Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03256-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03256-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03256-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03256-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, POR
CUANTO NO SE ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
EXCEPCIONALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS DENTRO DE UNA ACCIÓN DE LA
MISMA NATURALEZA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
EJERCER CARGOS PÚBLICOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1.
1
En adelante la Sección Tercera.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03256-00
Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a ejercer cargos públicos en carrera
administrativa, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al proferir
la sentencia de 19 de mayo de 2025, dentro de la acción constitucional de la
misma naturaleza identificada con el número único de radicación 11001-03-
15-000-2024-06920-01.
I.2. Hechos
Pese a que no se plantearon de manera expresa los hechos de la demanda,
del expediente la Sala pudo inferir como hechos relevantes los siguientes:
Que el actor en el año 2024 interpuso acción de tutela contra la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN A- DEL CONSEJO DE ESTADO2, con el fin de
2
En adelante Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03256-00
Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana,
libre escogencia de profesión u oficio y al desempeño de cargos y funciones
públicas, los cuales consideró vulnerados por la sentencia de 28 de marzo de
2019, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número único de radicación 11001-03-25-000-2012-00372-00.
Que la acción constitucional fue identificada con el número único de radicación
11001-03-15-000-2024-06920-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia a la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO3 que,
mediante sentencia de 27 de febrero de 2025, declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo, tras advertir que el accionante incurrió en temeridad.
Que inconforme con lo anterior, el actor presentó escrito de impugnación el
cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA, que, a través de providencia de
19 de mayo de 2025, confirmó la decisión del a quo, puesto que se acreditó la
presentación reiterada e injustificada de acciones de tutela sustentadas en los
mismos hechos.
Que el actor radicó el presente mecanismo constitucional con el fin de solicitar
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez
natural, a la igualdad, a ejercer cargos públicos en carrera administrativa, al
3
En adelante Sección Cuarta.
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acceso a la administración de justicia y a la tutela efectiva, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al proferir la sentencia de 19 de mayo
de 2025, dentro de la acción constitucional de la misma naturaleza identificada
con el número único de radicación 11001-03-15-000-2024-06920-01.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, en el trámite constitucional mencionado se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, en tanto los magistrados que
suscribieron la sentencia de segunda instancia omitieron manifestar su
impedimento para conocer del asunto, pese a encontrarse incursos en las
causales previstas en los numerales 4. y 6. del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, aplicables por remisión expresa del artículo 39 del
Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914.
Explicó que la acción de tutela censurada se interpuso contra la sentencia del
28 de marzo de 2019, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de
radicación 11001-03-25-000-2012-00372-00. Esta misma providencia fue
objeto de cuestionamiento en las acciones de tutela con números de
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“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política. […]”.
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radicación 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-000-2024-07030-
01, las cuales fueron conocidas por la SECCIÓN TERCERA, motivo por el cual
consideró que la autoridad judicial accionada manifestó su opinión sobre el
asunto materia del proceso.
Añadió que en un caso similar5 en el que también es parte, los magistrados
integrantes de la SECCIÓN TERCERA sí manifestaron su impedimento,
circunstancia que demuestra el presunto fraude.
Argumentó que se cumplen los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas en procesos
de la misma naturaleza en situaciones de fraude, contenidos en las sentencias
C-496 de 2016, SU-627 de 2015, T-073 de 2019, T-322 de 2019 y T-023 de
2023 dictadas por la Corte Constitucional6, puesto que, en su criterio, la
autoridad judicial demandada adoptó una decisión “[…] derivada de una
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados
constitucionales y a la buena fe judicial […]”.
Sostuvo que la presente acción de tutela no comparte identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada, que no dispone de otro medio de defensa
5
Hizo referencia a la acción de tutela con número único de radicación 11001-03-15-000-2025-02470-
00.
6
Asimismo, citó la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado dentro de la acción de tutela con radicación número 11001-03-15-000-2024-06817-00, C.P. Dr.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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judicial y que se encuentra acreditada la existencia de un fraude, por cuanto
los magistrados de la SECCIÓN TERCERA conocieron de las acciones de
tutela con números de radicación 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-
03-15-000-2024-07030-01.
Señaló que se incurrió en un defecto sustantivo por desconocer el deber de
manifestar impedimento en los casos en los que concurran las causales
contenidas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, consideró que se configuró un defecto orgánico, porque los
magistrados que expidieron la sentencia objeto de tutela carecían de
competencia.
Añadió que se perfeccionó un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al dar prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, y la
violación directa de la Constitución Política, por desconocer el principio de
imparcialidad.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como
vulnerados y, en consecuencia:
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“[…] 1. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Tercera
Subsección A del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15-000-
2024-06920-01 de fecha 19 de mayo de 2025.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se profiera una nueva
Sentencia Judicial, en la cual teniendo en cuenta los argumentos jurídicos
planteados en el escrito de acción de tutela dentro del radicado 2024-
06920-00, en el escrito de impugnación, y el presente escrito de acción
de tutela, se amparen mis derechos fundamentales invocados como
vulnerados por la Sección Primera (sic) del Consejo de Estado con
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06920-01 de fecha 19 de mayo de
2025: i) DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL. ii)
DERECHO A LA IGUALDAD. iii) DERECHO A EJERCER CARGO
PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.
3. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO
DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y
LEGALES. […]” (Mayúsculas y negrilla pertenecen al texto).
I.5. Defensa
I.5.1 La SECCIÓN TERCERA pese a ser notificada en debida forma, guardó
silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1. La SECCIÓN CUARTA solicitó su desvinculación de la acción de tutela
de la referencia, comoquiera que no se le endilga responsabilidad alguna en
la vulneración alegada, razón por la cual carece de legitimación en la causa
por pasiva.
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Aseveró que corresponde al accionante demostrar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y acreditar que no existe identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada, la configuración de un fraude y la inexistencia de otro
medio ordinario o extraordinario de defensa judicial.
La SECCIÓN SEGUNDA señaló que “[…] la providencia enjuiciada fue
proferida en el marco de una acción de tutela, respecto de la cual no logra
advertirse la configuración de los presupuestos previstos en la Sentencia SU-
627 de 2015 de la Corte Constitucional […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los
extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en
discusión como el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la SECCIÓN CUARTA formuló petición de desvinculación
de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo,
no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
7
M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.
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La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir
la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos
de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla,
la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en
ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que
provoque la violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."8. (Negrilla fuera
de Texto)
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se
deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia,
concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción
de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar
la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta
la que inflige el daño. […]" (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la SECCIÓN CUARTA conoció en primera instancia la acción
de tutela identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2024-06920-00, objeto del presente estudio, como tercero le asiste interés
directo en las resultas del proceso de la referencia, razón por la cual la Sala
8
“[…] Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la (sic) sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos
Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett. […]”.
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denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
De la acción de tutela contra providencias proferidas dentro de una
acción de la misma naturaleza
La Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó su jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
En la mencionada providencia se consideró que debía acometerse el estudio
de fondo de la acción de tutela cuando se estuviera en presencia de
providencias judiciales, -sin importar la instancia y el órgano que las profiera-,
que resultaran violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el
futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Para ello, se adoptaron como parámetros jurisprudenciales a seguir los
señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.
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o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en el fallo de unificación
de 5 de agosto de 2014, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo10.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional unificó los criterios jurisprudenciales sobre este
aspecto, en la sentencia SU- 627 de 2015, en los siguientes términos:
“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de
los jueces de tutelas anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se
dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01.
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una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste
en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no
ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia,
la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional. […]” (Destacado
fuera del texto original).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin
efecto la providencia de 19 de mayo de 2025, proferida por la SECCIÓN
TERCERA, dentro de la acción constitucional de la misma naturaleza
identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-2024-06920-
01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la igualdad, a ejercer
cargos públicos en carrera administrativa, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, porque, en su criterio, se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, en razón a que los magistrados que
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la suscribieron omitieron manifestar su impedimento para conocer del asunto,
pese a encontrarse incursos en las causales previstas en los numerales 4. y
6. del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicables por remisión
expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
Al respecto, aseguró que el fraude se encuentra probado, toda vez que los
magistrados de la SECCIÓN TERCERA conocieron de las acciones de tutela
con números de radicación 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-
000-2024-07030-01, en las que se controvirtió la misma providencia
cuestionada en la acción de tutela objeto del presente mecanismo de amparo
constitucional, esto es, la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por la
SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001-03-25-
000-2012-00372-00.
Añadió que los magistrados de la SECCIÓN TERCERA sí manifestaron su
impedimento para conocer de la acción de tutela con número único de
radicación 11001-03-15-000-2025-02470-00, la cual es similar al caso
analizado.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03256-00
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En ese sentido, consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos sustantivo, orgánico, procedimental y violación directa de la
Constitución.
Por lo anterior, la Sala debe determinar i) si en el presente asunto se cumplen
los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida dentro de una acción de la misma naturaleza y,
en caso de ser afirmativa la respuesta, establecer si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos alegados por el actor.
De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia transcrita en
precedencia, la regla general es la de la improcedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela; sin embargo, la jurisprudencia ha establecido
como excepción a dicha regla que cuando la sentencia sea proferida por
cualquiera de los jueces o tribunales de la República, la acción de tutela puede
proceder, siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, conforme
lo antes expuesto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que el conocimiento que tuvo
la SECCIÓN TERCERA de las acciones de tutela con números de radicación
11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-000-2024-07030, y la
manifestación de impedimento presentada en el marco de la acción de tutela
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03256-00
Actor: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
con número único de radicación 11001-03-15-000-2025-02470-00, no
evidencian la configuración de una actuación fraudulenta.
En ese sentido, se observa que el actor tenía el deber de acreditar que la
decisión adoptada por la SECCIÓN TERCERA fue producto de una situación
de fraude y, en consecuencia, que hubo cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…]
se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los
requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a
través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad […]”, circunstancia que no se acreditó dentro del proceso de la
referencia.
En efecto, en el presente caso el actor se limitó a manifestar las razones por
las cuales estimaba que los magistrados que suscribieron la sentencia de 19
de mayo de 2025, se encontraban incursos en las causales de impedimento
previstas en los numerales 4. y 6. del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, argumentos que no resultan suficientes para demostrar que el juez de
tutela incurrió en una actuación dolosa o extremadamente negligente, que
habilite al examen de fondo de la citada providencia.
En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una situación
fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra sentencias proferidas
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dentro de una acción de la misma naturaleza, la Corte Constitucional, en
sentencia T 322 de 201911, sostuvo:
“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una línea de
interpretación, según la cual, quien pretenda la revocatoria de una
sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional
debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió
un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar justicia,
manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente negligente y
(ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que
resulta evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que esta
conclusión se desprende del análisis conjunto de las diferentes
providencias que, de una u otra forma se han ocupado de la materia. En
adición a ello, es posible identificar un grupo de eventos que, en principio,
pueden ser considerados indicios de que se ha configurado una situación
fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en
fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la situación de
fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente
violación de un derecho fundamental y que la afectación sea
significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio
público). En este sentido, no serán de recibo razones o
interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene
fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]”. (Destacado fuera del texto original).
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple con los
requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, ni las exigencias excepcionales previstas para el efecto,
cuando se incoan contra sentencias de la misma naturaleza, razón por la cual
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Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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se declarará improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva presentada por la SECCIÓN CUARTA, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
contra la SECCIÓN TERCERA, por carecer de los requisitos excepcionales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de
una acción de la misma naturaleza, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en
firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
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revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
PRESIDENTA
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁNEDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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