinariamente responsable y se le impuso una
sanción de destitución e inhabilidad por 12 años, por encontrarse incurso en una
inhabilidad sobreviniente con ocasión de dos fallos fiscales que se habían
proferido en su contra.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02768-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, profirió sentencia de
única instancia el 28 de marzo de 2019, en la cual negó las pretensiones de la
demanda.

El señor García Londoño interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
anterior sentencia, al considerar que estaba incursa en las causales 1° y 5° del
artículo 250 del CPACA, el cual declaró infundado, la Sala Especial de Decisión
No. 25 del Consejo de Estado, en providencia de 20 de agosto de 2021.

El señor García Londoño promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado –
Sala Especial de Decisión No. 25, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso con la sentencia del 20 de agosto de 2021, pues, a
su juicio, se configuró una violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente.

Mediante Sentencia de 18 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar
que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, porque el actor
pretendió revivir la discusión del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, la cual se había abordado y decidido de manera razonada.

El señor García Londoño impugnó la anterior decisión, la cual resolvió la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante fallo del 26 de abril de
2022, en el que confirmó la providencia de primera instancia.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del tutelante, las Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incurrieron en varias actuaciones que se enmarcan dentro de una
situación de fraude que provocó el fenómeno de causa fraudulenta, pues las
providencias que emitieron desconocieron el precedente judicial desarrollado por
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado e incurrieron en defecto sustantivo
por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Aseguró que, tanto en la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la providencia que decidió el recurso extraordinario de revisión y los
fallos de tutela de primera y segunda instancia, incurrieron en violación directa de
la Constitución al inaplicar el principio de non bis in idem, a favor del señor
Francisco Javier García Londoño en relación con el fallo de responsabilidad fiscal
057 de 2005.

Señaló que, el presente asunto goza de relevancia constitucional porque: (i) se
trata de un asunto disciplinario en el cual se destituye e inhabilita por 12 años a un
funcionario de carrera administrativa de la DIAN; (ii) la destitución se dio sin haber
cometido alguna falta disciplinaria y sin existir inhabilidad vigente; y, (iii) en
sentencia C-721 de 2015, la Corte Constitucional indicó que, los procesos
administrativos disciplinarios contra servidores públicos, están amparados por
fundamentos constitucionales, entre los que se encuentran los artículos 1, 2, 6, 92,
122, 123, 124, 125, 150-2, 209 y 277 de la Constitución.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02768-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Precisó que en el presente caso, no se configura la figura de la cosa juzgada,
pues en la presente acción de tutela las pretensiones son distintas a la formulada
contra la providencia del 20 de agosto de 2021, que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, toda vez que, en este caso, las pretensiones están
encaminadas a que se dejen sin efecto los fallos de tutela de primera y segunda
instancia ante la existencia de una causa fraudulenta.

Reiteró lo que a su juicio, son las irregularidades en que incurrió las autoridades
judiciales accionadas al resolver el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y el recurso extraordinario de revisión.

4. Oposición

El magistrado Alberto Montaña Plata, como integrante de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado indicó que la providencia y el expediente,
contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome
la decisión que en derecho corresponda.

Aunado a lo anterior, refirió que la acción de la referencia tiene por objeto enjuiciar
una sentencia de segunda instancia de tutela respecto de la cual no se
configuraron los presupuestos señalados en la Sentencia SU - 627 de 2015 de la
Corte Constitucional. En todo caso, precisó que, estaría presto a atender lo que
disponga la Sala que decida la acción constitucional.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, pues en las providencias proferidas por las
Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se evidencia
ninguna anomalía.

Aseguró que en las decisiones cuestionadas no se configuró ningún fraude
respecto a las valoraciones e interpretaciones realizadas por el juez natural y el
criterio del accionante que lo lleva a manifestar que no cometió la falta
disciplinaria. Que la intención del actor, con éste nuevo recurso de amparo, es
reabrir la discusión en torno a la legalidad de los actos administrativos
demandados en el proceso inicial, lo cual desvirtúa la naturaleza y el propósito de
la tutela.

5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del
29 de julio de 2022, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que las
providencias cuestionadas del 18 de febrero y 26 de abril de 2022, proferidas por
las Subsecciones A y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se dictaron
con ocasión de una acción de tutela.

Indicó que, la solicitud no satisface los requisitos generales de la tutela contra
providencia judicial, ni los supuestos excepcionalísimos de procedencia del
amparo contra una decisión de tutela, pues los reproches del solicitante se fundan
en su desacuerdo con las decisiones que impugna.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02768-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

6. Impugnación

El apoderado de la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, para
lo cual reiteró los argumentos del escrito de tutela y señaló que el a quo profirió
una decisión sin motivación, pues no se tuvo en cuenta ninguno de los
argumentos manifestados en el escrito de tutela.

Que en la providencia impugnada no se indicaron cuáles eran los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que no
satisfacía, ni cuales requisitos excepcionalísimos de procedencia del amparo
contra una decisión de tutela que no se satisfacía.

Aseguró que con la presente acción de tutela no pretende configurar una instancia
adicional del proceso ordinario, porque los argumentos están dirigidos en
cuestionar la conclusión de las autoridades judiciales accionadas referente a que
la acción de tutela que se promovió cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto compromete los derechos a la igualdad, defensa,
trabajo, tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia y que,
además, desconoce precedente judiciales y constitucionales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

1. Acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del proceso de
tutela.
1
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional , la acción
de tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran
dentro de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe
superarse.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima,
casos en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso, con los siguientes argumentos:

1 La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001

y se reiteró, entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002;
T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y
T-701 de 2011; T-208 de 2013.
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Demandante: Francisco Javier García Londoño

“(…) En cumplimiento del artículo 29 de la Carta Política, el debido proceso debe aplicarse
a toda actuación judicial o administrativa, es decir, los procesos deben adelantarse
conforme a las leyes preexistentes aplicables para el caso que se juzgue, ante el juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Es una garantía constitucional que contempla también el derecho a la defensa y otra serie
de principios como los de publicidad y economía procesal, que deben regir cualquier
trámite. Por tanto, puede alegarse que cuando un juez impide a una persona impugnar un
fallo de tutela, viola el derecho al debido proceso, pues desconoce lo dispuesto por el
artículo 86 de la Carta Política, y desarrollado en el Decreto 2591 de 1991:

“Artículo 31 - Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión”

El derecho a impugnar el fallo es una de las formas propias del proceso de tutela
consagradas en la Constitución, a la vez que es una figura que cristaliza el derecho a la
defensa y el principio de las dos instancias. Desconocerlo no sólo vulnera la garantía
fundamental al debido proceso, también impide acceder a la administración de justicia[3] y
pone en peligro la protección de los derechos invocados por los ciudadanos en las
demandas de tutela. De hecho, la importancia de este trámite radica en ser el medio de
defensa judicial idóneo para hacer efectivas las garantías constitucionales. Por eso la
Corte Constitucional ha señalado, respecto a las disposiciones que contemplan el derecho
a impugnar el fallo de tutela, lo siguiente:

“Se trata de normas imperativas, obligatorias para el juez, de tal modo que no es
de su discrecionalidad aceptar o denegar la impugnación oportunamente
interpuesta, ya que ella corresponde a un verdadero derecho constitucional
fundamental”2

En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional definió los casos en los
que resultaría procedente la acción de tutela para amparar la presunta vulneración
de derechos fundamentales en el marco de otra acción de tutela, de la siguiente
manera:

“4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse
actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la
impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia pero
antes de que pueda darse el de segunda.

(…)
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a
la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.

2 Sentencia T – 162 de 1997.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a
la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional.”
(Negrita y subraya fuera del texto)

Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia T-286 de 2018, previó la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela
proferidas por un juez o tribunal diferente a ella, en los siguientes casos: “(i) exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii)
cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera
clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto
de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.”

2. Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si
procede confirar o revocar la decisión de tutela de primera instancia del 29 de julio
de 2022, mediante la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
declaró improcedente la acción de tutela, por cuestionar un fallo de la misma
naturaleza, como se pasa a estudiar.

3. De la solución al problema jurídico planteado en el presente caso

El señor Francisco Javier García Londoño promovió la presente acción de tutela,
con el fin de que se dejaran sin efecto las providencias del 18 de febrero y 26 de
abril de 2022, proferidas, en primera y segunda instancia, por las Subsecciones A
y B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las cuales se declaró
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improcedente la acción de tutela interpuesta contra con la sentencia del 20 de
agosto de 2021, del Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 25, por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.

El a quo indicó que en el presente caso no se cumplen los requisitos generales de
la tutela contra providencia judicial, ni los supuestos excepcionalísimos de
procedencia del amparo contra una decisión de tutela, pues los argumentos están
dirigidos contra las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de revisión.

En el escrito de impugnación el actor insiste en que, en el presente caso es
procedente la acción de tutela, porque existe un fraude y, por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, al determinarse concluir que la tutela
que promovió contra la sentencia del 20 de agosto de 2021, no cumple el requisito
de relevancia constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que la cosa juzgada fraudulenta
“se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos
procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de
medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad” 3.

Los argumentos del actor, para sustentar la cosa juzgada fraudulenta, se centran
en señalar que, se cumple con el requisito de relevancia constitucional porque,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, en el cual se cuestionaba el acto
administrativo que lo sancionó, no se tuvo en cuenta que la destitución se dio sin
haber cometido alguna falta disciplinaria y sin existir inhabilidad vigente.

En esa medida, no se advierte que la autoridad judicial que decidió el proceso,
hubiera incurrido en conductas motivadas con propósitos fraudulentos, ilegales o
dolosos que atentaran contra la administración de justicia, pues los
cuestionamientos del actor versan exclusivamente sobre una interpretación de
derecho y valoración probatoria que no comparte, y sobre la procedencia de la
acción de tutela, situación que a todas luces denota la intención por parte del
señor García Londoño de reabrir un debate jurídico ya consolidado ante el fallo
que le fue adverso a sus pretensiones.

Ahora bien, debe aclararse que, la procedencia excepcionalísima de la acción de
tutela contra un fallo de la misma naturaleza, como en este caso, no permite que
la parte actora acuda a controvertir los argumentos, razones, reglas, pruebas o
demás elementos que fundamentaron una decisión por medio de la interposición
de una nueva solicitud de amparo.

En el presente caso, se advierte que no se cumple con los requisitos establecid os
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra un fallo de la mima naturaleza, pues la pretensión del
actor es revivir lo ya debatido en el proceso de tutela anterior e imponer un criterio
contrario, según el cual, entre otras cosas, se cumple el requisito de relevancia
constitucional y los actos administrativos que lo sancionaron deben declararse
nulos, porque no cometió la falta disciplinaria, situación que ya fue debatida y

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-218 de 2012, SU- 627 de 2015 y T-470 de 2018.

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analizada al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y el
recurso extraordinario de revisión.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, por las razones antes
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del del 29 de julio de 2022, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.

3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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