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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06546-01

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06546-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06546-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

12 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06546-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLO PROFERIDO EN UN
PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA. LA SALA
CONFIRMARÁ LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE EL AMPARO.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el marco del
proceso de acción de tutela vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión
de un fallo de tutela mediante el cual se confirmó la decisión que declaró la improcedencia y
temeridad del mecanismo constitucional. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela porque no se demostró una situación de fraude.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 20 de octubre de 20251, el señor Francisco Javier García Londoño promovió proceso
de acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del

1 Índice 1, Samai, primera instancia.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06546-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Impugnación fallo

debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y al desempeño de
funciones y cargos públicos y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B DEL
CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA
EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE
FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL
DECRETO 2591 DE 1991.

2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda Subsección
B del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15 000-2025-02472-00 de
fecha 18 de junio de 2025.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se profiera una nueva Sentencia
Judicial, en la cual teniendo en cuenta los argumentos jurídicos planteados en
el escrito de acción de tutela dentro del radicado 2025-02472-00, en el escrito
de impugnación, y el presente escrito de acción de tutela, se amparen mis
derechos fundamentales invocados como vulnerados por la Sección Segunda
Subsección B del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15 000-2025-
02472-00 de fecha 18dejuniode20259demayode2025: i) DERECHO AL
DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ IMPARCIAL. ii) DERECHO A LA IGUALDAD.
iii) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA
ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

4. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice
2).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 29 de mayo de 2025, el actor instauró acción de tutela2 para obtener la protección
de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, libre escogencia de profesión u
oficio y desempeño de cargos y funciones públicas, los cuales consideró vulnerados por
la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en la acción constitucional con radicación no. 11001-03-15-000-
2024-07030-00/01.

2 Radicación no. 11001-03-15-000-2025-02472-00/01.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
Acción de tutela – Impugnación fallo

2) El asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado3, autoridad judicial que en providencia de 18 de junio de 2025 declaró la
improcedencia y temeridad de la acción de tutela.

3) La anterior decisión fue impugnada por el demandante, recurso que fue resuelto por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 25 de septiembre de 20254 en la
que confirmó la decisión de primera instancia, por cuanto se habían presentado múltiples
acciones de tutela relacionadas con la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, con lo cual se configuró un uso abusivo del mecanismo
constitucional.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados con ocasión del fallo de tutela del 25
de septiembre de 2025, en la medida que, a su juicio, incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial establecido en diferentes sentencias de unificación de la Corte
Constitucional, las cuales han señalado que los ciudadanos están facultados para
promover indistintas solicitudes de amparo en salvaguarda de sus derechos.

Se omitió que los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera, que conocieron
de la acción de tutela identificada con el número de radicación 2024-07030-015, debieron
declararse impedidos para conocer del asunto en atención a lo previsto en el numeral
cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 22 de octubre de 20256, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió el proceso de acción de tutela y notificó a los magistrados de la Subsección B y
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; asimismo, a los magistrados de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Sección Quinta de esa
misma Corporación y al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

3 Proceso con radicación no. 2025-02472-00/01.

4 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 16 de octubre de 2024.

5 Los magistrados María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica Méndez.

6 Índice 4, Samai, primera instancia.

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(DIAN) con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 7 de noviembre de
20257, declaró improcedente el amparo invocado, por cuanto no cumplió los requisitos
para la procedencia excepcional de la tutela contra una providencia dictada en otro
proceso de tutela.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 24 de noviembre de 20258.

Sostuvo que la sentencia de tutela de primera instancia desconoció, sin justificación,
hechos y argumentos esenciales expuestos en la demanda, especialmente los
relacionados con la imparcialidad judicial, la cosa juzgada fraudulenta y el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la sentencia SU-627 de 2015 para la procedencia
excepcional de la tutela contra fallos de tutela.

Los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera ya habían intervenido y
emitido decisiones en procesos estrechamente vinculados con el mismo asunto, lo cual
configuraba causales de impedimento previstas en el artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, aplicables a la acción de tutela por remisión del artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991.

Se acreditaron los requisitos generales y específicos para estudiar de fondo la existencia
de cosa juzgada fraudulenta, pues el fraude alegado se basaba en decisiones adoptadas
por magistrados que previamente habían intervenido en asuntos sustancialmente iguales,
con lo cual se afectó su imparcialidad.

7 Índice 24 Samai, primera instancia.

8 Índice 30 Samai, primera instancia.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) improcedencia de la tutela contra
sentencia de tutela y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela

La Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 indicó que se ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces cuando incurran
en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los
derechos fundamentales de las partes.

No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño
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Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal para que
opere es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de
procedibilidad señalados para tales efectos.

Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudiarán, una vez se tengan por
superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

i) La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la
posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el requisito
de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que
resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el actor identifique de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, v) se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no
corresponda, a su vez, a una sentencia que haya definido una acción de tutela.

Sobre este último punto la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial
cuestionada no sea una sentencia de tutela pues los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.

Al respecto y en tratándose de acciones de tutela contra sentencias de tutela, en
sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no del
recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:

“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla general
es la de que no procede”.

(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.

(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la

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decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).

En esos términos, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-039 de
2019, “un comportamiento puede considerarse como fraudulento cuando la actuación,
que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una
situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este
modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos
razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida
aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación
que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento
de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener
el resultado no deseado por el legislador.”.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y al desempeño de funciones y cargos públicos presuntamente vulnerados con
ocasión de la tutela del 25 de septiembre de 2025, en la medida que, a su juicio, pasó
por alto que los magistrados no se declararon impedidos en la acción constitucional
identificada con el número de radicación 2024 07030-01 y, además, que la Corte
Constitucional permite que se haga uso de indeterminadas acciones para la protección
de los derechos.

En la sentencia de primera instancia la Sección Primera de esta Corporación declaró
improcedente el amparo invocado, por cuanto no cumplió los requisitos para la
procedencia excepcional de la tutela contra una providencia dictada en otro proceso de
tutela.

El demandante en su impugnación afirmó que se acreditaron los requisitos generales y
específicos para estudiar de fondo la existencia de cosa juzgada fraudulenta, pues, el
fraude alegado se basó en decisiones adoptadas por magistrados que previamente
habían intervenido en asuntos sustancialmente iguales, con lo cual se afectó su
imparcialidad.

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En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primer grado que declaró improcedente la acción de tutela, por las siguientes razones:

1) Para esta Sala, la acción de tutela interpuesta por el demandante no satisfizo los
requisitos de viabilidad excepcional del mecanismo constitucional contra fallos de amparo
y, en consecuencia, la misma es improcedente.

2) Esta Corporación advierte que, si bien el recurso de amparo puede llegar a ser viable
contra una sentencia proferida dentro de un proceso de la misma naturaleza, ello solo
resulta posible en situaciones de fraude, lo cual no se encuentra demostrado en la
presente oportunidad.

3) En efecto, la Sala observa que el demandante manifestó que la sentencia de tutela
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en
fraude a la ley, debido a que no advirtió que algunos magistrados de la Subsección A de
la Sección Tercera habrían intervenido en procesos que, según él, guardan estrecha
relación con el asunto discutido, lo que configuraría causales de impedimento previstas
en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (aplicable por remisión del artículo
39 del Decreto 2591 de 1991).

4) Sin embargo, esas afirmaciones no encuentran respaldo probatorio suficiente ni
permiten, por sí mismas, estructurar el umbral de procedencia reforzado exigido para
ejercer una acción de tutela contra otra sentencia de tutela.

5) El juez de primera instancia no desconoció el principio de iura novit curia ni el mandato
del artículo 55 de la Ley 270 de 1996; por el contrario, valoró los elementos determinantes
de la controversia y concluyó que la demanda no acreditaba los presupuestos fácticos y
jurídicos que habilitan un estudio de fondo frente a la alegada cosa juzgada fraudulenta.

6) En realidad, la inconformidad del demandante se encamina a controvertir la tesis
jurídica asumida por la Subsección B de la Sección Segunda por no acoger su
apreciación sobre la existencia de impedimentos y por no declarar la irregularidad
procesal que él atribuye a la Subsección A de la Sección Tercera dentro de la acción de
tutela 2024-07030-01.

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7) Estas discrepancias, aun cuando puedan reflejar un desacuerdo subjetivo, no
constituyen prueba idónea de fraude, ni permiten concluir que la autoridad judicial
accionada actuó con desviación, abuso o manipulación del procedimiento constitucional.

8) Ahora bien, respecto de la alegada imparcialidad, el demandante se limitó a sostener
que existían causales de impedimento, pero no demostró que los magistrados hubieran
intervenido en un asunto idéntico ni que existiera identidad subjetiva y objetiva entre los
procesos previos y aquel que dio lugar a la sentencia de tutela cuestionada; su
argumentación partió de analogías generales entre asuntos, mas no de hechos
verificables que permitan concluir la existencia de una relación directa y determinante
capaz de afectar la imparcialidad judicial.

9) En consecuencia, los presupuestos exigidos por la sentencia SU-627 de 2015, en
especial, la acreditación plena del defecto alegado y la demostración de la gravedad
institucional de la irregularidad, no se satisfacen.

10) En este orden de ideas, no se advierte que se haya acreditado que la providencia
cuestionada haya sido producto de un actuar fraudulento, ni que la eventual falta de
valoración de algún argumento tenga entidad suficiente para configurar un defecto; por
el contrario, el examen del expediente demuestra que el actor orientó su demanda a
reabrir un debate ya decidido, pretendiendo que el juez constitucional sustituyera el
criterio jurídico de la Subsección B de la Sección Segunda, lo cual resulta incompatible
con la naturaleza estrictamente excepcional de la tutela contra providencias judiciales, y
no activa el estudio de fondo sobre la cosa juzgada fraudulenta.

11) Por consiguiente, la Sala concluye que no se acreditó el presupuesto indispensable
para la procedencia excepcional de la tutela contra tutela, esto es, la existencia de un
fraude procesal que vicie de manera radical la providencia judicial cuestionada, debido a
que lo planteado por el demandante se contrae a manifestar su desacuerdo con la
interpretación y el sentido de la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección
Segunda, pero ello no constituye, en los términos de la jurisprudencia constitucional, un
fundamento legítimo para desplazar la cosa juzgada material ni para revocar la decisión
impugnada.

12) En consecuencia, como no se demostró una situación de fraude en este caso para la
Sala es claro que debe confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró la

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improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier García
Londoño.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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