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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07847-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07847-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción constitucional. SEGUNDO: EXHORTAR al accionante para que, en lo sucesivo, se abstenga de interponer nuevas acciones de tutela orientadas a reabrir el debate suscitado con ocasión de la sentencia del 28 de marzo del 2019, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que le negó las pretensiones propuestas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07847-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07847-01
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra tutela – confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de febrero de
2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 12 de diciembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional
y, mediante la providencia del 20 de marzo de 2026 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al ejercicio de cargos públicos, a la «tutela judicial efectiva
y al juez imparcial».

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión del fallo de

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

como autoridad accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. A su vez,
vinculó como terceros con interés a la Sección Primera del Consejo de Estado, a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-01

tutela del 4 de noviembre de 2025 dictado por la autoridad judicial accionada, que
confirmó la sentencia del 28 de agosto del mismo año, mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2025-03256-00/01.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B
DEL CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA
EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE
FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL
DECRETO 2591 DE 1991.

SEGUNDO: QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN
B DEL CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA
EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE
FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL
DECRETO 2591 DE 1991.

TERCERO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA
UNA SENTENCIA JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS
ARGUMENTOS JURÍDICOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE
TUTELA, SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS
COMO VULNERADOS POR LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B DEL
CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2025-03256-01
DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025: I) DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Y AL JUEZ IMPARCIAL. II) DERECHO A LA IGUALDAD. III) DERECHO A
EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO
AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.

CUARTO: QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD
PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES3.

1.2. Hechos

4. Mediante las resoluciones No. 8300060-2009-001 del 30 de abril y 06027
del 24 de mayo del 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) declaró disciplinariamente responsable al señor Francisco Javier García
Londoño y, en consecuencia, fue sancionado con la destitución e inhabilidad para
desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.

5. Por lo anterior, el señor García Londoño interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los
mencionados actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se ordenara su reintegro a un cargo igual o superior al que
desempeñaba al momento de su retiro.

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-01

6. Al proceso le fue asignado el radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00
y, mediante sentencia del 28 de marzo del 2019, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones.

7. Contra la anterior decisión, el accionante promovió una acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de libre escogencia de
profesión u oficio, a la dignidad humana y al desempeño de cargos y funciones
públicas.

8. A la acción constitucional se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2024-
06920-00/01 y le fue repartida a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que,
en sentencia del 27 de febrero del 2025, declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo por encontrar configurada la temeridad, en la medida en que la tutela
compartía identidad de partes, objeto y causa con otras acciones de tutela que
interpuso previamente4. El accionante impugnó la decisión.

9. En providencia del 19 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, debido
a que encontró acreditada la temeridad. A su vez, le ordenó al accionante
abstenerse de presentar más acciones de tutela por los mismos hechos.

10. Luego, interpuso una nueva acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a ejercer cargos públicos en
carrera administrativa, de acceso a la administración de justicia y a la «tutela
judicial efectiva». Esto, con fundamento en que los magistrados que suscribieron
la sentencia de tutela de segunda instancia omitieron manifestar su impedimento,
debido a que conocieron previamente de otras acciones de tutela que él había
promovido5.

11. A la acción constitucional se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2025-
03256-00/01 y le fue repartida a la Sección Primera del Consejo de Estado que,
en sentencia del 28 de agosto de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo por cuestionar una decisión de la misma naturaleza sin a haber
acreditado un evento de fraude. La anterior decisión fue impugnada por el señor
García Londoño.

12. En sentencia del 4 de noviembre del 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia,
puesto que el accionante no acreditó que el fallo cuestionado hubiese sido
proferido con ocasión de un negocio fraudulento, o que fuera el resultado de una
interpretación abiertamente contraria a los postulados constitucionales o de

4 Identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2019-03444-00, 11001-03-15-000-2024-

05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00 y 11001-03-15-000-2024-07030-00.
5 Identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-000-2024-

07030-01.

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buena fe.

13. Además, indicó que el hecho de que la Subsección A de la Sección
Tercera hubiese conocido de tutelas anteriores fue lo que le permitió constatar la
reiteración injustificada de la acción constitucional y, en consecuencia, advertir
que se configuraban los elementos de la temeridad.

1.3. Sustento de la vulneración

14. El accionante señaló que la sentencia del 4 de noviembre del 2025, dictada
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al «juez imparcial», debido a que
dicha Sala de decisión había conocido de acciones de tutela previas que había
interpuesto. En ese orden, consideró que los magistrados tenían el deber de
manifestarse impedidos, por haberse configurado la causal 4 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal6.

15. Indicó que, si bien ha interpuesto otras acciones de tutela, en su caso no
se configura la cosa juzgada ni la temeridad. Esto, toda vez que la presente
acción de tutela está dirigida contra autoridades judiciales diferentes y las
pretensiones varían, ya que en esta oportunidad busca controvertir el fallo de
tutela expedido en el proceso con radicado 2025-03256-00/01.

16. A su vez, indicó que, de conformidad con la sentencia SU-627 de 2015
dictada por la Corte Constitucional, se incurrió en una situación de fraude, pues
la interpretación hecha por el juez fue abiertamente contraria a la buena fe
judicial. Además, reiteró que la omisión de la manifestación de impedimento,
pese a la existencia de una causal objetiva, genero un vicio en la decisión de
tutela y afectó su «legitimidad constitucional».

1.4. Intervenciones

17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se
opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que, pese a que no fue la
autoridad judicial que profirió la decisión que se cuestiona, el debate se
circunscribe a la sentencia que profirió el 28 de marzo de 2019, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2012-00372-01, en el que
negó las pretensiones de la demanda promovidas por el accionante contra la
DIAN, providencia que ha sido cuestionada en múltiples acciones de tutela.

18. Por lo anterior, consideró que la solicitud de amparo reitera debates ya
resueltos con anterioridad, sin que en ningún caso se hubiese acreditado la

6 «ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…) 4. Que

el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido
contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto
materia del proceso».

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vulneración de los derechos fundamentales del demandante.

19. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, toda vez que, de conformidad con la sentencia SU-
067 de 2015 dictada por la Corte Constitucional, las acciones de tutela contra
sentencias de la misma naturaleza solo proceden cuando se acredita una
situación de fraude. En ese sentido, señaló que, en el caso objeto de estudio,
dicho supuesto no se configuró, en la medida en que los argumentos del
demandante se limitan a manifestar una mera inconformidad con lo decidido por
la autoridad judicial accionada.

20. Por su parte, la DIAN sostuvo que el accionante no acreditó la vulneración
de sus derechos fundamentales, pues pretende reabrir un debate ya definido por
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. A su vez, señaló que el señor
García Londoño ha promovido múltiples acciones de tutela con identidad de
partes, objeto y causa, las cuales han sido rechazadas por haberse configurado
la cosa juzgada constitucional y la temeridad, sin que hubiera acreditado un
hecho nuevo o una situación de fraude.

1.5. Sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia del 26 de febrero de 2026, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela. Señaló que el accionante cuestiona una sentencia de tutela, sin que
hubiese probado una situación de fraude.

22. Consideró que los reproches relacionados con la omisión en la
manifestación de impedimento y la consecuente imparcialidad de los magistrados
que conforman la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación no
evidencian la existencia de alguna irregularidad con relevancia constitucional.

23. Refirió que el conocimiento previo de las acciones constitucionales
promovidas por el accionante fue el presupuesto que le permitió identificar una
reiteración injustificada de solicitudes de amparo y, en consecuencia, declarar la
configuración de la temeridad.

1.6. Impugnación

24. La parte accionante consideró que el a quo no se refirió a todos los
hechos y las pretensiones de la demanda, pues sí acreditó una situación de
fraude y reiteró que la autoridad judicial accionada debía manifestar su
impedimento para conocer del asunto.

25. En ese sentido, recalcó que la sentencia C-762 del 2009, dictada por la
Corte Constitucional, dispuso que «la imparcialidad objetiva exige que los
asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de tal manera que no tengan un
interés directo ni indirecto en asunto sometido a su consideración».

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II. CONSIDERACIONES

26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 26 de
febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. En ese sentido,
se demostrará que en el presente asunto no se superan los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

27. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

30. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

31. La Sala advierte que el señor Francisco Javier García Londoño está
legitimado en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que fungió como
tutelante al interior del expediente identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2025-03256-00/01.

32. Por su parte, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión controvertida.

33. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.

34. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia11

35. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.
Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el
proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros
y atentan contra el bien social de la administración de justicia»12. Sin embargo, la
carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de
«aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es
decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente ” que las decisiones
cuestionadas son fraudulentas»13.

36. En el sub judice, como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la

11 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
13 Id.

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providencia del 4 de noviembre del 2025, mediante la cual la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión proferida por la
Sección Primera de esta corporación que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo, por cuestionar una decisión de la misma naturaleza.

37. A juicio del actor, la Sala de decisión no podía conocer del asunto porque
había resuelto acciones de tutelas que previamente instauró, circunstancia que,
en su criterio, obligaba a los magistrados a declararse impedidos por haberse
configurado la causal 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

38. Asimismo, afirmó que en este caso no se configura ni la cosa juzgada
constitucional ni la temeridad, dado que esta acción se dirige contra autoridades
judiciales distintas y persigue pretensiones diferentes, concretamente,
controvertir el fallo de segunda instancia de tutela proferido dentro del radicado
2025-03256-00/01.

39. Añadió que, de acuerdo con la sentencia SU-627 de 2015, se presentó
una situación de fraude por haberse realizado una interpretación abiertamente
contraria a la buena fe, y que la omisión de manifestar el impedimento, «pese a
existir una causal objetiva», viciaba la decisión de tutela y comprometía su
legitimidad constitucional.

40. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la
excepción a la procedencia de la tutela contra una decisión de la misma
naturaleza. Esto, porque la parte actora no acreditó la existencia de una situación
de fraude, pues si bien la argumentación del escrito de tutela se funda en dicha
circunstancia, lo cierto es que su lectura únicamente refleja un simple desacuerdo
con la decisión adoptada por el juez constitucional, relacionada con que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado debía manifestar su
impedimento para conocer de la acción de tutela.

41. En efecto, el actor no elevó ningún planteamiento que, directa o
indirectamente, esté encaminado a comprobar una actuación fraudulenta por
parte del operador judicial accionado, que torne procedente la acción sub
examine. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 26 de
febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

42. Por último, se le advierte al señor Francisco Javier García Londoño que,
en lo sucesivo, se abstenga de interponer nuevas acciones de tutela orientadas
a reabrir el debate suscitado con ocasión de la sentencia del 28 de marzo del
2019, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que le negó las pretensiones propuestas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado 11001-03-25-000-2012-
00372-00.

43. Lo anterior, puesto que esta Sección ha identificado que las múltiples
acciones de tutela que ha interpuesto, si bien no conservan una identidad de

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partes, hechos y pretensiones que permita declarar la cosa juzgada y la
temeridad, sí evidencian que, en el fondo, todas han buscado cuestionar, de
manera reiterada, la misma decisión judicial.

44. En ese sentido, las acciones múltiples de tutela que han sido promovidas
por el accionante, mediante la variación artificiosa del objeto de las solicitudes
para eludir una eventual declaratoria de temeridad, comportan un ejercicio
abusivo del derecho de acción y desconoce la finalidad subsidiaria y excepcional
de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción constitucional.

SEGUNDO: EXHORTAR al accionante para que, en lo sucesivo, se abstenga de
interponer nuevas acciones de tutela orientadas a reabrir el debate suscitado con
ocasión de la sentencia del 28 de marzo del 2019, dictada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que le negó las pretensiones
propuestas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-01

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
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