RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01352-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01352-01

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01352-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al haber operado la cosa juzgada y la temeridad en su actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01352-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

4 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela

Temas: Tutela contra providencia judicial. Cosa juzgada. Temeridad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Francisco Javier García Londoño
en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Francisco Javier García Londoño, en nombre propio, interpuso acción de tutela1 con
el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la dignidad humana, que consideró vulnerados por el Consejo de
Estado-Sección Segunda-Subsección A, con ocasión de la sentencia proferida el 28
de marzo de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado núm. 11001-03-25- 000-2012-00372-00, que
interpuso contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. El señor Francisco Javier García Londoño interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que cuestionó la legalidad de i) la Resolución
8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, mediante la cual la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante “DIAN”) le impuso sanción
disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general de doce (12) años para
ejercer cargos públicos y; ii) la Resolución 06027 del 24 de mayo de 2007,
confirmatoria de la primera.

2.2. El accionante indicó que entre los años 1999 y 2001 se desempeñó como
tesorero de rentas del municipio de Yondó (Antioquia) y que, mediante Resolución

1
Índice 00002 del aplicativo SAMAI del proceso de tutela de primera instancia, identificado con certificado núm.
2A2B7796C47F3FBB 9E0A6AFB8DEDECA0 E72E97456774F3A0 EAE5FB899239BF59.
2
Ibídem. / actuaciones del proceso primigenio incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010325000201200372001100103

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

n.º 7203 del 15 de agosto de 2001, fue reintegrado a la DIAN en cumplimiento de
una orden judicial.

2.3. Señaló que la Contraloría General de la República inició en su contra procesos
de responsabilidad fiscal por la gestión adelantada en el referido municipio, los
cuales culminaron con fallos de responsabilidad fiscal proferidos el 19 de junio de
2003 y el 27 de diciembre de 2005.

2.4. Expuso que la Contraloría General de la República, mediante Auto n.º 111 de
2001, inició investigación fiscal en su contra por la gestión de cuentas del municipio
de Yondó correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 1999.

2.5. Adujo que, posteriormente, mediante Auto n.º 099 del 14 de junio de 2002, se
inició una nueva investigación fiscal por los meses de enero a febrero de 1999.

2.6. Indicó que dichas actuaciones culminaron con los fallos n.º 106 del 19 de junio
de 2003 y n.º 057 del 27 de diciembre de 2005, mediante los cuales fue declarado
responsable fiscalmente por el detrimento patrimonial causado al municipio de
Yondó.

2.7. Manifestó que, mediante Resolución n.º 04914 del 17 de mayo de 2006, el
director general de la DIAN dispuso su retiro del servicio por encontrarse incurso en
una inhabilidad sobreviniente, decisión que fue revocada por la Resolución n.º
05259 del 24 de mayo de 2006.

2.8. Señaló que, mediante Auto del 30 de agosto de 2006, la División de Asuntos
Disciplinarios de la Regional Noroccidente de Medellín inició indagación preliminar
en su contra por presunta inhabilidad sobreviniente derivada de los fallos de
responsabilidad fiscal.

2.9. Indicó que dicha actuación culminó con la expedición de la Resolución n.º
8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, mediante la cual fue declarado
responsable disciplinariamente y sancionado con destitución e inhabilidad general
por 12 años, decisión que fue confirmada mediante Resolución n.º 06027 del 24 de
mayo de 2007.

2.10. Precisó que la sanción fue ejecutada mediante Resolución n.º 07319 del 21
de junio de 2007.

2.11. Señaló que el 20 de junio de 2012 presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos antes referidos, la cual fue conocida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, bajo el radicado núm.
11001-03-25-000-2012-00372-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 28
de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda.

2.12. Finalmente, manifestó que el 3 de julio de 2020 interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la referida providencia, el cual fue resuelto
mediante sentencia del 20 de agosto de 2021 por la Sala Especial de Decisión n.º

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

25, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Ángela María
García Londoño y negó el recurso respecto del accionante.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. El accionante adujo la vulneración de sus derechos fundamentales y formuló
las siguientes pretensiones:

“14.) PRETENSIONES

*QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS EN
LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EL 28 DE MARZO DE 2019 CON
RADICADO 11001032500020120037200 COMO SON: : I) EL DERECHO AL
DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL. II) EL DERECHO A LA IGUALDAD.
III) DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS
CON EL OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA
TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela formuló los siguientes cargos:

3.2.1. Afirmó la existencia de hechos nuevos, ocurridos con posterioridad a la
sentencia cuestionada, los que, según afirmó, se derivan de las sentencias C-030
de 2023, en la que la Corte analizó la garantía de imparcialidad del juzgador y C-
126 de 2024, donde se abordó la independencia del operador judicial para la
protección del debido proceso.

Indicó que, como las referidas decisiones tienen efectos erga omnes, no pueden ser
desconocidos por la DIAN, ni por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, además, tales efectos fueron reconocidos por la Sala Plena de
esta Corporación en auto del 3 de diciembre de 2024, proferido al interior del
expediente con radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00.

3.2.2. Señaló que, si bien ha promovido diversas acciones de tutela3, no ha incurrido
en abuso del derecho, en tanto “las anteriores acciones de tutela nunca han
debatido ni esclarecido los temas contenidos en la sentencias C-030 de 2023 y C-
126 de 2024; y además tampoco se han manifestado respecto a: “1). la
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante; 2) si el juez que falló la primera tutela no resolvió de fondo el problema
jurídico puesto a consideración por el demandante al invocar razones de
procedencia para apartarse del estudio sustancial. y 3) que existe un hecho nuevo
que justifica que el fallador analice bajo otro enfoque el asunto novedoso”.

3
Que en la demanda tuitiva se identificaron con los número de radicado: 11001-03-15-000- 2021-08662 00/01; 11001-
03-15-000-2022-02768-00/01; 11001-03-15-000-2022-06171-00/01; 11001-03-15-000-2023-1080-00/01; 11001-03-
15-000-2023-04221-00/01; 11001-03-15-000-2023-03293-00/01; 11001-03-15-000-2024-02493-00; 11001-03-15-
000-2024-5185-00/01; 11001-03-15-000- 2024-06125-00/01; 11001-03-15-000-2024-06122-00; 11001-03-15-000-
2025-00541-00; 11001-03-15-000-2024-07030-00; Y 11001-03-15-000- 2024-06920-00.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Agregó que su caso particular se enmarca en los supuestos establecidos en la
Sentencia SU-012 de 2020, en la cual la Corte Constitucional precisó que es posible
desvirtuar la cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, la temeridad, cuando
se demuestra que el juez de tutela omitió resolver de manera integral el problema
jurídico sometido a su consideración.

3.2.3. Asimismo, afirmó que no ha incurrido en temeridad, en la medida en que las
acciones de tutela promovidas con anterioridad no abordaron los nuevos
fundamentos constitucionales ni los hechos sobrevinientes ahora alegados. En ese
sentido, señaló que su situación se enmarca en las excepciones fijadas por la
Sentencia SU-012 de 2020, al existir hechos nuevos y evidenciarse que el juez
constitucional no resolvió de manera integral el problema jurídico planteado, lo que
habilita un nuevo pronunciamiento de fondo.

3.2.4. A partir de lo anterior, expuso que la sentencia del 28 de marzo de 2019
desconoció que el fallo disciplinario de primera instancia dictado por la DIAN y que
se encuentra en la Resolución 8300060-2009-001 del 30 de abril de 2007, fue
expedido sin competencia. Además, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado se apartó de su propio precedente, pues la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se resolvió por fuera de la órbita de los criterios
establecidos en la sentencia del 20 de abril de 2017, dictada al interior del radicado
11001-03-25-000-2012-00126- 00(0544-12).

3.2.5. Adicionalmente, identificó los siguientes hechos como “nuevos” pues, a su
juicio, “no se han debatido ni esclarecido en las anteriores acciones de tutela”:

i) Consideró que la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 inobservó el artículo
53 de la Constitución Política, así como de los principios pro homine y pro libertate.
Agregó que esta circunstancia también demuestra la existencia de un defecto
sustantivo.

ii) Alegó que la inhabilidad sobreviniente desapareció con el pago total del fallo que
declaró al actor responsable fiscalmente. Señala que dicha decisión4 fue una de las
razones por las cuales fue sancionado disciplinariamente, por lo que al reparar el
daño patrimonial causado en ejercicio del cargo que ostentaba en la DIAN, el hecho
desapareció.

iii) Consideró que su desvinculación ilegítima lesiona su derecho fundamental al
desempeño de cargos y funciones públicas, en relación con del derecho
fundamental a la dignidad humana.

iv) Manifestó que la sentencia desconoce el propio precedente del Consejo de
Estado, en la medida que viola el derecho fundamental a la igualdad. Señala que la
sentencia cuestionada debió ser decidida bajo los mismos parámetros y criterios
contenidos en los siguientes fallos dictados por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado: a. rad. núm. 11001-03-25-000-2011- 00100-00(0330-11) del
4
La Contraloría General de la República, mediante fallo del 8 de marzo de 2006, confirmado en providencia del 19 de
mayo del miso año, declaró al actor fiscalmente responsable, como consecuencia de las actuaciones irregulares
desplegadas durante los años 1999 a 2001, mientras de desempeñaba como tesorero de rentas municipales de Yondó.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

12 de octubre de 2017 y; b. rad. núm. 11001-03-25-000-2012- 00126-00(0544-12)
del 20 de abril de 2017.

v) Adujo que la sentencia desconoce su derecho a que la promoción de una
actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las
pretensiones que han sido planteadas. Al respecto cita las sentencias C-030 de
2023 y C-126 de 2024, que reiteraron que el acceso a la administración de justicia
se materializa en la emisión de decisiones de fondo por parte del juez natural
respecto de las pretensiones planteadas.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El asunto fue asignado por reparto al despacho del consejero de Estado Wilson
Ramos Girón, quien inadmitió la acción de tutela5 al considerar que el escrito no
reunía los requisitos mínimos que permitieran su adecuada comprensión e
interpretación.

4.2. Subsanada la solicitud, mediante auto del 31 de marzo de 20256, el consejero
ponente admitió la acción de tutela. En la misma providencia, dispuso vincular, en
calidad de tercero con interés, al director general de la DIAN, quien fungió como
parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo, ofició a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado para
que, remitiera el expediente digital correspondiente.

Efectuadas las notificaciones de rigor, se allegaron las siguientes intervenciones:

4.3. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través
del consejero Juan Camilo Morales Trujillo7, en calidad de magistrado ponente
de las providencias objeto de cuestionamiento, rindió el informe solicitado con
ocasión de la acción de tutela de la referencia. Indicó que el señor Francisco Javier
García Londoño pretendió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso y desempeño de cargos públicos y dignidad humana, los
cuales consideró vulnerados por la sentencia del 28 de marzo de 2019, proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
11001-03-25-000-2012-00372-00, mediante la cual se negaron las pretensiones
formuladas contra la DIAN.

Señaló que, de la consulta en SAMAI, se evidenció que el accionante ha promovido
múltiples acciones de tutela con fundamento en los mismos hechos y pretensiones,
entre ellas las identificadas con los radicados núm. 11001-03-15-000-2024-07030-
01, 11001-03-15-000-2024-05185-00 y 11001-03-15-000-2024-06125-00, en las
cuales se declaró la temeridad o se rechazó el amparo con fundamento en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, indicó que se encuentra en trámite otra

5
Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 3E3E88CECF8E00E6
4A8EE258A469ECE8 6DB3342ADB3AE38B 3971FD40D2A8E5BA.
6
Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 974DFABFC63AC8DB
461B6B768179DF03 880816A8BD7CAF4B 6D8524E355C5168A.
7
Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 7B1662207F24C470
FCE68B038B348CCF 7A0131591E3389F0 777BC5E64F939D2E.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01180-00, sustentada
en los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Finalmente, manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
inmediatez, dado que entre la notificación de la providencia cuestionada y la
presentación de la acción de tutela transcurrió un lapso superior a 6 meses, sin que
se hubiera justificado dicha inactividad. Agregó que las providencias cuestionadas
y el expediente digital contienen los elementos suficientes para que el juez
constitucional adopte la decisión que en derecho corresponda.

4.4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-8, solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se configura
vulneración alguna de derechos fundamentales. Sostuvo que el asunto planteado
por el accionante ya fue objeto de análisis por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
en el que se examinó la legalidad de los actos administrativos que impusieron la
sanción disciplinaria.

Indicó que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, en tanto
pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto en sede judicial, mediante la
reiteración de argumentos previamente analizados. Asimismo, advirtió la existencia
de cosa juzgada constitucional respecto de acciones de tutela anteriores
promovidas por el actor, lo que impide un nuevo pronunciamiento sobre los mismos
supuestos fácticos y jurídicos.

Finalmente, señaló que la conducta del accionante configura un uso reiterado e
injustificado del mecanismo de tutela, lo que da lugar a la temeridad y al
incumplimiento del requisito de inmediatez. En consecuencia, solicitó negar el
amparo, al no evidenciarse una afectación actual de derechos fundamentales y por
resultar improcedente la acción frente a decisiones judiciales y administrativas
definidas de manera definitiva.

4.5. Mediante escrito del 6 de mayo de 2025, los consejeros de Estado Myriam
Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestaron, de
manera conjunta, su impedimento para conocer del presente9.

Lo anterior, por cuanto, en su calidad de integrantes de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, participaron en la decisión y suscribieron la sentencia del 27 de
febrero de 2025, proferida dentro de la acción de tutela con radicado n.º 11001-03-
15-000-2024-06920-00, promovida por el mismo accionante contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se cuestionó la sentencia
del 28 de marzo de 2019 dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 11001-03-25-000-2012-00372-00.

8
Índice 00017 del aplicativo SAMAI del proceso de tutela de primera instancia, identificado con certificado núm.
69C6F1B8337CA11B 5F635262BE12EDEF 46703739B7C9968A 5B659ECB3FB3DB40.
9
Índice 00021 del aplicativo SAMAI del proceso de tutela de primera instancia, identificado con certificado núm.
8159D0D9152C54E8 6AAC2FCDBBBB9AA4 4D65FA3AD3423A3C 2FE319FE4760BA21.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Indicaron, además, que entre dicha acción de tutela y la presente existe identidad
de partes, hechos y pretensiones, así como coincidencia en los argumentos
expuestos, circunstancia que evidencia que el asunto ya fue objeto de
pronunciamiento por la Sala de decisión de la cual hacen parte.

4.6. Mediante auto del 7 de mayo de 2025, el consejero de Estado Wilson Ramos
Girón declaró infundadas las manifestaciones de impedimento presentadas por
las consejeras Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Luis Antonio Rodríguez
Montaño.10

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de mayo de 202511, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que se configuró la
cosa juzgada. Lo anterior, por cuanto el señor Francisco Javier García Londoño
había promovido previamente varias acciones de tutela contra la sentencia del 28
de marzo de 2019, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-03-25-
000-2012-00372-00, en las que planteó cargos similares relacionados con la
presunta vulneración del debido proceso, el desconocimiento de normas
disciplinarias y la configuración de defectos sustantivos.

La Sala advirtió la existencia de identidad de partes, hechos y objeto entre las
acciones de tutela interpuestas, sin que el accionante hubiera justificado
adecuadamente la reiteración del mecanismo constitucional. Asimismo, precisó que
los argumentos adicionales invocados no constituyen hechos nuevos, sino
reiteraciones o desarrollos de los planteamientos previamente expuestos, lo que
descarta la posibilidad de reabrir el debate en sede de tutela.

En ese sentido, concluyó que, además de la cosa juzgada constitucional, se
configuró la temeridad, conforme a la jurisprudencia constitucional, razón por la cual
resultaba improcedente la solicitud de amparo. Finalmente, la Sala previno al
accionante para que se abstuviera de presentar nuevas acciones de tutela con
fundamento en los mismos supuestos fácticos y jurídicos, so pena de la imposición
de las sanciones correspondientes.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación12, en el cual reiteró los argumentos
expuestos en la acción de tutela. Sostuvo que la irregularidad se originó en la
decisión adoptada por un magistrado que, actuando de manera individual, resolvió
un impedimento dentro del trámite, pese a tratarse de un asunto que debía ser
decidido por la respectiva sala.

10
Índice 00024 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, identificado con certificado núm.
BDC5CF662E5BA99F C42C3A38173CEBA8 3F0763B322A4D04A D09DCAE3852BC193.
11
Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado C669FF77365959DD 1EFEB6207AC0A041
36430FE91183DA0B 8AED7D36AB130FC3.
12
Índice 00034 del expediente digital de primera instancia, certificado 0F04EACFC7EAD2C3 DA03A4DB8DE0E70E
997C22B98AFC3837 2C0122243992DA61.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Indicó que dicha actuación desconoció las reglas que regulan los impedimentos y la
exigencia de decisiones colegiadas, así como los principios de imparcialidad e
independencia judicial que integran el debido proceso. En particular, afirmó que,
ante la manifestación de impedimento por parte de dos magistrados, era necesario
integrar la Sala mediante el sorteo de conjueces, conforme a las disposiciones
procesales aplicables. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el auto que
resolvió los impedimentos incurrió en un defecto sustantivo, al desconocer el
régimen legal aplicable y afectar el quórum decisorio, lo que derivó en la vulneración
de los derechos al debido proceso y al juez natural.

El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto
del 11 de junio de 2025 13 , concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante y ordenó remitir el expediente al despacho competente para su
conocimiento en segunda instancia.

7. Tramite de tutela en segunda instancia

7.1. El asunto fue asignado por reparto al despacho del consejero de Estado Nicolás
Yepes Corrales, quien manifestó su impedimento para conocer del mismo14 con
fundamento en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.

7.2. A través de auto del 22 de agosto de 202515 los restantes miembros de la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado aceptaron el impedimento,
y se separó al referido magistrado de este trámite constitucional.

7.3. El expediente fue asignado al despacho del consejero William Barrera Muñoz,
quien igualmente manifestó impedimento con fundamento en la misma causal.16

7.4. Mediante auto del 1 de diciembre de 202517, la magistrada ponente declaró
fundado el impedimento del referido magistrado y se dispuso su separación del
conocimiento del asunto.

7.5. Posteriormente, el expediente fue remitido al despacho de la magistrada
ponente, quien manifestó impedimento18 el 15 de enero de 2026.

7.6. El asunto fue remitido al despacho del magistrado José Roberto Sáchica, quien
mediante auto del 17 de febrero de 202619 negó el impedimento manifestado por la
consejera Adriana Polidura Castillo y ordenó devolver el expediente.

13
Índice 00036 del expediente digital de primera instancia, certificado 4D778B9D4B5D9462 83BCD1E94A1FF204
05C9CE92B969493A 31152C760A935F0C.
14
Índice 00004 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado 5FDE2F04F96E19E6
1F768DB09515C25C FAA9D0F423024835 42206073164CA964.
15
Índice 00022 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado 3D12491A47B5C11F
477ABA62D6864FC2 D5AAFF81EB2EC92B 2D89AD8DDE15E015.
16
Índice 00029 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado 87D08D13AFCE915A
B2854AEBF96F323A 3A72F00A0C5A8469 F7C25A13CF899F48.
17
Índice 00034 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado 92FB8D35EEADAF72
939629B38A759B72 0AA3FD5B490D1175 CCB4BCF543A4732B.
18
Índice 00040 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado 3A36E967529AF451
31FFE9BE8CBC833F 85599D335103EED0 616504FF7F0F4F8E.
19
Índice 00047 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado FBC42A220E29F5E1
E127A137AB0C1120 0BA8309CCC324D05 5A54E563B612FB01.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

7.7. Finalmente, mediante providencia del 6 de marzo de 202620, se ordenó el sorteo
de conjueces, siendo designados los magistrados José Roberto Sáchica y Fernando
Alexei Pardo Flórez. En consecuencia, el proceso ingresó al despacho para registro
del proyecto de fallo.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa Francisco
Javier García Londoño, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandante al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 1001-03-25- 000-
2012-00372-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda Subsección A, por cuanto actuó como juez de única
instancia dentro del trámite mencionado y fue su actuación a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentra
probada la identidad de partes, causa y objeto entre la presente acción
constitucional y las registradas bajo radicado núm. 1001-03-15-000-2024-06125-
00/01; 11001-03- 15-000- 2019- 03444-00/01; 11001-03- 15-000-2024-05185-
00/01; 11001-03-15-000-2024-07030-00/01; 25000-23-41-000-2023-01080-00/01
y, en caso afirmativo, determinar si existe temeridad en la actuación del accionante
por duplicidad de acciones de tutela adelantadas con fundamento en los mismos
hechos, por el mismo objeto y contra la misma parte.

De no encontrarse cosa juzgada, se pasará a analizar si el Consejo de Estado,
Sección Segunda Subsección A, incurrió en violación de los derechos
fundamentales invocados al proferir la sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-00, mediante la cual fueron

20
Índice 00054 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia, certificado 1DB53A897F24BD20
848DB14E9E22F12B 27BD7E12FAA3E1EB 3A2D14F1A21C958F.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

desestimadas sus pretensiones encaminadas a controvertir los actos
administrativos que le impusieron unas sanciones disciplinarias.

4. Cuestión previa

Como cuestión previa, y con el propósito de precisar el marco normativo aplicable
al asunto, la Sala estima necesario pronunciarse sobre el trámite de los
impedimentos en la acción de tutela, a fin de dejar establecido que la decisión se
adopta conforme al criterio que garantiza la aplicación uniforme de las reglas
procesales propias de este mecanismo constitucional.

En ese contexto, el accionante, en el escrito de impugnación, sostiene que el trámite
de los impedimentos en la acción de tutela no debe ser resuelto por el magistrado
ponente de la Sección Cuarta, planteamiento frente al cual se hace necesario
realizar las siguientes precisiones:

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 establece que las causales de impedimento
en la acción de tutela son las previstas en el Código de Procedimiento Penal; no
obstante, dicha disposición no regula el trámite que debe seguirse. En
consecuencia, este vacío debe integrarse con el Código General del Proceso, en
virtud de la remisión contenida en el artículo 4 del Decreto 306 de 199221, compilado
en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, que autoriza la aplicación de
sus principios en lo no previsto por el régimen de tutela.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3522 y 14023 del
Código General del Proceso, la decisión sobre los impedimentos corresponde al
magistrado ponente. Esta regulación resulta acorde con los principios de celeridad
y eficacia que rigen la acción de tutela24, a diferencia de lo previsto en el artículo
131 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo25,
que exige decisión de sala y puede generar dilaciones en el trámite.

21
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991.
22
“Artículo 35. Atribuciones de las salas de decisión y del magistrado sustanciador. Corresponde a las salas de
decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de
perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre
ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión”.
23
“ARTÍCULO 140. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS. Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra
alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella,
expresando los hechos en que se fundamenta.
El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su
conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva.
Si el superior encuentra fundado el impedimento enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo
considera infundado lo devolverá al juez que venía conociendo de él.
El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en
la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el
impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo
de conjuez, si hubiere lugar a ello.
El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no admiten
recurso.
Cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma sala del tribunal o de la Corte, todos los
impedimentos se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo acto por sala de conjueces”.
24
“Artículo 3. Principios. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad,
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”.
25
“3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse
impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en
que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano
sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio
se ordenará sorteo de conjuez”.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Adicionalmente, dado que la acción de tutela puede ser conocida por cualquier juez
de la República, conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del
Decreto 2591 de 1991, la aplicación del Código General del Proceso garantiza la
uniformidad en el trámite de los impedimentos, en desarrollo del principio de unidad
de la jurisdicción constitucional, evitando la dispersión de criterios entre las distintas
jurisdicciones.

En consecuencia, para el trámite y decisión de los impedimentos en acciones de
tutela, resulta procedente aplicar las disposiciones del Código General del Proceso,
por ser las que garantizan la celeridad, eficacia y unidad del ordenamiento procesal
constitucional.

5. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 26 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 27 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto28.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de
los jueces naturales, así como su autonomía funcional”29.

26
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
27
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
28
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

6. La Cosa Juzgada Constitucional

La cosa juzgada ha sido definida por el Código General del Proceso y la
jurisprudencia como una institución que busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En efecto, el artículo 303
del CGP dispone que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes (…)”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha entendido el fenómeno de la cosa juzgada
en los siguientes términos:

“Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249 de
2016, definió a la cosa juzgada como una “(…) institución jurídico procesal mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas (…)”.

Como se expuso en párrafos precedentes, la presentación sucesiva o múltiple de
acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo con la
jurisprudencia de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la
acción, que compromete la capacidad judicial del Estado como también los
principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa.

2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura
de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional
decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura
cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal”

2.2.2. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa
juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La anterior
circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional, así se
verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones.”30

Ahora bien, la Corte señaló como una de las excepciones de la cosa juzgada
constitucional cuando la parte alega la ocurrencia de hechos nuevos, a pesar de
existir un pronunciamiento anterior en el que concurran los elementos de identidad
entre las partes, hechos y pretensiones. No obstante, cuando se alega como hecho
nuevo la expedición de una sentencia judicial, aclaró que, no cualquier
pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, ya que requiere (1) que
tenga vocación de universalidad, como la tienen las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación31; y (2) que el nuevo fallo aborde situaciones
jurídicas novedosas que no se hubieran desarrollado con anterioridad32.

30
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021
31
Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-324 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-055 de 2018
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
32
Corte Constitucional, sentencias SU-055 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo).

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Así las cosas, a pesar de que la temeridad y la cosa juzgada son fenómenos
procesales distintos, la presentación múltiple e injustificada de la misma acción de
tutela puede configurar una actuación temeraria y comprometer el principio de la
cosa juzgada constitucional. Lo anterior, constituye un ejercicio desleal y
deshonesto de la acción, que puede comprometer la capacidad judicial del Estado,
así como los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

7. Temeridad ante la duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela

De acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional, se incurre en una actuación
temeraria cuando se presentan varias solicitudes de amparo en las que hay “(i)
identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad
de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma
persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción”33.

Al respecto, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199134 dispuso:

“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

Ahora bien, cabe destacar que la Corte Constitucional ha precisado que “algunas
variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones” 35 no necesariamente
llevan a descartar la triple identidad, “sino que se trata de un examen más profundo,
que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia
material entre los dos procesos, a pesar de pequeñas diferencias”36.

En ese sentido, “accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo
caso, una identidad de sujetos. Finalmente, tener un mismo objetivo y pretensión
no significa que deba existir una redacción idéntica de las pretensiones de las dos
acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una
pretensión equivalente”37.

El máximo Tribunal de lo Constitucional también ha entendido la temeridad desde
dos perspectivas:

“La primera alude a su estructuración cuando una misma persona presenta
simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y la
segunda extiende la temeridad a eventos en los cuales la persona, de mala fe,
ejerce de manera sucesiva la misma acción. Esto es equivalente a que: (i) el

33
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
34
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
35
Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional.
36
Ibíd.
37
Ibíd.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

accionante actúe de mala fe y; (ii) se acuda al recurso de amparo sin una
justificación razonable”38.

En este sentido, para “poder decretar la temeridad, el juez debe advertir: (i) la presencia
de un elemento volitivo negativo en la presentación de la acción, es decir que esta se ejerza
con mala fe o dolo del accionante; y (ii) la ausencia de justificación razonable y objetiva”39.

Así las cosas, el juez constitucional no solo deberá verificar “los elementos que
constituirían triple identidad para concluir que hay una actuación temeraria y, en
consecuencia, declarar su improcedencia” 40 , sino que además debe “estudiarse las
circunstancias actuales que rodean el caso específico”41, de modo que, solo desvirtuada
la presunción de buena fe a favor del accionante, que tiene lugar cuando “se deja al
descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de
quien administra justicia, procederán las sanciones”42.

De igual manera la Corte estableció como excepciones a la temeridad y que
justifiquen la presentación de una nueva acción de tutela, las siguientes:

“(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquéllas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por necesidad
extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de
los profesionales del derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base
para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante y (iv) Se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión”43.

8. Caso concreto

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al advertir que en el presente
asunto se configuran los fenómenos de cosa juzgada constitucional y temeridad,
por las razones que se exponen a continuación:

8.1. Cosa juzgada

En atención a las circunstancias particulares del actor que se derivan de los
fundamentos de la solicitud de amparo, así como de los informes presentados en
este trámite, la Sala considera necesario entrar a verificar la posible cosa juzgada
en relación con los reparos que el accionante formuló en contra del fallo del 28 de
marzo de 2019, proferido en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número de radicado 1001-03-25- 000-2012-00372-00.

38
Sentencia T-162 de 2018 de la Corte Constitucional.
39
Sentencia T-190 de 2020 de la Corte Constitucional.
40
Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional.
41
Ibídem.
42
Ibid.
43
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

En punto a lo anterior, con el fin de establecer si en el presente asunto se cumplen
los requisitos para que se estructure la cosa juzgada, se realizará el siguiente
análisis comparativo.

2025-01352-01
Expedien 2019-03444- 2023-01080- 2024-06125- 2024-05185- 2024- 07030-
(objeto de
te 00/01 00/01 00/01 00/01 001
estudio)
Accionante. Accionante. Accionante: Accionante. Accionante. Accionante. Francisco Javier Francisco Javier Francisco Javier Francisco Francisco Javier Francisco
García Londoño García Londoño García Londoño Javier García García Londoño Javier García
Londoño Londoño
Accionado. Accionado. Accionado: Accionado. Partes
Consejo de Consejo de Consejo de Accionado. Consejo de Accionado. Estado, Sección Estado, Sección Estado, Sección Consejo de Estado, Sección Consejo de
Segunda, Segunda, Segunda, Estado, Segunda, Estado,
Subsección A. Subsección A. Subsección A, Sección Subsección A Sección
Sala Especial de Segunda, Segunda,
Decisión N.°25. Subsección A. Subsección A. Mediante la El accionante La parte El actor El accionante La tutela se
Resolución sustentó la accionante señaló que “la fundamentó la fundamentó
8300060-2009- solicitud en la fundamentó la la presente solicitud en la en la presunta
001 del 30 de presunta acción de tutela Acción de presunta vulneración
abril de 2007 la vulneración de en la presunta Tutela, se vulneración de de los
DIAN sancionó sus derechos vulneración de origina como sus derechos derechos
disciplinariamen fundamentales sus derechos consecuencia con ocasión de fundamentale
te al actor, con al debido fundamentales, de un proceso la sentencia del s, atribuida a
destitución en el proceso, con ocasión de disciplinario 28 de marzo de la sentencia
cargo que acceso a la diversas en el cual la 2019, proferida del 28 de
desempeñaba e administración providencias UNIDAD dentro del marzo de
inhabilidad para de justicia y judiciales ADMINISTRA proceso 2019
ejercer cargos seguridad proferidas por TIVA ordinario, así proferida por
públicos por 12 jurídica, con el Consejo de ESPECIAL- como de la la Sección
años. ocasión de la Estado. DIAN profirió providencia del Segunda,
El actor sentencia del Sostuvo que la Resolución 20 de agosto de Subsección A
interpuso 28 de marzo de dichas 8300060- 2021 que del Consejo
demanda de 2019 proferida decisiones 2009- 001 del resolvió el de Estado.
nulidad y por la Sección incurrieron en 30 de abril de recurso El accionante
restablecimiento Segunda, defectos 2007, (…) en extraordinario sostuvo que
del derecho, que Subsección A sustantivo y la que me de revisión. dicha
se registró bajó del Consejo de procedimental, ‘DESTITUYE Sostuvo que providencia
Causa
el radicado Estado.

Alegó desconocimient E INHABILITA dichas incurrió en
petendi
número 11001- que dicha o del POR 12 decisiones defecto
03-25- 000- providencia precedente y AÑOS DEL incurrieron en sustantivo y
2012-00372-00, incurrió en violación SECTOR defectos violación
en la Sección defectos directa de la PUBLICO”. sustantivo y directa de la
Segunda sustantivo y Constitución, al procedimental Constitución,
Subsección A fáctico, al no advertir que Agregó que al no al interpretar
del Consejo de interpretar el fallo promovió un pronunciarse de manera
Estado dictó erróneamente disciplinario proceso sobre la irrazonable el
sentencia del 28 las normas que dio origen ordinario en el presunta falta régimen
de marzo de sobre al litigio fue que cuestionó de competencia disciplinario
2019 que negó inhabilidad expedido por la legalidad de de la aplicable y
las pretensiones derivada de la una funcionaria dichos actos. funcionaria que desconocer el
responsabilidad sin Sin embargo, impuso la principio de
fiscal, realizar competencia, lo mediante sanción favorabilidad,
una indebida que, en su sentencia del disciplinaria, lo que
valoración del criterio, afectó 28 de marzo desconocer el condujo a
material el principio de de 2019 se principio de mantener la
probatorio y juez natural y negaron las favorabilidad y sanción de
desconocer el las garantías pretensiones. apartarse del destitución e
precedente propias del precedente inhabilidad
constitucional. debido judicial. impuesta en
proceso. su contra.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Derechos cuya Derechos cuya Derechos cuya Derechos Derechos cuya Derechos
protección protección protección cuya protección cuya
invoca: invocó: debido invocó: protección invocó: debido protección
igualdad, debido proceso, igualdad, al invocó: proceso, al juez invocó:
proceso, al juez acceso a la debido igualdad, natural, a la debido
natural, al administración proceso, «a debido igualdad y de proceso y al
funcionario de justicia y a la ejercer cargo proceso, al acceso a la “desempeño
competente, y seguridad de carrera juez natural, administración de cargos y
de acceso a la jurídica. administrativa», al funcionario de justicia. funciones
administración al buen nombre competente, a públicas”.
de justicia. Pretensiones: y a la honra ejercer cargos Pretensiones:
“ 1. TUTELAR de carrera “*QUE COMO Pretensiones
Pretensiones: los derechos Pretensiones: administrativa CONSECUEN : “*QUE SE
“*QUE SE fundamentales “ 1. Que se y de acceso a CIA DE LO DECLARE LA
AMPAREN MIS (sic) Francisco profiera la ANTERIOR SE NULIDAD DE
DERECHOS Javier Garcia “sentencia de administració ORDENE A LA LA
FUNDAMENTA Londoño y reemplazo” en n de justicia. SECCIÓN SENTENCIA
LES Angela Maria la cual se SEGUNDA- JUDICIAL
VULNERADOS Garcia ampares mis Pretensiones SUBSECCIÓN PROFERIDA
EN LA Londoño (…), derechos : “*QUE SE A QUE EL 28 DE
SENTENCIA que han sido fundamentales: DECLARE LA PROFIRIÓ LA MARZO DE
JUDICIAL vulnerados por (…) 2. Que se NULIDAD DE SENTENCIA 2019 CON
PROFERIDA EL la Sección deje sin efectos LA CON RADICADO
28 DE MARZO Segunda, el fallo dictado SENTENCIA RADICADO 11001032500
DE 2019 CON Subsección A, por la Sección JUDICIAL 110010325000 02012003720
RADICADO Sala de lo Cuarta del PROFERIDA 20120037200, 0 DENTRO
1100103250002 Contencioso Consejo de EL 28 DE QUE ADOPTE DEL MEDIO
0120037200 Administrativo - Estado con MARZO DE UNA DE
COMO SON: : I) Consejo de Radicación: 2019 CON DECISIÓN CONTROL
EL DERECHO Estado al 11001-03-15- RADICADO AJUSTADA Y DE NULIDAD
AL DEBIDO expedir una 000-2022- 11001032500 PRIVILEGIAND Y
PROCESO Y AL decisión que 02768-01 de 02012003720 O LO RESTABLECI
Objeto JUEZ vulnera los fecha 06 de 0 DENTRO SUSTANCIAL MIENTO DEL
NATURAL. II) derechos octubre de DEL MEDIO SEGÚN LOS DERECHO
EL DERECHO A constitucionale 2022. 3. Que se DE ARTÍCULOS ‘DE ÚNICA
LA IGUALDAD. s deje sin efectos CONTROL 29° Y 228° DE INSTANCIA’. III) DERECHO fundamentales el fallo dictado DE NULIDAD LA
DE ACCESO A de los accionan por la Sección Y CONSTITUCIÓ *QUE SE
LA tes Tercera - RESTABLECI N POLÍTICA, AMPAREN
ADMINISTRACI demandantes Subsección C MIENTO DEL FRENTE A UN MIS
ÓN DE al ser del Consejo de DERECHO ANÁLISIS DERECHOS
JUSTICIA. constitutiva de Estado con ‘DE ÚNICA RESTRICTIVO FUNDAMENT
una via de Radicación: INSTANCIA’. A PARTIR DE ALES
*QUE, COMO hecho judicial. 11001-03-15- ELEMENTOS VIOLADOS
CONSECUENCI 2. Como 000-2022- *QUE SE PURAMENTE POR LOS
A DEL AMPARO consecuencia 02768-00 de AMPAREN FORMALES. ACTOS
DE MIS de lo anterior, fecha 29 de MIS *QUE SE ADMINISTRA
DERECHOS se deje sin julio de 2022. 4. DERECHOS AMPAREN MIS TIVOS
FUNDAMENTA efectos la Que se deje sin FUNDAMENT DERECHOS PROFERIDO
LES sentencia de dI efectos el fallo ALES FUNDAMENTA S POR LA
INVOCADOS, (sic) 28 de dictado por la VIOLADOS LES DIAN
SE TOMEN LAS marzo de 2019 Subsección B POR LOS VIOLADOS CONTENIDO
ACCIONES (…) proferida de la Sección ACTOS POR LOS S EN LAS
NECESARIAS por la Sección Tercera del ADMINISTRA ACTOS SIGUIENTES
CON EL Segunda, Consejo de TIVOS ADMINISTRAT RESOLUCIO
OBJETO DE Subsección A, Estado con PROFERIDO IVOS NES
QUE SE ME Sala de lo Radicación: S POR LA PROFERIDOS 8300060-
REINTEGRE A Contencioso 11001-03-15- DIAN POR LA DIAN 2009-01 DE
MI CARGO DE Administrativo - 000-2021- CONTENIDO CONTENIDOS 30 DE ABRIL
CARRERA Consejo de 08662-01 de S EN LAS EN LAS DE 2007,
ADMINISTRATI Estado, fecha 26 de SIGUIENTES SIGUIENTES 6027 DE 24
VA EN LA DIAN mediante el abril de 2022. 5.

RESOLUCIO RESOLUCION DE MAYO DE
SIN SOLUCIÓN cual este juez Que se deje sin NES ES 8300060- 2007 Y 7319
DE colegiado, efectos el fallo 8300060- 2009-01 DE 30 DE 21 DE
CONTINUIDAD actuando como dictado por la 2009-01 DE DE ABRIL DE JUNIO DE

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

PARA TODOS juez de única Subsección A 30 DE ABRIL 2007, 6027 DE 2007COMO
LOS EFECTOS instancia en el de la Sección DE 2007, 24 DE MAYO SON: i)
LABORALES Y proceso de Tercera del 6027 DE 24 DE 2007 Y DERECHO
LEGALES”. nulidad y Consejo de DE MAYO DE 7319 DE 21 DE FUNDAMENT
restablecimient Estado con 2007 Y 7319 JUNIO DE AL AL
o del derecho Radicación: DE 21 DE 2007COMO DEBIDO
instaurado (…) 11001-03-15- JUNIO DE SON: i) PROCESO Y
en contra 000-2021- 2007COMO DERECHO AL JUEZ
Dirección de 08662-00 de SON: i) FUNDAMENTA NATURAL O
Impuestos y fecha 18 de DERECHO L AL DEBIDO FUNCIONARI
Aduanas febrero de FUNDAMENT PROCESO Y O
Nacionales - 2022. 6. Que se AL AL AL JUEZ COMPETENT
DIAN. 3. deje sin efectos DEBIDO NATURAL O E. ii)
Consecuente el fallo dictado PROCESO Y FUNCIONARIO DERECHO A
con lo anterior, por la Sala AL JUEZ COMPETENTE LA
se ordene al Especial de NATURAL O . ii) DERECHO IGUALDAD,
Sección Decisión Nros. FUNCIONARI A LA iii) DERECHO
Segunda, ° 25 recurso O IGUALDAD, iii) A EJERCER
Subsección A, extraordinario COMPETENT DERECHO A CARGO DE
Sala de lo de revisión E. ii) EJERCER CARRERA
Contencioso radicación DERECHO A CARGO DE ADMINISTRA
Administrativo - 11001 03 15 LA CARRERA TIVA EN LA
Consejo de 000 2020 IGUALDAD, ADMINISTRAT DIAN. y iv)
Estado dictar 02925 00, de iii) DERECHO IVA EN LA DERECHO A
una nueva fecha 20 de A EJERCER DIAN. y iv) DE ACCESO
providencia en agosto de 2021. CARGO DE DERECHO A A LA
el proceso de 7. Que se deje CARRERA DE ACCESO A ADMINISTRA
nulidad y sin efectos el ADMINISTRA LA CIÓN DE
restablecimient fallo dictado por TIVA EN LA ADMINISTRAC JUSTICIA.
o del derecho la Sección DIAN. y iv) IÓN DE *QUE, COMO
(…), acogiendo Segunda – DERECHO A JUSTICIA. CONSECUE
la normatividad Subsección A DE ACCESO *QUE, COMO NCIA DEL
aplicable al medio de A LA CONSECUEN AMPARO DE
caso concreto y control de ADMINISTRA CIA DEL MIS
la nulidad y CIÓN DE AMPARO DE DERECHOS
interpretación restablecimient JUSTICIA. MIS FUNDAMENT
constitucional o del derecho *QUE, COMO DERECHOS ALES
efectuada por la radicación CONSECUE FUNDAMENTA INVOCADOS,
Corte 11001-03-25- NCIA DEL LES SE ME
Constitucional 000-2012- AMPARO DE INVOCADOS, REINTEGRE
en la sentencia 00372-00, de MIS SE ME A MI CARGO
referenciadas, fecha 28 de DERECHOS REITEGRE A DE
asi como marzo de 2019 FUNDAMENT MI CARGO DE CARRERA
efectuando una […]. ALES CARRERA ADMINISTRA
adecuada INVOCADOS, ADMINISTRAT TIVA EN LA
apreciación y SE ME IVA EN LA DIAN SIN
valoración de REINTEGRE DIAN SIN SOLUCIÓN
las pruebas que A MI CARGO SOLUCIÓN DE DE
acreditan DE CONTINUIDAD CONTINUIDA
dentro del CARRERA PARA TODOS D PARA
proceso. 4. Que ADMINISTRA LOS EFECTOS TODOS LOS
disponga en la TIVA EN LA LABORALES Y EFECTOS
sentencia de DIAN SIN LEGALES” LABORALES
tutela que se SOLUCIÓN Y LEGALES
adopten todas DE […]”
las medidas CONTINUIDA
conducentes D PARA
para hacer TODOS LOS
cesar cualquier EFECTOS
efecto que se LABORALES
hubiere dado Y LEGALES
como […]”
consecuencia
del
cumplimiento

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

del fallo que
vulneró los
derechos
fundamentales
de mi
representada”
La adoptará la Primera Primera Primera Primera Primera
Sala a través de instancia: instancia: La instancia. instancia: instancia: La
esta Mediante Sección Mediante fallo Mediante Sección
providencia. sentencia del Primera del del 12 de sentencia del Quinta del
27 de agosto de Consejo de diciembre de 25 de octubre Consejo de
2019, la Estado, 2024 la de 2024, la Estado,
Sección mediante Sección Sección mediante
Segunda, sentencia del Primera del Segunda, sentencia del
Subsección B 14 de abril de Consejo de Subsección A 6 de febrero
del Consejo de 2023, declaró la Estado del Consejo de de 2025,
Estado negó el cosa juzgada declaró la Estado declaró declaró la
amparo constitucional cosa juzgada improcedente cosa juzgada
solicitado, al respecto de los constitucional la acción de constitucion
considerar que cuestionamient y la existencia tutela, al al y la
la providencia os dirigidos de temeridad considerar que temeridad, al
cuestionada no contra las en la se configuraron constatar que
incurrió ningún providencias actuación del los fenómenos el accionante
defecto. Señaló proferidas en tutelante. de temeridad y había
que la los diferentes Segunda cosa juzgada promovido
interpretación procesos de instancia. En constitucional. múltiples
realizada por el tutela, al sentencia de La Sala advirtió acciones de
juez natural encontrar fecha 21 de que el tutela contra
sobre la acreditada la febrero de accionante la misma
inhabilidad identidad de 2025, la había sentencia,
derivada de la partes, objeto y Sección promovido proferida
responsabilidad causa petendi. Tercera, múltiples dentro de la
fiscal era Asimismo, Subsección B acciones de nulidad y
razonable y se declaró la de esta tutela con restablecimie
ajustaba al improcedencia Corporación identidad de nto del
Decisión marco de la acción de modificó la causa, objeto y derecho, las
normativo tutela frente a la providencia partes, dirigidas cuales
aplicable. sentencia del de primer a cuestionar la guardaban
Concluyó que 28 de marzo de grado. En su misma identidad de
no se configuró 2019, proferida lugar, rechazó providencia partes, causa
vulneración de en el proceso la acción de judicial, lo que y objeto.
derechos ordinario, por tutela. La Sala evidenciaba un Advirtió que
fundamentales, no cumplirse el concluyó que uso abusivo del algunas de
pues la decisión requisito de el accionante mecanismo dichas
cuestionada inmediatez. presentó constitucional y decisiones ya
respondió a un múltiples una actuación habían sido
ejercicio Segunda acciones con contraria al excluidas de
legítimo de la instancia: La identidad de principio de revisión por la
autonomía Sección Quinta partes, buena fe. Corte
judicial. del Consejo de hechos y Constitucional
Estado, pretensiones, Segunda , lo que
Segunda mediante dirigidas a instancia: consolidaba la
instancia: sentencia del 8 controvertir la Mediante cosa juzgada.
Mediante de junio de misma sentencia del
sentencia del 2023, modificó sentencia del 12 de diciembre Segunda
12 de diciembre la decisión de 28 de marzo de 2024, la instancia: La
de 2019, la primera de 2019. Sección Quinta Sección
Sección instancia. En su Asimismo, del Consejo de Tercera,
Primera del lugar, declaró la precisó que Estado Subsección A
Consejo de configuración los supuestos modificó la del Consejo
Estado de la cosa “hechos decisión de de Estado,
confirmó la juzgada nuevos” primera mediante
decisión de constitucional invocados no instancia, en el sentencia del
primera respecto de las constituían sentido de 4 de abril de
instancia, al acciones de circunstancia declarar 2025,

18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

considerar que tutela s novedosas, expresamente confirmó la
no se previamente sino configurados decisión de
configuraron decididas reiteraciones los fenómenos primera
los defectos (radicados argumentativ de temeridad y instancia, al
alegados, ni el 11001-03-15- as, por lo que cosa juzgada reiterar que se
desconocimient 000-2021- no se constitucional. configuraban
o del 08662-00/01 y desvirtuaba la La Sala la cosa
precedente. 11001-03-15- temeridad ni concluyó que juzgada
Señaló que la 000-2022- la cosa existía constitucion
providencia 02768-00/01), y juzgada identidad de al y
cuestionada se rechazó la constitucional partes, causa temeridad,
fundó en una acción de . petendi y objeto debido a la
interpretación tutela por entre las presentación
razonable de temeridad, al acciones de reiterada y
las normas evidenciar que tutela sucesiva de
aplicables y que el actor promovidas por acciones de
la acción de promovió el actor, sin que tutela con
tutela no es múltiples se acreditara la identidad de
procedente solicitudes con existencia de partes,
para reabrir identidad de hechos nuevos hechos y
debates ya partes, hechos que justificaran pretensiones.
resueltos por el y pretensiones, la reiteración Precisó que
juez natural. sin justificación del amparo, por los supuestos
válida. lo que la “hechos
Confirmó la solicitud nuevos”
improcedencia resultaba alegados por
del amparo improcedente. el accionante
frente a la no desvirtúan
sentencia del tales
28 de marzo de fenómenos. El
2019 por actor incurrió
incumplimiento en un ejercicio
del requisito de abusivo del
inmediatez. derecho de
acción y se
dispuso
prevenirlo
para que se
abstenga de
presentar
nuevas
tutelas sobre
los mismos
fundamentos.

A partir de lo anterior, la Sala advierte la existencia de identidad de partes, causa y
objeto entre la presente acción constitucional y las registradas bajo el núm. 1001-
03-15-000-2024-06125-00/01; 11001-03- 15-000- 2019- 03444-00/01; 11001-03-
15-000-2024-05185-00/01; 11001-03-15-000-2024-07030-00/01; 25000-23-41-
000-2023-01080-00/01. Si bien el accionante manifestó la existencia de supuestos
hechos nuevos que, a su juicio, configurarían un escenario distinto al ya examinado
y decidido, en realidad persigue el mismo propósito: obtener la anulación de la
sentencia del 28 de marzo de 2019, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado número 11001-03-25-000-
2012-00372-00, mediante la cual fueron desestimadas sus pretensiones
encaminadas a controvertir los actos administrativos que le impusieron unas
sanciones disciplinarias.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Dicha solicitud, como se observa en el cuadro precedente, ya fue evaluada y
despachada desfavorablemente en primera y segunda instancia, por jueces de
tutela.

En consecuencia, se advierte que operó la cosa juzgada y en tal sentido, no es
procedente abordar el estudio de los argumentos que el tutelante propone en esta
oportunidad.

8.2. Temeridad

Ahora bien, la Sala estima pertinente establecer si el señor Francisco Javier García
Londoño incurrió en actuación temeraria, debido a que en la demanda de tutela
aludió a múltiples trámites constitucionales que ha adelantado con el mismo fin.

En ese sentido, se advierte que el accionante ha acudido de manera reiterada al
mecanismo de tutela desde el año 2019. En particular, se destaca la acción
identificada con radicado n.º 11001-03-15-000-2019-03444-00/01, decidida en
primera instancia mediante sentencia del 27 de agosto de 2019 y confirmada en
segunda instancia el 12 de diciembre de 2019 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en la que se concluyó que no se configuraron los defectos alegados ni
el desconocimiento del precedente, y que la providencia cuestionada se sustentó
en una interpretación razonable de las normas aplicables, sin que la acción de tutela
pudiera emplearse para reabrir debates ya definidos por el juez natural.

Posteriormente, el accionante ha promovido diversas acciones de tutela con
similares supuestos fácticos y jurídicos, entre ellas las identificadas con los
radicados núm. 1001-03-15-000-2024-06125-00/01; 11001-03- 15-000- 2019-
03444-00/01; 11001-03- 15-000-2024-05185-00/01; 11001-03-15-000-2024-07030-
00/01; 25000-23-41-000-2023-01080-00/01, lo que evidencia el uso reiterado del
mecanismo constitucional frente a la misma controversia.

Del proceso objeto de estudio, la Sección Cuarta del Consejo, fallador en primera
instancia del trámite en estudio, hizo precisión de la forma en que el accionante ha
hecho uso del mecanismo constitucional, para lo cual, expuso:

“La Sala advierte que se presentan los elementos que dan lugar a la
configuración de la temeridad, pues el señor Francisco Javier García Londoño
ya había presentado ante esta Corporación varias acciones de tutela en las que
cuestionó la sentencia del 28 de marzo de 2019, con la que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, decidió en única instancia la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-25-000- 2012-00372-00, al
estimar que esa decisión: (i) desatendió el parágrafo 1° numeral 4 del artículo 38
de la Ley 734 de 2002 y las sentencias de la Corte Constitucional C-077 de 2007
y C-101 de 2018; (ii) inobservó los principios pro personae, favorabilidad y pro
libertatis; y (iii) incurrió en defecto sustantivo.

(…)
Se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e
identidad de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor
Francisco Javier García Londoño, por lo tanto, está configurada la actuación

20

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

temeraria, de ahí que se imponga declarar improcedente la acción de tutela, pues
no expuso argumentos que justifiquen la instauración de la misma.

Si bien el demandante invoca como fundamento para la presentación de esta
tutela la existencia de providencias judiciales posteriores a la cuestionada, lo
cierto es que tales situaciones no son constitutivas de hechos nuevos, por el
contrario, se trata de fundamentos de hecho adicionales, con los que pretende
justificar lo pretendido.”

En ese orden, se concluye que el accionante ha acudido de manera reiterada al
mecanismo de tutela para cuestionar la misma providencia judicial, configurándose
la identidad de partes, hechos y objeto entre las distintas acciones promovidas. En
consecuencia, se acredita la existencia de cosa juzgada constitucional y la
configuración de la temeridad, en la medida en que no se justificó adecuadamente
la presentación sucesiva de solicitudes de amparo. Por lo anterior, en primera
instancia se declaró la improcedencia de la acción de tutela, sin perjuicio de advertir
al accionante sobre el uso indebido del mecanismo constitucional.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el inicio de la presente
solicitud de amparo constitucional evidencia un actuar temerario por parte de
Francisco Javier García Londoño, así como un uso desproporcionado del derecho.
Ello obedece a que insiste en acudir ante los jueces constitucionales para formular
las mismas pretensiones y argumentos que ya fueron objeto de análisis en
oportunidades anteriores. Además, pese a los exhortos realizados para que se
abstenga de presentar nuevas demandas basadas en los mismos supuestos
fácticos, ha desatendido tales advertencias.

En consecuencia, se considera que las actuaciones del señor García Londoño se
enmarcan en los supuestos del artículo 3844 del Decreto 2591 de 1991.

9. Conclusión

La Sala concluye que la acción de tutela promovida por Francisco Javier García
Londoño presenta identidad de parte, causa y objeto con los tramites registrados
bajo el núm. 1001-03-15-000-2024-06125-00/01; 11001-03- 15-000- 2019- 03444-
00/01; 11001-03- 15-000-2024-05185-00/01; 11001-03-15-000-2024-07030-00/01;
25000-23-41-000-2023-01080-00/01; y en tal sentido, opera la cosa juzgada.
Asimismo, está probada la actuación temeraria en el uso de este mecanismo
constitucional.

Asimismo, se observa que el accionante alegó la existencia de hechos nuevos
ocurridos con posterioridad a la sentencia cuestionada, los cuales, según indicó, se
derivan de providencias judiciales proferidas con posterioridad a la decisión
reprochada. No obstante, la Sala advierte que tales circunstancias no constituyen
hechos nuevos en sentido estricto. Por el contrario, corresponden a fundamentos

44
“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al
menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar”.

21

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01352-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

fácticos adicionales con los que pretende sustentar las pretensiones formuladas en
esta oportunidad.

En consecuencia, emitir un nuevo pronunciamiento sobre el asunto desconocería el
principio de cosa juzgada constitucional, en la medida en que no se acreditó la
existencia de un hecho nuevo que justifique un nuevo examen constitucional de la
controversia.

Así las cosas, no se evidencia que el actor se encuentre en situación de indefensión,
que haya sido objeto de una inadecuada asesoría jurídica ni que existan hechos
nuevos que no hubiesen sido valorados en las decisiones de tutela anteriores. Por
ello, la Sala no advierte que la conducta del accionante se encuentre expresa y
razonablemente justificada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, al haber operado la cosa juzgada y la temeridad
en su actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de
presentar nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y
objeto.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado

ECG

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.