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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02968-00

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02968-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier García Londoño contra el auto del 7 de mayo de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por no cumplirse los requisitos generales de procedencia , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02968-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

10 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02968-00

Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN CUARTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA
CONTRA TUTELA-Procedencia excepcional únicamente en los eventos estrictamente definidos por la
jurisprudencia constitucional. SUBSIDIARIEDAD-Improcedencia del amparo cuando el trámite constitucional se
encuentra en curso y existen recursos pendientes de decisión. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-No se
configura cuando la controversia se reduce a una discrepancia sobre la interpretación de normas procesales.
AUTONOMÍA JUDICIAL-La acción de tutela no procede para imponer una determinada lectura de las reglas
sobre impedimentos y competencia.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier García
Londoño contra el auto del 7 de mayo de 2025, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante el cual se resolvieron los impedimentos manifestados
por dos magistrados de esa Sección.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 19 de mayo de 2025, el señor Francisco Javier García Londoño, actuando en
nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a ejercer cargos públicos,
de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que estimó
vulnerados con ocasión del auto del 7 de mayo de 2025, dictado dentro de otra acción
de tutela1, en el cual el magistrado ponente resolvió de manera unipersonal los

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Proceso identificado con número de radicación: 11001-03-15-000-2025-01352-00

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

impedimentos manifestados por dos magistrados de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.

En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:

«1. Que con el objeto de garantizar los derechos fundamentales invocados como
vulnerados, se deje sin efectos el AUTO PROFERIDO EL 07 DE MAYO DE 2025 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado al interior de proceso constitucional con
Radicación: 11001-03-15-000-2025 01352-00.

2. Que como consecuencia de lo anterior, y para garantizar el debido proceso, se
profiera Acta de Sorteo de Conjueces para que se pueda obtener el QUORUM
necesario para poder resolver, con fundamento en el artículo 140 del Código
General del Proceso y/o el numeral 3° del artículo 131 del CPACA, los
impedimentos manifestados por los dos Magistrados MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
ARGÜELLO y LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO.».

1. Hechos relevantes

El señor Francisco Javier García Londoño indicó que, antes de promover la presente
acción de tutela, formuló la solicitud de amparo radicada con el No. 11001-03-15-
000-2025-01352-00 contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A,
con el fin de controvertir la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-
03-25-000-2012-00372-00. Precisó que esa misma providencia ya había sido
cuestionada previamente mediante la acción de tutela radicada con el No. 11001-03-
15-000-2024-06920-00.

Expuso que, dentro del trámite de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-
01352-00, el 6 de mayo de 2025, los magistrados Myriam Stella Gutiérrez Argüello y
Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestaron impedimento con fundamento en la
causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Señaló que
esa manifestación obedeció a que ambos habían tramitado, participado en la
decisión y suscrito la sentencia del 27 de febrero de 2025, dictada dentro de la acción
de tutela No. 11001-03-15-000-2024-06920-00, promovida también por él contra el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A. Agregó que, según lo
expresado en ese escrito, entre ambas acciones de tutela existía identidad de partes,

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

objeto y argumentos, porque en las dos se cuestionó la sentencia del 28 de marzo
de 2019.

Adujo que, una vez formulados esos impedimentos, la decisión no podía ser
adoptada de manera unipersonal por el magistrado ponente, dado que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado estaba integrada por cuatro magistrados y dos de ellos
se apartaron del conocimiento del asunto, lo que incidía en el quórum decisorio. Por
ello, sostuvo que debía surtirse el trámite necesario para integrar la autoridad
competente, de conformidad con el artículo 140 del Código General del Proceso, el
artículo 131 del CPACA y el Reglamento Interno del Consejo de Estado, de modo
que el asunto fuera resuelto por la Sección y, de ser necesario, por una Sala de
Conjueces.

Manifestó que, no obstante lo anterior, el 7 de mayo de 2025, dentro del expediente
No. 11001-03-15-000-2025-01352-00, el magistrado Wilson Ramos Girón profirió el
auto que resolvió el impedimento. Indicó que esa providencia fue suscrita únicamente
por dicho magistrado, en calidad de ponente, y declaró infundados los impedimentos
formulados por Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño,
bajo el entendido de que la sola participación de esos funcionarios en la acción de
tutela anterior no comprometía por sí misma su imparcialidad. Añadió que, como
consecuencia de esa determinación, los magistrados que habían manifestado
impedimento continuaron conociendo de la acción constitucional.

2. Fundamentos de la acción

El accionante sostuvo, en primer lugar, que la acción de tutela resultaba procedente
de manera excepcional contra el auto del 7 de mayo de 2025, por cuanto se trató de
una actuación previa al fallo dictado dentro de otro trámite constitucional y, en su
criterio, esa decisión tuvo la virtualidad de vulnerar derechos fundamentales.

En segundo término, afirmó que el auto cuestionado desconoció sus derechos
fundamentales debido a que el magistrado ponente resolvió de manera unipersonal
los impedimentos manifestados por dos magistrados de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

Asimismo, adujo que la controversia planteada tuvo relevancia constitucional, debido
a que no versó sobre un asunto de mera legalidad, sino sobre la definición de la
autoridad competente para decidir los impedimentos y, por esa vía, sobre la garantía
del debido proceso y del juez natural.

De igual forma, señaló que en el caso se configuró un defecto orgánico, porque, a
su juicio, el magistrado que profirió el auto carecía de competencia para resolver por
sí solo los impedimentos formulados por dos integrantes de la misma Sección.

También alegó que se presentó una violación directa de la Constitución, al estimar
que la decisión adoptada desconoció los principios de imparcialidad e independencia
judicial, los cuales integran el contenido del derecho fundamental al debido proceso.

Finalmente, sostuvo que la irregularidad procesal tuvo incidencia determinante en el
trámite, por cuanto permitió que continuaran conociendo del asunto magistrados que,
en su criterio, debían apartarse del mismo.

3. Trámite procesal

El proceso fue radicado el 19 de mayo de 2025 y correspondió por reparto, al
despacho del magistrado William Barrera Muñoz. Sin embargo, este manifestó
impedimento mediante escrito del 3 de junio de 2025, al considerar que se
encontraba incurso en la causal prevista en el artículo 56.4 del Código de
Procedimiento Penal, porque había sido ponente de una sentencia de tutela anterior
en la que se estudió la vulneración alegada en torno a la sentencia del 28 de marzo
de 2019, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 11001-03-25-000-2012-00372-00.

No obstante, la Sala concluyó que el impedimento era infundado. Para ello explicó
que, aunque el magistrado había conocido previamente asuntos relacionados con la
sentencia del 28 de marzo de 2019, en la tutela radicada con el No. 11001-03-15-
000-2025-02968-00 el actor no cuestionó esa providencia ni otra decisión de fondo,
sino exclusivamente el auto del 7 de mayo de 2025 que resolvió los impedimentos
dentro de la tutela No. 11001-03-15-000-2025-01352-00. Con base en esa diferencia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

de objeto, se ordenó remitir el expediente al despacho de William Barrera Muñoz
para lo de su competencia.

El 5 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al
accionante y al Consejo de Estado-Sección Cuarta, así como al Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección A, en calidad de tercera interesada. Igualmente, se
dispuso a informar a la autoridad accionada para que rindiera el informe
correspondiente, notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
su eventual intervención y publicar la providencia en la página web del Consejo de
Estado para conocimiento de quienes pudieran tener interés en el asunto. Además,
se solicitó al Consejo de Estado-Sección Cuarta que remitiera copia digital del
expediente radicado con el No. 11001-03-15-000-2025-01352-00 y se suspendió el
término para decidir la solicitud de tutela mientras se practicaban las pruebas
decretadas.

En los escritos de contestación, el magistrado Wilson Ramos Girón2, en calidad de
integrante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, señaló que la
inconformidad del actor recayó específicamente sobre el auto del 7 de mayo de 2025,
proferido dentro del expediente No. 11001-03-15-000-2025-01352-00, mediante el
cual se declararon infundados los impedimentos manifestados por los consejeros
Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño.

Sostuvo que la acción de tutela era improcedente. Como primer fundamento, explicó
que no se acreditaron los criterios especiales de procedencia de la tutela contra
actuaciones surtidas dentro de otra acción de tutela. Para sustentar esa postura, citó
la Sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional y señaló que esa providencia
solo admitió, de manera excepcional, tres hipótesis: i) contra sentencias de tutela
proferidas por jueces distintos de la Corte Constitucional, cuando existiera fraude, no
hubiera identidad procesal y no existiera otro medio eficaz de defensa; ii) contra
actuaciones previas a la sentencia, únicamente cuando consistieran en la omisión
de informar, notificar o vincular a terceros afectados; y iii) contra actuaciones
posteriores al fallo, cuando se buscara la protección de derechos fundamentales
vulnerados en el trámite de un incidente de desacato. Con base en ello, afirmó que

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SAMAI, índice 29.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

el cuestionamiento del actor recaía sobre una actuación anterior a la sentencia, pero
que no correspondía a ninguno de los supuestos excepcionales admitidos por la
Corte, de modo que la tutela no resultaba procedente por esa vía.

Enseguida, afirmó que tampoco se cumplieron los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en particular los de
subsidiariedad y relevancia constitucional. Sobre el primero, manifestó que dentro de
la tutela radicada con el No. 11001-03-15-000-2025-01352-00 ya se había proferido
sentencia de primera instancia el 8 de mayo de 2025, mediante la cual la Sección
Cuarta declaró improcedente la solicitud de amparo al encontrar configuradas la
temeridad y la cosa juzgada constitucional. Indicó que, una vez notificada esa
decisión, el señor García Londoño formuló recusación contra el suscrito e interpuso
impugnación; añadió que, por auto del 3 de junio de 2025, la recusación fue
rechazada por improcedente y la impugnación fue concedida. A partir de ello, resaltó
que ese recurso aún se encontraba pendiente de decisión en la Sección Segunda-
Subsección A del Consejo de Estado, por lo que el actor mantenía un medio de
defensa judicial en curso. En ese contexto, advirtió que la nueva tutela pretendía
intervenir en un trámite aún no concluido, lo que contrariaba el carácter subsidiario
del amparo y abría un canal duplicado de control constitucional. Para reforzar ese
razonamiento, citó las sentencias T-113 de 2013, T-126 de 2019 y T-511 de 2020 de
la Corte Constitucional, en las que se destacó que la tutela no procedía como
mecanismo alternativo o paralelo cuando el proceso ordinario o constitucional seguía
en curso, salvo circunstancias excepcionales no acreditadas en este caso.

En lo relativo a la relevancia constitucional, señaló que la discusión propuesta por el
accionante era de carácter meramente legal. Expuso que el actor, en realidad,
pretendía imponer su propia interpretación acerca de la forma como debió resolverse
el impedimento dentro de la acción de tutela cuestionada, con desconocimiento de
la autonomía funcional del juez. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, particularmente la Sentencia T-468 de 2011, la interpretación de las
normas procesales correspondía al ámbito de autonomía judicial, siempre que no
incurriera en arbitrariedad manifiesta o desconocimiento grosero del precedente
obligatorio. Sobre esa base, sostuvo que el auto del 7 de mayo de 2025 se limitó a
interpretar la normativa procesal aplicable a los impedimentos dentro del trámite de
tutela, en armonía con los principios de celeridad y sumariedad propios de ese

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

mecanismo, por lo que la inconformidad del actor no pasaba de ser una discrepancia
con el entendimiento adoptado por el juez y no una verdadera vulneración de
derechos fundamentales.

De manera subsidiaria, el informe abordó el fondo del asunto y sostuvo que, aun si
se admitiera que la tutela superó los requisitos de procedibilidad, no habría lugar a
conceder el amparo. En ese punto, el magistrado indicó que la decisión cuestionada
no vulneró el debido proceso ni el derecho a la imparcialidad judicial, porque los
impedimentos fueron resueltos con apego a criterios objetivos y razonados. Precisó
que la sola manifestación de un impedimento no obligaba al juez a aceptarlo, pues
las causales debían estar sustentadas en circunstancias ciertas, objetivas y
verificables. Con apoyo en las sentencias SU-037 de 1995 y T-1020 de 2001, afirmó
que la decisión de declarar infundados los impedimentos obedeció a la ausencia de
una causal objetiva que comprometiera la imparcialidad de los consejeros
involucrados, de manera que no podía predicarse lesión alguna a las garantías
invocadas por el actor.

Finalmente, concluyó que debía declararse la improcedencia de la acción de tutela
por tres razones principales: i) porque el auto cuestionado no encajaba en ninguno
de los eventos excepcionales en los que, según la SU-627 de 2015, procedía la
llamada tutela contra tutela; ii) porque no se satisfacía el requisito de subsidiariedad,
dado que el proceso matriz aún seguía en trámite y tenía recursos pendientes de
decisión; y iii) porque lo planteado por el actor correspondía a una controversia
meramente legal sobre la forma de resolver impedimentos, asunto que hacía parte
de la autonomía funcional de los jueces. Agregó que, solo en subsidio y para el
evento de que se entendiera superada la procedibilidad, solicitó negar las
pretensiones porque no se acreditó vulneración alguna al debido proceso ni a la
imparcialidad judicial.

Por su parte, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo3, en calidad de titular
del despacho ponente de las providencias objeto de revisión y en atención a la
notificación de la tutela de la referencia, rindió informe donde precisó que si bien la
providencia cuestionada no fue proferida por su despacho, sí guardó relación con la

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SAMAI, índice 25.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada dentro del proceso No. 11001-03-25-
000-2012-00372-00, mediante la cual se negaron las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidas por el hoy accionante contra la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. A partir de esa precisión, puso de
presente que contra dicha decisión judicial ya habían cursado otros procesos de
tutela en los que el señor García Londoño formuló reclamaciones coincidentes con
las que ahora planteaba.

Finalmente, sostuvo que no solo existía un antecedente de múltiples acciones de
tutela dirigidas contra la misma sentencia del 28 de marzo de 2019, sino que,
además, no se advertía un plazo razonable que permitiera tener por satisfecho el
requisito de inmediatez. Con ello, el informe destacó que la controversia sometida a
consideración del juez constitucional no era novedosa, sino que se insertaba en una
secuencia previa de solicitudes de amparo promovidas por el mismo actor en relación
con la misma decisión judicial, circunstancia que, en criterio del magistrado, impedía
considerar superado uno de los presupuestos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.

La Secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado4 informó, mediante
oficio del 11 de septiembre de 2025, que no era competente para atender el
requerimiento contenido en el auto admisorio del 5 de septiembre de 2025, mediante
el cual se solicitó remitir copia digital del expediente No. 11001-03-15-000-2025-
01352-00. Precisó que, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento Interno del
Consejo de Estado, la dependencia competente para dar trámite a los asuntos
relacionados con acciones de tutela era la Secretaría General de esa corporación.

La Secretaría General del Consejo de Estado5 remitió copia digital del expediente
de tutela 11001-03-15-000-2025-01352-00.

Mediante memorial, el accionante6 solicitó la aplicación del artículo 20 del Decreto
Ley 2591 de 1991, al considerar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no
había rendido el informe requerido en el auto admisorio o que la respuesta era

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SAMAI, índice 22.
5
SAMAI, índice 24.
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SAMAI, índices 28 y 32.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

insuficiente. Además, reiteró que la Sección Segunda-Subsección A solo tenía la
calidad de tercera interesada y no de autoridad accionada, y reprodujo los
argumentos con los que sostuvo que el auto del 7 de mayo de 2025 fue proferido sin
competencia y con desconocimiento de la garantía de imparcialidad judicial.

El 3 de octubre de 2025, el despacho registró proyecto para consideración de la Sala
de Decisión.

4. Manifestación de impedimento

El 25 de noviembre de 2025, el consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales
presentó manifestación de impedimento7, con fundamento en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991 y en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 de la
Ley 906 de 2004, al estimar que ya había emitido opinión sobre el asunto objeto de
decisión. Para sustentar esa manifestación, indicó que suscribió una sentencia del
29 de julio de 2022 dentro de otro trámite constitucional promovido por el mismo
accionante, relacionado con actuaciones previas sobre el mismo litigio. Asimismo,
puso de presente que el despacho a su cargo tramitaba otra acción de tutela
interpuesta por ese mismo actor en relación con una de las decisiones vinculadas al
asunto.

Al analizar la causal invocada, se compararon los hechos y pretensiones del trámite
constitucional en el que el consejero Nicolás Yepes Corrales participó con la
sentencia del 29 de julio de 2022, con los del proceso actual. A partir de esa
confrontación, se estableció que, aunque ambos asuntos habían sido promovidos
por el mismo accionante y guardaban relación con antecedentes comunes, no
recaían sobre el mismo objeto de decisión, pues en el trámite anterior se examinó la
improcedencia de otra acción de tutela, mientras que en el presente asunto solo se
cuestionó el auto del 7 de mayo de 2025 que resolvió impedimentos dentro de otro
expediente. Por ello, se concluyó que no se configuró la causal prevista en el numeral
4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 y, en consecuencia, se declaró infundado el
impedimento presentado por el doctor Yepes Corrales.

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SAMAI, índice 35.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por el
señor Francisco Javier García Londoño contra el auto del 7 de mayo de 2025,
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se
declararon infundados los impedimentos manifestados por los magistrados Myriam
Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño dentro de otra acción de
tutela8.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental9. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela10.

8
Proceso identificado con número de radicación: 11001-03-15-000-2025-01352-00
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
10 Ibidem.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actuaciones surtidas
dentro de otro trámite de tutela

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, unificó las reglas sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adoptadas en otro proceso de tutela. Precisó que, por regla general, ese mecanismo
no procede contra decisiones dictadas dentro de otro trámite constitucional, en
atención a la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la cosa juzgada
constitucional y la estructura propia de ese mecanismo de amparo.

Según esa providencia, únicamente de manera excepcional puede abrirse paso la
tutela contra tutela en supuestos estrictamente delimitados, entre ellos, cuando se
dirige contra una sentencia de tutela proferida por un juez distinto a la Corte
Constitucional y se acredita fraude; cuando recae sobre actuaciones anteriores al
fallo consistentes en la omisión de informar, notificar o vincular a terceros afectados;
o cuando se trata de actuaciones posteriores a la sentencia relacionadas con la
vulneración de derechos fundamentales en el trámite de un incidente de desacato.

De acuerdo con esa regla de unificación, no toda inconformidad surgida dentro de
un trámite de tutela habilita, por sí misma, un nuevo amparo constitucional. Por el
contrario, el juez debe verificar, en primer término, si la actuación censurada encaja
de manera estricta en alguno de los eventos excepcionales admitidos por la
jurisprudencia constitucional. Solo a partir de esa constatación resulta posible
avanzar al examen de los demás presupuestos generales de procedencia. En ese
sentido, la tutela contra tutela conserva un carácter enteramente restrictivo y no
puede convertirse en un mecanismo paralelo para cuestionar cualquier decisión
interlocutoria adoptada en otro trámite constitucional.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02968-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados11.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales12.

La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales en trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable 13. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el
encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad,
niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede
ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso
de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de

11 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las

sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro
del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso
de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos
fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica».

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional14: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

« (…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o

14 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
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para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.»

Autonomía judicial e interpretación de normas procesales

La jurisprudencia constitucional también ha precisado que la interpretación de las
normas procesales corresponde, en principio, al ámbito de autonomía funcional del
juez natural. Esa facultad solo procede cuando la decisión adoptada resulta
arbitraria, manifiestamente irrazonable o contraria de manera ostensible a la
Constitución y al precedente vinculante. Por ello, la sola discrepancia de la parte con
el entendimiento jurídico acogido por la autoridad judicial no es suficiente para
estructurar una violación del debido proceso ni para habilitar, por sí sola, la
intervención del juez de tutela.

Aplicado al control excepcional de providencias judiciales, lo anterior implica que el
amparo no puede utilizarse para imponer una determinada lectura de las reglas de
competencia, trámite o decisión, cuando lo discutido permanece en el ámbito de la
interpretación judicial razonable. En tales eventos, la controversia conserva una
naturaleza predominantemente legal y debe ser resuelta, en principio, por los
mecanismos ordinarios o internos previstos dentro del respectivo proceso.

Caso concreto

El señor Francisco Javier García Londoño promovió acción de tutela contra el auto
del 7 de mayo de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del expediente No. 11001-03-15-000-2025-01352-00, mediante el cual se declararon
infundados los impedimentos manifestados por los magistrados Myriam Stella
Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño. La inconformidad del actor se
edificó sobre la premisa de que esa decisión no podía ser adoptada de manera
unipersonal por el magistrado ponente, sino por la Sección correspondiente o, de
resultar afectado el quórum, por una Sala de Conjueces. Sobre esa base, solicitó
dejar sin efectos la providencia cuestionada y ordenar el sorteo de conjueces para
resolver nuevamente tales impedimentos.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

A su vez, el expediente permitió establecer que el auto atacado se profirió dentro de
otra acción de tutela promovida por el mismo actor, dirigida a cuestionar la sentencia
del 28 de marzo de 2019 dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-03-25-000-2012-00372-00, providencia que ya
había sido controvertida en trámites constitucionales anteriores.

A partir de ese contexto, la Sala encuentra, en primer término, que no le asiste razón
al actor cuando sostuvo que la presente acción de tutela procedía excepcionalmente
por dirigirse contra una actuación anterior al fallo dictado dentro de otro trámite
constitucional. Si bien la jurisprudencia constitucional admitió, de manera restrictiva,
la procedencia excepcional de la tutela contra determinadas actuaciones surtidas
dentro de otro proceso de tutela, también precisó que ello solo ocurre en hipótesis
estrictas y delimitadas, entre ellas, cuando la actuación previa consiste en la omisión
de informar, notificar o vincular a terceros potencialmente afectados.

En este caso, la censura no recae sobre una omisión de esa naturaleza, sino sobre
la forma en que se resolvió un impedimento al interior de otro trámite de acción de
tutela. Por ello, desde esta primera perspectiva, el supuesto fáctico expuesto por el
accionante no encuadra en los eventos excepcionales que autorizan la apertura de
una nueva acción de tutela.

En otras palabras, la providencia cuestionada no corresponde a una de las
actuaciones previas que, según la regla fijada por la Corte Constitucional, permiten
excepcionalmente la llamada tutela contra tutela. Esa conclusión coincide, además,
con lo expuesto por el magistrado Wilson Ramos Girón en su informe, donde precisó
que el auto demandado no encajó en ninguno de los supuestos excepcionales
descritos por la sentencia SU-627 de 2015.

En segundo lugar, tampoco prosperó el argumento del actor según el cual la decisión
cuestionada vulneró sus derechos fundamentales por haber sido adoptada de
manera unipersonal por el magistrado ponente. La Sala observa que ese
planteamiento no superó el umbral propio del juicio de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, pues se mantuvo en el terreno de la discrepancia frente a la
interpretación procesal acogida por la autoridad accionada acerca de quién era
competente para resolver los impedimentos formulados en ese momento procesal.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

El accionante invocó el artículo 140 del Código General del Proceso, el artículo 131
del CPACA y el artículo 54 de la Ley 270 de 1996 para sostener que la decisión debía
ser adoptada por la Sección o, de ser necesario, por conjueces; sin embargo, esa
construcción, por sí sola, no evidenció una lesión constitucional autónoma,
manifiesta y grosera del debido proceso. Lo que mostró fue el desacuerdo del
demandante con la solución jurídica adoptada dentro del trámite matriz.
Precisamente por ello, el debate no transcendió del plano de la legalidad procesal.

En tercer lugar, tampoco se abrió paso la afirmación del actor relativa a que la
controversia tenía relevancia constitucional por involucrar la garantía del juez natural.
Si bien toda discusión sobre competencia judicial o imparcialidad puede tener, en
abstracto, un componente constitucional, en este caso concreto la carga
argumentativa de la demanda no logró demostrar que la providencia censurada
hubiera producido un sacrificio cierto y ostensible de tales garantías, distinto de la
simple inconformidad con la lectura jurídica asumida por la Sección Cuarta.

En efecto, el actor no mostró que la decisión hubiese implicado una ruptura arbitraria
del orden constitucional, sino que insistió en que, a su juicio, las normas procesales
sobre impedimentos debieron aplicarse de manera distinta. Tal planteamiento no
bastó para convertir una discusión de técnica procesal en un auténtico problema
constitucional. De allí que la Sala estime que la tutela no satisfizo el requisito de
relevancia constitucional, puesto que se dirigió, en esencia, a reabrir una discusión
sobre la forma correcta de resolver una incidencia procesal dentro de otro trámite
tutelar, materia que corresponde al ámbito de autonomía del juez natural.

En cuarto término, tampoco se acreditó el defecto orgánico alegado por el
accionante. La simple afirmación según la cual el magistrado Wilson Ramos Girón
carecía absolutamente de competencia para decidir los impedimentos no resultó
suficiente para estructurar ese defecto, pues el actor no demostró que se estuviera
ante una actuación emitida por una autoridad manifiestamente ajena al proceso o
radicalmente desprovista de poder jurisdiccional. Antes bien, el reparo se contrajo a
cuestionar la manera como la autoridad accionada entendió y aplicó las reglas
procesales relativas al trámite de impedimentos en sede de tutela. Esa controversia,
se reitera, pertenece al ámbito interpretativo del juez y no configura por sí misma un
defecto orgánico en los términos estrictos exigidos por la jurisprudencia. A ello se

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sumó que la autoridad accionada explicó, en su respuesta, que la decisión adoptada
obedeció a un análisis razonado sobre la ausencia de una causal objetiva que
comprometiera la imparcialidad de los magistrados concernidos, lo que descarta, al
menos en esta fase de procedencia, la existencia de una actuación caprichosa o
desprovista de fundamento.

En quinto lugar, la Sala tampoco encuentra acreditada la violación directa de la
Constitución alegada por el actor con base en la supuesta afectación de los principios
de imparcialidad e independencia judicial. El expediente muestra que el auto del 7
de mayo de 2025 examinó precisamente la procedencia de los impedimentos
manifestados y concluyó que la sola participación previa de los magistrados Myriam
Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño en otra tutela no
comprometía, por sí misma, su imparcialidad. A su vez, en una de las contestaciones
de la presente acción se puso de presente que la sola manifestación de un
impedimento no obliga necesariamente a declararlo fundado y que su aceptación
dependía de la constatación de circunstancias ciertas, objetivas y verificables. Desde
esa perspectiva, la demanda no reveló un desconocimiento directo del texto
constitucional, sino una discrepancia con la valoración efectuada por la autoridad
judicial acerca de la suficiencia de la causal invocada. Por ello, la censura no logró
trascender el plano de la inconformidad argumentativa.

En sexto lugar, tampoco resultó de recibo el argumento conforme al cual la
irregularidad procesal tuvo incidencia determinante por haber permitido que
continuaran conociendo del asunto magistrados que, en criterio del actor, debían
apartarse. Para la Sala, ese planteamiento parte de una premisa que no se encontró
demostrada en esta sede, esto es, que efectivamente existía una causal legal de
impedimento que obligaba a separar a dichos magistrados del conocimiento del
asunto. Justamente ese fue el punto sobre el cual se pronunció la providencia
atacada, y frente a él el actor solo opuso su desacuerdo interpretativo. No evidenció,
en cambio, la existencia de un quebrantamiento objetivo del debido proceso que no
pudiera ser ventilado a través de los mecanismos internos del trámite matriz. Así, la
supuesta trascendencia de la irregularidad no se demostró como un vicio
constitucional autónomo, sino apenas como una consecuencia derivada de la tesis
jurídica propuesta por el accionante.

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Acción de tutela – Primera instancia

Ahora bien, más allá de la respuesta puntual a los fundamentos de la acción, la Sala
estima que el examen integral del expediente conduce, de manera aún más clara, a
la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. En efecto, de acuerdo con el expediente y la contestación rendida
por el consejero Wilson Ramos Girón, dentro de la acción de tutela radicada con el
No. 11001-03-15-000-2025-01352-00 ya se había dictado sentencia de primera
instancia el 8 de mayo de 2025, providencia frente a la cual el señor García Londoño
interpuso impugnación, recurso que fue concedido y permanece pendiente de
decisión. En esas condiciones, el proceso constitucional dentro del cual se profirió el
auto ahora cuestionado no ha concluido y el actor aún cuenta con un medio de
defensa judicial en curso. Por consiguiente, la presente acción de tutela se encaminó
a abrir un escenario paralelo de control antes de que culminara el trámite matriz, en
abierta contradicción con el carácter residual de la tutela. La jurisprudencia ha sido
insistente en que no es posible utilizar este mecanismo para interferir en procesos
judiciales aún pendientes, salvo que se demuestre la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable o la ausencia de medios idóneos y eficaces, circunstancias que no se
acreditaron en este asunto.

La carencia de subsidiariedad se refuerza con otro aspecto relevante del expediente:
la secuencia de actuaciones constitucionales promovidas por el mismo actor
alrededor del mismo litigio de origen. En efecto, el magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo puso de presente que la providencia cuestionada guardaba relación con la
sentencia del 28 de marzo de 2019 y que contra esta ya habían cursado otros
procesos de tutela en los que el señor García Londoño formuló reclamaciones
coincidentes con las aquí propuestas.

Esa cadena de actuaciones muestra que la controversia actual no surge como un
problema nuevo y autónomo de protección de derechos fundamentales, sino como
una incidencia procesal vinculada a un conjunto amplio de litigios constitucionales
promovidos por el mismo actor en relación con el mismo conflicto base. Tal
circunstancia aconseja, con mayor razón, un control estricto de subsidiariedad y de
procedencia, para impedir que la tutela se desnaturalice y se convierta en una vía
sucesiva o paralela de revisión de cada actuación adoptada en procesos anteriores.

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

De igual forma, la Sala observa que tampoco hubo lugar a aplicar la presunción de
veracidad solicitada por el actor en memorial posterior. Aunque el accionante insistió
en que la Sección Cuarta no había rendido el informe requerido o que este resultaba
insuficiente, lo cierto es que dentro del expediente obra la contestación presentada
por el magistrado Wilson Ramos Girón el 17 de septiembre de 2025, en la que se
respondió de manera expresa y detallada a los hechos, pretensiones y fundamentos
de la demanda. Por ello, no se configuró una omisión absoluta de la autoridad
accionada que habilitara la aplicación automática del artículo 20 del Decreto 2591 de
1991. Este aspecto, si bien no define por sí mismo la decisión de improcedencia, sí
confirma que el trámite se surtió con contradicción y que la Sala cuenta con
suficientes elementos para resolver el asunto sin acudir a presunciones probatorias
en favor de la parte actora.

En suma, el análisis conjunto de la demanda, las contestaciones allegadas y de las
demás piezas procesales permite concluir que la presente acción de tutela no
satisface los presupuestos generales de procedencia. De una parte, el auto
cuestionado no encaja en ninguno de los eventos excepcionales en los que la
jurisprudencia constitucional admite la procedencia de la tutela contra actuaciones
surtidas dentro de otro trámite de tutela. De otra parte, el accionante no agotó el
mecanismo judicial interno que permanecía en curso dentro del proceso matriz, de
modo que incumplió el requisito de subsidiariedad. Además, la censura propuesta
carece de relevancia constitucional suficiente, pues se contrae a una discusión sobre
la interpretación y aplicación de reglas procesales relativas a impedimentos, materia
que corresponde al ámbito de autonomía funcional del juez natural. Bajo esas
condiciones, la demanda no puede abrir paso a un nuevo examen constitucional de
fondo.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela promovida por el señor
Francisco Javier García Londoño resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Primera instancia

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Francisco Javier García Londoño contra el auto del 7 de mayo de 2025, proferido por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por no cumplirse los requisitos generales
de procedencia , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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