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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03585-01

Fecha
25 de agosto de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03585-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Óscar Fernando Quintero Mesa, conforme a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 10 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2018. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-01 Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03585-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado y otro

Tema: tutela contra providencias dictadas en trámite de tutela. Subtema 1: requisitos
generales de procedencia. Subtema 2: exposición suficiente de hechos y argumentos,
y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del 3 de julio de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO
1.
El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad, que consideró vulnerados con ocasión del
trámite de tutela impartido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la acción
de tutela identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01392-00 y por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira en la de radicado núm. 66001-33-33-004-
2025-00015-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
2. A partir del confuso escrito de tutela y los demás elementos aportados por las
partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes
hechos:
3. El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, por considerar que vulneró su derecho al
debido proceso en el trámite de la solicitud de amparo radicada al núm. 66001-33-33-
004-2025-00015-00.
4. El conocimiento de la acción constitucional correspondió al despacho del
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, y fue radicada con el núm. 11001-03-15-000-2025-01392-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado

5. El magistrado sustanciador, mediante auto del 6 de junio de 2025, la inadmitió para
que el actor la corrigiera en el sentido de precisar si la presentaba en nombre propio o
pretendía representar a los señores «Luis Enrique hijo» y «Luz Stella Quintero Mesa»,
así como la injerencia de estos en el asunto que buscaba tutelar. Así mismo, fue
requerido para que determinara la autoridad demandada, el motivo puntual por el cual
consideraba vulnerados sus derechos fundamentales e identificara la decisión judicial
y los reproches contra ella.
6. Mediante auto del 20 de junio de 2025, el despacho sustanciador rechazó la acción
de tutela, por cuanto el accionante no la corrigió en los términos requeridos.
7.
El actor relacionó de forma dispersa hechos de las tutelas con radicados 76001-
31-05-010-2020-00337-00 y 66001-33-33-004-2025-00015-00, así como
consideraciones de la sentencia T-915 de 2014, para manifestar «me tenían que
pensionar con el puntaje superior a 50% de inmediato desde la edad de 17 años que
fue la edad donde inicié a laboral (sic) y en las empresas donde laboré que fue
descubierta mi patología de Disritmia Cerebral o Epilepsia Focal, desde los 5 años».

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1.
TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad que desprotegió el Juez
del Juzgado Cuarto administrativo de Pereira Juan Pablo Apraez y el consejero
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ, que por no solicitar los expedientes
citados, incurrió en exceso de ritual manifiesto y en prevaricato por omisión,
dilación y obstrucción y en el delito de Prevaricato por acción al violar el derecho
a la igualdad de las sentencia precitadas como la T-915/14, de Pensión de
Epilepsia, dada en sala de Revisión por la Magistrada (e) Ponente: MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ, la Sentencia SU354/17, del Magistrado
Ponente (e.) IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
2. ORDENAR al juez juan Pablo Apraez, juez del juzgado Cuarto Administrativo
de Pereira, que incurrió en el delito de prevaricato por acción al desconocer
sentencias de precedente jurisprudencial de sus homólogos, que haga la
sentencia de reemplazo, en cuanto a que desconoció derechos amparados en
el juzgado décimo laboral de Cali y confirmados por el tribunal superior de Cali,
Sala Tercera, en cuanto al Estado de Epilepsia en común del Señor Luis
Enrique Becerra Restrepo, Luis Fernando Quintero Becerra y OSCAR
FERNANDO QUINTERO MESA, de los tratamientos, cobertura de lentes de
contacto, cirugías, que no me han hecho como desacato. 2.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó los trámites de
tutela adelantados por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Adicionalmente, sostuvo que el
magistrado ponente «no justifica su salario, no justifica sus funciones y no justifica su
contrato» e incurre en exceso ritual manifiesto y «en el delito de Prevaricato (sic) por
omisión dilación y obstrucción».

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03585-00, índice 2, certificado núm. 6DC832774794AA6C 700E46B783418E9E
A34729776E2BD51D 13A6420F7DBD4C56.
2
Se transcribe con errores.

2

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2.3. Intervenciones
10. La Sección Quinta del Consejo de Estado3 solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no cumplía con la carga
argumentativa que permitiera al juez constitucional abordar el asunto de fondo.
11. Explicó que la inadmisión en el trámite de tutela que adelantó, se produjo para que
el accionante aclarara aspectos esenciales de su demanda, pero que no fue
subsanada y, en cambio, el señor Quintero Mesa presentó escritos de denuncia contra
el magistrado ponente. Ante la falta de corrección, la solicitud de amparo fue
rechazada, sin que esa decisión constituya una vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
12.Finalmente, pidió que se previniera al actor para que se abstenga de realizar
manifestaciones irrespetuosas contra las autoridades judiciales.
13. El Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira solicitó que se negara la solicitud
de amparo, con fundamento en que el trámite que se le dio a la acción de tutela que
radicó el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, observó el debido proceso. Precisó
que se requirió al actor en dos oportunidades para que subsanara la demanda, por
cuanto resultaba confusa, por lo cual, mediante auto del 3 de febrero de 2025, dispuso
el rechazo.
14. Expuso que, no obstante, en cumplimiento de una sentencia de tutela dio trámite
a la solicitud de amparo del demandante, que, finalmente, declaró improcedente al
advertir que la persona respecto de la que el señor Quintero Mesa actuaba como
agente oficioso, había fallecido.

2.4. Sentencia de primera instancia
15. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 3
de julio de 20254, declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumplió con
el requisito de identificar de manera razonable los hechos que generaron la vulneración
de los derechos invocados. Además, exhortó al accionante para que se abstuviera de
presentar escritos sin fundamento e injuriosos en contra de las autoridades judiciales.
16. El juez de primera instancia relacionó las actuaciones realizadas en los procesos
de tutela de radicados a los núms. 66001-33-33-004-2025-00015-00 y 11001-03-15-
000-2025-01392-00, adelantadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira y la
Sección Quinta del Consejo de Estado, respectivamente. En ambos casos, el
accionante fue requerido para subsanar su demanda y, ante la falta de respuesta
adecuada, las solicitudes fueron rechazadas.
17. El a quo precisó que el actor no explicó por qué consideraba que dicho
requerimiento para subsanar su demanda constituía un exceso de ritual manifiesto.
Por el contrario, señaló que contó con un término de tres días para corregir y evitar el

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03585-00, índice 11, 4CFFAD78F245D9EB 576BC52A0DE95141
5971CABD11DB8307 71750A1BBFA99252.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03585-00, índice 9, certificado núm. E81046F4B9E76BD7
BA0220EA984C1B5B 0FD7DC74AAFF7F65 3A035E05F4E2CABE.

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rechazo, pero aunque presentó escritos ante las autoridades judiciales, estos no
respondieron a los defectos advertidos en los autos de inadmisión.
18. También indicó que si bien el actor alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad,
no explicó cómo se materializó dicha afectación. Resaltó que el escrito se limitó a
transcribir jurisprudencia y a relatar hechos ajenos a la controversia planteada.
19. En ese contexto, concluyó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en
que la parte actora identifique razonablemente los hechos que originaron la
vulneración, los derechos fundamentales afectados y que no haya alegado dicha
situación dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.
20. Consideró que la tutela fue utilizada únicamente como un medio para expresar
inconformidad con las decisiones judiciales, sin que el actor hubiera agotado los
recursos disponibles dentro de los procesos de tutela previamente tramitados, ni
explicado cómo dichas decisiones vulneraron sus derechos fundamentales.
21. Finalmente, ante las manifestaciones irrespetuosas del actor contra el Juzgado
Cuarto Administrativo de Pereira y el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dispuso exhortarlo para que se abstuviera de
presentar escritos infundados y con contenido injurioso.

2.5. Impugnación
22. La parte actora presentó impugnación5, sin sustento alguno, en contra de la
sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 3 de julio
2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa
24.
La legitimación en la causa por activa del señor Óscar Fernando Quintero Mesa
está acreditada porque fue el accionante en los procesos de tutela núm. 66001-33-33-
004-2025-00015-00 y 11001-03-15-000-2025-01392-00, en los que estimó fueron
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad.
25.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira debido

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01843-00, índice 21, certificado C60CF87119852D17 528812982E159B33
2A296D0C2FDFC061 4C67B2E8B9954AC9.

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a que fueron las autoridades que adelantaron los procesos de tutela antes
relacionados.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias dictadas
en el trámite de tutela
26. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 6 y de la Corte Constitucional7 ha
destacado que, la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional.
27.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28.
Ahora bien, cuando la tutela es interpuesta en contra de una sentencia emitida
en un trámite de tutela, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en el fallo SU-
627 de 2015 y explicó que el mecanismo constitucional procede de manera
excepcional, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

i) Que el accionante exponga y demuestre con sus argumentos que la
providencia controvertida fue el resultado de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit).
ii) Que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial.
iii) Que el nuevo trámite de tutela no comparta identidad procesal con la tutela
que es objeto de discusión.
29.
Respecto del principio fraus omnia corrumpit, la Corte indicó que la cosa juzgada
no es absoluta, toda vez que en ciertas ocasiones puede entrar en «en tensión con el
principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de
legalidad y acierto que tiene la decisión del juez». Sobre el particular, la sentencia T-
218 de 2012 expuso lo siguiente:

En suma, la Constitución contempla la buena fe que conlleva, además de la presunción
atinente a que acompañará en sus actuaciones a los particulares frente al Estado, el

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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deber de comportarse conforme a sus postulados. Esto incluye la colaboración de todas
las personas para el buen funcionamiento de la administración de justicia, así como los
deberes de las partes en el proceso de lealtad y probidad. Lo anterior se contrapone,
como es obvio, al uso del proceso con fines ilegales, dolosos y fraudulentos. En
este sentido, existe un deber de las autoridades judiciales, incluido el juez de tutela, de
adoptar todas las medidas que el ordenamiento jurídico le confiere para combatir que el
fraude corrompa la correcta administración de justicia.

La cosa juzgada fraudulenta se predica cuando el dolo se ha materializado en la
sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias
ilícitas, ni la aparición de estas es necesaria para que el fraude pueda combatirse. En
todo caso, el objeto de este último supone lograr que una situación dolosa, a través
de la majestad que sustenta una sentencia, sea exigible coercitivamente. Por lo
mismo, el fraude puede ser cometido, por una parte, por ambas o por el juez que conoce
el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad de la actuación es aún mayor, por
desconocer la autoridad judicial sus deberes como poder constituido 8. [negrilla del
despacho]

30. La Corte también precisó que, si la solicitud de amparo se dirige contra actuaciones
distintas a la sentencia, debe diferenciarse entre las ocurridas antes y después del
fallo. Si tuvieron lugar con anterioridad y consisten en la omisión del juez de informar,
notificar o vincular a los terceros que podrían resultar afectados por la demanda de
tutela, y se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, «la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión».
31. En cambio, si las actuaciones cuestionadas son posteriores al fallo de tutela y
tienen como finalidad obtener el cumplimiento de las órdenes que impartió, la tutela no
procede. Sin embargo, de manera excepcional será admisible cuando se busque la
protección de un derecho fundamental que se alegue vulnerado durante el trámite de
un incidente de desacato, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.4. Problema jurídico
32. Al tener en cuenta la decisión contenida en la sentencia de primera instancia,
corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca el fallo del 3 de julio de
2025 de la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, que declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de identificar de
manera razonable los hechos que generaron la vulneración de los derechos invocados.

3.5. Caso concreto
33. En el presente asunto, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa considera que el
trámite impartido en los procesos de tutela adelantados por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira y la Sección Quinta del Consejo de Estado, identificados con
los radicados núm. 66001-33-33-004-2025-00015-00 y 11001-03-15-000-2025-01392-
00, respectivamente, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.

8 Se transcribe incluso con errores de texto.

6

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34.
Para resolver, la Sala se referirá a las actuaciones de cada uno de los procesos
de tutela. Veamos:
35.En el expediente que contiene la tutela con radicado núm. 66001-33-33-004-2025-
00015-00 se puede observar lo siguiente:

(i) El señor Óscar Fernando Quintero Mesa, actuando como agente oficioso del
señor Luis Enrique Becerra Restrepo, presentó solicitud de amparo contra
la Nueva EPS.
(ii) Por auto del 28 de enero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Pereira inadmitió la acción y requirió al accionante para que la subsanara,
en el sentido de aclarar quién la interponía, y señalara de forma clara los
hechos y las afectaciones alegadas, con el fin de determinar la posible
afectación de derechos fundamentales. Para ello, otorgó el término de un
día.
(iii) Mediante auto del 29 de enero de 2025, el despacho judicial requirió
nuevamente al accionante, concediéndole dos días para aclarar el escrito
de tutela.
(iv) Mediante auto del 3 de febrero de 2025, el Juzgado rechazó la acción de
tutela, al considerar que no podían determinarse los hechos o razones que
la fundamentaban. En esa providencia advirtió que aunque el actor allegó
correos electrónicos, en ninguno de los escritos se podía identificar con
claridad lo pretendido por el señor Quintero Mesa.
(v) En cumplimiento de la sentencia de tutela dictada el 14 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que ordenó dar trámite a la
acción, el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira admitió la demanda
mediante auto del 17 de febrero de 2025.
(vi) Por sentencia del 24 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Pereira declaró la carencia actual de objeto, al constatar que el señor Luis
Enrique Becerra Restrepo, en cuyo nombre actuaba el señor Quintero Mesa
había fallecido.
(vii) La anterior decisión fue confirmada en sede de segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 31 de marzo
de 2025.
36. Del expediente que contiene el escrito de tutela que fue radicado al núm. 11001-
03-15-000-2025-01392-00 se puede advertir lo que sigue:

(i) El señor Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira.
(ii) El despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto del 6 de junio de 2025, inadmitió la demanda de tutela para
que el accionante precisara si actuaba en nombre propio o si pretendía
representar los derechos de «Luis Enrique hijo» y la señora «Luz Stella
Quintero Mesa», así como la injerencia de estos en el asunto. Igualmente,
para que especificara la referencia a la «sentencia condenatoria» incluida
en sus pretensiones y expusiera el motivo por el que consideraba vulnerados
sus derechos fundamentales.
(iii) Mediante correo electrónico del 11 de junio de 2025, el actor refirió que
formulaba denuncia contra el magistrado ponente «por incurrir en delitos de
prevaricato por omisión, dilación y obstrucción».

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(iv) Por auto del 20 de junio de 2025, el despacho sustanciador rechazó la acción
de tutela, porque no fue corregida.
37. Ahora bien, en el caso concreto, Sala observa, al igual que el juez de primera
instancia, que el demandante no especificó de qué manera las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, la tutela no cumple el
requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos.
38. En relación con el mencionado requisito, es preciso indicar que el artículo 14 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No
obstante, la solicitud de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción
o la omisión que la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la
autoridad accionada, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para
decidir la solicitud.
39. En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional, al analizar la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, estableció como requisito general
de procedibilidad que la parte actora identifique razonablemente los hechos que
originan la vulneración y los derechos fundamentales afectados. En el mismo sentido,
en la Sentencia SU-585 de 2017, el Tribunal constitucional sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.

40. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción de tutela es presentada contra una

providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga argumentativa
mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre la decisión judicial
enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con
claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos fundamentales» 9.

41. En el asunto bajo estudio, la parte accionante cuestionó los trámites adelantados
por las autoridades judiciales en los procesos de tutela y alegó la existencia de un
exceso ritual manifiesto. Sin embargo, omitió exponer de manera concreta las razones
que sustentarían tal afirmación. Incluso en el escrito de impugnación sin sustento,
tampoco aportó elementos que permitan identificar el fundamento de su inconformidad.
42.Adicionalmente, la Sala advierte que el proceso con radicado núm. 66001-33-33-
004-2025-00015-00/001 finalizó con sentencia de segunda instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. Por lo tanto, si el actor pretendía controvertir esa

9
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente N° 25000-
23-36-000-2019-00003-01(AC).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03585-01
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado

decisión, debía, además de satisfacer los requisitos de procedencia, demostrar con
argumentos sólidos, suficientes, claros y sustentados, que tal providencia fue producto
de una situación de fraude. Sin embargo, tales presupuestos no se cumplieron.
43. Por otro lado, respecto del proceso identificado con el radicado núm. 11001-03-
15-000-2025-01392-00, aun si la inconformidad del actor se refiriera al auto que
rechazó la solicitud de amparo, no se cumpliría el requisito de subsidiariedad, pues no
impugnó dicha decisión. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha reconocido que
«el derecho a impugnar se predica también del auto mediante el cual se rechaza la
tutela»10. En consecuencia, si el accionante no estaba de acuerdo con lo resuelto, ha
debido ejercer el mecanismo judicial que tenía a su disposición para controvertirlo.
44.
Finalmente, la Sala encuentra que el memorial presentado por el actor desconoce
el deber contenido en el numeral 4 del artículo 78 del CGP, que impone a las partes
del proceso: «Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y
exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a
las partes y a los auxiliares de la justicia », por lo cual se considera procedente el
exhorto efectuado por el a quo.

IV. CONCLUSIONES
45. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela interpuesta por el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa no cumple los requisitos de procedibilidad excepcional
de la tutela contra sentencias de tutela y, en consecuencia, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que la declaró improcedente.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2025, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por Óscar Fernando Quintero Mesa, conforme a lo expuesto en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

10 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2018.

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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

EPG/SEJV

10

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