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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03585-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03585-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: EXHORTAR al señor Óscar Quintero Mesa para que se abstenga de presentar escritos sin fundamento e injuriosos en contra de las autoridades judiciales en razón de las decisiones adoptadas en las diferentes acciones que ha promovido. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03585-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-00
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta- consejero Omar Joaquín
Barreto Suárez y otro.

Temas: Derechos debido proceso, libre desarrollo de la personalidad e igualdad.
Auto inadmite tutela y requiere al actor para que aclare la petición de
amparo. DECLARAR IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Oscar Fernando Quintero
Mesa, en nombre propio, en contra del Juzgado 4º Administrativo de Pereira y el
Consejo de Estado, Sección Quinta- consejero Omar Joaquín Barreto Suárez.

ANTECEDENTES

El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, los cuales estima
vulnerados con el auto del 6 de junio de 2025 proferido dentro de la acción de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2025-01392-00.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que interpuso tutela en contra del Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de
Pereira, donde cursó tutela con radicado 66001-33-33-004-2025-00015-00, la cual
fue inadmitida y posteriormente rechazada, considera el actor que esas decisiones
le transgreden sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa
técnica, así como a la «dignidad humana, a la igualdad, a la educación, al reintegro
a mi cargo, al pago de la pensión del grupo familiar citado, hermanos, hermanas,
sobrinos y esposos de los demandados al mínimo vital».

Que le correspondió al despacho del consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, quien mediante auto del 6 de junio de 2025
inadmitió la tutela para que el actor aclarará si actuaba en nombre propio o pretendía
representar a los señores «Luis Enrique hijo» y «Luz Stella Quintero Mesa», así
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-00

como la injerencia de estos en el asunto que buscaba demandar.

Que en criterio del actor el auto antes citado le transgrede sus derechos
fundamentales al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la
igualdad. Además, afirma que el consejero ponente «no justifica su salario, no
justifica sus funciones y no justifica su contrato» e incurre en exceso ritual manifiesto
y «en el delito de Prevaricato (sic) por omisión dilación y obstrucción».

El actor cita hechos aislados de las tutelas con radicados 76001-31-05-010-2020-
00337-00 y 66001-33-33-004-2025-00015-00, luego la sentencia T 915 de 2014
para hacer alusión a que «tenían que pensionar con el puntaje superior a 50% de
inmediato desde la edad de 17 años que fue la edad donde inicié a laboral y en las
empresas donde laboré que fue descubierta mi patología de Disritmia Cerebral o
Epilepsia Focal, desde los 5 años».

PRETENSIONES

Solicita que se dejen sin efectos «los fallos proferidos en primera instancia, por el
Juzgado cuarto administrativo de Pereira, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por OSCAR (sic) FERNANDO QUINTERO MESA en contra de Seguros
Alfa, Porvenir Administradora de pensiones y otros y, en consecuencia, CONCEDER
el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y a la
vida en condiciones dignas» y

«(…) fallos proferidos en primera instancia el veintiocho 25 DE (sic) julio
de 2016 por el Juzgado 17 laboral de Cali, con radicado: 76001-31-05-
017-2015-00127-00, que negó las pretensiones y, en segunda instancia,
el 31 de julio de 2017, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, que conoció GERMÁN VARELA COLLAZOS, CON
RADICADO, 76001-31-05-017-2015-00127-01, QUE EN APELACIÓN, en el
trámite (sic) de la acción de DEMANDA (sic) LABORAL ORDINARIA,
INTERPUESTA por el ciudadano OSCAR (sic) FERNANDO QUINTERO
MESA, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES) (…)».

Ordenar 1) al Juzgado 4º Administrativo de Pereira y al Consejo de Estado, Sección
Quinta- consejero Omar Joaquín Barreto Suárez que profieran una decisión de
reemplazo; 2) a Porvenir Administradora de Pensiones que, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la sentencia,
expida acto administrativo que reconozca y pague pensión de invalidez al actor,
desde la fecha en que se emitió el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y 3)
a Colpensiones que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contados a
partir de la notificación de la sentencia, reconozca y pague la pensión de invalidez
al ciudadano José Alfredo Herrera Caballero, desde la fecha en que se estructuró
su pérdida de capacidad laboral.

Adicionalmente, pide que se sancione al consejero Omar Joaquín Barreto Suárez
de la Sección Quinta del Consejo de Estado «por el daño antijurídico de su
prevaricato por omisión, dilación y obstrucción en el que incurrió».

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-00

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 16 de junio de 2025 se admitió frente al Juzgado 4º Administrativo de
Pereira y el Consejo de Estado, Sección Quinta- consejero Omar Joaquín Barreto
Suárez, no se admitió en relación con Porvenir, Colpensiones y el Juzgado 17
Laboral de Cali1 y se ordenó la notificación a las autoridades judiciales accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Pereira manifestó que el señor
Óscar Quintero Mesa radicó tutela el 27 de enero de 2025, que al revisar el escrito
se percató que no estaba claro quién interponía la acción, quiénes eran los
afectados, cuál era la violación que se alegaba y tampoco se allegó la totalidad de
las pruebas relacionadas como la historia clínica y la identificación entre otros.

Por lo anterior, el 28 de enero de 2025 requirió al actor para que subsanara la
solicitud de tutela; el actor allegó sentencia del 12 de febrero de 2015 con radicado
11001-03-15-000-2014-04413-00, proferida por el Consejo de Estado y sendos
correos de los que se interpretó que hacen alusión a situaciones médicas y fácticas,
de familiares y allegados; solicitando una pensión.

Alegó que el 29 de enero de 2025 el Juzgado mediante Auto de Sustanciación núm.
082 le concedió al actor dos días adicionales para aclarar el escrito; que como el
actor no allegó explicación o ampliación alguna de la tutela, mediante Auto Núm.
071 del 3 de febrero de 2025 del año en curso rechazó la tutela ante la imposibilidad
de establecer o determinar los hechos o razones que fundamentaban la solicitud de
amparo.

El consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la Sección Quinta del Consejo
de Estado solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por no reunir
las condiciones para la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales.

Además, solicitó que se prevenga al actor para que se abstenga de realizar
afirmaciones injuriosas en contra de las autoridades judiciales por no estar de
acuerdo con las decisiones que éstas adoptan.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

1 Del escrito de tutela no se logran establecer los hechos en que se fundamentan las pretensiones del actor en

relación con estas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-00

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-00

Análisis del caso concreto

En síntesis, alega el accionante que el Juzgado 4º Administrativo del Circuito
Judicial de Pereira y el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la Sección
Quinta del Consejo de Estado le transgreden sus derechos fundamentales al debido
proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, por el hecho de
inadmitir y rechazar las tutelas con radicados 66001-33-33-004-2025-00015-00 y
11001-03-15-000-2025-01392-00.

De los hechos de la tutela y los informes allegados por las autoridades judiciales
accionadas, se entiende que el actor promovió las siguientes acciones de tutela:

Radicado: 66001-33-33-004-2025-00015- Radicado: 11001-03-15-000-2025-01392-
00 00
Autoridad que conoció: Juzgado 4º Autoridad que conoció: consejero Omar
Administrativo del Circuito Judicial de Joaquín Barreto Suárez de la Sección
Pereira Quinta del Consejo de Estado
Objeto de la violación: «la parte Objeto de la violación: «consideró
accionante afirma que se está vulneradas tales garantías con ocasión de
transgrediendo el derecho a salud en presuntas irregularidades en el trámite de
conexidad con los derechos fundamentales dos solicitudes de amparo, a saber: i) La
a la vida e integridad personal, a la pensión identificada con el radicado 66001-33-33-
por enfermedades crónicas, degenerativas 004-2025-00015-00 y que cursó en el
y de alto costo, ruinosas, huérfanas que juzgado accionado, en la que inicialmente
requieren un tratamiento especial; pero en se dispuso su inadmisión y posterior
acápite de las pretensiones, solicita rechazo y, ii) la identificada con el radicado
suministre los pañales tipo tena Slip, de 66001-23-33-000-2025-00060-00 (con la
acuerdo a las necesidades imperantes del cual demandó al precitado despacho
paciente, y que obligue la respuesta de judicial), cuyo conocimiento correspondió al
fondo por parte de los funcionarios de Tribunal Administrativo de Risaralda, en la
presidencia, respecto de la legalización del cual dicha corporación dispuso remitir las
no cobro de cuotas moderadoras y diligencias a la Dirección Seccional de
copagos». Fiscalías de Risaralda».
Actuaciones: Actuaciones:

• El 28 de enero de 2025, el Juzgado - En auto del 6 de junio de 2025 la autoridad
requirió al actor para que aclarará 1) quién judicial accionada requirió al señor
interpone la acción de tutela: 2) allegue la Quintero para que aclarara la solicitud de
totalidad de las pruebas que relaciona amparo, en lo siguiente:
como historias clínicas e identificación y 3)
especifique con claridad en qué sentido 1) Indicar si actúa en nombre propio o en
pretende que se aplique la medida representación de los señores Luis Enrique
provisional solicitada, por los hechos y los y Luz Stella Quintero Mesa.
fundamentos de la petición son difusos.
2) Precisar el cuestionamiento que realiza
• El actor aportó copia de la sentencia del en contra de los expedientes de tutela
12 de febrero de 2015, radicado núm. identificados con los radicados 66001-33-
11001-03-15-000-2014-04413-00, 33-004-2025-00015-00 y 66001-23-33-
proferida por la Sección Quinta del Consejo 000-2025-00060-00.
de Estado y sendos correos exponiendo
situaciones médicas y fácticas, de 3) Especificar de manera clara y precisa por
familiares y allegados y solicitando una qué se le lesionan los derechos invocados.
pensión.
• En auto del 20 de junio de 2025 se
• El Juzgado en Auto núm. 082 del 29 de rechazó la tutela, dado que el actor no
enero de 2025 le concedió dos (2) días corrigió la solicitud de amparo.
adicionales para aclarar escrito de tutela,
en cuanto a la calidad en la que actuaba,
los hechos y las pretensiones.

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• El actor remite nueva información un
«pantallazo de oficio No. 2020_5450765 de
06 de julio de 2020, expedido por
Colpensiones; por el otro, reporte del
proceso judicial No.
76001310501720150012701».

• El Juzgado en Auto núm. 071 del 3 de
febrero de 2025 rechazó la acción de tutela,
por no poder establecer o determinar los
hechos o las razones que fundamentan la
petición.

El actor aduce que el Consejo de Estado, Sección Quinta con la providencia del 6
de junio de 2025 que inadmitió la tutela 11001-03-15-000-2025-01392-00 incurrió
en el defecto de exceso ritual manifiesto; sin embargo, no señaló por qué el hecho
de requerirlo para que aclarara el escrito de tutela lo concibe como un obstáculo,
máxime si se tiene en cuenta que el actor contaba con 3 días para subsanar la
solicitud y evitar su rechazo.

Ahora, si bien el actor allegó memoriales no se pronunció sobre los defectos
señalados por la autoridad judicial en auto citado, sino que trajo a colación hechos
y fundamentos nuevos que no guardaban coherencia con la discusión inicialmente
formulada; motivo por el cual, la Sección Quinta de la Corporación rechazó la tutela
en auto del 20 de junio de 20258.

El actor argumenta que la decisión de inadmisión le viola sus derechos
fundamentales al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la
igualdad, pero no señala de qué manera la inadmisión de la tutela le transgrede
dichas garantías, pues el escrito solo transcribe jurisprudencia y hechos ajenos a la
situación que se está discutiendo, un ejemplo de ello, es que hace referencia al
presunto derecho que le asiste a éste y al señor José Alfredo Herrera Caballero de
que se reconozca y pague una pensión de invalidez.

Significa que no se cumple en este caso con el requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, consistente en que la parte actora
identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal situación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible.

El accionante, tal como lo expresó el Doctor Omar Joaquín Barreto Suárez, acude
a la tutela con la única finalidad de manifestar su desacuerdo con las decisiones
judiciales; sin embargo, ni agotó los recursos al interior de los procesos de tutela
referidos, ni expresó por qué, las decisiones aquí atacadas vulneraban sus derechos
fundamentales. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.

Por otro lado, ante las manifestaciones irrespetuosas en contra del Juzgado 4º
Administrativo de Pereira y el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez de la Sección
Quinta del Consejo de Estado; se exhortará al señor Óscar Quintero Mesa para que
se abstenga de presentar escritos sin fundamento e injuriosos en contra de las
autoridades judiciales en razón de las decisiones adoptadas en las diferentes

8 Índice 46 de SAMAI

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-00

acciones que ha promovido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia.

Segundo: EXHORTAR al señor Óscar Quintero Mesa para que se abstenga de
presentar escritos sin fundamento e injuriosos en contra de las autoridades
judiciales en razón de las decisiones adoptadas en las diferentes acciones que ha
promovido.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

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