Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01352-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01352-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01352-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
8 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01352-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia. Temeridad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Francisco Javier García Londoño
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 10 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, Francisco Javier García
Londoño, solicitó que se ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la dignidad humana.
A juicio del accionante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 28 de
marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
denegó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-03-25- 000-2012-00372-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS EN LA SENTENCIA
JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE 2019 CON RADICADO 11001032500020120037200
COMO SON: I) DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL. II) EL DERECHO A LA
IGUALDAD. III) DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. Y IV)
DERECHO A LA DIGNIDA HUMANA.
QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN
SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 De la actuación administrativa
El señor García Londoño fue incorporado a la Dirección de Impuestos y Aduanadas
Nacionales (en adelante DIAN), en el cargo de profesional I, Nivel 30, Grado 18, de la
1 Índice 2 SAMAI
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
División de Cobranzas mediante Resolución No. 000001 de 1 de junio de 1993.
Por Resolución No. 2952 de 29 de diciembre de 1993, el director de la DIAN lo retiró del
servicio.
Durante los años de 1999 a 2001, se desempeñó como tesorero de rentas municipales en
el Municipio de Yondó, Antioquia.
Mediante Resolución No. 7203 de 15 de agosto de 2001, el director general de la DIAN,
en cumplimiento de una orden judicial, dispuso su reintegro al cargo de profesional de
ingresos públicos I, nivel 30, grado 19, de la División de Cobranzas de la Administración
de Impuestos de Medellín.
Por de Auto No. 111 de 2001, la Contraloría General de la República inició una
investigación fiscal en su contra, en atención al trámite fiscal de cuentas del Municipio de
Yondó, correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 1999. Posteriormente, por
medio de Auto No. 099 de 14 de junio de 2002, la Contraloría General de la República
inició otra investigación en su contra, por los meses de enero a febrero de 1999.
A través del fallo 106 de 19 de junio de 2003, la Contraloría General de la República lo
declaró responsable fiscalmente por el detrimento patrimonial causado al Municipio de
Yondó, Antioquia, en relación con el proceso iniciado con Auto No. 099.
Mediante fallo 057 del 27 de diciembre de 2005, la Contraloría lo declaró responsable
fiscalmente dentro de la investigación adelantada con Auto No. 111.
Por medio de la Resolución No. 04914, de 17 de mayo de 2006, el director general de la
DIAN lo retiró del servicio por encontrarse incurso en una inhabilidad sobreviniente,
decisión que fue revocada por Resolución No. 05259 de 24 de mayo de 2006.
En atención a lo anterior, mediante Auto de 30 de agosto de 2006, la División de Asuntos
Disciplinarios de la Regional Noroccidente de Medellín inició indagación preliminar en su
contra, por presuntamente encontrarse incurso en una inhabilidad sobreviniente con
ocasión de los fallos fiscales que lo declararon responsable fiscalmente.
Mediante Resolución n° 8300060-2009-001 de 30 de abril de 2007, la División de Asuntos
Disciplinarios de la Regional Noroccidente de Medellín, en primera instancia, lo declaró
responsable disciplinariamente y los sancionó con destitución e inhabilidad para
desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.
Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, que fue resuelto a través de
Resolución No. 06027 de 24 de mayo de 2007, por el director general de la DIAN,
confirmando la decisión inicial.
Por medio de la Resolución No. 07319 de 21 de junio de 2007, el director general de la
DIAN ejecutó la sanción disciplinaria que le fue impuesta.
3.2 Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 20 de junio de 2012, el señor Francisco Javier García Londoño demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declararan nulas las Resoluciones:
1. N°. 8300060-2009-001 y 06027 de 30 de abril y 24 de mayo de 2007, proferidas por
la División de Investigaciones Disciplinarias de la Dirección Regional Noroccidente y
la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN,
respectivamente, por medio de las cuales se declaró responsable disciplinariamente
y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar funciones
públicas por el término de 12 años.
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
2. N°. 07319 de 21 de junio de 2007, emitida por el director general de la DIAN, a través
de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se solicitó
ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraba desempeñando al
momento de su retiro; condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los salarios
y prestaciones sociales que dejó de devengar desde cuando se ejecutó tal decisión hasta
cuando fuera reintegrado, así como los perjuicios materiales y morales a los que se vio
sometido; declarar que no existió solución de continuidad; ordenar la actualización de las
sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
Código Contencioso Administrativo; disponer el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 176 y 177 ibidem; y condenar en costas a la entidad demandada.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A conoció en única instancia la
mencionada acción que fue tramitada bajo el radicado Nro. 11001-03-25- 000-2012-
00372-00. Con sentencia del 28 de marzo de 2019, denegó las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Francisco Javier García Londoño.
3.3 Recurso extraordinario de revisión
El 3 de julio de 2020, los señores Francisco Javier García Londoño y Ángela María García
Londoño interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 28 de
marzo de 2019 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
Mediante sentencia del 20 de agosto de 2021, la Sala Especial de Decisión No. 25 declaró
la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Ángela María García Londoño
e infundado el recurso extraordinario interpuesto en contra de la providencia dictada en el
radicado 11001-03-25- 000-2012-00372-00.
4 Fundamentos de la acción
De acuerdo con el escrito de subsanación, el señor Francisco Javier García Londoño
acusó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
a la dignidad humana por parte de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado al proferir la sentencia de única instancia del 28 de marzo de 2019 dentro de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-25-000-2012-00372-
00.
Planteó que ha presentado las siguientes acciones de tutela por similar asunto al de la
referencia: 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, 1001-03-15-000-2022-02768- 00/01,
11001-03-15-000-2022-06171-00/01, 11001-03-15-000-2023-01080-00/01, 11001- 03-
15-000-2023-04221-00/01, 11001-03-15-000-2023-03293-00/01, 11001-03-15-000-
2024- 02493-00, 11001-03-15-000-2024-05185-00/01 y 11001-03-15-000-2024-06125-
00; sin embargo, resaltó que esta acción resulta procedente por las siguientes razones
(se trascribe textualmente):
El desconocimiento, sin justificación alguna, de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad
c-168 de 1995, sentencia c-147 de 1998, sentencia c-200 de 2002, sentencia c-279 de 2013, sentencia
c-341 de 2014, sentencia c-537 de 2016, y la sentencia c-426 de 2024 publicada el 10 de noviembre de
2024, todas proferidas por la corte constitucional.
El muy reciente auto de unificación jurisprudencial proferido por la sala plena de lo contencioso
administrativo del Consejo de Estado con radicación: 11001–03–15–000– 2023–00871–00 de fecha 3
de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), en el cual señala el hecho de que las sentencias de control
abstracto de constitucionalidad no pueden ser desconocidas por ninguna autoridad” , que la vulneración
a mis derechos fundamentales invocados, es permanente, continua y actual desde el 28 de marzo de
2019 cuando me notificaron la sentencia judicial de única instancia con radicado
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En el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho de única instancia, así como en las
anteriores acciones de tutela interpuestas, nunca se ha debatido ni esclarecido el hecho de que la
supernumeraria Catalina Ramírez Suárez estaba designada solamente para adelantar la investigación
disciplinaria, pero no tenía competencia para proferir y fallar en primera instancia el proceso disciplinario;
con lo cual se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y al juez natural (artículo 29° c.p.).
De otro lado, indicó que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial, por
lo que dijo que se cumple con los requisitos generales de procedibilidad pues: no cuenta
con otro medio de defensa en la medida en que ya acudió al recurso extraordinario de
revisión; que la acción de tutela cumple con el requisito de la inmediatez, pues la
vulneración de sus derechos es permanente, actual y continua en el tiempo; que se
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se discute el alcance de
algunos derechos consagrados en la Constitución respecto de una ley ordinaria, por lo
que no se trata de temas económicos o legales; y que la acción de tutela no se dirige
contra otra acción de tutela. Respecto al fondo del asunto, indicó que existe:
Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, puesse desconocieron las
Sentencias C-168 de 1995 y C-147 de 1998 de la Corte constitucional, las cuales hablan
sobre el principio de favorabilidad, para la parte accionante el principio de favorabilidad
en sentido estricto implica que cuando el juez puede elegir entre dos o más normas
vigentes que regulan una misma circunstancia, le corresponde escoger aquella
disposición que más favorezca al trabajador y ante múltiples interpretaciones de una
misma disposición, el juez debió escoger la más provechosa.
También asegura que se desconocieron las Sentencias C-200 de 2002, C-341 de 2014
Y C-537 de 2016 relacionadas con el debido proceso y el juez natural.
5 Trámite procesal
Por auto del 18 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador inadmitió la acción de tutela,
pues no hubo una mención clara de los hechos y de las razones de la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales.
El 21 de marzo de 2025, el señor García Londoño presentó escrito de subsanación.
El 31 de marzo de 2025, fue admitida la demanda presentada por Francisco Javier García
Londoño. Además, se ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y al director general de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quién fue la parte demandada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-2012-00372-
00.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 1 de abril de
20252.
Por auto del 7 de mayo de 2025, el Despacho sustanciador declaró infundadas las
manifestaciones de impedimento de los magistrados Myriam Stella Gutiérrez Argüello y
Luis Antonio Rodríguez Montaño.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, advirtió que
a partir de la revisión del aplicativo de gestión judicial SAMAI, se identificaron otros
procesos de tutela en los que el señor García Londoño ha reclamado lo mismo que aquí
pretende. Entre ellos pueden destacarse los procesos No. 11001-03-15-000-2024-07030-
00; 11001-03-15-000-2024- 05185-00/01 y 11001-03-15-000-2024-06125-00/01, en los
que se declaró la temeridad y/o rechazó la solicitud de amparo por la misma razón, con
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fundamento en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Que está pendiente de decisión
el proceso No. 11001-03-15-000-2025-01180-00, cuya acción de tutela se fundó en los
mismos hechos y fundamentos de derechos que planteó la parte actora en el proceso de
la referencia.
Además, dijo que la acción de tutela incumple el requisito general de inmediatez, ya que
no existió un plazo razonable entre la notificación de la providencia enjuiciada y la
presentación de la acción de tutela, pues trascurrieron más de 6 meses entre una y otra,
y no se dieron razones que justificaran la razón de la inactividad de la parte actora.
El apoderado judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanadas Nacionales (DIAN),
pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo debido a la existencia de cosa
juzgada constitucional de las tutelas con radicado 11001-03-15-000-2021-08662 01,
11001-03-15-000-2022-02768-01, 11001-03-15-000-2022-06171-00, 1001-03-15-000-
2023-01080-00, 11001-03-15-000-2023-04221-00, 11001-03-15-000-2023-03293-00,
050013110-007-2023-00738-00, 05001 31 03 021 2024 00051 -00,
11001020300020240090900, 110010315000202402493-00, 11001-03-15-000-2024-
05185-00, 11001-03-15-000-2024-06125-00, 1001-03-15-000- 2025-01026-00, 11001-
03- 15-000-2020-02925-00, 11001-03-15-000-2025-01180-00, 11001-03-25-000-2012-
00372-00, 11001-03-15-000-2025-01352-00, además la inexistencia de vulneración de
derecho fundamental, falta de cumplimiento del requisito de inmediatez y configurarse el
fenómeno de la temeridad de la acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Francisco
Javier García Londoño, para dejar sin efecto la sentencia del 28 de marzo de 2019,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que denegó las
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-03- 25-000-2012-00372-00.
La Sala declarará improcedente la acción de tutela por encontrarse acreditada la
temeridad e incumplir con el requisito general de la inmediatez.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) a la actuación
temeraria, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. La actuación temeraria
El artículo 383 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También señala que,
en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
3 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por
dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.
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identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional4, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya
sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través
de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la
acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3)
primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la
obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de
acción.
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que,
por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con base en el
principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia».
Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, «busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y transparencia,
resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública»5.
3. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable y prudencial y sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda6,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»7.
4 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
5 Sentencia T-507 de 2011.
6 Sentencia T- 123 de 2007.
7 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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4. Análisis el caso concreto
El señor Francisco Javier García Londoño promovió acción de tutela para que se dejara
sin efectos la sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25- 000-2012-00372-00.
Sin embargo, la parte accionada y el tercero con interés alegaron la configuración de una
actuación temeraria, por lo que se empezará por su estudio.
4.1 Temeridad
La Sala advierte que se presentan los elementos que dan lugar a la configuración de la
temeridad, pues el señor Francisco Javier García Londoño ya había presentado ante esta
Corporación varias acciones de tutela en las que cuestionó la sentencia del 28 de marzo
de 2019, con la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió en
única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-25-000-
2012-00372-00, al estimar que esa decisión: (i) desatendió el parágrafo 1° numeral 4 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y las sentencias de la Corte Constitucional C-077 de
2007 y C-101 de 2018; (ii) inobservó los principios pro personae, favorabilidad y pro
libertatis; y (iii) incurrió en defecto sustantivo.
Las acciones de tutela que el señor García Londoño ha promovido contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, son las siguientes:
Acciones Decisión de Autoridad judicial Fundamentos de la decisión
de tutela primera que decidió la
instancia tutela
11001-03- Sentencia del 27 Consejo de Estado, «La Sala concluye que la acción de tutela no
15-000- de agosto de Sección Segunda, procede contra la sentencia del 28 de marzo de
2019- 2019. (niega el Subsección B 2019, ya que no se evidencia un defecto
03444-00 amparo jurídico que justifique su intervención. Se
pretendido) considera que la inconformidad del accionante
radica en el análisis normativo y jurisprudencial
realizado por el juez natural, lo cual no puede
ser impugnado vía tutela. Dado que la decisión
cuenta con fundamento legal y está
debidamente justificada, se niega el amparo
solicitado».
11001-03- Sentencia del 25 Consejo de Estado, «La Sala considera que Francisco Javier
15-000- de octubre de Sección Tercera, García Londoño hizo un uso abusivo y
2024- 2024 (se declara Subsección A deliberado de la acción de tutela, actuando de
05185-00 improcedente la mala fe, al declarar bajo juramento que no
tutela). había presentado otra tutela por los mismos
hechos, lo cual no corresponde a la realidad.
Esta conducta desafía advertencias judiciales
previas, sobrecarga el sistema judicial y afecta
su correcto funcionamiento. Debido a la
temeridad evidenciada, la Sala declara
improcedente la protección solicitada».
11001-03- Sentencia del 12 Consejo de Estado, «La Sala concluye que existe coincidencia
15-000- de diciembre de Sección Primera entre varias solicitudes de amparo, lo que
2024- 2024 (declara constituye un ejercicio temerario de la acción de
06125-00 cosa juzgada tutela sin justificación válida. Pese a
constitucional y advertencias previas, el accionante ha
temeridad) persistido en presentar tutelas con
fundamentos similares, incluso cuando aún
estaba en trámite otra con radicado 2024-
05185. Por lo anterior, la Sala declara cosa
juzgada constitucional y confirma la actuación
temeraria en los términos señalados».
11001-03- Sentencia del 6 de Consejo de Estado, «La Sala verifica que la acción de tutela
15-000- febrero de 2025 Sección Quinta presentada es idéntica en hechos, partes y
2024- (declarara la cosa pretensiones a anteriores trámites
07030-00 juzgada la constitucionales, por lo que ya operaba el
temeridad). fenómeno de cosa juzgada. Además, el
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
accionante declaró bajo juramento que no
había interpuesto otra tutela por los mismos
hechos, lo cual se demuestra como falso,
constituyendo una actuación temeraria que
vulnera el principio de buena fe en las
actuaciones judiciales. En consecuencia, se
declara la existencia de cosa juzgada
constitucional y temeridad, conforme al artículo
38 del Decreto 2591 de 1991».
11001-03- Sentencia del 27 Sección Cuarta «Se evidencia una actuación temeraria, dado
15-000- de febrero de que el actor interpuso múltiples tutelas con las
2024- 2025 (se declara mismas partes, hechos y pretensiones, sin una
07030-01 improcedente la justificación válida, lo que constituye mala fe y
tutela) abuso del derecho. Además, radicó una nueva
acción de tutela mientras aún estaba en trámite
otra similar.
La providencia cuestionada fue dictada el 28 de
marzo de 2019 y notificada el 14 de mayo de
2019, superando el plazo razonable de seis
meses para la interposición de la tutela. La
alegación del actor sobre una vulneración
permanente y continua no es aceptada por la
Sala».
Se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e identidad
de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor Francisco Javier García
Londoño, por lo tanto, está configurada la actuación temeraria, de ahí que se imponga
declarar improcedente la acción de tutela, pues no expuso argumentos que justifiquen la
instauración de la misma.
Si bien el demandante invoca como fundamento para la presentación de esta tutela la
existencia de providencias judiciales posteriores a la cuestionada, lo cierto es que tales
situaciones no son constitutivas de hechos nuevos, por el contrario, se trata de
fundamentos de hecho adicionales, con los que pretende justificar lo pretendido.
En este punto, debe advertirse que la cosa juzgada constitucional se configura cuando
una tutela comparte identidad de partes, hechos y objeto con otra previamente decidida,
y la temeridad acontece cuando además de los referidos presupuestos, el demandante
no justifica en debida forma esa presentación múltiple de acciones de amparo, como
acontece en el sub lite, ni tampoco se evidencia que hayan acontecido situaciones
fácticas posteriores a la emisión de la providencia que desató trámite constitucional.
En ese orden de ideas, como la jurisprudencia constitucional8 ha señalado que la temeridad
se configura cuando además de concurrir identidad de partes, hechos y objeto entre acciones
de tutela, se constata la omisión de justificar esa múltiple presentación de amparos
constitucionales, la Sala constata que en el sub lite, además de la cosa juzgada
constitucional aconteció ese fenómeno procesal.
Ahora bien, la Sala estima pertinente prevenir al accionante para que se abstenga de
presentar más acciones de tutela, bajo los mismos fundamentos fácticos y jurídicos, contra
la sentencia mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió
en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-25-000-
2012-00372-00, pues ello crea congestión y afecta el normal desarrollo de la función
jurisdiccional, so pena de ejercer las potestades sancionatorias de las que goza el juez
de tutela.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
demandante.
8 Sentencia T-407 de 2022, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.
2. Prevenir al demandante para que se abstenga de presentar más acciones de tutela,
bajo los mismos fundamentos fácticos y jurídicos, contra la sentencia que decidió en
única instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-25-000-
2012-00372-00.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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