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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05185-00

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
29 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05185-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada el 26 de septiembre de 2024, por Francisco Javier García Londoño, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05185-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05185-00

Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN A Y OTRO.

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – De la cosa juzgada
constitucional y la Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 26 de septiembre de 2024, la parte accionante actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez
natural, igualdad, y al principio de “favorabilidad en materia laboral”.

Hechos relevantes

2. El ciudadano Francisco Javier García Londoño interpuso una acción de
tutela, en la que argumentó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al juez natural, a la igualdad, al debido proceso y al
principio de “favorabilidad en materia laboral”. Según indicó el peticionario, las
autoridades judiciales incurrieron en varios defectos procesales, incluyendo errores
de tipo sustantivo, fáctico y procedimental. Adicionalmente, sostuvo que se
desconoció el precedente judicial aplicable en el caso concreto. Esta supuesta
vulneración la atribuyó específicamente a la sentencia del 28 de marzo de 2019,

1 Que ingresó para fallo el 8 de octubre de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo del Estado dentro
del proceso identificado con el número 11001032500020120037200.

3. El actor indicó que mediante las Resoluciones 136 del 31 de mayo de 2006
y 135 del 9 de julio de 2006, la Contraloría General de la República lo excluyó del
Boletín de Responsables Fiscales y que «ya le había informado sobre los dos
procesos de responsabilidad fiscal (…) antes de que le iniciaran el proceso
disciplinario mediante auto de indagación preliminar del 30 de agosto de 2006».

4. El 30 de abril de 2007, la señora Catalina Ramírez Suárez «funcionaria
supernumeraria» profirió en primera instancia la Resolución Dian 8300060-2009-
001, mediante la cual la destituyó e inhabilitó por 12 años. La anterior decisión fue
apelada por el accionante ante el director general de la Dian. Mediante Resolución
06027 del 24 de mayo de 2007, se confirmó el fallo disciplinario.

5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
demandó los anteriores actos administrativos. La Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de marzo de 2019, negó las
pretensiones de la demanda. Por lo anterior, el señor García Londoño interpuso
recurso extraordinario de revisión, con fundamento en las causales 1° y 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. En providencia del 20 de agosto de 2021, la
Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de Estado lo declaró infundado.

6. Por otro lado, el peticionario señaló que era necesario flexibilizar el requisito
general de inmediatez, dado que, en su criterio, la vulneración de sus derechos
fundamentales previamente mencionados presentaba un carácter continuo, actual
y permanente en el tiempo. A su juicio, la persistencia de dicha afectación justificaba
una interpretación más flexible del mencionado requisito procesal, con el objetivo
de asegurar una protección más efectiva de sus derechos.

Pretensiones

7. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la sección segunda-
subsección a que profirió la sentencia con radicado
11001032500020120037200, que adopte una decisión ajustada y
privilegiando lo sustancial según los artículos 29° y 228° de la constitución
política, frente a un análisis restrictivo a partir de elementos puramente
formales.

Que se amparen mis derechos fundamentales violados por los actos
administrativos proferidos por la Dian contenidos en las siguientes
resoluciones 8300060-2009-01 de 30 de abril de 2007, 6027 de 24 de mayo
de 2007 y 7319 de 21 de junio de 2007 como son: i) derecho fundamental al
debido proceso y al juez natural o funcionario competente. ii) derecho a la
igualdad, iii) derecho a ejercer cargo de carrera administrativa en la Dian. y
iv) derecho a de acceso a la administración de justicia.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Que, como consecuencia del amparo de mis derechos fundamentales
invocados, se me reintegre a mi cargo de carrera administrativa en la Dian
sin solución de continuidad para todos los efectos laborales y legales”.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. El actor señaló que le fue vulnerado el derecho al juez natural, dado que en
el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho2 nunca se analizó la
competencia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales3
que profirió la Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, a través de la
cual lo inhabilitaron por 12 años; en su lugar solo se “pronunciaron frente a la
competencia de la funcionaria para instruir la investigación disciplinaria y de la
competencia de la DIAN para adelantar la investigación en primera instancia”.

9. Por otra parte, manifestó que se configuró una vulneración al principio de
“favorabilidad en materia laboral”, consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política, toda vez que el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, admite
varias interpretaciones en relación al cese de la inhabilidad sobreviviente por haber
sido declarado responsable fiscalmente. Por consiguiente, en su opinión, la
interpretación más favorable al trabajador “es que, una vez realizado el pago en su
totalidad del fallo con responsabilidad fiscal, y éste sea acreditado por la contraloría
respectiva, la inhabilidad desaparecerá y el servidor público puede continuar
ejerciendo su cargo público, teniendo en cuenta el efecto útil de la norma”.

10. Además, indicó que las decisiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho incurrió en un defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial. En particular ignoraron las sentencias con radicado nro.
11001-03-25-000-2011- 00100-00 y rad. 11001-03-25-000-2011- 00100-00, las
cuales cumplían con todos los requisitos exigidos4 para ser consideradas
precedente judicial aplicable a su caso.

11. Finalmente, advirtió que la decisión impugnada presentó un defecto
procedimental, en tanto que adoptó sin mayor análisis la tesis planteada por la
entidad demandada. Esto, en su entender, implicó una adhesión excesiva a las
formalidades procesales, lo cual conllevó un menoscabo de los derechos a la
igualdad y al debido proceso, tal como están consagrados en la Constitución
Política.

2 Radicación número 11001032500020120037200.
3 En adelante DIAN.
4“(i) Que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable
al caso a resolver, (ii) Que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el
nuevo caso, y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite en primera instancia

12. Por medio de auto del 30 de septiembre de 20245, se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó: (i) notificar a la parte accionada y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (ii) vincular a la DIAN como tercero con
interés en las resultas del proceso, (iii) solicitar a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, en el término más expedito, remita en calidad
de préstamo y en medio digital el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00, y finalmente, (iv)
suspender los términos del presente asunto desde el 30 de septiembre de 2024,
inclusive, hasta que reingrese el expediente al Despacho.

13. A través de comunicación del 30 de septiembre de 20146, Francisco Javier
García Londoño realizó una ampliación del escrito de la demanda, en la que
menciona reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se plantea
que el requisito general de inmediatez debe flexibilizarse, toda vez que la afectación
a sus derechos fundamentales es actual y permanente en el tiempo.

14. Mediante memorial del 2 de octubre de 20247, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo del Estado, allegó el expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado bajo el número 11001-03-25-000-2012-00372-00.

15. Por memorial del 10 de octubre de 20248, el peticionario presentó una adición
del escrito de la demanda, en el cual alegó que la sentencia recurrida con radicado
número 11001032500020120037200 incurrió “en defecto sustantivo por
desconocimiento del propio precedente judicial”.

Intervenciones

16. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió
memorial9, mediante el cual solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela de la referencia o, en el evento en que se conozca de fondo, se denieguen
las pretensiones, toda vez que no cumple con el requisito general de la inmediatez,
en tanto que “la sentencia que se pretende censurar por vía de tutela fue proferida
el 28 de marzo de 2019 y notificada por edicto desfijado el 14 de mayo de 2019,
mientras que la acción de tutela se radicó el 26 de septiembre de 2024, es decir,
superó el término de 6 meses que la Sala Plena del Consejo de Estado fijó en
sentencia de 5 de agosto de 2014 , como plazo suficiente para el ejercicio oportuno
del amparo tutelar contra providencia judicial”.

5 Índice electrónico 006 de SAMAI. 9Autoqueadmite_220240518500ADMITEVF(.pdf) NroActua 6.
6 Índice electrónico 004 de SAMAI. 6RECIBEMEMORIAL_MEMO20240518500pdf(.pdf) NroActua 4
7 Índice electrónico 011 de SAMAI. 13RECIBEPRUEBAS_11001032500020120037(.zip) NroActua
11.
8 Índice electrónico 016 de SAMAI. 23RECIBEMEMORIAL_Memorial_Correo_JulianaAndrea(.pdf)
NroActua 16.
9 Índice electrónico 012 de SAMAI. 19RECIBEMEMORIAL_FranciscoJavierGarci(.pdf) NroActua 12.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

17. Por otro lado, indicó que la presente acción de tutela es temeraria, “en la
medida en que, en varias oportunidades, el tutelante, interpuso una acción de tutela
bajo similares supuestos fácticos que ahora pretende sean nuevamente debatidos”.

18. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)10, allegó
memorial, a través del cual solicitó negar el amparo por improcedente, pues
consideró la inexistencia de cualquier vulneración normativa. Además, sostuvo que
algunas de las tutelas presentadas ya habían sido objeto de cosa juzgada
constitucional. Asimismo, indicó la falta de afectación de derechos fundamentales,
la ausencia de inmediatez en la solicitud, y la configuración del fenómeno de la
temeridad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia de la Sala

19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
199111.

Cuestión Previa

Cosa juzgada constitucional y temeridad

20. En el presente caso, lo pertinente sería entrar a resolver la acción de tutela
presentada por Francisco Javier García Londoño en contra de la Subsección A de
la Sección Segunda de esta Corporación, con ocasión de la expedición de la
sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida dentro del proceso identificado con el
número 11001032500020120037200. No obstante, una vez revisado el expediente
se constató que el accionante ha formulado una acción de tutela en contra de la
mencionada providencia12, de ahí que le corresponde a la Sala analizar en primer
lugar si se presenta la cosa juzgada constitucional y/o la temeridad.

21. Bajo este contexto, sea lo primero en indicar que la institución procesal de la
cosa juzgada constitucional ha sido ampliamente estudiada por la Corte
Constitucional13 en el sentido de señalar que el objetivo de dicha figura consiste en
dotar de la calidad de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones
proferidas por las autoridades judiciales con ocasión de los procesos de tutela, con

10 Índice electrónico 013 de SAMAI. 19_MemorialWeb_Otro-ENVIOFRANCISCOJAVI(.pdf)
NroActua 13.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política"
12 Se trata de la tutela con radicado número 11001-03-15-000-2023-01080-00/01.
13 Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

lo cual se garantiza la finalización de las controversias, así como la seguridad
jurídica.

22. A través de la cosa juzgada constitucional, se previene, fundamentalmente,
la existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal sentido, la Corte
Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio de la acción de
amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra facultado para
promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada sobre los mismos
hechos.

23. El máximo órgano Constitucional ha indicado que en materia de acciones de
tutela: «[...] una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional frente a otra
cuando existe identidad de objeto14, de causa petendi15 y de partes [...]»16.

24. Para efectos de comparar si se configura la identidad de partes, de causa
petendi y de hechos del presente proceso con el expediente número 11001-03-15-
000-2024-05185-00, la Sala expone el siguiente cuadro comparativo:

Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2024- Rad 11001-03-15-000-2023-
Presupuesto 05185-00 (proceso de la 01080-00/01
referencia)
Accionante: Francisco Javier Accionante: Francisco Javier
García Londoño García Londoño

Accionado: Sección Accionado: Sección Segunda –
Segunda – Subsección A. Subsección A, Sala Especial de
Decisión N.°25, Sección Tercera
Identidad de – Subsecciones A, B y C.,
partes Sección Cuarta.

El actor argumentó que se El demandante afirmó que ha
vulneró su derecho al juez sido víctima de desvinculaciones
natural porque en el proceso arbitrarias por parte de la DIAN,

14 “Es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
15 “Es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.” Sentencia C-774 de 2001.
16 “Es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas
y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se
presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia
C-774 de 2001.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Identidad de de nulidad y restablecimiento afectando su derecho al debido
causa del derecho no se analizó la proceso y al trabajo. Respecto a
competencia de la funcionaria la sentencia de 28 de marzo de
que emitió la resolución de 2019, indicó que el régimen
sancionatoria, centrándose jurídico de los supernumerarios
solo en la competencia para la de la DIAN y las funciones a su
investigación disciplinaria. cargo, permiten inferir que la
funcionaria que profirió el fallo de
Además, alegó una violación responsabilidad disciplinaria no
al principio de "favorabilidad tenía competencia para adoptar
en materia laboral", la decisión.
argumentando que, tras el
pago total de la
responsabilidad fiscal, la
inhabilidad debería cesar,
permitiéndole retomar su
cargo.

También señaló defectos
sustantivos y el
desconocimiento de
precedentes judiciales en las
decisiones del proceso, y
advirtió sobre un defecto
procedimental por la falta de
análisis en la adopción de la
tesis de la entidad
demandada, lo que
menoscabó sus derechos de
igualdad y debido proceso.

1.Que como consecuencia de [ ...] 1. Que se profiera “sentencia
lo anterior se ordene a la de reemplazo” en la cual se
sección segunda-subsección ampares mis derechos
a que profirió la sentencia con fundamentales: I) a ejercer cargo
radicado 11001-03-25-000- de carrera administrativa. ii) a la
2012-00372-00, de fecha 28 honra y al buen nombre. iii) a la
de marzo de 2019 que igualdad. iv) al debido
adopte una decisión ajustada proceso.
y privilegiando lo sustancial (…)
según los artículos 29° y 228° 7. Que se deje sin efectos el fallo
de la Constitución Política. dictado por la Sección Segunda
– Subsección A medio de control
*Que se amparen mis de nulidad y restablecimiento del
derechos fundamentales derecho radicación 11001-03-
violados por los actos 25-000- 2012-00372-00, de
administrativos proferidos por fecha 28 de marzo de 2019 [...].
la Dian contenidos en las (Negrillas por fuera del texto).
Identidad de siguientes resoluciones
Objeto 8300060-2009-01 de 30 de

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

abril de 2007, 6027 de 24 de
mayo de 2007 y 7319 de 21
de junio de 2007 como son: i)
derecho fundamental al
debido proceso y al juez
natural o funcionario
competente. ii) derecho a la
igualdad, iii) derecho a
ejercer cargo de carrera
administrativa en la Dian. y iv)
derecho a de acceso a la
administración de justicia.

*Que, como consecuencia del
amparo de mis derechos
fundamentales invocados, se
me reintegre a mi cargo de
carrera administrativa en la
Dian sin solución de
continuidad para todos los
efectos laborales y legales”.

25. De acuerdo con el anterior cuadro comparativo, es evidente que existe una
identidad en la parte accionante (Francisco Javier García Londoño) y una identidad
parcial de la misma autoridad accionada (la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado). Ambas controversias invocaron la vulneración de los derechos
fundamentales comunes como el derecho al debido proceso y la igualdad. Aunque
existen diferencias en algunos ingredientes como la argumentación en torno al juez
natural, al principio de favorabilidad en materia laboral en esta demanda de tutela,
lo cierto es que el argumento central de los dos procesos constitucionales está
encaminado indudablemente a suscitar un nuevo estudio respecto a la falta de
competencia de la funcionaria supernumeraria de la DIAN, que emitió las decisiones
en los procesos disciplinarios en su contra.

26. La Sala constata que el conocimiento de la acción de tutela 11001-03-15-
000-2023-01080-00/01 correspondió, en primera instancia, a la Sección Primera del
Consejo de Estado; autoridad que, mediante providencia de 14 de abril de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela frente a la Subsección “A” de la Sección
Segunda de esta Corporación al encontrar que la demanda constitucional fue
formulada en forma inoportuna. Los siguientes fueron los argumentos que
sustentaron la decisión:

“Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad
atinente a la inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación
de la sentencia de 28 de marzo de 2019, dictada por la Subsección A de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la Sección Segunda del Consejo de Estado. Ello en razón a que la
jurisprudencia tanto de la Corporación como de la Corte Constitucional -
previamente citadas- sostiene que el plazo razonable se contabiliza partir
de la fecha en que se notifique la providencia acusada por vía de tutela.

Con fundamento en la anterior premisa, se tiene que, en el caso que nos
ocupa, la citada providencia de 28 de marzo de 2019 se notificó por edicto
fijado el 10 mayo de 2019 y desfijado el día 14 de ese mismo mes y año17,
y la acción de tutela se recibió, vía electrónica, el 27 de febrero de 202318,
lo que significa que el mecanismo de amparo se promovió cuando había
transcurrido aproximadamente tres (3) años y ocho (8) meses desde que
se tuvo conocimiento de la decisión judicial; plazo que, sin lugar a duda,
no resulta razonable.

Así las cosas, y comoquiera que la presente solicitud de amparo fue
radicada luego de haber transcurrido más de seis (6) meses desde la
fecha en que se notificó la sentencia enjuiciada, se considera que no
satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la inmediatez,
resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a
la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, dictada por la Corte
Constitucional.

Por tanto, se declarará improcedente por incumplimiento del requisito
general de procedibilidad atinente a la inmediatez.”

27. Todo lo anterior permite a la Sala concluir que el actor acudió nuevamente a
la acción de tutela con el fin de reabrir un debate clausurado, que comparte
identidad en cuanto a las partes involucradas, los hechos y las pretensiones. El
objetivo del actor ha sido el que se deje sin efectos la sentencia del 28 de marzo de
2019, emitida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que negó las pretensiones anulatorias en contra del acto que lo sancionó
disciplinariamente y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

28. De hecho, la Sala advierte que el ejercicio de la acción de tutela por el
accionante es ciertamente temerario y abusivo, pues ha presentado de manera
sistemática diversas acciones que comparten una causa común como lo es el
debate sobre la competencia de la funcionaria que le impuso la sanción disciplinaria
y que ha sido materia de pronunciamiento en sede ordinaria y extraordinaria. En
varios fallos de tutela, las autoridades judiciales le advirtieron explícitamente que
debía abstenerse de interponer nuevos recursos de este tipo e incluso se le
impusieron sanciones por incurrir en conductas temerarias19.

17 Tal como se advierte del índice 41 del aplicativo SAMAI del proceso objeto de tutela.
18 De acuerdo con el correo electrónico de fecha de 21 de julio de 2022, visible a índice 2 del
aplicativo Samai.
19 Se mencionan las siguientes sentencias: (i) de 29 de julio de 2022 y de 6 de octubre de 2022,
proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela con radicado número 11001-
03-15-000- 2022-02768-00/01, (ii) de 14 de abril de 2023 y de 8 de junio de 2023 , emitidas, en ese
orden, por la Sección Primera del Consejo de Estado, y por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
con radicado número 11001-03-15-000-2023-01080-00/01, (iii) de 23 de octubre de 2023 y 23 de

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

29. Cabe recordar que la temeridad ha sido entendida como un fenómeno
jurídico que tiene lugar cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela es presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales”. Su configuración se traduce en el rechazo y en la resolución
desfavorable de todas las solicitudes, sin perjuicio de las sanciones que establece
la ley.

30. En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización
impropia de la acción de tutela, la Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de
2017, estableció que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes
elementos: a) identidad de partes, b) identidad de hechos, c) identidad de
pretensiones, y d) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe.

31. Referente al elemento de ausencia de justificación, se presenta cuando es
evidente que la persona no actúa de buena fe y ejercita de forma anormal un
derecho en repetidas ocasiones, amparándose en un precepto de un interés
subjetivo en un abuso del derecho para obtener un resultado favorable a toda costa,
que “deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción”20.

32. En este caso, la Sala evidencia un uso abusivo y deliberado de la acción de
tutela por parte de Francisco Javier García Londoño, que constituye una actuación
de mala fe, por cuanto en la demanda manifestó “bajo la gravedad de juramento,
que se entiende prestado con la interposición de esta demanda de tutela, que no he
presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos que se tratan
en este escrito”. Esta conducta no solo representa un desafío a las advertencias
anteriores de las autoridades judiciales, sino que es contraria a la realidad, lo que
afecta negativamente el adecuado funcionamiento de la administración de justicia
al sobrecargar el sistema con procedimientos reiterativos sobre una misma
controversia.

33. Ante la temeridad evidenciada en el ejercicio de la acción constitucional, la
Sala declarará improcedente la protección invocada por el señor Francisco Javier
García Londoño.

enero de 2024, expedidas respectivamente, por la Sección Tercera- Sala de conjueces y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado número 11001-03-15-000-
2023-04221-00/01, y Finalmente, (iv) de 5 de septiembre de 2024, dictada por la Sección Primera-
Sala de Conjueces de esta corporación, ubicada con radicado número 11001-03-15-000-2024-
02493-00.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU- 168 de 2017.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05185-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda-Subsección A y Otro.
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada el 26 de
septiembre de 2024, por Francisco Javier García Londoño, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

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