Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04173-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04173-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04173-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04173-00
Accionante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra tutela - improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 5 de junio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. Con la solicitud de amparo busca que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, a la igualdad, y a «desempeñar cargos y funciones
públicas».
2. Con la acción constitucional pretende que se deje sin efectos la sentencia
proferida el 4 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. En la referida providencia se dispuso la notificación del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. A su vez, se vinculó como terceros con interés a la Sección
Cuarta y a Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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Subsección C, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia del
8 de mayo de 2025 proferida por la Sección Cuarta de la misma Corporación, que
declaró improcedente la acción de tutela al encontrar configurados los fenómenos
de cosa juzgada constitucional y temeridad dentro de la acción de tutela 11001-
03-15-000-2025-01352-00/01.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DEL
CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA EXTEMPORÁNEAMENTE
O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE FONDO RESPECTO A LAS
ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDEN VINCULAR LOS
SUPERNUMERARIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE DE APLICACIÓN A LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1991.
SEGUNDO: QUE CON FUNDAMENTO EN LAS SENTENCIAS CON EFECTOS ERGA
OMNES C-401 DE 1998, C-725 DE 2000, C-422 DE 2012 Y C-293 DE 2020
PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS CUALES SE SEÑALAN
LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE PUEDE VINCULAR PERSONAL
SUPERNUMERARIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE PROFIERA EL FALLO
JUDICIAL.
TERCERO: QUE EN EL FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA TAMBIEN SE
TENGA EN CUENTA Y DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN LOS DECRETOS LEY
1042 DE 1978 EN SU ARTÍCULO 83 Y, DE MANERA ESPECIAL, AL ARTÍCULO 22
DEL DECRETO LEY 1072 DE 1999, EL CUAL AUTORIZA LA VINCULACIÓN DE
PERSONAL SUPERNUMERARIO A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES-DIAN ÚNICAMENTE CON EL OBJETO DE SUPLIR O ATENDER
NECESIDADES DEL SERVICIO, PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y
EL CONTRABANDO, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES TRANSITORIAS, Y
PARA VINCULAR PERSONAS A PROCESOS DE SELECCIÓN DENTRO DE LOS
CONCURSOS ABIERTOS CUANDO ESTOS SE REALICEN BAJO LA MODALIDAD DE
CONCURSO-CURSO.
CUARTO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE PROFIERA UNA
SENTENCIA JUDICIAL, EN LA CUAL TENIENDO EN CUENTA LOS ARGUMENTOS
JURÍDICOS PLANTEADOS EN EL ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA DENTRO DEL
RADICADO 2025-01352-00/01 Y EL PRESENTE ESCRITO DE ACCIÓN DE TUTELA,
SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS COMO
VULNERADOS POR LA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C DEL CONSEJO DE
ESTADO CON RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2025-01352-01 DE FECHA 04 DE
MAYO DE 2026: I) DERECHO AL DEBIDO PROCESO II) DERECHO A LA IGUALDAD.
III) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA
DIAN. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A UNA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
QUINTO: QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE TOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS CON EL
OBJETO DE QUE SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS
LABORALES Y LEGALES.
1.2. Hechos
4. Mediante las resoluciones No. 8300060-2009-001 del 30 de abril y 06027
del 24 de mayo del 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) declaró disciplinariamente responsable al señor Francisco Javier García
Londoño y, en consecuencia, fue sancionado con la destitución e inhabilidad para
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desempeñar cargos públicos por el término de 12 años.
5. Por lo anterior, el señor García Londoño interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los
mencionados actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se ordenara su reintegro a un cargo igual o superior al que
desempeñaba al momento de su retiro.
6. Al proceso le fue asignado el radicado número 11001-03-25-000-2012-
00372-00 y, mediante sentencia del 28 de marzo del 2019, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones.
7. Contra la anterior decisión, el accionante promovió una acción de tutela,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso
a la administración de justicia y a la dignidad.
8. A la acción constitucional se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2025-
01352-00/01 y le fue repartida a la Sección Cuarta del Consejo Estado que, en
sentencia del 8 de mayo de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo por encontrar acreditada la temeridad.
9. Lo anterior, por cuanto constató que el accionante ha promovido cinco
acciones de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en las que ha cuestionado la sentencia del 28 de marzo del 2019 dictada
por la mencionada autoridad judicial3. El accionante impugnó la decisión.
10. En providencia del 4 de mayo de 2026, la Subsección C de la Sección
Tercera de esta corporación confirmó la sentencia de primera instancia, debido
que encontró acreditada la temeridad declarada por el a quo.
11. A su vez, señaló que el demandante ha ejercido un «uso
desproporcionado del derecho», debido a que ha acudido en diversas
oportunidades ante los jueces constitucionales para formular las mismas
pretensiones y argumentos que ya fueron objeto de análisis, razón por la cual le
ordenó abstenerse de presentar nuevas acciones de tutela con identidad de
partes, objeto y causa.
1.3. Sustento de la vulneración
12. El accionante indicó que la sentencia del 4 de mayo de 2026, dictada por
3 Acciones de tutela identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2019-03444-00/01, 11001-
03-15-000-2024-05185-00/01, 11001-03-15-000-2024-06125-00/01, 11001-03-15-000-2024-
07030-00/01 y 11001-03-15-000-2024-07030-00/01.
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la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un
fraude, «derivad[o] de una interpretación normativa abiertamente contraria a los
postulados constitucionales y a la buena fe».
13. En ese sentido, señaló que, de conformidad con la sentencia T-023 del
2023, la acción de tutela procede de manera excepcional contra asuntos de la
misma naturaleza, siempre que existan elementos que permitan advertir la
posible configuración de un fraude que vicie los fallos de instancia.
14. Por otro lado, indicó que, en este caso, no se encuentra configurada la
cosa juzgada constitucional ni la temeridad. Esto, por cuanto la acción de tutela
es diferente a la acción de tutela con radicado 2025-01352-00/01, ya que la sub
examine está dirigida contra otra autoridad judicial y las pretensiones varían,
pues mediante la presente acción constitucional busca controvertir el fallo del 4
de mayo de 2026, dictado por la autoridad judicial accionada.
15. Finalmente, indicó que la vulneración a sus derechos fundamentales es
permanente en el tiempo, «pese a que el hecho que la originó por primera vez es
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y
actual». Lo anterior, debido a que no se analizó que los supernumerarios no
tienen competencia para proferir un fallo disciplinario e inhabilitar a un funcionario
de carrera administrativa, como ocurrió en su caso.
1.4. Intervenciones
16. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló
que la controversia planteada por el accionante no supera el requisito de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra asuntos de la misma
naturaleza, debido a que no se acreditó la configuración de la cosa juzgada
fraudulenta.
17. Al respecto, señaló que en la acción de tutela identificada con el radicado
2025-01352-00/01 se acreditó la identidad de partes, hechos y objeto entre
distintas solicitudes de amparo promovidas por el demandante contra la
sentencia del 28 de marzo del 2019 dictada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado. En consecuencia, sostuvo que era procedente declarar la cosa
juzgada constitucional y la temeridad del señor García Londoño, por hacer un uso
indiscriminado de la acción constitucional.
18. Indicó que, si bien el accionante sostiene que la providencia cuestionada
fue producto de una actuación fraudulenta, dicha afirmación carece de respaldo
probatorio. Esto, en la medida en que no aportó elementos de convicción que
permitan inferir la existencia de conductas dolosas o contrarias a la buena fe
procesal que hubieran incidido en la decisión reprochada.
19. En consecuencia, sostuvo que el accionante no cumplió con la carga
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argumentativa y probatoria necesaria para demostrar la configuración de la cosa
juzgada fraudulente. Por tal razón, consideró que sus argumentos se reducen a
una simple discrepancia con la sentencia proferida, lo cual resulta insuficiente
para habilitar la procedencia de la solicitud de amparo.
20. Por su parte, la DIAN señaló que la acción de tutela le resulta
improcedente, debido que no profirió la providencia cuestionada ni posee
competencia para modificarla. A su vez, señaló que la controversia planteada por
el accionante busca reabrir debates que ya fueron decididos al interior del
proceso ordinario y en múltiples acciones constitucionales posteriores, lo cual
desconoce los principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica.
II. CONSIDERACIONES
21. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. En tal
sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
22. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
23. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
24. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
25. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
26. La Sala advierte que el señor Francisco Javier García Londoño está
legitimado en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que fungió como
tutelante al interior del expediente identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2025-01352-00/01.
27. Por su parte, la Sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión controvertida.
28. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.
29. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:
[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia8
30. La anterior regla de improcedencia admite tan solo una excepción: la cosa
juzgada fraudulenta. Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes
o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los
8 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
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derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de
justicia»9. Sin embargo, la carga de la prueba del fraude es del accionante. En
efecto, este tiene el deber de «aportar medios de prueba que demuestren con un
alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y
“coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas»10.
31. En el sub judice, como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la
providencia del 4 de mayo de 2026, mediante la cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión proferida por la
Sección Cuarta de esta corporación que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo por encontrar acreditada la temeridad.
32. En su sentir, la autoridad judicial accionada incurrió en un fraude,
«derivad[o] de una interpretación normativa abiertamente contraria a los
postulados constitucionales y a la buena fe» al haber declarado la temeridad.
Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela
procede excepcionalmente contra decisiones de esta naturaleza cuando existen
elementos que permitan advertir la posible configuración de un fraude que afecte
la validez de los fallos.
33. Asimismo, afirmó que no se configura cosa juzgada constitucional ni
temeridad, dado que la presente tutela se dirige contra una autoridad judicial
distinta y controvierte una decisión diferente a la cuestionada en el proceso con
radicado 2025-01352-00/01. Finalmente, señaló que la vulneración de sus
derechos fundamentales es continua y actual, pues no se examinó la falta de
competencia de los supernumerarios para proferir fallos disciplinarios e imponer
inhabilidades a funcionarios de carrera administrativa, como ocurrió en su caso.
34. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la
excepción a la procedencia de la tutela contra una decisión de la misma
naturaleza. Esto, porque la parte actora no acreditó la existencia de una situación
de fraude, pues, si bien la argumentación del escrito de tutela se funda en dicha
circunstancia, lo cierto es que su lectura únicamente refleja un simple desacuerdo
con la decisión adoptada por el juez constitucional, relacionada a que la autoridad
judicial accionada no haya estudiado de fondo su solicitud de amparo por haber
encontrado configurada la cosa juzgada constitucional y la temeridad.
35. En efecto, el actor no elevó ningún planteamiento que, directa o
indirectamente, esté encaminado a comprobar una actuación fraudulenta por
parte del operador judicial accionado, que torne procedente la acción sub
examine. Por el contrario, únicamente se limitó a afirmar la existencia de una
situación de fraude, sin siquiera indicar de manera clara las razones de sus
afirmaciones ni a acreditar dicho escenario.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
10 Id.
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36. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
promovida por el accionante contra la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por el señor Francisco Javier García Londoño contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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