Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01779-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01779-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01779-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida
el 9 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela.
SÍNTESIS1
El señor Francisco Javier García Londoño cuestiona la sentencia del 2 de febrero de 2026 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la improcedencia
de la tutela promovida contra la sentencia del 12 de junio de 2025 dictada por la Sección Cuarta de
esta Corporación. Se modificará la sentencia de primera instancia y se rechazará la demanda por
temeridad, porque el actor insiste en reabrir, mediante nuevas acciones constitucionales, la
controversia originada en la sanción disciplinaria de la DIAN y en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho del 28 de marzo de 2019, asunto que ya ha sido examinado en
múltiples oportunidades por el juez constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 5 de marzo de 2026, el señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, defensa, igualdad, tutela judicial efectiva y ejercicio de cargos públicos.
2. La parte accionante formuló, en síntesis, las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERO: QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE
ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA
FORMAL Y NO DE FONDO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDEN
VINCULAR LOS SUPERNUMERARIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DE APLICACIÓN A
LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1991.
SEGUNDO: QUE CON FUNDAMENTO EN LAS SENTENCIAS CON EFECTOS ERGA OMNES C-
401 DE 1998, C-725 DE 2000, C-422 DE 2012 Y C-293 DE 2020 PROFERIDAS POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL EN LAS CUALES SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE
PUEDE VINCULAR PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE
PROFIERA EL FALLO JUDICIAL.
TERCERO: QUE EN EL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA TAMBIEN SE TENGA EN
CUENTA Y DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN LOS DECRETOS LEY 1042 DE 1978 EN SU
ARTÍCULO 83 Y, DE MANERA ESPECIAL, AL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO LEY 1072 DE 1999,
1Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / tutela contra tutela / improcedencia / cosa juzgada fraudulenta / confirma.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad
EL CUAL AUTORIZA LA VINCULACIÓN DE PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN ÚNICAMENTE CON EL OBJETO DE SUPLIR O
ATENDER NECESIDADES DEL SERVICIO, PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y
EL CONTRABANDO, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS, Y PARA
VINCULAR PERSONAS A PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LOS CONCURSOS
ABIERTOS CUANDO ESTOS SE REALICEN BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO-CURSO.
CUARTO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA UNA SENTENCIA
JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS PLANTEADOS
EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA DENTRO DEL RADICADO 2025-06033-00/01 Y EL
PRESENTE ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA, SE AMPAREN MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS COMO VULNERADOS POR LA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2025-06033-
01 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2026: I) DERECHO AL DEBIDO PROCESO II) DERECHO A LA
IGUALDAD. III) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA EN
LA DIAN. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.
QUINTO: QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES
INVOCADOS, SE TOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS CON EL OBJETO DE QUE SE ME
REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES. [Mayúsculas del texto
citado].
B. Hechos
3. Mediante las Resoluciones núms. 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007 y 06027 del 24 de
mayo de 2007, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales declaró disciplinariamente
responsable al señor Francisco Javier García Londoño y lo sancionó con destitución e inhabilidad
para desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.
4. El señor García Londoño promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
DIAN, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos sancionatorios y, a título de
restablecimiento, su reintegro a un cargo igual o superior al que desempeñaba al momento del
retiro.
5.El proceso ordinario fue identificado con el radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00 y,
mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la demanda.
6. Con posterioridad, el accionante promovió varias acciones de tutela relacionadas con esa
controversia. En una de ellas cuestionó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado por haber
declarado la improcedencia de una solicitud de amparo anterior y sostuvo que los magistrados de
esa Sección debieron manifestar impedimento por haber conocido procesos constitucionales
previos.
7. La acción de tutela fue radicada con el número 11001-03-15-000-2025-06033-00/01. En
sentencia del 7 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo, al considerar que se dirigía contra una decisión de tutela
y que no se acreditó un supuesto excepcional de procedencia.
8. La anterior decisión fue impugnada por el señor García Londoño. Mediante sentencia del 2 de
febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la
improcedencia de la solicitud de amparo, porque el actor no satisfizo el estándar previsto por la
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad
jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias de la misma naturaleza.
9. La autoridad judicial accionada también señaló que el hecho de que la Sección Cuarta hubiera
conocido de tutelas anteriores permitió constatar la reiteración injustificada de la acción
constitucional y, en consecuencia, advertir la configuración de elementos de temeridad.
C. Fundamentos de la vulneración
10. El accionante sostuvo que la sentencia del 2 de febrero de 2026 incurrió en una omisión arbitraria
y caprichosa, porque no se pronunció de fondo sobre los argumentos relacionados con las
actividades para las cuales puede vincularse personal supernumerario a la administración pública.
11.Afirmó que los fallos de tutela cuestionados desconocieron las sentencias C-401 de 1998, C-
725 de 2000 y C-422 de 2012, que, en su criterio, tienen efectos erga omnes y definen el carácter
excepcional y transitorio de la figura del supernumerario.
12. De igual manera, indicó que la supuesta situación de fraude consistía en que una funcionaria
supernumeraria habría proferido el fallo disciplinario de primera instancia contenido en la
Resolución núm. 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, pese a que, según su interpretación,
ese tipo de vinculación no habilitaba el ejercicio de funciones permanentes de control interno
disciplinario.
13. Finalmente, sostuvo que el juez de tutela debía aplicar el principio iura novit curia y estudiar de
fondo las normas y sentencias invocadas, pues la vulneración alegada continuaba siendo actual y
permanente en el tiempo.
D. Trámite procesal
14. Mediante auto del 10 de marzo de 2026 2, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
15. En la misma providencia, se vinculó como terceros con interés a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la DIAN y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
E. Oposiciones e intervenciones
16. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente
o negar la solicitud de amparo. Para el efecto, explicó que la providencia cuestionada se limitó a
aplicar la regla jurisprudencial sobre la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de
la misma naturaleza y que el actor no acreditó la existencia de cosa juzgada fraudulenta.
17. La DIAN se opuso a la prosperidad de la acción constitucional y sostuvo que los reproches
formulados por el accionante no se dirigían contra una actuación actual de esa entidad, sino que
pretendían reabrir el debate sobre la legalidad de los actos disciplinarios y de las decisiones
judiciales que ya resolvieron la controversia.
18. Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.
F. Sentencia de primera instancia
2SAMAI, índice 005 del expediente de primera instancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad
16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 2026 3, declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier García Londoño.
17. Para arribar a esa conclusión, señaló que la solicitud de amparo cuestionaba una sentencia de
tutela y que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela contra
providencias de la misma naturaleza es improcedente, salvo que se acredite la existencia de cosa
juzgada fraudulenta.
18. El a quo indicó que la parte actora tenía la carga de aportar elementos de prueba que
demostraran, con un alto grado de certeza, que la providencia cuestionada era producto de una
situación de fraude. Sin embargo, advirtió que los argumentos formulados reflejaban un desacuerdo
con la decisión adoptada por el juez constitucional, mas no una actuación fraudulenta atribuible a
la autoridad judicial accionada.
19. En particular, precisó que el accionante pretendía reabrir el debate sobre la supuesta falta de
competencia de la funcionaria que profirió el fallo disciplinario de primera instancia en la DIAN,
asunto que ya había sido planteado en escenarios judiciales anteriores.
20. Por esa razón, concluyó que no se configuraba la excepción a la improcedencia de la acción de
tutela contra fallos de tutela y declaró improcedente la solicitud de amparo.
G. Impugnación
21. El 14 de abril de 2026, la parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia 4. En su
escrito reiteró que el fallo impugnado omitió pronunciarse sobre hechos y asuntos planteados en la
solicitud de amparo, en particular sobre la Ley Estatutaria 2430 de 2024 y sobre las sentencias de
constitucionalidad que, a su juicio, regulan las actividades que puede desarrollar el personal
supernumerario.
22. Insistió en que existía una situación de fraude, porque los jueces constitucionales habrían
adoptado una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y
a la buena fe judicial, al no reconocer que una funcionaria supernumeraria no podía proferir el fallo
disciplinario que dio origen a la sanción impuesta por la DIAN.
23. Asimismo, sostuvo que la vulneración es permanente, pese a que el hecho inicial es antiguo,
porque la situación desfavorable derivada de la sanción disciplinaria continúa produciendo efectos
en su contra.
24. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y amparar los derechos
fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
25.Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de
primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015 y el Acuerdo 80 de 2019 del Consejo de Estado.
I. Sentido de la decisión
3SAMAI, índice 010 del expediente de primera instancia.
4 SAMAI, índice 013 del expediente de primera instancia.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad
26.La Sala modificará la sentencia de primera instancia y rechazará la demanda de tutela por
temeridad. Aunque el accionante dirige formalmente el amparo contra la sentencia de tutela del 2
de febrero de 2026, materialmente insiste en reabrir la controversia originada en la sanción
disciplinaria impuesta por la DIAN, en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho del
28 de marzo de 2019 y en las decisiones constitucionales que han declarado improcedentes o
temerarias sus reclamaciones posteriores.
J. La temeridad en la acción de tutela
27. El artículo 385 del Decreto 2591 de 1991 dispone que, cuando sin motivo expresamente
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
28. La temeridad se configura cuando existe identidad sustancial de partes, causa y objeto, y cuando
la nueva solicitud carece de una justificación seria que explique la reiteración del mecanismo
constitucional. No se trata de castigar el acceso a la justicia, sino de impedir su uso abusivo.
29. En esa medida, el juez constitucional debe mirar más allá de la denominación formal de la
autoridad accionada o de la providencia escogida como blanco de la nueva demanda. Si el núcleo
del debate y la finalidad perseguida son los mismos, la tutela sucesiva no puede presentarse como
un litigio nuevo.
K. Caso concreto
30. En el presente asunto, el señor García Londoño cuestiona la sentencia del 2 de febrero de 2026,
mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la
improcedencia de la tutela promovida contra la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación.
31. Para comprender la dimensión de la controversia, es necesario precisar la cadena procesal que
antecede esta nueva solicitud de amparo. Mediante las Resoluciones núms. 8300060-2009-001
del 30 de abril de 2007 y 06027 del 24 de mayo de 2007, la DIAN declaró disciplinariamente
responsable al señor García Londoño y le impuso sanción de destitución e inhabilidad para
desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.
32. Contra esos actos administrativos, el actor promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de
marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda.
33. Posteriormente, el accionante presentó acción de tutela contra esa sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho. Esa actuación fue identificada con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2025-01180-00/01. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo, al advertir identidad con una tutela anterior promovida por el
mismo actor contra la sentencia del 28 de marzo de 2019.
34. En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de
junio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia y concluyó que se configuraban los
5 ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será
sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad
elementos de la temeridad, pues el señor García Londoño ya había promovido acciones de tutela
con similitud fáctica y jurídica respecto de la misma controversia.
35. Inconforme con esa decisión, el accionante presentó una nueva acción de tutela contra la
sentencia del 12 de junio de 2025 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ese proceso
correspondió al radicado núm. 11001-03-15-000-2025-06033-00/01. En dicha oportunidad, el actor
sostuvo que la providencia de la Sección Cuarta constituía cosa juzgada fraudulenta, porque, en
su criterio, los magistrados que la suscribieron debieron declararse impedidos por haber conocido
previamente otras acciones de tutela promovidas por él.
36. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de noviembre
de 2025, declaró improcedente esa solicitud de amparo, al considerar que el actor no demostró
una situación de fraude que habilitara la procedencia excepcional de una tutela contra providencia
dictada en otro trámite de tutela.
37. Esa decisión fue confirmada, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante sentencia del 2 de febrero de 2026. En esa providencia se indicó
que el hecho de que la Sección Cuarta hubiera conocido tutelas anteriores no constituía fraude;
por el contrario, fue precisamente esa circunstancia la que le permitió advertir la reiteración
injustificada de acciones y la configuración de la temeridad.
38. Ahora, mediante la presente acción constitucional, el actor dirige el reproche contra la sentencia
del 2 de febrero de 2026. Sin embargo, la Sala advierte que la controversia material sigue siendo
la misma. Bajo la apariencia de cuestionar una nueva providencia de tutela, el accionante vuelve
sobre la sanción disciplinaria impuesta por la DIAN, la supuesta falta de competencia de la
funcionaria supernumeraria que intervino en el trámite disciplinario, la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho del 28 de marzo de 2019 y la pretensión final de reintegro al cargo.
39. En otras palabras, esta no es una discusión constitucional nueva. Es la continuación de una
controversia que ya fue examinada por distintos jueces constitucionales y frente a la cual incluso
se ha declarado la temeridad. El actor ha construido una cadena sucesiva de tutelas contra
decisiones de tutela, no para plantear un hecho nuevo constitucionalmente relevante, sino para
insistir en el mismo resultado que se le ha negado en varias oportunidades.
40. La alegación de cosa juzgada fraudulenta tampoco permite superar esa conclusión. El
accionante no aporta elementos objetivos, claros y verificables que permitan sostener que la
sentencia del 2 de febrero de 2026 fue producto de una actuación dolosa, fraudulenta o contraria
a la buena fe judicial. Lo que se evidencia es una inconformidad persistente con las decisiones que
han impedido reabrir el debate disciplinario y contencioso administrativo concluido desde el año
2019.
41. La Sala debe ser enfática en que la acción de tutela no es un mecanismo para impugnar
indefinidamente cada decisión judicial que niegue una tutela anterior. Mucho menos puede
utilizarse para eludir declaraciones previas de improcedencia, cosa juzgada constitucional o
temeridad mediante la simple sustitución formal de la providencia cuestionada.
42. En este caso, el accionante está abusando del instrumento constitucional y contribuyendo a una
congestión injustificada y gravosa del aparato judicial. Su actuación desconoce los deberes de
lealtad procesal, buena fe y respeto por las decisiones judiciales ejecutoriadas, pues insiste en
activar la jurisdicción constitucional con base en una controversia que ya fue suficientemente
debatida.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01779-01
Accionante: Francisco Javier García Londoño
Decisión: se rechaza la demanda de tutela por temeridad
43. Por lo anterior, la Sala concluye que se configuró la temeridad, toda vez que existe identidad
sustancial entre las actuaciones promovidas por el señor García Londoño, puesto que todas se
dirigen, directa o indirectamente, a cuestionar la legalidad de la sanción disciplinaria de la DIAN, la
sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho del 28 de marzo de 2019 y las providencias
constitucionales que han impedido reabrir ese debate.
44. En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se rechazará
la demanda de tutela por temeridad. Además, se advertirá al accionante que debe abstenerse de
presentar nuevas acciones de tutela sustentadas en los mismos hechos, argumentos y
pretensiones, so pena de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado y, en su lugar, RECHAZAR la demanda de tutela presentada por el señor
Francisco Javier García Londoño por temeridad, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: ADVERTIR al señor Francisco Javier García Londoño que se abstenga de presentar
nuevas acciones de tutela sustentadas en los mismos hechos, argumentos y pretensiones, so pena
de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico.
TERCERO: SOLICITAR a la Secretaría General de esta Corporación que, si el señor Francisco
Javier García Londoño vuelve a interponer acción de tutela por hechos similares a los aquí
analizados, informe de manera inmediata al magistrado ponente, para lo de su competencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: PUBLICAR esta providencia en la página web de esta Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Con firma electrónica Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente Magistrado
Sigue leyendo
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