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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00493-00

Fecha
23 de junio de 2026
Consejero ponente
Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00493-00

Consejero ponente: Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano

23 de junio de 2026

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE CONJUECES

Bogotá, D. C., 23 de junio de dos mil veintiséis (2026)
Conjuez ponente: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00493-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionada: Consejo de Estado – Sección Primera
Tema: Tutela contra sentencia de tutela – cosa juzgada fraudulenta – temeridad
Decisión: Declara improcedente la acción y configurada la temeridad

.- SENTENCIA:

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela presentada por el señor Francisco Javier García Londoño contra la sentencia de
7 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera de esta Corporación dentro
del expediente 11001-03-15-000-2025-06546-00.

I.- Antecedentes:

1.- La solicitud de amparo:

El señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez imparcial, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
ejercicio de un cargo público de carrera administrativa.

Dirigió la acción contra la sentencia de 7 de noviembre de 2025, mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela que había
promovido contra la providencia de 18 de junio de 2025, dictada por la Subsección B
de la Sección Segunda dentro del expediente 11001-03-15-000-2025-02472-00.

El accionante sostiene que la sentencia cuestionada fue producto de una situación de
fraude. Según su planteamiento, los magistrados que intervinieron en procesos
constitucionales anteriores relacionados con la sentencia de 28 de marzo de 2019
debieron declararse impedidos, porque ya habían emitido opiniones sobre el asunto en
las tutelas identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2024-05185-00, 11001-
03-15-000-2024-06920-01 y 11001-03-15-000-2024-07030-01.

A partir de esa premisa, atribuye a la Sección Primera defectos orgánico,
procedimental y sustantivo, así como violación directa de la Constitución. Afirma que la
autoridad accionada desconoció el derecho al juez imparcial al no aceptar que las

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decisiones anteriores configuraban la causal prevista en el numeral 4.º del artículo 56
de la Ley 906 de 2004.

El actor invoca las sentencias SU-627 de 2015, T-073 de 2019 y T-023 de 2023 para
sostener que la tutela contra tutela resulta procedente cuando la providencia
cuestionada se funda en una interpretación abiertamente contraria a la Constitución y
a la buena fe judicial.

Como pretensiones, solicita dejar sin efectos la sentencia de 7 de noviembre de 2025,
ordenar que se profiera una nueva decisión que acoja sus planteamientos y disponer su
reintegro a un cargo de carrera administrativa en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales —DIAN—, sin solución de continuidad y con las consecuencias laborales
correspondientes.

2.- El origen de la controversia:

La discusión tiene su origen en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-03-25-000-2012-00372-00, promovido por el señor García Londoño contra los
actos administrativos mediante los cuales la DIAN le impuso sanción disciplinaria de
destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por doce años.

Mediante sentencia de 28 de marzo de 2019, la Subsección A) de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el actor
no había desvirtuado la presunción de legalidad de los actos acusados. Posteriormente,
el recurso extraordinario de revisión presentado contra esa decisión fue declarado
infundado por la Sala Especial de Decisión 25, mediante providencia de 20 de agosto
de 2021.

Desde entonces, el accionante ha promovido diversas acciones de tutela relacionadas
directa o indirectamente con esa sentencia, mediante las cuales ha planteado nuevos
defectos, precedentes, supuestos hechos posteriores y cuestionamientos contra las
decisiones constitucionales que han declarado la cosa juzgada y la temeridad.

3.- Las decisiones constitucionales anteriores:

En la tutela 11001-03-15-000-2019-03444-00/01, el accionante cuestionó por primera
vez la sentencia de 28 de marzo de 2019. El amparo fue negado y la decisión fue
confirmada por la Sección Primera el 12 de diciembre de 2019. Ese expediente fue
excluido de revisión por la Corte Constitucional mediante auto de 28 de agosto de
2020.

El 27 de febrero de 2023 promovió una nueva acción contra la misma sentencia,
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-01080-00/01. Esa actuación fue

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posteriormente utilizada como parámetro de comparación en los procesos
constitucionales siguientes.

El 26 de septiembre de 2024 instauró la tutela 11001-03-15-000-2024-05185-00/01.
En sentencia de 25 de octubre de 2024, la Subsección A) de la Sección Tercera
declaró improcedente el amparo por temeridad. La Sección Quinta, en segunda
instancia, modificó la decisión para declarar también la configuración de la cosa
juzgada constitucional, al encontrar identidad sustancial entre esa acción y los
procesos anteriores.

Mientras se tramitaba la impugnación de ese asunto, el actor promovió otra acción,
radicada 11001-03-15-000-2024-06125-00/01. Mediante sentencia de 21 de febrero
de 2025, la Subsección B) de la Sección Tercera rechazó la solicitud por temeridad y
lo exhortó a abstenerse de presentar nuevas tutelas fundadas en los mismos hechos.

En el proceso 11001-03-15-000-2024-07030-01, la Subsección A) de la Sección
Tercera, mediante sentencia de 4 de abril de 2025, confirmó la declaración de cosa
juzgada constitucional y temeridad. En esa providencia se estableció que las acciones
promovidas por el actor compartían identidad sustancial de partes, causa y objeto,
pues todas buscaban reabrir la discusión sobre la sentencia de 28 de marzo de 2019.

Además, se le ordenó abstenerse de presentar nuevas acciones sustentadas en
artificios formales o en supuestos hechos nuevos inexistentes y se le advirtió que un
nuevo incumplimiento podría dar lugar a la compulsa de copias a la Fiscalía General de la
Nación.

Una conclusión semejante fue adoptada en el expediente 11001-03-15-000-2024-
06920-01. Mediante sentencia de 19 de mayo de 2025, la Subsección A) de la Sección
Tercera confirmó la improcedencia por temeridad y reiteró la orden de abstención.
También dispuso que la Secretaría General pusiera esos antecedentes en conocimiento
de los despachos que recibieran nuevas acciones sustancialmente idénticas.

Posteriormente, el accionante promovió la tutela 11001-03-15-000-2025-02472-00
contra la sentencia de 4 de abril de 2025. En esa oportunidad sostuvo, como lo hace
ahora, que los magistrados que resolvieron las tutelas anteriores debieron declararse
impedidos y que esa omisión configuraba una cosa juzgada fraudulenta.

La Subsección B) de la Sección Segunda, mediante sentencia de 18 de junio de 2025,
declaró improcedente el amparo porque se dirigía contra una sentencia de tutela y no
se había acreditado una situación de fraude. También declaró la temeridad y ordenó
nuevamente al accionante abstenerse de promover acciones por los mismos hechos y
con el mismo objeto. La Sección Cuarta confirmó esa decisión el 25 de septiembre de
2025.

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El 10 de septiembre de 2025, el señor García Londoño volvió a presentar una acción
directamente contra la sentencia de 28 de marzo de 2019, radicada 11001-03-15-000-
2025-05675-00. En fallo de 17 de octubre de 2025, la Subsección A) de la Sección
Tercera declaró improcedente el amparo por cosa juzgada constitucional y temeridad.

En esa providencia se le ordenó, por tercera vez, abstenerse de presentar acciones
con identidad material y se le advirtió que la reiteración podía conducir a la remisión
de copias a la Fiscalía General de la Nación por la posible comisión del delito de fraude
a resolución judicial.

4.- La sentencia cuestionada:

En el proceso 11001-03-15-000-2025-06546-00, el señor García Londoño promovió una
nueva acción contra la sentencia de 18 de junio de 2025, confirmada el 25 de
septiembre siguiente. La Sección Primera, mediante sentencia de 7 de noviembre de
2025, declaró improcedente el amparo, al considerar que la providencia cuestionada
había sido dictada dentro de otra acción de tutela y que no se acreditaban los
presupuestos excepcionales previstos en la jurisprudencia constitucional para
controvertir sentencias de esa naturaleza.

Esa es la decisión que ahora se pretende dejar sin efectos.

5.- El trámite de la presente acción:

La acción fue repartida inicialmente a la Subsección A) de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Los consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves, Jorge Iván Duque
Gutiérrez y Juan Camilo Morales Trujillo manifestaron impedimento, porque la
Subsección A había sido vinculada en el proceso 11001-03-15-000-2025-06546-00,
cuya sentencia se cuestiona en esta oportunidad. Invocaron las causales previstas en
los numerales 1.º y 6.º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.

Mediante auto de fecha siete (7) de mayo de 2026, la Sala de Conjueces declaró
fundados los impedimentos y asumió el conocimiento del asunto. Por auto de fecha (11)
de junio del mismo año se ordenaron pruebas, se ordenó continuar con el trámite de
esta tutela y se ordenaron pruebas.

La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la consejera Nubia Margoth
Peña Garzón, ponente de la sentencia cuestionada, solicitó a través de escrito de fecha
3 de febrero de 2026, declarar improcedente la acción. Explicó que, mediante fallo de
7 de noviembre de 2025, la Sección Primera declaró improcedente la tutela promovida
contra la sentencia de 18 de junio de 2025 de la Subsección B) de la Sección Segunda,
porque se pretendía controvertir una decisión dictada dentro de otra acción de tutela
sin acreditar que fuera producto de una situación fraudulenta.

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Añadió que la presente solicitud busca nuevamente dejar sin efectos una sentencia de
tutela, pero tampoco demuestra los presupuestos excepcionales fijados en la
Sentencia SU-627 de 2015. En particular, señaló que el fraude alegado no aparece
probado y que, por regla general, la tutela contra providencias de la misma naturaleza
es improcedente.

II.- Consideraciones:

1.- Competencia:

La Sala de Conjueces es competente para decidir la presente acción, en virtud de los
impedimentos declarados respecto de los integrantes de la Subsección A de la Sección
Segunda y de las reglas de reparto aplicables a las acciones de tutela dirigidas contra
providencias de las secciones del Consejo de Estado.

2.- Problemas jurídicos:

Corresponde determinar si la sentencia de 7 de noviembre de 2025 fue producto de
una situación de fraude suficientemente acreditada, que permita exceptuar la regla
general de improcedencia de la acción de tutela contra sentencias dictadas dentro de
procesos de la misma naturaleza.

Deberá establecerse, en particular, si la falta de manifestación de impedimento que el
actor atribuye a los magistrados que conocieron procesos constitucionales anteriores
demuestra la existencia de fraude, vulneración del juez imparcial o alguno de los
defectos alegados.

Finalmente, corresponde definir si la nueva solicitud constituye un ejercicio temerario
de la acción de tutela y cuáles medidas resultan necesarias para proteger la seguridad
jurídica, la cosa juzgada constitucional y la adecuada administración de justicia.

3.- La procedencia excepcional de la tutela contra sentencias de tutela:

La regla general es que no procede una acción de tutela contra la sentencia que
resuelve otra tutela. Esa limitación preserva la seguridad jurídica, la firmeza de las
decisiones constitucionales y la función de cierre atribuida al eventual proceso de
revisión ante la Corte Constitucional.

La Sentencia SU-627 de 2015 admitió una excepción estricta cuando la sentencia de
tutela sea producto de una situación de fraude. Para que esa excepción opere, el actor
debe demostrar de manera clara y suficiente la existencia del fraude, la ausencia de
identidad procesal con la acción cuestionada y la inexistencia de otro mecanismo
judicial eficaz para superar la situación. La excepción no habilita una revisión sucesiva

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de interpretaciones judiciales adversas ni convierte cada desacuerdo jurídico en una
nueva causa de tutela.

Las sentencias T-073 de 2019 y T-023 de 2023 reconocieron que el fraude puede
ocurrir durante el trámite o materializarse en la propia providencia. Sin embargo, su
configuración exige elementos objetivos que permitan advertir que el proceso o el fallo
fueron utilizados para alcanzar un resultado espurio, doloso o abiertamente contrario a
la buena fe judicial. No basta afirmar que el juez se equivocó, que interpretó
indebidamente una norma o que debió adoptar una decisión diferente.

En otras palabras, la expresión “interpretación abiertamente contraria a la
Constitución” no puede separarse del presupuesto central de la excepción: debe
tratarse de una decisión realmente afectada por fraude, no de una providencia cuya
argumentación simplemente no comparte quien resultó vencido.

4.- La alegada falta de imparcialidad:

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la recusación no procede en el
trámite de tutela y que el juez debe declararse impedido cuando concurra alguna
causal del Código de Procedimiento Penal. El accionante invoca el numeral 4.º del
artículo 56 de la Ley 906 de 2004, relativo al funcionario que haya manifestado opinión
sobre el asunto materia del proceso. Sostiene que los pronunciamientos proferidos en
tutelas anteriores constituyen opiniones sustanciales que impedían a los magistrados
conocer de nuevos procesos. La Sala no comparte esa conclusión.

En primer lugar, las opiniones invocadas fueron expresadas dentro de providencias
judiciales y en ejercicio de la función jurisdiccional. No se trató de conceptos emitidos
por fuera de un proceso ni de manifestaciones personales o anticipadas sobre un
asunto que posteriormente llegara a conocimiento del funcionario.

El propio accionante reconoce que la causal exige que la opinión tenga carácter
extraprocesal y sustancial, pero pretende tener por extraprocesal cualquier
consideración formulada en un expediente distinto. Esa lectura vacía de contenido el
requisito. Que una decisión se haya adoptado en otro proceso no significa que la opinión
haya sido emitida por fuera del ejercicio jurisdiccional.

En segundo lugar, las providencias que invoca no efectuaron un nuevo examen de fondo
sobre la competencia de la funcionaria de la DIAN, la sanción disciplinaria o la
legalidad de la sentencia de 28 de marzo de 2019. Su objeto fue resolver presupuestos
procesales como la cosa juzgada constitucional, la identidad entre acciones y la
temeridad.

La valoración de la reiteración de tutelas no equivale a una toma anticipada de posición
sobre el fondo de una nueva controversia. Tampoco convierte al juez que aplicó las

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reglas sobre cosa juzgada en interesado en el resultado de todos los procesos
posteriores.

Este mismo argumento fue expuesto por el actor en el expediente 11001-03-15-000-
2025-02472-00 y fue expresamente rechazado. Allí se indicó que la discrepancia
respecto de la configuración de un impedimento no acreditaba una actuación
fraudulenta y que la tesis buscaba desplazar sucesivamente a los magistrados que
habían advertido la temeridad.

En tercer lugar, el hecho de que los integrantes de la Subsección A), hayan
manifestado impedimento para conocer de la presente acción no confirma la teoría del
actor. En este proceso, la causal invocada se funda en que esa Subsección fue
formalmente vinculada en la tutela 11001-03-15-000-2025-06546-00, cuya sentencia
es ahora objeto de control. Se trata de una circunstancia procesal concreta y distinta
de la simple participación de un funcionario en decisiones anteriores sobre cosa
juzgada o temeridad.

Los impedimentos son de interpretación estricta y deben examinarse frente a la
situación particular de cada juez y de cada expediente. No es jurídicamente admisible
convertir la participación en una decisión judicial anterior en una causa automática y
permanente de separación para cualquier tutela posterior relacionada con el mismo
litigio.

5.- La inexistencia de la situación de fraude alegada:

La demanda no aporta pruebas ni indicios suficientes de que la sentencia de 7 de
noviembre de 2025 hubiera sido producto de una actuación dolosa, de un acuerdo
ilícito, de una manipulación del trámite o de una utilización espuria del proceso
constitucional. Lo que el actor expone es una discrepancia con la interpretación
adoptada por la Sección Primera sobre la improcedencia de la tutela contra tutela y
sobre el alcance de los impedimentos. Esa discrepancia no configura fraude.

La Sección Primera examinó la naturaleza de la providencia cuestionada, constató que
había sido dictada dentro de otra acción de tutela y aplicó la regla unificada de la
Sentencia SU-627 de 2015. Su conclusión puede ser desfavorable al accionante, pero
no aparece desprovista de fundamento ni revela un apartamiento deliberado de la
Constitución.

Tampoco se configura defecto orgánico. La Sección Primera tenía asignado el
conocimiento de la acción de tutela que le fue repartida. La eventual existencia de un
impedimento, aun si se hubiese acreditado, no equivale automáticamente a una falta
absoluta de competencia ni convierte la sentencia en un acto fraudulento.

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No se presenta defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. La aplicación de
los requisitos excepcionales de procedencia de la tutela contra tutela no constituye
una formalidad innecesaria, sino una garantía de la seguridad jurídica y de la
terminación de los litigios.

Tampoco se acredita defecto sustantivo o violación directa de la Constitución. El actor
no demuestra que la Sección Primera hubiera aplicado una norma manifiestamente
inaplicable, desconocido una regla constitucional inequívoca o adoptado una
interpretación carente de toda justificación. Su planteamiento busca que esta Sala
reemplace la lectura jurídica de la autoridad accionada por la que él considera
correcta. La acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo para revisar
indefinidamente la interpretación adoptada en procesos constitucionales anteriores.

6.- La finalidad material de la nueva solicitud:

Aunque formalmente la acción se dirige contra la sentencia de 7 de noviembre de
2025, su propósito material continúa siendo el mismo que ha orientado las tutelas
anteriores.

El accionante solicita que se remueva la decisión que declaró improcedente otra tutela;
que se reabra el examen del fallo de 18 de junio de 2025; que se deje sin efectos la
decisión de 4 de abril de 2025; que vuelva a estudiarse la sentencia de 28 de marzo de
2019; y que finalmente se ordene su reintegro a la DIAN. La sucesión de providencias
cuestionadas no transforma el litigio originario en una controversia constitucional
nueva. Lo que se observa es una cadena de tutelas contra las decisiones que, a su vez,
resolvieron tutelas anteriores.

Aceptar ese modo de proceder significaría que ninguna sentencia constitucional
adquiriría firmeza, pues cada decisión de improcedencia podría ser atacada por otra
tutela y esta, a su turno, por una nueva acción. Precisamente ese resultado es el que la
jurisprudencia sobre tutela contra tutela procura evitar.

7.- La temeridad:

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe actuación temeraria
cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción es presentada por la
misma persona ante varios jueces o tribunales. La jurisprudencia ha señalado que
deben examinarse la identidad material de partes, causa y objeto, así como la ausencia
de una justificación atendible y la existencia de mala fe. El análisis no puede limitarse
a las diferencias nominales introducidas en cada escrito, sino que debe verificar si, en
realidad, las solicitudes se sustentan en las mismas razones y persiguen el mismo
resultado. En este caso se configura la temeridad.

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El accionante es el mismo. La controversia continúa vinculada con la sentencia de 28 de
marzo de 2019 y con la sanción disciplinaria impuesta por la DIAN. El objeto material
permanece dirigido a obtener un nuevo examen de esa decisión y, finalmente, su
reintegro al cargo de carrera administrativa.

El argumento relativo a los impedimentos tampoco es nuevo. Fue planteado en el
expediente 11001-03-15-000-2025-02472-00, examinado en la sentencia de 18 de
junio de 2025 y confirmado en segunda instancia. No existe un hecho posterior que
justifique la nueva acción. Las sentencias citadas por el actor constituyen argumentos
jurídicos y no acontecimientos que transformen la situación fáctica decidida. Tampoco
se acredita una condición de indefensión, ignorancia, asesoramiento equivocado o
necesidad extrema que permita excluir la mala fe.

Por el contrario, antes de presentar esta acción, el señor García Londoño había sido
advertido en varias oportunidades sobre el carácter temerario de su conducta. Las
sentencias de 4 de abril, 19 de mayo, 18 de junio y 17 de octubre de 2025 le ordenaron
abstenerse de promover nuevas tutelas con el mismo núcleo material.

La providencia de 17 de octubre de 2025 fue especialmente clara: le ordenó por
tercera vez abstenerse de presentar acciones sustancialmente idénticas y le advirtió
que el incumplimiento podía dar lugar a la compulsa de copias a la Fiscalía General de la
Nación. Pese a ello, el accionante promovió una nueva tutela, volvió a presentar como
novedoso el argumento de los impedimentos y reiteró la pretensión de reintegro a la
DIAN.

La conducta ya no puede explicarse como un error aislado en la elección del mecanismo
judicial. Se trata de una utilización sucesiva y consciente de la acción de tutela para
prolongar un litigio concluido y controvertir cada decisión constitucional que le resulta
adversa.

La manifestación bajo juramento de no haber promovido otra acción por los mismos
hechos no modifica esta conclusión. La variación de la providencia inmediatamente
demandada no oculta que el fundamento, la finalidad y el resultado buscado son
sustancialmente coincidentes con los procesos anteriores.

8.- Las medidas necesarias frente a la actuación temeraria:

La Sala no puede prohibir al señor García Londoño presentar cualquier acción de tutela
futura. Una orden de esa naturaleza desconocería el carácter fundamental del acceso
a la administración de justicia y podría impedirle reclamar frente a hechos realmente
nuevos y autónomos.

Pero sí resulta necesario reiterarle que debe abstenerse de promover nuevas acciones
encaminadas a reabrir la controversia definida en la sentencia de 28 de marzo de 2019

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o a cuestionar sucesivamente las decisiones de tutela que han declarado la cosa
juzgada y la temeridad, mediante simples variaciones de autoridades, providencias o
defectos alegados.

También debe mantenerse la instrucción impartida a la Secretaría General para que,
frente a futuras acciones con identidad material, ponga estos antecedentes en
conocimiento del despacho competente. Esa medida no sustituye la autonomía del juez
que reciba el asunto, pero le permite valorar desde el inicio la posible aplicación del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Finalmente, como el accionante persistió en la conducta después de recibir órdenes
expresas de abstención y advertencias sobre sus posibles consecuencias, se
compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación. La remisión no constituye
declaración de responsabilidad penal. Su finalidad es que esa entidad determine,
dentro de sus competencias, si los hechos tienen relevancia jurídico-penal, incluida la
eventual incidencia de las órdenes judiciales previamente impartidas.

9.- Conclusión:

La presente acción se dirige contra una sentencia de tutela y no acredita la situación
excepcional de fraude que permitiría remover la cosa juzgada constitucional. La falta
de manifestación de impedimento que invoca el actor no demuestra parcialidad,
defecto orgánico ni fraude. Los pronunciamientos anteriores fueron emitidos en
ejercicio de la función jurisdiccional y versaron sobre cosa juzgada y temeridad, no
sobre un prejuzgamiento extraprocesal del fondo.

La acción, además, reproduce un argumento ya decidido y persigue materialmente el
mismo resultado de los procesos anteriores. Por ello, se declarará improcedente el
amparo y configurada la temeridad.

III.- Resuelve:

PRIMERO. - Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO contra la sentencia de 7 de noviembre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente
11001-03-15-000-2025-06546-00, por no acreditarse los presupuestos excepcionales
de procedencia de la tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.

SEGUNDO. - Declarar configurada la temeridad en el ejercicio de la presente acción
de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO.- Reiterar al señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO la orden de
abstenerse de presentar nuevas acciones de tutela que, mediante variaciones formales
de las autoridades accionadas, de las providencias cuestionadas, de los derechos

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invocados o de los defectos alegados, persigan reabrir la controversia definida en la
sentencia de 28 de marzo de 2019 o controvertir sucesivamente las decisiones
constitucionales que han resuelto ese asunto, salvo que acredite hechos
verdaderamente nuevos, relevantes y no examinados previamente.

CUARTO.- Ordenar a la Secretaría General del Consejo de Estado que, cuando reciba
nuevas acciones de tutela promovidas por el señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA
LONDOÑO relacionadas con la sentencia de 28 de marzo de 2019 o con las decisiones
constitucionales que posteriormente han examinado esa controversia, incorpore copia
de esta providencia y ponga los antecedentes sobre cosa juzgada y temeridad en
conocimiento del despacho competente, sin perjuicio de la autonomía judicial para
adoptar la decisión correspondiente.

QUINTO. - Remitir copia de esta sentencia a los despachos que integran la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que, frente a
eventuales solicitudes con identidad sustancial, valoren la aplicación del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. - Compulsar copias de la presente actuación, de la demanda y de las
sentencias de 4 de abril, 19 de mayo, 18 de junio y 17 de octubre de 2025 a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que, dentro del ámbito de sus
competencias y sin que esta remisión comporte juicio previo sobre responsabilidad
penal, determine si la conducta desplegada por el señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA
LONDOÑO reviste relevancia jurídica.

SÉPTIMO. - Notificar esta decisión a las partes y a los intervinientes por el medio
más expedito y eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO. - Informar que contra esta providencia procede la impugnación dentro del
término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOVENO. - Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si esta sentencia no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez ponente
MARÍA ANDREA CALERO TAFUR
Conjuez

JOSÉ A. FERNÁNDEZ OSORIO
Conjuez

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