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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01180-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01180-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01180-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Acción de tutela temeraria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Francisco Javier García Londoño, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 3 de abril de 2025, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de marzo de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la dignidad, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“*QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS EN LA
SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE 2019 CON RADICADO
11001032500020120037200 COMO SON: : I) EL DERECHO A LA IGUALDAD. II)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y III) DERECHO A LA
DIGNIDA HUMANA.

*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
INVOCADOS, SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL OBJETO DE QUE SE
ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN
SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES”.

2. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario se destacan como relevantes
los siguientes hechos:

El señor Francisco Javier García Londoño fue vinculado a la Dirección de Impuestos
mediante la Resolución No. 1553 de 25 de agosto de 1992, en el cargo de técnico
tributario, nivel 30, grado 15, en calidad de supernumerario para prestar sus
servicios en la Regional Noroccidente de Medellín. Posteriormente, a través de la
Resolución No. 00001 de 1° de junio de 1993, fue incorporado a la Dirección de

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el cargo de profesional I, nivel 30, grado
18 de la División de Cobranzas.

Mediante Resolución No. 2952 de 29 de diciembre de 1993, el director de la DIAN
lo retiro del servicio. Durante los años 1999, 2000 y 2001, el señor Francisco Javier
García Londoño se desempeñó laboralmente en el municipio de Yondó – Antioquia
como tesorero de rentas municipales. Posteriormente, a través de la Resolución No.
7203 de 15 de agosto de 2001, el director general de la DIAN ordenó su reintegro
al cargo de profesional de ingresos públicos I, nivel 30, grado 19, de la División de
Cobranzas de la Administración de Impuestos de Medellín.

La Contraloría General de la República mediante autos No. 111 de 2001 y 099 de
14 de junio de 2002, inició una investigación fiscal en contra del accionante, en
atención al trámite fiscal de cuentas del municipio de Yondó del año 1999 y mediante
fallos No. 106 de 19 de junio de 2003 y 057 de 27 de diciembre de 2005 declaró al
señor García Londoño responsable fiscalmente por el detrimento patrimonial
causado al municipio de Yondó-Antioquia.

En ese orden de ideas, el director general de la DIAN mediante Resolución No.
04914 de 17 de mayo de 2006 retiró del servicio al accionante por encontrarse
incurso en una inhabilidad sobreviniente, decisión que fue revocada por Resolución
No. 05259 de 24 de mayo de 2006. Posteriormente, la División de Asuntos
Disciplinarios de la regional Noroccidente de Medellín dio apertura de indagación
preliminar en contra del señor García Londoño, por encontrarse incurso en una
inhabilidad sobreviniente con ocasión de los fallos que lo declararon responsable
fiscalmente.

Así las cosas, la División de Asuntos Disciplinarios de la regional Noroccidente de
Medellín mediante Resolución No. 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007 declaró
al señor Francisco Javier García Londoño responsable disciplinariamente y lo
sancionó con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el
término de 12 años. Contra dicha decisión, el accionante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto a través de Resolución No. 06027 de 24 de mayo de
2007 por el director general de la DIAN, confirmando la decisión inicial.

De conformidad con lo anterior, la parte actora interpuso demanda contra la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de las
Resoluciones No. 8300060-2009-001 y 06027 de 30 de abril y 24 de mayo de 2007,
proferidas por la División de Investigaciones Disciplinarias de la Dirección Regional
Noroccidente y la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, respectivamente, por medio
de las cuales se declaró responsable disciplinariamente y se le impuso sanción de
destitución e inhabilidad para desempeñar funciones públicas por el término de 12
años, y la Resolución No. 07319 de 21 de junio de 2007, emitida por el director
general de la DIAN, a través de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho solicitó
ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraba
desempeñando al momento de su retiro, condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde
cuando se ejecutó tal decisión hasta cuando sea reintegrado, así como los perjuicios
materiales y morales a los que se vio sometido.

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 28 de marzo de 20191 negó las pretensiones de la demanda, al

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Radicado No. 11001-03-25-000-2012-00372-00.
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

considerar que de conformidad con las pruebas aportadas dentro del expediente
disciplinario, se acreditaron los elementos típicos de una falta grave por
incumplimiento de un deber legal, de conformidad con lo despuesto en el numeral
1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y de la falta gravísima consagrada en el
numeral 17 del artículo 48 ibidem, a título de dolo, toda vez que su conducta estaba
enmarcada dentro de los elementos de una conducta volitiva, es decir, con la
intención, el conocimiento y la voluntad.

Precisó que frente a la anterior decisión, el accionante presentó recurso
extraordinario de revisión que fue resuelto por la Sala Especial de Decisión núm. 25
en sentencia de 20 de agosto de 20212 en el sentido de declararlo infundado, al
concluir que la causal segunda alegada no se configuró, toda vez que “se edificó
sobre la base del total desacuerdo con el análisis probatorio realizado por la Sección
Segunda de esta Corporación, para insistir i) en que el demandante fue destituido
e inhabilitado por una funcionaria que no tenía competencia; ii) en que la sanción
fue desproporcionada, arbitraria y caprichosa; iii) en que el señor García Londoño
actuó bajo la convicción de que no cometía una falta disciplinaria; iv) en que no se
probó su actuar doloso y v) en que la DIAN ya lo había sancionado
disciplinariamente por los mismos hechos, planteamientos que escapan a la causal
de revisión alegada”.

Sostuvo que presentó la acción de tutela identificada con radicado No. 11001-03-
15-000-2019-03444-01 contra la decisión de 28 de marzo de 2019 proferida por la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y que la Subsección
“B” de la Sección Segunda de esta Corporación mediante sentencia de 27 de agosto
de 2019 negó la solicitud de amparo, decisión que fue confirmada por la Sección
Primera del Consejo de Estado a través de la providencia de 12 de diciembre de
2019.

Agregó que interpuso otra acción de tutela3 contra la sentencia de 20 de agosto de
2021, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, no obstante, la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante fallo de 18
de febrero de 2022 declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional, decisión que fue confirmada en segunda instancia
mediante providencia de 26 de abril de 2022 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera de la misma Corporación.

Así las cosas, señaló que presentó acción de tutela4 contra los anteriores fallos, y
la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 29 de julio de 2022 declaró improcedente la solicitud, al concluir que se trataba
de una tutela contra sentencia de tutela, decisión que fue confirmada por la Sección
Cuarta de esta Corporación mediante providencia de 6 de octubre de 2022.

Finalmente, indicó que ha presentado múltiples acciones de tutela “sin que haya
existido un pronunciamiento de fondo ya que siempre han impuesto los requisitos
formales de la acción de tutela sacrificando el derecho sustancial y la verdad
objetiva”:

“11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 18 de febrero Declara
2021-08662 00 Sentencia del de 2022 Improcedente
Recurso de
Revisión

11001-03-15-000- Impugnación 26 de abril de Confirma
2021-08662 01 de Tutela 2022 Sentencia de
Tutela

2
Radicado. No. 11001-03-15-000-2020-02925-00.
3
No. 11001-03-15-000-2021-08662-01
4
No. 11001-03-15-000-2022-02768-01.
3
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

11001-03-15-000-2022- Tutela Tutela contra 29 de julio de Confirma
02768-00 fallo de tutela 2022 sentencia de
tutela
1001-03-15-000- 2022- Impugnación 6 de octubre Confirma
02768-01 de Tutela de 2022 Sentencia de
tutela

11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 26 de enero Declara
2022-06171-00 Sentencia del de 2023 Improcedente
Recurso de
Revisión

11001.03.15.000-2022- Impugnación 24 de abril de Confirma
06171-01 tutela 2023 sentencia de
tutela
11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 14 de abril de Declara
2023-01080-00 Sentencia del 2023 Improcedente
Recurso de por Cosa
Revisión Juzgada
Constitucional

11001-03-15-000- Impugnación 8 de junio de Declara Cosa
2023-01080-01 de Tutela 2023 Juzgada y
Rechaza por
Temeridad

11001-03-15-000-2023- Tutela Tutela contra 23 de octubre Declara
04221-00 fallo de tutela de 2023 improcedente
y sanciona
por temeridad
11001-03-15-000- Impugnación Sin fallo a la Confirma
2023-04221-01 de Tutela fecha Sentencia de
tutela

11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 7 de Declara
2023-03293-00 Fallo de noviembre de Improcedente
Tutela 2023 por
Temeridad

11001-03-15-000- Impugnación Tutela contra 9 de Confirma
2023-03293-01 de Fallo de diciembre de Improcedente
Tutela Tutela 2024 por
Temeridad

11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 5 de Declara
2024-02493-00 Fallo septiembre Improcedente
de Tutela de 2024

11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 25 de octubre Declara
2024-05185-00 Fallo de 2024 Improcedente
de N Y R
DERECHO

11001-03-15-000- Impugnación 12 de Declarar la
2024-05185-01 de diciembre temeridad y la
Tutela de 2024 cosa juzgada
constitucional
11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 12 de Declara Cosa
2024-06125-00 Fallo diciembre de Juzgada
de N Y R 2024 Constitucional
DERECHO y
Temeridad

11001-03-15-000- Impugnación 21 de febrero RECHAZA
2024-06125-01 de de 2025
Tutela

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

11001-03-15-000- Tutela Tutela contra 21 de febrero de 2025
2025-00541-00 Fallo de 2025 RECHAZA”.
de N Y R
DERECHO

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que se cumplen todos los criterios relevantes señalados en
las sentencias C-590 de 2005, SU-573 de 2019, y SU-215 de 2022, pues en el
presente caso “no se pretende que la acción de tutela sea una instancia adicional al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en única instancia; el debate no
se centra en la aplicación de una norma legal o reglamentaria, ni en la determinación
de su sentido o alcance, ni en un aspecto meramente económico, sino que la
controversia gira en torno al posible desconocimiento de los derechos
fundamentales : i) el derecho a la igualdad. ii) derecho de acceso a la administración
de justicia y iii) derecho a la dignidad humana.; con lo cual, se ha puesto en riesgo
la garantía de los derechos fundamentales constitucionales de la parte accionante”.

Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial para controvertir el fallo
de segunda instancia, toda vez que ya se adelantaron los medios ordinarios y
extraordinarios que procedían.

Respecto del requisito general de inmediatez, la parte actora afirmó que se
cumple a cabalidad, pues se ha demostrado “que la vulneración a los derechos
fundamentales es permanente, continua y actual”. Como fundamento de lo anterior,
mencionó las sentencias de unificación de 5 de agosto de 2014, la SU-391 de 2016,
la SU-150 de 2021, la SU-288 de 2022, la SU-499 de 2016, y la sentencia T-1028
de 2010.

Por último, de conformidad con el requisito de que no se trate de sentencias de
tutela, concluyó que la solicitud se presentó contra la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que
se configuró el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución.

En relación con el defecto sustantivo consideró que se realizó una interpretación
del numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, que resulta contraria a los
artículos 26 y 53 de la Constitución Política.

Señaló que “los consejeros desconocieron u omitieron, sin justificación alguna, que
la sentencia judicial tutelada con radicación 11001032500020120037200, omitió el
siguiente hecho o evento, sin justificación alguna: la obligación desde el año 1991
de aplicar en las actuaciones administrativas o en procesos judiciales, el artículo
53° de la constitución política, y por ende el principio pro persona (pro homine), pro
libertate y favorabilidad en materia laboral (in dubio pro operario)”.

Respecto de la violación directa a la Constitución indicó que la Subsección “A”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en este defecto “al interpretar
los artículos 1°, 2°, 29° y 93° de la Constitución y el numeral 4° del artículo 38 de la
Ley 734 de 2002 no en forma sistemática y conforme a la Constitución, y en
contravía de los principios pro persona, pro libertatis y de favorabilidad. Como
consecuencia de lo anterior, violó el derecho de acceder y/o desempeñar cargos y
funciones públicas de la Parte Accionante porque: (i) Desconoció el efecto útil del
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y (ii) lo privó del ejercicio del cargo
para el cual fue seleccionado como funcionario de carrera administrativa en la
DIAN”.

Sostuvo que “mi interés no es abusar ni desgastar la Administración de Justicia, mi
único interés es el que se le de prevalencia al derecho sustancial y la verdad material
como lo consagra el artículo 228° de la Constitución Política y el artículo 3° del
Decreto Ley 2591 de 199; para lo cual solicitó de la manera más respetuosa que se
estudie de fondo los supuestos fácticos y jurídicos en la presente acción
constitucional (…)”.

Finalmente, precisó que se presentaron hechos nuevos que no habían sido
debatidos en las anteriores acciones constitucionales presentadas, tales como: “i)
el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución, ii) la vulneración permanente,
continua y actual de los principios “[…] pro libertate, pro persona y de favorabilidad
en materia laboral […]”, iii) la inhabilidad sobreviniente desaparece con el pago total
del fallo con responsabilidad fiscal, iv) derecho fundamental al desempeño de
cargos y funciones públicas y su relación con el derecho fundamental a la dignidad
humana y, v) desconocimiento del precedente judicial”.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

El apoderado judicial rindió informe en el que solicitó que se negara la acción de
tutela “por improcedente, debido a la inexistencia de vulneración normativa alguna,
existencia de cosa juzgada constitucional de algunas tutelas, inexistencia de
vulneración de derecho fundamental, falta de inmediatez y configurarse el fenómeno
de la temeridad de la acción, de acuerdo con el análisis, advertencia y sanción de
la jurisdicción, hecho que debe ser revisado cada que impetra esta acción”.

Realizó un recuento de las acciones de tutela instauradas por el actor:

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-08662 01 contra el Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 25, con ocasión de la sentencia de 20 de agosto de
2021 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión. “En esta confirman
su improcedencia al no encontrar satisfecho el requisito de relevancia
constitucional”.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2022-02768-01 contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsecciones A y B. “El fallo confirma su improcedencia al no
cumplir con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra un fallo
de la misma naturaleza”.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2022-06171-00 contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera y Cuarta. “Que en fallo de primera instancia el Consejo de Estado
Sala de lo Contenciosos Administrativo Sección Primera C.P. Dr. OSWALDO
GIRALDO LOPEZ consideró que no se cumple con el requisito de la inmediatez,
tampoco el amparo es procedente cuando está dirigida en contra de un fallo de
tutela”.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2023-01080-00 contra la Subsección “A” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25,
Subsecciones “A”, “B” y “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y Sección
Cuarta del Consejo de Estado. “En esta acción en primera instancia se declara la
cosa juzgada constitucional respecto de la vulneración atribuida en las sentencias
dictadas en el marco de los procesos radicados números 110010315000202002925
00, 11001-03-15-000-2021-08662 00/01: y 11001-03- 15-000-2022-02768-00/01 y
la improcedencia de la acción respecto de la Sentencia original, esto es la radicada
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No
110010325000201200372-00. Modificada en segunda instancia, declarando la cosa
juzgada constitucional respecto a los expedientes 11001-03-15-000-2021-08662
00/01; 11001-03-15-000-2022-02768-00/01 y RECHAZAR los demás cargos de la
solicitud de amparo por configurarse el fenómeno de la temeridad”.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2023-04221-00 contra la Sección Primera y
Quinta del Consejo de Estado. En primera instancia se declaró improcedente el
amparo y se le impuso una sanción pecuniaria al accionante. “En segunda instancia
la Subsección B Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado confirmó la sentencia impugnada, que declaró improcedente la
acción de tutela por haberse configurado la temeridad y sanción con multa de dos
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta al señor Francisco Javier
García Lodoño”.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2023-03293-00. “La Sala de Conjueces,
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante providencia de fecha 7 de
noviembre de 2023, nuevamente encuentra acreditada la temeridad”.

• Acción de tutela No. 05001-31-10-007-2023-00738-00. “Con el argumento, que no
cuenta con otro mecanismo o medio de defensa judicial, impetra nuevamente otra
acción para revisar los actos administrativos que hacia el año 2007 decidieron la
destitución en el cargo y así reabrir un caso que fue debidamente estudiado y
decidido por la justicia competente. Negada mediante sentencia del 11 de enero de
2024”.

• Acción de tutela No. 05001 31 03 021 2024 00051-00 “ante el juzgado veintiuno civil
del circuito de oralidad de Medellín reclamando nuevamente la presunta vulneración
de los actos de la entidad 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, 6027 de 24 de
mayo de 2007 y 7319 de 21 de junio de 2007. Ya revisados por la jurisdicción en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho original. La jurisdicción encontró
que si existen pronunciamientos de fondo con respecto a la legalidad de los actos
administrativos proferidos por la Dian que determinaron su destitución e inhabilidad”.

• Llevando hasta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Medellín Sala Primera
de Decisión Civil que identifica el desgaste injustificado de la jurisdicción
constitucional y el deshonesto de buscar a como de lugar o cueste lo que cueste la
nulidad de las tantas veces mencionadas resoluciones y de allí sancionar por
temeridad al accionante”.

• Acción de tutela No. 11001-02-03-000-2024-00909-00 “donde solicita de la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil, Agraria y Rural otro pronunciamiento,
argumentando no haberse configurado ni la cosa juzgada constitucional ni la
temeridad. Resolviendo declararse su improcedencia ya que los argumentos
expuestos para sustentar la configuración de un fraude en la providencia no exhiben
ninguna circunstancia constitutiva de la referida figura jurídica, dado que se funda
en conjeturas carentes de apoyo jurídico. En segunda instancia confirmando su
improcedencia al amparo excepcional contra otras decisiones emitidas en procesos
de la misma Índole, ello acorde con el debido proceso y los principios de casa
juzgada y seguridad jurídica”.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2024-02493-00.

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2024-05185-00. “El consejo de estado Sala
de lo Contenciosos Administrativo- Sección Tercera -Subsección A CP. Dr.
Fernando Alexi Pardo Flórez mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2024
concedió impugnación en la acción Contra Consejo de Estado Sección Segunda
Subsección A y otro (…). En esta acción mediante sentencia de primera instancia
de fecha 25 de octubre de 2024, se DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela presentada el 26 de septiembre de 2024, por Francisco Javier García
Lodoño”.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

• Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2024-06125-00. “El consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, en providencia
notificada el día 28 de febrero de 2025 rechazó la solicitud y EXHORTO al
accionante para que se abstenga de presentar más acciones de tutela por los
mismos hechos”.

• Acciones de tutela simultaneas. “Radicación No 11001-03-15-000-2025-01026-00
contra Consejo de Estado Sala Especial de decisión No 25 exp. 11001-03-15- 000-
2020-02925-00- revisión Y Radicación No 11001-03-15-000-2025-01180-00 contra
la Subsección A Sección Segunda del -Consejo de Estado: Radicado con motivo del
mismo pronunciamiento del 28 de marzo de 2019 exp.11001-03-25-000-2012-
00372-00”.
Manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, pues
en el caso concreto los actos administrativos cuestionados fueron expedidos en el
año 2007, por lo tanto, no se supera ese requisito.

Adicionalmente, indicó que de conformidad con lo analizado por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, se pudo constatar que los reproches de la parte actora en
todas las acciones de tutela presentadas son de la misma naturaleza, pues busca
la nulidad de los actos administrativos proferidos en el proceso disciplinario.

Por último, concluyó que “el fallo No 11001-03-15-000-2023-01080-01 advierte que
en todos los procesos referidos en esta providencia, los argumentos no constituyen
justificación alguna, por el contrario un actuar sistemático y desproporcionado para
exponer una misma situación jurídica, la cual ya ha sido definida. Lo anterior
contrario a lo que expone el accionante no puede tomarse como un actuar de buena
fe que pregona para justificar su actuar”.

4.2. Respuesta de la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

El titular del despacho rindió informe en el que indicó que la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la inmediatez, pues no existió un plazo razonable entre
la notificación de la providencia enjuiciada y la presentación de la acción de tutela,
toda vez que transcurrieron más de 6 meses entre una y otra, y no se evidenciaron
razones que justificaran la inactividad de la parte actora.

Asimismo, mencionó que se identificaron otros procesos de tutela en que el
accionante ha reclamado las mismas pretensiones, entre ellos se destacan los
procesos No. 11001-03-15-000-2024-07030-002; 11001-03-15-000-2024-05185-
00/013 y 11001-03-15-000-2024-06125-00/014, en los cuales se declaró la
temeridad y/o rechazó la solicitud de amparo por la misma razón, con fundamento
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Por último, sostuvo que las providencias mencionadas y el expediente digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contienen los elementos
de juicio necesarios para tomar la decisión que en derecho corresponda.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de abril de
2025, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El despacho sustanciador indicó que la solicitud de amparo era improcedente por
compartir identidad de partes, objeto y causa petendi con el proceso de tutela
identificado con el radicado No. 11001-03-15-000-2019-03444-00/01, pues en el
presente asunto, el accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección
“B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-25-000-2012-00372-00.

Manifestó que el señor Francisco Javier García Londoño presentó acción de tutela
con radicado No. 11001-03-15-000-2019-03444-00/01, en la cual existe identidad
de partes, causa petendi y de hechos, y realizó un cuadro comparativo demostrando
que en ambas solicitudes de amparo se alega la vulneración de los mismos
derechos fundamentales (debido proceso y de acceso a la administración de
justicia), el hecho constitutivo de la vulneración es la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001-03-25-000-2012-00372-00, y los fundamentos de ambas acciones son
similares.

Agregó que los defectos enunciados en ambas acciones tienen el mismo
fundamento jurídico, que es el defecto sustantivo, toda vez que lo que se alega es
que la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia cuestionada realizó una
indebida interpretación del numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Sin
embargo, el accionante en la presente acción de tutela señaló como hecho nuevo
que la decisión alegada incurrió en una violación directa de la Constitución, no
obstante, en criterio de la Sala, este argumento no devela la existencia de un hecho
nuevo.

Finalmente, sostuvo que no se impondrían las sanciones previstas en la ley, al no
encontrarse acreditada la mala fe del actor en el presente caso, no obstante, se
instó al señor García Londoño para que evitara presentar en forma repetitiva esta
acción constitucional.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Francisco Javier García Londoño impugnó el fallo de primera instancia, al considerar
en primer lugar que “los magistrados que fallaron en primera instancia la acción de
tutela impugnada con radicado 2025-01180-00, no tenían competencia para
conocer y fallar dicho proceso constitucional; puesto que éstos magistrados fueron
los que profirieron el fallo de acción de tutela en segunda instancia con radicado
11001-03-15-000- 2019- 03444-01 y el fallo de tutela en primera instancia con
radicado 2024-06125-00”; es decir, que ya la sección primera del consejo de estada,
había manifestado su opinión sobre la acción de tutela contra la sentencia judicial
del consejo de estado sección segunda-subsección a radicación
11001032500020120037200”.

Agregó que los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado ya se
habían manifestado de forma “sustancial” en la acción de tutela con radicado No.
11001-03-15-000-2019-03444-01, por lo que se debieron haber declarado
impedidos para conocer de la presente acción de tutela.

Por otro lado, manifestó que en el amparo constitucional se presentaron hechos
nuevos que no fueron debatidos ni tenidos en cuenta en la sentencia de primera
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

instancia, los cuales desvirtúan la cosa juzgada constitucional y la temeridad. Al
respecto, se tiene como primer hecho nuevo “el desconocimiento del artículo 53 de
la Constitución Política de Colombia”, en el cual indicó que el principio de
favorabilidad conlleva que el juez debe escoger la situación más favorable para el
trabajador.

En ese orden de ideas, agregó que “en materia laboral, se distingue el principio in
dubio pro operario, que se consagra en el artículo 53 de la Constitución Política
como principio mínimo fundamental del trabajo consistente en garantizar la
“situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”. Por lo tanto, en el presente caso
existen dos interpretaciones del numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y,
en ese sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2019 proferida por la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció el artículo 53 de la
Constitución Política de Colombia, y a su vez “los principios constitucionales pro
persona, pro liberate y de favorabilidad”.

Sostuvo como segundo hecho nuevo “la vulneración permanente, continua y actual
a los principios pro liberate, pro persona y de favorabilidad en materia laboral” y
mencionó los artículos 2°, 4°, 5° y 53 de la Constitución Política, así como las
sentencias T-406 de 1992 y C-168 de 1995.

Agregó como tercer hecho nuevo “la inhabilidad sobreviniente desaparece con el
pago total del fallo de responsabilidad fiscal”, en el que explicó que desde el 2 de
junio de 2006 cuando “pague los dos fallos con responsabilidad fiscal había
desaparecido la inhabilidad sobreviniente para ejercer mi cargo de carrera
administrativa en la DIAN”, por lo tanto, las resoluciones enjuiciadas son contrarias
al principio de interpretación.

Mencionó como cuarto hecho nuevo el “derecho fundamental al desempeño de
cargos y funciones públicas y su relación con el derecho fundamental a la dignidad
humana”, en el que resaltó la sentencia de unificación SU-544 de 2001 respecto de
la violación del derecho al acceso y desempeño de funciones públicas, la sentencia
C-147 de 2017 y la sentencia SU-342 de 2004.

Por último, indicó como nuevo hecho “el desconocimiento del propio precedente
judicial del Consejo de Estado lo cual viola el derecho fundamental a la igualdad”,
al estimar que no se tuvo en cuenta el precedente judicial contenido en la sentencia
de 12 de octubre de 20175, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en el que se existe similitud de hechos, pretensiones y
fundamentos y agregó que tampoco se tuvo en cuenta la sentencia de 20 de abril
de 20176 proferida por la misma Subsección.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 3 de abril de
2025, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
5
Radicado No. 11001-03-25-000-2011-00100-00.
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Radicado No. 11001-03-25-000-2012-00126-00.
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

improcedente la solicitud de amparo por configurarse la cosa juzgada constitucional,
y de encontrar cumplidos los restantes generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor y si incurrió en los defectos alegados.

3. Actuación temeraria en materia de tutela

La Corte Constitucional ha definido la temeridad conforme con lo establecido en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, como “el resultado de un ejercicio abusivo del
derecho, y de un comportamiento opuesto a la lealtad procesal, tendiente a
satisfacer intereses individuales sin fundamento legal o constitucional, y en
desmedro de los derechos de los demás ciudadanos, en relación con el acceso
efectivo de la jurisdicción”7.

También ha señalado que hay temeridad “al emplear irrazonablemente el
mecanismo constitucional, en procura de una nueva decisión, a sabiendas de que
el asunto ya fue decidido previamente”8. En ese orden, ha indicado los siguientes
elementos que corresponde verificar al juez de tutela para evidenciar la
configuración de la temeridad: (i) identidad de hechos; (ii) identidad de demandante;
(iii) identidad de sujeto accionado y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.

Esa corporación judicial mencionó que la actuación temeraria no solo se configura
cuando el mecanismo sea promovido en más de una ocasión solicitando la
protección de los mismos derechos fundamentales, sino que, además, debe
constatarse que no exista una razón que justifique la nueva presentación de la
acción constitucional, así como el actuar de mala fe9.

Así las cosas, la figura de la temeridad sanciona la conducta dolosa de quien
interpone, de manera injustificada y simultánea, una misma acción de tutela ante
diferentes autoridades judiciales. El sustento normativo de esta sanción se
encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política de Colombia. El primero
establece que tanto los particulares como las autoridades deben obrar conforme al
principio de buena fe; y el segundo impone, entre otros deberes, el de respetar los
derechos ajenos, abstenerse de abusar de los propios y colaborar activamente con
el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

4. La inmediatez

Respecto al requisito de inmediatez la Corte Constitucional3 ha indicado que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar una protección efectiva, actual y
expedita ante la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental,
motivo por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se funde la pretensión
y la presentación del escrito de tutela, debe haber trascurrido un lapso razonable.
En el evento en que no se cumpla con el requisito de inmediatez, se puede causar
inseguridad jurídica frente a situaciones ya consolidadas, con lo que, a su vez, se
puede afectar a terceros sobre los cuales recaiga la decisión e incluso el juez
constitucional podría estar aprobando una conducta negligente de quienes se
consideran afectados en sus derechos fundamentales.

Así las cosas, la inmediatez no debe entenderse como un límite de caducidad que
restrinja el ejercicio de la acción de tutela, pues constituye un requisito que busca
que dicha acción se interponga en un plazo razonable, es decir, desde el momento
en que la persona afectada tiene conocimiento de la violación o amenaza a sus
derechos fundamentales. Esta exigencia tiene sentido porque la acción de tutela es

7
Sentencia SU-377 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Sentencia T-147 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sentencia T-770 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
11
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

un mecanismo excepcional diseñado para garantizar una protección rápida y
efectiva de los derechos fundamentales, por lo que se espera que quien la ejerza lo
haga dentro de un tiempo prudente y sin demoras injustificadas.

Por lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses,
contados a partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un
término razonable para ejercer la acción de tutela, en consideración a “la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad”10.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Francisco Javier García Londoño, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
de acceso a la administración de justicia y a la dignidad, con la sentencia de 28 de
marzo de 2019, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
instaurada por el accionante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-03-25-000-2012-00372-00, en la que se
declaró responsable disciplinariamente y se le impuso una sanción de destitución e
inhabilidad para desempeñar funciones públicas por el término de 12 años.

En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 3
de abril de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por configurarse la cosa
juzgada constitucional, toda vez que la parte actora presentó la acción de tutela No.
11001-03-15-000-2019-03444-00/01, frente a la cual existe identidad de partes,
causa petendi y de hechos.

En el escrito de la impugnación, el accionante indicó que la primera instancia no
tuvo en cuenta unos hechos nuevos relacionados con (i) el desconocimiento del
artículo 53 de la Constitución Política de Colombia”, (ii) la vulneración permanente,
continua y actual a los principios pro liberate, pro persona y de favorabilidad en
materia laboral”, (iii) la inhabilidad sobreviniente desaparece con el pago total del
fallo de responsabilidad fiscal”, (iv) “derecho fundamental al desempeño de cargos
y funciones públicas y su relación con el derecho fundamental a la dignidad
humana”, y (v) el desconocimiento del propio precedente judicial del Consejo de
Estado lo cual viola el derecho fundamental a la igualdad”.

En ese orden de ideas, la Sala observa que el señor Francisco Javier García
Londoño ha presentado múltiples acciones de tutela identificadas con los radicados
Nos. 2019–03444– 00/01, 2021–08662–00/01, 2022–02768–00/01, 2022–06171–
00/01, 2023–01080– 00/01, 2023–04221–00/01, 2023–03293–00/01, 2024–02493–
00/01, 2024–05185 –00/01, 2024–06125–00/01, 2025–00541–00, no obstante, el
actor aduce que ninguna de las anteriores ha estudiado de fondo lo solicitado, por
lo que persiste la vulneración a sus derechos fundamentales.

Expuesto lo anterior, la Sala advierte que se configuran los elementos de la
temeridad, toda vez que el accionante ya había presentado ante esta Corporación
múltiples acciones de tutela en las que cuestionó la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001-03-25-000-2012-00372-00, entre las cuales se destacan las siguientes tal y
como se determinó en la sentencia de 27 de febrero de 2025, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello (expediente No. 11001-03-15-000-2024-06920-00):
10
Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024-
03444-00 05185-00 06125-00 07030-00

Accionante: Accionante: Accionante: Accionante:
Francisco Javier García Francisco Javier García Francisco Javier García Francisco Javier García
Londoño y Ángela María Londoño Londoño Londoño
García Londoño

Accionado: Accionado: Accionado: Accionado:
Subsección A de la Sección Subsección A de la Sección Subsección A de la Sección Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Segunda del Consejo de Segunda del Consejo de Segunda del Consejo de
Estado Estado Estado Estado

Pretensiones: Pretensiones: Pretensiones: Pretensiones:
«[…] la parte actora solicita «Que como consecuencia «*QUE SE DECLARE LA «Consideró vulneradas
que, en amparo de sus de lo anterior se ordene a la NULIDAD DE LA dichas garantías con la
derechos fundamentales, sección segunda SENTENCIA JUDICIAL providencia del 28 de marzo
se deje sin efecto la subsección a que profirió la PROFERIDA EL 28 DE de 2019 dictada por el
sentencia del 28 de marzo sentencia con radicado MARZO DE 2019 CON Consejo de Estado, Sección
RADICADO
de 2019, proferida por la 1100103250002012003720 Segunda, Subsección A
11001032500020120037200
subsección A de la sección 0, que adopte una decisión dentro del proceso de
DENTRO DEL MEDIO DE
segunda del Consejo de ajustada y privilegiando lo CONTROL DE NULIDAD Y nulidad y restablecimiento
Estado, que negó sus sustancial según los RESTABLECIMIENTO DEL del derecho instaurado por
pretensiones de nulidad artículos 29° y 228° de la DERECHO ‘DE ÚNICA el accionante en contra de
respecto de los actos constitución política, frente INSTANCIA’. la Dirección de Impuestos y
disciplinarios expedidos en a un análisis restrictivo a Aduanas Nacional DIAN-
su contra por parte de la partir de elementos *QUE SE AMPAREN MIS radicado con el número
DIAN y, en su defecto, se le puramente formales. DERECHOS 11001-03-25-000-2012-
FUNDAMENTALES
ordene a la misma 00372-00. […]
Que se amparen mis VIOLADOS POR LOS
Corporación proferir una ACTOS ADMINISTRATIVOS
derechos fundamentales *ORDENARLE A LA
nueva decisión.» PROFERIDOS POR LA DIAN
violados por los actos SECCIÓN SEGUNDA-
administrativos proferidos CONTENIDOS EN LAS SUBSECCIÓN A DEL
por la Dian contenidos en SIGUIENTES CONSEJO DE ESTADO,
las siguientes resoluciones RESOLUCIONES 8300060- QUE PROFIERA UNA
2009-01 DE 30 DE ABRIL DE NUEVA SENTENCIA
8300060-2009-01 de 30 de
2007, 6027 DE 24 DE MAYO JUDICIAL EN LA CUAL SE
abril de 2007, 6027 de 24 de
DE 2007 Y 7319 DE 21 DE TENGAN EN CUENTA LOS
mayo de 2007 y 7319 de 21 JUNIO DE 2007COMO SON: ARGUMENTOS
de junio de 2007 como son: i) DERECHO PLANTEADOS EN LA
i) derecho fundamental al FUNDAMENTAL AL DEBIDO PRESENTE ACCIÓN DE
debido proceso y al juez PROCESO Y AL JUEZ TUTELA FUNDAMENTADOS
natural o funcionario NATURAL O FUNCIONARIO EN LAS SENTENCIAS C-397
competente. ii) derecho a la COMPETENTE. ii) DE 2024 Y LA SU-342 DE
igualdad, iii) derecho a DERECHO A LA IGUALDAD, 2024 PROFERIDAS POR LA
ejercer cargo de carrera iii) DERECHO A EJERCER CORTE CONSTITUCIONAL,
administrativa en la Dian. y CARGO DE CARRERA LOS CUALES DISPONEN
iv) derecho a de acceso a la ADMINISTRATIVA EN LA QUE EL OPERADOR
administración de justicia. DIAN. y iv) DERECHO A DE JURÍDICO EN LAS
ACCESO A LA SENTENCIAS JUDICIALES
Que, como consecuencia ADMINISTRACIÓN DE DEBE TENER EN CUENTA
del amparo de mis derechos JUSTICIA. SIEMPRE “LOS PRINCIPIOS
fundamentales invocados, DE FAVORABILIDAD, PRO
*QUE, COMO
se me reintegre a mi cargo LIBERTATE Y PRO
CONSECUENCIA DEL
de carrera administrativa en AMPARO DE MIS PERSONA”. *QUE SE
la Dian sin solución de DERECHOS AMPAREN MIS DERECHOS
continuidad para todos los FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES
efectos laborales y INVOCADOS, SE ME VIOLADOS POR LOS
legales.» REINTEGRE A MI CARGO ACTOS ADMINISTRATIVOS
DE CARRERA PROFERIDOS POR LA DIAN
ADMINISTRATIVA EN LA CONTENIDOS EN LAS
DIAN SIN SOLUCIÓN DE SIGUIENTES
CONTINUIDAD PARA RESOLUCIONES 8300060-
TODOS LOS EFECTOS 2009- 01 DE 30 DE ABRIL DE
LABORALES Y LEGALES 2007, 6027 DE 24 DE MAYO
[…].» DE 2007 Y 7319 DE 21 DE
JUNIO DE 2007 […] SE ME
REINTEGRE A MI CARGO
DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA
DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA
TODOS LOS EFECTOS
LABORALES Y LEGALES.»

Fundamentos: Fundamento: Fundamentos: Fundamentos:
«Al respecto, considera la «El 26 de septiembre de «Señaló que la sentencia « De la lectura de la
parte actora que la decisión 2024, la parte accionante censurada incurrió en el demanda de tutela se
acusada vulnera sus actuando en nombre propio, defecto de violación directa establece que el accionante
derechos fundamentales al presentó acción de tutela de la constitución porque afirma que la autoridad
encontrarse incursa en contra la sentencia del 28 “(…) realizó una lectura accionada vulneró sus
defecto material o de marzo de 2019, proferida contraria a los artículos 1°, derechos fundamentales al
sustantivo por ignorar la por la Subsección A de la 2°, 29° y 93° de la debido proceso y al derecho
disposición contenida en el Sección Segunda del Constitución, respecto de la al desempeño de cargos y
parágrafo 1.° numeral 4 del Consejo del Estado, con el ‘INHABILIDAD funciones públicas, como
artículo 38 de la Ley 734 de fin de obtener la protección SOBREVINIENTE’, consecuencia de haber

13
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024-
03444-00 05185-00 06125-00 07030-00
2002, así como en de sus derechos contraria a los principios pro incurrido en defecto
desconocimiento del fundamentales al debido persona, de favorabilidad y sustancial por la
precedente al pasar por alto proceso, al juez natural, pro libertatis (…)”; así interpretación irrazonable y
los efectos erga omnes de igualdad, y al principio de mismo, que incurrió en contra la Constitución del
las sentencias C-077 de “favorabilidad en materia defecto sustantivo porque numeral 4º del artículo 38
2007 y C-101 de 2018.» laboral”» “(…) la interpretación que de la Ley 734 de 2002,
se hizo del numeral 4 del desconocimiento del
artículo 38 de la Ley 734 de precedente del principio de
2002 (…) resulta favorabilidad en material
irrazonable y contraria a la laboral y principio pro
Constitución (…)”. Adujo homine en la sentencia
que la aludida sentencia recurrida, así como también
desconoció el artículo 53 de violación directa de los
la Constitución Política, artículos 13, 29 y 53 de la
porque “(…) los consejeros Constitución Política.
‘OMITIERON APLICAR EL
En cuanto al defecto
PRINCIPIO DE
sustantivo indicó que
FAVORABILIDAD EN
conforme a la sentencia SU-
SENTIDO AMPLIO’ (…)”,
023 de 2018 proferida por la
toda vez que “(…) al
Corte Constitucional la
numeral 4° del artículo 38
favorabilidad en materia
de la LEY 734 DE 2002
laboral se presenta cuando
como cualquier otra norma
existe conflicto entre dos
en materia disciplinaria, se
normas de distinta fuente
le debe aplicar el principio
normal o cuando existe una
de favorabilidad (…)”, por
sola norma que admite
cuanto “(…) admite varias
varias interpretaciones.
interpretaciones, con
relación al CESE DE LA En ese orden, expuso que al
INHABILIDAD numeral 4º del artículo 38
SOBREVINIENTE por de la Ley 734 de 2002 se le
haber sido declarado debe aplicar el principio de
responsable fiscalmente; y favorabilidad contenido en
los efectos del pago del fallo el artículo 14 de la misma
fiscal cuando este es ley, lo que en consecuencia
acreditado por la admite varias
Contraloría respectiva» interpretaciones con
relación al cese de la
inhabilidad sobreviniente
por haber sido declarado
responsable fiscalmente y
los efectos del pago del fallo
fiscal cuando este fue
acreditado por la contraloría
respectiva.»

Problema jurídico: Problema jurídico: Problema jurídico: Problema jurídico:
«[…] la Sala determinar si: «En el presente caso, lo «[…] la autoridad judicial «Corresponde a la Sala
¿La autoridad judicial pertinente sería entrar a accionada aseveró que la analizar si el Consejo de
accionada desconoció los resolver la acción de tutela tutela es temeraria porque Estado, Sección Segunda,
derechos fundamentales de presentada por Francisco en reiteradas oportunidades Subsección A vulneró a la
los accionantes, con Javier García Londoño en el accionante ha solicitado parte actora sus derechos
ocasión de la decisión de 28 contra de la Subsección A el amparo con sustento en fundamentales al debido
de marzo de 2019, proferida de la Sección Segunda de supuestos fácticos similares proceso y el derecho al
en el expediente de nulidad esta Corporación, con que pretende sean desempeño de cargos y
y restablecimiento del ocasión de la expedición de nuevamente debatidos, de funciones públicas al
derecho 2011-00372-00, la sentencia de 28 de marzo igual forma, la DIAN proferir la sentencia del 28
que negó las pretensiones de 2019, proferida dentro consideró que debe de marzo de 2019 que negó
de nulidad de la sanción del proceso identificado con declararse improcedente la las pretensiones dentro del
que le fuere impuesta al el número tutela por “(…) la proceso de nulidad y
señor García Londoño con 1100103250002012003720 inexistencia de vulneración restablecimiento del
fundamento en la 0. No obstante, una vez normativa alguna, derecho instaurado por el
inhabilidad sobreviniente revisado el expediente se existencia de cosa juzgada accionante en contra de la
configurada consecuencia constató que el accionante constitucional de algunas Dirección de Impuestos y
del resultado de dos fallos ha formulado una acción de tutelas, inexistencia de Aduanas Nacional DIAN-
fiscales condenatorios en tutela en contra de la vulneración de derecho radicado con el número
su contra, incurriendo, mencionada providencia12, fundamental, falta de 11001-03-25-000-2012-
presuntamente, en defecto de ahí que le corresponde a inmediatez y configurarse el 00372-00. Previo a resolver
sustantivo o material por no la Sala analizar en primer fenómeno de la temeridad. la presunta vulneración se
aplicar las disposiciones del lugar si se presenta la cosa […] debe establecer si operó la
parágrafo 1.° numeral 4 del juzgada constitucional y/o la cosa juzgada constitucional
Bajo dicho contexto, la Sala
artículo 38 de la Ley 734 de temeridad.» con ocasión de
estima pertinente analizar si
2002, así como en pronunciamientos
operó la cosa juzgada
desconocimiento del anteriores en similares
constitucional alegada por
precedente al pasar por alto acciones de amparo con
la DIAN, y, si la parte
los efectos erga omnes de identidad de hechos partes
accionante está incurriendo
las sentencias C-077 de y pretensiones. Para el
en una actuación temeraria
2007 y C-101 de 2018?» efecto, se estudiará: i) la
conforme a lo planteado por
procedencia de la acción de
la misma entidad y la
tutela contra providencia
autoridad judicial
judicial; ii) la configuración
accionada.»
de la temeridad y la cosa

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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024-
03444-00 05185-00 06125-00 07030-00
juzgada constitucional y, iii)
el caso concreto.»

Decisión de Primera Decisión de Primera Decisión de Primera Decisión de Primera
instancia: instancia: instancia: instancia:
Sentencia del 27 de Sentencia del 25 de Sentencia del 12 de Sentencia del 6 de febrero
agosto de 2019. octubre de 2024. diciembre de 2024. de 2025.
C.P. Sandra Lisset Ibarra C.P. Fernando Alexei C.P. Oswaldo Girando C.P. Omar Joaquín
Vélez Pardo Flórez López Barreto Suárez
«Todo lo anterior, permite «En este caso, la Sala «En ese sentido, se verifica «Al confrontar los trámites
concluir a la Sala que, evidencia un uso abusivo y que existe coincidencia constitucionales referidos
contrario a lo alegado por la deliberado de la acción de entre las solicitudes de con la acción de amparo
parte accionante, la tutela por parte de amparo, conducta que instaurada tenemos que
subsección A de la sección Francisco Javier García constituye un ejercicio son de igual identidad en
segunda del Consejo de Londoño, que constituye temerario de la acción de cuanto a los hechos, partes
Estado, no incurrió en una actuación de mala fe, tutela, sin que dicha y pretensiones, y que para
causal alguna de por cuanto en la demanda actuación esté justificada; la fecha de formulación de
procedencia especifica de manifestó “bajo la gravedad aunado a que, pese a que la presente tutela ya había
la acción de tutela contra de juramento, que se previamente ya ha sido operado el fenómeno de la
providencia judicial, y que lo entiende prestado con la advertido el accionante, cosa juzgada18 , que
que se encuentra es una interposición de esta insiste en interponer aunado a la manifestación
inconformidad con el demanda de tutela, que no acciones de tutela con del accionante en el título
resultado del análisis he presentado otra acción similar fundamento denominado juramento de
normativo y jurisprudencial de tutela por los mismos material, incluso se verifica “que no he presentado otra
y la posición adoptada por hechos y derechos que se que la presente tutela se acción de tutela por los
el juez natural, lo cual no es tratan en este escrito”. Esta interpuso estando en mismos hechos y derechos
atacable vía tutela en la conducta no solo trámite la identificada con el que se tratan en este
medida en que aquella representa un desafío a las radicado 2024-05185. escrito”, acredita que
cuenta con soporte y está advertencias anteriores de incurrió en temeridad,
Por lo anotado, sin ser
debidamente razonada y las autoridades judiciales, proceder que infringe la
necesario descender en
justificada, por lo que, se sino que es contraria a la buena fe que debe
otras consideraciones, la
reitera, este mecanismo no realidad, lo que afecta predicarse en las
Sala declarará la cosa
puede convertirse en una negativamente el adecuado actuaciones judiciales. En
juzgada constitucional en el
instancia adicional para funcionamiento de la consecuencia, la Sala
caso, así como la
continuar con el debate administración de justicia al declarará la existencia de
configuración de una
presentado en sede sobrecargar el sistema con cosa juzgada constitucional
actuación temeraria, en los
contenciosa; razón ello, se procedimientos reiterativos y temeridad, en los términos
términos anotados.».
NEGARÁ el amparo sobre una misma del artículo 38 del Decreto
invocado.». controversia. 33. Ante la 2591 de 1991.».11
temeridad evidenciada en el
ejercicio de la acción
constitucional, la Sala
declarará improcedente la
protección invocada por el
señor Francisco Javier
García Londoño.».

De conformidad con lo anterior, se observa que la presente acción de tutela
presenta similitud fáctica y jurídica con las radicadas bajo los números 11001-03-
15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00 y 11001-03-15-000-
2024-07030-00, en la medida en que en todas ellas concurren los mismos sujetos
procesales, los mismos hechos relevantes y un objeto procesal común, consistente
en la solicitud de amparo encaminada a obtener la revocatoria de la sentencia
proferida el 28 de marzo de 2019 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número 11001-03-25-000-2012-00372-00.

Ahora bien, el accionante en el escrito de impugnación insiste que se han
presentado nuevos hechos12 que no fueron tenidos en cuenta por la primera
instancia, no obstante, la Sala encuentra que no son realmente nuevos hechos que
ameriten el análisis del juez constitucional, pues lo que pretende la parte actora es
insistir nuevamente los alegatos presentados en las múltiples acciones de tutela
presentadas con anterioridad.
11
La anterior información fue tomada de la sentencia de 27 de febrero de 2025, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
(expediente No. 11001-03-15-000-2024-06920-00).
12
(i) el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia”, (ii) la vulneración permanente, continua y
actual a los principios pro liberate, pro persona y de favorabilidad en materia laboral”, (iii) la inhabilidad sobreviniente
desaparece con el pago total del fallo de responsabilidad fiscal”, (iv) “derecho fundamental al desempeño de cargos y
funciones públicas y su relación con el derecho fundamental a la dignidad humana”, y (v) el desconocimiento del propio
precedente judicial del Consejo de Estado lo cual viola el derecho fundamental a la igualdad”.

15
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Radicación: 11001-03-15000-2025-01180-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Por lo anterior, la Sala considera que en el presente caso se configura una actuación
temeraria por parte del señor Francisco Javier García Londoño, y además la cosa
juzgada constitucional, en la medida en que se acreditó que ha promovido múltiples
acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, lo cual evidencia
un uso indebido del mecanismo constitucional, contrario a los principios de buena
fe y lealtad procesal que deben regir la actuación de quienes acuden a la
jurisdicción.

Adicionalmente, dicho sea de paso, la Sala observa que la sentencia objeto de
reproche fue proferida el 28 de marzo de 2019 y notificada por edicto desfijado el
14 de mayo del mismo año, y la solicitud de amparo fue promovida el 3 de marzo
de 2025, transcurrieron cinco (5) años, nueve (9) meses y diecisiete (17) días,
entre el momento de la notificación de la decisión cuestionada y el de la interposición
de la acción constitucional, término que excede el límite establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general,
acogido igualmente por la Corte Constitucional. Por lo tanto, el plazo razonable de
seis meses para la interposición de esta acción de tutela se encuentra superado,
circunstancia por aúna razones para declarar la improcedencia.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 3 de abril de 2025, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
solicitud, pero por las razones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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