Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00007-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00007-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
Demandada: Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado
Tema: Cosa juzgada constitucional y temeridad/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) igualdad y iv) acceso a cargos públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 6 de febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual resolvió “[…] DECLARAR LA TEMERIDAD Y LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL en la acción de tutela de la referencia, en consecuencia,
NEGAR la solicitud de amparo […]”.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Especial
de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la sentencia
de 20 de agosto de 2021, en el proceso de recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 110010315000202002925-00, vulneró
sus derechos fundamentales invocados supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, con el fin de que se declara la nulidad de las Resoluciones
núms. 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, 6027 de 24 de mayo de 2007 y
7319 de 21 de junio de 2007, por medio de las cuales, en su orden, se le declaró
disciplinariamente responsable y se le impuso una sanción de destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por doce años, se confirmó esa decisión y
se hizo efectiva la sanción.
4. Indicó que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió sentencia, en única instancia, el 28 de marzo de 2019, mediante la cual
resolvió negar las pretensiones de la demanda.
5. Señaló que, junto con Ángela María García Londoño, presentaron recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia mencionada supra, frente a lo cual, la
Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado, mediante sentencia de
20 de agosto de 2021, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Ángela María García Londoño.
SEGUNDO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Francisco Javier García Londoño contra la sentencia de 28 de marzo
de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el proceso ordinario identificado con radicación
110010325000201200372-00 (1425-12). […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] El señor Francisco Javier García Londoño se encuentra legitimado para
controvertir la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues fue quien promovió el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó tal decisión, que resultó
adversa a sus intereses.
No puede predicarse lo mismo respecto de la señora Ángela María García Londoño,
quien no fue parte en el referido proceso, por lo que se declarará su falta de
legitimación en la causa por activa. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
[…]
“[…] En el caso concreto, la causal se sustenta en el hecho de que la Sección
Segunda de la Corporación habría resuelto el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de una manera diferente a como lo hizo en caso similares, para lo cual
la parte recurrente enunció e identificó diversos pronunciamientos de dicha Sección
que sustentarían su argumento, los cuales, adujo, son documentos públicos y no
pudo aportarlos al proceso ordinario como prueba, dado que la etapa probatoria
concluyó antes de que hubieran sido proferidos. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, en la medida en que los pronunciamientos judiciales no
constituyen prueba documental, en los términos que se requiere para estructurar la
causal de revisión alegada, y que el recurso extraordinario no está previsto frente al
posible desconocimiento del precedente o de algún criterio judicial, se impone
desestimar la primera causal de revisión invocada por la parte recurrente. […]”.
[…]
“[…] En el presente caso, la parte actora afirmó que se vulneró su derecho al debido
proceso, dado que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
no realizó un análisis integral de las decisiones administrativas demandadas, pues
no tuvo en cuenta: i) que el demandante fue destituido e inhabilitado por una
funcionaria que no tenía competencia para ello; ii) que la sanción impuesta resultó
“desproporcionada, arbitraria y caprichosa”; iii) que “el señor García Londoño
entendió y creyó que no estaba cometiendo ninguna trasgresión disciplinaria”; iv) que
en el expediente no reposaba medio de prueba alguno que demostrara el supuesto
actuar doloso del investigado, y v) que la DIAN “ya había sancionado
disciplinariamente al señor Francisco Javier García Londoño por los mismos hechos
que fue investigado”. […]”.
[…]
“[…] En ese sentido, se concluyó que la conducta del señor Francisco Javier García
Londoño sí se encontraba tipificada, en la medida en que actuó en su cargo pese a
estar inhabilitado.
Finalmente, con base en un análisis probatorio amplio y detallado, se desestimaron
las causales de nulidad de desviación de poder, de violación al debido proceso y de
incompetencia, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda.
Para la Sala resulta evidente que la parte demandante, a través del recurso
extraordinario de revisión, concentró su cuestionamiento en toda la valoración
probatoria que hizo la Subsección A de la Sección Segunda el Consejo de Estado,
para tratar de reabrir, en su integridad, la discusión en torno a la legalidad de los
actos administrativos demandados en el proceso inicial, lo cual desvirtúa la
naturaleza y el propósito de ese recurso.
En efecto, el fundamento expuesto en el recuro extraordinario de revisión no se
adecúa a uno solo de los eventos -antes mencionados- para que pueda configurarse
la causal de revisión propuesta, toda vez que lo pretendido claramente es lograr una
instancia adicional para rebatir el análisis probatorio y el razonamiento jurídico que
se hizo por parte del juez natural de la causa y, de esa manera, conseguir una
decisión favorable, al punto que lo que se predica es la existencia de “un defecto
fáctico”, no instituido en la ley para la procedencia de dicha clase de mecanismo
extraordinario de impugnación. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela: 1
“[…] 1.) QUE CON FUNDAMENTO EN EL HECHO NUEVO DE QUE LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES SI TIENEN CARÁCTER PROBATORIO, PERO
ÚNICAMENTE, CUANDO SE PRETENDE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MISMA
DE LA SENTENCIA Y/O EL HECHO RECONOCIDO O DECLARADO EN ESTA.
DICHO HECHO RECONOCIDO O DECLARADO EN LAS 14 PROVIDENCIAS
JUDICIALES, ES QUE SOLAMENTE EL JEFE DE LA OFICINA DE
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA DIAN, ES EL COMPETENTE PARA
PROFERIR LA RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA EN UN PROCESO
DISCIPLINARIO.
2.) QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE A LA SALA
ESPECIAL DE DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE ESTADO QUE PROFIERIO
LA SENTENCIA CON RADICADO 1100103150002020-02925-00 QUE ADOPTE
UNA DECISIÓN AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO LO SUSTANCIAL SEGÚN EL
ARTÍCULO 228° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, FRENTE A UN ANÁLISIS
RESTRICTIVO A PARTIR DE ELEMENTOS PURAMENTE FORMALES,
CIRCUNSTANCIA A PARTIR DE LA CUAL DEBIÓ FLEXIBILIZAR LA
INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE PRUEBA ENCONTRADA O RECOBRADA
INVOCADA EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO ALUDIDO.
3.) QUE SE DECLARE FUNDADO EN RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN CON RADICADO 1100103150002020-02925-00 CON FUANDAMENTO
EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA, YA QUE LAS SENTENCIAS
JUDICIALES SI SON UN PRUEBA DOCUMENTAL CUANDO CUMPLEN CIERTOS
REQUISITOS Y SE PRETENDE DEMOSTRAR CON ELLAS LA EXISTENCIA
MISMA DE LA SENTENCIA Y LOS HECHOS PROBADOS EN ELLAS. […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó lo siguiente: 2
“[…] La Parte Accionante demostró que en la primera acción de tutela que se
interpuso contra el fallo de recurso extraordinario de revisión, “NO EXISTIÓ UN
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LAS PRETENSIONES PUESTAS EN
CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE TUTELA”.
En el siguiente cuadro que contiene los fallos de primera y segunda instancia
relacionado con las diferentes acciones de tutela que he interpuesto; en él se puede
observar que “DE MANERA CAPRICHOSA Y ARBITRARIA NUNCA HA EXISTIDO
UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA PRETENSIÓN PUESTA EN
CONOCIMIENTO ORIGINAL DE UN JUEZ; YA QUE SIEMPRE LAS HAN
DECLARADO IMPROCEDENTE, TEMERARIA O COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL, CUANDO HAN IMPUESTO LOS REQUISITOS FORMALES DE
LA ACCIÓN DE TUTELA SACRIFICANDO EL DERECHO SUSTANCIAL Y LA
VERDAD OBJETIVA, CON LO CUAL ESTAN DESCONOCIENDO EL ARTÍCULO
228 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA” […]”.
1 Transcripción literal del texto.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
[…]
“[…] En el presente caso, no ha existido un pronunciamiento de fondo sobre la
pretensión puesta en conocimiento original de los Consejeros o Conjueces, en las
anteriores acciones de tutela relacionadas en el cuadro anterior, por lo tanto, no puede
afirmarse que existe Cosa Juzgada Constitucional. […]”.
[…]
“[…] Como Parte Accionante considero que la “SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NRO.
25 DEL CONSEJO DE ESTADO, en el marco del proceso del Recurso Extraordinario
de Revisión que promoví en contra de una decisión de la Sección Segunda-
Subsección A del Consejo de Estado, incurrió en los defectos: (i) fáctico, puesto que
desconoció los antecedentes judiciales proferidos por la propia Sección Segunda en
los cuales se demostraba que era el “JEFE(A) DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS
DISCIPLINARIOS EL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA PROFERIR EL FALLO
DISCIPLINARIO EN PRIMERA INSTANCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 76° DE LA LEY
734 DE 2002”; y, (ii) procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto se dio
primacía al derecho formal sobre el sustancial, al omitir la valoración de unas pruebas
documentales que pueden ser determinantes para probar QUE LA
SUPERNUMERARIA […] NO TENIA COMPETENCIA PARA PROFERIR EL FALLO
DISCIPLIONARIO EN PRIMERA INSTANCIA CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN
8300060-2009-01 DE 30 DE ABRIL DE 2007, SEGÚN EL ARTÍCULO 76° DE LA LEY
734 DE 2002 (CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO) Y ADEMÁS TAMPOCO
PERTENECÍA AL NIVEL DIRECTIVO O ASESOR DE LA DIAN SEGÚN EL
ARTÍCULO 9° LA LEY 489 DE 1998 (DELEGACIÓN DE FUNCIONES POR PARTE
DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA). […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 15 de enero de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de
Estado; y iii) vinculó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en calidad de
terceros con interés legítimo; concediéndoles el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado manifestó que:
“[…] En mi condición de integrante de la Sala Especial de Decisión núm. 25 de esta
Corporación, me permito informarle que no intervine en la aprobación de la
providencia del 20 de agosto de 20211. Por consiguiente, me limito a indicar que
respetaré y acataré lo que se resuelva en este caso. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
9. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó negar la
acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Alega la parte demandante que su asunto no ha sido estudiado de fondo y
soporta su solicitud en las sentencias de unificación de la Corte Constitucional SU
168 DDE 2017, SU 012 de 2020, SU 027 de 2021, SU 397 de 2013 SU 444 DE 2023
Y SU 128 de 2024 alegando que en las 17 sentencias que se han proferido en este
asunto no se ha estudiado de fondo los hechos que expuso, de igual modo, aduce
que estas sentencias son prueba sobreviniente de que su petición de tutela no está
enmarcada en mala fe o temeridad. Sin embargo, esto no es cierto, toda vez que
como se observa el fundamento jurisprudencial expuesto data desde el 2017 y
siempre ha sido expuesto en todas las acciones de tutela interpuestas.
Lo cierto del caso es que este asunto ha sido estudiado hasta la saciedad por la
Jurisdicción Administrativa, Civil y Agraria, de tal suerte que esta nueva petición
constituye una mala fe y temeridad del accionante, quien quiere forzar a la jurisdicción
a estudiar el asunto con presuntas pruebas que no existen y analizar el proceso inicial
con sentencias proferidas con posterioridad y con ello pretende pasar por alto la cosa
juzgada y la seguridad jurídica que genera una sentencia debidamente ejecutoriada
[…]
[…]
“[…] Del incumplimiento del requisito general de la inmediatez respecto de la
vulneración atribuida con los actos del proceso disciplinario, dictados por la División
de asuntos disciplinarios. Sobre este punto de la discusión, si bien es cierto que la
acción de tutela no tiene un plazo específico para su interposición; sin embargo, la
Corte Constitucional ha dicho que el requisito de inmediatez exige que: «[…] la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre estas decisiones hubo
pronunciamientos judiciales, luego se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos.
En el caso particular los actos fueron expedidos en el año 2007, luego han
transcurrido varios años e impide proceder por incumplimiento de este requisito. […]”.
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó
silencio en esta oportunidad procesal.
11. El actor allegó escrito mediante el cual solicitó que, atendiendo al informe
rendido por la autoridad judicial accionada, se diera aplicación al principio de
presunción de veracidad previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
La sentencia impugnada
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 6 de
febrero de 2025, resolvió lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA TEMERIDAD Y LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL en la acción de tutela de la referencia, en consecuencia, NEGAR
la solicitud de amparo y, en todo caso, ADVERTIR a la parte actora que no puede
presentar otra petición por los mismos hechos, sin que justifique la existencia de una
razón válida que lo habilite. […]”.
12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De conformidad con el relato de lo acontecido dentro de la acción de tutela que
conoció esta Sala en el año 2023 y que falló en sesión de 8 de junio del mismo año,
se anuncia que la solicitud de amparo de la referencia correrá con la misma suerte
habida cuenta de que en el presente asunto también se cumple la triple identidad
respecto de la anterior solicitud de amparo identificada con el radicado 11001-03-15-
000-2023-01080-00/0129, y operó la cosa juzgada constitucional.
Tal afirmación deviene de manera evidente si recordamos que en el trámite de la
referencia: (i) el accionante es el mismo ciudadano Francisco Javier García Londoño
y la autoridad demandada es la pluricitada Sala Especial de Decisión Número 25 del
Consejo de Estado; (ii) la causa fue adjudicada a la sentencia de 20 de agosto de
2021 por medio de la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
al desconocer que el asunto presentaba mérito para ser analizado, debido a que no
se tuvo en cuenta que la funcionaria de la DIAN que profirió el fallo sancionatorio de
primer grado carecía de competencia, a partir de la cual se alegó la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, entre otros; (iii) el objeto
coincide en que se deje sin efectos la providencia de 20 de agosto de 2021.
Por lo anterior y acorde con el lineamiento jurisprudencial y normativo expuesto en
líneas previas, se considera que en el presente caso se configuró el fenómeno jurídico
de la temeridad puesto que: (i) existe identidad de partes; (ii) los fundamentos de
hecho en ambas solicitudes, en síntesis, son iguales; y (iii) la finalidad es que se
garanticen similares derechos fundamentales, ante la decisión del recurso
extraordinario de revisión que considera contraria a derecho.
Ahora, el señor García Londoño indicó que, si bien ha presentado otras acciones de
tutela contra la sentencia de 20 de agosto de 2021, y que pese a ello no se configuran
la cosa juzgada y la temeridad en su actuar debido a que los anteriores fallos han
declarado la improcedencia de esos mecanismos constitucionales, lo cierto es que
dicho argumento no tiene vocación de prosperidad en atención a que la declaratoria
de improcedencia es una decisión judicial en la cual se indica que el asunto puesto
en conocimiento no cumple alguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, por lo tanto, implica que no es posible el análisis del fondo del caso, lo cual
constituye una decisión definitiva que hace tránsito a cosa juzgada y, contrario al
criterio del actor, en ninguna medida faculta al ciudadano inconforme a continuar
presentando múltiples solicitudes de amparo por los mismos hechos con el propósito
de que en algún momento un juez emita una decisión que conceda sus intereses.
[…]”.
[…]
“[…] Finalmente, en cuanto a la cosa juzgada constitucional, esta Sala se limita a
señalar que, tratándose de un asunto que ya fue abordado por esta Sección en el
anterior proceso de tutela identificado con el radicado 11001-03 15-000-2023-01080-
00/01, al verificar dicho expediente en el aplicativo Samai, se observa que el 22 de
marzo de 2024 la Corte Constitucional regresó el expediente luego de que la Sala de
Selección de 31 de agosto de 2023 decidiera no revisarlo, por lo tanto, también operó
dicho fenómeno jurídico. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
La impugnación
13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado. En ese orden de ideas manifestó lo siguiente:3
“[…] El conocimiento de la acción de tutela de primera instancia, implica asumir el
estudio de la controversia, por lo cual, la Parte Accionante estima que los
MAGISTRADOS DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO ESTAN
INCURSOS en la causal de impedimento del numeral 6 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, la cual dispone que el juez deberá apartarse del conocimiento
del proceso por haber dictado la providencia de cuya revisión se trata o por haber
participado dentro del proceso. […]”.
[…]
“[…] Es forzoso advertir, que LA SENTENCIA IMPUGNADA DESCONOCIÓ, SIN
JUSTIFICACIÓN ALGUNA, LOS HECHOS NUEVOS QUE SE PLANTEARON EN EL
ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA PARA DESVIRTUAR LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL Y LA TEMERIDAD, COMO ERAN LAS SENTENCIAS C-397 DE
2024 Y LA SENTENCIA SU-342 DE 2024 […]”.
[…]
“[…] CON FUNDAMENTO EN LA SENTENCIA SU-342 DE 2024 PROFERIDA EL 20
DE AGOSTO DE 2024, SE DEMUESTRA LA VULNERACIÓN PERMANENTE,
CONTINÚA Y ACTUAL, A LOS PRINCIPIOS PRO LIBERTATE, PRO PERSONA Y
DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO
53° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍITCA, A CONSECUENCIA DE LAS
RESOLUCIONES 8300060-2009 01 DE 30 DE ABRIL DE 2007, 6027 DE 24 DE
MAYO DE 2007 Y 7319 DE 21 DE JUNIO DE 2007, PROFERIDAS
RESPECTIVAMENTE POR LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN. […]”.
[…]
“[…] Teniendo en cuenta el Principio de Favorabilidad en Materia Laboral, es
importante resaltar que la presente Acción de Tutela, se origina como consecuencia
de un proceso disciplinario en el cual la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-DIAN
profirió la Resolución 8300060-2009 001 del 30 de abril de 2007, la cual, aparte de
que desconoció el Principio de Favorabilidad en materia laboral, es firmada por una
supernumeraria incompetente CATALINA RAMIREZ SUAREZ, y en la que me
“DESTITUYE E INHABILITA POR 12 AÑOS DEL SECTOR PUBLICO”, con el
siguiente argumento falso puesto que para la fecha de 30 de abril de 2007 yo ya había
pagado en su totalidad los dos fallos de responsabilidad fiscal según la Resolución
No. 126 de 31 de mayo de 2006 y la Resolución No. 044 de 2 de junio de 2006; ambas
proferidas por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA […]”.
[…]
“[…] Es forzoso señalar, que el efecto útil de la norma del numeral 4° del artículo 38
de la ley 734 de 2002 permite entender que el responsable fiscal que paga el fallo y
3 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
resarce en la totalidad el detrimento patrimonial, puede continuar laborando en la
entidad puesto que la “INHABILIDAD SOBREVINIENTE HA DESAPARECIDO”,
cualquier otra interpretación a la norma, haría inane la parte última del parágrafo 1º
del artículo 38, y de hecho entraría en una franca antinomia con la previsión de que
esta inhabilidad cesará cuandola Contraloría competente declare haber recibido el
pago o Se reitera que en mi caso particular, ya había pagado los fallos con
responsabilidad fiscal 106 de 2003 y 057 de 2005; y ya había informado a la DIAN
sobre los dos procesos de Responsabilidad Fiscal, antes de que le iniciaran el
Proceso Disciplinario mediante el Auto de Indagación Preliminar de fecha 30 de
agosto de 2006 (ver folios2 y 3 de la presente impugnación). […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 136 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
Cuestión previa
Manifestación de impedimento por la doctora Nubia Margoth Peña Garzón
16. La Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón, manifestó
encontrarse impedida para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 18 de marzo de 20258, invocando para ello la causal prevista en el numeral 6.º
del artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20049, aplicable por remisión del
artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 10, que prevé lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo
de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. […]. (Resaltado por la
Sala)
17. La Consejera de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incursa en la
causal por cuanto:
“[…] me declaro impedida para intervenir en la acción de tutela de la referencia, por
cuanto como integrante de la Sala Especial de Decisión núm. 25 de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, suscribí la providencia de 20 de agosto de 2021, objeto
de tutela, proferida dentro del recurso extraordinario de revisión identificado con el
número único de radicación 2020-02925-00, por lo que considero que me encuentro
incursa en la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 6, del CPP.
[…]”. (Resaltado por la Sala)
18. Vistos: i) el artículo 140 del Código General del Proceso, sobre la declaración
de impedimentos; ii) el artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre
199111, sobre la manifestación de impedimentos dentro de la acción de tutela; y iii)
el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sobre las causales de
impedimentos.
8 Cfr. Índice núm. 6 de SAMAI. Documento denominado “5Manifestaciond_20250000701FRANCISCO(.pdf)
NroActua 6”. Archivo en medio magnético.
9 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
10 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11
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Actor: Francisco Javier García Londoño
19. Atendiendo que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
20. La Corte Constitucional12 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que, los funcionarios encargados de administrar justicia en sus
decisiones no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
21. De conformidad con los argumentos expuestos por la doctora Nubia Margoth
Peña Garzón, en el caso sub examine, la Sala considera que hay lugar a declarar
fundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado, toda vez que, como
Consejera de Estado, en consideración a que hizo parte de la Sala Especial de
Decisión núm. 25 del Consejo de Estado, profirió la sentencia de 20 de agosto de
2021, de cuya revisión se trata, dentro del proceso que se adelantó en ejercicio del
recurso extraordinario de revisión, identificado con el número único de radicación
11001-03-15- 000-2020-02925-00; por lo que se encuentra configurada la causal de
impedimento establecida en el numeral 6.º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, por lo que resulta necesario garantizar la independencia e
imparcialidad del juez constitucional.
22. En consecuencia, se separará del conocimiento de la presente solicitud de
amparo a la Consejera de Estado impedida, tal y como se dispondrá en la parte
resolutiva del presente proveído.
Problemas Jurídicos
23. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta
acción constitucional; en caso negativo, ii) determinar si, en efecto, es procedente
la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
12 Corte Constitucional, sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa
12
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procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, iii)
establecer si la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado
desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y de acceso a cargos públicos del actor
dentro del proceso del recurso extraordinario de revisión identificado con el número
único de radicación 110010315000202002925-00.
24. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y jurisprudencial de la
figura de la temeridad; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a cargos
públicos; vii) análisis del caso en concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales de procedencia y,
finalmente viii) las conclusiones de la Sala.
La cosa juzgada constitucional
25. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de
201813, señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más
acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi
y objeto.
26. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por
el mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la
identidad de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo
o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de
causa y; iii) la identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental14.
13 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
14 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
13
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Actor: Francisco Javier García Londoño
27. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la
emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo,
susceptible de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la
interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos
mismos hechos […]”15. Estos casos han sido definidos por la Corte de manera
restrictiva, pues sólo se han considerado como hechos nuevos, es decir los que
justificarían la interposición de una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada,
aquellos pronunciamientos con efectos erga omnes que tienen vocación de
universalidad.
28. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que16:
“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada17, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por
lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.18
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la figura de la temeridad
29. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 19
sobre la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante
varios jueces. La referida norma jurídica señala:
“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.
15 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Referencia: expediente T-3168779.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre
de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.
17 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de
julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22
de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
19 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
14
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30. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:
“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada constitucional,
por un lado, y la tutela temeraria, por otro.
En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes distintos
de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela de manera
repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona interpone la
acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta cuando,
después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es nuevamente
presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar el juez, para
el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben resolverse
desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio de cosa
juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en cualquiera
de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un motivo
expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las sanciones
previstas en la ley para esa eventualidad.
[…]
La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones20. La
verificación de esta triple identidad, prima facie21, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable22. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil23, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.24
Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional25 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la
medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones26; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
22 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
23 Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada […]”.
24 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
25 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
26 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
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Actor: Francisco Javier García Londoño
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”27; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”28; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”29.
De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación de
la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la existencia
de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y torticera, de
manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con especial cuidado
si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por dichos criterios o si,
por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas dentro del principio de
buena fe que cobija al actor.’
En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia30 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
por mala fe31; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho32, o, (iii)
la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante33. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo
de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión34.
En ese contexto, advierte la Sala que un criterio relevante para determinar la
existencia de temeridad es el hecho de si se manifiesta o no la existencia de tutelas
anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto. Sobre el particular hay un
mandamiento legal expreso, conforme al cual “[e]l que interponga una acción de
tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra
respecto de los mismos hechos y derechos”35. En general, quienes acuden a los
jueces para solicitar amparo constitucional, no pueden escudarse en matices que
puedan diferenciar las distintas acciones de tutela para eludir su deber de informar
al juez acerca de la existencia de una tutela anterior, sobre la misma materia, así
presente elementos que la diferencian en cierta medida. Ello no solo resultaría
contrario a la lealtad procesal, a la transparencia y la economía en la actividad
judicial, sino que, además, desde el punto de vista del interés mismo del accionante,
resulta útil para advertir al juez sobre la arista del problema en torno al cual ahora
se hace girar la solicitud de amparo constitucional, descartando aquellos elementos
que ya fueron objeto de decisión judicial.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
29 Sentencia T-001 de 1997.
30 Sentencia T-184 de 2005.
31 Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de
1996, T-001 de 1997.
32 Sentencia T-721/03.
33 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
34 Sentencia SU-388/05.
35 Decreto 2591 de 1991, artículo 37.
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Así, quien considere que, no obstante haber presentado una acción de tutela en
relación con un asunto determinado, existen elementos nuevos que le permiten
acudir de nuevo al juez constitucional, debe, en desarrollo de la obligación prevista
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de criterios de elemental lealtad
procesal, expresarlo así al juez, para que sea el quien decida si sobre la materia
existe cosa juzgada, o si cabe una nueva solicitud debido a circunstancias que
impiden que el caso concreto opere dicho fenómeno.
En este sentido, reitera la Sala, no cabe que los accionantes, en particular cuando
son asistidos por profesionales del derecho, a partir de una reformulación de los
argumentos, o de la inclusión de nuevos sujetos demandados, o de la
fundamentación de las pretensiones en hechos que se consideran nuevos o
sobrevinientes, omitan el deber de manifestar la existencia de una tutela previa, sin
que, por otra parte, dicha manifestación implique, per se, la improcedencia de la
nueva solicitud de amparo, porque, como se ha dicho, el juez, en cada caso
concreto, debe valorar si se presentan tanto la cosa juzgada como la temeridad.
A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Sala que, en los procesos de
tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de
amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y temeridad,
como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya decidido
previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no temeridad, lo cual
puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y, usualmente, con expresa
manifestación de estar acudiendo al amparo por segunda vez, se interpone
una segunda tutela debido a la convicción fundada de que sobre la materia no
ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y, finalmente, casos en los cuales
hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que acontece cuando se presenta
simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo que presentan la triple
identidad a la que se ha aludido.
En todo caso, como se ha dicho, la apreciación de ambos fenómenos debe hacerse
a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto, puesto que, en atención a
que lo que está de por medio es la afectación de derechos fundamentales, el juez
constitucional tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias en orden
a disponer la operancia de tales fenómenos [...]”36. (Resaltado de la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
36 Sentencia T-560 de 2009
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional37 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional38 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
37 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
38 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
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observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36. Atendiendo a que la Corte Constitucional39 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a cargos públicos
37. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
39 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
38. Atendiendo a que la Corte Constitucional40 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo41, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos42, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos43, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Análisis del caso en concreto
39. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Especial
de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la sentencia
de 20 de agosto de 2021, en el proceso de recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 110010315000202002925-00, vulneró
sus derechos fundamentales invocados supra.
40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
40 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
41 Sentencia T-309 de 1993.
42 Sentencia T-313 de 2006.
43 Sentencia T-451 de 2001.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
42.1. Copia digital del expediente del proceso de recurso extraordinario de revisión
identificado con el número único de radicación 110010315000202002925-00.
42.2. Copia digital del expediente de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000202301080-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto
43. Antes de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y abordar el
estudio del caso concreto, la Sala advierte que resulta necesario verificar si en
efecto se configuró la cosa juzgada frente a los reparos que el actor propuso contra
la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado, en relación con la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202301080-01. Para tal efecto, se analizará la identidad entre
ambas acciones de tutela, cómo se observa a continuación:
Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
110010315000202301080-01 110010315000202500007-01
(Proceso actual)
Partes Actor: Francisco Javier García Londoño Actor: Francisco Javier García Londoño
Demandados: la Subsección A de la Demandado: Sala Especial de Decisión
Sección Segunda del Consejo de núm. 25 del Consejo de Estado.
Estado, la Sala Especial de Decisión
núm. 25 del Consejo de Estado, las
Subsecciones A, B y C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Causa La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en que,
que, a juicio del actor, i) la Subsección A a juicio del actor, la Sala de Decisión núm.
de la Sección Segunda del Consejo de 25 del Consejo de Estado, al proferir la
21
Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
Estado, al proferir la sentencia de 28 de sentencia de 20 de agosto de 2021, en el
marzo de 2019, en el proceso de nulidad proceso del recurso extraordinario de
y restablecimiento del derecho revisión identificado con el número único de
identificado con el número único de radicación 110010315000202002925-00:
radicación 110010325000201200372- vulneró sus derechos fundamentales.
01; ii) la Sala Especial de Decisión núm.
25 del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 20 de agosto de 2021, en el
proceso del recurso extraordinario de
revisión identificado con el número único
de radicación
110010315000202002925-00; iii) las
Subsecciones A y B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al
proferir las sentencias de 18 de febrero
de 2022 y 26 de abril de 2022, en el
proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de
radicación 110010315000202108662-
01; y iv) la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la
Sección Cuarta del Consejo de Estado,
al proferir las sentencias de 29 de julio de
2022 y 6 de octubre de 2022, en el
proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de
radicación 110010315000202202768-01
: vulneraron sus derechos
fundamentales.
Objeto La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretende el amparo de
de los derechos fundamentales a la los derechos fundamentales al debido
igualdad, al debido proceso, a ejercer proceso, de acceso a la administración de
cargo de carrera administrativa, al buen justicia, a la igualdad y de acceso a cargos
nombre y a la honra con el fin de solicitar, públicos y, en consecuencia, “[…] SE
entre otras pretensiones, “[…] Que se ORDENE A LA SALA ESPECIAL DE
deje sin efectos el fallo dictado por la DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE
Sala Especial de Decisión nro. 25 ESTADO QUE PROFIERIO (sic) LA
recurso extraordinario de revisión SENTENCIA CON RADICADO
radicación 11001 03 15 000 2020 02925 1100103150002020-02925-00 QUE
00, de fecha 20 de agosto de 2021. […]”. ADOPTE UNA DECISIÓN AJUSTADA Y
PRIVILEGIANDO LO SUSTANCIAL
SEGÚN EL ARTÍCULO 228° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, FRENTE A
UN ANÁLISIS RESTRICTIVO A PARTIR
DE ELEMENTOS PURAMENTE
FORMALES, CIRCUNSTANCIA A PARTIR
DE LA CUAL DEBIÓ FLEXIBILIZAR LA
INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE
PRUEBA ENCONTRADA O RECOBRADA
INVOCADA EN EL RECURSO
EXTRAORDINARIO ALUDIDO. […]”.
44. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente a los reparos propuestos
por el actor contra la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de Estado,
existe identidad de partes, puesto que coincide el actor en ambas acciones de
tutela y la parte demandada, tal cual se observa en el cuadro expuesto supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
45. Igualmente, la Sala observa que, en relación con la autoridad mencionada
supra, coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que en ambas
acciones de tutela la inconformidad del actor gira en torno a lo resuelto en la
sentencia de 20 de agosto de 2021, proferida en el proceso del recurso
extraordinario de revisión identificado con el número único de radicación
110010315000202002925-00, mediante la cual declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión promovido por el actor contra la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN.
46. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que
en ambas acciones de tutela se alegó la presunta vulneración de los derechos
fundamental al debido proceso, a la igualdad y a desempeñar cargos públicos y,
además, la pretensión es la misma frente a la Sala Especial de Decisión núm. 25
del Consejo de Estado.
47. Por otra parte, la Sala advierte que el expediente del proceso de la acción
de tutela identificado con el número único de radicación 110010315000202301080-
01 no fue seleccionado por la Corte Constitucional para una eventual revisión44.
48. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, atendiendo a que se encuentra
demostrada la triple identidad y que el proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 110010315000202301080-01 no fue
seleccionado por la Corte Constitucional para una eventual revisión, habrá lugar a
declarar la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la Sala Especial de
Decisión del Consejo de Estado.
49. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta del actor
puede ser calificada como temeraria.
50. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación
es considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe
del actor, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su proceder
44Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2021-
01-01&date4=2025-03-
17&radi=Radicados&palabra=garcia+londo%C3%B1o+francisco+javier&radi=radicados&todos=%25
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
es amañado, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se advierta un propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con
la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se
pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.
51. En el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso
previamente, frente a los reparos que el actor propuso contra la Sala Especial de
Decisión núm. 25 del Consejo de Estado se configuró la identidad de partes, causa
y objeto entre la acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202301080-01 y la presente acción de tutela.
52. Respecto de la actuación temeraria, la Sala considera que la actuación del
actor resulta temeraria, si se tiene en cuenta que no se configura ninguna de las
circunstancias excepcionales a las que hace referencia la Corte Constitucional para
la no configuración de una actuación temeraria ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de dos acciones de tutela.
53. En ese sentido, atendiendo a que el actor ya había presentado una acción de
tutela que tiene identidad de partes, causa y objeto respecto de la acción de tutela
de la referencia, la Sala considera que en el presente caso se configuró la temeridad,
razón por la cual, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199145,
la solicitud de tutela contra la Sala Especial de Decisión núm. 25 del Consejo de
Estado será rechazada.
54. La Sala considera que, como lo resolvió el A quo, hay lugar a que se le advierta
al actor la imposibilidad de presentar otra solicitud de tutela por los mismos hechos,
sin que medie una justificación válida que lo faculte.
55. Finalmente, atendiendo a que el actor señaló en su escrito de impugnación que
45 “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto).
24
Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
“[…] los MAGISTRADOS DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
ESTAN INCURSOS en la causal de impedimento del numeral 6 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal […]”, la Sala advierte que visto el artículo 39 del
Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199146 y lo que al respecto consideró la
Corte Constitucional en el Auto 296 de 16 de mayo de 201847; es el juez quien
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento
previstas en el Código de Procedimiento Penal.
Conclusiones de la Sala
56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala modificará la sentencia de tutela de 6 de febrero
de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la
cual resolvió “[…] DECLARAR LA TEMERIDAD Y LA COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL en la acción de tutela de la referencia, en consecuencia,
NEGAR la solicitud de amparo […]”, en el entendido que, para la Sala el término a
utilizar es “Rechazar por temeridad” la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó la Consejera de
Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón para intervenir en el proceso de la
referencia y, en consecuencia, SEPARAR a la Magistrada de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 6 de febrero de 2025 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el entendido que, para la Sala el
término a utilizar es “Rechazar por temeridad” la solicitud de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
46 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
47 Corte Constitucional, auto 296 de 16 de mayo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500007-01
Actor: Francisco Javier García Londoño
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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