Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06546-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06546-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06546-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06546-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO, POR
CUANTO NO SE ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
EXCEPCIONALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS DENTRO DE UNA ACCIÓN DE LA
MISMA NATURALEZA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS
PÚBLICOS Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06546-00
Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
I.1. La Solicitud
El señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial
efectiva, al desempeño de funciones y a cargos públicos y al acceso
a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la providencia de 18 de
junio de 2025 dentro de la acción constitucional identificada con el
número único de radicación 2025-02472-01.
I.2. Hechos
Pese a que no se planteó de manera expresa los hechos de la
demanda, del expediente la Sala pudo inferir como hechos
principales los siguientes:
Que el actor el 29 de mayo de 2025 instauró acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la libre escogencia de profesión u oficio y al desempeño
de cargos y funciones públicas, los cuales consideró vulnerados por
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Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 dentro
de la acción constitucional identificada con el número único de
radicación 2024-07030-01.
Que el mencionado proceso fue identificado con el número único de
radicación 2025-02472-00 y le correspondió en primera instancia a
la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 18 de junio de
2025, negó las pretensiones de la demanda.
Que inconforme con lo anterior, el actor presentó recurso de
apelación el cual le correspondió a la SECCIÓN CUARTA DEL
CONSEJO DE ESTADO3 que, en providencia de 25 de septiembre
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Afirmó que lo pretendido con la presente solicitud de amparo es que
se garantice la protección de sus derechos fundamentales invocados
como violados por la SECCIÓN SEGUNDA, por cuanto esta debió
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En adelante Sección Tercera
3
En adelante Sección Cuarta.
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actuar de forma imparcial siendo uno de los principios básicos de la
administración de justicia.
Aseguró que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en desconocimiento
del precedente jurisprudencial establecido en diferentes
sentencias de unificación de la Corte Constitucional, que han
señalado que los ciudadanos están facultados para promover
indistintas solicitudes de amparo en salvaguarda de sus derechos
fundamentales.
Consideró que su análisis también pasó por alto que los magistrados
de la SECCIÓN TERCERA que conocieron de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 2024-07030-01,
debieron declararse impedidos para conocer del asunto en atención
a lo previsto en el numeral cuarto del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] 1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME,
LO RINDA EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA
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FORMAL Y NO DE FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO
EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1991.
2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda
Subsección B del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-
000-2025-02472-00 de fecha 18 de junio de 2025.
3. Que como consecuencia de lo anterior, se profiera una nueva
Sentencia Judicial, en la cual teniendo en cuenta los argumentos
jurídicos planteados en el escrito de acción de tutela dentro del
radicado 2025-02472-00, en el escrito de impugnación, y el
presente escrito de acción de tutela, se amparen mis derechos
fundamentales invocados como vulnerados por la Sección Segunda
Subsección B del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-
000-2025-02472-00 de fecha 18 de junio de 20259 de mayo de
2025: i) DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ IMPARCIAL. ii)
DERECHO A LA IGUALDAD. iii) DERECHO A EJERCER CARGO
PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.
4. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y
LEGALES. […]”. (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA, pese a haber sido notificada en
debida forma, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN), solicitó denegar el amparo solicitado, puesto
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que no existe vulneración a los derechos fundamentales invocados;
además, ha participado en debida forma en los diferentes procesos
promovidos por el actor.
I.6.2.- La SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO indicó que el actor presentó una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que fue identificada con el
número único de radicación 2012-00373-00, y fue resuelta de
manera desfavorable, contra la cual ha instaurado innumerables
acciones de tutela que han sido despachadas improcedentes.
I.6.3.- La SECCIÓN CUARTA indicó que lo que pretende el actor es
reabrir un debate que ya fue zanjado, por lo que solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo.
I.6.4.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la
presente solicitud de amparo por dirigirse contra una providencia
proferida en una acción de la misma naturaleza.
I.6.5.- La SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
QUINTA, a pesar de ser notificada en debida forma, guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
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riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
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Caso concreto
En el presente asunto, la actora instauró acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al desempeño de
funciones y a cargos públicos y al acceso a la administración de
justicia, el cual estima vulnerado por la SECCIÓN SEGUNDA, al
haber proferido la providencia de 18 de junio de 2025 dentro de la
acción constitucional de la misma naturaleza identificada con el
número único de radicación 2025-02472-01, decisión que fue
confirmada por la SECCIÓN CUARTA a través de sentencia de 25
de septiembre de este año.
A juicio del actor, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en
diferentes sentencias de unificación de la Corte Constitucional, que
han señalado que los ciudadanos están facultados para promover
indistintas solicitudes de amparo en salvaguarda de sus derechos
fundamentales.
Consideró que en su análisis también pasó por alto que los
magistrados de la SECCIÓN TERCERA que conocieron de la acción
de tutela identificada con el número único de radicación 2024-07030-
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01, debieron declararse impedidos para conocer del asunto en
atención a lo previsto en el numeral cuarto del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.
Precisado lo anterior, la Sala examinará i) el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación y, de
superarse tal derrotero, ii) si la autoridad judicial accionada vulneró
los invocados por la actora.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de procedibilidad
adjetiva consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de
tutela”.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción de la
misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios
jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU-627 de
2015, en los siguientes términos:
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“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando
se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir
si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra
una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de
tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su
Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas
acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar,
notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y
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se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en
dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de
obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional […]” (Destacado fuera del texto original).
De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia
transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la
jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que
cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o
tribunales de la república, la acción de tutela puede proceder,
siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
conforme lo antes expuesto.
En ese sentido, se observa que el actor tenía el deber de acreditar
que la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada fue
producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo
cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso que
ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios
procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad
[…]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro del presente
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proceso.
En efecto, en el presente caso, el actor se limitó a controvertir el
actuar presuntamente imparcial de la SECCIÓN SEGUNDA al no
evidenciar y/o declarar la irregularidad procesal en que incurrió la
SECCIÓN TERCERA al no declararse impedidos dentro de la acción
constitucional identificada con el número único de radicación 2024-
07030-01, y pasar por alto lo establecido por la Corte Constitucional,
que ha indicado que se puede hacer uso de indeterminadas acciones
de tutela en salvaguarda de los derechos fundamentales.
En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20194, sostuvo:
“[…] La jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la revocatoria
de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una
exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez
de tutela incumplió un deber básico de conducta que se
opone a los requerimientos medulares que se anudan a la
tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación
dolosa o extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
4
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que esta
conclusión se desprende del análisis conjunto de las diferentes
providencias que, de una u otra forma se han ocupado de la
materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo de
eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios de que
se ha configurado una situación fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base
en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la
situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán de
recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o
inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese
presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad
jurídica y cosa juzgada constitucional […]” (Destacado fuera
del texto original).
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple con
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, ni las exigencias excepcionales previstas
para el efecto, cuando se incoan contra sentencias de la misma
naturaleza.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción
constitucional de la referencia, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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