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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01180-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01180-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01180-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. Cosa Juzgada Constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Francisco Javier García Londoño solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad
humana, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 28 de marzo de 2019,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicación 11001-03-25-000-2012-00372-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que fue vinculado a la DIAN, mediante Resolución núm. 00001 de 1.°
de junio de 1993, en el cargo de profesional I, nivel 30, grado 18, de la división de
cobranzas y posteriormente fue desvinculado a través de la Resolución núm. 2952
de 29 de diciembre de 1993.

2.2. Refirió que mediante la Resolución núm. 8300060-2009-01 de 30 de abril de
2007 la DIAN profirió fallo de responsabilidad disciplinaria que lo sancionó con
destitución e inhabilidad general por doce (12) años.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

2.3. Señalóque, con base en lo anterior, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00 y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 28 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Precisó que instauró el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
28 de marzo de 2019, el cual fue resuelto por la Sala Especial de Decisión núm. 25
en sentencia de 20 de agosto de 2021 en el sentido de declararlo infundado.

2.5. Comentó que presentó la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2019-03444-
01 contra la sentencia de 28 de marzo de 2019 proferida dentro del proceso
ordinario núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00 y que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de agosto de
2019 negó la solicitud de amparo, decisión que fue confirmada por la Sección
Primera de la misma Corporación a través de providencia de 12 de diciembre de
2019.

2.6. Informó que instauró acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2021-08662-00
contra la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión, sin embargo,
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 18 de febrero de 2022 declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional, decisión que fue confirmada en segunda instancia
mediante providencia de 26 de abril de 2022 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera de la misma corporación.

2.7. Manifestó que presentó acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2022-02768-01
contra los anteriores fallos y que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante fallo de 29 de julio de 2022 declaró improcedente la solicitud,
al concluir que se trata de una tutela contra una sentencia de tutela. Decisión que
fue confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante providencia
de 6 de octubre de 2022.

2.8. Destacó que a pesar de haber presentado las siguientes acciones de tutela “[…]
2021-08662 00, 2021-08662 01, 2022-02768-00, 2022-02768-01, 2022-06171-00,
2022-06171-01, 2023-01080-00, 2023-01080-01, 2023-04221-00, 2023-04221-01,
2023-03293-00, 2023-03293-01, 2024-02493-00, 2024-05185-00, 2024-05185-01,
2024-06125-00, 2024-06125-01, 2025-00541-00 […] nunca ha existido un
pronunciamiento de fondo […]”, motivo por el cual considera se le vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

2.9. Estimóque la sentencia de 28 de marzo de 2019 incurrió en un defecto
sustantivo y una violación directa de la Constitución.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

2.10. Expuso como hechos nuevos a la presentación de la presente acción de tutela:
i) el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución, ii) la vulneración
permanente, continua y actual de los principios “[…] pro libertate, pro persona y de
favorabilidad en materia laboral […]”, iii) la inhabilidad sobreviniente desaparece
con el pago total del fallo con responsabilidad fiscal, iv) derecho fundamental al
desempeño de cargos y funciones públicas y su relación con el derecho
fundamental a la dignidad humana y, v) desconocimiento del precedente judicial.

2.11. Adicionalmente manifestó como justificación para interponer la acción de tutela
lo siguiente: “[…] 1) si el juez que falló la primera tutela no resolvió de fondo el
problema jurídico puesto a consideración por el demandante al invocar razones de
procedencia para apartarse del estudio sustancial. y 2.) se presentan hechos
nuevos que no han sido debatidos ni esclarecidos en las anteriores acciones
constitucionales, lo cual permite que el fallador analice bajo otro enfoque la acción
constitucional […]”.

2.12. Mencionó que “[…] mi interés no es abusar ni desgastar a la Administración de
Justicia, mi único interés es el que se le de prevalencia al derecho sustancial y la
verdad material como lo consagra el artículo 228° de la Constitución Política y el
artículo 3° del Decreto Ley 2591 de 1991; para lo cual solicitó de la manera mas
respetuosa que se estudie de fondo los supuestos fácticos y jurídicos en la presente
acción constitucional […]” en ese sentido, señaló que “[…] no existe una actuación
de mala fe […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] *QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
VULNERADOS EN LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE MARZO
DE 2019 CON RADICADO 11001032500020120037200 COMO SON: : I) EL
DERECHO A LA IGUALDAD. II) DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y III) DERECHO A LA DIGNIDA HUMANA.

*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS ACCIONES
NECESARIAS CON EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO
DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES
[…]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 6 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó que
a partir de la revisión del aplicativo de gestión judicial SAMAI, se identificaron las
acciones de tutela 2024-07030-00, 2024-05185-00/01 y 2024-06125-00/01 en las
que se encuentra como accionante el señor Francisco Javier García Londoño, se
solicitó las mismas pretensiones, las cuales fueron rechazadas por temeridad.

5.2. Refirió
que la presente acción de tutela no cumple con el presupuesto de
inmediatez.

5.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN solicitó se declare
la improcedencia de la presente acción de tutela por existencia de cosa juzgada
constitucional, inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, falta de
inmediatez y por configurarse el fenómeno jurídico de temeridad de la acción.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

b) Si la providencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número único de radicación 11001-03-
25-000-2012-00372-00, vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante.

VI.3. El caso concreto

8. El señor Francisco Javier García Londoño, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad
humana, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 28 de marzo de 2019,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicación 11001-03-25-000-2012-00372-00.

VI.3.1. De la improcedencia de la acción de tutela por compartir identidad de
partes, de objeto y de causa petendi con el proceso de tutela núm. 11001-03-
15-000-2019-03444-00/01.

9. En el presente asunto, la parte actora le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-
00.

10. El accionante refirió en su escrito de tutela que previamente a la presentación de
la presente solicitud, ha interpuesto las acciones de tutela núm. 2019–03444–
00/01, 2021–08662–00/01, 2022–02768–00/01, 2022–06171–00/01, 2023–01080–
00/01, 2023–04221–00/01, 2023–03293–00/01, 2024–02493–00/01, 2024–05185
–00/01, 2024–06125–00/01, 2025–00541–00, sin embargo, considera que ninguna
de estas estudió de fondo lo solicitado y la vulneración de sus derechos
fundamentales es permanente en el tiempo.

11. En el informe rendido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, al interior del presente proceso, se advirtió que el accionante ha
presentado las acciones de tutela 2024-07030-00, 2024-05185-00/01 y 2024-
06125/00-01 con las mismas pretensiones y supuestos fácticos, en las cuales se
rechazó la solicitud de amparo por temeridad de la acción constitucional.

12. La institución procesal de la cosa juzgada constitucional ha sido ampliamente
estudiada por la Corte Constitucional6, en el sentido de señalar que el objetivo de
dicha figura consiste en dotar de la calidad de inmutables, vinculantes y definitivas

6
Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018,

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

a las decisiones proferidas por las autoridades judiciales con ocasión de los
procesos de tutela, con lo cual se garantiza la finalización de las controversias, así
como la seguridad jurídica.

13. A través de la cosa juzgada constitucional, se previene, fundamentalmente, la
existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal sentido, la Corte
Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio de la acción de
amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra facultado para
promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada sobre los mismos
hechos.

14. La Corte Constitucional ha indicado que en materia de acciones de tutela: “[…]
una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional frente a otra cuando existe
identidad de objeto,7 de causa petendi8 y de partes.9 Específicamente, las
decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo constituyen cosa
juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de los fallos de
tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o
seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria […]”10.

15. En caso de comprobarse su configuración deberá optarse, por regla general, por
la declaratoria de improcedencia de la acción con ocasión de la consolidación de
cosa juzgada en el respectivo asunto11.

16. Se ha precisado que no se configura cosa juzgada entre dos acciones de tutela,
“[…] si la nueva solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no
habían sido analizados previamente por el juez, o cuando al interponer la primera
acción el peticionario no conocía- y no podía conocer- nuevos elementos fácticos o
jurídicos para sustentarla […]”12.

7
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o
sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
8
“es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder
a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
9
“es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad
física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
10
Sentencias T- 649 de 2011 y T- 280 de 2017.
11
Sentencia T- 019 de 2016.
12
Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas le negó la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia debido a que se encontraba afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud en el régimen
contributivo. Sin embargo, se constató que dicha controversia ya había sido resuelta mediante fallo emitido por otra autoridad
judicial, por lo que se configuró la cosa juzgada constitucional. Al respecto se indicó: “la Sala considera que la nueva solicitud
de amparo promovida por la demandante no se fundamentó en hechos nuevos. Es más todos supuestos fácticos afirmados
por la señora Guerra David fueron tenidos en cuenta con anterioridad por el juez. Incluso, no alegó nuevos elementos fácticos
o jurídicos que funden la solicitud actual”. Pese a ello se descartó la temeridad de la acción al considerarse que la actora se
encontraba en un alto grado de indefensión como quiera que hacía parte de un grupo poblacional que es sujeto de especial
protección constitucional y lo que pretendía era la entrega de ayuda humanitaria para satisfacer su mínimo vital, por lo que
se descartó un actuar doloso de parte de la accionante.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

17. En resumen, para la configuración de la cosa juzgada en acciones de tutela es
indispensable que se encuentre acreditado una identidad de partes, de hechos y
de causa petendi.

18. En ese orden de ideas, se destaca que el señor Francisco Javier García Londoño
presentó la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2019-03444-00/01, frente a la
cual existe identidad de partes, de causa petendi y de hechos; tal como se puede
observar en el siguiente cuadro comparativo:

Proceso núm. 11001-03-15-000- Proceso núm. 11001-03-15-000-
2025-01180-00 (de la referencia) 2019-03444-00/01

Accionante: Francisco Javier García Accionante: Francisco Javier García
Londoño Londoño

Accionado: Consejo de Estado – Accionado: Consejo de Estado –
Partes Sección Segunda Subsección A Sección Segunda Subsección A

“[…] QUE SE AMPAREN MIS […] 1. TUTELAR los derechos
DERECHOS FUNDAMENTALES fundamentales [sic] Francisco Javier
VULNERADOS EN LA SENTENCIA Garcia Londoño y Angela Maria Garcia
JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE Londoño al debido proceso, al acceso
MARZO DE 2019 CON RADICADO a la administración de justicia y a la
11001032500020120037200 COMO seguridad juridica, que han sido
SON: : I) EL DERECHO A LA vulnerados por la Sección Segunda,
IGUALDAD. II) DERECHO DE Subsección A, Sala de lo
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE Contencioso Administrativo -
JUSTICIA Y III) DERECHO A LA Consejo de Estado al expedir una
DIGNIDA HUMANA. decisión que vulnera los derechos
constitucionales fundamentales de los
*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL accionan tes demandantes al ser
AMPARO DE MIS DERECHOS constitutiva de una vía de hecho
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE judicial.
Pretensiones TOMEN LAS ACCIONES
NECESARIAS CON EL OBJETO DE 2. Como consecuencia de lo anterior,
QUE SE ME REINTEGRE A MI se deje sin efectos la sentencia de dI
CARGO DE CARRERA [sic] 28 de marzo de 2019 Radicado:
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN 11001032500020120037200 Numero
SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA interno 1425. 2012, notificada por
TODOS LOS EFECTOS LABORALES edicto del 10 al 14 de mayo de 2019
Y LEGALES […]”. [mayúscula original proferida por la Sección Segunda,
del texto] Subsección A, Sala de lo
Contencioso Administrativo -
Consejo de Estado, mediante el cual
este juez colegiado, actuando como
juez de única instancia
en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho
instaurado por Francisco Javier Garcia
Londoño y Angela Maria Garcia
Londoño en contra Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN.

3. Consecuente con lo anterior, se
ordene al Sección Segunda,
Subsección A, Sala de lo

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Contencioso Administrativo -
Consejo de Estado dictar una nueva
providencia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho
instaurado por Francisco Javier Garcia
Londoño y Angela Maria Garcia
Londoño en contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN radicado con el número
Radicado:
11001032500020120037200 Numero
interno 1425-2012, acogiendo la
normatividad aplicable al caso concreto
y la interpretación constitucional
efectuada por la Corte Constitucional
en la sentencia referenciadas, asi
como efectuando una adecuada
apreciación y valoración de las pruebas
que acreditan dentro del proceso.

4. Que disponga en la sentencia de
tutela que se adopten todas las
medidas conducentes para hacer cesar
cualquier efecto que se hubiere dado
como consecuencia del cumplimiento
del fallo que vulneró los derechos
fundamentales de mi representada
[…]”. [Negrilla y mayúscula original del
texto]
Los motivos por los cuales se promovió Los motivos por los cuales se promovió
la presente acción fueron, en síntesis, la presente acción fueron, en síntesis,
los siguientes: los siguientes:

“[…] con posterioridad y mediante “[…] Adujo que, en contra de las
Resolución núm. 8300060-2009-01 de decisiones que impusieron la sanción
30 de abril de 2007, la DIAN profirió disciplinaria, interpuso acción de
fallo de responsabilidad disciplinaria nulidad y restablecimiento del derecho
que lo sancionó con destitución e bajo el radicado núm. 2012-00372-00,
Hechos inhabilidad general por un periodo de correspondiéndole el conocimiento en
12 años para desempeñar cargos única instancia a la Sección Segunda,
públicos. Subsección "A" del Consejo de Estado.

[…] La anterior resolución fue proferida EI28 de marzo de 2019, la Sección
por una “[…] supernumeraria […]” que Segunda, Subsección "A" del Consejo
no tenía competencia para expedir la de Estado, profirió sentencia en la cual
decisión, situación que consideró negó las pretensiones del demandante,
vulneradora de su derecho al debido decisión que fue notificada por edicto el
proceso y en su criterio, quien debía 10 de mayo de 2019.
pronunciarse era la jefe de la Oficina
de Investigaciones Disciplinaria de la Sostuvo que la anterior providencia
Regional Noroccidente. judicial, que ahora cuestiona, incurrió
en defecto sustantivo, defecto fáctico y
[…] promovió la demanda de nulidad y desconoció los criterios
restablecimiento del derecho núm. jurisprudenciales establecidos en las
11001-03-25-000-2012-00372-00 y la sentencias C-077 de 2007, C-101 de
Subsección A de la Sección Segunda 2018 y T-132 de 2019.
del Consejo de Estado en única
instancia, mediante sentencia de 28 de Detalló que la providencia atacada
marzo de 2019 negó las pretensiones incurre en el defecto sustantivo al
de la demanda. interpretar erróneamente las normas

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

que consagran la inhabilidad
[…] instauró el recurso extraordinario sobreviniente derivada de la
de revisión contra la sentencia de 28 responsabilidad fiscal, dando al
de marzo de 2019, el cual fue resuelto numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734
por la Sala Especial de Decisión núm. de 2002 un alcance diferente a la
25 en sentencia de 20 de agosto de interpretación efectuada por la Corte
2021 en el sentido de declararlo Constitucional en las sentencias C-077
infundado. de 2007, C-101 de 2018 y T-132 de
2019.
[…] estimó que la sentencia enjuiciada
incurrió en un defecto sustantivo y una En relación con el defecto fáctico
violación directa de la Constitución. sostuvo que la providencia acusada
incurrió en una valoración indebida de
Expuso como hechos nuevos a la la prueba, al expresar que: (i) El . juez
presentación de la presente acción de no valoró adecuadamente las pruebas,
tutela: i) el desconocimiento del al no considerar que el hoy accionante
artículo 53 de la Constitución, ii) la efectúo el pago antes de que el fallo de
vulneración permanente, continua y consulta quedará ejecutoriado; (ii) no
actual de los principios “[…] pro se valoró la incompetencia de quién
libertate, pro persona y de profirió la sanción disciplinaria, al ser
favorabilidad en materia laboral […]”, firmada por la profesional de ingresos
iii) la inhabilidad sobreviniente Públicos 130-20 Y NO por la Jefe de la
desaparece con el pago total del fallo Oficina de Investigación Disciplinaria
con responsabilidad fiscal, iv) derecho DIAN; (iii) Agregó que correspondia al
fundamental al desempeño de cargos juez ordinario la valoración integral del
y funciones públicas y su relación con material probatorio que obra en el
el derecho fundamental a la dignidad expediente antes de tomar una
humana y, v) desconocimiento del decisión de fondo, lo que implica un
precedente judicial […]”. control judicial integral involucrando la
revisión de todos los principios que
rigen la acción disciplinaria […]”.

19. Conforme con lo anterior, para la Sala no existe duda en torno a que, entre la
presente acción de tutela y el proceso de tutela número 11001-03-15-000-2019-
03444-00/01 existe identidad de partes, de objeto y de causa petendi13. Esto es así
porque en síntesis se alega la vulneración de los mismos derechos fundamentales
[debido proceso y acceso a la administración de justicia], el presunto hecho
constitutivo de la vulneración es la sentencia de 28 de marzo de 2019, dictada en
el marco del proceso de única instancia número 11001-03-25-000-2012-00372-00,
y los fundamentos de ambas acciones son similares.

20. Aunado a lo dicho, se destaca que los defectos enunciados en ambas acciones
de tutela tienen el mismo fundamento jurídico, referente a la estructuración del
defecto sustantivo, toda vez que se alega que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado al emitir la decisión contenida en su sentencia del
28 de marzo de 2019, realizó una indebida interpretación del numeral 4° del artículo
38 de la Ley 734 de 2002.

13
Se pretende que se deje sin efectos la decisión de 28 de marzo de 2019, proferida por el la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
11001-03-25-000-2012-00372-00/01.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

21. Si bien en esta oportunidad la parte accionante señaló, como un hecho nuevo, que
en la sentencia cuestionada se incurrió en una violación directa de la constitución, en
criterio de la Sala dicho argumento no devela la existencia de un hecho nuevo.

22. Por último, la Sala se abstendrá de imponer las sanciones previstas en la Ley
porque no se encuentra acreditada la mala fe en el presente caso. Sin perjuicio de
ello, se instará a la parte accionante para que evite presentar en forma repetitiva esta
acción de tutela.

23. Por lo expuesto, se declarará improcedente la presente acción de tutela por
configurarse la cosa juzgada constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01180-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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