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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07030-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07030-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la cosa juzgada constitucional y la temeridad, dentro de la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07030-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de febrero de 2025

Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07030-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07030-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Temeridad y cosa
juzgada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Francisco Javier García Londoño en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso y el derecho al desempeño de cargos y funciones públicas.

Consideró vulneradas dichas garantías con la providencia del 28 de marzo
de 2019 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
el accionante en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional-
DIAN- radicado con el número 11001-03-25-000-2012-00372-00.

En concreto, solicitó lo siguiente:

*ORDENARLE A LA SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A DEL
CONSEJO DE ESTADO, QUE PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA
JUDICIAL EN LA CUAL SE TENGAN EN CUENTA LOS
ARGUMENTOS PLANTEADOS EN LA PRESENTE ACCIÓN DE
TUTELA FUNDAMENTADOS EN LAS SENTENCIAS C-397 DE 2024 Y
LA SU-342 DE 2024 PROFERIDAS POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL, LOS CUALES DISPONEN QUE EL OPERADOR
JURÍDICO EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES DEBE TENER EN
CUENTA SIEMPRE “LOS PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD, PRO
1

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07030-00

LIBERTATE Y PRO PERSONA”.
*QUE SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
POR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA DIAN
CONTENIDOS EN LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES 8300060-2009-
01 DE 30 DE ABRIL DE 2007, 6027 DE 24 DE MAYO DE 2007 Y 7319
DE 21 DE JUNIO DE 2007COMO SON: i) DERECHO AL DEBIDO
PROCESO Y ii) DERECHO A EJERCER CARGOS Y FUNCIONES
PÚBLICAS.

*QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REITEGRE A MI CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y
LEGALES.1

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

La Unidad de Administración Especial de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales- DIAN, mediante Resolución 8300060-2009-001 del 30
de abril de 2007 dictada en proceso disciplinario adelantado en contra del
accionante, lo destituyó del cargo P.I.P. que desempeñaba en la División de
Cobranzas de la Administración Local de Impuestos de Medellín, así como
bien lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años.

Mediante Resolución 06027 del 24 de mayo de 2007 la decisión fue
confirmada por el director general de la DIAN en consideración a que el
señor García Londoño incurrió en la inhabilidad consagrada en el numeral 4º
y parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 al no informar a la
entidad la existencia de sanciones fiscales impuestas con posterioridad a su
nombramiento.

Mediante Resolución 07319 del 21 de junio de 2007, el director general de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, ejecutó la sanción
disciplinaria.

El señor Francisco Javier García Londoño por intermedio de apoderado
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin de obtener la
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue sancionado en el
proceso disciplinario con la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer
cargos públicos, como también el que dispuso su retiro.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, trámite que
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del 24
de enero de 2013 declaró nulo desde el auto admisorio del 30 de agosto de
2007, para lo cual asumió el conocimiento del proceso en única instancia.

1 Trascripción literal con posibles errores.

2

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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La autoridad judicial mencionada, en sentencia del 28 de marzo de 2019
dispuso denegar la excepción de legalidad de los actos administrativos
propuesta por la entidad demandada, así como también negar las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Francisco Javier García
Londoño.

La accionada con base en la actuación disciplinaria y los cargos de falsa
motivación, principio de legalidad, irretroactividad de la Ley, tipicidad en
materia disciplinaria, desviación de poder, debido proceso, falta de
competencia, proporcionalidad de la sanción invocados por el demandante
como causal de nulidad de los actos demandados, y después de realizar un
análisis detallado del material probatorio obrante dentro del expediente,
concluyó que no logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

Ejecutoriada la sentencia, los señores Francisco Javier García Londoño y
Ángela María García Londoño el día 26 de julio de 2019 formularon acción de
tutela en contra de la providencia del 28 de marzo de 20192 dictada por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, demanda dentro de
la cual alegaron que se incurrió en defecto sustantivo en la interpretación del
numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, defecto fáctico al no valorar
en debida forma las pruebas con relación a la incompetencia y el
desconocimiento del precedente expuesto en las sentencias C-077 de 2007,
C-101 de 2018 y T-32 de 2019 de la Corte Constitucional.

En providencia del 27 de agosto de 2019 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó el amparo al establecer que los accionantes
exponen es una inconformidad con la posición adoptada por el juez natural
con el resultado del análisis normativo y jurisprudencial realizado, lo que
conlleva pretender utilizar el mecanismo constitucional como una instancia
adicional y continuar con el debate presentado en sede contenciosa,
sentencia que confirmó la Sección Primera de la misma corporación el día
12 de diciembre de 2019.

En providencia del 4 de septiembre de 2020, el Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 25 admitió el recurso extraordinario de revisión3
formulado por los señores Francisco Javier García Londoño y Ángela María
García Londoño contra la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A de la misma corporación.

Mediante sentencia del 20 de agosto de 2021, la Sala Especial de Decisión
No. 25 declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la señora
Ángel María García Londoño e infundado el recurso extraordinario
interpuesto en contra de la providencia dictada en el radicado 11001-03-25-
000-2012-00372-00.

2 Radicado 11001-03-15-000-2019-03444-00/01 Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección B y Sección Primera.
3 Radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión

No. 25.
3

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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Expuso el juzgador que la sentencia recurrida analizó uno a uno, los cargos
propuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de los actos demandados, sin que se avizore que el fundamento
expuesto en la demanda se adecué a una sola causal de revisión propuesta,
ya que lo pretendido por el recurrente es procurar una instancia adicional
para rebatir el análisis probatorio y razonamiento jurídico que realizó el juez
natural y así obtener una decisión favorable a sus intereses.

1.4. Sustento de la vulneración

De la lectura de la demanda de tutela se establece que el accionante afirma
que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al derecho al desempeño de cargos y funciones públicas, como
consecuencia de haber incurrido en defecto sustancial por la interpretación
irrazonable y contra la Constitución del numeral 4º del artículo 38 de la Ley
734 de 2002, desconocimiento del precedente del principio de favorabilidad
en material laboral y principio pro homine en la sentencia recurrida, así como
también violación directa de los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución
Política.

En cuanto al defecto sustantivo indicó que conforme a la sentencia SU-023
de 2018 proferida por la Corte Constitucional la favorabilidad en materia
laboral se presenta cuando existe conflicto entre dos normas de distinta
fuente normal o cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones.

En ese orden, expuso que al numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de
2002 se le debe aplicar el principio de favorabilidad contenido en el artículo
14 de la misma ley, lo que en consecuencia admite varias interpretaciones
con relación al cese de la inhabilidad sobreviniente por haber sido declarado
responsable fiscalmente y los efectos del pago del fallo fiscal cuando este
fue acreditado por la contraloría respectiva.

Indicó que en atención a las dos interpretaciones que de la norma trascrita
se presenta, como manifestación del debido proceso extensivo a los
procesos disciplinarios se debe aplicar la garantía en cuanto a que la ley
permisiva o favorable aun cuando sea posterior se aplique de manera
preferente a la restrictiva o desfavorable.

Afirmó que la DIAN en la actuación disciplinaria como los consejeros
ponentes en los medios de control acogieron la interpretación menos
favorable al trabajador, en el sentido de que la inhabilidad cesa hacia el
futuro y consecuencia debe ser destituido por laborar estando inhabilitado.

Con relación a la violación directa a la Constitución manifestó que la
accionada incurrió en el defecto al interpretar los artículos 1º, 2º, 29º y 93º de
la Carta Política en contravía de los principios pro persona, pro libertatis y de
favorabilidad, lo que lo privó del ejercicio del cargo como funcionario de
carrera administrativa en la DIAN.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
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El accionante justifica la formulación de la demanda de tutela con la
consideración del acaecimiento de eventos nuevos presentados “con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir
la(s)tutela anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante, y 2) Si el juez que falló la primera tutela no resolvió
de fondo el problema jurídico puesto a su consideración por el demandante al
invocar razones de procedencia para apartarse del estudio sustancial, que no he
presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos que se tratan
en este escrito”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante providencia del 14 de enero de 2025, el despacho ponente admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, como parte accionada.

De igual manera, vinculó como tercero con interés a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Mediante escrito del 20 de enero de 2025, el magistrado en encargo del
despacho accionado indicó en primer lugar que la acción de amparo no
cumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez por cuanto la
sentencia cuestionada se profirió el 28 de marzo de 2019 cuya notificación se
surtió mediante edicto que fue desfijado el 14 de mayo del mismo año,
transcurriendo un término superior a 6 meses al 19 de diciembre de 2024,
fecha de presentación de la acción de tutela.

En segundo lugar, afirmó que la tutela es temeraria como consecuencia de la
formulación con anterioridad de aproximadamente 6 acciones de igual
naturaleza4 con similares supuestos fácticos que pretende hoy el accionante
sean nuevamente debatidos.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia o en su evento en
que se conozca de fondo, se denieguen las pretensiones.

1.6.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Mediante escrito remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado, la
apoderada judicial del subdirector de representación externa de la entidad,
expuso que la acción de amparo debe ser declarada improcedente por
inexistencia de vulneración normativa alguna, por existencia de cosa juzgada

4 Indicó los radicados 11-001-03-15-000-2019-03444-00, 11-001-03-15-000-2024-05185-00 y

11-001-03-15-000-2024-06125-00.
5

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constitucional, por falta de inmediatez y configurarse la temeridad del
accionante.

Después de realizar un recuento de las actuaciones tanto administrativas
como judiciales, manifestó que el accionante no contento con las decisiones,
ha interpuesto una serie de acciones de tutela5 en las que ha expuesto como
justificación a su formulación la consideración personal de que la jurisdicción
no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.

En ese orden, destacó la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por la
Sección Quinta de la corporación6 mediante la que se declaró la cosa
juzgada constitucional respecto de las tutelas indicadas, así como también
establecer que se configuró el fenómeno de la temeridad en la instaurada.

De igual manera, refirió que una vez proferida la sentencia del 28 de marzo
de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
el accionante y la señora Ángela María García Londoño formularon en contra
de la misma acción de amparo que negó la Sección Segunda, Subsección B
al considerar que la providencia cuestionada no incurrió en causal específica
de procedencia, por el contrario, lo expuesto se indicó que constituía mera
inconformidad con lo decidido que no es atacable en vía de tutela, decisión
confirmada por la Sección Primera de la corporación.

En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
conforme a lo expuesto en el escrito.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer, en primera instancia, de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el numeral 5
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró a la parte actora sus derechos fundamentales al
debido proceso y el derecho al desempeño de cargos y funciones públicas al
proferir la sentencia del 28 de marzo de 2019 que negó las pretensiones
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
5 Indicó los radicados 11-001-03-15-000-2019-03444-00/01, 11-001-03-15-000-2021-08662-

00/01, 11-001-03-15-000-2022-02768-00/01, 11-001-03-15-000-2022-06171-00/01, 11-001-
03-15-000-2023-01080-00/01, 11-001-03-15-000-2023-04221-00/01, 11-001-03-15-000-
2023-03293-00/01, 05001-31-10-007-2023-00738-00/01, 05001-31-03-021-2024-00051-
00/01, 11-001-02-03-000-2024-00909-00/01, 11-001-03-15-000-2024-02493-00/01, 11-001-
03-15-000-2024-05185-00/01, 11-001-03-15-000-2024-06125-00/01.
6 Radicado 11001-03-15-000-2023-01080-01.

6

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el accionante en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional-
DIAN- radicado con el número 11001-03-25-000-2012-00372-00.

Previo a resolver la presunta vulneración se debe establecer si operó la cosa
juzgada constitucional con ocasión de pronunciamientos anteriores en
similares acciones de amparo con identidad de hechos partes y
pretensiones.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) la configuración de la temeridad y la cosa juzgada
constitucional y, iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. La configuración de la temeridad11

El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en
el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de

agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del

9 de junio de 2022.Rad. 11001-03-15-000-2022-02376-00
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ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.

En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:

“Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en
reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para
abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben
analizarse los siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos,
esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o
sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes,
se plantean los mismos hechos y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea
uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una
actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o
la jurisprudencia. 3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que
pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de
un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en
realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las
mismas razones y solicitud”12.

De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones
de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su
apoderado o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.

• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.

Superado este estudio y de encontrarse acreditada la triple identidad, el
fallador de la acción deberá verificar si el actuar del demandante resultó
contrario a la buena fe, caso en el cual deberá declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021.

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2.5. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional

La Corte Constitucional13 ha señalado que, como regla general, cuando el
juez constitucional resuelve un asunto y, posteriormente, dicha Corporación
decide sobre su selección, aquella decisión judicial se torna definitiva,
inmutable y vinculante. En este sentido, si la Corte decide seleccionar el caso
para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria
del fallo de la propia Corte y, en los casos en los que no se selecciona el
asunto en cuestión, el fenómeno opera desde la ejecutoria del auto en que
se decide la no selección.

Posteriormente, la decisión adoptada por el juez constitucional queda
ejecutoriada desde el punto de vista formal y material, por lo que no es
posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, ya
que eso desconocería el principio de seguridad jurídica. De conformidad con
lo anterior, la jurisdicción constitucional no está autorizada para estudiar de
fondo tutelas sobre las cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional.

De acuerdo con la particularidad del caso en concreto, la tutela deberá
declararse temeraria o improcedente, en la medida en que en tales eventos
la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa
de derechos fundamentales, para dar lugar a un mecanismo que puede
socavar los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento.

2.6. Caso concreto

En el punto 4.4 del escrito de tutela el accionante afirma que la acción de
amparo no se dirige contra una sentencia de tutela, por el contrario, el objeto
es la proferida en única instancia por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN- radicado con el número 11001-03-25-000-2012-00372-00.

La accionada y el tercero con interés en el presente trámite informaron que
el accionante con anterioridad formuló varias acciones de tutela en contra de
la sentencia proferida en el proceso ordinario, con las que se acreditan que
operó la cosa juzgada constitucional y se incurrió en temeridad por parte del
actor.

Al revisar los radicados informados por la accionada y tercero con interés14
en el sistema de información Samai se estableció que el demandante en
esas acciones de tutela invocó como derechos fundamentales el debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, al
juez natural o funcionario competente, a la igualdad, al derecho a ejercer
cargo de carrera administrativa en la DIAN, todos vulnerados por la
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-1219 del 21.11.01. M.P.

Manuel José Cepeda Espinosa. Expediente: T-388435; Corte Constitucional, Sala Séptima
de Revisión, Sentencia T-001 del 13.01.16. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente:
T- 5158521.
14 Radicados 11-001-03-15-000-2019-03444-00, 11-001-03-15-000-2024-05185-00 y 11-001-

03-15-000-2024-06125-00.
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07030-00

sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-25-000-2012-000372-
00.

La Sala destaca que en auto del 30 de septiembre de 2024 la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió la acción de tutela15
instaurada por el señor García Londoño, despacho judicial que en sentencia
del 25 de octubre de 2024 la declaró improcedente, para lo cual consideró
que “28. De hecho, la Sala advierte que el ejercicio de la acción de tutela por el
accionante es ciertamente temerario y abusivo, pues ha presentado de manera
sistemática diversas acciones que comparten una causa común como lo es el
debate sobre la competencia de la funcionaria que le impuso la sanción disciplinaria
y que ha sido materia de pronunciamiento en sede ordinaria y extraordinaria. En
varios fallos de tutela, las autoridades judiciales le advirtieron explícitamente que
debía abstenerse de interponer nuevos recursos de este tipo e incluso se le
impusieron sanciones por incurrir en conductas temerarias, para declarar
improcedente la tutela presentada el 26 de septiembre de 2024 por parte de
Francisco Javier García Londoño.

Concedida la impugnación, la Sección Quinta de la corporación en sentencia
del 12 de diciembre de 2024, dispuso:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar,
DECLARAR LA TEMERIDAD y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en
la acción de tutela adelantada por el señor Francisco Javier García Londoño,
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. (Sic)

Estando en trámite la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del
25 de octubre de 2024, el accionante el 13 de noviembre del mismo año
formuló acción de amparo en contra de la sentencia del 28 de marzo de
2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
que fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado en
providencia del 19 de noviembre del mismo año, autoridad que mediante
sentencia del 12 de diciembre de 202416 decidió:

PRIMERO: DECLARAR JUZGADA CONSTITUCIONAL LA COSA frente a
las acciones de tutela con radicado nro. 2019- 03444 y 2023- 01080 que
fueron excluidas de revisión por la Corte Constitucional y la existencia de
TEMERIDAD en la presente acción de tutela, según lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

15 11001-03-15-000-2024-05185-00 Magistrado ponente Fernando Alexei Pardo Flórez.
16 Radicado 11001-03-15-000-2024-06125-00 Magistrado ponente Oswaldo Giraldo López.

Mediante correos electrónicos del 31 de enero de 2025 se notificó a las partes el auto del 23
de enero del mismo año que concedió la impugnación del accionante sin que a la fecha se
haya decidido la segunda instancia.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07030-00

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no
fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

En tal sentido la Sala reitera lo expuesto en acción de amparo 17 de lo
sostenido por la Corte Constitucional «en cuanto que el juez de tutela al realizar
el análisis de la temeridad debe trascender un juicio meramente formal y realizar un
estudio pormenorizado del expediente. Pues no solo basta con que concurra la triple
identidad, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe a favor del
accionante. Por lo anterior, solo procederán las sanciones en caso de que se
acredite la mala fe o el dolo en su actuación»

Este alto tribunal ha indicado que la temeridad «es un reproche de carácter
subjetivo, que sanciona a aquellas personas que radican la segunda tutela con la
intención deliberada de provocar una nueva decisión sobre lo ya resuelto» y con
esta declaratoria se busca «sancionar el uso irracional y desmedido del recurso
de amparo que (…) desconoce el deber de las personas de actuar de buena fe y
con moralidad en el desarrollo de las actuaciones judiciales»

Al confrontar los trámites constitucionales referidos con la acción de amparo
instaurada tenemos que son de igual identidad en cuanto a los hechos,
partes y pretensiones, y que para la fecha de formulación de la presente
tutela ya había operado el fenómeno de la cosa juzgada18, que aunado a la
manifestación del accionante en el título denominado juramento de “que no
he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos que se
tratan en este escrito”, acredita que incurrió en temeridad, proceder que
infringe la buena fe que debe predicarse en las actuaciones judiciales.

En consecuencia, la Sala declarará la existencia de cosa juzgada
constitucional y temeridad, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591
de 1991.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la cosa juzgada constitucional y la temeridad, dentro
de la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

17 Radicado 11001-03-15-000-2024-02256-00. Magistrada ponente Gloria María Gómez

Montoya.
18 En cuanto al radicado 11001-03-15-000-2024-03444-00/01 mediante auto del 28 de

agosto de 2020 de la Sala de Selección de Tutelas nro. 3 de la Corte Constitucional radicado
T-7855367 la tutela no fue seleccionada para revisión. En cuanto al radicado 11001-03-15-
000-2023-01080-00/01 mediante auto del 31 de agosto de 2023 de la Sala de Selección de
Tutela Nro. 8 de la Corte Constitucional radicado T-9535238 no fue seleccionada.
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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07030-00

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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