Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07847-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionados: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por Francisco
Javier García Londoño contra la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo por no cumplirse los requisitos excepcionales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias dictadas en un trámite de la misma naturaleza.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 4 de noviembre de 2025, mediante la cual la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la
demanda de tutela llevada a cabo por el actor contra la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por no cumplirse los requisitos para la procedencia excepcional de
la tutela contra providencias proferidas en procesos de la misma naturaleza. La Sala
declarará improcedente la demanda de tutela, al no acreditarse la existencia de una
situación de fraude.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 10 de diciembre de 2025, Francisco Javier García Londoño, en nombre propio, presentó
una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 4 de noviembre de 2025,
mediante la cual se confirmó la decisión del 28 de agosto de 2025, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo por no
acreditarse una situación de fraude o cosa juzgada fraudulenta conforme a la sentencia SU
– 627 de 2015 de la Corte Constitucional. Alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso “y al juez imparcial”, a la igualdad, al ejercicio de cargos
públicos, al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva, con
fundamento en que los magistrados que profirieron esa decisión ya habían conocido el
mismo asunto en el proceso de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-02472-00,
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Sentencia contra sentencia proferida en un proceso
de tutela / Se declara la improcedencia de la solicitud de amparo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Se declara la improcedencia
sin declararse impedidos, pese a configurarse la causal prevista en el numeral 4° del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto
2591 de 1991.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SUBSECCIÓN B DEL
CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA EXTEMPORANEAMENTE O
LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1991.
2. QUE SE DEJE SIN EFECTOS EL FALLO DICTADO POR LA SECCIÒN SEGUNDA DE
LA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN 11001-03-15-000-
2025-03256-01 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
3. QUE, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA UNA SENTENCIA
JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS
PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA, SE AMPAREN MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS COMO VULNERADOS EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE
LA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000-
2025-03256-01 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025: I) DERECHO AL DEBIDO
PROCESO Y AL JUEZ IMPARCIAL. II) DERECHO A LA IGUALDAD, III) DERECHO A
EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
4. QUE COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
INVOCADOS SE REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN
SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y
LEGALES2.
B. Hechos
3. El señor Francisco Javier García Londoño fue sancionado disciplinariamente con
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de doce años. Frente a
esa decisión, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la cual fue tramitada bajo el radicado núm. 11001-
03-25-000-2012-00372-00.
3.1. El 28 de marzo de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, profirió
sentencia de única instancia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, por no
haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos sancionatorios.
3.2. El 3 de julio de 2020, el accionante interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la providencia anterior, con fundamento en las causales previstas en los numerales 1 y 5
del artículo 250 del CPACA; no obstante, mediante decisión del 20 de agosto de 2021, la
Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado lo declaró infundado.
3.3. Contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y
2 Índice 2 del aplicativo Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Se declara la improcedencia
restablecimiento del derecho, se interpusieron varias acciones de tutela por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al “juez natural”, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia. En el trámite de esas acciones
constitucionales se declaró configurada la temeridad y la cosa juzgada constitucional, al
constatarse que el accionante presentó varias demandas de igual naturaleza y con el mismo
objeto.
3.4. Entre las demandas de tutela promovidas por el accionante para controvertir la sentencia
del 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00, se encuentra la tramitada bajo el radicado
núm. 11001-03-15-000-2024-06920-01, la cual fue declarada improcedente por temeridad
mediante sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, decisión que fue confirmada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación mediante sentencia del 19 de mayo de 2025, al concluir que no existían hechos
nuevos que desvirtuaran la reiteración de los mismos supuestos fácticos.
3.5. El 3 de octubre de 2025, el accionante promovió una nueva demanda de tutela, que se
tramitó bajo el radicado núm.11001-03-15-000-2025-03256-01, en la que solicitó el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al ejercicio de cargos
públicos y al acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la sentencia de tutela del
19 de mayo de 2025, al no declararse impedidos sus magistrados, pese a haber conocido
previamente dos tutelas promovidas por el mismo actor en las que igualmente se
cuestionaba la sentencia del 28 de marzo de 2019 dictada dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
3.6. En ese proceso de tutela, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 4 de noviembre de 2025, confirmó la providencia del 28 de
agosto de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción constitucional tramitada con el radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-03256-00/01, toda vez que no se acreditó la existencia de cosa juzgada fraudulenta
ni de actuación dolosa por parte de la autoridad judicial accionada, y que el conocimiento
previo de otras tutelas promovidas por el mismo actor no configura, por sí solo, causal de
impedimento ni satisface el estándar probatorio estricto exigido para demostrar fraude en
un fallo de tutela.
C. Fundamentos de la vulneración
4. La parte accionante sostiene que la sentencia de tutela proferida dentro del radicado núm.
11001-03-15-000-2025-03256-01 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
al “juez imparcial”, al haber sido dictada por magistrados que previamente habían conocido
y decidido una demanda de tutela relacionada con el mismo asunto de fondo, sin declararse
impedidos para ello.
4.1. En criterio del accionante, esa situación comprometía la imparcialidad objetiva del
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Se declara la improcedencia
juzgador, en los términos del artículo 29 de la Constitución Política3, en la medida en que
los magistrados accionados habían adoptado una posición jurídica previa respecto de la
controversia, lo que impedía un examen independiente del nuevo amparo constitucional.
No obstante, pese a concurrir la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal 4 , aplicable al trámite de la acción de tutela por
remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, los funcionarios judiciales no se
apartaron del conocimiento del asunto.
4.2. Con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015 5 , el accionante sostiene que la
providencia cuestionada se profirió en una situación de fraude, al derivarse de una
interpretación normativa abiertamente contraria a la Constitución y a la buena fe judicial.
Precisa que esta situación no exige la acreditación de conductas dolosas en sentido penal
o disciplinario, sino que también se configura cuando el juez de tutela desconoce de manera
manifiesta precedentes constitucionales y reglas procesales dirigidas a garantizar la
imparcialidad judicial. En ese sentido, considera que la omisión del impedimento, pese a la
existencia de una causal objetiva, habría viciado la decisión de tutela y afectado su
legitimidad constitucional.
D. Trámite procesal
5. Mediante auto del 12 de diciembre de 2025, se admitió la demanda de tutela6. En esa
providencia se ordenó la notificación a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en su calidad de autoridad accionada, y la vinculación, como terceros con
interés, de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–7.
E. Oposiciones e intervenciones
6. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–8 (tercero con interés) solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Sostuvo que no existe vulneración de derechos
fundamentales, pues el accionante pretende reabrir un debate ya definido por la jurisdicción
en torno a los actos disciplinarios que dispusieron su destitución e inhabilidad. Asimismo,
precisó que ha promovido múltiples acciones de tutela con identidad de partes, objeto y
causa, varias de ellas rechazadas por configurarse la cosa juzgada constitucional y la
temeridad, sin que se acredite un hecho nuevo o fraude que habilite la procedencia
excepcional del amparo.
3 Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
4 Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido
contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del
proceso.
5 Corte Constitucional, sentencia SU – 627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
6 Índice 4 de Samai.
7 Índice 7 de Samai
8 Índice 10 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Se declara la improcedencia
6.1 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado9 (tercero con interés) se
opuso a la prosperidad del amparo. Indicó que, aunque la providencia cuestionada no fue
proferida por ese despacho, la demanda de tutela se relaciona con la sentencia del 28 de
marzo de 2019, que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho
promovidas por el actor contra la DIAN, decisión que ya ha sido objeto de múltiples
demandas de tutela con reproches sustancialmente idénticos. En consecuencia, sostuvo
que la solicitud reitera debates previamente resueltos, sin que exista una vulneración actual
de derechos fundamentales.
6.2 La Sección Primera del Consejo de Estado 10 (tercero con interés) solicitó declarar
improcedente la demanda de tutela. Precisó que, conforme a lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, el amparo contra providencias proferidas
en procesos de tutela solo procede de manera excepcional cuando se acredita la existencia
de fraude, supuesto que no se configura en el presente asunto, en tanto los argumentos del
actor se limitan a manifestar su inconformidad con la decisión judicial cuestionada.
6.3 La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionada) y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado (tercero con interés) pese a estar debidamente notificadas,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
7. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por Francisco Javier García Londoño contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069
de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
8. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, porque se dirige contra una
sentencia proferida en otro proceso de tutela, sin que se haya acreditado la existencia de
una situación de fraude o de cosa juzgada fraudulenta.
H. Caso concreto.
9. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó su criterio en relación
con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, señaló lo siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
9 Índice 12 de Samai.
10 Índice 15 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Se declara la improcedencia
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación (se destaca).
9.1 De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional, la procedencia de las
demandas de tutela contra sentencias proferidas en procesos de tutela es de carácter
estrictamente excepcional. Su procedencia se encuentra condicionada a la acreditación
de una situación de fraude, con el fin de evitar la prolongación indefinida de los litigios y
salvaguardar el principio de seguridad jurídica.
9.2 Al respecto, la Sala advierte que el accionante no acredita el presupuesto exigido para
la procedencia de la demanda de tutela contra una sentencia del mismo tipo, en la medida
que no acreditó que la providencia cuestionada hubiese sido producto de una actuación
fraudulenta. Las manifestaciones relacionadas con la configuración de causales de
impedimento y con la alegada afectación de la imparcialidad judicial carecen de soporte
probatorio y no permiten advertir la existencia de una irregularidad con relevancia
constitucional.
9.3 Si bien el accionante afirma que los magistrados de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado debieron declararse impedidos por haber conocido otras
demandas de tutela en las que también se cuestionaba la sentencia del 28 de marzo de
2019, tal circunstancia, por sí sola, no configura una actuación con fines ilegales o dolosos,
ni permite inferir la existencia de una actuación fraudulento o de una interpretación
normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
9.4 Por el contrario, el conocimiento previo de las acciones constitucionales promovidas
por el actor fue el presupuesto que permitió a la autoridad judicial identificar la reiteración
injustificada de solicitudes de amparo y, en consecuencia, declarar la configuración de la
temeridad. Esa circunstancia no produjo perjuicio alguno ni evidenció actuación irregular,
sino que permitió la aplicación de las reglas procesales dirigidas a salvaguardar el carácter
excepcional y subsidiario de la acción de tutela.
9.5 Así las cosas, se advierte que los argumentos del accionante se limitan a controvertir
la interpretación y el sentido de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada,
lo cual no constituye prueba de fraude, ni permite inferir la existencia de desviación, abuso
o manipulación del procedimiento constitucional, así como tampoco habilita al juez
constitucional para reabrir debates ya definidos en esta jurisdicción contenciosa.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07847-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Se declara la improcedencia
9.6 En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, al no cumplirse
los presupuestos establecidos en la Sentencia SU-627 de 2015, en particular la
acreditación de una situación de fraude o de cosa juzgada fraudulenta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela, por las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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