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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00727-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00727-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00727-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00727-01
Demandante FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SALA 25 ESPECIAL DE DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Recurso extraordinario de
revisión. Temeridad. Cosa juzgada. Inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Francisco Javier García Londoño
contra el fallo del 10 de octubre de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
(sic para toda la cita)
«PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado el Consejero de Estado
Fernando Alexei Pardo Flórez, con fundamento en las consideraciones consignadas en esta
decisión.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la Francisco
Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión, por
operar la cosa juzgada y por temeridad en su actuación, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de presentar
nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto. […]»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de febrero de 20251, el señor Francisco Javier García Londoño, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Sala 25 Especial de Decisión del
Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a desempeñar cargos públicos, con ocasión de la
providencia del 20 de agosto de 2021, por la que se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión con radicación 11001-03-15-000-2020-02925-00,
interpuesto en contra de la sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-25-000-2012-00372-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic para toda la cita)
«13.) PRETENSIONES
1.) QUE CON FUNDAMENTO EN EL HECHO NUEVO DE QUE LAS PROVIDENCIAS
JUDICIALES SI TIENEN CARÁCTER PROBATORIO, PERO ÚNICAMENTE, CUANDO SE
PRETENDE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MISMA DE LA SENTENCIA Y/O EL HECHO
RECONOCIDO O DECLARADO EN ESTA. DICHO HECHO RECONOCIDO O DECLARADO
EN LAS 14 PROVIDENCIAS JUDICIALES, ES QUE SOLAMENTE EL JEFE DE LA OFICINA
DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA DIAN, ES EL COMPETENTE PARA
PROFERIR LA RESOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA EN UN PROCESO

1
Samai, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

DISCIPLINARIO; SE AMPAREN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS A: i)
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ NATURAL. ii) DERECHOA
LA IGUALDAD. iii) DERECHO A DESEMPEÑAR CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS.
2.) QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE A LA SALA ESPECIAL
DE DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE ESTADO QUE PROFIERIO LA SENTENCIA CON
RADICADO 1100103150002020-02925-00 QUE ADOPTE UNA DECISIÓN AJUSTADA Y
PRIVILEGIANDO LO SUSTANCIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 228° DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, FRENTE A UN ANÁLISIS RESTRICTIVO A PARTIR DE ELEMENTOS
PURAMENTE FORMALES, CIRCUNSTANCIA A PARTIR DE LA CUAL DEBIÓ
FLEXIBILIZAR LA INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE PRUEBA ENCONTRADA O
RECOBRADA INVOCADA EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO ALUDIDO.
3.) QUE SE DECLARE FUNDADO EN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON
RADICADO 1100103150002020-02925-00 CON FUANDAMENTO EN EL NUMERAL 1° DEL
ARTÍCULO 250 DEL CPACA, YA QUE LAS SENTENCIAS JUDICIALES SI SON UN PRUEBA
DOCUMENTAL CUANDO CUMPLEN CIERTOS REQUISITOS Y SE PRETENDE
DEMOSTRAR CON ELLAS LA EXISTENCIA MISMA DE LA SENTENCIA Y LOS HECHOS
PROBADOS EN ELLAS.»

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Francisco Javier García Londoño demandó a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos por los que fue sancionado en un proceso disciplinario con la
destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos; y del que
dispuso su retiro.

2.2. Del asunto, conoció en única instancia el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, bajo el radicado 11001-03-25-000-2012-00372-00.

Mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, la citada autoridad judicial negó
la excepción de legalidad de los actos administrativos propuesta por la entidad
demandada, así como también las pretensiones de la demanda interpuesta
por el señor Francisco Javier García Londoño.

2.3. El señor Francisco Javier García Londoño promovió recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 28 de marzo de 2019, invocando las causales
1° y 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de la primera causal, señaló que después de la notificación de la
sentencia acusada halló catorce providencias dictadas por la Sección Segunda
del Consejo de Estado que decidieron asuntos similares al suyo en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que advirtió la
importancia de haberlas tenido en consideración para decidir su caso.

Respecto de la causal quinta, indicó que la sentencia ordinaria vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, dado que la Sección Segunda no
valoró integralmente los fallos disciplinarios.

2.4. A la Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado le correspondió el
trámite y decisión del recurso extraordinario de revisión propuesto, bajo la
radicación 11001-03-15-000-2020-02925-00.

Mediante providencia del 20 de agosto de 20212 se declaró infundado el
recurso interpuesto contra la sentencia del 28 de marzo de 2019.

2
La magistrada ponente de la providencia es la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico y la Sala de Decisión estuvo conformada
además por los siguientes consejeros: Nubia Margoth Peña Garzón, Carlos Enrique Moreno Rubio, César Palomino
Cortés y Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

3. Fundamentos de la acción

De acuerdo con el escrito de «reforma a la acción de tutela», el señor Francisco
Javier García Londoño aduce que la providencia del 20 de agosto de 2021 incurrió
en defecto fáctico en relación con el análisis de la causal primera de revisión, dado
que omitió estudiar el asunto sobre el funcionario competente para resolver el
proceso disciplinario, con la consecuente lesión del derecho al debido proceso.

También alegó que la autoridad judicial acusada desconoció la sentencia del 26 de
marzo de 2015, dictada por la Sala 2 Especial de Decisión en el proceso 11001-03-
27-000-2014-00022-00, en la que se precisó que las providencias judiciales pueden
tener naturaleza de pruebas documentales.

De otro lado, advirtió la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto debido a que la autoridad accionada desconoció las catorce providencias
que aportó como prueba documental con el propósito de sustentar la causal
invocada.

Además, el actor se refirió a otras acciones de tutela que promovió para cuestionar
la sentencia del 21 de agosto de 2021 proferida en el curso del recurso
extraordinario de revisión sub examine, para evidenciar que no se configura el
fenómeno de temeridad o cosa juzgada respecto de la presente acción de tutela con
ocasión a nuevos hechos que justifican un nuevo pronunciamiento por parte del juez
de tutela. Expuso los siguientes argumentos:
(i) La primera acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado dictada
por la Sala 25 Especial de Decisión (rad. 2020-02925-00), fue conocida en
primera instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado (rad. 2021-08662-00) que, en sentencia del 18 de febrero de 2022 la
declaró improcedente por no cumplir con el presupuesto de relevancia
constitucional. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del
26 de abril de 2022.
El actor argumenta la inexistencia de cosa juzgada en que la decisión de
improcedencia no equivale a un pronunciamiento de fondo sobre la causa. Así
pues, a su juicio, a pesar de las múltiples acciones de tutela contra la sentencia
de revisión, no ha habido un pronunciamiento de fondo, sino que se trata de
decisiones arbitrarias que sacrificaron el derecho sustancial sobre la verdad
objetiva. Para ilustrar lo anterior, relacionó un cuadro con varios procesos de
tutela dictados entre el año 2021 y 2025, en los que destacó los resultados de
improcedencia, cosa juzgada o temeridad.
(ii) Con apoyo en la sentencia SU-027 de 2021 y SU-444 de 2023, el actor
desarrolló el concepto de temeridad y su requisito de triple identidad. Destacó
la excepción que permite interponer una nueva tutela cuando existen hechos
o eventos nuevos u omitidos en el trámite anterior, o circunstancias no
consideradas al decidir las tutelas previas.
(iii) En línea con lo anterior, el accionante destacó que en el proceso de tutela
2021-08662-00 se omitió valorar un hecho relevante: una supuesta
contradicción atribuida a la consejera ponente. En particular, alegó que en la
sentencia objeto de revisión se afirmó que ciertas providencias no tienen la
categoría de prueba documental para configurar la causal de revisión; pero,
en una providencia posterior la misma magistrada reconoció que las
providencias judiciales son documentos públicos con valor probatorio. De
acuerdo con lo anterior, insiste en la vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

(iv) Señaló que en el caso concreto las pretensiones de la tutela son diferentes a
la que estudió esta Corporación bajo la radicación 11001-03-15-000-2021-08662-
00/01, por lo que, en su consideración, es viable una decisión de fondo en el
presente asunto.
(v) Dijo que la vulneración de sus derechos fundamentales ha sido permanente y
actual desde la notificación de la sentencia de revisión del 20 de agosto de
2021.
Dicho lo anterior, alegó que, en la providencia del 21 de agosto de 2021, proferida
en el marco del recurso extraordinario de revisión, los magistrados no verificaron el
cumplimiento de los presupuestos para la configuración de la causal de revisión
prevista en el numeral 1° del artículo 250 de la Ley 1437.
De otra parte, relacionó varias providencias del Consejo de Estado3 de los que
destacó el tratamiento que se dio a las sentencias como pruebas documentales.
Manifestó que el objeto de presentar estas providencias en el recurso extraordinario
de revisión era demostrar su existencia y el hecho de que todas las resoluciones de
destitución e inhabilidad proferidas en primera instancia en la DIAN fueron firmadas
por los jefes de la división u oficina de asuntos disciplinarias.
A partir de lo anterior, destacó la supuesta ilegalidad que ocurrió en su caso como
quiera que, a pesar de que era un funcionario de carrera desde 1993, la resolución
de destitución e inhabilidad general fue proferida en primera instancia por una
«supernumeraria sin competencia». En esa línea, insiste que se trataba de
providencias relevantes a efectos de garantizar su derecho a la igualdad frente a
procesos contemporáneos similares.
También puso de presente casos en los que se exceptúa el requisito de inmediatez
de los 6 meses para presentar una acción de tutela contra una providencia judicial,
en el argumento de que la vulneración de sus derechos es permanente, continua y
actual desde la fecha en que se notificó la sentencia acusada. Invoca la sentencia
SU-150 de 2021 para que se le exceptúa del cumplimiento de este requisito.

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. La acción de tutela fue inicialmente asignada al despacho del magistrado
William Barrera Muñoz quien, mediante escrito del 26 de febrero de 2025,
manifestó su impedimento para conocer el asunto invocando la causal
cuarta del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
En auto del 28 de marzo de 2025, los demás integrantes de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptaron el impedimento y
separaron al magistrado del trámite constitucional.
4.2. En providencia del 12 de mayo de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier
García Londoño, quien actúa en nombre propio, contra la Sala 25 Especial de
Decisión del Consejo de Estado; en calidad de terceros con interés, vinculó a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
4.3. El consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, como miembro de
la Sala Especial de Decisión 25, manifestó que no intervino en la aprobación
de la sentencia del 20 de agosto de 2021, pero que acataría lo que decida el
juez de tutela.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión nro. 2. Providencia del 4 de mayo de 2021,
en el proceso nro. 11001-03-15-000-2018-04503-00; sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso nro. 11001-03-26-000-2020-00127-00(66295); «la Sentencia
del 26 de marzo de 2015, radicación 11001-03-27-000-2014 00022-00 (21024) en la cual fue ponente el consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez».

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

4.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 rindió
informe en el que dio cuenta de la existencia de otras acciones de tutela
promovidas por el aquí accionante con el mismo propósito de la actual
demanda de tutela, para lo cual, relacionó los siguientes radicados:
(i) «los procesos No. 11001-03-15-000-2024-07030-001; 11001-03-15-000 2024-
05185-00/012 y 11001-03-15-000-2024-06125-00/013, en los cuales se declaró la
temeridad y/o rechazó la solicitud de amparo por la misma razón, con fundamento
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991».

(ii) «está en curso la segunda instancia el proceso No. 11001- 03-15 000-2025-01180-
004 y pendiente de decisión de primer grado el proceso No. 11001 03-15-000-2025-
01352-00, cuyas escritos de tutela se fundaron en los mismos hechos y
fundamentos de derechos que planteó la parte actora en el proceso No. 2025-
02470-00”.»

4.5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN manifestó que el
accionante ha presentado múltiples acciones de tutela en las diversas
jurisdicciones con la finalidad de obligar a la judicatura a que resuelva a su
favor las pretensiones que le fueron negadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-03-25-000-2012-00372-00, por lo que debe
declararse que la acción de tutela es temeraria, carece del requisito de
inmediatez y no evidencia la concreción de un escenario de vulneración de
derechos fundamentales.
Para evidenciar lo anterior señaló los siguientes números de radicación que
corresponde a acciones constitucionales en donde se plantean los mismos
argumentos:
▪ 11001-03-15-000-2019-03444-01
▪ 11001-03-15-000-2021-08662-01
▪ 11001-03-15-000-2022-02768-01
▪ 11001-03-15-000-2022-06171-00
▪ 11001-03-15-000-2023-01080-00
▪ 11001-03-15-000-2023-04221-00
▪ 11001-03-15-000-2023-03293-00
▪ 05001-31-10-007-2023-00738-00
▪ 05001-31-03-021-2024-00051-00
▪ 11001-02-03-000-2024-00909-00
▪ 11001-03-15-000-2024-02493-00
▪ 11001-03-15-000-2024-05185-00
▪ 11001-03-15-000-2024-06125-00
▪ 11001-03-15-000-2025-00007-00
▪ 11001-03-15-000-2025-01026-00
▪ 11001-03-15-000-2025-01180-00
▪ 11001-03-15-000-2025-01352-00

Afirmó que el actor en sus acciones constitucionales ha insistido en que la
jurisdicción no se ha pronunciado de fondo sobre el tema y con ello intenta
justificar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido entre el 28 de
marzo de 2019 y el 25 de octubre de 2024, que fue la fecha del último fallo de
tutela.
A su vez, la pretensión suele ser la misma «SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS
RESOLUCIONES 8300060-2009-01 DE 30 DE ABRIL DE 2007, 6027 DE 24 DE MAYO DE
2007 Y 7319 DE 21 DE JUNIO DE 2007; TODAS PROFERIDAS POR LA DIAN; Y SE ORDEN
EL REINTEGRO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS

4
Samai, índice 22 y 23.

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LABORALES Y LEGALES», y reitera en la aplicación del principio de favorabilidad
para poder cuestionar nuevamente las decisiones tomadas en el proceso
disciplinario, cuando estas ya fueron revisadas en la jurisdicción contencioso
administrativa la cual determinó negar sus pretensiones.

Adicionalmente, advirtió que en algunas acciones constitucionales ya se ha
declarado la existencia de cosa juzgada constitucional, por lo que este asunto
se ha estudiado tantas veces que esta nueva solicitud constituye temeridad
por parte del accionante, quien quiere que se estudie nuevamente su caso con
pruebas que no existen y analizar el proceso a la luz de sentencias que fueron
dictadas con posterioridad, lo que implica que se pase por alto la cosa juzgada
y la seguridad jurídica.

Finalmente, señaló que la acción de tutela interpuesta no cumple con el
requisito de la inmediatez

4.6. El consejero Nicolás Yepes Corrales, en memorial del 7 de julio de 2025
manifestó estar impedido para conocer del asunto. En consecuencia, en auto
de la misma fecha, la magistrada ponente ordenó realizar sorteo de conjueces
para conformar sala de decisión a efectos de resolver dicho impedimento.

4.7. El 8 de julio de 2025, la Secretaría General realizó el sorteo y designó como
conjueces a los consejeros Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica
Méndez.

El 18 de julio de 2025, el magistrado Pardo Flórez manifestó impedimento para
resolver el impedimento, el cual se declaró infundado en providencia del 1° de
agosto de ese año.

4.8. En auto del 5 de septiembre de 2025, la magistrada ponente y los dos
conjueces declararon fundado el impedimento del consejero Nicolás Yepes
Corrales y lo separaron del conocimiento de la acción de tutela.

4.9. El expediente ingresó a despacho para fallo el 29 de septiembre de 2025.

4.10. El 7 de octubre el consejero Pardo Flórez manifestó nuevamente su
impedimento para decidir el caso analizado invocando la causal primera del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Argumentó que en calidad de
presidente de la Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado ya
presentó informe frente a la acción de tutela. Además, advirtió que cualquier
orden que se dicte en el trámite de la acción deberá ser cumplido por la sala
que preside, por lo que ostenta la doble condición de autoridad demandada y
juez en el trámite de la acción de tutela.

5. Providencia impugnada

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de tutela
del 10 de octubre de 2025, declaró fundado el impedimento del consejero Fernando
Alexei Pardo Flórez y lo separó del conocimiento del asunto. Consideró que el hecho
de que el consejero presidiera la Sala 25 Especial de Decisión comprometía su
imparcialidad, comoquiera que una eventual orden de amparo debería ser cumplida
y acatada por aquel.

De otra parte, el a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela porque
encontró que operó la cosa juzgada y la temeridad en la actuación desplegada por
el señor García Londoño. En línea con lo anterior, ordenó al actor que se abstenga
de presentar nuevas acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones que
ahora se estudian.

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En la parte considerativa del fallo de tutela se comparó la presente acción de amparo
frente a una tutela preexistente identificada con la radicación 11001-03-15-000-2021
08662-00/01, con miras a establecer si se acreditaba la triple identidad necesaria
para declarar la cosa juzgada. A partir de esta confrontación concluyó que, aunque
el actor anuncia nuevos hechos, lo cierto es que en esencia persigue el mismo fin
pretendido en el proceso de tutela preexistente, es decir, que se deje sin efectos la
sentencia del 28 de agosto de 2021, pretensión que ya fue analizada y desestimada
por juez constitucional.

El juez a quo también consideró que el señor García Londoño incurrió en actuación
temeraria debido a que ha hecho un uso abusivo de la acción de tutela al promover
de manera simultánea o reiterada diferentes demandas de tutela con el mismo
propósito. Advirtió que, aunque alegue una situación que en apariencia es
diferenciadora, lo cierto es que su pretensión es lograr un pronunciamiento judicial
favorable a sus intereses.

6. Impugnación y actuaciones posteriores
6.1. Francisco Javier García Londoño impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia. Además, acusó que la providencia adolece de graves vicios que
justifican que se declare su nulidad, antes de proceder con el análisis sobre la
acreditación de los presupuestos generales y especiales de la acción de tutela
contra providencias judiciales o respecto de la concreción de las figuras de
temeridad o cosa juzgada.
El principal argumento de disenso del actor refiere a la indebida conformación
de la Sala de Decisión que adoptó el fallo de tutela de primera instancia,
situación que considera vulneró su derecho fundamental al debido proceso
(garantías de juez imparcial y derecho de defensa) y vicia la sentencia de tutela de
defecto orgánico y defecto procedimental absoluto.
A ese respecto, manifestó que los conjueces José Roberto Sáchica Méndez y
Fernando Alexei Pardo Flórez no fueron designados para tomar una decisión
de fondo sobre la demanda de tutela, sino exclusivamente para «completar la
mayoría decisoria a efectos de decidir sobre el impedimento manifestado por el Dr.
Nicolás Yepes Corrales», lo anterior de acuerdo con el auto del 7 de julio de 2025,
del acta de sorteo de conjueces y del auto del 1° de agosto de 2025.
De otro lado, acusó que el fallo de tutela de primera instancia que data del 10
de octubre de 2025 no fue estudiado y discutido en la sesión virtual que se
realizó ese día, de acuerdo con el aviso de tutelas 28-2025, publicado por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
También reprochó que se decidiera el impedimento del magistrado Alexei
Pardo Flórez en el mismo texto de la sentencia de tutela, a su juicio, la decisión
del impedimento debe hacerse en un auto independiente y previo al fallo, sin
que sea admisible exponer argumentos de celeridad o economía procesal para
avalar esa actuación atípica. A ese respecto, en el escrito de impugnación se
lee: «No se debe proferir un fallo de tutela sin resolver previamente el impedimento
manifestado por un magistrado. El incumplimiento de este deber procesal esencial constituye
una vulneración al debido proceso y puede acarrear la nulidad de la sentencia proferida.»

En consideración del actor estas graves irregularidades procesales podrían
conllevar la nulidad del fallo.
De acuerdo con lo anterior, expuso que corresponde a la autoridad judicial que
conozca a la impugnación proceder con el «estudio de la presunta violación al debido
proceso relacionada con la irregularidad en la conformación de la Sala de Decisión del Consejo
de Estado que falló la tutela, antes de verificar si el escrito de la acción de tutela cumplió con
los requisitos generales de procedibilidad».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

En atención a lo expuesto, formuló la siguiente petición:
«TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, LA PARTE ACCIONANTE, SOLICITA
RESPETUOSAMENTE, QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL FALLO IMPUGNADO Y
ORDENE QUE EL PROCESO SEA DEVUELTO AL CONSEJO DE ESTADO PARA QUE UNA
SALA LEGALMENTE CONSTITUIDA PROFIERA UN NUEVO FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA EN EL CUAL TENGA PRESENTE QUE EN UNA ACCIÓN DE TUTELA LO
IMPORTANTE SON LOS HECHOS REALES Y LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES PARA RESALTAR LA VERDAD MATERIAL Y OBJETIVA; Y NO LOS
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD QUE ESTAN SIENDO UTILIZADOS
COMO UN OBSTÁCULO PARA NO DECIDIR DE FONDO LAS ACCIONES DE TUTELA.»
(Subraya la Sala)

6.2. En auto del 11 de diciembre de 2025, la Sala de decisión conformada por la
magistrada Adriana Polidura Castillo y el magistrado José Roberto Sáchica, se
pronunciaron sobre los argumentos expuestos en la impugnación relacionados
con la solicitud de nulidad de la sentencia de tutela del 10 de octubre de 2025.

En relación con la conformación de la Sala de decisión, se indicó que, en auto
del 9 de julio de 2025, se designaron dos conjueces, quienes, «una vez aceptada
la causal de separación, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 140, reemplazaron
al referido magistrado y pasaron a integrar la Sala de Decisión, tanto para resolver dicha
situación procesal como para proferir la decisión de fondo». Por lo anterior, estima, no
hay lugar a anular el fallo por qué se aseguró la garantía del juez natural.

De otro lado, la sala de decisión aclaró que el fallo del 10 de octubre 2025 no
fue incorporado al aviso de la Sala de Tutelas 38-2025, porque fue proferido
por la Sala Especial de Conjueces, por lo que la publicación se hizo en el aviso
11-2025 del 10 de octubre. Adjuntó la siguiente imagen como prueba:

De acuerdo con lo anterior, desestimó el argumento de nulidad.

Finalmente, en lo que respecta a la decisión del impedimento del magistrado
Pardo Flórez en el fallo del 10 de octubre de 2025, señaló que la acción de
tutela tiene una naturaleza referente y sumaria, lo que conlleva a privilegiar la
eventual protección de los derechos fundamentales en discusión sobre el
excesivo rigorismo. En ese entendido, recordó que en el fallo impugnado se
indicó que, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal,
se decidiría el impedimento en esa misma providencia, determinación que se
acompasa con la naturaleza expedita del trámite constitucional sin que
implique vulneración alguna a los derechos del actor.

6.3. En auto del 20 de enero de 2026, se concedió la impugnación; el 30 de enero
de 2026 se repartió el asunto para el trámite de la segunda instancia; y el 2 de
febrero de 2026 pasó el expediente al despacho sustanciador.

8

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En este punto, la Sala precisa que los cargos de nulidad formulados por el
accionante contra la sentencia de tutela de primera instancia ya fueron
resueltos por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en el auto del 11 de diciembre de 2025. En consecuencia, la discusión quedó
agotada en esa etapa procesal y no resulta procedente reabrirla o retomarla
en sede de impugnación.

2.2. Aunque en el escrito de impugnación la mayoría de los argumentos se dirigen
a la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia (los cuales fueron
ya decididos por el a quo), es posible extraer el desacuerdo general del actor
con la decisión de declarar la improcedencia de la acción de tutela por haber
operado la cosa juzgada y la caducidad.

En su consideración, los jueces de tutela que han conocido de sus solicitudes
han dejado de lado la verdad material para privilegiar la anunciada fata de
acreditación de los requisitos generales de procedibilidad con la intención de
abstenerse de emitir una decisión de fondo que cese la vulneración de los
derechos fundamentales por el invocados.

De manera que corresponde a esta Sección determinar si asistió razón el a
quo al indicar que el señor Francisco Javier García Londoño incurrió en
actuación temeraria al interponer la acción de tutela de la referencia y que
frente al objeto de la demanda operó la cosa juzgada constitucional.

Sólo en caso de superar dicho análisis, se determinará si la Sala 25 Especial
de Decisión del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del
actor al incurrir en defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
defecto procedimental al emitir la sentencia del 20 de agosto de 2021, que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión 11001-03-15-000-
2020-02925-00.

3. Actuación temeraria y cosa juzgada

3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por
una actuación temeraria, al señalar que «Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes». Es por lo anterior que, en el artículo 37 de esa normativa se exigió
que el accionante manifestara bajo la gravedad del juramento que no había
interpuesto otra petición de amparo por los mismos hechos e invocando la
protección de los mismos derechos fundamentales.

5
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

9

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

A partir del artículo 38, la jurisprudencia constitucional6 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el accionante
actúa de mala fe, y (ii) cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar. La Corte Constitucional ha advertido que
sólo procederán sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en
la actuación del accionante.
La figura de la temeridad encuentra fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución Política. El primero, insta a los particulares para que sus
conductas estén enmarcadas de la buena fe y, el segundo, exige de toda
persona, entre otros, abstenerse de abusar de los derechos de los que es
titular y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia7.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos8: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos y fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y, (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda.
Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción» 9.

Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo
multiplicidad de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento
se presenta cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del
accionante; (ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que
los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho»10. En este supuesto, aunque la tutela debe ser declarada
improcedente, la actuación no se considera temeraria.
3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»11.

Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.

En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas

6
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
7
En este sentido ver: sentencia T-507 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-096 de 2011 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-481 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-529 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.

10

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prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

4. Análisis del caso

4.1. De la revisión del expediente y de los informes rendidos por el accionado y el
tercero vinculado, la Sala advierte que el señor Francisco Javier García
Londoño ya había presentado acción de tutela aduciendo la vulneración de
sus derechos fundamentales con fundamento en la emisión de la sentencia del
20 de agosto de 2021 dictada en el proceso del recurso extraordinario de
revisión 11001-03-15-000-2020-02925-00. En efecto, se encuentra la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, en la que el señor
García Londoño alegó la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso con fundamento en la misma providencia judicial que ahora se acusa.
Aunque el actor admite la existencia de este proceso constitucional previo,
advierte que el caso no fue estudiado de fondo por lo que persiste la
vulneración de derechos fundamentales; asimismo, destaca la concreción de
hechos nuevos que justifican la intervención del juez de tutela. Esta situación
exige que se analice si al interponer la acción de tutela de la referencia, el actor
incurrió en una actuación temeraria o si se configuró el fenómeno de cosa
juzgada.

Establecido lo anterior, la Sala estima relevante analizar, por medio del
siguiente cuadro comparativo, si se materializa la identidad tripartita
establecida en la jurisprudencia y en la doctrina constitucional para establecer
si se concretaron las figuras de la cosa juzgada y la temeridad:

Acción de tutela previa 11001-03-15-000-2021-08662- Acción de tutela actual 11001-03-15-000-2025-00727-
00/01 00
Accionante: Francisco Javier García Londoño Accionante: Francisco Javier García Londoño
Accionado: Consejo de Estado, Sala Especial de Accionado: Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión 25 Decisión 25
Pretensiones: Pretensiones:
«1. TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL «1.) QUE CON FUNDAMENTO EN EL HECHO
DEBIDO PROCESO VULNERADO en el fallo proferido NUEVO DE QUE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES
por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25. SI TIENEN CARÁCTER PROBATORIO, PERO
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ ÚNICAMENTE, CUANDO SE PRETENDE
RICO. Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil DEMOSTRAR LA EXISTENCIA MISMA DE LA
veintiuno (2021). Radicación: SENTENCIA Y/O EL HECHO RECONOCIDO O
11001031500020200292500, dentro del proceso de DECLARADO EN ESTA. DICHO HECHO
Recurso extraordinario de Revisión. RECONOCIDO O DECLARADO EN LAS 14
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin PROVIDENCIAS JUDICIALES, ES QUE SOLAMENTE
efectos la sentencia proferida por la SALA ESPECIAL EL JEFE DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES
DE DECISIÓN No. 25. Consejera ponente: MARTA DISCIPLINARIAS DE LA DIAN, ES EL COMPETENTE
NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinte (20) de PARA PROFERIR LA RESOLUCIÓN EN PRIMERA
agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación: INSTANCIA EN UN PROCESO DISCIPLINARIO; (…).
11001031500020200292500, mediante la cual se 2.) QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR
resolvió Declarar Infundado el Recurso Extraordinario SE ORDENE A LA SALA ESPECIAL DE DECISIÓN
de Revisión presentado por el señor Francisco Javier NRO 25 DEL CONSEJO DE ESTADO QUE
García Londoño. PROFIERIO LA SENTENCIA CON RADICADO
3. Consecuente con lo anterior, se ordene a la SALA 1100103150002020-02925-00 QUE ADOPTE UNA
ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25. dictar una nueva DECISIÓN AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO LO
providencia en el proceso de Recurso Extraordinario de SUSTANCIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 228° DE LA
Revisión, acogiendo la normatividad aplicable al caso CONSTITUCIÓN POLÍTICA (…).
concreto y la interpretación constitucional efectuada por 3.) QUE SE DECLARE FUNDADO EN RECURSO
la Corte Constitucional en la sentencia referenciadas, EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CON RADICADO
así como efectuando una adecuada apreciación y 1100103150002020-02925-00 CON FUANDAMENTO
valoración de las pruebas que acreditan dentro del EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 250 DEL CPACA
proceso.» (Suraya la Sala) (…)»(Suraya la Sala)
Fundamentos12: Fundamentos:
El actor alegó la transgresión de su derecho El actor alegó que la providencia del 20 de agosto de
fundamental al debido proceso porque la autoridad 2021 incurrió en defecto fáctico al omitir el análisis
judicial rechazó una prueba que, a su juicio, sobre el funcionario competente para decidir el proceso
demostraba la incompetencia del funcionario para disciplinario dentro del estudio de la causal primera de
proferir el fallo disciplinario de primera instancia y omitió revisión, lo que vulneró su derecho al debido proceso.
pronunciarse sobre ese punto.

12
Este resumen se realiza a partir de la lectura de los acápites correspondientes de las sentencias de tutela emitidas en
primera y segunda instancia dentro del proceso constitucional 11001-03-15-000-2021-08662-01.

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

Acción de tutela previa 11001-03-15-000-2021-08662- Acción de tutela actual 11001-03-15-000-2025-00727-
00/01 00
Agregó que se desconocieron precedentes del Consejo Agregó que la providencia incurrió en desconocimiento
de Estado y de la Corte Constitucional. Señaló que la del precedente judicial del Consejo de Estado que
sentencia del 12 de octubre de 2017 establecía que la reconoce las providencias judiciales como pruebas
competencia para fallar en primera instancia documentales y que se configuró defecto
correspondía a la jefe de la Oficina Disciplinaria procedimental porque la autoridad judicial accionada
Regional y no a la funcionaria delegada. También ignoró 14 providencias judiciales aportadas como
afirmó que no valoró la sentencia T-132 de 2019 como prueba. Destacó que estas providencias buscaban
prueba de que la Dian ignoró los efectos del pago de la demostrar que los fallos disciplinarios de la Dian debían
sanción fiscal. ser proferidos por el jefe de la oficina disciplinaria y no
Finalmente, sostuvo que no se analizaron 13 de por una supernumeraria.
providencias judiciales aportadas como prueba ni los El actor también manifestó que no existe cosa juzgada
requisitos para considerar las decisiones judiciales ni temeridad porque las tutelas previas no fueron
como medio probatorio. decididas de fondo y porque existen hechos nuevos,
como la alegada contradicción de la magistrada
ponente al determinar el valor probatorio de las
providencias judiciales. Así, advirtió que sus
pretensiones son distintas y que la vulneración de
derechos permanece. Decisión de Primera instancia: Sentencia 18 de Decisión de Primera instancia: Sentencia del 10 de
febrero de 2022 octubre de 2025. M.P. María Adriana Marín C.P. Adriana Polidura Castillo
«Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de «La Sala concluye que la acción de tutela promovida
amparo deviene en improcedente, justamente porque por Francisco Javier García Londoño presenta
busca revivir la discusión del proceso de nulidad y identidad de parte, causa y objeto con el trámite
restablecimiento del derecho que fue abordado y identificado con el radicado Rad. 11001-03-15-000-
decidido razonablemente por la Sala Especial de 2021-08662-00/01, y en tal sentido, opera la cosa
Decisión 25 del Consejo de Estado, en calidad de juez juzgada. Asimismo, está probada la actuación
del recurso extraordinario de revisión, al concluir que temeraria en el uso de este mecanismo constitucional.
(…).A juicio de la Sala, esos argumentos son En consecuencia, se declarará improcedente la
razonables y no merecen reproche alguno desde el solicitud de amparo constitucional y ordenará al actor
punto de vista constitucional, toda vez que la abstenerse de presentar nuevas acciones de tutela que
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de presenten identidad de parte, causa y objeto.». Estado y la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo
de Estado, como juez del recurso extraordinario de
revisión, explicaron de manera suficiente y razonada su
análisis frente a la situación del aquí accionante. En este punto, conviene señalar que el hecho de que el
señor Francisco Javier García Londoño no comparta
los argumentos expuestos en la decisión atacada no
habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto
que ya fue decidido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Sala Especial de
Decisión 25 de la misma Corporación, con suficiente
motivación.». (Suraya la Sala)
Decisión en sede de impugnación: sentencia del 26
de abril de 2022
M.P. Alberto Montaña Plata
«(…) se logró evidenciar que, tal como lo puso de
presente el juez constitucional en primera instancia, la
tutela presentada resulta ser una instancia adicional del
medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 11001-03-25-000-2012-00372-00 y del
recurso extraordinario de revisión No.

11001-03-15-
000-2020-02925-00, en la cual el actor reiteró e insistió
en los reparos sobre la falta de competencia de la
empleada pública que profirió la decisión de primera
instancia en el proceso disciplinario, así como la
violación de garantías y principios constitucionales y el
desconocimiento de las providencias que
fundamentaban las causales de revisión 1 y 5
invocadas.
(…) esta Sala estima que, si bien, el demandante
encuadró sus reparos dentro de varios defectos, lo
cierto es que los mismos se presentaron como una
reiteración de los aspectos debatidos y resueltos
razonablemente por el juez natural tanto en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
como en el recurso extraordinario de revisión, por lo
que no existen razones que permitan abordar un
análisis de fondo sobre la decisión enjuiciada» (énfasis
de la Sala)

El contexto descrito permite concluir que le asistió razón al a quo al considerar
que la presente acción de tutela guarda similitud fáctica y jurídica con la
radicada bajo el número 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, pues ambas
comparten identidad de sujetos, hechos y objeto, consistente en que se
revoque la sentencia del 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala 25

12

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

Especial de Decisión del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario
de revisión 11001-03-15-000-2020-02925-00.
Si bien el actor en su escrito de tutela advierte la existencia de «hechos nuevos
que no han sido tenidos en cuenta ni debatidos en el primer fallo de tutela»13 , los cuales,
a su juicio, justificarían la intervención del juez constitucional, la Sala encuentra
que tales planteamientos no constituyen verdaderos hechos nuevos que
configuren la excepción invocada. Por el contrario, corresponden a
argumentos de instancia adicional, encaminados a justificar la interposición de
una nueva acción de amparo contra la sentencia del 20 de agosto de 2021,
con el propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.
También evidencia la Sala que en los fallos que se emitieron en el proceso de
tutela 2021-08662-00/01, los jueces constitucionales analizaron los
argumentos de la acción a la luz del contenido de la providencia acusada y
concluyeron que el actor no demostró la existencia de una vulneración real de
derechos fundamentales, sino que utilizó el mecanismo constitucional como
una instancia adicional para expresar su desacuerdo con la decisión que, en
todo caso, fue considerada razonable en ambas instancias de la tutela.
En consecuencia, no hay lugar a afirmar que el asunto carezca de un
pronunciamiento de fondo, pues, aunque se trató de una decisión de
improcedencia por irrelevancia constitucional, estuvo precedida de un análisis
riguroso por parte de los jueces de tutela orientados a establecer si existió la
vulneración de derechos alegada con ocasión de la sentencia del 20 de agosto
de 2021.
En este punto, resulta pertinente agregar que los fallos de tutela emitidos en
el proceso 11001-03-15-000-2021-08662-00/01 hicieron tránsito a cosa juzgada
comoquiera que, en auto del 19 de agosto de 202214, la Sala de Selección de
Tutelas nro. 8 de la Corte Constitucional decidió no seleccionar para revisión
el expediente T-8.826.116, correspondiente al referido trámite constitucional.
Así las cosas, en el caso concreto se configuró el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional respecto del objeto de la presente acción, en tanto que el juez
de tutela ya se había pronunciado sobre la alegada vulneración de los
derechos fundamentales del señor García Londoño con ocasión de la
sentencia del 20 de agosto de 2021, que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión en el proceso 11001-03-15-000-2020-02925-00.
Recuérdese que la cosa juzgada constitucional tiene como finalidad evitar la
emisión de nuevos pronunciamientos sobre asuntos ya debatidos y resueltos
en la jurisdicción constitucional.
En consecuencia, una vez verificada la existencia de la triple identidad,
agotado el trámite de selección ante la Corte Constitucional y ante la ausencia
de un motivo válido que justifique la presentación de una nueva acción de
amparo, corresponde al juez de tutela declarar la cosa juzgada y analizar si la
conducta del actor configura temeridad en los términos del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991
Como ya se declaró la configuración de la cosa juzgada al encontrar cumplidos
los anteriores elementos, la Sala procede a estudiar si de la actuación del
señor García Londoño deriva un comportamiento temerario.

13
En las páginas 13 y sigs. del escrito de reforma de la tutela, se mencionada como hechos novedosos, varias sentencias
del Consejo de Estado, entre ellas: la sentencia del 4 de mayo de 2021, proferida por la Sala Especial de Decisión 2 del
Consejo de Estado en el proceso nro. 11001-03-15-000-2018-04503-00, así como la sentencia del 24 de septiembre de
2021, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso nro. 11001-03-26-000-
2020-00127-00(66295). De estas providencias destacó que la Corporación «señaló que indudablemente la sentencia
judicial es una prueba documental»
14
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T8826116&lista=datosExpedientes_1771951332700

13

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Demandante: Francisco Javier García Londoño

4.2. La Sala considera que existe actuación temeraria atribuible al señor Francisco
Javier García Londoño, debido a que promovió múltiples acciones de tutela
con identidad de partes, hechos y pretensiones, sin que haya expuesto
justificación suficiente para su reiteración.
En efecto, la controversia relativa a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales con ocasión de la providencia del 20 de agosto de 2021 ya fue
objeto de pronunciamiento constitucional en el proceso 11001-03-15-000-
2021-08662-00/01, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.

A pesar de ello, el actor continuó presentando nuevas acciones de amparo con
la misma causa y objeto, como se puede constatar en el siguiente cuadro:

Acción de tutela 11001- Acción de tutela 11001- Acción de tutela 11001- Acción de tutela 11001-
03-15-000-2023-01080- 03-15-000-2024-04622- 03-15-000-2025-00007- 03-15-000-2025-01026-
00 00 00/01 00/01

Fecha rad: 1/3/202315 Fecha rad: 2/9/202416 Fecha rad: 13/1/202517 Fecha rad: 24/2/202518

Accionante: Francisco Accionante: Francisco Accionante: Francisco Accionante: Francisco
Javier García Londoño Javier García Londoño Javier García Londoño Javier García Londoño

Accionado: Sala 25 Accionado: Sala 25 Accionado: Sala 25 Accionado: Sala 25
Especial de Decisión del Especial de Decisión del Especial de Decisión del Especial de Decisión del
Consejo de Estado y otros Consejo de Estado Consejo de Estado Consejo de Estado

Pretensión: entre otras: Pretensión: «El Pretensión: «1.) CON Pretensión20: «el [actor]
«(…) 6. Que se deje sin interesado interpuso esta FUNDAMENTO EN EL interpuso acción de
efectos el fallo dictado por acción constitucional en HECHO NUEVO DE QUE tutela, con la finalidad de
la Sala Especial de procura de la protección LAS PROVIDENCIAS que se le ordene a la Sala
Decisión nro. 25 recurso de sus derechos (…) que JUDICIALES SI TIENEN Especial de Decisión No.
extraordinario de revisión considera vulnerados por CARÁCTER 25, que profirió la
radicación 11001 03 15 la Sala 25 Especial de PROBATORIO, (…). 2.) sentencia del 20 de
QUE (…) SE ORDENE A
000 2020 02925 00, de Decisión del Consejo de agosto de 2021, a través
LA SALA ESPECIAL DE
fecha 20 de agosto de Estado, dado que, en de la cual se declaró
DECISIÓN NRO 25 DEL
2021.» sentencia del 20 de CONSEJO DE ESTADO infundado el recurso
agosto de 2021»19 QUE PROFIERIO LA extraordinario de revisión
SENTENCIA CON (…) que emita una nueva
RADICADO decisión y declare
1100103150002020- fundado el mencionado
02925-00 QUE ADOPTE recurso.»
UNA DECISIÓN (…). »

Fallo de primera Decisión de primera Fallo de primera Fallo de primera
instancia21: «(…) instancia23: auto que instancia24: «PRIMERO: instancia26: «
SEGUNDO: DECLARAR rechaza por temeridad. DECLARAR LA SEGUNDO: DECLARAR
la cosa juzgada TEMERIDAD Y LA COSA IMPROCEDENTE el
constitucional respecto de Impugnación en trámite. JUZGADA amparo constitucional
la vulneración atribuida a CONSTITUCIONAL en la solicitado por el señor
las sentencias dictadas acción de tutela de la Francisco Javier García
en el marco de los referencia, en Londoño ante la
procesos con radicados consecuencia, NEGAR la configuración de la cosa
números 11001-03-15- solicitud de amparo y, en juzgada constitucional y la
000-2020-02925-00, todo caso, ADVERTIR a temeridad. TERCERO:
11001-03-15-000-2021- la parte actora que no ORDENAR al accionante
08662-00/01 y 11001-03- puede presentar otra Francisco Javier García
15-000-2022-02768- petición por los mismos Londoño que se abstenga
00/01, por las razones hechos, sin que justifique de presentar más
expuestas en la parte la existencia de una razón acciones de tutela con
motiva de esta válida que lo habilite. » identidad de partes,
providencia. (…)» objeto y causa a la que se
(Subraya la Sala) estudió en esta
providencia; considerativa

15
Samai del proceso 11001-03-15-000-2023-01080-00, índice 1.
16
Samai del proceso 11001-03-15-000-2024-04622-00, índice 1.
17
Samai del proceso 11001-03-15-000-2025-00007-00, índice 1.
18
Samai del proceso 11001-03-15-000-2025-01026-00, índice 1.
19
Extracto del auto del 28 de noviembre de 2025 que rechazó la acción de tutela. Samai del proceso 11001-03-15-000-
2024-04622-00, índice 113.
20
Página 1, numeral 1 del fallo de tutela de segunda instancia, emitido en el proceso constitucional 11001-03-15-000-2025-
01026-01. Samai en impugnación, índice 18.
21
Emitido el 14 de abril de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, M.P. Roberto Augusti Serrato Valdés.
23
Auto emitido el 28 de noviembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Nicolás
Yepes Corrales.
24
Emitido el 6 de febrero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
26
Emitido el 4 de abril de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. José Roberto
Sáchica Méndez.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Acción de tutela 11001- Acción de tutela 11001- Acción de tutela 11001- Acción de tutela 11001-
03-15-000-2023-01080- 03-15-000-2024-04622- 03-15-000-2025-00007- 03-15-000-2025-01026-
00 00 00/01 00/01

Fallo de segunda Fallo de segunda ( artificios y de
formalidades para
instancia22: instancia25:
denotar la existencia de
«(…) MODIFICAR la «SEGUNDO: hechos nuevos
sentencia proferida por la MODIFICAR la sentencia inexistentes -como se
Sección Primera de esta de tutela de 6 de febrero indicó en la parte
corporación el 14 de abril de 2025 proferida por la considerativa(…)»
de 2023, para en su lugar Sección Quinta del
Fallo de segunda
DECLARAR la cosa Consejo de Estado, en el
juzgada constitucional entendido que, para la instancia27: «PRIMERO:
CONFIRMAR la
respecto a los Sala el término a utilizar
expedientes de tutela es “Rechazar por sentencia proferida el 4
Rad. 11001-03-15-000- temeridad” la solicitud de de abril de 2025 por la
Sección Tercera,
2021- 08662-00/01 y tutela, por las razones
11001-03-15-000-2022- expuestas en la parte Subsección A, del
02768-00/01 y motiva de esta Consejo de Estado,
conforme a lo expuesto
RECHAZAR los demás providencia.»
cargos de la solicitud de en la parte motiva de esta
amparo por configurarse providencia. »
el fenómeno de la
temeridad. TERCERO:
ADVERTIRLE al
peticionario que en lo
sucesivo se abstenga de
presentar acciones de
tutela, por los mismos
hechos aquí
mencionados.»

De acuerdo con lo anterior, entre el año 2024 y 2025, el actor presentó al
menos cuatro demandas de tutela contra la Sala 25 Especial de Decisión del
Consejo de Estado pretendiendo que se deje sin efectos la sentencia que
declaró infundado su recurso extraordinario de revisión, sin justificar este uso
desmedido de la acción de tutela, más allá de la simple inconformidad con una
decisión que le fue desfavorable.
Para esta Sala lo pretendido por el señor García Londoño es propiciar nuevas
instancias procesales para que los jueces de tutela estudien sus
inconformidades con la sentencia acusada y procurar una decisión favorable,
pero tal propósito es claramente contrario a la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela y evidencia un actuar desleal y abuso del derecho que
desgasta la administración de justicia frente a solicitudes claramente
improcedentes, respecto de las cuales ya se adoptó una decisión judicial de la
que se predica fuerza vinculante.
Por lo expuesto, la Sala encuentra que le asistió razón al a quo al concluir que
la acción de tutela sub examine evidencia una actuación temeraria atribuible
al accionante en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y se
configura la cosa juzgada constitucional frente al objeto de amparo, por lo que
debe confirmarse la decisión de improcedencia adoptada por el juez de tutela
de primera instancia.
4.3. Como argumento subsidiario, la Sala observa que la acción de tutela tampoco
satisface el presupuesto de inmediatez. La providencia que cuestiona el señor
García Londoño fue proferida el 20 de agosto de 2021 y notificada mediante
mensaje de datos enviado a los correos electrónicos de las partes el 9 de
septiembre de ese año28, sin embargo, la acción de tutela se promovió cuando
habían transcurrido más de tres años desde que tuvo conocimiento de la
providencia que considera lesiva de sus derechos fundamentales, lapso que
excede ampliamente el plazo razonable establecido por la jurisprudencia
constitucional.

22
Emitido el 8 de junio de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, M.P. Pedro Vanegas Gil.
25
Emitido el 3 de abril de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
27
Emitido el 6 de agosto de 2025 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, C.P. Juan Pablo Araujo Ariza.
28
Samai proceso 11001-03-15-000-2020-02925-00, índice 36.

15

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-01
Demandante: Francisco Javier García Londoño

Lo anterior, sin perjuicio de que el actor intentara justificar el requisito de la
inmediatez argumentando que la vulneración de sus derechos es permanente,
actual y continua en el tiempo, lo cual no es de recibo para esta Sección.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2025, proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16

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