RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03256-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03256-01

Fecha
4 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03256-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Francisco Javier García Londoño, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03256-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Tema: tutela contra providencias dictadas en trámite de tutela. Subtema 1: no se
configura la cosa juzgada fraudulenta.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 28 de
agosto de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1. El señor Francisco Javier García Londoño presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a ejercer cargos públicos y a la administración de justicia, que estimó
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión
de la sentencia del 19 de mayo de 2025, que confirmó la decisión de declarar
improcedente la solicitud de amparo en el proceso de radicado núm. 11001-03-15-
000-2024-06920-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

2. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

3. El señor Francisco Javier García Londoño presentó acción de tutela con el
objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la libre escogencia de profesión u oficio y al desempeño de cargos y funciones

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

públicas, que estimó vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm.
11001-03-25-000-2012-00372-00.

4. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que, mediante sentencia del 27 de febrero de 2025, la declaró
improcedente, al advertir que el accionante incurrió en temeridad, en tanto él ya
había instaurado demandas de tutela con los mismos supuestos fácticos

5. El actor impugnó la anterior decisión, con sustento en que los fallos C-168 de
1995 y C-147 de 1998 proferidos por la Corte Constitucional constituían hechos
nuevos que no fueron tenidos en cuenta en las anteriores acciones de tutela y, por
lo tanto, justificaban la presentación de la nueva demanda.

6. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de primera instancia. La
autoridad judicial advirtió que el señor García Londoño ya había acudido más de
seis veces al juez de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales,
con ocasión de la sentencia del 28 de marzo de 2019. Sostuvo que, aunque el
demandante alegó la ocurrencia de hechos nuevos, lo cierto era que no revestían
ese carácter y, en realidad, tenían por objeto crear una situación aparentemente
diferenciadora para lograr un pronunciamiento judicial favorable a sus intereses.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Tercera Subsección A del
Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15- 000-2024-06920-01 de fecha 19 de
mayo de 2025.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se profiera una nueva Sentencia Judicial, en
la cual teniendo en cuenta los argumentos jurídicos planteados en el escrito de acción
de tutela dentro del radicado 2024-06920-00, en el escrito de impugnación, y el
presente escrito de acción de tutela, se amparen mis derechos fundamentales
invocados como vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado con
Radicación: 11001-03-15-000-2024- 06920-01 de fecha 19 de mayo de 2025: i)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL. ii) DERECHO A LA
IGUALDAD. iii) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA
ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
3. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS
LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES.2.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03585-00, índice 2, certificado núm. 6DC832774794AA6C 700E46B783418E9E
A34729776E2BD51D 13A6420F7DBD4C56.
2
Se transcribe con errores.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

8. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que la
sentencia del 19 de mayo de 2025 se emitió con fraude, por cuanto los integrantes
de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado debieron
declararse impedidos para conocer de la acción de tutela, de conformidad con los
numerales 2 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por
remisión expresa del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo anterior, por
cuanto los mismos magistrados habían decidido con anterioridad dos acciones de
tutela3 que él promovió contra la sentencia el 28 de marzo de 2019, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

9. Añadió que, de hecho, en otro proceso en el que también era parte, la
Subsección A sí manifestó impedimento, lo cual, en su concepto, evidenciaría que
se configura el fraude alegado.

10. A partir de lo anterior, afirmó que la providencia acusada incurrió en defecto
sustantivo por la falta de manifestación del impedimento; en defecto orgánico, por
ausencia de competencia; y en defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto,
al prevalecer el derecho formal sobre el sustancial.

11. En consecuencia, expuso que la presente acción cumple los requisitos
generales y específicos de procedencia de tutela contra providencias dictadas en
procesos de la misma naturaleza cuando se invoca fraude. Resaltó que en la
decisión cuestionada se efectuó una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe

2.3. Intervenciones

12. La Sección Cuarta del Consejo de Estado4 pidió su desvinculación del trámite
constitucional, en razón a que los cuestionamientos del actor no se dirigían en su
contra, por lo cual no tenía la aptitud legal para atender la presunta vulneración de
los derechos fundamentales que reclama. Por otro lado, recordó que, por regla
general, la acción de tutela contra decisiones dictadas en una acción de tutela es
improcedente, por lo cual el actor debía demostrar que cumple con los requisitos de
procedibilidad fijados en la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional.

13. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A5, rindió informe en el
que expuso que en la acción de tutela que dio lugar a la providencia que ahora
reprocha el accionante, se cuestionó la sentencia del 28 de marzo de 2019 y, en
ese orden, debía advertirse que contra la misma ya habían cursado otros procesos
de la misma naturaleza promovidos por el señor García Londoño. Además, resaltó
que debía tenerse en cuenta que la decisión enjuiciada se profirió en el marco de
una acción de tutela, respecto de la cual no lograba advertirse la configuración de
los presupuestos previstos en la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte

3
Identificadas con los radicados núm . 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-000-2024-07030- 01.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03256-00, índice 9, certificado núm. B7F02872987AB69D
20EC69CC5BD8C123 9B15349134219F0E 98B2B8F2AFE17096.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03256-00, índice 22, certificado núm. B7F02872987AB69D
20EC69CC5BD8C123 9B15349134219F0E 98B2B8F2AFE17096.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Constitucional.

2.4. Sentencia de primera instancia

14. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 28 de agosto
de 20256, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos
excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias proferidas
en una acción de la misma naturaleza.

15. De manera preliminar, el juez de primera instancia expuso que la acción de
tutela contra sentencias de tutela, por regla general, es improcedente. Explicó que,
sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido como excepción a dicha
regla, que se acredite que existió fraude y, por tanto, que se está ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta.

16. En el caso concreto, advirtió que la Sección Tercera tuvo conocimiento de las
acciones de tutela identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2024-05185-00
y 11001-03-15-000-2024-07030, y de la manifestación de impedimento presentada
en el marco de la acción constitucional núm. 11001-03-15-000-2025-02470-00, pero
que esas circunstancias no evidenciaban la configuración de una actuación
fraudulenta.

17. A juicio del a quo, el actor se limitó a manifestar las razones por la cuales
estimaba que los magistrados que suscribieron la sentencia del 19 de mayo de 2025
se encontraban incursos en las causales de impedimento previstas en los
numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, argumentos que
no resultaban suficientes para demostrar que el juez de tutela incurrió en una
actuación dolosa o extremadamente negligente, que habilitara el examen de fondo
de la citada providencia.

2.5. Impugnación

18. El actor presentó impugnación7 contra la sentencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado, al considerar que esta desconoció que la tutela cumplía los
requisitos generales de procedencia, dado que la providencia cuestionada fue
producto de una situación de fraude, pues, a su juicio, los magistrados que la
suscribieron debieron declararse impedidos para conocer del asunto.

19. Sostuvo que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta que la Corte
Constitucional, en las sentencias T-073 de 2019, T-322 de 2019 y T-023 de 2023,
indicó que el fraude puede ser cometido por el juez que conoce del asunto cuando
adopta una decisión derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial. De manera que,

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03585-00, índice 9, certificado núm. E81046F4B9E76BD7
BA0220EA984C1B5B 0FD7DC74AAFF7F65 3A035E05F4E2CABE.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01843-00, índice 21, certificado C60CF87119852D17 528812982E159B33
2A296D0C2FDFC061 4C67B2E8B9954AC9.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

para el presente asunto, la falta de imparcialidad de los magistrados derivaba
directamente en una vulneración de los derechos fundamentales invocados.

20. Además, afirmó que, como la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado no rindió informe en el trámite constitucional, debían tenerse por ciertos
los hechos expuestos en la acción de tutela, conforme al artículo 20 del Decreto
2591 de 1991.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 28 de agosto
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

3.2. Legitimación en la causa

22.La legitimación en la causa por activa del señor Francisco Javier García
Londoño está acreditada porque fue el accionante en el proceso de tutela núm.
11001-03-15-000-2024-06920-01.

23.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado pues fue la autoridad
que dictó la sentencia del 19 de mayo de 2025, que cuestiona el actor.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de tutela

24. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional9
ha destacado que, la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional.

25.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

26. Ahora bien, cuando la tutela es interpuesta contra una sentencia emitida en un
trámite de tutela, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en el fallo SU-627
de 2015 y explicó que el mecanismo constitucional procede de manera excepcional,
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

i) Que el accionante exponga y demuestre con sus argumentos que la
providencia controvertida fue el resultado de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit).
ii) Que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial.
iii) Que el nuevo trámite de tutela no comparta identidad procesal con la tutela
que es objeto de discusión.

27. Respecto del principio fraus omnia corrumpit, la Corte indicó que la cosa
juzgada no es absoluta, toda vez que en ciertas ocasiones puede entrar «en tensión
con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez». Sobre el particular,
la sentencia T-218 de 2012 expuso lo siguiente:

En suma, la Constitución contempla la buena fe que conlleva, además de la
presunción atinente a que acompañará en sus actuaciones a los particulares frente
al Estado, el deber de comportarse conforme a sus postulados. Esto incluye la
colaboración de todas las personas para el buen funcionamiento de la administración
de justicia, así como los deberes de las partes en el proceso de lealtad y probidad.
Lo anterior se contrapone, como es obvio, al uso del proceso con fines ilegales,
dolosos y fraudulentos. En este sentido, existe un deber de las autoridades
judiciales, incluido el juez de tutela, de adoptar todas las medidas que el
ordenamiento jurídico le confiere para combatir que el fraude corrompa la correcta
administración de justicia.

La cosa juzgada fraudulenta se predica cuando el dolo se ha materializado en la
sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias
ilícitas, ni la aparición de estas es necesaria para que el fraude pueda combatirse.
En todo caso, el objeto de este último supone lograr que una situación dolosa,
a través de la majestad que sustenta una sentencia, sea exigible
coercitivamente. Por lo mismo, el fraude puede ser cometido, por una parte, por
ambas o por el juez que conoce el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad
de la actuación es aún mayor, por desconocer la autoridad judicial sus deberes como
poder constituido10. [negrilla del despacho]

10 Se transcribe incluso con errores de texto.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

28. La Corte también precisó que, si la solicitud de amparo se dirige contra
actuaciones distintas a la sentencia, debe diferenciarse entre las ocurridas antes y
después del fallo. Si tuvieron lugar con anterioridad y consisten en la omisión del
juez de informar, notificar o vincular a los terceros que podrían resultar afectados
por la demanda de tutela, y se cumplan los requisitos generales de procedibilidad,
«la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado
el asunto para su revisión».

29. En cambio, si las actuaciones cuestionadas son posteriores al fallo de tutela y
tienen como finalidad obtener el cumplimiento de las órdenes que impartió, la tutela
no procede. Sin embargo, de manera excepcional será admisible cuando se busque
la protección de un derecho fundamental que se alegue vulnerado durante el trámite
de un incidente de desacato, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.4. Problema jurídico

30. ¿Debe la Sala confirmar, modificar o revocar la providencia del 28 de agosto de
2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir los requisitos excepcionales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias proferidas en un trámite de
la misma naturaleza?

3.5. Caso concreto

31. En el presente asunto, el señor Francisco Javier García Londoño considera que
la sentencia de tutela del 19 de mayo de 2025 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, constituye cosa juzgada fraudulenta, por cuanto los
magistrados que la suscribieron debieron declararse impedidos, en tanto ya habían
conocido dos acciones de tutela promovidas por el mismo actor en las que también
cuestionaba la sentencia del 28 de marzo de 2019 dictada en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-
03-25-000-2012-00372-00.

32. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de
primera instancia, consideró que los argumentos planteados por el actor no
demostraban la existencia de una cosa juzgada fraudulenta.

33. Pues bien, lo primero que corresponde precisar, es que en sentencia T-322 de
2019, la Corte Constitucional explicó que, como regla general, una acción de tutela
dirigida contra otra decisión de tutela solo resulta procedente cuando el fallo
cuestionado ya ha sido objeto del trámite de selección y eventual revisión ante esa
corporación. Ello obedece a la necesidad de respetar la competencia constitucional
atribuida a la Corte y de preservar la seguridad jurídica derivada de la cosa juzgada
constitucional.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

34. En el presente caso, conviene señalar que la acción se promovió el 28 de mayo
de 2025, mientras que el trámite de selección respecto del fallo cuestionado
concluyó con auto del 29 de julio de 2025, mediante el cual la Sala de Selección de
Tutela Número Siete de la Corte Constitucional decidió no escogerlo para revisión11.

35. En consecuencia, al momento de la presentación de la presente tutela, dicho
trámite aún no se había surtido, razón por la cual, en principio, sería aplicable la
regla general de improcedencia que, como ya se explicó, se configura cuando el
fallo cuestionado no ha pasado por el trámite de selección y eventual revisión de la
Corte Constitucional.

36. No obstante, la Corte determinó que esa regla no era absoluta. Así lo reiteró en
la sentencia T-023 de 2023, al señalar que, de manera excepcional, la tutela contra
tutela puede ser procedente incluso antes del trámite de selección, siempre que
existan elementos que permitan advertir, a primera vista, la posible configuración de
un fraude que vicie los fallos de instancia, aspecto que la Sala procede a verificar
en este caso.

37. Como se expuso en párrafos anteriores, tratándose de una tutela dirigida contra
una providencia dictada en otro proceso de la misma naturaleza, no basta con
satisfacer los requisitos generales de procedencia, pues el accionante debe
demostrar con argumentos sólidos, suficientes, claros y sustentados, que tal
providencia fue producto de una situación de fraude, conforme al estándar
particularmente exigente fijado por la Corte Constitucional para estos casos.

38. Así, en la sentencia T-023 de 2023, la Corte reiteró que el fraude en fallo de
tutela solo puede acreditarse mediante pruebas que generen un grado de certeza
alto, en los siguientes términos lo expresó:

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el estándar de prueba requerido para
demostrar una situación de fraude es particularmente exigente. El interesado en
revertir fallos de tutela tiene el deber de aportar medios de pruebas que demuestren
con un alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y
“coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas. El fraude puede
probarse por medio de prueba directa o prueba indiciaria. La prueba directa es aquella
en la cual “el hecho que se quiere probar surge directa y espontáneamente, sin
mediación alguna ni necesidad de raciocinio, del medio o fuente de prueba”. Así, es
prueba directa del fraude en los fallos de tutela la existencia de sentencia penal o
sanción disciplinaria ejecutoriada contra el funcionario judicial que profirió la decisión
objeto de controversia o en contra de las personas involucradas en el fraude.

39. En el presente asunto, al igual que el juez de primera instancia, la Sala
considera que el argumento del señor Francisco Javier García Londoño no satisface
el estándar constitucional para acreditar la existencia de fraude en la sentencia del
19 de mayo de 2025. Aunque el accionante considera que los magistrados de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado debieron declararse

11
Expediente T11268474.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

impedidos por haber conocido otras acciones de tutela en las que el actor también
cuestionaba la sentencia del 28 de marzo de 2019, lo cierto es que esa circunstancia
no constituye por sí misma una actuación con fines ilegales o dolosos, producto de
un negocio fraudulento o que fuere resultado de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales o de buena fe.

40. Por el contrario, el hecho de que la Subsección A hubiere conocido las tutelas
anteriores fue lo que le permitió advertir la reiteración injustificada de acciones y, en
consecuencia, declarar la temeridad. Es otras palabras, ese conocimiento previo no
generó un perjuicio ilícito ni constituyó una maniobra dolosa, antes bien, permitió
que aplicara las reglas que prohíben el uso abusivo del amparo.

41. El actor también refirió que, debido a que la autoridad judicial no rindió informe,
debían tenerse por ciertos los hechos expuestos en la demanda de tutela, con
fundamento en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece la
presunción de veracidad cuando «el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano,
salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa».

42. Sin embargo, la Sala precisa que esa presunción no es absoluta, pues como lo
ha indicado la Corte Constitucional12 «no puede constituirse en la patente de corso
para conceder todo lo solicitado por el demandante del amparo». De manera que
no resulta aplicable frente a afirmaciones que contradicen el expediente, carecen
de sustento objetivo o se basan en interpretaciones o apreciaciones de la parte
actora.

43. En el caso objeto de estudio, lo que el actor presenta como «hechos»,
corresponde realmente a juicios y argumentos, como afirmar que los magistrados
estaban impedidos o que la sentencia cuestionada fue producto de cosa juzgada
fraudulenta. Se trata, por lo tanto, de planteamientos que debían ser demostrados,
carga que, como se explicó previamente, no fue satisfecha.

3.5. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela.

IV. CONCLUSIONES

44. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela interpuesta por el señor
Francisco Javier García Londoño no cumple los requisitos de procedibilidad
excepcional de la tutela contra sentencias de tutela y, en consecuencia, la Sala
confirmará la sentencia de primera instancia que la declaró improcedente.

12 Sentencia T-392 de 1994

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03256-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2025, dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por Francisco Javier García Londoño, conforme a lo expuesto en
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.