Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06920-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06920-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06920-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06920-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06920-00
Demandante FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Actos sancionatorios
destitución empleado DIAN. Temeridad. Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Francisco Javier García Londoño, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 20241, el señor Francisco Javier García Londoño, quien actúa
en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la dignidad humana, a la libre escogencia de profesión u oficio y a
desempeñar cargos públicos, esto al incurrir en defecto sustantivo y por violación
directa a la Constitución con la sentencia de única instancia del 28 de marzo de
2019 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-
25-000-2012-00372-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones en su escrito de subsanación:
«* QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS EN LA
SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE 2019 CON RADICADO
11001032500020120037200 COMO SON: i) DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD
HUMANA. ii) DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. iii)
DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO. Y iv) DERECHO A LA
IGUALDAD.
• QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
INVOCADOS, SE ME REITEGRE A MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA
DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDADPARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y
LEGALES.» (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Francisco Javier García Londoño se vinculó laboralmente a la
Dirección de Impuestos en el cargo de técnico tributario, nivel 30, grado 15,
mediante la Resolución No. 1553 de 25 de agosto de 1992, en calidad de
supernumerario, para prestar sus servicios en la Regional Noroccidente de
Medellín.
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
2.2. El accionante señaló que, a través de la Resolución No. 000001 de 1 de junio
de 1993, fue incorporado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(en adelante DIAN), en el cargo de profesional I, Nivel 30, Grado 18, de la
División de Cobranzas.
2.3. El 29 de diciembre de 1993 el director de la DIAN dictó la Resolución No. 2952
por medio de la cual retiró del servicio al señor García Londoño (acto que fue
demandado ante la jurisdicción y fue declarado nulo).
2.4. De 1999 a 2001 el actor se desempeñó laboralmente en el Municipio de Yondó,
Antioquia, como tesorero de rentas municipales.
2.5. Con la Resolución No. 7203 de 15 de agosto de 2001, el director general de la
DIAN ordenó su reintegro al cargo de profesional de ingresos públicos I, nivel
30, grado 19, de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos
de Medellín.
2.6. Con Auto No. 111 de 2001, la Contraloría General de la República inició una
investigación fiscal en su contra, en atención al trámite fiscal de cuentas del
Municipio de Yondó, correspondiente a los meses de marzo a diciembre de
1999, a su vez, se inició otra investigación en su contra por medio de Auto No.
099 de 14 de junio de 2002, por los meses de enero a febrero de 1999.
2.7. Con fallo 106 de 19 de junio de 2003, la Contraloría General de la República
lo declaró responsable fiscalmente por el detrimento patrimonial causado al
Municipio de Yondó, Antioquia, en relación con el proceso iniciado con Auto
No. 099. Y con fallo 057 de 27 de diciembre de 2005, la Contraloría lo declaró
responsable fiscalmente dentro de la investigación adelantada con Auto No.
111.
2.8. El 17 de mayo de 2006 el director general de la DIAN, mediante Resolución
Nro. 04914, lo retiró del servicio por encontrarse incurso en una inhabilidad
sobreviniente.
2.9. Mediante Auto de 30 de agosto de 2006, la División de Asuntos Disciplinarios
de la Regional Noroccidente de Medellín dio apertura de indagación preliminar
en contra del señor García Londoño, por encontrarse incurso en una
inhabilidad sobreviniente con ocasión de los fallos fiscales que lo declararon
responsable. El accionante asegura que antes de que se dictara el auto de
indagación preliminar resarció el detrimento patrimonial pagando la totalidad
de los fallos de responsabilidad fiscal, esto conforme a las Resoluciones Nros.
126 de 31 de mayo de 2006 y 044 del 2 de junio de 2006.
2.10. El 30 de abril de 2007 la División de Asuntos Disciplinarios de la Regional
Noroccidente de Medellín profirió en primera instancia la Resolución Nro.
8300060-2009-001 que lo declaró responsable disciplinariamente y los
sancionó con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por
el término de 12 años. Contra esta decisión el disciplinado interpuso recurso
de apelación.
2.11. Mediante Resolución Nro. 06027 de 24 de mayo de 2007 el director general
de la DIAN confirmó la decisión inicial y por medio de la Resolución No. 07319
de 21 de junio de 2007 se ejecutó la sanción disciplinaria.
2.12. Con posterioridad, el señor Francisco Javier García Londoño por intermedio
de apoderado formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del CCA, en contra
de la DIAN con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales fue sancionado en el proceso disciplinario con la
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destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos, como
también el que dispuso su retiro.
2.13. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A conoció en única
instancia la mencionada acción, la cual fue radicada bajo el Nro. 11001-03-25-
000-2012-00372-00.
2.14. Con sentencia del 28 de marzo de 2019, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia en la que dispuso denegar la
excepción de legalidad de los actos administrativos propuesta por la entidad
demandada, así como también se negaron las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Francisco Javier García Londoño.
3. Fundamentos de la acción
De acuerdo con el escrito de subsanación2, el señor Francisco Javier García
Londoño acusó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
dignidad humana, a la libre escogencia de profesión u oficio y a desempeñar cargos
públicos por parte de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
al proferir la sentencia de única instancia del 28 de marzo de 2019 dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-25-000-2012-
00372-00.
Planteó que ha presentado las siguientes acciones de tutela por similar asunto al de
la referencia: 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, 1001-03-15-000-2022-02768-
00/01, 11001-03-15-000-2022-06171-00/01, 11001-03-15-000-2023-01080-00/01, 11001-
03-15-000-2023-04221-00/01, 11001-03-15-000-2023-03293-00/01, 11001-03-15-000-2024-
02493-00, 11001-03-15-000-2024-05185-00/01 y 11001-03-15-000-2024-06125-00, sin
embargo resaltó que esta acción resulta procedente por las siguientes razones:
«[…] 1). La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra
situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante; y 2) Si el
juez que falló la primera tutela no resolvió de fondo el problema jurídico puesto a consideración
por el demandante al invocar razones de procedencia para apartarse del estudio sustancial».
Y aseguró que se ha vulnerado su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia con la falta de estudio de fondo en las mencionadas
acciones.
Como sustento de lo anterior, precisó que las sentencias SU-168 de 2017, SU-012
de 2020, SU-027 de 2021, SU-397 de 2022, SU-029 de 2023, SU-213 de 2023, SU-
444 de 2023 y SU-128 de 2024 dictadas por la Corte Constitucional contemplan que
las personas se encuentran facultadas para promover dos o más acciones de tutela
por los mismos hechos, sin que implique una conducta temeraria y permitiendo que
se pueda levantar la cosa juzgada constitucional, en los siguientes casos: (i) cuando
los accionantes demuestren que no se ha emitido un pronunciamiento de fondo
sobre la pretensión puesta en conocimiento original de un juez y (ii) cuando existe
un hecho nuevo que justifica que el fallador analice bajo otro enfoque el caso.
A su vez, relacionó las sentencias T-096 de 2011, T-568 de 2013 y T-777 de 2014
para referenciar la forma en que deben entenderse los hechos nuevos en las
acciones de tutela y como se configura la temeridad. Mencionó las sentencias T-
830 de 2012 y T-438 de 2016 para poner de presente las diferencias entre
precedente y antecedente.
Ahora para sustentar la viabilidad de esta acción de tutela manifestó que se
presentaron los siguientes hechos nuevos:
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(i) El hecho nuevo que permite que se analice desde otro enfoque es: «[…] EL
DESCONOCIMIENTO U LA OMISIÓN DE APLICAR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN
LA SENTENCIA JUDICAL (sic) TUTELADA CON RADICACIÓN 11001032500020120037200
DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019», pues el principio de favorabilidad es obligatorio
en materia disciplinaria, toda vez que, la actuación termina con una decisión
en torno a la responsabilidad del disciplinado y a la aplicación de una sanción
por la conducta imputada.
Al respecto, aseguró que antes de que se dictara el auto de indagación
preliminar en el proceso disciplinario resarció el detrimento patrimonial
pagando la totalidad de los fallos de responsabilidad fiscal, como se evidencia
en las Resoluciones Nros. 126 de 31 de mayo de 2006 y 044 del 2 de junio de
2006, lo que implica que para el 30 de agosto de 2006 no existía ninguna
inhabilidad sobreviniente por responsabilidad fiscal. Sin embargo, este
aspecto no se evaluó desde la órbita del principio de favorabilidad.
(ii) Aseguró que otro hecho nuevo es el precedente jurisprudencial dictado por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el trámite de la
acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2020-00034-01, el cual es posterior al
fallo de nulidad y restablecimiento del derecho (28 de marzo de 2019) y al primer
fallo de tutela (acción Nro. 2019-03444-00/01 del 27 de agosto de 2019), pues
asegura que en esta decisión judicial expone que las inhabilidades
sobrevinientes desaparecen con el pago total del fallo de responsabilidad
fiscal, lo cual cambiaría el sentido de la decisión que se adoptó en su caso.
Esto en los siguientes términos:
«El antecedente jurisprudencial citado de fecha 31 de julio de 2020, permite entender que
desde el 02 de junio de 2006 cuando pagué los dos fallos con responsabilidad fiscal, había
desaparecido la inhabilidad sobreviniente para ejercer mi cargo de carrera
administrativa en la DIAN. Por lo tanto, las Resoluciones Nos. 8300060-2009-001 y 06027
de 30 de abril y 24 de mayo de 2007 […] SON ILEGALES Y CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE
INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y A LOS PRINCIPIOS PRO
PERSONA, PRO LIBERTATE Y DE FAVORABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO […]»
De otro lado, indicó que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial,
por lo que dijo que se cumple con los requisitos generales de procedibilidad pues:
no cuenta con otro medio de defensa en la medida en que ya acudió al recurso
extraordinario de revisión; que la acción de tutela cumple con el requisito de la
inmediatez pues la vulneración de sus derechos es permanente, actual y continua
en el tiempo; que se cumple con el requisito de relevancia constitucional pues se
discute el alcance de algunos derechos consagrados en la Constitución respecto de
una ley ordinaria, por lo que no se trata de temas económicos o legales; y que la
acción de tutela no se dirige contra otra acción de tutela.
Expuso que la sentencia del 28 de marzo de 2019 vulneró sus derechos
fundamentales pues desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, y los
principios pro persona, pro libertate y de favorabilidad, con lo que se incurrió en el
defecto sustantivo y por violación directa de la Constitución.
3.1. Defecto sustantivo: Se configuró con la interpretación que hizo la Sección
Segunda del Consejo de Estado del numeral 4° del artículo 38 de Ley 734 de
2002, pues es contrario a los artículos 26 y 53 Constitucionales. Dado que se
omitió «[…] LA OBLIGACIÓN DESDE EL AÑO 1991 DE APLICAR EN LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS O EN PROCESOS JUDICIALES, EL ARTÍCULO 53° DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA […]», sin tener en cuenta la decisión más favorable para
el trabajador en la interpretación de las fuentes formales del derecho.
3.2. Violación directa de la Constitución: Se presentó en la sentencia en
cuestión pues al interpretar los artículos 1, 2, 29 y 93 de la Constitución y el
numeral 4° del artículo 38 de la Ley734 de 2022 no se dio una interpretación
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sistemática conforme con los principios pro persona, pro libertate y de
favorabilidad en materia laboral.
Finalmente mencionó que el Consejo de Estado lo sometió a un trato degradante al
permitir que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo destituyera e
inhabilitara de su cargo de carrera por 12 años, pues la sentencia judicial fue de
única instancia y cuando ha solicitado que se estudien los vicios de esa sentencia
a través de acciones constitucionales se le ha negado el acceso a la tutela judicial
efectiva y al acceso a la administración de justicia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia del 13 de enero de 20253, el despacho ponente requirió a la
parte accionante para que en el término de tres días a partir de la notificación
de esta providencia: (i) precisara cuáles eran las autoridades accionadas junto
con las acciones y omisiones que causaron la presunta vulneración de
derechos fundamentales; e (ii) identificara las providencias cuestionadas y
acreditara cómo se configuraban en el caso concreto los defectos o requisitos
especiales de la acción de tutela contra providencia judicial establecidos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005. Requerimientos que
fueron subsanados por el accionante4.
4.2. Con auto del 24 de enero de 20255, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier García Londoño,
quien actúa en nombre propio contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A; en calidad de terceros con interés se vinculó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y al Ministerio Público; se ofició a la
Sección Segunda del Consejo de Estado para que remitiera copia del
expediente Nro. 11001-03-25-000-2012-00372-00/01; y se dispuso a efectuar
las notificaciones correspondientes.
4.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado6, a través
del magistrado encargado del despacho, rindió informe en el que solicitó se
declarara improcedente la acción, o en el evento de ser estudiada de fondo se
negaran las pretensiones.
Indicó que esta acción constitucional no cumple con el requisito de la
inmediatez, ya que el fallo que se discute es del 28 de marzo de 2019, el cual
fue notificado por edicto desfijado el 14 de mayo de 2019, mientras que esta
acción fue radicada el 16 de diciembre de 2024, superando el término de los 6
meses que la Sala Plena del Consejo de Estado fijó como plazo suficiente para
el ejercicio oportuno del amparo.
Adicionalmente, señaló que esta acción es temeraria, en razón a que, en
repetidas oportunidades, aproximadamente 7 (11001-03-15-000-2019-03444-00,
11001-03-15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00, 11001-03-15
000-2024-0730-00 entre otras), el tutelante ha interpuesto acciones de tutela bajo
similares supuesto fácticos, que pretende debatir nuevamente.
La Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación remitió informe con
el enlace de consulta del expediente ordinario.
4.4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN7 manifestó que el
accionante ha venido presentando múltiples acciones de tutela en las diversas
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jurisdicciones con la finalidad de obligar a la judicatura a que resuelva a su
favor las pretensiones que le fueron negadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-25-000-2012-00372-00, por lo
que al existir una actuación de mala fe se debe negar el amparo aquí solicitado.
Para evidenciar lo anterior señaló los siguientes números de radicación que
corresponde a acciones constitucionales en donde se plantean los mismos
argumentos y pruebas: 11001-03-15-000-2019-03444-01, 11001-03-15-000-2021-
08662-01, 11001-03-15-000-2022-02768-01, 11001-03-15-000-2022-06171-00,
11001-03-15-000-2023-01080-00, 11001-03-15-000-2023-04221-00, 11001-03-15-
000-2023-03293-00, 050013110-007-2023-00738-00, 05001-31-03-021-2024-00051-
00, 11001-02-03-000-2024-00909-00, 11001-03-15-000-2024-02493-00, 11001-03-
15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00, 11001-03-15-000-2025-
00007-00.
Afirma que el actor en sus acciones constitucionales ha insistido en que la
jurisdicción no se ha pronunciado de fondo sobre el tema y con ello intenta
justificar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido entre el 28 de
marzo de 2019 y el 25 de octubre de 2024, que fue la fecha del último fallo de
tutela.
A su vez, la pretensión suele ser la misma «SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS
RESOLUCIONES 8300060-2009-01 DE 30 DE ABRIL DE 2007, 6027 DE 24 DE MAYO
DE 2007 Y 7319 DE 21 DE JUNIO DE 2007; TODAS PROFERIDAS POR LA DIAN; Y SE
ORDEN EL REINTEGRO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS
EFECTOS LABORALES Y LEGALES», y reitera que se debe dar aplicación al
principio de favorabilidad para poder cuestionar nuevamente las decisiones
tomadas en el proceso disciplinario, cuando estas ya fueron revisadas en la
jurisdicción contencioso administrativa la cual determinó negar sus
pretensiones.
Adicionalmente en algunas acciones constitucionales ya se ha declarado la
existencia de cosa juzgada constitucional, por lo que este asunto se ha
estudiado tantas veces que esta nueva solicitud constituye mala fe y temeridad
por parte del accionante, quien quiere que se estudie nuevamente su caso con
pruebas que no existen y analizar el proceso a la luz de sentencias que fueron
dictadas con posterioridad, lo que implica que se pase por alto la cosa juzgada
y la seguridad jurídica.
Para evidenciar lo anterior procedió a citar apartes de los múltiples procesos
que ha adelantado el hoy accionante.
Finalmente, señaló que la acción de tutela interpuesta no cumple con el
requisito de la inmediatez
4.5. El 17 de febrero de 20258 el señor Francisco Javier García Londoño remitió
un memorial en el que allega un fragmento del fallo de tutela de segunda
instancia del proceso Nro. 81001-23-39-000-2017-00090-01, para evidenciar
que existen excepciones al cumplimiento del término de los 6 meses para
interponer la acción constitucional.
4.6. El Ministerio Público a pesar de haber sido notificado en debida forma guardó
silencio9.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Conforme a lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el señor Francisco
Javier García Londoño ha incurrido en actuación temeraria al interponer la acción
de tutela de la referencia. Esto con ocasión a los señalamientos contenidos en los
informes rendidos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los que se
indica que, por los mismos hechos y pretensiones esas autoridades ya habían sido
requeridas en múltiples acciones constitucionales.
Para efectos de realizar el estudio correspondiente y dada la gran cantidad de
acciones de tutela que el señor García Londoño ha adelantado, esta Sala realizará
el análisis únicamente respecto de los cuatro números de radicación que aportó la
autoridad accionada en su contestación, los cuales son: 11001-03-15-000-2019-
03444-01, 11001-03-15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00 y
11001-03-15-000-2024-07030-0011. Se precisa que estos coinciden con cuatro de
las quince acciones de tutela que identificó la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN.
Sólo en caso de superar dicho análisis, se pasará a determinará si la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
del actor al incurrir en defecto sustantivo y por violación directa a la Constitución con
la sentencia de única instancia del 28 de marzo de 2019 dictada dentro de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-25-000-2012-00372-00.
3. Actuación temeraria y cosa juzgada
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por
una actuación temeraria, al señalar que «Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes». Es por lo anterior que, en el artículo 37 se exigió que el accionante
manifestara bajo la gravedad del juramento que no había interpuesto otra
petición de amparo por los mismos hechos e invocando la protección de los
mismos derechos fundamentales.
A partir del artículo 38, la jurisprudencia constitucional12 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el accionante
actúa de mala fe, y (ii) cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
10
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
11
Esta última acción de tutela fue registrada, en principio, como un memorial dentro de la acción de tutela de la referencia
en el índice 4 de Samai, sin embargo, por solicitud del actor fue repartida como una acción de tutela independiente como
obra en el informe registrado en el índice 8 de Samai.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
7
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
razonable que justifique dicho actuar. La Corte Constitucional ha advertido que
sólo procederán sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en
la actuación del accionante.
La figura de la temeridad encuentra fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución Política. El primero, insta a los particulares para que sus
conductas estén enmarcadas de la buena fe y, el segundo, exige de toda
persona, entre otros, abstenerse de abusar de los derechos de los que es
titular y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia 13.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos14: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos y fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y, (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda.
Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción»15.
Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo
multiplicidad de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento
se presenta cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del
accionante; (ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que
los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho»16. En este supuesto, aunque la tutela debe ser declarada
improcedente, la actuación no se considera temeraria.
3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»17.
Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.
En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.
13
En este sentido ver: sentencia T-507 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-096 de 2011 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-481 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-529 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
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4. Análisis del caso
De la revisión del expediente y de los informes rendidos por el accionado y el tercero
vinculado la Sala advierte que no es la primera vez que el señor Francisco Javier
García Londoño pretende por vía de acción de tutela discutir la sentencia del 28 de
marzo de 2019 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-
03-25-000-2012-00372-00
Esta situación exige que se analice si al interponer la acción de tutela de la
referencia, el actor incurrió en una actuación temeraria o si se configuró el fenómeno
de cosa juzgada.
De conformidad con lo planteado en el problema jurídico esta Sala procede a
realizar el análisis de las cuatro acciones de tutela enunciadas, para ello se
elaborará un cuadro comparativo así18:
Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024-
03444-00 05185-00 06125-00 07030-00
Accionante: Accionante: Accionante: Accionante:
Francisco Javier García Francisco Javier García Francisco Javier García Francisco Javier García
Londoño y Ángela María Londoño Londoño Londoño
García Londoño
Accionado: Accionado: Accionado: Accionado:
Subsección A de la Subsección A de la Subsección A de la Subsección A de la
Sección Segunda del Sección Segunda del Sección Segunda del Sección Segunda del
Consejo de Estado Consejo de Estado Consejo de Estado Consejo de Estado
Pretensiones: Pretensiones: Pretensiones: Pretensiones:
«[…] la parte actora solicita «Que como consecuencia «*QUE SE DECLARE LA «Consideró vulneradas
que, en amparo de sus de lo anterior se ordene a la NULIDAD DE LA dichas garantías con la
derechos fundamentales, sección segunda SENTENCIA JUDICIAL providencia del 28 de marzo
se deje sin efecto la subsección a que profirió la PROFERIDA EL 28 DE de 2019 dictada por el
sentencia del 28 de marzo sentencia con radicado MARZO DE 2019 CON Consejo de Estado, Sección
RADICADO
de 2019, proferida por la 1100103250002012003720 Segunda, Subsección A
11001032500020120037200
subsección A de la sección 0, que adopte una decisión dentro del proceso de
DENTRO DEL MEDIO DE
segunda del Consejo de ajustada y privilegiando lo CONTROL DE NULIDAD Y nulidad y restablecimiento
Estado, que negó sus sustancial según los RESTABLECIMIENTO DEL del derecho instaurado por
pretensiones de nulidad artículos 29° y 228° de la DERECHO ‘DE ÚNICA el accionante en contra de
respecto de los actos constitución política, frente INSTANCIA’. la Dirección de Impuestos y
disciplinarios expedidos en a un análisis restrictivo a Aduanas Nacional DIAN-
su contra por parte de la partir de elementos *QUE SE AMPAREN MIS radicado con el número
DIAN y, en su defecto, se le puramente formales. DERECHOS 11001-03-25-000-2012-
FUNDAMENTALES
ordene a la misma 00372-00. […]
Que se amparen mis VIOLADOS POR LOS
Corporación proferir una ACTOS ADMINISTRATIVOS
derechos fundamentales *ORDENARLE A LA
nueva decisión.» PROFERIDOS POR LA
violados por los actos SECCIÓN SEGUNDA-
administrativos proferidos DIAN CONTENIDOS EN LAS SUBSECCIÓN A DEL
por la Dian contenidos en SIGUIENTES CONSEJO DE ESTADO,
las siguientes resoluciones RESOLUCIONES 8300060- QUE PROFIERA UNA
2009-01 DE 30 DE ABRIL NUEVA SENTENCIA
8300060-2009-01 de 30 de
DE 2007, 6027 DE 24 DE JUDICIAL EN LA CUAL SE
abril de 2007, 6027 de 24 de
MAYO DE 2007 Y 7319 DE TENGAN EN CUENTA LOS
mayo de 2007 y 7319 de 21 21 DE JUNIO DE ARGUMENTOS
de junio de 2007 como son: 2007COMO SON: i) PLANTEADOS EN LA
i) derecho fundamental al DERECHO FUNDAMENTAL PRESENTE ACCIÓN DE
debido proceso y al juez AL DEBIDO PROCESO Y AL TUTELA
natural o funcionario JUEZ NATURAL O FUNDAMENTADOS EN LAS
competente. ii) derecho a la FUNCIONARIO SENTENCIAS C-397 DE
igualdad, iii) derecho a COMPETENTE. ii) 2024 Y LA SU-342 DE 2024
ejercer cargo de carrera DERECHO A LA IGUALDAD, PROFERIDAS POR LA
administrativa en la Dian. y iii) DERECHO A EJERCER CORTE CONSTITUCIONAL,
iv) derecho a de acceso a la CARGO DE CARRERA LOS CUALES DISPONEN
administración de justicia. ADMINISTRATIVA EN LA QUE EL OPERADOR
DIAN. y iv) DERECHO A DE JURÍDICO EN LAS
Que, como consecuencia ACCESO A LA SENTENCIAS JUDICIALES
del amparo de mis derechos ADMINISTRACIÓN DE DEBE TENER EN CUENTA
fundamentales invocados, JUSTICIA. SIEMPRE “LOS PRINCIPIOS
se me reintegre a mi cargo DE FAVORABILIDAD, PRO
*QUE, COMO
de carrera administrativa en CONSECUENCIA DEL LIBERTATE Y PRO
la Dian sin solución de AMPARO DE MIS PERSONA”. *QUE SE
AMPAREN MIS DERECHOS
18
Dadas las restricciones que presentan las cuatro acciones de tutela en el Sistema de Gestión Samai la información que
se utilizará para realizar en análisis corresponde únicamente a la obtenida en el fallo de tutela de instancia, pues los
demás documentos no son visibles y no es posible acceder a ellos.
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024-
03444-00 05185-00 06125-00 07030-00
continuidad para todos los DERECHOS FUNDAMENTALES
efectos laborales y FUNDAMENTALES VIOLADOS POR LOS
legales.» INVOCADOS, SE ME ACTOS ADMINISTRATIVOS
REINTEGRE A MI CARGO PROFERIDOS POR LA
DE CARRERA DIAN CONTENIDOS EN LAS
ADMINISTRATIVA EN LA SIGUIENTES
DIAN SIN SOLUCIÓN DE RESOLUCIONES 8300060-
CONTINUIDAD PARA 2009- 01 DE 30 DE ABRIL
TODOS LOS EFECTOS DE 2007, 6027 DE 24 DE
LABORALES Y LEGALES MAYO DE 2007 Y 7319 DE
[…].» 21 DE JUNIO DE 2007 […]
SE ME REINTEGRE A MI
CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA
DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA
TODOS LOS EFECTOS
LABORALES Y LEGALES.»
Fundamentos: Fundamento: Fundamentos: Fundamentos:
«Al respecto, considera la «El 26 de septiembre de «Señaló que la sentencia « De la lectura de la
parte actora que la decisión 2024, la parte accionante censurada incurrió en el demanda de tutela se
acusada vulnera sus actuando en nombre propio, defecto de violación directa establece que el accionante
derechos fundamentales al presentó acción de tutela de la constitución porque afirma que la autoridad
encontrarse incursa en contra la sentencia del 28 “(…) realizó una lectura accionada vulneró sus
defecto material o de marzo de 2019, proferida contraria a los artículos 1°, derechos fundamentales al
sustantivo por ignorar la por la Subsección A de la 2°, 29° y 93° de la debido proceso y al derecho
disposición contenida en el Sección Segunda del Constitución, respecto de la al desempeño de cargos y
parágrafo 1.° numeral 4 del Consejo del Estado, con el ‘INHABILIDAD funciones públicas, como
artículo 38 de la Ley 734 de fin de obtener la protección SOBREVINIENTE’, consecuencia de haber
2002, así como en de sus derechos contraria a los principios pro incurrido en defecto
desconocimiento del fundamentales al debido persona, de favorabilidad y sustancial por la
precedente al pasar por alto proceso, al juez natural, pro libertatis (…)”; así interpretación irrazonable y
los efectos erga omnes de igualdad, y al principio de mismo, que incurrió en contra la Constitución del
las sentencias C-077 de “favorabilidad en materia defecto sustantivo porque numeral 4º del artículo 38
2007 y C-101 de 2018.» laboral”» “(…) la interpretación que de la Ley 734 de 2002,
se hizo del numeral 4 del desconocimiento del
artículo 38 de la Ley 734 de precedente del principio de
2002 (…) resulta favorabilidad en material
irrazonable y contraria a la laboral y principio pro
Constitución (…)”. Adujo homine en la sentencia
que la aludida sentencia recurrida, así como también
desconoció el artículo 53 de violación directa de los
la Constitución Política, artículos 13, 29 y 53 de la
porque “(…) los consejeros Constitución Política.
‘OMITIERON APLICAR EL
En cuanto al defecto
PRINCIPIO DE
sustantivo indicó que
FAVORABILIDAD EN
conforme a la sentencia SU-
SENTIDO AMPLIO’ (…)”,
023 de 2018 proferida por la
toda vez que “(…) al
Corte Constitucional la
numeral 4° del artículo 38
favorabilidad en materia
de la LEY 734 DE 2002
laboral se presenta cuando
como cualquier otra norma
existe conflicto entre dos
en materia disciplinaria, se
normas de distinta fuente
le debe aplicar el principio
normal o cuando existe una
de favorabilidad (…)”, por
sola norma que admite
cuanto “(…) admite varias
varias interpretaciones.
interpretaciones, con
relación al CESE DE LA En ese orden, expuso que al
INHABILIDAD numeral 4º del artículo 38
SOBREVINIENTE por de la Ley 734 de 2002 se le
haber sido declarado debe aplicar el principio de
responsable fiscalmente; y favorabilidad contenido en
los efectos del pago del fallo el artículo 14 de la misma
fiscal cuando este es ley, lo que en consecuencia
acreditado por la admite varias
Contraloría respectiva» interpretaciones con
relación al cese de la
inhabilidad sobreviniente
por haber sido declarado
responsable fiscalmente y
los efectos del pago del fallo
fiscal cuando este fue
acreditado por la contraloría
respectiva.»
Problema jurídico: Problema jurídico: Problema jurídico: Problema jurídico:
«[…] la Sala determinar si: «En el presente caso, lo «[…] la autoridad judicial «Corresponde a la Sala
¿La autoridad judicial pertinente sería entrar a accionada aseveró que la analizar si el Consejo de
accionada desconoció los resolver la acción de tutela tutela es temeraria porque Estado, Sección Segunda,
derechos fundamentales de presentada por Francisco en reiteradas oportunidades Subsección A vulneró a la
10
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro. Acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024- 11001-03-15-000-2024-
03444-00 05185-00 06125-00 07030-00
los accionantes, con Javier García Londoño en el accionante ha solicitado parte actora sus derechos
ocasión de la decisión de 28 contra de la Subsección A el amparo con sustento en fundamentales al debido
de marzo de 2019, proferida de la Sección Segunda de supuestos fácticos similares proceso y el derecho al
en el expediente de nulidad esta Corporación, con que pretende sean desempeño de cargos y
y restablecimiento del ocasión de la expedición de nuevamente debatidos, de funciones públicas al
derecho 2011-00372-00, la sentencia de 28 de marzo igual forma, la DIAN proferir la sentencia del 28
que negó las pretensiones de 2019, proferida dentro consideró que debe de marzo de 2019 que negó
de nulidad de la sanción del proceso identificado con declararse improcedente la las pretensiones dentro del
que le fuere impuesta al el número tutela por “(…) la proceso de nulidad y
señor García Londoño con 1100103250002012003720 inexistencia de vulneración restablecimiento del
fundamento en la 0. No obstante, una vez normativa alguna, derecho instaurado por el
inhabilidad sobreviniente revisado el expediente se existencia de cosa juzgada accionante en contra de la
configurada consecuencia constató que el accionante constitucional de algunas Dirección de Impuestos y
del resultado de dos fallos ha formulado una acción de tutelas, inexistencia de Aduanas Nacional DIAN-
fiscales condenatorios en tutela en contra de la vulneración de derecho radicado con el número
su contra, incurriendo, mencionada providencia12, fundamental, falta de 11001-03-25-000-2012-
presuntamente, en defecto de ahí que le corresponde a inmediatez y configurarse el 00372-00. Previo a resolver
sustantivo o material por no la Sala analizar en primer fenómeno de la temeridad. la presunta vulneración se
aplicar las disposiciones del lugar si se presenta la cosa […] debe establecer si operó la
parágrafo 1.° numeral 4 del juzgada constitucional y/o la cosa juzgada constitucional
Bajo dicho contexto, la Sala
artículo 38 de la Ley 734 de temeridad.» con ocasión de
estima pertinente analizar si
2002, así como en pronunciamientos
operó la cosa juzgada
desconocimiento del anteriores en similares
constitucional alegada por
precedente al pasar por alto acciones de amparo con
la DIAN, y, si la parte
los efectos erga omnes de identidad de hechos partes
accionante está incurriendo
las sentencias C-077 de y pretensiones. Para el
en una actuación temeraria
2007 y C-101 de 2018?» efecto, se estudiará: i) la
conforme a lo planteado por
procedencia de la acción de
la misma entidad y la
tutela contra providencia
autoridad judicial
judicial; ii) la configuración
accionada.»
de la temeridad y la cosa
juzgada constitucional y, iii)
el caso concreto.»
Decisión de Primera Decisión de Primera Decisión de Primera Decisión de Primera
instancia: instancia: instancia: instancia:
Sentencia del 27 de Sentencia del 25 de Sentencia del 12 de Sentencia del 6 de
agosto de 2019. octubre de 2024. diciembre de 2024. febrero de 2025.
C.P. Sandra Lisset Ibarra C.P. Fernando Alexei C.P. Oswaldo Girando C.P. Omar Joaquín
Vélez Pardo Flórez López Barreto Suárez
«Todo lo anterior, permite «En este caso, la Sala «En ese sentido, se verifica «Al confrontar los trámites
concluir a la Sala que, evidencia un uso abusivo y que existe coincidencia constitucionales referidos
contrario a lo alegado por la deliberado de la acción de entre las solicitudes de con la acción de amparo
parte accionante, la tutela por parte de amparo, conducta que instaurada tenemos que
subsección A de la sección Francisco Javier García constituye un ejercicio son de igual identidad en
segunda del Consejo de Londoño, que constituye temerario de la acción de cuanto a los hechos, partes
Estado, no incurrió en una actuación de mala fe, tutela, sin que dicha y pretensiones, y que para
causal alguna de por cuanto en la demanda actuación esté justificada; la fecha de formulación de
procedencia especifica de manifestó “bajo la gravedad aunado a que, pese a que la presente tutela ya había
la acción de tutela contra de juramento, que se previamente ya ha sido operado el fenómeno de la
providencia judicial, y que lo entiende prestado con la advertido el accionante, cosa juzgada18 , que
que se encuentra es una interposición de esta insiste en interponer aunado a la manifestación
inconformidad con el demanda de tutela, que no acciones de tutela con del accionante en el título
resultado del análisis he presentado otra acción similar fundamento denominado juramento de
normativo y jurisprudencial de tutela por los mismos material, incluso se verifica “que no he presentado otra
y la posición adoptada por hechos y derechos que se que la presente tutela se acción de tutela por los
el juez natural, lo cual no es tratan en este escrito”. Esta interpuso estando en mismos hechos y derechos
atacable vía tutela en la conducta no solo trámite la identificada con el que se tratan en este
medida en que aquella representa un desafío a las radicado 2024-05185. escrito”, acredita que
cuenta con soporte y está advertencias anteriores de incurrió en temeridad,
Por lo anotado, sin ser
debidamente razonada y las autoridades judiciales, proceder que infringe la
necesario descender en
justificada, por lo que, se sino que es contraria a la buena fe que debe
otras consideraciones, la
reitera, este mecanismo no realidad, lo que afecta predicarse en las
Sala declarará la cosa
puede convertirse en una negativamente el adecuado actuaciones judiciales. En
juzgada constitucional en el
instancia adicional para funcionamiento de la consecuencia, la Sala
caso, así como la
continuar con el debate administración de justicia al declarará la existencia de
configuración de una
presentado en sede sobrecargar el sistema con cosa juzgada constitucional
actuación temeraria, en los
contenciosa; razón ello, se procedimientos reiterativos y temeridad, en los términos
términos anotados.».
NEGARÁ el amparo sobre una misma del artículo 38 del Decreto
invocado.». controversia. 33. Ante la 2591 de 1991.».
temeridad evidenciada en el
ejercicio de la acción
constitucional, la Sala
declarará improcedente la
protección invocada por el
señor Francisco Javier
García Londoño.».
11
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
El anterior contexto permite concluir que, la acción de tutela de la referencia guarda
similitud fáctica y jurídica respecto de las acciones Nros. 11001-03-15-000-2024-
05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00 y 11001-03-15-000-2024-07030-00,
compartiendo así identidad de sujetos, hechos y objeto.
Nótese que lo pretendido por el accionante en los cinco escritos de tutela, es que
se revoque la sentencia del 28 de marzo de 2019 dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-25-000-2012-00372-00.
La única diferencia que se observa entre la acción de tutela de la referencia respecto
de la acción Nro. 11001-03-15-000-2019-03444-00, es que al ser esta última la
primera acción constitucional presentada contra la providencia judicial del 28 de
marzo de 2019 la Sala que conoció del asunto realizó el estudio de procedencia
revisando las actuaciones adelantadas en la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho Nro. 2012-00372-00 y estudió el defecto por desconocimiento del
precedente.
Distinto sucede con las posteriores acciones de tutela que el mismo accionante ha
estado presentando contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en las cuales el actor reitera sus inconformidades y en las cuales las
autoridades judiciales se han abstenido de realizar el análisis de procedencia de la
acción de tutela porque se ha encontrado que las reiteradas acciones versan sobre
los mismos hechos configurando un actuar temerario19.
Si bien el actor en su escrito de subsanación pone de presente la existencia de
múltiples acciones de tutela que ha presentado, también es cierto que él manifiesta
que en su caso se configuran las excepciones para que se entienda que una acción
de tutela no es temeraria a pesar de tratar los mismos supuestos fácticos.
Como fundamento de esto señala la existencia de «nuevos hechos» los cuales son:
(i) «EL DESCONOCIMIENTO U LA OMISIÓN DE APLICAR EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN LA SENTENCIA JUDICAL (sic) TUTELADA CON RADICACIÓN
11001032500020120037200 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019», y;
(ii) El precedente jurisprudencial dictado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el trámite de la acción de tutela Nro.
11001-03-15-000-2020-00034-01, el cual es posterior al fallo de nulidad y
restablecimiento del derecho y al primer fallo de tutela.
Sin embargo, para la Sala estos no son realmente hechos nuevos que configuren la
excepción que plantea el actor, pues el principio de favorabilidad y los argumentos
que trae a colación debieron ser discutidos en el trámite del proceso disciplinario y
de nulidad y restablecimiento del derecho, pues allí tuvo la oportunidad de ejercer
su derecho de defensa y contradicción, incluso en el recurso extraordinario de
revisión que en efecto interpuso.
Tampoco es de recibo pretender que le sea aplicable a su caso una providencia
judicial que fue dictada con posterioridad.
Por lo anterior, la Sala considera que en este caso existe actuación temeraria por
parte del señor Francisco Javier García Londoño, debido a que se acreditó que
presentó múltiples acciones de tutela con las mismas partes, hechos y pretensiones,
y adicionalmente no expuso alguna justificación real para presentar esta nueva
acción.
19
No se realiza el estudio de la existencia de cosa juzgada constitucional en razón a que dos de las providencias que se
analizaron se encuentran surtiendo trámite de segunda instancia y otra de ellas ya fue remitida para revisión de la Corte
Constitucional pero aún no se ha definido su selección.
12
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Es de resaltar que, de acuerdo con lo anterior, el actor no justificó debidamente los
motivos por los cuales presentó este otro escrito de tutela, más allá de encontrarse
inconforme con la sentencia del 28 de marzo de 2019 y considerar que la
vulneración de sus derechos fundamentales persiste, sin embargo, a sabiendas de
que ya existían múltiples decisiones judiciales sobre el mismo asunto interpuso esta
acción de tutela nuevamente.
Circunstancia que denota su mala fe y abuso del derecho, más aún cuando
encontrándose en trámite esta acción radicó un nuevo escrito de tutela (por los
mismos hechos) que fue anexado erróneamente a este proceso (Samai, índice 4) y
que luego fue repartido, tramitándose como la acción de tutela Nro. 11001-03-15-
000-2024-07030-00.
Por lo expuesto, la Sala encuentra que el actor interpuso múltiples acciones de
tutela contra la misma parte, por los mismos hechos, y por las mismas pretensiones.
Motivo por el cual en el caso se configura la actuación temeraria, en los términos
del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Lo anterior, sin contar que en efecto la providencia que cuestiona el señor Francisco
Javier García Londoño fue dictada el 28 de marzo de 2019 y notificada por edicto
desfijado el 14 de mayo de 2019.
Quiere decir que el plazo razonable de seis meses para la interposición de esta
acción de tutela se superó respecto del proceso de la referencia, esto sin pasar por
alto que la primera acción de tutela contra esa providencia fue presentada en
término (11001-03-15-000-2019-03444-00).
Lo anterior, sin perjuicio de que el actor intentara justificar el requisito de la
inmediatez argumentando que la vulneración de sus derechos es permanente,
actual y continua en el tiempo, lo cual no es de recibo para esta Sección.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción
de tutela, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, por configurarse la temeridad respecto de las acciones de tutela Nros. 11001-
03-15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00 y 11001-03-15-000-
2024-07030-00, por las razones manifestadas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedencia de la presente acción de tutela interpuesta por el
señor Francisco Javier García Londoño, de conformidad con lo previsto por el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, por configurarse la temeridad respecto
de las acciones de tutela Nros. 11001-03-15-000-2024-05185-00, 11001-03-15-
000-2024-06125-00 y 11001-03-15-000-2024-07030-00, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06920-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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