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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00727-00

Fecha
10 de octubre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00727-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado el Consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, con fundamento en las consideraciones consignadas en esta decisión. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la Francisco Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión, por operar la cosa juzgada y por temeridad en su actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 54 “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. 19 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00 Accionante: Francisco Javier García Londoño TERCERO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de presentar nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00727-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Demandante: Francisco Javier García Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión
Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Cosa juzgada. Temeridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Francisco
Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala 25 Especial de
Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Francisco Javier García Londoño, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela1, así como un escrito de “reforma”2, en contra del Consejo de Estado, Sala 25
Especial de Decisión, en procura de la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y a desempeñar cargos públicos, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2021, que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado
número 11001-03-15-000-2020-02925-00, que formuló en contra del fallo del 28 de
marzo de 2019 que dictó la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica3:

2.1. El señor Francisco Javier García Londoño interpuso recurso de extraordinario
de revisión en contra de la sentencia del 28 de marzo de 2019 dictada —en única
instancia-— por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en el

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI.
2 Índice 00015 del aplicativo SAMAI.
3 Ibídem. / actuaciones del proceso primigenio incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020200292500110
0103

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado número 11001-03-25-000-2012-00372-004. Esto, con fundamento en las
causales previstas en los numeral 1 y 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de la primera causal, indicó que luego de la notificación de la sentencia
del 28 de marzo de 2019 encontró catorce providencias dictadas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que se decidieron asuntos similares al que
propuso a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, las
cuales, en su sentir, resultaban decisivas para proferir la decisión de fondo.

En cuanto a la segunda causal, sostuvo que referida sentencia vulneró su derecho
al debido proceso, dado que la Sección Segunda del Consejo de Estado no realizó
un análisis integral de los fallos disciplinarios.

2.2. El asunto fue asignado a la Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado
bajo el radicado número 11001-03-15-000-2020-02925-00, autoridad judicial que,
través de providencia del 20 de agosto de 2021, declaró infundado el recurso.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. El actor elevó las siguientes pretensiones que se transcriben a continuación:

“11.) PRETENSIONES

1.) QUE CON FUNDAMENTO EN EL HECHO NUEVO DE QUE LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES SI TIENEN CARÁCTER PROBATORIO,
PERO ÚNICAMENTE, CUANDO SE PRETENDE DEMOSTRAR LA
EXISTENCIA MISMA DE LA SENTENCIA Y/O EL HECHO
RECONOCIDO O DECLARADO EN ESTA. DICHO HECHO
RECONOCIDO O DECLARADO EN LAS 14 PROVIDENCIAS
JUDICIALES, ES QUE SOLAMENTE EL JEFE DE LA OFICINA DE
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA DIAN, ES EL
COMPETENTE PARA PROFERIR LA RESOLUCIÓN EN PRIMERA
INSTANCIA EN UN PROCESO DISCIPLINARIO.

2.) QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR SE ORDENE A
LA SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NRO 25 DEL CONSEJO DE
ESTADO QUE PROFIERIO LA SENTENCIA CON RADICADO
1100103150002020-02925-00 QUE ADOPTE UNA DECISIÓN
AJUSTADA Y PRIVILEGIANDO LO SUSTANCIAL SEGÚN EL
ARTÍCULO 228° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, FRENTE A UN
ANÁLISIS RESTRICTIVO A PARTIR DE ELEMENTOS PURAMENTE
FORMALES, CIRCUNSTANCIA A PARTIR DE LA CUAL DEBIÓ
FLEXIBILIZAR LA INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE PRUEBA
ENCONTRADA O RECOBRADA INVOCADA EN EL RECURSO
EXTRAORDINARIO ALUDIDO.

4 El actor solicitó la nulidad de las Resoluciones 8300060-2009-01 del 30 de abril de 2007, 6027 del 24 de mayo

de 2007 y 7319 del 21 de junio de 2007, por medio de las cuales, en su orden, se le declaró disciplinariamente
responsable y se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por doce años,
se confirmó esa decisión y se hizo efectiva la sanción.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

3.) QUE SE DECLARE FUNDADO EN RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN CON RADICADO 1100103150002020-02925-00 CON
FUANDAMENTO EN EL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 250 DEL
CPACA, YA QUE LAS SENTENCIAS JUDICIALES SI SON UN
PRUEBA DOCUMENTAL CUANDO CUMPLEN CIERTOS
REQUISITOS Y SE PRETENDE DEMOSTRAR CON ELLAS LA
EXISTENCIA MISMA DE LA SENTENCIA Y LOS HECHOS
PROBADOS EN ELLAS”

3.2. Como fundamento de la acción de tutela formuló los siguientes cargos:

3.2.1. Sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, en concreto
frente a la decisión de la primera causal de revisión, por cuando no analizó el caso
relacionado con el funcionario competente para resolver el proceso disciplinario con
la consecuente lesión al debido proceso.

3.2.2. Alegó desconocimiento de la sentencia del 26 de marzo de 2015 dictada por
Sala Especial de Decisión 2 en el proceso radicado 11001-03-27-000-2014-00022-
00, en la que se indicó que las sentencias tienen la naturaleza de pruebas
documentales a partir del cumplimiento de cuatro requisitos.

3.2.3. Puntualizó que la decisión censurada también incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, “al desconocer las 14 providencias
aportadas como prueba documental encontrada las cuales únicamente pretendían
demostrar la existencia misma de las sentencias judiciales” (sic).

3.2.4. Adicionalmente, el actor se refirió a otras acciones de tutela que promovió
para cuestionar la sentencia del 21 de agosto de 2021 proferida en el marco del
recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2020-02925-00, y sostuvo, bajo los siguientes argumentos, que no existe cosa
juzgada ni temeridad en su actuación.

Afirmó la existencia de hechos nuevos que justifican un nuevo análisis del asunto,
que se resumen de la siguiente manera:

• Señaló que en las sentencias del 11 de febrero de 20195, del 26 de marzo de
20156, del 18 de julio de 20187 y del 20 de mayo de 20218 se precisó que las
providencias tienen el carácter probatorio únicamente cuando se pretende
demostrar la existencia de la misma sentencia y/o el hecho reconocido o
declarado en ella. En su concepto, estas decisiones constituyen precedente,
y al haber sido expedidas con anterioridad al fallo aquí cuestionado, debían
ser tenidas en cuenta.

5 Dictada en el marco del proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado número 11001-03-15-

000-2018-00317-00
6 Proferida en el proceso radicado 11001-03-27-000-2024-00022-00
7 Proferida en el asunto registrado bajo el número 11001-03-27-000-2014-00020-00
8 Radicado 11001-03-15-000-2018-04503-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

• Adujo que, en la providencia del 29 de septiembre de 2023, dictada en el
marco del recurso extraordinario de revisión registrado bajo el número 11001-
03-15-000-2020-03585-00, se evaluó la incidencia de las pruebas
encontradas o recobradas después del fallo que se acusa, como sustento de
procedencia del recurso.

• Alegó que en la sentencia del 21 de agosto de 2021 (criticada en sede de
tutela) los magistrados no verificaron el cumplimiento de los supuestos
necesarios para que se configure la causal de revisión prevista en el numeral
1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

• Sostuvo que el presente trámite constitucional no se encuentra incurso en un
actuar doloso o en mala fe, pues, en fallos que han decidido las acciones de
tutela presentadas con anterioridad se ha desconocido, sin justificación
alguna, la jurisprudencia9 que permite a los ciudadanos presentar diferentes
solicitudes de amparo sobre los mismos hechos.

• Aludió, en concreto, que las pretensiones de la acción de tutela en la que
actuó como accionante y que se registró bajo el número 1001-03-15-000-
2021-08662-00/01 son diferentes a las que ahora propone, por ello, a su
juicio, no existe una decisión de fondo que impida un nuevo análisis en esta
oportunidad.

• Enlistó diecisiete (17) acciones de tutela que ha promovido para cuestionar
la sentencia del 21 de agosto de 2021, así como los fallos de tutela que han
declarado improcedentes otras solicitudes promovidas también contra dicha
decisión. Agregó que, dado que todas las decisiones han sido de
“improcedencia” no puede hablarse de cosa juzgada, pues ninguna abordó
el estudio de fondo.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. El asunto fue asignado por reparto al despacho del Consejero de Estado William
Barrera Muñoz, quien mediante escrito del 26 de febrero de 2025 manifestó su
impedimento10 para asumir el conocimiento, con fundamento en la causal prevista
en el artículo 56.4 del Código de Procedimiento Penal.

4.2. A través de auto del 28 de marzo del presente año11 los restantes miembros
de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado aceptaron el
impedimento, y se separó al referido magistrado de este trámite constitucional.

9 Sentencias de Unificación: SU-168 de 2017, SU-055 de 2018, SU-012 de 2020, SU-027
de 2021, la SU-397 de
2022, la SU-029 de 2023, SU-213 de 2023, SU-444 de 2023 y la SU-128 de 2024 todas proferidas por la Corte
Constitucional
10 Índice 00007 del aplicativo SAMAI.
11 Índice 00021 del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

4.3. Mediante auto del 13 de mayo de 202512 se admitió la acción de tutela y se
dispuso la vinculación como tercero con interés de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales y de la Sección, Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado.

4.4. El Consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, en calidad de integrante
de la Sala Especial de Decisión 2513 manifestó que no intervino en la aprobación de
la sentencia del 20 de agosto de 2021, y que, en tal orden acatará lo que se decida
en esta providencia

4.5. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado14, informó
acerca de la existencia de otras acciones de tutela en las que el señor Francisco
Javier García Londoño ha actuado como demandante en reclamo del mismo objeto
por el que ahora acudió al juez constitucional. Indicó que “entre ellos pueden
destacarse los procesos No. 11001-03-15-000-2024-07030-001; 11001-03-15-000-
2024-05185-00/012 y 11001-03-15-000-2024-06125-00/013, en los cuales se
declaró la temeridad y/o rechazó la solicitud de amparo por la misma razón, con
fundamento en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, se tiene
conocimiento que está en curso la segunda instancia el proceso No. 11001- 03-15-
000-2025-01180-004 y pendiente de decisión de primer grado el proceso No. 11001-
03-15-000-2025-01352-00, cuyas escritos de tutela se fundaron en los mismos
hechos y fundamentos de derechos que planteó la parte actora en el proceso No.
2025-02470-00”.

4.6. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN15 solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo debido a la existencia de cosa juzgada
y la inexistencia de la vulneración alegada, por no superar el requisito de
subsidiariedad y configurarse temeridad en la actuación del accionante.

Asimismo, la entidad informó que la parte actora ha promovido los siguientes
trámites constitucionales que guardan similitud con el presente asunto: 11001-03-
15-000-2023-01080-01, 11001-03- 15-000-2019-03444-00.

4.7. Agotado el trámite pertinente, el 30 de mayo siguiente16, se registró el proyecto
de fallo de primera instancia para ser discutido en Sala de Subsección.

4.8. El Consejero de Estado Nicolas Yepes Corrales, a través de escrito del 7 de
julio de 202517 manifestó su impedimento para conocer del asunto. En
consecuencia, mediante auto18 de la misma fecha se ordenó realizar sorteo de dos
conjueces entre los consejeros que integren la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con el fin de conformar la Sala y así resolver el impedimento

12 Índice 00026 del aplicativo SAMAI.
13 Índice 00031 del aplicativo SAMAI.
14 Índice 00033 del aplicativo SAMAI.
15 Índice 00034 del aplicativo SAMAI.
16 Índice 00038 del aplicativo SAMAI.
17 Índice 00038 del aplicativo SAMAI.
18 Índice 00041 del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

manifestado por el referido magistrado.

4.9. Conforme a lo anterior, la Secretaría General el 9 de julio del año en curso19
realizó el respectivo sorteo, en el cual fueron designados como conjueces los
Consejeros de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica
Méndez.

4.10. El 18 de julio de 202520 el conjuez designado, doctor Fernando Alexei Pardo
Flórez manifestó impedimento para resolver el impedimento. No obstante, en
providencia del 1 de agosto del año21 en curso se declaró infundado.

4.11. Posteriormente, la Sala de Decisión dictó auto del 5 de septiembre de 202522
a través del cual declararon fundada la manifestación de impedimento del Consejero
de Estado Nicolás Yepes Corrales.

4.12. El expediente ingresó al despacho ponente el 29 de septiembre de 202523,
por lo que se procedió con el registro del proyecto de fallo de primera instancia en
el aplicativo Samai, para someterlo al estudio de la Sala.

4.13. Mediante escrito radicado en el aplicativo Samai el 7 de octubre de 202524 el
magistrado Pardo Flórez manifestó impedimento para decidir de fondo la solicitud
de amparo, bajo la égida de la causal prevista en el artículo prevista en el artículo
56.125 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamento, indicó lo siguiente:

“[…] aunque no tuve conocimiento del litigio planteado ante el juez
constitucional porque la sentencia del 20 de agosto de 2021 se profirió antes
del inicio de mi período como consejero, consideró necesario manifestar lo
siguiente: (i) ya presenté una intervención en el asunto bajo estudio, en
particular mediante el informe del 15 de mayo de 2025 a la demanda de
tutela; (ii) en la actualidad me desempeño como presidente de la Sala
Veinticinco (25) Especial de Decisión del Consejo de Estado –autoridad
judicial accionada en el asunto de la referencia–; (iii) cualquier orden que se
dicte en el trámite de la acción constitucional deberá ser resuelta por la Sala
que presido; y (iv) ostento la doble condición de autoridad demandada y de
juez en el trámite de amparo de derechos fundamentales de la referencia, lo
que podría comprometer la imparcialidad exigida en el ejercicio de la función
judicial”.

4.14. El expediente ingresó al Despacho de la magistrada ponente el 8 de octubre
de año en curso. En consecuencia, en aplicación de los principios de celeridad y
economía procesal, los demás miembros de la Sala de Decisión adoptarán la
resolución del impedimento como parte integrante del fallo de primera instancia.

19 Índice 00045 del aplicativo SAMAI.
20 Índice 00048 del aplicativo SAMAI.
21 Índice 00053 del aplicativo SAMAI.
22 Índice 00059 del aplicativo SAMAI.
23 Índice 00063 del aplicativo SAMAI.
24 Índice 00065 del aplicativo SAMAI.
25 “Art. 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son casuales de impedimento: […] 1. Que el funcionario judicial,

su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

5. Análisis y resolución del impedimento manifestado

5.1. El Consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez invocó la causal prevista
en el artículo 56 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamento,
indicó que ii) el 15 de mayo de 2025 presentó informe mediante el cual se pronunció
sobre los fundamentos de la acción de tutela; ii) actualmente funge como presidente
de la Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado, autoridad accionada en
este asunto; y iii) cualquier orden que se profiera deberá ser resuelta por la Sala
que preside, motivo por el cual ostenta simultáneamente la calidad de accionado y
de juez.

Explicó que tales circunstancias pueden comprometer la imparcialidad que exige el
ejercicio de la función judicial.

5.2. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado26, recordó que “los impedimentos y las recusaciones son mecanismos
jurídicos establecidos en la ley para garantizar que las decisiones adoptadas por los
jueces estén enmarcadas en los principios de imparcialidad, independencia y
transparencia”.

La Corte Constitucional ha indicado que el régimen de impedimentos y recusaciones
efectiviza el principio de imparcialidad del juez, que se erige en el ordenamiento
como pilar esencial de la administración de justicia. Asimismo, precisó que el
derecho fundamental al debido proceso de quienes acuden a la administración de
justicia se garantiza a través de una decisión imparcial que resuelva su
controversia27.

En punto a lo anterior, siempre que el funcionario judicial advierta la existencia de
motivos que puedan comprometer su imparcialidad para decidir un asunto, tiene el
deber de apartarse del conocimiento con el fin de garantizar que la decisión de fondo
no se vea afectada28. Esto, en atención a que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la manifestación de impedimentos no se entiende como “omnímoda,
arbitraria o caprichosa”29 dado que encuentra soporte en causales taxativas, las que
merecen un análisis detallado de los argumentos y de circunstancias particulares
con el fin de establecer si en efecto encuentran fundamento, y así evitar
restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de
justicia30.

5.3. La razón invocada por el referido magistrado se fundamenta en el numeral 1
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que el juez deberá
apartarse del conocimiento del proceso por tener interés en la actuación procesal,

26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación

11001-03-15-000-2023-03252-01.
27 Corte Constitucional, Auto 740 de 2024.
28 Corte Constitucional, Autos 447 A de 2017 y 285 de 2021.
29Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1996.
30 Corte Constitucional Auto 740 de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

o lo tenga su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad31.

En relación con esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo Estado, mediante providencia del 12 de junio de 202432, reiteró los criterios
establecidos en el auto del 19 de marzo de 200233 en el que se precisó que el interés
directo o indirecto, además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el
objeto mismo de la cuestión a decidir; y ser de tal trascendencia que implique un
verdadero trastorno en la imparcialidad del fallados que pueda afectar su capacidad
de juzgamiento y el desempeño eficaz ajustado a derecho.

En igual sentido, la jurisprudencia constitucional precisó que “el interés que tenga el
funcionario judicial en el resultado del proceso debe ser de tal entidad que afecte su
imparcialidad” y en tal sentido “para que prospere el impedimento debe demostrarse
por qué, razonablemente, la objetividad del juez se afectaría al momento de proferir
o participar en una decisión”34.

5.4. A través de este mecanismo constitucional, el tutelante cuestiona la validez de
la sentencia del 20 de agosto de 2021, proferida por la Sala Veinticinco Especial de
Decisión del Consejo de Estado, dentro del trámite del recurso extraordinario de
revisión identificado con el radicado No. 11001-03-15-000-2020-02925-00.

Dicha Sala está actualmente presidida por el magistrado Fernando Alexei Pardo
Flórez, quien, en ejercicio de esa calidad, presentó un informe35 en el que se
pronunció sobre los fundamentos de la solicitud de amparo.

En consecuencia, resulta evidente que le asiste interés directo en la decisión de
fondo que se adopte dentro del presente trámite, toda vez que una eventual orden
de amparo deberá ser cumplida por la Sala Veinticinco Especial de Decisión,
actualmente presidida por el Consejero Pardo Flórez. Por tanto, las circunstancias
invocadas como sustento del impedimento se enmarcan en los supuestos previstos
en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

En ese orden de ideas, se declarará fundado el impedimento manifestado.

31 El Consejo de Estado, al referirse al interés en el proceso con motivo de las causales de impedimento

señaladas en los artículos 150.1 CPC y 141.1 CGP, ha expresado que la manifestación de interés debe
evidenciar la afectación de la imparcialidad y expresar los hechos en que se funda de manera clara y precisa.
Así, debe tratarse de un interés particular, cierto y actual que tenga relación siquiera mediata con el objeto del
proceso, de modo que afecte el criterio del juez y comprometa su independencia e imparcialidad. Ver: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 19 de marzo de 2002, Rad. 11001-03-15-000-
2002-0094-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 21 de abril de 2009,
Rad. 11001-03-25-000-2005-00012-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
del 24 de mayo de 2023, Rad. 2020-00471-00.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 12 de junio de 2024. Radicación

11001-03-15-000-2023-03252-01.
33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 19 de marzo de 2022. Expediente

2002-0094-01 (MP-135)
34 Auto A740 de 2024 y auto 447A de 2015.
35 Índice 00031 del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Francisco Javier García Londoño, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que actuó como demandante en el trámite recurso extraordinario
de revisión adelantado bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2020-02925-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sala 25 Especial de Decisión, por cuanto actuó como juez de única
instancia dentro del trámite mencionado y fue su actuación a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentra probada la
temeridad en la actuación del accionante por duplicidad de acciones de tutela
adelantadas con fundamento en los mismos hechos, por el mismo objeto y contra
la misa parte.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200536 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de

36 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

carácter general, que habilitan la interposición de la tutela37 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto38.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”39.

5. Temeridad ante la duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela

De acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional, se incurre en una actuación
temeraria cuando se presentan varias solicitudes de amparo en las que hay “(i)
identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte
de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv)
falta de justificación para interponer la nueva acción”40.

Al respecto, el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso:

“ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar”.

37 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
38 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en

los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
38 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
39 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
40 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Ahora bien, cabe destacar que la Corte Constitucional ha precisado que “algunas
variaciones en las partes, los hechos o las pretensiones”41 no necesariamente lleva
a concluir que no existe triple identidad, “sino que se trata de un examen más
profundo, que no basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la
coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de pequeñas diferencias” 42.
En ese sentido, “accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo
caso, una identidad de sujetos. Finalmente, tener un mismo objetivo y pretensión
no significa que deba existir una redacción idéntica de las pretensiones de las dos
acciones, sino, en cambio, que el juez pueda verificar que materialmente existe una
pretensión equivalente”43.

El máximo Tribunal de lo Constitucional también ha entendido la temeridad desde
dos perspectivas:

“La primera alude a su estructuración cuando una misma persona presenta
simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades
judiciales y la segunda extiende la temeridad a eventos en los cuales la
persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción. Esto es
equivalente a que: (i) el accionante actúe de mala fe y; (ii) se acuda al
recurso de amparo sin una justificación razonable”44.

En este sentido, para “poder decretar la temeridad, el juez debe advertir: (i) la
presencia de un elemento volitivo negativo en la presentación de la acción, es decir
que esta se ejerza con mala fe o dolo del accionante; y (ii) la ausencia de
justificación razonable y objetiva”45.

Así las cosas, el juez constitucional no solo deberá verificar “los elementos que
constituirían triple identidad para concluir que hay una actuación temeraria y, en
consecuencia, declarar su improcedencia”46, sino que además debe “estudiarse las
circunstancias actuales que rodean el caso específico”47, de modo que, solo
desvirtuada la presunción de buena fe a favor del accionante, que tiene lugar
cuando “se deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia, procederán las
sanciones”48.

De igual manera la Corte estableció como excepciones a la temeridad y que
justifiquen la presentación de una nueva acción de tutela, las siguientes: “(i) La
condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquéllas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por necesidad extrema de
defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que

41 Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional.
42 Ibíd.
43 Ibíd.
44 Sentencia T-162 de 2018 de la Corte Constitucional.
45 Sentencia T-190 de 2020 de la Corte Constitucional.
46 Sentencia SU-027 de 2021 de la Corte Constitucional.
47 Ibídem.
48 Ibid.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base
para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante y (iv) Se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión.”49

6. La Cosa Juzgada Constitucional

La cosa juzgada ha sido definida por el Código General del Proceso y la
jurisprudencia como una institución que busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En efecto, el artículo 303
del CGP establece que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes (…)”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha entendido el fenómeno de la cosa juzgada
en los siguientes términos:

“Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249
de 2016, definió a la cosa juzgada como una «(…) institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas (…)».

Como se expuso en párrafos precedentes, la presentación sucesiva o múltiple
de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo
con la jurisprudencia de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y
deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial del Estado
como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se
presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.

2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la
figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia
que expida este Tribunal”

2.2.2. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la
cosa juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La
anterior circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada

49 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

constitucional, así se verifique la identidad de partes, objeto y
pretensiones.”50.

Ahora bien, la Corte señaló como una de las excepciones de la cosa juzgada
constitucional cuando la parte alega la ocurrencia de hechos nuevos, a pesar de
existir un pronunciamiento anterior en el que concurran los elementos de identidad
entre las partes, hechos y pretensiones. No obstante, cuando se alega como hecho
nuevo la expedición de una sentencia judicial, aclaró que, no cualquier
pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, ya que requiere que tenga
vocación de universalidad como las sentencias de constitucionalidad y las de
unificación51 y que el nuevo fallo aborde situaciones jurídicas novedosas que no se
hubieran desarrollado con anterioridad52.

Así las cosas, a pesar de que la temeridad y la cosa juzgada son fenómenos
procesales distintos, la presentación múltiple e injustificada de la misma acción de
tutela, puede configurar una actuación temeraria y comprometer el principio de la
cosa juzgada constitucional. Lo anterior, constituye un ejercicio desleal y
deshonesto de la acción, que puede comprometer la capacidad judicial del Estado,
así como los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.

7. Caso concreto

La Sala anuncia que declarará improcedente la acción de tutela, por las razones
que se exponen a continuación:

7.1. Cosa juzgada

En atención a las circunstancias particulares del actor que se derivan de los
fundamentos de la solicitud de amparo así como de los informes presentados en
este trámite, la Sala considera necesario entrar a verificar la posible cosa juzgada
en relación con los reparos que el accionante formuló en contra del fallo del 20 de
agosto de 2021, mediante el cual la Sala Especial de Decisión 25 declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado núm. 11001-03-15-
000-2020-02925-00.

En punto a lo anterior, con el fin de establecer si en el presunto asunto se cumplen
los requisitos para que se estructure la cosa juzgada, se realizará el siguiente análisis
comparativo.

50 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021
51 Al respecto, ver entre otras, las sentencias T-324 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-055 de

2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
52 Corte Constitucional, sentencias SU-055 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-461 de 2019 (M.P.

Alejandro Linares Cantillo).

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Expediente Rad. 11001-03-15-000-2025- Rad. 11001-03-15-000-2021-
00727-00 08662-00/0153
(Expediente objeto de (Tutela preexistente)
estudio)
Accionante. Francisco Javier Accionante. Francisco Javier
García Londoño García Londoño
Partes
Accionado. Consejo de Estado, Accionado. Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión 25 Sala Especial de Decisión 25

El actor interpuso demanda de El actor interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del nulidad y restablecimiento del
derecho, que se registró bajó el derecho, que se registró bajó el
radicado número 11001-03-25- radicado número 11001-03-25-
000-2012-00372-00, en la 000-2012-00372-00, en la
Sección Segunda Subsección Sección Segunda Subsección A
A del Consejo de Estado dictó del Consejo de Estado dictó
sentencia del 28 de marzo de sentencia del 28 de marzo de
2019 que negó las 2019 que negó las pretensiones.
pretensiones.

Inconforme con dicha decisión,
el accionante interpuso recurso Inconforme con dicha decisión,
extraordinario de revisión. El el accionante interpuso recurso
asunto fue identificado con el extraordinario de revisión. El
Causa petendi número de radicado asunto fue identificado con el
1100103150000-202-002825- número de radicado
00. Su estudio correspondió a 1100103150000-202-002825-
la Sala Especial de Decisión 25 00. Su estudio correspondió a
de del Consejo de Estado, la la Sala Especial de Decisión 25
cual, mediante fallo del 20 de de del Consejo de Estado, la
agosto de 2021 lo declaró cual, mediante fallo del 20 de
infundado. agosto de 2021 lo declaró
infundado.
Derechos cuya protección Derechos cuya protección
pretendió: debido proceso, a la pretendió: debido proceso
igualdad y a desempeñar
cargos públicos.
Pretensiones:
Pretensiones:
“1. TUTELAR EL DERECHO
Objeto “1.) QUE CON FUNDAMENTAL AL DEBIDO
FUNDAMENTO EN EL PROCESO VULNERADO en el
HECHO NUEVO DE QUE fallo proferido por la SALA
LAS PROVIDENCIAS ESPECIAL DE DECISIÓN No.
JUDICIALES SI TIENEN 25. Consejera ponente: MARTA
CARÁCTER PROBATORIO, NUBIA VELÁSQUEZ RICO.
PERO ÚNICAMENTE, Bogotá D.C., veinte (20) de
CUANDO SE PRETENDE agosto de dos mil veintiuno
DEMOSTRAR LA (2021). Radicación:
EXISTENCIA MISMA DE LA 110010315000020200282500,
SENTENCIA Y/O EL HECHO dentro del proceso de Recurso
RECONOCIDO O extraordinario de Revisión.
DECLARADO EN ESTA.
DICHO HECHO

53 El expediente digital puede ser consultado en el aplicativo SAMAI, a través del siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020210866200110
0103

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

RECONOCIDO O 2. Como consecuencia de lo
DECLARADO EN LAS 14 anterior, se deje sin efectos la
PROVIDENCIAS sentencia del proferida por la
JUDICIALES, ES QUE SALA DE DECISIÓN SALA
SOLAMENTE EL JEFE DE LA ESPECIAL DE DECISIÓN No.
OFICINA DE 25. Consejera ponente: MARTA
INVESTIGACIONES NUBIA VELÁSQUEZ RICO.
DISCIPLINARIAS DE LA Bogotá D.C., veinte (20) de
DIAN, ES EL COMPETENTE agosto de dos mil veintiuno
PARA PROFERIR LA (2021). Radicación:
RESOLUCIÓN EN PRIMERA 110010315000020200282500,
INSTANCIA EN UN mediante la cual se resolvió
PROCESO DISCIPLINARIO. declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión
presentado por el señor
2.) QUE COMO Francisco Javier García
CONSECUENCIA DE LO Londoño.
ANTERIOR SE ORDENE A
LA SALA ESPECIAL DE 3. Consecuente con lo anterior,
DECISIÓN NRO 25 DEL se ordene a la SALA ESPECIAL
CONSEJO DE ESTADO QUE DE DECISIÓN No. 25. Dictar
PROFIERIO LA SENTENCIA una nueva providencia en el
CON RADICADO proceso de recurso
1100103150002020-02925- extraordinario de revisión,
00 QUE ADOPTE UNA acogiendo la normatividad
DECISIÓN AJUSTADA Y aplicable al caso concreto y la
PRIVILEGIANDO LO interpretación constitucional
SUSTANCIAL SEGÚN EL efectuada por la Corte
ARTÍCULO 228° DE LA Constitucional en la sentencia
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, referenciadas, así como
FRENTE A UN ANÁLISIS efectuando una adecuada
RESTRICTIVO A PARTIR DE apreciación y valoración de las
ELEMENTOS PURAMENTE pruebas que acreditan dentro
FORMALES, del proceso.
CIRCUNSTANCIA A PARTIR
DE LA CUAL DEBIÓ 4. Que se disponga en la
FLEXIBILIZAR LA sentencia de tutela que se
INTERPRETACIÓN DE LA adopten todas las medidas
CAUSAL DE PRUEBA conducentes para hacer cesar
ENCONTRADA O cualquier efeto que se hubiere
RECOBRADA INVOCADA dado como consecuencia del
EN EL RECURSO cumplimiento del fallo que
EXTRAORDINARIO vulneró mis derechos
ALUDIDO. fundamentales invocados”

3.) QUE SE DECLARE
FUNDADO EN RECURSO
EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN CON RADICADO
1100103150002020-02925-
00 CON FUANDAMENTO EN
EL NUMERAL 1° DEL
ARTÍCULO 250 DEL CPACA,
YA QUE LAS SENTENCIAS
JUDICIALES SI SON UN
PRUEBA DOCUMENTAL
CUANDO CUMPLEN

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

CIERTOS REQUISITOS Y SE
PRETENDE DEMOSTRAR
CON ELLAS LA EXISTENCIA
MISMA DE LA SENTENCIA Y
LOS HECHOS PROBADOS
EN ELLAS”
La adoptará la Sala a través de Declaró improcedente la
Decisión esta providencia. solicitud de amparo por no
superar el requisito de
relevancia constitucional

A partir de lo anterior, la Subsección encuentra que existen identidad de partes,
causa y objeto entre este mecanismo constitucional y el registrado bajo el número
11001-03-15-000-2021-08662-00/01. Aunque el accionante señaló la existencia de
hechos nuevos para lo cual aludió a diferentes decisiones judiciales, que, a su juicio,
constituyen prueba y por ende un contexto diferente al que ya fue objeto de estudio,
lo cierto, es que en esencia persigue el mismo fin, esto es, que se deje sin efectos
la sentencia del 28 de agosto de 2021 dictada en el marco del recurso extraordinario
de revisión identificado con el radicado 11001-03-15-000-2020-02925-00,
pretensión, que, como se observa en el cuadro precedente, ya que analizada y
despachada desfavorablemente.

Igualmente, las providencias citadas por el tutelante para fundamentar la existencia
de hechos nuevos aplicables al estudio de su caso no tienen vocación de
universalidad, en la medida que no son de unificación, ni tienen efectos erga omnes.

En consecuencia, se advierte que operó la cosa juzgada y en tal sentido, no es
procedente abordar el estudio de los argumentos que el accionante planteó en esta
oportunidad.

Asimismo, se advierte que, la sentencia de tutela identificada con el radicado
número11001-03-15-000-2021-08662-00/01 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, pues en auto del 19 de agosto de 2022 la Sala de Selección de
Tutelas Número Ocho de la Corte Constitucional no la seleccionó para revisión,
según expediente T-8.826.116 de Francisco Javier García Londoño contra el
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25.

7.2. Temeridad

Ahora bien, la Sala estima pertinente establecer si el accionante ha incurrido en
actuación temeraria, debido a que en la solicitud de tutela aludió a diecisiete (17)
trámites constitucionales que ha adelantado con el mismo fin, y en los que se ha
declarado la improcedencia de cada uno de ellos.

En armonía con lo anterior, esta colegiatura encontró que, en sentencia del 19 de
mayo de 2025 proferida en el marco de la acción de tutela identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2024-06920-01, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado confirmó el fallo del 27 de febrero de 2025 dictado por la Sección
Cuarta de esta Corporación, que declaró improcedente la solicitud de amparo

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

constitucional por considerar que el señor Francisco Javier García Londoño incurrió
en temeridad.

Dicha autoridad, hizo precisión de la forma en que el accionante ha hecho uso del
mecanismo constitucional, para lo cual, expuso el siguiente contexto fáctico que se
considera relevante para decidir este asunto;

“22. La Sala pudo constatar que el señor Francisco Javier García Londoño
ya ha acudido más de seis veces al juez de tutela, solicitando el amparo
de sus derechos fundamentales, con ocasión de la sentencia proferida el
28 de marzo de 2019 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 11001-03-25-000- 2012-00372-00.

23. Además de las acciones de tutela referenciadas por el A quo, se
identificaron otros dos procesos adicionales, tramitados bajo los radicados
11001-03-15-000- 2023-01080-00/01 y 11001-03-15-000-2025-00541-
00/01. Todos estos, junto al asunto que ahora es objeto de estudio guardan
identidad en las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el
activo, se fundamentan en supuestos fácticos idénticos y persiguen el
mismo objeto.

24. El primero fue promovido por el señor García Londoño en busca de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado al proferir el fallo
del 28 de marzo de 2019 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-03-25- 000-2012-00372-00. Las
pretensiones se orientaron a que se dejara sin efectos la decisión
cuestionada y, en su lugar, se ordenara adoptar una de reemplazo.

25. A ese asunto se le asignó el radicado 11001-03-15-000-2019-03444-
00/01 y le correspondió, en segunda instancia, a la Sección Primera de
esta Corporación, la cual, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2019,
confirmó el fallo del A quo, que negó la solicitud de amparo. El juzgador
concluyó, entre otras cosas, que la autoridad accionada no incurrió en un
defecto sustantivo, pues efectuó una interpretación razonable con
fundamento en las normas aplicables al asunto.

26. Aunque en esa ocasión el actor también planteó la ocurrencia de otros
defectos y estructuró el yerro de tipo sustantivo a partir de otros
argumentos, lo cierto es que en ambos asuntos se cuestionó la misma
decisión y frente a esta el juez constitucional, al abordar el estudio de
fondo, descartó alguna vulneración de derechos fundamentales.

27. Además, dicho expediente fue excluido de revisión por la Corte
Constitucional a través de auto del 28 de agosto de 20204 y respecto al
mismo no se presentó insistencia.

28. En las condiciones anotadas, resulta claro que desde ese entonces la
jurisdicción constitucional ya había emitido un pronunciamiento de fondo
acerca de la discusión relativa a la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales del actor con ocasión de la providencia del 28 de marzo de
2019.

29. A pesar de ello, el 27 de febrero de 2023 el actor optó por volver a
presentar una nueva demanda de tutela en contra de la Sección Segunda,

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Subsección A del Consejo de Estado por la expedición de la sentencia del
28 de marzo de 2019. Ese asunto fue tramitado bajo el radicado 11001-
03-15-000-2023-01080-00/01.

30. El 26 de septiembre de 2024, el accionante acudió por tercera vez al
juez de tutela en busca de generar un nuevo pronunciamiento sobre ese
mismo asunto. Esa acción de tutela se tramitó con el radicado número
11001-03-15-000-2024-05185- 00/01 y se asignó, en primera instancia, a
esta Subsección, la cual, por medio de fallo del 25 de octubre siguiente,
declaró improcedente la solicitud de amparo tras encontrar configurada la
temeridad. Decisión que fue modificada por la Sección Quinta de esta
Corporación en sentencia del 12 de diciembre siguiente, en el sentido de
declarar, además de la temeridad, la configuración de la cosa juzgada
constitucional.

31. Estando en curso el trámite de impugnación dentro del proceso de
tutela previamente mencionado, el 14 de noviembre de 2024 el
demandante instauró nuevamente una solicitud de amparo en contra del
fallo del 28 de marzo de 2019 expedido por Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado.

32. Esta cuarta demanda fue radicada bajo el número 11001-03-15-000-
2024-06125- 00/01 y su conocimiento le correspondió, en segunda
instancia, a la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, la cual,
mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, modificó la decisión del A
quo. En su lugar, rechazó la solicitud de amparo por temeridad y exhortó
al accionante para que se abstuviera de presentar más acciones de tutela
por los mismos hechos.

33. Durante el trámite de esta última tutela, el actor formuló
simultáneamente otras tres acciones constitucionales contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con
fundamento en la sentencia del 28 de marzo de 2019, muy a pesar de que
para ese momento varios jueces de tutela ya le habían advertido que su
actuar era temerario, a tal punto que se le exhortó para que se abstuviera
de presentar más acciones de tutela con fundamento en los mismos
hechos.

34. La primera fue tramitada con el radicado número 11001-03-15-000-
2024-06920- 00/01 y corresponde a la que está conociendo esta Sala en
esta oportunidad.

35. A las otras dos se les asignó el número de radicado 11001-03-15-000-
2024- 07030-00/01 y 11001-03-15-000-2025-00541-00/01,
respectivamente. El conocimiento de ambos procesos le correspondió, en
segunda instancia, a esta Sala de Subsección. La primera fue decidida
mediante sentencia del 4 de abril de 2025, mientras que la segunda a
través del fallo del 5 de mayo siguiente. En ambos asuntos, se confirmaron
las decisiones de primera instancia, por medio de las cuales se declaró
que el accionante había incurrido en temeridad.

36. Bajo ese escenario, no queda duda de que en reiteradas oportunidades
el señor Francisco Javier García Londoño ha sometido a consideración del
juez de tutela los mismos hechos, incluso, en algunas ocasiones de forma
simultánea, sin exponer alguna razón válida que justifique su proceder.

37. Si bien el demandante alegó la ocurrencia de hechos nuevos que a su
juicio, permiten desvirtuar la temeridad, estos no son de recibo para la

18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

Sala, no solo por las razones expuestas por el A quo, sino también porque
se advierte que aquel ha promovido simultáneamente distintas acciones
de tutela, alegando en cada una de ellas supuestos hechos nuevos, los
cuales, además de no revestir ese carácter, en realidad tienen por objeto
crear una situación aparentemente diferenciadora para lograr un
pronunciamiento judicial favorable a sus intereses, sin importar cuantas
veces deba activar el aparato jurisdiccional”

Con fundamento en lo anterior, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado indicó que, pese a que varias autoridades han advertido al accionante sobre
su conducta temeraria y lo han exhortado a abstenerse de nuevas demandadas
fundadas en los mismos supuestos fácticos, ha hecho caso omiso. Por ende,
consideró que su actuación denota mala fe y un ejercicio abusivo y
desproporcionado del derecho. En este orden, le ordenó nuevamente no incurrir en
las mismas acciones.

A partir de lo anterior, esta Subsección considera que las actuaciones del señor
Francisco Javier García Londoño se enmarcan en los supuestos del artículo 3854
del Decreto 2591 de 1991.

7.3. Conclusión

La Sala concluye que la acción de tutela promovida por Francisco Javier García
Londoño presenta identidad de parte, causa y objeto con el trámite identificado con
el radicado Rad. 11001-03-15-000-2021-08662-00/01, y en tal sentido, opera la
cosa juzgada. Asimismo, está probada la actuación temeraria en el uso de este
mecanismo constitucional.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional
y ordenará al actor abstenerse de presentar nuevas acciones de tutela que
presenten identidad de parte, causa y objeto.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado el Consejero de
Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, con fundamento en las consideraciones
consignadas en esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
Francisco Javier García Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala 25 Especial
de Decisión, por operar la cosa juzgada y por temeridad en su actuación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

54 “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción

de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación
de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de
la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00727-00
Accionante: Francisco Javier García Londoño

TERCERO: ORDENAR a Francisco Javier García Londoño que se abstenga de
presentar nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y
objeto.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado
SFGS

20

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